TIEMPO LIBRE

DEL TIPNIS A YAPACANI

2012-01-26T10:53:00.000-08:00

DEL TIPNIS A YAPACANI

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

La receta para avanzar con la revolución pacífica en la lógica de la organización estatal es, “someterse” a la norma constitucional que se supone es parte del pacto o acuerdo social que sustenta las transformaciones sociales, económica y políticas; igualmente para avanzar es necesario ajustar conductas y visiones ciudadanas a las leyes derivadas, donde la acción individual, colectiva o institucional no rompan la lógica jerárquica ni el principio de igualdad establecidos en la CPE. En este sentido un análisis del momento de las transformaciones institucionales en el Estado Plurinacional, demanda hacerlo de manera impersonal y dentro los derechos constitucionales universales (Igualdad de todos ante el derecho), de manera que prime la normativa como herramienta base de análisis para acercar la mirada a la Revolución Democrática y Cultural y a las transformaciones pacíficas implementadas desde el Estado Plurinacional.

Se ha podido constatar que el caminar al margen de lo establecido en la Ley y la Constitución, en la demanda social y reivindicativa produce conflictos y enfrentamientos entre institución y Organizaciones Sociales o sindicales, entre grupos sociales adversos y entre el Estado de Derecho y el derecho constitucional ciudadano; que sólo son resueltos en momentos posteriores al desenlace y con costos políticos para ambas partes, y aunque una de las partes se atribuya la ventaja o la victoria el efecto negativo es para ambas, de manera que ni la victoria ni la derrota es real ni se entiende como etapa final del conflicto. Para el caso se tiene como ejemplo los acontecimientos políticos y reivindicativos que marcaron agenda en los últimos meses; el caso del TIPNIS y el de Yapacaní.

Lo acontecido, primero, con la VIII Marcha Indígena (del Beni a La Paz) por evitar que la carretera asfaltada Villa Tunari – San Ignacio de Moxos atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y segundo, con la movilización y bloqueo de la carretera Santa Cruz Cochabamba por pobladores, autoridades y dirigentes de Yapacaní demandando la renuncia del Alcalde de dicha localidad, configuran dos realidades que ayudan a comprender el curso de la relación de Gobernados y Gobernantes desde viejas y nuevas contradicciones aún no superadas ni visiblemente encaminadas en los primeros dos años de vida del Estado Plurinacional Descentralizado y con Autonomías.

Ambos acontecimientos (el uno con altos grados de represión y el otro con muertos civiles y policías heridos) son secuencialmente interpretables si se considera para el caso del TIPNIS siete marchas anteriores, pero fundamentalmente la última, la marcha que demandó respeto a los Derechos Indígenas e incorporación y respeto de los mismos en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización; y para el caso de Yapacaní en anteriores bloqueos de carreteras y cercos y vigilias a las instalaciones de las alcaldías, pidiendo la renuncia de los alcaldes en diferentes municipios de dominio del MAS (San Julián, El Puente, Guarayos, San Ramón y otros). Estas movilizaciones anteriores a Yapacaní y el TIPNIS pusieron a las instancias orgánicas del MAS y al Órgano Ejecutivo en nuevos desafíos de gobernabilidad que demandaban ser regulados por Ley, es decir mejorar las existentes y socializarlas debidamente entre las organizaciones y entidades gubernamentales. Estos preludios no fueron debidamente interpretados ni tomados en cuenta por autoridades locales ni nacionales y los resultados más visibles ya se los conoce desde las jornadas de protesta y la acción represiva de la Policía Nacional.

De ambas movilizaciones con enfrentamientos con la Policía Nacional de por medio, el Gobierno Central salió con la cabeza gacha, asumiendo, desde los hechos de represión, responsabilidades de resarcimiento de daños y soportando, sobre todo, el peso político de la “derrota”. Por la naturaleza de ambas demandas (las demandas y no el conflicto), constitucionalmente en su solución el Ejecutivo tendría que haberse dado por excluido de toda responsabilidad inmediata; antes de la represión. El Presidente del Estado Plurinacional constitucionalmente no tuvo ni tiene entre sus competencias dictaminar sentencias a conflictos de gobernabilidad municipal ni tampoco tratar el mal relacionamiento entre los órganos de los Gobiernos Municipales, tampoco tuvo a su alcance inmediato la determinación de promulgar ley sin antes ser sancionada por el Legislativo Plurinacional para el caso de la Ley que proteja al TIPNIS de la carretera. Pero en ambos casos primó ante la opinión ciudadana el carácter de liderazgo personal del Presidente del Estado Plurinacional suponiendo la supremacía de sus decisiones aun dentro el Órgano Legislativo y no las responsabilidades objetivas y positivas del Órgano Ejecutivo.

Jurídicamente la demanda del la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB en relación al TIPNIS debió ser atendida por el Órgano Legislativo Plurinacional y la de Yapacaní por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo de Yapacaní. En el primer caso la ALP no hizo carne del conflicto en primera instancia, salvo la bancada de oposición, pero que lamentablemente no trabajó en la elaboración de al menos un proyecto de Ley, a cambio prefirió azuzar el conflicto, y en el segundo caso, el Concejo Municipal fue parte del conflicto y prefirió sumarse en los actos de protesta de la población demandante antes que esperar y viabilizar la demanda haciendo uso de mecanismos legales y no de acciones de facto.

En circunstancias donde lo incierto de los roles institucionales se confundían, el conflicto y la demanda desnaturalizadas en sus orígenes tomaron el curso que la opinión pública quiso construir desde imágenes y descripción de hechos mediáticamente manipulados. Estas opiniones se centraron en creer que la solución estaba en manos del Órgano Ejecutivo, pero fundamentalmente en manos del “Líder”. Al parecer el mismo Presidente del Estado Plurinacional así lo entendió o así se lo mostraron desde su gabinete ministerial, en razón a ello la dirigencia de la CIDOB pidió constantemente la presencia del Presidente en la Marcha, no para plantear una propuesta de Ley, sino simplemente para hacer conocer una plataforma de demandas adicionales que muchas de ellas eran atribuciones el Órgano Ejecutivo atenderlas, pero no la principal y central demanda. En el caso de Yapacaní la población ante la imposibilidad y negligencia del Concejo Municipal para darle viabilidad legal a la demanda de renuncia, optó por demandar soluciones a un equipo Ministerial sin competencias para atender renuncias de autoridades electas. Un Diputado Nacional que intentó salvar responsabilidades adujo que fue él quien demando la solución del conflicto al Órgano Ejecutivo. Esta declaración es la muestra más clara para entender y concluir que una prevalente opinión que ignoró y obvió toda normativa legal para atender la demanda y el conflicto, se apodero de las partes.

Finalmente la represión en Chaparina y las muertes en Yapacaní parecen exigir a que se piense y actúe de manera distinta a la impuesta por los actores demandantes y por principio constitucional se retome el rumbo que debía haberse trazado a un principio; la promulgación de una ley que proteja o regule la actividad económica en el TIPNIS y la designación de un Alcalde Interino una vez cumplido los requisitos legales como la renuncia del Alcalde.

Observaciones críticas necesarias.

Hay enseñanzas que deben resaltarse, pero también duras observaciones críticas que no se las puede dejar pasar sobre todo por la imprudencia de los concejos municipales que a sabiendas de lo ilegal de la suspensión de un alcalde se aventuraron a designar un alcalde interino al tiempo de hacerse parte de las demandas de la población movilizada; y también por la intransigente actitud de los dirigentes de la CIDOB de no quisieron dialogar ni llegar a acuerdos con el Gabinete y los ministros enviados para dialogar. Entre la intransigencia y la imprudencia se descubrió la decisión política de los dirigentes movilizados por enfrentar al poder. Ambos movimientos tuvieron un alto contenido político, no fue una disputa de poder inmediato pero tuvo por objetivo posicionar un nuevo liderazgo regional o sectorial al tiempo de desgastar la gestión del Gobierno y la gestión de Evo Morales. Ciudadano movilizado que no quiera percatares de esto o fue demasiado ingenuo o no tuvo conciencia real con lo que se comprometía.

Por los resultados de la represión y en consecuencia del manejo mediático, el TIPNIS y Yapacaní son por ahora dos puntos de soporte sobre los que la oposición y la dispersa disidencia del MAS pueden temporalmente columpiar a gusto y antojo. Podrían incluso tejer su retorno al poder, a condición de establecerse metas más allá de lo coyuntural, sobre todo entendiendo que al Poder no se llega desde posturas opositoras o aliadas necesariamente, sino desde proyectos propios. El aspecto negativo creado por las instituciones dirigentes de las movilizaciones es haber polarizado la opinión de “sus bases”, para el caso del TIPNIS y de la población para el caso de Yapacaní. Si bien los acontecimientos de represión le dan a la oposición márgenes amplios de crítica a la Gestión Gubernamental, el espectro político generado por el TIPNIS y Yapacani, fue polarizador de las opiniones al interior de sus protagonistas lo que propicia en las instituciones que dirigieron las movilizaciones debilidad y baja de convocatoria ante nuevos emprendimientos y demandas movilizadas, además del esclarecimiento y conformación de nuevos bloques protagónicos con capacidad de generar demandas alternativas o contrarias a las emanadas de la CIDOB y del Comité Interinstitucional en Yapacaní.

Con todo esto será importante que el MAS y el Gobierno puedan empezar a ver en el todo un proyecto político en marcha o si se quiere dos proyectos, uno a la usanza del Movimiento Sin Miedo y otra a la de los Verdes de Rubén Costas, ambos en proceso de consolidación en la lógica de la polarización de las opciones. La polarización para fines de la oposición que proyecta trabajo para las elecciones del 2014 es favorable, pero para la CIDOB y Concejo Municipal es contraproducente, en ese sentido la oposición está desarrollándose en la estrategia de subordinar o manipular las demandas y reivindicaciones populares a los intereses electorales del 2014.

Oposición o filiación al proceso de institucionalidad.

El conflicto TIPNIS y Yapacaní, fueron acciones que cuestionaron las leyes, la CPE y las transformaciones institucionales, semejante a antiguos cuestionamientos de las fuerzas que se opusieron a la Asamblea Constituyente, esto lleva a creer en primera instancia que se trató de una hábil maniobra de los viejos opositores para reencaminar sus proyectos archivados, pero, concluir esto sólo es aceptable en el caso de dar por cierta la manipulación de la demanda y el conflicto por parte de fuerzas políticas opositoras, fundamentalmente porque la demanda del TIPNIS lleva en esencia el respaldo a los Derechos consagrados en la CPE considerando a la misma como obra de los Pueblos Indígena Originario Campesino en colectividad con los sectores mas excluidos de Bolivia. La manipulación sin duda existió, pero queda la duda sobre el grado de impacto en los hechos y los acuerdos establecidos entre los principales responsables e ideólogos de la movilización.

En el caso de Yapacani, se destituyó un Alcalde afín al Gobierno, y se puso a otro hombre del MAS. En realidad se cuestionaba la Gestión del Alcalde, el prevendalismo, favoritismo y de manera velada las licitaciones dirigidas a empresas o asociaciones accidentales preelegidas. En realidad fue una pelea entre dos sectores económicos medianamente consolidados y de ninguna manera en contra del proceso mismo o del Gobierno central. Esto entonces permite concluir, desde el desenlace del conflicto, la clara manipulación dirigida a dañar al Gobierno Central. Yapacaní es el más claro ejemplo de la confusión que se tiene en cuanto a los aliados y opositores al gobierno, pese a que todos son supuestamente militantes del proceso de cambio.

Para el caso boliviano y el momento marcado por el tipo de relacionamiento del Gobierno con la sociedad civil ser opositor o aliado político es comparable con las dos caras de la misma moneda ya que muchos aliados políticos del actual gobierno son críticos y se oponen a las medidas económicas que se viene implementando, pero no por ellos se alejan del gobierno o se declaran opositores. Igualmente muchos opositores del legislativo o cabezas de Partidos Políticos que representan o defienden los intereses económicos y políticos de los tradicionales grupos de poder, ante el rumbo económico del Estado ajustan sus líneas estratégicas al Plan Nacional y las Políticas Públicas para sacar ventaja a las permisivas que otorga el Estado Plurinacional. En los hechos ser aliado u opositor es continuidad de lo que se está viendo en materia de desarrollo institucional.

Desde poco antes de la promulgación de la CPE, como norma suprema del Estado, la conformación de bloques de aliados u opositores al gobierno se desarrolló a la sombra de la crítica interna a la Gestión Pública y a la acción institucionalizada. La oposición o alianza nacida de la contradicción capital – trabajo, capitalismo – socialismo, imperio – país soberano, es decir la contradicción con base ideológica en la economía y la política nacional fue desplazada por el pragmatismo marcado en las contradicciones de la Gestión Pública y la acción institucionalizada. A estas alturas del proceso boliviano, este dilema lo afronta el Gobierno de manera positiva y sobre el cual intuitivamente viene adecuando su discurso. De muchas maneras las respuestas a las necesidades de la población están dándose en la superación de diferencias entre las población y las instituciones estatales haciendo ver que la superación a conflictos y la atención a la demanda social parte de la nueva organización del Estado y la eficiencia de sus instituciones, que la ideología como elemento subjetivo de cambio debe ser reinterpretado y ajustado para darle sentido a las transformaciones revolucionarias.

El proceso revolucionario de Bolivia, a decir del Gobierno, depende entonces del contenido revolucionario que puedan tener las instituciones, del debate y el compromiso que en ellas se genere. Pero también del acatamiento de las entidades públicas y privadas, y de la población a la normativa establecida legalmente.

Bajo esta mirada, las fuerzas reaccionarias pueden parecer revolucionarias y las revolucionarias reaccionarias, en este sentido es necesario su debate para dar a las direcciones y partes del conjunto institucional elementos ideológicos que viabilicen la transformación y revolución de la sociedad y el Estado Plurinacional, y cualifique el compromiso institucional con las mayorías nacionales y los pueblos Indígena Originario Campesino.

La transformación institucional está en curso, es irreversible, pero necesita contenido e ideología. La izquierda tradicional está ante el desafío de revolucionar el Estado o sucumbir ante las fuerzas restauradoras del viejo Estado, y si la opción es de revolucionarlo, aparece el dilema de hacerlo desde el actual Gobierno; el MAS y el liderazgo de Evo Morales, o pensar en otro liderazgo y en otro instrumento político. Y de nuevo aparecen los dos proyectos mencionados anteriormente a los que se suman corrientes Kataristas e indigenistas.

Con los unos o con los otros proyectos las transformaciones institucionales ya están en pleno desarrollo, pero por ahora solo a uno se le tiene que exigir cumplir su compromiso con la Revolución Democrática Cultural, los otros oscilaran entre la restauración del viejo Estado con una nueva institucionalidad y la incertidumbre de continuar o proponer algo nuevo.

Vía clasista para interpretar el conflicto.

La otra vía para interpretar los conflictos y los acontecimientos del TIPNIS y Yapacaní es hacerlo desde la lucha de clase y la estructuración de la Insurrección Obrera – Popular. Esto es la destrucción de toda la institucionalidad burguesa y la instalación de una nueva que implique nuevas relaciones de producción, la extinción del Estado y de toda forma de explotación de la mano de obra.

En el conflicto del TIPNIS y de Yapacaní no existen indicios que lleven a un analista a ver la insurrección obrera popular o la demanda de destrucción de la institucionalidad burguesa, es más hasta podrían entenderse como acciones políticas de restauración del poder burgués por la presencia de actores madereros, viejos políticos de derecha y expositores del marxismo reformista y social demócratas.

¿Es acaso la defensa del medio ambiente al menos una tarea fundamental que debe desarrollar la clase obrera en tanto vanguardia revolucionaria? No se puede afirmar que no, pero explicar y encaminar al proletariado en esa tarea es complicado. Es más apropiado y probable pensar que el proletariado revolucionario asuma soberanía sobre los recursos naturales a partir de determinaciones estatales, por ello puede ser viable la participación del Proletariado en la planificación estatal y la cosa pública, en ese sentido no será contrarrevolucionario construir institucionalidad en el marco de la CPE, en tanto esta reconoce derechos que la historia del movimiento obrero nacional las plasman como demandas también históricas y estratégicas; reconocimiento de horas laborables, indemnizaciones y otras. Para el caso de Yapacaní, el tema obrero es inexistente y la predominancia de gremiales y productores agrarios es visible, en realidad el problema en el mejor de los casos es entendible y analizable en tanto demanda de desarrollo urbano y de ninguna manera como reivindicación de clase o sector, aunque en ella sectores gremialistas y de poder local hayan intervenido.

Consideraciones para entender la lucha por el poder.

Es importante poner en consideración que los ministros constitucionalmente son designados por el Presidente del Estado Plurinacional y corresponde a él mantenerlos o destituirlos en el transcurso o después de un conflicto de acuerdo al grado de responsabilidad y la magnitud de los daños materiales y humanos, donde además la justicia ordinaria puede actuar sobre ellos. En realidad están sometidos a ello. Esto no se da, por presión social y direccionamiento mediático, con los concejales, alcaldes y representantes de organizaciones sociales y centrales indígenas que participaron del conflicto y agredieron verbalmente y simbólicamente a autoridades. Este comentario no se trata de sacar cara por autoridades ministeriales, ni echar tierra a dirigentes y autoridades electas del Concejo Municipal sino entender la dinámica del poder a partir de la asimetría que genera el conflicto en el comportamiento de la justicia.

Los hechos muestran que en todo conflicto, entre el Gobierno y el ciudadano en actitud de “acción de masas”, la justicia sufre una especie de metamorfosis donde el “Imperio de la Ley” deja de ser un principio de principios y se convierte en espacio de lucha política manipulable en función a la correlación de fuerzas, donde nadie se somete a la Ley y, las instancias llamadas a hacerlo se ajustan a necesidades y presiones de las masas o del ejecutivo, entonces desde la victoria se define el curso de la Ley y se desconoce el pacto o acuerdo social. Esto es propio de todo proceso constituyente.

Así, cuando en un conflicto como lo fue el del TIPNIS y de Yapacaní, curiosamente las autoridades electas y dirigentes hábilmente evaden el núcleo de la tormenta direccionando la responsabilidad de actos violentos o intransigentes a “sus bases” o a las masas, es cuando entonces la lucidez y compromiso de servicios de los dirigentes y las autoridades electas se transforman en la pasión de las masas, pero no por convicción sino por una acto político interesado a mantener sus cargos o en reivindicación del ejercicio del poder. Entonces la pasión es lo que prima y la racionalidad entra en segundo lugar. La Ley se subordina a las masas. Al frente se pone la victoria o la derrota como antítesis del diálogo y el acuerdo, la reivindicación es en estas circunstancias un pretexto o instrumento de las dirigencias y autoridades, que han trazado el rumbo de la victoria para imponer su voluntad política.

En los dos casos en cuestión la victoria estaba trazada, más que la demanda, la demanda dejó en algún momento de ser tal, y la victoria empezó a diseñarse. Los ministros ingenua o erróneamente creyeron que atendían la demanda sectorial y se movieron pensando en ello, cuando en realidad el guante ya se lo habían lanzado con mucha anterioridad. El momento exigía respuestas legales principalmente del Órgano Legislativo y del Concejo Municipal, pero no se dio. Definitivamente el Gobierno perdió iniciativa y autoridad en los últimos días de los dos conflictos porque quisieron desde un principio atender las demandas que debió atender el Órgano Legislativo y el Concejo Municipal, y claro el Órgano Judicial.

Como corolario a temas de lucha por el poder, cabe mencionar que lo común en el TIPNIS y Yapacani fue la visible propaganda antimasista y antigubernamental por un lado y de apoyo por otro; se evidenció para el caso del TIPNIS la carencia de una propuesta alternativa de desarrollo o de interpretación del uso de los recursos naturales en el marco de la organización económica plural y para el caso de Yapacaní la disputa de la silla municipal sin proyecto alternativo alguno. Se deba aclarar que la intangibilidad no es sí misma una propuesta como tampoco lo es la carretera, la primera en el campo de la reivindicación y la segunda en el campo de la integración en abstracto. El cambio de Alcalde municipal no es un proceso insurreccional y más se asemeja a un desacato del Concejo Municipal a la norma establecida. Este desacato tendría que someterse a un proceso sancionatorio que venga de alguna parte, pero el problema es que la estructura jurídica en Bolivia protege a autoridades electas, cuando debía además controlar y sancionar con más rigor a éstas ante intentos de Golpes institucionales. Y por supuesto exigir también responsabilidad a quienes actúan a la sombra de las masas o de sus bases.

Si no se pone límites a corrientes restauradoras que se amparan en la demanda social y en la determinación de “sus bases” o de cabildos parciales, lo que se tendrá que afrontar el sistema institucional boliviano son dos o más Yapacanis, y otros TIPNIS. Ya las cosas están calentadas en el Municipio de Lagunillas, El Puente, San Julián, Guarayos, Takovo Mora, San Buena Ventura y otros.

El Estado necesita leyes y autoridades que ordenen la vida institucional y no leyes cortas o autoridades que volteen a otras autoridades. Las leyes que no son debidamente asimiladas llevan en su aplicación o ejecución a recorrer caminos inconstitucionales, al conflicto con desenlaces fatales.

La Paz, 25 de enero de 2012

PARA AVANZAR DESDE LA NUEVA AGENDA

2011-11-30T13:27:00.000-08:00

PARA AVANZAR DESDE LA NUEVA AGENDA

(Primera Parte)

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

En el presente escrito se exponen consideraciones para tomar en cuenta en la Nueva Agenda, no es un trabajo de crítica al Gobierno y a la gestión en si misma, es mas bien un trabajo que describe y analiza una realidad concreta desde lo aportado por la gestión de Gobierno en los últimos años, las proyecciones ideológicas en la sociedad y las desviaciones que pueden identificarse y señalarse al Estado al concebir una ruta particular sobre el Vivir Bien y la Revolución Democrática y Cultural.

El centro de análisis y descripción viene de la demanda social y la relación del Gobierno con las organizaciones sociales, estamentos organizados y ciudadanía en general, y desde la respuesta institucional del Estado Plurinacional. Así, primeras determinaciones coyunturales muestran que al atender las movilizaciones y demandas de sectores sociales, estamentos sindicalizados, productores, comerciantes, exportadores, importadores, representaciones cívicas y otros, el Gobierno Central se enfrenta al reto de asumir la responsabilidad de revertir las movilizaciones y medidas de presión para llevarlas hacia mesas de diálogo y concertaciones sectoriales y regionales, al tiempo de recuperar y establecer nuevas formas de comunicación y dialogo para disminuir y evitar nuevas medidas que generen disconformidad en la ciudadanía (Bloqueos de caminos y carreteras, cierres de válvulas de distribución de agua potable, tomas de instituciones, destrozos de retenes y otras). También es tarea del Gobierno estar persuadido que la represión y la coacción legal son medidas extremas cuando se trata de imponer e implementar políticas de Estado, sobre todo cuando algunas de éstas no cuentan con el respaldo popular ni la consulta previa, o cuando las demandas responden a compromisos asumidos y no cumplidos por el Gobierno.

Por su lado la ciudadanía y los movimientos sociales si no asumen el criterio de seguir procedimientos establecidos y conductos regulares para exponer y avanzar en la elaboración y gestión de sus demandas, difícilmente comprenderá que toda atención favorable está en función a los recursos humanos, económicos y legales, tiempos y otros que disponga el Estado, que unas en ese sentido son de inmediata solución y otros de mediano y largo plazo, y que todos finalmente responden a líneas estratégica de desarrollo político, económico, social y fundamentalmente ideológico.

Pero al no estar guiado el proceso por lo ideológico, es claro entonces que la demanda social será dispersa en tanto son de naturaleza dispersa los intereses de los movimientos sociales y la ciudadanía, de manera que todo el peso de esta dispersión debe recaer sobre el Estado, con el agravante que desde el Estado no se encara de manera adecuada la formación, la educación y la aplicación de una ideología de cambio y de revolución, sobre todo centrando un interés supremo y del cual puedan desprenderse los interese sectoriales y particulares, intereses de cada región y organización laboral, académica o cívica.

Sin estar al margen de lo expuesto en el párrafo anterior y en su aplicación misma, frente al conflicto y la demanda social, el “Poder Público” desde sus instituciones, vagamente muestran la fortaleza necesaria para posicionar entre las organizaciones sociales y la opinión ciudadana el rumbo que toma la construcción del Estado Plurinacional (si es que hay uno de consenso y de aplicación universal dentro el Estado), y en respuesta a éste hecho la intelectualidad y sectores tradicionales de lucha anticapitalista reclaman o promueven rutas para introducirse a la Gestión Pública y desarrollar cambios estructurales en el Estado Plurinacional, limitando su accionar en críticas a través de redes sociales y otros medios de comunicación y difusión, pero que en muchos casos no responden o superan algunas o muchas de las ambigüedades que el proceso de cambio ha generado en su implementación estatal.

De manera general en el momento histórico que afronta el Estado Plurinacional se hace imperante replantear mecanismos y formas de organización estatal que encumbrando principios ideológicos revolucionarios pueda generar viabilidad a transformaciones políticas, económicas y sociales también revolucionarias, para superar formas y relaciones de producción precapitalista aun ejercitadas sin ser tocadas y combatidas abiertamente por las instancias del Estado Plurinacional (Relaciones servidumbrales, mas de 10 horas de trabajo, empleos al margen de la Ley de Trabajo, y otras) y avanzar con la industrialización que potencie fundamentalmente la organización económica comunitaria de manera paralela a la de la forma de organización económica estatal.

El momento político y económico que enriquece el proceso de cambio viene del ímpetu con el que se inicio la gestión de Evo Morales principalmente de la “Nacionalización” de los hidrocarburos, de la Refundación de COMIBOL, de la recuperación de ENTEL y otras que conforman el eje de desarrollo económico y de generación de recursos con destino a la gestión económica y social del gobierno. Pero también hay componentes económicos, ideológicos y políticos que interfieren, ponen trabas o revierte el ímpetu inicial del proceso de cambio. Veamos la forma en que se estructura o posterga el proceso de transformación del Estado Plurinacional desde campos económico, político, ideológico e institucional.

La organización económica estatal principalmente está constituida y proyectada por la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a cargo de YPFB y empresas transnacionales y por la Empresa de telecomunicaciones ENTEL entre las más rentables y generadoras de recursos para distribuirlos como regalías y en beneficios sociales (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y otros). En el orden de capacidad generadora de recursos le sigue la Corporación Minera de Bolivia y Bolivia de Aviación, que entre sus logros mas importantes son dar seguridad laboral a trabajadores mineros en COMIBOL y en el caso BoA, establecer soberanía e identidad empresarial competitiva en el transporte aéreo de pasajeros. Se tiene en vías de desarrollo y de cumplimiento de objetivos empresariales a la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), la Empresa Boliviana del Oro (EBO), Lácteosbol, Cartónbol, la Planta de Cítricos y la Empresa de Palmitos que desde la voz del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, generan recursos que no sólo van a cubrir el monto invertido por el Gobierno, sino que apuntan a generar más recursos en el mediano plazo y que se espera pasen a manos de sindicatos en un futuro bajo responsabilidad de las organizaciones sociales.

Con la generalidad expuesta sobre la línea estatal en materia de desarrollo económico y proyección de desarrollo industrial existe la necesidad de interpretar o conocer la relación que se establece en el campo político y económico entre el Poder Público, la sociedad civil, los movimientos sociales, trabajadores y la empresa privada, ya que es finalmente en las relaciones donde se generan conflictos, demandas y acuerdos que compliquen o consoliden situaciones de gobernabilidad.

Asumiendo iniciativas nuevas dentro la gestión del MAS y el aparato estatal, los sectores económicos y políticos afines al desarrollo neoliberal e imperialista actúan generando mecanismos y rutas de producción de mercancías y comercio capitalista, reubicando ante la opinión pública y sectores productivos la vigencia de viejas formas de relación y de explotación productiva en la predominancia del Capital sobre el trabajo; pero también re-posicionando la opción de restar importancia a la forma de organización económica estatal.

El presente año a caracterizado a la acción de la burguesía, a diferencia de otros años, en optar por el apego circunstancial a las leyes y activar una inteligente manera de aprovechar el conflicto entre los movimientos sociales y el gobierno, no apoyándolos abiertamente pero sacando ventaja, para poner en resguardo sus intereses desde el apoyo de los sectores laborales a la subvención de hidrocarburos, preferencias arancelarias en importación, seguridad jurídica, oposición a proyecto de nacionalización y otros que finalmente llevan a la burguesía a superar temores que se había dado al inicio de la gestión del Gobierno de Evo Morales, desde el cliché de ser un gobierno comunista, cliché con el que se lo había atacado durante el proceso constituyente. Así, la acción política de los grupos de poder, apoyados por la prensa más reaccionaria ha propiciado que el Poder Público se incline a favor de ellos y asuma posturas contrarias e ilógicas para un Gobierno de corte populista al descalificar las demandas y liderazgos del sector popular.

Pero, no solo es la acción política mediática o encubierta en demandas sociales, sino que es también considerable y significativa la presencia de estos sectores y de voceros de la burguesía industrial y agropecuaria en el Órgano Ejecutivo, de manera que el Poder Público es ya en cierta manera el instrumento de reproducción del capital privado y las relaciones de explotación. Esto se da en la lógica de un novedoso relacionamiento y co-gobernabilidad encubierta en campos diversos de intervención (Administración, ejecución, legislación y gestión estatal).

Mientras, a diferencias de dicha co-gobernabilidad, la relación de los Órganos del Estado con sectores populares y laborales portadores de corrientes ideológicas revolucionarias o simplemente críticas y negadoras a viejas formas de explotación de la mano de obra, se establecen por lógica dialéctica en un solo campo de intervención (Administración del Estado) desde dos instancias estructurales dentro el esquema funcional del Estado Plurinacional (Gobernados y Gobernantes); visto así las movilizaciones populares en contra de la gestión del Gobierno denotan precisamente la crisis de relación entre la Administración y la Ideología; la administración estatal que en si misma es única en cuanto determinación constitucional y la ideología que se muestra dinámica y en constante lucha de contrarios.

Hasta acá ya hay elementos para concluir que si las movilizaciones en contra la administración del Estado se da desde de sectores revolucionarios y la vanguardia obrera, entonces es porque la administración del Estado toma un rumbo a favor de su contrario. Fuese distinto si, del sector revolucionario, el Estado acopiase propuestas, sugerencias y aportes para tomarlos en cuenta y adecuarlos a las líneas estratégicas de gestión, entonces se tendría que pensar en un Estado en proceso revolucionario y en la reversión del conflicto. Esta es una de las máximas que se debe considerar para intervenir en la nueva agenda convocada para diciembre y enero por el Gobierno Central.

Ahora manteniendo la referencia directa a la elaboración de la nueva agenda, anunciada por el presidente Evo Morales el pasado 12 de octubre, la descripción anterior viene a razón de intentar mostrar su necesidad considerándolo oportuno y prudente dado el tiempo transcurrido desde la atención a la agenda de octubre y lo que falta para terminar la presente gestión 2010-2015, además de considerar que se debe en la nueva agenda avanzar desde una previa evaluación de los avances y atención a las críticas de la ciudadanía en general y de sectores comprometidos con el proceso de cambio sobre la gestión de los diferentes ministerios y sobre el mismo presidente Evo Morales.

Sin embargo la convocatoria se mostraría inoportuna e improductiva si, desde el ejecutivo, se quiere solamente crear un espacio amplio de legitimación de Políticas Públicas o para explicar logros económicos de naturaleza capitalista y una supuesta proyección socialista esperando desmovilizar a sectores movilizados en contra la gestión gubernamental sin tener la amplitud y predisposición de tomar en cuenta las sugerencias y soluciones alternativas que ofrezcan y presenten los sectores de izquierda, organizaciones sociales que son parte del Pacto de Unidad, del Conalcan (Consejo Nacional para el Cambio) y por cierto de los sectores productivos que se esfuerzan por lograr la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo industrial entre otros.

Por ello se puede decir que la Agenda de diciembre, como medio necesario para profundizar la democracia y participación responde a una particular coyuntura, pero una coyuntura que no sólo marca ejes temáticos sobre los que se debe trabajar, sino exige plasmar el reclamo de tener a la mano información significativa sobre el proceso revolucionario que quiere trazarse y sobre la memoria histórica de los conflictos desde la implementación de gestión gubernamental y de la demanda social.

Institucionalidad y gestión económica - política

De manera general se constata que en el campo de la institucionalidad, los Órganos del Estado Plurinacional y de los niveles autonómicos presentan síntomas y rasgos prevalentes de insuficiencia administrativa para atender favorablemente las demandas, exigencias y gestiones emprendidas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, lo que lleva a la necesidad de replantear y ejercitar nuevas opciones de relacionamiento con la sociedad desde el diseño y ejecución de la estructura institucional estatal y autonómica. Igualmente un rápido diagnóstico evidencia una débil e insignificante relación administrativa entre el Nivel Central y los niveles autonómicos, en muchos casos hasta en franco e intencional enfrentamiento.

Para el caso, la población y las organizaciones sociales, y por supuesto las instancias de organización productiva aún desconocen las instancias de coordinación entre el nivel central de Gobierno y los gobiernos autónomos de manera que se desconoce una parte fundamental de la ruta, creada en la Ley Marco de Autonomías, para superar las diferencias entre estos niveles de gobierno y la ruta que debe tener la atención a las demanda social y la superación de conflictos de distintas índole. Desde los gobiernos autónomos se debe explicar las razones del extremo retraso en la elaboración de los Estatutos y las Cartas Orgánicas y la falta de coordinación con el nivel central. Al respecto lamentablemente lo único que viene a percibirse son los conflictos de gobernabilidad entre las instancias legislativas y ejecutivas de los gobiernos autónomos, y los problemas de límites territoriales.

Así, sin ser un eje en si mismo, y mas bien entendido como un tema transversal de agenda, se plantea la urgente necesidad de centrarse a evaluar y establecer nuevos paradigmas en la construcción institucional, ya que el paradigma de construir hegemonía y predominio institucional de arriba hacia abajo para crear condiciones de gobernabilidad se ha visto insuficiente e incongruente al atender las demandas y los conflictos de naturaleza económica, social, territorial y normativa. El tema parece ser más tratable desde la ampliación de participación de la sociedad civil y la democratización de las instituciones en los niveles autonómicos y el nivel central asumiendo sin temores las formas democráticas establecidas en la CPE (Participación positivada desde los cabildos y consultas, elecciones generales, respeto a los usos y costumbres de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesina, cumplimiento vertical a los procesos de designación de autoridades, acatamiento de la Ley por parte de la sociedad y autoridades entre otros aspectos).

En el campo de desarrollo económico, es notoria en la Gestión Pública la necesidad de potenciar y ampliar una ruta de desarrollo que vaya a superar o complementar la economía de desarrollo extractivo por una economía de desarrollo industrial y transformador de la materia prima. Esto último en los hechos políticos iría a superar la contracción actual para ir hacia nuevas opciones en la creación de fuentes laborales, eliminación de viejas formas de explotación laboral y visualización de la ideología de cambio en su componente revolucionaria y fundamento básico del Estado Plurinacional en el camino de la Revolución Democrática y Cultural.

Los inconvenientes en la gestión social y política que tiene que afrontar la actual administración del Estado es que - al concebir como eje fundamental de desarrollo económico la línea extractiva de recursos naturales; de gas natural y petróleo principalmente - asumen la responsabilidad directa de solventar las necesidades económicas y sociales de sus pobladores, en virtud a la naturaleza constitucional sobre la propiedad de los recursos y las empresas hidrocarburíferas estatales. Todo hace ver que el objetivo principal de las empresas estatales hidrocarburíferas es generar recursos económicos para distribuirlos entre la población y los gobiernos autónomos y de ninguna manera generar nuevas fuentes laborales o instancias de transformación industrial de la materia prima, aunque teóricamente así sea.

Las empresas estatales no generaron en los últimos años un aumento significativo de fuentes de trabajo, pero si recursos económicos, por ello es justificable y predecible que la población direccione su demanda hacia mayores regalías, subvenciones e ingresos por concepto del IDH, y dejen en segundo plano su demanda por mayores fuentes de trabajo, estabilidad laboral y diversificación de la producción industrial a cargo de la institucionalidad del Gobierno Central. Es decir que al generar recursos desde la las actividades de explotación y comercialización de los hidrocarburos, el Estado asume fatalmente la carga de la disminución de los índices de pobreza desde la distribución de estos recursos, olvidando o descuidando industrializar el proceso de transformaciones económicas y la creación de fuentes laborales.

Entonces lo que se percibe es que la generación de fuentes de trabajo, en la permisividad del Estado, es asumida por la empresa privada y por emprendimientos comerciales y productivos individuales y familiares, ante ello la demanda de préstamos y créditos aumenta, lo que hace que las entidades financiera y empresas bancarias disminuyan la mora y aumente la población crediticia convirtiendo a este rubro en el más lucrativo y sea la más rentable y sea, además desde donde se genere mejores utilidades. Es evidente que no hay una política de Estado para generar nuevos empleos más que aquellos que se dé desde el emprendimiento privado y la organización familiar, pero al que el Estado no deja de considerarlo como potenciales contribuyentes para aumentar los recursos del Tesoro General, ante lo cual lógicamente la resistencia de sectores de comerciantes, transporte y micro empresa fundamentalmente, se convierten en los protectores de la Banca Privada.

El emprendimiento privado al buscar lucro y generar ganancias a favor particular, no se ajusta de ninguna manera a objetivos de transformación estructural del Estado y a los objetivos de la forma de organización estatal, y ni siquiera se muestra como complementario. Lo contradictorio es que mientras el Estado protege y solventa al capital privado este no hace nada por potenciar la economía estatal, salvo aprovecharse de ella. (La subvención a los hidrocarburos y el costo preferencial de la energía eléctrica son ejemplo claros). El capital privado usa los recursos económicos e institucionales del Estado, cuando puede, lo hace a favor de sus fines económicos particulares; y persuade al Estado si afecta sus intereses (No lo combate por lo que se decía mas arriba). El diseño y la implementación de la organización económica privada, queda claro que, está protegido por las instancias estatales y sin embargo de manera desleal la gran empresa industrial y comercial legalmente establecida insinúa inseguridad jurídica, tal vez solo como pretexto pero desprestigiando hábilmente al Gobierno. Pero esta insinuación es en realidad un mecanismo de presión política y se da en un apoyo implícito a la política administrativa del gobierno, pero no a la forma de organización de economía estatal.

La supuesta inseguridad jurídica es el mejor argumento que ha construido la burguesía asentada en Bolivia, para evadir la competencia y recibir del Estado trato preferencial en materia de créditos y políticas impositivas y salariales. Desde la supuesta inseguridad se hace que capitales de otros países no sean invertidos por temor a también supuestas expropiaciones o nacionalizaciones, que lamentablemente el Gobierno anuncia pero no los realiza y no lo realizará a mediano plazo, al grado que más parece un discurso político para amedrentar opositores radicales o vagamente reposicionar ideología socialista.

Esto al mismo tiempo hace que las inversiones preferentemente sean pequeñas y se concreticen en el comercio informal, en pequeños talleres artesanales, en contrabando, transporte y construcción. Se trata de ejercitar desde la Banca Privada emprendimientos de baja magnitud y de alcance a una media de recursos económicos privados que prosperen o se hundan (En ambos casos el banquero gana, no pierde). El Estado en su rol de gestor de fuentes de trabajo se acopla a esta línea de acción ejercitada por la Banca Privada, sencillamente porque se traduce en la utilización de mano de obra temporal, descuidando la seguridad y estabilidad laboral. Estos emprendimientos, si bien reducen los índices del desempleo, los más están al margen de toda normativa en materia de seguridad laboral, servicio social y de salud. El estado tendría que regular este campo económico no sólo en el campo impositivo como quiere e intenta hacerlo sino regularizarlo para desnaturalizarla de toda forma de explotación y relación servidumbral. De otra forma no se avanza con el Vivir Bien.

Visión política sobre la seguridad y soberanía alimentaria.

La seguridad y soberanía alimentaria ha concurrido en el ámbito económico como política estatal a partir de la actual Constitución Política del Estado. Hasta antes se concebía en el ámbito de la iniciativa económica privada individual y empresarial ejecutada principalmente desde la producción agropecuaria y del comercio informal, seguramente lejos de entenderse y desarrollarse como política de Estado. En este entendido la vieja República Boliviana y sus administradores enquistaron la seguridad alimentaria en voluntades políticas para gestionar mercados y donaciones de países desarrollados, muy lejos de cualquier principio de soberanía. Hasta hace pocos años se recibía arroz, aceite comestible y harina donada además de otros alimentos y no se establecían mecanismos para producir a escala nacional alimentos de primera necesidad. Hoy a fuerza de nuevos propósitos estatales la soberanía alimentaria es entendida como una Política de Estado y es en ese sentido tema fundamental de la nueva agenda.

La crisis económica del capitalismo mundial posiciona la idea de una crisis alimentaria a nivel mundial y con ella como respuesta se establece en el Estado Plurinacional boliviano la necesidad de minimizar los efectos de esta crisis y prepararse para afrontarla creando condiciones materiales y organizativas. Pero más allá de prepararse para afronta una crisis alimentaria se tiene que entender que la soberanía alimentaria es el eje central del “Vivir Bien”, principio supremo del Estado Plurinacional, de manera que sea o no latente la crisis alimentaria mundial es responsabilidad del Estado caminar hacia la soberanía alimentaria; esto a grandes rasgos es ir reduciendo la tendencia de importar alimentos que se producen y pueden producirse en territorio nacional.

La Soberanía alimentaria además exige la accesibilidad del conjunto de la población de manera que no sea la ganancia y rentabilidad en si misma la que marque el eje de la producción agrícola y pecuaria, aunque su industrialización tenga, en última instancia, ese sentido.

El desafío que el Estado tiene que afrontar es producir y subvencionar o buscar mecanismos para que la intervención del Estado en la producción y comercialización o distribución no favorezcan a los comerciantes y especuladores, claro si logra controlar e impulsar producción suficiente y necesaria.

El problema de la especulación y la imposibilidad de controlarlo en el mercado viene a raíz de haber dejado crecer desmesuradamente al comercio informal y no haber establecido los mecanismos de relacionamiento y de control, o en definitiva de no haber creado desde el Estado condiciones favorables para hacer crecer a EMAPA lo suficiente como para cubrir el mercado de alimentos básicos de la canasta familiar. Una respuesta a este caso es posible a mediano plazo a condición de crear políticas de producción y distribución comunitaria. Es importante que empresarialmente se puedan anteponer el principio de distribución, tomando en cuenta costo de producción, traslado y comercialización.

Relacionando el tema de los recursos generados por YPFB y ENTEL con la seguridad alimentaria, el Estado debe desarrollar instancias institucionales que prioricen la planificación de producción de alimentos hacia la distribución más que planificar instancias de captación de recursos para distribuirlos en bonos. Lo que demandaría nuevos desafíos y mayores demandas en el campo productivo, una opción es seguir con el acopio de alimentos y disponer de infraestructura de guardado y conservación. (Silos, almacenes y otros), pero es insuficiente sin una estrategia de Soberanía Alimentaria.

Nuevos compromisos y rutas de participación en la gestión social.

La preocupación de las instancias de gobierno central y autonómico y la sociedad organizada centra la responsabilidad de la atención y gestión social en la disponibilidad de recursos generados y captados por la administración del Estado Plurinacional y mínimamente en el apoyo con recursos externos.

Para el caso del Estado, los recursos que se dispone tienden a ser insuficientes con el correr de los años dadas el aumento de las demandas y crecimiento de la población en sectores beneficiarios (Adultos mayores, mujeres en periodo de gestación, niños de centros educativos del sistema público, personas no videntes y otros), pero al mismo tiempo por la falta de gestión para ejecutar los recursos y crear nuevas fuentes de captación.

En este sentido la administración estatal tendrá que descentralizar la responsabilidad de la atención a la Gestión Social hacia la Empresa Privada.

La empresa privada se beneficia de los precios subvencionados de los hidrocarburos, de la energía eléctrica, del agua potable y consumo de alimentos, es decir que se benefician en partida superior a la que lo hace un ciudadano común, por lo mismo las responsabilidad asumida por YPFB, ENTEL, COMIBOL, BoA y otras empresas estatales deberían compartirse en una dimensión de pluralidad con la Empresa Privada.

Aparentemente el cumplimiento de deberes y obligaciones de la Empresa Privada estarían traducidas en el cumplimiento de compromiso tributarios, pago de salarios a sus trabajadores, aportes al seguro médico y social de los trabajadores y otros, pero el proceso revolucionario que se implementa desde la Constitución Política del Estado y la Revolución Democrática Cultural exige aporte a la comunidad o distribución social de sus ganancias. Las ganancias de afiliados a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y principalmente de empresas transnacionales que operan en territorio boliviano deben tener un componente asignado para beneficio social y esto es que se debe traducir en la construcción y administración de centros de formación técnica o humanística o aportes a administración y construcción de centros de salud o Residencias geriátricas, centros de rehabilitación de jóvenes u otros, administrados, apoyados y financiados por estos.

Se trata en si de descargar parte de las responsabilidades a los fondos captados por el Estado a las empresas privadas bajo el control de los gobiernos locales.

Experiencias sobre aspectos parecidos se vivió en el periodo del Gobierno de Juan José Torres cuando se obligó a que las instituciones religiosas presten sus instalaciones y corran con los gastos para apoyar en la educación primaria y secundaria, semejante actitud debe ser tomada por la Revolución Democrática y Cultural. Por poner un ejemplo extremo pero no imposible, las universidades privadas tendría que ser gratuitas y financiadas por la Empresa Privada como aporte a la comunidad. Solo así se podrá ir comprendiendo el papel del capital privado en el actual proceso revolucionario y las formas plurales de organización económica en su principio de complementariedad. No se trata de expropiar o estatizar, sino de hacer que el Estado no tenga toda la carga de responsabilidad económica sobre la educación y la salud.

Antes de concluir con esta primera parte de consideraciones se recalca que el Vivir Bien es responsabilidad de todos al igual que la solución y el tratamiento a la demanda social y la solución de los conflictos. La falencia del Gobierno hasta ahora es haber creído que todo se puede desde un voto mayoritario y el liderazgo de Evo Morales, en otras palabras creer que todo lo tiene que hacer el Poder Público restándole responsabilidades a las iniciativas y empresas privadas. Finalmente es la sociedad la que tiene que construir el nuevo Estado Plurinacional y por ello el Gobierno debe escuchar impulsar nuevas iniciativas políticas y económicas e imponer las de carácter social.

La Paz, 30 de noviembre de 2011

CONSTRUCCION SOCIAL DEL ESTADO BOLIVIANO

2011-11-29T13:45:00.000-08:00

LIBRO: CONSTRUCCION SOCIAL DEL ESTADO BOLIVIANO

CIDOB Y GOBIERNO: MUCHO POR ANDAR

2011-11-10T13:10:00.000-08:00

CIDOB Y GOBIERNO: MUCHO POR ANDAR

Al final de la VIII marcha de la CIDOB y luego de acuerdos y consensos con el Gobierno, se superó la etapa crítica del conflicto; adelante, los protagonistas directos e indirectos cuentan con hechos y experiencias favorables para evaluarlas y potenciarlas. Pueden igualmente cuantificar fuerzas propias y consolidar alianzas cualitativas con sectores de movimientos sociales y organizaciones políticas pero por sobre todo tienen la oportunidad, tal vez la última, de sentarse frente a frente (como aliados del proceso de cambio y forjadores de la construcción del Estado Plurinacional) y replantear políticas de Estado y dejar de enfrascarse en logros lectorales, supuestas victorias estratégicas, pasajeros acuerdos coyunturales o firmas de convenios meramente reivindicativos.

A partir de lo que pasó en lo que se denominó “El Conflicto del TIPNIS”, corresponde al Órgano Ejecutivo y la CIDOB evaluar resultados desde el entendimiento y ejercicio del Derecho Constitucional de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, los avances legales de los que se dispone para ejercerlos, planificar Gestión Pública y lógicamente establecer agenda en lo mucho que falta andar en materia legal.

En ese cometido dos aseveraciones y dos interrogantes generales sobre el conflicto tendrían que confluir para explicar más logros de la Marcha del TIPNIS y la negociación correspondiente.

La primera aseveración es que la marcha y la plataforma de demandas pusieron en evidencia el camino irrenunciable emprendido por la CIDOB para consolidar el Estado Plurinacional. Esto colateralmente debe entenderse que las divergencias con el Gobierno y la represión en Chaparina no demuestra en si misma algún supuesto intento fallido del Estado Plurinacional como quieren hacerlo ver algunos analistas opositores al gobierno.

En lo último se incluye una serie de apreciaciones políticas que buscan aún entremezclar el apoyo de sectores urbanos de la ciudadanía a la VIII Marcha indígena con la supuesta baja de popularidad de Evo Morales o la forzada idea sobre la ilegitimidad de las elecciones pasadas para elegir autoridades del Órgano Judicial. Lo que sale claro de este conjunto de posturas es la evidencia de que la oposición y las fuerzas conservadoras desconocen el proceso de inclusión y ampliación en la participación democrática abierta en el proceso desde la participación de los pueblos IOC, en la que la CIDOB como institución reconocida legalmente, toma parte, y de la que los pueblos IOC de tierras altas y tierras bajas son protagonistas y aliados, tal vez, con diferencias circunstanciales, pero mientra en el Estado no se cambie la CPE y el Gobierno no argumente que el proceso de construcción institucional del Estado Plurinacional es un intento fallido, la alianza es latente y el avance continuo.

El apoyo de los sectores diversos y plurales hacia la Marcha de la CIDOB, definitivamente fortalece el proceso de cambio que se desarrolla en el Estado Plurinacional, claro que con el aditamento fuertemente crítico a los Órganos de Poder Público y conductores del Estado, en ese sentido se hace inconsistente hacer referencia a supuestas elaboraciones estratégicas para afrontar el conflicto y predeterminar la victoria o derrota de parte del oficialismo o la oposición. El conflicto del TIPNIS no fue una batalla electoral entre oficialistas y opositores y menos un combate político militar de dos bandos, fue simplemente una demanda por el respeto a derechos constitucionales y su solución fue dada en ese sentido. Inventarse otros matices es improductivo y solo se lo hace para negar alguna pérdida, perdida que todo conflicto reivindicativo conlleva.

La segunda aseveración establece que al ajustarse la demanda de la marcha al decreto que declara el Isiboro Sécure como Parque Nacional, se autolimita el ejercicio de las entidades indígenas por lo que necesariamente para superarla se plantea la necesidad de nuevas normativa sancionada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ejercer el derecho de la autodeterminación y el Derecho a contar con Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino, con facultades legislativas, ejecutivas y jurídicas. Estas facultades no se pueden ejercer en un Parque Nacional, sino en un Territorio Indígena Originario Campesino. Así lo establece la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Entonces queda claro que sólo desde la instalación de un Gobierno Indígena Originario Campesino en un ámbito territorial, también Indígena Originario Campesino establecido legalmente se tendrá titularidad de Competencias Exclusivas, Concurrentes y Compartidas, no antes y menos desde la sola directiva o razón jurídica de la CIDOB. La proyección política de los pueblos IOC no puede limitarse a la Consulta Previa, y aunque es una conquista para protegerse de políticas gubernamentales y privadas contra su hábitat, de ninguna manera es la instancia mas desarrollada para ejercer derechos plenos consagrados en la CPE, sobre todo en cuanto a derechos colectivos y políticos se refiere

Ahora ante las dos aseveraciones en reacción vienes dos interrogantes, la primera interrogante plantea la incertidumbre de asumir el desafío revolucionario tomando en cuenta componentes sociales revolucionarios y comunitarios, o mantener la vía actual aprovechando el renovado capitalismo privado y estatal que se vislumbra en virtud a la política de explotación de recursos naturales y políticas impositivas exitosas pero opacada por la carencia de una política de desarrollo capitalista industrial. Esta contraposición se traduce igualmente al seno mismo de la sociedad ya que las organizaciones urbanas, movimientos sociales, el movimiento obrero y los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, no definen si adscribirse a tareas revolucionarias o a la lógica capitalista, al de la propiedad privada y la de mercado.

Sin embargo se percibe cierta inclinación por lo segundo de manera que el carácter reivindicativo de las demandas profundizarán la contradicción Capital Trabajo desgastando en consecuencia todas la estructura de Poder Político del MAS y del Gobierno. Y así cuanto más tiempo ejerzan el poder gubernamental, mayor será el desgaste, aún se tenga magistrales recaudaciones en razón a políticas impositivas o visiones integracionistas desde el desarrollo vial. Es lógico entonces que la máquina de poder del 2005 se pone en situación de riesgo y deterioro, y se cierra a nuevas miradas y gestiones emprendedoras de alianza con estamentos revolucionarios de la sociedad. Esto en definitiva propicia la recomposición de la oposición.

De la primera viene la segunda interrogante y es preguntarse si las fuerzas conservadoras y restauradoras del viejo Estado establecieron su rumbo y su recomposición con fuerza propia, a pulmón propio, trabajo, principios y fundamentos ideológicos, o se recompone adjunto al momento que los Órganos del Estado Plurinacional 1.- optan por el desarrollo del capitalismo y la economía de mercado; 2.- consolidan la propiedad privada de la tierra, a cambio de la comunitaria; 3.- se someten al libre mercado y potencian a la burguesía financiera, 4.- no planifican ni racionalizan la expansión de su frontera agrícola y 5.- se estructuran en instrumento político con la presencia de viejos operadores del sistema neoliberal.

Es probable que en la recomposición de las corrientes conservadoras haya algo de ambas, pero está completamente claro que su impulso temporal los obtienen de las medidas económicas, políticas impositivas y desatención a la demanda social, y que lo único que falta es que el gobierno dicte un decreto de nivelación de los hidrocarburos para prepararle todo el camino y entregarles el Poder en bandeja de plata.

Finalmente, para retomar lo que se decía al empezar el escrito, corresponde al Gobierno y sus aliados sentarse frente a frente para definir políticas de Estado y establecer nuevos parámetros de la demanda social en el marco de la superación del conflicto y lógicamente continuar con la implementación del Estado Plurinacional con Autonomías.

La Paz, 10 de noviembre de 2011

DATOS CUALITATIVOS PARA ENTENDER LA CRISIS POLÍTICA Y LA NUEVA AGENDA

2011-10-16T05:27:00.000-07:00

La protesta y las medidas de presión a raíz de las demandas sociales no atendidas o evadidas por instancias del Poder Público, al igual que la gestión en si misma, aportan a la coyuntura datos cualitativos relevantes en el desarrollo de la teoría y la opinión política; así por ejemplo ponen en evidencia la crisis en la relación política de los aliados del proceso de cambio con el Gobierno del Estado Plurinacional; datos que al exponerlo a observaciones sistemáticas dibuja superficialmente una confusa perspectiva de cambio revolucionario en la gestión pública, cuando subjetivamente se las compara y coteja con imaginarios de colectivos revolucionarios en el marco de la legitimidad y legalidad que proporciona la Constitución Política del Estado para generar cambios estructurales institucionales; o datos que llevan a valorar objetivamente los niveles de corrupción y exclusión en los que se desarrolló la relación de la sociedad con las instituciones republicanas antes del 2006 poniendo en evidencia, ante la sociedad, el avance y certeza democrática del Gobierno y su gestión actual.

Se habla en consecuencia de dos bloques de datos evidentemente ciertos, una que viene de las permanentes críticas que se hace a la gestión pública de parte de corrientes de izquierda (Mayor participación ciudadana, compromiso político ideológico del gabinete y funcionarios públicos, legislación revolucionaria, etc.), y otra que busca un mejor perfil desde la relativización de la gestión actual posicionándola como una “Mejor Gestión” (Apoyo a los sectores productivos, aumento de las reservas nacionales, participación de las mujeres en el ejecutivo, bonos, etc.), comparada con las gestiones que antecedieron a Evo Morales.

Son entonces estos dos aspectos los que matizan y sobre los que se viene estructurando el debate para medir y dar juicios a la gestión pública y el posicionamiento político del Gobierno y los movimientos sociales. Son estos dos aspectos los que deben tomarse en cuenta para encarar la “Nueva Agenda” que anunció el miércoles 12 del presente el presidente Evo Morales.

Los protagonistas que de manera indirecta o en cuestión de participación generan la necesidad de una Nueva Agenda son los movimientos sociales, instituciones, y organizaciones políticas que estuvieron o aún están inmersos en las transformaciones que se establecieron a partir de la Asamblea Constituyente. Los otros, empresarios capitalistas, sectores reaccionarios y pro imperialistas, no cuentan por ahora en planes de transformación institucional, aunque agazapados construyan canales para envenenar la relación del Gobierno y sus aliados naturales. Definitivamente, en el marco de la construcción institucional y el proceso de cambio, después de la concentración a favor del cambio, la propuesta y la determinación de votar en blanco o anular el voto en las elecciones judiciales no cuentan políticamente. Las masas congregadas en la Plaza Villarroel posicionaron la intrascendencia de toda negativa a la realización de las elecciones de autoridades judiciales.

Con esta apreciación perceptiva, en miras a encarar una fase preparatoria para la elaboración de la Nueva Agenda y en la proyección de mantener la adhesión de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos a la revolución social y transformación institucional se trata de mostrar como lícito y orientador, para el proceso de cambio, todo aquello que venga en consecuencia positiva de tres hechos o situaciones interconectadas y manifiestas al interior de los datos cualitativos; tres puntos inducidos de hechos concretos y evidenciados en el debate público y deducido de generalidades teóricas de comportamiento político.

El primero es que la sociedad en correspondencia a su rol transformador retome su consecuencia propositiva desde nuevos imaginarios revolucionarios y de intervención en la opinión y emisión de juicios a la gestión pública con objeto de orientar la atención favorable de la demanda social, al tiempo de que el poder público en su papel canalizador y ejecutor de la demanda social tenga la voluntad y capacidad de adecuar sus mecanismos de consulta y recepción de la propuesta social.

Segundo, al constatar que a la sociedad plural es a quien le corresponde cuestionar críticamente la tendencia del Órgano Legislativo Plurinacional por la promulgación continua y mantenimiento de normativas generosas con el viejo constitucionalismo liberal; plantear la readecuación de la actividad legislativa confiando en la viabilidad de la transformación revolucionaria a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la transformación institucional.

Y tercero, suponer viable el hecho de que los estamentos de dirección política del Órgano Ejecutivo puedan desviar el afrontamiento del conflicto generado en la demanda social asumiendo que el momento conflictivo de coyuntura no se genera en la contradicción de antagónicos al Estado Plurinacional, sino en el marco de contradicciones constitucionales secundarias y en la que la acción de las fuerzas reaccionarias aprovechan para desgastar al Gobierno.

Ante lo anterior corresponde responsablemente poner en consideración elementos objetivos directos y deducidos que llevaron a sustenten las afirmaciones anteriores.

La coyuntura ya nos ha proporcionado datos sobre los protagonistas y el lugar que ocupa la sociedad y el Estado al igual que el carácter de las reivindicaciones de naturaleza política, económica y social en el proceso de cambio revolucionario. Así al asumir la generalidad de que las transformaciones estructurales en un Estado se dan con el tiempo y en proporción directa a la participación conciente y cualitativa de la ciudadanía (en ejercicio de derechos), reconocemos implícitamente que cualquier retardo e indiferencia vendrán del alejamiento o del débil aporte de la sociedad hacia los objetivos buscados en el Estado representado o viceversa; que el Estado representado en sus instituciones de gestión y administración no considera constitucional y lícito el impulso y motor revolucionario de la sociedad o que la sociedad se opone a la acción y dirección revolucionaria del Poder Público.

Igualmente es ya un dato para la Nueva Agenda que una confusa ideología aplicada a la gestión económica y política enfrenta al Gobierno central con sus aliados en extremos jurídicos constitucionales; en un extremo lo que, por derecho constitucional, se hace lícito, en razón a que se cuenta con un Estado constituido por poderes cuya gestión pública la definen corrientes plurales y contradictorias mas que complementarias, y en otro extremo, en razón a que la sociedad constructora de imaginarios revolucionarios se relaciona con otros contrarios ideológicos, por un lado estamentos productivos y mercantiles ajenos a toda transformación de naturaleza revolucionaria y por otro actores impulsores de la superación de las fases capitalistas de desarrollo económico y político. Vista así; gestión y administración pública en contradicciones y, sociedad en actividad estratégica política y productiva también en contradicción, pone a toda demanda social en la antesala del conflicto y la movilización permanente.

Estos hechos concretos y objetivamente puestos en situaciones de análisis explican por qué la demanda social en un proceso de transformación institucional es implícitamente un conflicto en desarrollo, no solo por la propensión a ajustes desde la medida de presión de los demandantes sino por la inevitable presencia de la contrademanda improvisada u organizada por parte de la misma sociedad y al interior de aliados naturales.

Desde los datos cualitativos se entiende con mucha mas facilidad las marchas y contramarchas, huelgas y contrahuelgas, bloqueos y contrabloqueos, propuestas y contrapropuestas que demandan a la gestión pública la necesidad de constituir sus órganos de poder en instancias racionales de elaboración teórica y de síntesis en marcos plurales jurídicas sustentadas en la Constitución Política del Estado y normativa en vigencia.

Al parecer, la propuesta de una “Nueva Agenda” responde a reconocer que hasta ahora la iniciativa del Ejecutivo y del Legislativo no están constituyéndose en la síntesis de lo que la sociedad en sus contradicciones propone como bienestar colectivo y en superación del interés individual por el interés colectivo, y en reconocer que la “Nueva Agenda” es una iniciativa necesaria gubernamental para elaborar planes de desarrollo y de integración en base a la consulta, el diagnóstico y la planificación participativa.

Y es que la sociedad, en sus contradicciones busca nuevos protagonismos y mayores repuestas que expliquen las proyecciones económicas y políticas por parte del Poder Público, entendiendo que el Poder Público a la fecha no marca claramente la tendencia predominante en el marco constitucional del pluralismo económico y político o simplemente ya lo marcó y la gestión intencionalmente se dirige en contra de los intereses de una parte de sus aliados económicos y políticos, y a favor de la otra parte. Si fuese ese el camino tomado por el Gobierno, la gestión pública se debilitará y entonces las fuerzas reaccionarias y conservadoras entrarán en actividad, se aglutinarán y se reorganizarán y con razón se dirá en las esferas del Cambio que la derecha y el imperio ataca y lógicamente habrá condiciones para hacerlo, para destruir lo avanzado o reconstituir un nuevo ciclo en el proceso de cambio. Esto es posible por las alianzas que fuerzas políticas y estamentos económicos vienen configurando al margen del control del Conalcan (Consejo Nacional para el Cambio) y del Pacto de Unidad conformado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Indígenas Campesina Originarias de Bolivia, la Confederación de Comunidades Interculturales y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo .

En general, lo que podemos ver adelante son una serie de gritos desesperados de las fuerzas reaccionarias en caso de llegar a la elaboración de una Nueva Agenda en plena participación del Gobierno y sus aliados nacidos en la Asamblea Constituyente o, en cambio una etapa de ruptura entre estos si el Gobierno individualiza una agenda en extremos paradigmáticos de desarrollo y poder.

La crisis política en la relación de poder público y la sociedad civil, principalmente del Gobierno central con sus aliados llegó a su final, adelante se tiene o la ruptura o el afianzamiento de la alianza.

El 12 de octubre en la Plaza Villarroel, cerca de un cuarto millón de militantes del cambio, principalmente mineros y campesinos mostraron a Evo Morales que el Gobierno cuenta con bases obreras y campesinas para profundizar el proceso de cambio lo que sin duda se debe interpretar que desde la “Nueva Agenda” se entroncará al Proceso Constituyente la visión Obrera en la construcción del Poder Obrero – Campesino en el Estado Plurinacional.

Finalmente a manera de reflexión concluir que un Plan Nacional de Desarrollo, que priorice el desarrollo capitalista lleva el germen de la ruptura del Gobierno y sus aliados obreros, campesinos y clases medias revolucionarias.

La Paz, 14 de octubre de 2011

ECONOMÍA COMUNITARIA Y PLURAL

2011-05-11T09:00:00.000-07:00

ECONOMIA COMUNITARIA Y PLURAL

Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte

Las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa son formas que la institucionalidad estatal por mandato constitucional debe considerarlas en cualquier diseño de modelo de economía plural.

La Constitución Política del Estado contiene la normativa básica sobre la economía plural y sobre los fines de cada una de la cuatro formas de organización económica, sin embargo a mas de dos años de su implementación el proceso de desarrollo económico del Estado Plurinacional avanza bajo modelos liberales asumidos por la vieja institucionalidad y en casos particulares con algunas reestructuraciones que no dejan de darle continuidad a las tradicionales concepciones de producción capitalista y sin crear los recursos teóricos y conceptuales que orienten un nuevo modelo de desarrollo económico en función a las cuatro formas de organización económica ya sea en unidad de complementariedad o en su unidad contradictoria.

La realidad económica y la percepción de viejas forma de relacionamiento laboral empujan a ver teóricamente en Bolivia un modelo de producción capitalista que por sus implicancias genera en el sector de los trabajadores acciones de protesta con demandas de aumentos salariales y accesibilidad al vivir bien y en sectores organizados económicamente, en oposición al gobierno, reclamos por la inseguridad jurídica y una supuesta falta de una acertada política económica de desarrollo. Sin embargo a esta acción y demanda, la reacción y respuesta gubernamentales y empresarial es de respaldo a la economía de mercado y acumulación de capital. Esta determinante en la interacción entre sectores de empleados y empleadores hace que las formas clásicas de enfrentamiento y relacionamiento entre capital y trabajo desarrollen procesos económicos y políticos favorables a los grupos de poder organizados en rubros financieros, comerciales y agroindustriales, además de las tendencias favorables para las empresas extractivas de recursos naturales no renovables administrado por el Estado. Es entonces evidente las razones por la que al frente no se vislumbre indicios o indicadores que hagan ver o suponer la preocupación del Gobierno central y de los Gobiernos Autónomos por implementar relaciones y mecanismos de organización económica comunitaria y organización económica social como alternativas de modelos de desarrollo distinto al del capitalismo dependiente.

Traducido al tema institucional y de planificación la realidad es que autoridades nacionales y locales se mueven en un alto grado de omisión institucional para empezar a organizar el modelo de economía plural, se percibe que voluntariamente prefieren abstraer todo impulso e iniciativa al debate en el Órgano Legislativo y Órgano Ejecutivo sobre la estructuración jurídica y principista de la economía plural, asumiendo que el modelo económico está regido por el mercado y las relaciones capitalistas de producción, y en razón a ello los órganos del Estado apuntan el desarrollo económico de manera pragmática en unos casos y en otros recurriendo a las recomendaciones de organismos financiero y comerciales internacionales. Muestra de ello son las proyecciones económicas favorables preponderantemente al sector financiero y comercial y las últimas medidas de orden salarial y monetaria tomadas por el Ministerio de Economía y Finanza Públicas en función a los recursos del Tesoro General y las proyecciones inflacionarias. Está claro que el índice inflacionario y los millones de las reservas nacionales no son los indicadores apropiados para medir el “Vivir Bien” de los bolivianos, aunque si son indicadores macroeconómicos que buscan la aceptación en las esferas del Banco Internacional de Desarrollo BID y del Fondo Monetario Internacional FMI. En definitiva el proceso de cambio en Bolivia demanda medir el vivir bien desde indicadores de cuánto come el ciudadano y no cuánto cuesta su comida, cuanto tiene de acceso a una educación y salud de calidad y no cuánto de los recursos del Tesoro General de dispone a la educación y salud entre otros.

Resumiendo las percepciones sobre las políticas económicas impulsadas por el Gobierno, es inevitable pensar que los acontecimientos económicos y proyecciones de crecimiento positivo en le marco de la economía de mercado vienen hasta ahora inviabilizando el análisis serio y desarrollo teórico particular de la organización económica comunitaria en tanto componente de la economía plural y parte jurídica de la organización económica del Estado Plurinacional.

El crecimiento del Producto Interno Bruto y el superávit en las finanzas públicas inclinan al favor de la organización económica privada y estatal toda mirada de desarrollo, pero no dicen absolutamente nada del crecimiento o no de la economía comunitaria ya que esta, la economía comunitaria se postra en el “anonimato” porque los resultados de la economía que debía medirse con indicadores del “vivir bien” se mide con indicadores macroeconómicos, se percibe que el Gobierno apoya y promueve el proceso de desarrollo económico considerando el liderazgo de la organización estatal y privada, y en menor grado la cooperativa; y sin incidencia alguna en la organización económica comunitaria y social.

La economía comunitaria en la actualidad y por mandato constitucional demanda desarrollarse en proyección y superación de los niveles empíricos de la economía plural (presentada como forma de organización económica estatal), hacia el campo de la economía en tanto ciencia y modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de alimentación, vestimenta, seguridad y vivienda, transporte, comunicación entre otros; sólo en esa medida tiene sentido explorar connotaciones y características de la economía comunitaria en el contexto de las cuatro formas de la economía plural del Estado Plurinacional. La economía comunitaria no es un proyecto económico en manos del Estado o de una Organización No Gubernamental estatal cuya finalidad se limite al logró de la soberanía o seguridad alimentaria, ni es un procedimiento de articulación del mercado; es más bien la forma de organización que debe ir suplantando y extinguiendo toda otra forma de organización económica liberal o capitalista y desde ella desmitificar el monopolio de pensamiento mercantil. Así bajo la mirada de organización económica comunitaria se irá prediciendo connotaciones políticas de lo que las diversas visiones conllevan en el proceso de cambio.

En el siguiente acápite se presenta aspectos puntuales que se deben tomar en cuenta antes de entrar al debate y exploración de la organización económica comunitaria y plural.

Las cuatro formas de la economía plural

Cuatro son las formas de economía que el constitucionalismo boliviano considera legal desarrollarlas para crear bienes, estas pueden sintetizarse por un lado en ideas consideradas relativamente dominantes y de aceptación en el marco general de conceptos construidos desde la práctica laboral de los obreros, el trabajo de los campesinos y la producción de bienes por productores urbanos pequeños, medianos y grandes, y por otro en la realización del productos en las esferas del mercado.

A continuación se menciona esta generalidad:

1. La economía estatal en sus antecedentes y manifestaciones inmediatas lo ubicamos en etapas particulares del desarrollo de producción capitalista, del desarrollo de relaciones de explotación y la lucha de intereses nacionales con los intereses transnacionales, entre otros. Es la forma de economía que se desarrolló y se planteó como alternativa a la economía privada en gobiernos de corte socialista; y en periodos de crisis de los esquemas de gobiernos liberales, la economía estatal como hijo de la crisis liberal se convierte en antagónico de la economía privada ante esquemas de gobiernos y economías neoliberales. Una economía neoliberal o privatizadora es la negación de la economía estatal (esto quedó mostrado el 1985 con la privatización de las empresas estatales y la implementación del decreto supremo 21060 en el gobierno de Víctor paz Estensoro); y la ruta viceversa tendría que negar al neoliberalismo en el campo económico, es decir que bajo la dialéctica de los contrarios el estatizar la economía significaría la negación a todo neoliberalismo económico, pero por la fuerza con la que el neoliberalismo en 1985 atacó a la estructura de la economía estatal y la economía privada liberal, se contaminó el sistema liberal al grado que una restauración del viejo sistema liberal agredido en sus pilares básicos por el proceso de cambio que viene dándose por el proceso de construcción institucional del nuevo Estado no permite que la intelectualidad estudiosa pueda diferenciar el viejo liberalismo con el mimetizado neoliberalismo, menos entonces podrá encontrar las vías económicas que superen el viejo sistema liberal.

2. La economía social cooperativa tiene necesariamente dos connotaciones que deben ser abiertamente discutidas, una entendida en la amplitud de la organización social económica y la otra en los ámbitos especificados por la teoría del cooperativismo. El cooperativismos tiene sus orígenes en la era de la Revolución Industrial en Inglaterra y sus raíces principistas en el sistema liberal y más que una forma de economía estatal en Bolivia fue en el pasado una forma de organización y asociación de intereses y capitales individuales invertidos para responder a fines comunes de sus miembros, con relevantes variantes en la categoría de propiedad. Para el proceso de cambio la cooperativa significa acercarse a diferenciar con claridad la propiedad colectiva y social de la propiedad individual en la riqueza democratizadora que encierra cualquier proceso productivo en base a la propiedad colectiva. Esto es posiblemente la razón por la que las formas de asociación cooperativa tuvieron emprendimientos satisfactorios en la línea de los servicios más que en los productivos y por los cuales en muchos casos fueron intervenidos por instancias estatales y absorbidas por capitales privados en algunos otros casos. La forma económica cooperativa fue defendida a ultranza por los grupos de poder y la corriente del institucionalismo autonomista en el oriente boliviano a raíz de las amenazas del Gobierno de intervenir las cooperativas de agua, electricidad y teléfonos en virtud a su negativa de someterse al control social.

La organización económica social debe darse en las organizaciones y movimientos sociales fundamentalmente al igual que en los sindicatos campesinos, de comunidades interculturales y otros. Una organización económica social no es si misma una cooperativa y sin duda que sus sustentos en la economía política deben construirse en el ámbito contrario al liberalismo y lógicamente neoliberalismo.

3. La economía privada es más conocida y diversificada entre las cuatro formas de organización económica que constituyen la economía plural. La economía privada deviene de la propiedad privada que aparece paralelo al desarrollo del Estado y en negación a la “no propiedad” de bienes de producción y la tierra. Es conocida la importancia que el sistema liberal imprimió a la propiedad privada, la herencia y la libertad asociativa y con ello al emprendimiento privado y la propiedad de las fuerzas productivas como base de la economía privada. Los sistemas económicos neoliberales se caracterizan por el amplio y libre desarrollo de la economía privada aún a desmedro de cualquier otra forma económica.

4. La economía comunitaria en sus orígenes como forma dominante de producción social puede históricamente ubicarse en comunidades anteriores a la consolidación del Estado como modelo de organización económica social. Por la naturaleza agraria de las comunidades pre estatales resaltamos el carácter de la propiedad comunitaria de la tierra o la “no propiedad de la tierra” entendiendo que la no propiedad de la tierra está fuera de todo atributo mercantil y que recupera su natural estado de bien para usufructo a favor de la colectividad sin fines de lucro. La economía comunitaria es la forma de economía que funcionalmente debe desarrollarse y potenciarse para sustentar la base de una organización social productiva ajena a relaciones de explotación de la mamo de obra y de las formas alternativas a las de la producción neoliberal o liberal.

Una primera idea que salta a la vista es que tres de las formas económicas de la economías plural responden a construcciones del modelo liberal y economía de mercado a diferencia de la economía comunitaria que en si misma no tiene un desarrollo sostenible a lo largo de las historia de las sociedades organizadas en Estado. La organización economía social cooperativa tiene un componente de cambio en la organización económica social y un viejo componente restaurador del sistema en la organización de economía cooperativa.

Apreciaciones políticas sobre la organización económica del Estado Plurinacional.

Descriptivamente es menester reconocer la importancia de contar con un Título en la CPE dedicado a la Organización Económica del Estado con las generalidades de las cuatro formas de organización de la economía plural, sin embargo la normativa constitucional no es lo suficiente amplia y precisa en sus conceptos. Desde la cotidiana dinámica económica se establece un acuerdo implícito al juego en el mercado en abierta competencia interna entre el emprendimiento estatal y el privado, obviando la creación de una ruta jurídica coactiva a favor de la organización económica comunitaria y social cooperativa y que actúe sobre las instancias competentes del área económica y productiva obligando a cumplir el mandato constitucional a mediano y largo plazo; sobre todo como organización económica estratégica del “vivir bien”.

La coyuntura en ese sentido demanda la necesidad de un tratado oficial de desarrollo teórico alternativo y creativo aplicable en el Órgano Ejecutivo con objeto de marcar ruta en el desarrollo de la economía plural ubicando funcionalmente las cuatro formas de la economía, esto para tomar parte activa en la economía desde un modelo de economía comunitaria y social y romper con el monopolio del dogmatismo teórico de regulación de los precios por el mercado y del sistema de desarrollo económico mercantil y financiero boliviano.

Ante la carencia de una legislación que encamine y proyecte a la economía comunitaria de manera estratégica, lo que se devela hasta ahora es que la regulación de precios es trazada en las calles de manera que la práctica política de los actores económicos cuando ejercen presión para conseguir una demanda particular ente el gobierno, hace suya esta responsabilidad enraizando el modo de producción capitalista que en términos constitucionales significa negar vías jurídicas que ayuden a la transformación orientada desde la normativa en vigencia.

El Gobierno, como siempre, cuando las determinaciones política y ahora económicas las toman loa actores en las calles, no puede conducir nada, ni recurriendo a la represión. Esta realidad mas de una vez a puesto al gobierno en problemas, y en el caso de las demandas de implementación de política económica estatales el gobierno - en cuanto a la aplicación de principios sobre la regulación de precios en productos de primera necesidad - no ha ido más allá de improvisadas intensiones para finalmente someter sus productos con precios regulados al imperio mercantil de la oferta y la demanda.

Oferta, demanda, subvención y regulación de precios

Uno de los ejes con los que se caracterizó al neoliberalismo en el mundo globalizado es la supresión del rol regulador del Estado en las finanzas y el comercio, es decir que un componente del neoliberalismo se pone en manifiesto en Bolivia cuando desde políticas públicas y normativa jurídica el Estado no interfiere el proceso financiero y comercial del interés de capitales transnacionales y por el contrario ayuda a este proceso a asentarse. El DS 21060 consideró este aspecto en una de sus finalidades y en los hechos mas concretos significó que los precios de toda mercancía podían fluctuar en la lógica mercantil de la oferta y la demanda y en palabras de Carlos Marx “la oferta y la demanda no regulan más que las oscilaciones pasajeras de los precios en el mercado”, esto significa que desde la oferta y la demanda se puede explicar por que el precio de un artículo en el mercado sube por encima de su valor o por el contrario baja pero de ninguna manera explicar y menos determinar el precio de una mercancía. Lo que puede hacer la oferta y la demanda al entrar en equilibrio, y libre de cualquier especulación, es encontrar el precio real de un mercancía, en todo caso solo puede encontrar un precio real en el mercado y no el precio determinado por el proceso y costo de producción en si mismo. El precio de una mercancía que descubre la oferta y la demanda en situación de equilibrio parte de un proceso de cálculo virtual que reconoce el esfuerzo productivo y finalmente de manera real determina el valor de una mercancía sustentado en los costos de comercialización y traslado del punto de producción al centro de comercialización entre otros costos de menor importancia como la conservación y cuidados dependiendo de la naturaleza de la mercancía.

Como ejemplo para acercarse mas a explicaciones sobre el comportamiento de la oferta y la demanda en la economía boliviana respecto a la regulación del precio de una mercancía se puede recurrir a la determinación del precio de los hidrocarburos en el momento que se elevó en el mercado en aproximadamente el 80 % con el Decreto Supremo 0748 de diciembre de 2010, decreto que después de movilizaciones populares en su contra fue abrogado por el Gobierno central. Curiosamente un nuevo precio después del aumento de los hidrocarburos lo impuso de manera directa una situación de conflicto y no la oferta y la demanda.

Volviendo al tema, con el aumento del precio a los hidrocarburos desde el DS 0748 se buscó explicar en primera instancia la necesidad de anular el déficit de 380 millones de dólares del año 2010 comparado con la subvención del año 2008 y en segunda la necesidad de incrementar la producción de líquidos en el país incentivando a las empresas de exploración a explotar más petróleo y por ende aumentar la producción de derivados como el diesel y la gasolina.

En el fondo se puede ver que estas explicaciones no tenían nada que ver con la regulación del precio de los hidrocarburos por el mercado a través de la oferta y la demanda, pero desde la oferta y la demanda el Gobierno explicó el aumento recurriendo al precio internacional principalmente al precio de los hidrocarburos en los países vecinos. Al caso viene dos preguntas: ¿Actuó el mercado como regulador del precio de los hidrocarburos o por el contrario el Estado es la instancia de regulación de precios en función a factores de tipos social y político?

Cuando el Estado a través de YPFB cuenta con el monopolio de la producción y comercialización de los hidrocarburos en el mercado interno no queda mas que concluir que es YPFB quien tendría la capacidad de determinar el precio de los hidrocarburos en función a criterios de costo y de ganancia, a decir de cualquier empresario se debe tener un estudio y un seguimiento a los costos y ganancias y con ello determinar el precio, pero si nos remitimos a los aumentos en los precios de los hidrocarburos encontramos que dicho aumento corresponde a las alícuotas establecidas a partir de costos de transporte y comercialización y no así a un estudio sobre los costos de producción, hasta ahora no se conoce cuanto cuesta la producción de un barril de petróleo o de un litro de gasolina, pero se conoce supuestamente el costo de su transporte y comercialización que se traduce en las alícuotas establecidas a los hidrocarburos, lo que hace complicado definir hacia donde se dirige la subvención y en caso de hacerlo a donde se le quita, si a la producción, refinación, exploración o comercialización.

En la opinión pública los bonos Juancito Pinto y el Bono Dignidad para estudiantes de primaria de Unidades Educativas del sistema público y para el universo de personas de la tercera edad registradas respectivamente se otorga desde las ganancias generadas por la venta de los hidrocarburos, lo que supone ganancia e ingresos positivos. Ahora si la venta de los hidrocarburos genera ganancias, ¿Cómo se genera las pérdidas en la subvención del mismo producto? La explicación lógica es que la subvención no es tal y mas bien se trata de inversión en alguna etapa de la producción, posiblemente en la etapa más débil. La comercialización en el mercado interno de diesel y gasolina producido en Bolivia es rentable y genera altas ganancias, de eso no debe haber duda incluso es posible que genere ganancias para aumentar el ahorro interno y las reservas nacionales.

Pero entonces lo que ocurre cuando se hace referencia a la subvención, es que por la insuficiencia de producción para la demanda interna, se compra gasolina y diesel a países a un precio mayor al precio establecido por los costos de producción, transporte y comercialización que realiza YPFB para el mercado interno, si es así por qué no se invierte en refinerías para elevar la producción de diesel y gasolina y satisfacer la demanda interna, para que en función a las leyes y principios de la competencia, la oferta y la demanda YPFB incluso pueda terminar con la competencia y obligue a las empresas petroleras a bajar el precio de la gasolina y el diesel. Todo hace ver que, a).- cómo el mercado nacional es tan reducido comparado con el mercado en los países vecinos, su influencia en el mercado regional con cantidades necesarias producidas para satisfacer la demanda para el mercado nacional y algún excedente para el mercado vecino es insignificante y sin gravitación alguna. Y lo será no por el ámbito reducido del mercado que dispone YPFB sino porque YPFB es productor para el mercado interno de un producto que genera ganancias en sus ventas, pero al mismo tiempo es comercializador a pérdida del diesel y gasolina que no puede producir para la demanda interna, y lo compra de Brasil o la Argentina, b) que el precio lo determina el costo a nivel internacional del petróleo y YPFB no cuenta con el petróleo suficiente para refinar y producir gasolina y diesel con costos que le permitan tener ganancias y no verse en la necesidad de compra y venderlo a precio subvencionado, lo que en definitiva llevaría a la conclusión de que los pozos petróleo son insuficiente y se debe invertir mas en exploración y explotación de petróleo, y c).- que cuando se habla de mercado energético no se puede ajustar a las reglas convencionales del mercado de la oferta y la demanda sino de necesidades de desarrollo productivo y distribución de bienes para satisfacción común.

Lo que demandaría la lógica del mercado es copar la demanda o jugar con lo que se tiene a costa de pérdidas constantes para cerrar la empresa y dejar que la ciudadanía compre a precio de mercado. La subvención altera esta lógica y distorsiona toda regulación en los precios.

Distorsión de la oferta y la demanda en el caso de la regulación de precios

Una primera distorsión que genera la subvención es que no habiendo competencia interna se quiera suponer un mercado que regule el precio de los hidrocarburos desde oferta y la demanda, es ilógico concebirla en este caso como ley aplicable en el campo económico si el monopolio o el control de la exploración, explotación, traslado y comercialización lo tiene la empresa estatal YPFB.

A YPFB y al Estado plurinacional le toca ver que la gasolina, el gas natural, el diesel mas otros productos derivados son parte de un proceso que idealmente debe desarrollarse en el ámbito de la organización económica social sino comunitaria, recuperando valores y principios que la CPE establece para el vivir bien y dejando a un lado el criterio de que el precio de los hidrocarburos los determina el mercado.

Los países desarrollados saben que no es el mercado de la oferta y la demanda que en rigidez determina el precio del petróleo, talvez la fluctuación, pero el precio se determina desde el poder y hegemonía de las potencias económicas – militares. Las guerras por el petróleo responden a esta necesidad. Así el precio del petróleo y de los principales energéticos es sustancialmente diferente en su determinación a lo que sería para el azúcar, el maíz o soya frente. El precio del petróleo esta determinado por la tenencia, el control y el flujo que este puede tener en función a necesidades de dominio económico – militar y posicionamiento geopolítico internacional. Esto ocurrirá siempre con cualquier mercancía que sea de demanda universal.

Así como los principios newtonianos son válidos en un rango donde la masa se mantiene constante para velocidades menores a la de la luz, entonces también los principios de la oferta y la demanda tienen sus límites no solo políticos, sino también en la particularización o universalización de las demanda.

Para seguir explorando el tema de la regulación, la demanda y oferta en Bolivia y el proceso de cambio se puede tomar otro ejemplo; el tema de la producción, traslado y comercialización del azúcar. Para el caso el Gobierno a través de EMAPA no tuvo el monopolio y menos el control de la producción, trasporte y comercialización; en términos económicos actuó como otra empresa en competencia con la Empresa Privada y desde esta posición desventajosa en el mercado y ventajosa en tanto Institución estatal, quiso regular el precio del azúcar rompiendo la lógica de la oferta y la demanda en el mercado. Las preferencias de exportación que por decreto gozada EMAPA y las trabas interpuestas a la Empresa Privada no fueron herramientas eficaces para controlar el precio del azúcar y menos regularla de manera sostenible. Todo intento fue inútil y el resultado a mas de desgastar la gestión política y económica del Gobierno central, después de más de dos meses de especulación y agio con el azúcar, donde se supuso el ocultamiento del azúcar no solo de parte de comerciantes sino del la propia empresa estatal, se resolvió las colas de compradores y la carencia liberando el precio del azúcar al mercado. Después de mas de 30 días de conflicto y presión de productores y comerciantes en las calles, EMAPA torció la mano. Los comerciantes mayoristas y minoristas finalmente determinaron parámetros y ajustaron el precio del azúcar desde la oferta y la demanda que en los hechos significó la negación del rol regularizador del Estado, algo semejante pasó con el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda que frente al aumento de pasajes por el transporte público se vio imposibilitado de regular y optó por deslindar parte de su responsabilidad a los gobiernos autónomos municipales y departamentales pese a que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización le asigna la responsabilidad de establecer parámetros reales para el costo de pasajes.

Vemos que las leyes que permiten la fluctuación de los precios de la mercancía esta expuesta a las condiciones que la relación Estado y sociedad determina y en ese caso el precio no fluctúa solamente por la acción de las leyes mercantiles de la manera pura como se la muestra en teoría, sino que aparecen dos contrarios que se pelean no por el mercado, sino por el poder y la competencia reguladora.

Para el caso del pan de batalla el precio fue consensuado entre representantes del Gobierno y de la asociación de panificadores, el precio del pan cuya elaboración y componentes es subvencionada no es un mérito de la función regularizadora del Gobierno, ya que, como se dijo mas arriba la subvención distorsiona el mercado sobre todo si lo que se quiere como Estado es regular el precio final al consumidor.

Un precio acordado por dos partes, en este caso panificadores y Gobierno reconocen implícitamente que se están moviendo por la regulación del mercado ya que los ajustes de precios se hace en función del precio de la harina en el mercado con la salvedad que el Gobierno paga una parte y otra los panificadores, pero en función a la ganancia esperada por los panificadores y de la cual no se beneficia el Estado, ni siquiera a través de los impuestos que pueda generar la actividad económica.

El caso de EMAPA junto la crisis de la producción del cemento debe ser analizada desde la viabilidad de la producción y las ganancias que generará a toda empresa estatal luego que en su comercialización el precio inevitablemente tendrá la fluctuación que el juego en el mercado impone a través de la oferta y la demanda.

Estos hechos junto a otros de menor impacto público en el presente año dice claramente que el mercado puede regular fluctuaciones de los precios de los productos de primera necesidad abstrayendo la diversidad de los procesos productivos, de comercialización y transporte, y que la política por el control de precios que supuestamente maneja el Gobierno es improvisada e imprecisa. Con estos ejemplos queda claro que el mercado de la oferta y la demanda no se mueve de manera regular y con resultados predecibles cómo muchos economistas liberales en función de gobierno y en oposición quieren hacer ver, el mercado no regula el precio de las mercancías ya que desconoce cualquier subvención y proceso productivo.

Por otro lado si el estado se adhiere a la lógica económica competitiva desde el rol de empresa, es viable en la etapa de producción en virtud a disponer de capital pero en la comercialización no tiene frutos más allá de distorsionar la regulación de los precios en el mercado de la oferta y la demanda. El Estado en estas condiciones no regula los precios de las mercancías pero si se somete a la presión de sectores que se enfrentan para respaldar el libre desarrollo del la oferta y la demanda.

Como primera conclusión sobre el tema se debe empezar a manejar la idea de que el mercado no es la única etapa final del proceso que va de la producción al consumo; que la economía social y comunitaria está en la tarea de desarrollar una nueva forma de llegar al consumidor, que la subvención es una política social que responde a necesidades sociales y no de mercado y que finalmente el agua y la energía no son mercancías sino bienes de uso y consumo, pero que el capitalismo y el imperialismo los enajena en función a su intereses de dominación y hegemonía política, económica y militar.

Dialéctica de la lucha de clases en la normativa de la economía plural.

Con argumentos que van desde el ámbito político, económico y hasta religioso las posiciones que tienden a esclarecer teóricamente la economía plural, sin pruebas reales ante la ausencia de procesos sistematizados y evaluados, se puede ir afirmando que un conjunto de opiniones desembocan en el criterio general de que la economía plural es un sistema de desarrollo productivo puestas en práctica aun de manera empírica, partiendo de especificaciones funcionales constitucionalizadas de cada una de las cuatro formas de la economía plural hacia el desarrollo normativo estatal transitorio.

Así que las cuatro formas de organización económica al ser evaluadas como etapas de un proceso o como formas de distinta finalidad se tendrá que bifurcar en dos miradas, uno como un proceso de desarrollo económico fundamentado en los diversos complementarios donde una forma es menos sin la otras y una de ellas es mas con las otras, y otra como el desarrolla normativo y argumental en torno a cuatro formas económicas en antagonismo en el proceso de iguales y contrarios donde una de las formas económicas debe cobrar predominancia sobre las otras para, como dice la CPE, mejorar la vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. En general para abordar las miradas sobre la economía plural y en particular de la organización económica comunitaria se debe empezar por mostrar partes fundamentales de la normativa constitucional en el tema.

Implícitamente la CPE para organizar la economía plural la disgrega en dos grupos; el primer conformado por la economía estatal y la privada, el segundo por la comunitaria y la social cooperativa. En esa lógica desaparece la igualdad jurídica y es remplazada por una organización económica jerarquizada que va de lo fundamental y estratégico a lo complementario y secundario. En el artículo 309 de la CPE se descubre lo estratégico y fundamental de la organización económica estatal sobre las formas comunitarias y social cuando dice que esta “cumplirá el objetivo de administrar los servicios básicos de agua potable, y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas”; el lineamiento puede traducirse en otros rubros productivos y no sólo el de servicios.

Además de la organización estatal hay espacio estratégico reservado por la CPE a la organización de la economía privada que reconocida y protegida por el Estado pueda contribuir al desarrollo económico, social y fortalecimiento de la independencia económica del país sin acumular poder tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado.

La idea central, al margen de las imprecisiones y uso de términos de manera imprecisa en la CPE, es que la economía plural en la mirada del actual Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo del Estado Plurinacional es la organización económica que impulsa formas estratégicas de organización económica estatal y privada y como complemento a estas, de manera secundaria impulsar formas de organización económica comunitaria y economía social. Esta mirada refuerza toda economía de mercado debilitando roles reguladores del Estado poniendo en riesgo el desarrollo de emprendimientos colectivos de la organización económica comunitaria y social.

¿Cómo entendemos la economía comunitaria? Al buscar la viabilidad de una organización económica comunitaria y social en el Estado Plurinacional es prudente hacerlo considerando su antagonismo con toda formas de organización económica privada y no desde su rol de complementariedad, dicho de otra manera , la forma de organización económica privada tiene en la forma de organización comunitaria y social su principal antagónico si se considera no solo la organización económica en su ámbito productivo, sino en la conformación de nuevas formas de relacionamiento de intercambio de productos o de la distribución de bienes. Se trata de buscar en la organización económica comunitaria el eslabón que permita relacionar la organización comunitaria en su fase de organización productiva con la organización económica de intercambio, que remplace la lógica del mercado y de la oferta y la demanda.

Aclarando la idea expuesta en el párrafo anterior nos encontramos con pensadores marxistas que proponen organizaciones productivas alternativas a la empresa privada, cuya realización de su producto o mercancía finalmente no la apartan de todo el pensamiento y lógica mercantil. Esta visión limitante hace que desde el espectro de las transformaciones económicas no se distingan las vías racionales que sustenten la viabilidad de la organización económica comunitaria y social. Por ejemplo el proceso de estatización de la economía estratégica del Estado Boliviano muestra un camino de organización productiva que enfrenta y disputa hegemonía a la organización económica privada nacional pero al entrar al campo de la realización de la mercadería, su producto terminado lo somete inevitablemente al mercado de la oferta y la demanda, con operadores mercantilizados y hasta en relaciones laborales de explotación, lo que finalmente muestra a la oferta y demanda como la indestructible forma de regulación de precios, y a la producción capitalista como la única forma viable de producción para salir del subdesarrollo. Esto lo palpamos con la producción cooperativa de minerales, en prestación de servicios, productos de agrupaciones productivas comunitarias y lógicamente toda la producción estatal y privada.

Frente a todo ello la Organización económica comunitaria debe producir bienes para distribuir o intercambiarlo; no para llevarlo al mercado, solo en esa medida se puede entender que la organización económica comunitaria y social sea entendida en el antagonismo de la lucha de clases

La organización económica comunitaria debe negar el rol regulador del mercado en tanto no debe ser productora de mercancías sino de bienes y servicios en la mirada del vivir bien.

El Estado a través de su organización institucionalizada en concordancia con la producción generada desde la economía estatal puede jugar un rol regularizador desde la mediación mercantilizada, es decir establecer precios desde indicadores de accesibilidad y de necesidad del vivir bien.

El sistema plural debe empezar a explora desde la organización económica comunitaria y social las formas y contenidos de relacionamiento económico que suplante las formas asalariadas de producción, la explotación de la fuerza laboral y la acumulación y concentración del capital en pocas manos.

Pero no solo explorar desde las formas y contenidos de la organización económica comunitaria, sino desde las cotidianas demandas de propiedad de la tierra y los medios de producción y el aporte del sistema financiero a la producción nacional a través de préstamos al emprendimiento individual, el potenciamiento de la pequeña y mediana empresa, por poner algunos ejemplos.

Disfunciones con la organización económica comunitaria.

Para introducirse al campo normativo de la organización económica plural se tendrá que debatir en el parlamento y legislar los temas de desarrollo, agrario, industrial, comercialización entre otros. Existe el criterio en sectores afines al gobierno que la organización económica comunitaria tiene un alcance rural y que este debe responder a la seguridad y soberanía alimentaria, pero eso no debe ser así, ya que la organización económica comunitaria debe abarcar el conjunto productivo del Estado plurinacional.

Se tiene muchos ejemplos para analizar la viabilidad de la Organización Económica Comunitaria al igual que ejemplos para ilustrar disfunciones entre el concepto que se pueda construir para el desarrollo de la economía comunitaria en un contexto de impulso a la economía estatal que compite con la economía privada. En este contexto competitivo se está confundiendo la organización económica comunitaria con a).- el impulso de proyectos productivos de organizaciones sociales y organizaciones campesinas que requieren el apoyo del gobierno, b).- con el emprendimiento estatal en la industria y c).- con el control de precios y subvención en productos específicos.

Por ejemplo; en referencia a la propiedad y el saneamiento de tierras ejecutado por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria INRA se tiene al frente una legislación que no vas allá de la titulación de la propiedad agraria individual que fomenta la organización económica privada y convierte a la tierra en mercancía. La propiedad de la tierra de pequeños productores agrarios, de los viejos terratenientes o empresarios agroindustriales desde el trabajo jurídico del INRA se convierte en mercancía que es utilizada para especular y desarrollar operaciones financieras. La propiedad de la tierra desde el saneamiento y titulación se ajusta entonces a la categoría de propiedad liberal y de uso en la forma de producción capitalista.

Para el caso de la producción agraria la organización de la economía comunitaria no debe concebir a la tierra categoría alguna de propiedad; ni individual ni colectiva, esto en el sentido de que la tierra debe ser trabajada para beneficio común y desde su capacidad de uso, de producción social y comunitaria. La tierra para la economía comunitaria debe tener un valor de uso, no de cambio, no sometido al mercado de la oferta y la demanda. Sin propiedad individual o colectiva de la tierra se incorporará en la organización económica comunitaria la racionalidad de la producción; la planificación en función a necesidades y no en función a ganancias; el cuidado al medio ambiente, el uso de tecnología apropiada y mecanismos creativos para cumplir nuevos fines de distribución y sacar el producto definitivamente del ciclo de producción capitalista, que como se decía mas arriba supone la exploración de nuevas formas y mecanismos de llegada al consumidor desde la etapa productiva sin llegar al mercado de la oferta y la demanda. En los términos que impone la legislación sobre la propiedad privada o colectiva de la tierra, el desarrollo productivo solo puede darse para fomentar e impulsar la organización económica privada, cooperativa o estatal pero no para desarrollar la organización económica comunitaria.

En el tema industrial el impulso a la economía estatal en competencia con la empresa privada se da con ejemplos de la fábrica de cartón (Cartonbol), la procesadora de lácteos (Lactosbol), la fábrica de papeles (Papelbol) y otras empresas estatales de reciente creación. Se trata de empresas pequeñas inspiradas en la competitividad productiva y la disputa de mercado con la empresa privada, pero su creación no es para ser empresas productivas comunitarias, sostenibles y sin fines de lucro, eso no se da, y por ser pequeñas empresas existe la gran probabilidad de sucumbir ante el poder de la empresa privada nacional o transnacional, esto debido a la falta de políticas de regulación de la competencia entre empresas y por falta de un tratado económico serio que enfoque la transformación del modelo de organización económica capitalistas hacia la organización económica plural. La economía plural desde el impulso de pequeñas empresas industriales estatales se verá en grades dificultades si se busca que desde la organización económica estatal se pueda fortalecerse la competencia con la empresa privada nacional o transnacional.

En el tema de comercialización con EMAPA se tiene que en razón jurídica de Empresa de Apoyo a la Producción Agraria se introdujo a competir en el área de comercialización generando efectos negativos en el sector productivo privado haciendo que la producción sea insuficiente y se tenga que recurrir a la importación de azúcar. Erróneamente se atacó competitivamente a sectores productivos desde la comercialización, paralizando el proceso productivo y fortaleciendo el proceso de comercialización, el Estado podría haber tenido otro resultado si la competencia la hubiese desarrollado desde una empresa productora de azúcar y no desde una instancia de comercialización que finalmente terminó en apertura a la importación y no de fomento a la producción. Hoy se intenta enmendar este error desde acuerdos con la empresa privada y pequeños productores de caña a condición de producir azúcar a precio preestablecido antes de la producción, esto de nuevo no tendrá efectos positivos debido a que la batalla por el precio del azúcar fue ganada por los pequeños y medianos comerciantes que impusieron a la empresa privada y al Estado su preferencia por el mercado de la oferta y la demanda que incluye el contrabando y la importación legal. El Ministerio de Desarrollo Económico y Desarrollo Plural cae una vez mas en improvisaciones de organización económica y confunde y enfrenta a la producción planificada con la comercialización regulada, la proyección de costos con la imposición de precios. En meses se verá si bajar el precio del azúcar de 9 Bs. a 6 Bs. es posible sin movilizaciones gremialistas y sin ocultamiento y especulación que ocasione una nueva situación de conflicto. Determinar el precio del azúcar sin pasar por el mercado de la oferta y la demanda sería posible si la producción del azúcar sería monopolizada por la empresa estatal, que no es el caso, y con el Ingenio en Buenaventura no matará a la empresa privada para tener dicho monopolio.

Por hora queda una ruta que explorar y esa es el de la organización económica comunitaria con el presupuesto de que es ella la que rescata el principio constitucional del vivir bien.

La Paz, 10 de mayo de 2011

EN TORNO A LAS 10 TAREAS URGENTES DEL MSM

2010-12-08T14:50:00.000-08:00

EN TORNO A LAS 10 TAREAS URGENTES DEL MSM[1]

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

El Consejo Político Nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) en días pasados evaluó la situación nacional para proyectarla al próximo año. El eje de preocupación del MSM es enfocar los errores y falencias gubernamentales y marcar cuatro desafíos: Económico – Productivo, autonómico, institucional y plurinacional para reconducir, defender y desplegar el proceso de transformación.

Del encabezamiento de la solicitada, las primeras conclusiones a la que se llega es que el MSM propone posicionar un discurso o línea de acción política desde los errores y falencias del Gobierno Central, pero sin desarrollar específicamente un sólo error o falencia y menos aún sin explicar las implicancias nocivas de los errores y falencias en el proceso. Al MSM habría que recordarles que no todo error lleva al colapso de un proyecto, y por el contrario el error analizado permite ver el objeto buscado con mayor claridad, eso lo sabe cualquier persona que hace ciencia. Usar el error y la falencia como puntos de ataque al Gobierno, lleva al MSM a la ambigüedad y a la demagogia discursiva, primero porque notoriamente maniobra el discurso para que la población lo relacione con demandas no atendidas por el Gobierno, pero que no deja de ser en similitud a las demandas no atendidas por el Gobierno Municipal de La Paz, dirigido por el MSM; y segundo porque las falencias del Gobierno no son ajenos a las falencias de gestión municipal del 2006 al 2010, años que se mantuvo la alianza MAS – MSM y por supuesto a los de la gestión actual.

Con 10 tareas urgentes el MSM intenta deslindar mediaticamente responsabilidades a nivel de gestión nacional y ofertarse ante la población con un maquillaje de opción alternativa. El MSM intencionalmente omite reflejar el análisis de su participación en la pasada gestión del Gobierno Central y del Gobierno Municipal para difundir solamente el apoyo al proceso constituyente y al Cambio. Esta omisión se proyecta en una ruta estratégica de intervención política semejante en sus fines buscados al empleado por las fuerzas conservadoras que interfirieron en la Asamblea Constituyente. La fuerzas conservadoras priorizaron un afán por desgastar al MAS sin hilar propuestas claras para el proceso constituyentes a más de aquella consigna de una nueva Constituyente sometida a la vieja CPE. En esa lógica el MSM busca maximizar los errores y falencias del Gobierno bajo el supuesto de poder desgastarlo y en función a ello proponer implícitamente una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, un nuevo Ejecutivo y tres años de trabajo político para ganar esos espacios.

Hubiese sido prudente que el análisis del MSM plantee inicialmente las contradicciones principales y secundarias (capital – trabajo, países ricos - países pobres, campo - ciudad, democracia participativa – partidocracia, Revolución – Restauración, Institucionalidad – caudillismo, etc.) y las vías posibles a su superación en continuidad y profundización del proceso de cambio, así podría encontrar razones válidas para superarlas. Pero centrarse en las falencias y errores del Gobierno es palabrería estéril para un movimiento que presume ser alternativo. No analizar profundamente las contradicciones del presente periodo y del proceso de construcción estatal está convirtiendo a los activistas del MSM en operadores políticos funcionales de la jerarquía municipal y en portavoces involuntarios de sectores conservadores y reaccionarios que se esfuerzan por reorganizar sus tentáculos de explotación, servilismo al imperio y al capital.

A continuación veamos algunas características de sus 10 tareas urgentes presentadas en una solicitada:

Pluralismo democrático y vigencia plena de las libertades y los derechos humanos.

El MSM afirma que se debe restablecer, defender y ampliar el pluralismo, las libertades y los derechos humanos. Al MSM es necesario hacerle notar que el MAS y las fuerzas que aportan al cambio piensan en ejercerlas y ampliarlas, sólo al MSM y a los propietarios de los medios de comunicación se les ocurre defender lo que se debe entender como una conquista del proceso constituyente y cuya implementación no depende de la gestión ni de concesiones del Gobierno “intolerante” sino de la transformación institucional y la organización social. Lamentablemente el MSM se pierde en sus disputas de poder y no racionaliza el proceso de construcción del nuevo Estado, salvo que, lo que se quiera en verdad sea restablecer el viejo Estado de Derecho.

El MSM afirma rechazar el autoritarismo estatal y se preocupa por la imposición de la autoridad desconociendo la naturaleza de todo Estado. Si insiste en este punto el MSM que proponga abiertamente la abolición del Estado y la organización de la sociedad en formas no estatales.

El MSM rechaza las persecuciones judiciales, porque defiende acaso la libertad de autoridades corruptas y de ciudadanos que desfalcaron las arcas del Estado. Sería más serio, para entender su posición al respecto, si concretamente rechazara el proceso al alcalde potosino destituido o al proceso que se puede abrir en contra de Suárez o Costas. Así se sabría con más precisión lo que quiere decir con rechazar la persecución judicial.

En el primer punto termina afirmando que se debe consolidar, desarrollar y ampliar las formas de democracia representativa, directa y comunitaria definidas en la constitución; eso lo tiene que hacer todo partido, agrupación o movimiento político. Bien por el MSM que acuerda su sometimiento a la CPE. En el mismo párrafo suena interesante su propuesta de eliminar la burocratización y prebendalización de cierta dirigencia social y sindical. Lo óptimo fuese que su recomendación sea para toda la dirigencia social y sindical incluyendo los dirigentes controlados y militantes del MSM.

Revalorización de la Asamblea Legislativa y la Deliberación Pública.

Sería honesto y político decir, “Prepararnos para desplazar al MAS y copar los curules legislativos en las elecciones del 2014”, porque eso de Revalorizar suena a menosprecio al Órgano Legislativo Plurinacional en razón a los dos tercios de asambleístas del MAS en el OLP. El MSM sataniza el Voto Consigna cuando el MSM aumentó el caudal de sus votos en La Paz con la consigna en contra del MAS. Además, debe saber el MSM que el proceso constituyente se ha forjado en base a consignas revolucionarias construidas históricamente más que en base a procesos racionales y profundas elucubraciones ideológicas debatidas y deliberadas previamente por la totalidad de los partidos políticos. La CPE ha sido parida desde imaginarios, consignas y construcciones revolucionarias, y seguirá así por mucho tiempo. O sea que no es nada pertinente atacar al adversario satanizando la consigna como forma de cooptación de votos.

Restablecimiento de la legalidad democrática y el voto popular en los municipios.

¿Y cuándo se fue la legalidad, cuándo se suspendió el voto popular en los municipios? Esta tarea parece habérsela copiado de un panfleto de la década del 70, de la época de las dictaduras militares. No es correcto concluir que la destitución de un Alcalde por actos imputables sea interpretada como si hubiese sido suspendido el voto popular, el funcionamiento del Concejo Municipal o del Órgano Ejecutivo Municipal.

Sufragio universal para la elección de magistrados e institucionalización de empresas y entidades públicas.

La elección de Magistrados está establecida en la CPE y se lo hará por voto universal previa preselección por dos tercios de asambleístas del Órgano Legislativo Plurinacional. Esto corre para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. Velar por su cumplimiento es responsabilidad no sólo de los partidos políticos, sino de todos los ciudadanos. Respecto a completar los vocales del Órgano Electoral, eso también es responsabilidad de los órganos legislativos departamentales, y en el caso de La Paz no hay problemas, en todo caso el MSM no tiene bancada a quien deba instruir en los departamentos donde aún falta completar vocales.

La institucionalización de las entidades públicas es necesaria, sin embargo, en este punto el MSM debe ser claro ya que las máximas autoridades de las instituciones, para algunos casos la CPE establece que serán designadas de ternas propuestas por la ALP (Defensor del Pueblo, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, Presidente y Directores del Banco Central de Bolivia), otras serán designadas directamente por el Presidente (Procurador General del Estado) y de otras la CPE nada dice sobre la designación (YPFB, COMIBOL, ENTEL, Servicio de Impuestos Nacionales, de la Aduana Nacional y otros). Dentro este mandato constitucional las designaciones asumidas por el Gobierno Central no son inconstitucionales y en todo caso el MSM está en pleno derecho de velar para que no se viole las norma constitucional.

Consolidación y fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos e impulso a las autonomías indígenas.

El proceso autonómico está en curso y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es la norma que orienta y regula este proceso. Independientemente de una opinión particular sobre la LMAD, corresponde a los Gobiernos Autónomos preocuparse por la elaboración de sus estatutos y Cartas Orgánicas y será un aporte al fortalecimiento y consolidación del Estado Autonómico que el MSM en los Territorios donde controla el Gobierno Autónomo Municipal empiece a mostrar resultados para ser consecuente con esta tarea urgente. Que presente al la Asamblea Legislativa Plurinacional su propuesta de Carta Orgánica y aporte a la elaboración del Estatuto Autonómico de La Paz.

Revalorización de la función Pública y la lucha contra la corrupción e ineficiencia.

Se debe revalorizar la lucha contra la corrupción e ineficiencia, afirma el MSM, despolitizando los procesos jurídicos. Preguntamos cómo sugiere que se despolitice si los imputados son los que lo politizan cuando intentan cubrir actos de corrupción y conspiración desde un acto eminentemente político; el voto popular y la democracia participativa, eso para el caso de autoridades electas y destituidas por procesos instaurados en su contra por corrupción y manejo indebido de fondos y recursos del Estado. Para los nuevos servidores públicos, en caso de corrupción identificada, corresponde a la ciudadanía iniciar procesos y si el MSM está consiente de esta necesidad es hora que empiece a instaurar procesos contra quienes deban hacerlo y dejar de lamentarse vanamente por lo que no quiere hacer pero lo plantea como tarea urgente.

Desarrollo económico – productivo verdadero

El MSM exige encarar de una vez la agenda económica productiva, es justa su preocupación, que sin duda es la misma preocupación que se genera en los ámbitos gubernamentales, lo que no parece atinado es decir que el Gobierno ha decidido ocultar ilegal e indefinidamente los informes sobre los nuevos volúmenes de gas y petróleo, y que su bancada no haga nada en la Asamblea Legislativa para confirmar o pedir informe al respecto.

Fuentes de empleo permanentes y lucha efectiva contra la desigualdad y la pobreza.

Se debe exigir el cumplimiento del programa de Gobierno ofertado en 2009, dice el MSM, impulsando el proceso de industrialización, responsable con el medio ambiente de nuestros recursos naturales como los hidrocarburos, el hierro y el litio. El MAS piensa lo mismo y lógicamente la población conocedora de las necesidades de desarrollo.

En lo que el MSM se diferencia en este puntos es que en materia monetaria su postura se identifica a la de la Empresa Privada y Cámara Exportadora, no confía en la valorización de la moneda nacional y lista una serie de peligrosos efectos como la ampliación de la informalidad de la economía boliviana, el desempleo encubierto y otros que seguramente con la devaluación de la moneda nacional, para el MSM sería mas confiable. ¿Qué propone en materia monetaria? ¿Devaluación de la moneda nacional para evitar efectos peligrosos?

Seguridad y autoabastecimiento alimentario

En este punto hace notar las dificultades y los inconvenientes que atraviesa la producción alimentaria y plantea un acuerdo estratégico productivo entre productores campesinos, comunidades agrícolas y empresarios agroindustriales donde el Estado incentive la producción y los mercados, y defina las estrategias de desarrollo productivo. Este planteamiento es extremadamente liberal y al parecer quiere quitarle al Estado las responsabilidad estratégica de ser parte fundamental en el ciclo productivo para reducirlo a incentivador de producción y mercado, seguramente el MSM quiere que subvencione la producción en las comunidades y a la empresa privada en igualdad de condiciones y que después entregue los recursos naturales a capitales privados.

Definición y efectiva lucha contra el narcotráfico

Se debe redefinir la lucha contra el narcotráfico, la producción de cocaína y el consumo de drogas, dice el MSM. Sería beneficiosa esta afirmación si al menos acompañara un eje de redefinición. En Colombia y Ecuador el fenómeno es mas preocupante y cualquier entendido en el tema sabe que para estos tres países su lucha no depende únicamente de la acción de interdicción al narcotráfico por las fuerzas policiacas, sino de la capacidad de neutralizar el crecimiento de la demanda y control en los países consumidores y esto lamentablemente escapa a las posibilidades y recursos nacionales. El mercado internacional “incentiva” al narcotraficante y ese es un punto que lamentablemente el Estado boliviano tiene que absorberlo como único culpable a los ojos del imperio y de los opositores internos.

Conclusiones necesarias

La publicación de los diez puntos del MST a propiciado explicaciones e interpretaciones de sus líderes sobre la mirada que se tiene de sectores potenciales en la vida política del país, una de ellas es haber posicionado el deseo de ser considerado como una segunda fuerza política después y en oposición al MAS, si eso ocurre entonces se estaría materializando un fuerte desplazamiento del eje discursivo hacia la izquierda, de manera que las fuerzas más conservadoras estarían obligados a aliarse con los Sin Miedos y lógicamente consolidar un partido socialdemócrata en reedición del viejo y extinguido MIR, que obligaría al MAS a fortalecer el proyecto revolucionario desde miradas revolucionarias y en proporción al espíritu de transformaciones profundas y radicales marcadas en el proceso constituyente. Si el MAS no asume revolucionariamente los cambios y se alimenta de miradas y militancia amorfa y se disputa sólo espacios con el MSM, talvez su destino sea una nueva fuerza socialdemócrata y entonces para el pueblo boliviano se dibuja al frente otros tantos años para esperar por la nueva revolución democrática y cultural.

La Paz, 08 de diciembre de 2010.

[1] Sigla del Movimiento Sin Miedo. Ex aliado del Movimiento Al Socialismo MAS y ganador por tercera vez de las elecciones municipales en La Paz.

PROYECCION POLITICA Y BALANCE 2010

2010-09-04T10:22:00.000-07:00

PROYECCION POLITICA Y BALANCE 2010

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Después de una etapa que obligó a la oposición a replantear sus estrategias de acción política y al oficialismo a escarbar la realidad en busca de nuevos emprendimientos, la coyuntura se presta para bosquejar la realidad política y ensayar una proyección política y un balance del proceso de cambio desde la gestión gubernamental y las tensiones y relaciones políticas entre el gobierno, las fuerzas políticas opositoras y los movimientos sociales, entendiendo que estas últimas (las tensiones y relaciones) ayudan a identificar la fuerza política o instancia institucional que lleva o puede marcar una nueva iniciativa para (re)encaminar el proceso de cambio. Cabe suponer que hay fuerzas políticas que se oponen al cambio y finalmente esperan que el esfuerzo ajeno los potencie o que los errores y desmanes de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo MAS lleve al gobierno hacia una virtual pérdida del monopolio discursivo en favor del cambio.

Igualmente la coyuntura condiciona a que el ciudadano esté alerta o persuadido a identificar una nueva fuerza política con opciones a instalarse como vanguardia del cambio, sin desechar que puede aún destinar esfuerzos para reencaminar el proyecto del MAS y el Programa de Desarrollo Nacional (implementado por el Gobierno central) hacia el proceso revolucionario sustentado en la normativa constitucional.

Expresamente, y como avance de especulación del proceso de cambio, en virtud a las condicione y las rutas legales por la que tienen y vienen atravesando las transformaciones políticas y económicas, cabe cuestionarse si los partidos políticos deben mantenerse en la línea instrumental o cambiarse a la institucional. Concretamente la pregunta es si el MAS debe mantener su máxima de ser Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos o debe ser la instancia institucional que liderice el proceso de cambio. Salomónicamente se podría decir que ambas, pero sería un error, ya que al optar por lo institucional demanda negar la esencia que alberga el concepto y estrategia del instrumento político para ampliar el espectro de acción política hacia lo económico y social a través del Gobierno central.

Posicionamiento político ante la coyuntural configuración política.

En función a los cuatro años anteriores, por ahora queda la certeza de que las relaciones y tensiones políticas con las que el gobierno dinamizó su acción política han cambiado debido a la naturaleza diversa de los sectores a los que el Gobierno central se ha visto enfrentada en la primera mitad del presente año. Un análisis crítico en las esferas gubernamentales (si hay intensión de hacerlo) debe partir considerando que las alternativas estratégicas, que sirvieron para enfrentar a grupos de poder regional, logias y cívicos de la media luna, no son adecuadas para aplicarlas ciega y cerradamente para construir hegemonía aprovechando la demanda sectorizada y regional en la que participan movimientos sociales y sectores económicos y políticos diversos (Menos aun tratar de meterlos en la misma olla en la que se cocinó el debacle de las fuerzas reaccionarias).

Algún analista podría esforzarse por encontrar semejanzas o parecidos y al lograrlo lo mas probable es que llegue a conclusiones que lleven a repetir la vieja receta liberal (muy útil en la lucha por el control del Estado) que se sintetiza en al “Acatamiento de la Ley” y la respectiva imputación al desacato o la violación de la misma. Pero ¿Qué Ley es confiable y aplicable a fines estratégicos de transformación social y empoderamiento de la sociedad en circunstancias en que la legitimidad de las leyes está en tela de juicio, no por sus efectos mismos, sino porque el proceso viene caracterizado por los cambios de la estructura jurídica del Estado Plurinacional?

Con lo anterior, es importante poner en evidencia tres conjuntos de hechos dinámicos que ayudarán a profundizar el análisis del presente político ya sea para viabilizar el proceso de cambio dentro una gama de intereses que buscan posicionar un nuevo liderazgo en la nueva configuración política en continuidad al proceso constituyente o viabilizando el liderazgo hacia la restauración de la vieja normativa y las viejas relaciones y estructuras de explotación y exclusión social.

1. Liderazgo personal frente al institucional.

Una primera manifestación que el momento arroja como elemento precedente a conclusiones es que el proceso de cambio ya no se asienta en el liderazgo personal o caudillista, en la misma magnitud y significancia cualitativa con la que se asentaba durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, de los procesos de consulta popular por las autonomías, del revocatorio de mandato de autoridades ejecutivas electas y de las elecciones de autoridades nacionales y gobiernos autónomos ocurridos entre el 2006 y 2008. En ese entendido se constata que el momento de Cambio a favor de las grandes mayorías nacionales no se cualificará desde el potenciamiento o debilitamiento de caudillismos políticos regionales o nacionales sino desde liderazgos institucionales asentados en las regiones y con impacto en el ámbito nacional. Esto supone visiblemente un sesgo preferencial de la ciudadanía hacia la aceptación de una nueva institucionalidad positivada que supere en si misma los remanentes y resabios de las prácticas dictatoriales heredadas de las épocas de gobiernos militares, de corrientes golpistas y de los periodos de democracia liberal que ignoraron el valor de la participación social en las decisiones estatales.

2. Degradación de la calidad normativa revolucionaria.

Un segundo hecho refleja la degradación del impulso revolucionario que se generó a partir del 2000, centrado en la construcción normativa del Estado Plurinacional, donde la CPE y la construcción de su contenido fue movilizador y entendida en su conjunto como una ruta revolucionaria, propia y en legitimidad de una nueva organización estatal en concordancia con las aspiraciones de las mayorías marginadas y excluidas históricamente.

Hoy, las nuevas normativas en construcción no movilizan favorablemente a los votantes y actores del cambio, al grado de generar una especie de catalepsia y acriticidad con argumentos justificados en la fidelidad al liderazgo del presidente Evo Morales. Los que se movilizan lo hacen para cuestionar el contenido normativo propuesto por el nivel central, desde el Órgano Ejecutivo y Legislativo principalmente. Es evidente que la normativa en su esencia revolucionaria se degrada a medida que se avanza desde las leyes orgánicas y leyes derivadas del texto constitucional. En esta mirada se constata que el curso del cambio pierde sus atribuciones de transformación revolucionaria encaminada a crear relaciones sociales, económicas y políticas igualitarias y armónicas con el Vivir Bien.

Este proceso de degradación o descomposición revolucionaria, como no podía ser de otra manera, mantiene callados a los grupos de poder económico porque los relocaliza favorablemente en la estrategia de desarrollo económico, pero altera los ánimos de los radicales del movimiento obrero y campesino porque los mantiene como mano de obra expuesta a relaciones asalariadas de explotación regularizadas por Estado pero en protección de la Empresa Privada y la Empresa Estatal mas que la protección social de la fuerza de trabajo.

3. Conflictos y demandas que ignoran el Plan Nacional de Desarrollo y viceversa.

Un acontecimiento que se suma a los dos anteriores viene de los conflictos y las demandas regionales hacia el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos.

Definitivamente las demandas y exigencias sectoriales y regionales, en voces de sus actores sindicales, corporativos y asociativos de diversa índole denotan el desconocimiento o desacuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo PND. En las actitudes de los negociadores institucionales como los ministerios y sus entidades dependientes se detecta la falta de recursos políticos y metodológicos de persuasión para encaminar el proceso de cambio desde el Plan Nacional de Desarrollo. Estos hechos muestran que el Plan Nacional de Desarrollo elaborada el año pasado no está acorde a la nueva normativa y los desafíos de la nueva realidad económica política y social y que su elaboración no responde a las expectativas que el proceso de cambio generó en los movimientos sociales y sociedad civil.

El Plan Nacional de Desarrollo tendría que ser al menos reformulado y divulgado en las regiones, los gobiernos autónomos, los movimientos sociales y la sociedad civil, con el sentido de preparar una plataforma de negociación permanente. Lo que se ha visto estos últimos meses es que las movilizaciones radicales en torno a las demandas regionales y sectoriales han sido resueltas con compromisos gubernamentales que no los cumplirán, uno porque no existe el presupuesto destinado por el Tesoro General de la Nación; dos porque ningún Servidor Público asumirá la responsabilidad al margen de determinaciones y presupuestos institucionales; y tres porque la necesidad sectorial y regional está subordinada a las necesidades de desarrollo productivo nacional. Esta claro entonces que toda atención a la demanda social pasa por cambiar la matriz de planificación productiva del Estado Plurinacional.

Viabilidad del nuevo liderazgo.

El liderazgo del cambio, se dijo mas arriba, ya no viene de la mano del caudillo o del liderazgo personal. La diversificación de las demandas de sectores y grupos sociales y la relación formal de la sociedad con el Estado en condiciones de igualdad jurídica ha sentado nuevas bases para institucionalizar la ruta de desarrollo y la vía de la demanda social en miras a superar medidas de comercialización y presión que afecten el interés colectivo. Por ahora ya se intuye que la solución a la demanda social no se viabiliza a partir de decisiones unilaterales sino desde decisiones con respaldo institucional. Lo contrario expone al caudillo a juicios de responsabilidades y otros. Esto es lo que debe comprender la sociedad civil y los movimientos sociales y sobre esto debe elaborar su estrategia de participación social. El movimiento revolucionario debe estar atento, alerta y ser “revolucionariamente” consecuente para impregnar de principios, ideología y ética a las normativas en construcción. Cabe afirmar que las condiciones coyunturales están plenamente adecuadas para desarrollar liderazgos institucionales sostenibles y declarar un receso a toda forma de caudillismo.

En cuanto a la institucionalidad estatal, esta debe ser revolucionaria, revolucionar relaciones interinstitucionales y marcar ruta de transformación política, económica y social, dejando de ser engranaje instrumental de dominación, explotación y expansión del poder. En otras palabras la institucionalidad para ser revolucionaria debe dejar de ser restauradora del viejo sistema constitucional. Una Asamblea Legislativa que restaura el viejo Estado será siempre contrarevolucionaria.

Finalmente, el Estado Plurinacional será un Estado fuerte y solido en tanto revolucione y proyecte el fortalecimiento de la institucionalidad (sometimiento institucional) a vías, programas, normas, derechos, obligaciones creadas colectivamente y en consenso. El sometimiento institucional a las leyes no debe ser sinónimo de sometimiento del ciudadano a las leyes, sino el ejercicio de ciudadanía apegado a un (nuevo) orden constitucional.

La Paz, 04 de septiembre de 2010.

ENTRE LA DEMANDA Y LA ACCION POLÍTICA

2010-08-20T06:16:00.000-07:00

ENTRE LA DEMANDA Y LA ACCION POLÍTICA.

Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte

Es prudente especular sobre el conflicto en Potosí caracterizándola como Cívica – Política y considerando dos ejes de análisis. El primer eje debe mantener la certeza de que los movimientos sociales y la ciudadanía en Potosí fueron movilizadas con demandas legítimas (demandas postergadas a lo largo de los últimos años), y el segundo eje reconociendo la acción y presencia de fuerzas político partidistas mimetizadas en los debates y deliberaciones orgánicas para direccionar las movilizaciones hacia objetivos particulares y concretos.

¿Cuáles son los componentes de estos dos ejes de análisis?

Un componente que estampa el debate mediático, en todo el tiempo que duró el conflicto, es que el equipo de ministros que asumió la responsabilidad de negociar en representación del Gobierno Central miró el componente político y centró su análisis en el caso de suspensión del alcalde René Joaquino y la acción de sus seguidores. Es innegable que la irrupción violenta de partidarios de René Joaquino durante la sesión del Consejo Municipal del 27 de julio obligo al equipo ministerial a centrarse en este hecho que a voces tuvo el fin de evitar la suspensión a la autoridad electa y en consecuencia preparar hacia adelante una serie de acciones improvisadas en rebeldía a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para mantener en el cargo al ejecutivo del Gobierno Municipal.

De las declaraciones del presidente del Comité Cívico Potosino (Comcipo) se sabe que los activistas del Gobierno Municipal de Potosí y seguidores de Joaquino participaron en la movilización mimetizados en las organizaciones sociales y en las demandas del pueblo potosino. De los debates en el Consejo Consultivo Potosinista, es sus determinaciones y condiciones exigidas para abrir el diálogo con el gobierno se recupera que los activistas de Alianza Social (AS), buscaron posicionar una dura defensa de facto para preparar condiciones que justifiquen manifestaciones y actos violentos y evitar la destitución de Joaquino. Esto último no ocurrió y el 18 de agosto, a dos días de los acuerdos entre Comcipo y el Gobierno, el Concejo Municipal procedió a la suspensión del Alcalde que fue protestada en horas de la mañana por un pequeño grupo de mujeres desde una huelga de hambre y que en horas de la tarde fue levantada a sugerencias del propio René Joaquino.

Para marcar líneas estratégicas, si bien, el equipo ministerial tuvo la necesidad de seguir el hilo conductor del análisis político centrado en la suspensión de Alcalde potosino y la resistencia por parte de sus adherentes y militantes de AS, se concluye que este punto de vista fue válido antes del 27 de julio y lo que se dio a partir del 17 de agosto, en el intervalo que comprende estas dos fechas el eje de análisis tendría que haberse caracterizado desde lo cívico y reivindicativo regional, pero eso no lo entendió el equipo ministerial y se movió y razonó dándole continuidad a un hecho meramente político. Solo así se explica la falta de atención inmediata a las demandas de los cívicos y la de los pobladores de Coroma (Tema de límites municipales), el crecimiento acelerado de las movilizaciones y la radicalización de las medidas de presión. Explica además el por qué aquellas organizaciones potosinas que al iniciarse las medidas de presión se oponían y hasta repudiaban las determinaciones del Comcipo, a los dos o tres días fueron protagonistas importantes de los bloqueos, el cabildo y la determinaciones radicales en el Consejo Consultivo. (Juntas vecinales, mineros cooperativistas, ayllus y otros).

En un contexto confuso en sus inicios, el pueblo potosino se movilizó improvisando mecanismos y recursos provistos de su vida cotidiana y en la medida que avanzaba el conflicto y el gobierno negaba y desconocía el valor democrático y cívico del mismo, se generaron las condiciones para que el pueblo asuma la conducción de la huelga indefinida. Entonces el mando el debate y deliberación se posicionó en las calles, las carreteras y los centros de concentración pública. Los dirigentes del Comcipo pasaron a ser rehenes de las masas. Las masas se enfrentaron participativamente al Estado y a toda una estructura ideológica de mando central. Las masas en su avanzada más radical movilizaron e instauraron por una semana un régimen organizado de defensa contra el Estado. Potosí durante la segunda semana de huelga fue “Organización Social” y no Estado, por eso reclamó la presencia y el respaldo del líder y no la representación institucional del Estado. Las masas, cuando repasaron su historia, cultura e identidad, miraron integralmente a “Su Potosí” y potenciaron su facultad organizativa y desarrollaron la capacidad de tomar decisiones con criterio colectivo, esto fue mas allá de lo que pudo imaginar Joaquino, sus seguidores y el Gobierno Central. El salto cualitativo de la movilización a la organización separó la maniobra política de la demanda regional para beneficio del equipo ministerial que vio finalizado toda resistencia a la suspensión de Joaquino.

El pueblo potosino marcó rumbo y agenda en el conflicto, dentro los límites de la democracia participativa y directa y se constató que si el gobierno quiso “disciplinar” a sus votantes, como plantea un analista, el caso no se dio. Igualmente si el gobierno uso la estrategia del desgaste, tampoco le resultó.

Finalmente se tiene que afirmar que el proceso constituyente tiene que ser reconducido desde la propuesta y la acción de las masas para superar las contradicciones de la economía neoliberal y revertir la restauración de la vieja institucionalidad liberal.

PROYECTO HEGEMÓNICO EN CRISIS

2010-08-12T14:16:00.000-07:00

No se trata de ser un experto en temas de conflictividad y demandas regionales para concluir que la relación y la alianza del Gobierno Central con de la Federación de Comunidades Interculturales de Caranavi, con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, con el Comité Cívico Potosino que afilia a mineros, cooperativistas, gremiales juntas vecinales y otros, con sectores no organizados de la sociedad civil y movimientos sociales en general están deterioradas y experimentando un quiebre crítico.
La alianza deteriorada se manifiesta (entre otras tantas) en el desconocimiento como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Caranavi del Senador Fidel Surco, en los reclamos al Movimientos Al Socialismo por no corresponder al apoyo electoral de las organizaciones campesinas, indígenas, originarios, obreros, maestros, gremialistas y otros que por el momento mantienen latente su exigencia de renuncia de cinco Ministros de Estado y observaciones a proyectos de código y leyes. La alianza se deteriora desde actos de oposición al curso estratégico de la gestión gubernamental. Por otro lado el quiebre crítico está en el respaldo incondicional de los legisladores potosinos del MAS al Comité Cívico Potosino que encabezó el paro cívico mas prolongado (mas de dos semanas en permanente radicalización) de los últimos años en contra de un gobierno central, en la huelga de hambre de legisladores indígenas en apoyo a las demandas de los pueblos indígenas durante las jornadas de la VII Marcha Indígena, en la exigencia por la profundización del proceso autonómico indígena originario campesino y el aumento de sus escaños a la Asamblea Legislativa Plurinacional demandado por la CIDOB. Este quiebre crítico también está manifiesto en la demanda y reclamo por una efectiva participación propositiva de la ciudadanía en el proceso de redacción, socialización y consulta de las leyes orgánicas y leyes fundamentales que se sancionan y promulgan en el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo respectivamente. En definitiva el primer semestre (Febrero – Agosto) de gestión del segundo periodo del Gobierno de Evo Morales está caracterizado por un deterioro de las relaciones del Gobierno con los movimientos sociales y por un quiebre crítico a la gestión gubernamental de la sociedad en su conjunto, esto significa que las alianzas del Gobierno Central con los Movimientos Sociales se debilitan y la Gestión del Cambio se muestra tímida comparada con las expectativas de las mayorías ciudadanas del Estado Plurinacional. En términos populares, los reclamos y las posturas críticas expresan y dan vigencia al viejo eslogan de “Mas de los mismo”.

¿Que explica la alianza deteriorada y el quiebre crítico?
• En principio explica una gestión política acrítica a la correlación de fuerzas, que desvaloriza a un sector significativo de los gestores del cambio y modifica el rumbo revolucionario trazado (a mediados de la década presente) por los movimientos sociales, organizaciones obreras y las corrientes revolucionaria del MAS. Se deduce entonces la valorización y la incrustación de actores políticos amorfos y económicamente neoliberales en mandos ministeriales y mandos medios del aparato gubernamental.
• La alianza deteriorada explica el predominio en el Órgano Legislativo y Ejecutivo de una fuerte y consolidada corriente restauradora del viejo sistema de administración del Estado, que hace que prime el acatamiento de la ley recurriendo al carácter coercitivo del Estado por encima de la apertura amplia al ejercicio de la libertad y del Derecho individual, colectivo y de los Pueblos Indígenas. Esto explica consecuentemente la tendencia por fortalecer el sistema de gobierno centralista desde un cuestionado apoyo a la profundización de la descentralización y la implementación inmediata de los Gobiernos Autónomos.
• El quiebre crítico justifica el reclamo del bloque Cívico Prefectural de la media luna a la gestión Gubernamental y en consecuencia abre la brecha en el occidente para posicionar el liderazgo de sus exponentes en la implementación institucional de los gobiernos autónomos departamentales.
• El quiebre crítico posiciona a grupos opositores de la línea katarista, marxista y corrientes de izquierda como constructores de una nueva opción que refleje la oposición al Gobierno, retomando discursos radicales en contra de asociaciones de poder económico, estructuras políticas con representación legislativa conservadora y clases medias liberales. Esto pone al MAS en un centro estático entre dos corrientes contrarias y dinámicas que empiezan a desarrollarse y caminar impulsados mutuamente en su rol de oposición.
• El deterioro de la alianza del Gobierno con los movimientos sociales descubre la descuidada proyección política para generar nuevos liderazgos políticos y poner los aparatos ideológicos al servicio de un fin revolucionario que proyecte las finalidades del nuevo Estado hacia las elecciones de 2015 y lo que viene después y en aplicación a la Constitución Política del Estado.
El resultado de todo este conjunto de eventos y situaciones políticas, junto a otras no expuestas en el presente escrito marcan escenarios favorables al reacomodo de fuerzas políticas y la configuración de un nuevo espectro partidista en miras a las disputa del poder político a nivel nacional y regional, adelantando y evidenciando que el proyecto de hegemonía del MAS entra en crisis y consecuentemente obliga a la oposición a trabajar en base a proyectos y propuestas nacionales y regionales, y demanda en el MAS y el Gobiernos reajustes estratégicos en el tratamiento de las demandas sociales y el conflicto.

La Paz, 12 de agosto de 2010

VOTOS ESCAÑOS Y DEMOCRACIA

2010-05-13T08:45:00.000-07:00

A la espera del debate y la redacción de propuestas de Ley Electoral del Estado Plurinacional que norme la elección de autoridades nacionales y regionales, se tendrá necesariamente que anteponer hechos que a lo largo de las últimas elecciones generaron conflicto y terminaron en consensos o definitivamente no superaron los disensos en temas electorales.
La Ley Transitoria Electoral del 14 de abril de 2009 (Ley 4021) y posteriores normativas y reglamentaciones emanadas de la Corte Nacional Electoral hasta antes de las elecciones de abril de 2010 ha sido sometido a dos pruebas que lo ha dejado malherida. La Ley 4021 de ser transitoria tendrá que pasar a ser solo un recuerdo, sin embargo hay aspectos de ésta que se debe tomar como referente para avanzar en la nueva Ley Electoral, no por lo que ella misma contiene sino, porque desde la aplicación y ejecución de esta Ley se ha identificado contradicciones en cuanto al valor y contenido del voto ciudadano, la asignación de escaños y el ejercicio democrático.
En otros escritos ya analizamos el sentido de las circunscripciones especiales y el duro camino que tuvieron que recorrer y aun lo hacen los Pueblos y Naciones Indígenas Originario Campesinos en el tema de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional y ahora en los órganos Legislativos de los gobiernos autónomos. De 34 escaños propuestos se bajó a 15, luego a 14 y finalmente terminaron en 7 asambleistas a nivel nacional. En lo departamental el recorrido de los escaños especiales no fue puesto en debate, y de demanda mayor atención para la Ley que se debe aprobar hasta julio del presente año. Algo parecido esta pasando con las representaciones territoriales y nacionales.
En una generalidad de análisis, el diseño de la Ley Electoral Transitoria expone una compleja modalidad de asignación de escaños a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a los Órganos Legislativos de los Gobiernos Autónomos en base a resultados del voto obtenidos desde tres modalidades. a).- de manera territorial o circunscripcional (Una circunscripción = un representante) b).- poblacional y en proporción al total de votos (Representantes en proporción a totales de voto) y c).- por derecho de minorías poblacionales elegido mediante usos y costumbre; proclama pública, asamblea, cabildo, etc. (Número de representantes determinados por ley).
Ninguna de estas tres modalidades de asignación de escaños para la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal guardan relación de dependencia a través del número de votos, de tal manera que los votos o nominaciones que se computan sirven para la asignación de escaños en relación directa a su modalidad y no se bifurcan o concurren en un mecanismo de asignación común.
Así se tiene que el sistema de elección de miembros de los Órganos Legislativos es complejo y no simple debido a dos componentes, uno cuantitativo y otro cualitativo. Lo cualitativo marca una ruta de asignación de la representación desde la decisión individual del voto, la decisión colectiva de la nominación y la legalidad del voto secreto individual y del voto público. En cuanto al componente cuantitativo, se da desde la suma de votos y el uso de estos en la asignación de escaños que en un caso establece fidelidad proporcional en la asignación de escaños y en otro no, en este último caso sometido a una particular metamorfosis.

Proporcionalidad real de votos y escaños
Se da en el caso de los votos para el Órgano Ejecutivo (Presidente y Vicepresidente, Gobernadores y Alcaldes). De un total determinado de votos obtenidos por una fuerza política y en relación al total de votos válidos se establece proporcionalidad entre los votos y la asignación de escaños. De esta lógica se debe esperar que un partido político que obtuvo el 35 % de votos, tenga una representación equivalente al porcentaje de votos.
Si para el Órgano Ejecutivo se obtuvo el 45% de votos, es totalmente racional que la distribución de escaños sea proporcional al porcentaje de votos obtenidos y de acuerdo a cifras repartidoras y normas establecidas en la Ley. Esta modalidad se denomina elección de candidatos por población. En esta modalidad se aplica la lógica de un voto un ciudadano en la elección y en la asignación.

Metamorfosis de la proporción porcentual en la ruta del voto a la asignación de escaños.
Se da en el caso de elección de candidatos por Territorio o Circunscripción. En este caso la proporcionalidad sufre una metamorfosis que va de una mayoría relativa del voto a una mayoría absoluta de asignación de escaños. Así desde el cálculo de votos obtenidos por los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas se establece una relación de porcentajes de votos relativos en función a un total de votos válidos y se asigna un escaño al que obtuvo la mayoría relativa. Es así como se da la metamorfosis del porcentaje de representación, una mayoría relativa de votos se convierte en una mayoría absoluta de escaños; un 35% o 43% u otro porcentaje en cuanto mayoría relativa se convierte en 100%.
Esta conversión es radical. Algo mas recatado se dio en el caso de la elección y asignación de escaños en la Asamblea Constituyente. Es ese caso se hacia referencia a dos mayorías donde la primera mayoría relativa de votos se convertía en un 66.7% de escaños y la segunda mayoría relativa en el 33.3%. En números naturales significaba dos escaños para la primera mayoría relativa y un escaño para la segunda mayoría relativa por territorio o circunscripción. En la asignación de escaños para el Senado desde la derogadas CPE ocurría algo.
Esta conversión altera cualquier proporción que venga de la suma de escaños por territorio y escaños por población, por la misma conversión, pero también por la independencia del voto de una opción con la otra. El ciudadano tiene la opción de votar de manera cruzada o de manera lineal, es decir para el caso poblacional votar por un partido y territorialmente hacerlo por otro, y se complica toda valoración si se da el caso de que territorialmente un partido no tenga candidato territorial.

Escaños proporcionalmente determinados
Es el caso de los escaños especiales o escaños asignados a las minorías de los pueblos Indígena Originario Campesino que la Ley 4021 determina una cantidad fija. No tiene la vía clásica del voto ciudadano hacia la Asignación de escaños, sino que la asignación antecede a cualquier forma de selección. La forma como se ha ido llenando estos escaños es de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo en minoría en unidades territoriales autónomas. Este porcentaje es variables a nivel nacional y en los niveles autonómicos.
Históricamente esta modalidad fue concebida comp. Propuesta hacia la conformación de una Asamblea del Pueblo propuesta por el presidente Juan José Torres en 1971. Una Asamblea con representación corporativa. (Cada sector socioeconómico con representación asambleísta)

Un falso dilema: Porcentajes ponderados y porcentajes por población.
Militantes de la Agrupación Unidad Nacional plantean el dilema de Votos por población frente a Asignación de Escaños.
Para abordar este tema se puede suponer notas ponderadas semejantes a la que los maestros del sistema escolar asignan a sus alumnos. Supongamos 10 puntos para el desarrollo personal, 30 puntos para los aprendizajes aplicados y 30 puntos para conocimientos teóricos conceptuales Sumados hacen 70 puntos (Pensemos entonces en 70 escaños). En porcentajes a 10 puntos de 70 le corresponde 14% a 30 puntos de 70 le corresponde el 43% que sumados a los otras 30 puntos se llega al 100% Entonces un alumno puede tener los puntos ganados de la siguiente manera, pensemos que en el caso de 10 puntos obtenga ocho, (Circunscripciones especiales) para el caso de los primeros 30 puntos obtenga el 40%, eso se traduce porcentualmente a 12 puntos (escaños plurinominales) y en el caso de los otros 30 obtenga 28 puntos (escaños uninominales). En total se tiene 48 puntos que en porcentajes respecto al total de 70 puntos (escaños) representa 69%.
Lo que se ve ahora es que el único cálculo que se hace en proporción poblacional es de 30 puntos, solo para una parte. Los otros son asignados directamente y no por proporción de votos. Pues entonces es claro que solo en casos extremadamente particulares, el total de puntos va a coincidir con el porcentaje de los 30% asumiendo que esos pueden relativizarse al 100%.
La oposición a través de su huelga de hambre, quiere convertir el 30%, en 100%. Los votos con los que obtuvo el parcial 40 % lo comparan con el 100% y concluye que con esos 40% solo debía tener el 40 por ciento de los 70 puntos es decir 28 puntos (28 escaños) y que los restantes se los distribuya entre las minorías. Esto es un error de aplicación de la norma y una mala norma que no debe darse una nueva Ley Electoral (Artículo 38 de la Ley Transitoria Electoral)
Lo que no se debe hacer ahora es confundir la normativa para asignación de escaños nacionales con la normativa para la elección de escaños de representantes de los gobiernos autónomos, tal como lo intenta hacer “Unidad Nacional” cuando quiere aplicar los incisos del artículo 38 de la Ley 4021 a la asignación de escaños en las Asambleas Legislativas Departamentales.
En definitiva, la forma de elección de candidatos es una cosa y la asignación de escaños es otra y si se quiere relacionar la cantidad de votos con la asignación de escaños, se tiene que hacer ponderando porcentajes asignados a la elección de candidatos. Esta complejidad se ha dado en las elecciones del año 1997 adelante desde las reformas a la CPE de 1994, y en estas últimas se ha complejizado mas, con ello vemos que la democracia representativa en Bolivia no se valora solamente con números y porcentajes, sino que tiene elementos cualitativos que son lo que en última instancia debe hacer a toda democracia.
Finalmente, desde los hechos políticos y las necesidades de participación democrática se puede concluir que:
• Se hace necesario descentralizar el debate y la deliberación sobre las normativas que rijan las elecciones de autoridades ejecutivas y legislativas.
• La Ley Electoral que se sancione en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe contener de manera detallada y ampliada las reglas para todo el proceso, que va desde la convocatoria hasta la entrega de resultados, pasando por el voto y la asignación de escaños a nivel central
• Para el caso de la normativa de elecciones nacionales la norma tendrá que detallarse o ampliarse desde las Asambleas Legislativas del nivel autonómico y en base a una generalidad normativa mandante sancionada en la ALP.
• La lógica de construcción institucional demanda competencias para que las asambleas regionales sean las que sanciones sus Leyes electorales Autonómicas.
Definitivamente se debe trabajar el tema de la normativa electoral persuadidos de no romper la complejidad existente, para hacerla aplicable desde las instancias regionales fundamentalmente.

La Paz, 12 de mayo de 2010

INSTITUCIONALIDAD, AUTONOMÍA Y PODER

2010-03-19T06:55:00.000-07:00

INSTITUCIONALIDAD, AUTONOMIA Y PODER

Es pertinente asumir que la construcción institucional del Estado Plurinacional con autonomías recorre un camino complejo en una plataforma constitucional abierta a la diversidad y la pluralidad económica, política y jurídica, manteniendo aun los viejos límites territoriales departamentales y municipales para estructurar las nuevas unidades territoriales autónomas definidas en la tercera parte del la CPE. Resta por ver lo que vendrá con las unidades territoriales autónomas Indígena Originaria Campesina, ya que hasta ahora los límites de Unidades territoriales indígenas son definidos desde los mismos límites municipales convertidos por Decreto y Consulta Popular en “Municipio IOC”. En lo más general entonces se tiene en la agenda que da continuidad al proceso constituyente dos aspectos vitales, el primero tiene que ver con la construcción institucional y la otra con la formulación territorial.
Para abordar el primer aspecto (Construcción institucional) se debe considerar que el texto constitucional es implícitamente un diseño de transformación institucional, que considera cuatro tipos de autonomía (Departamental, Municipal, IOC y Regional). Por otro lado, para la formulación territorial resta consolidar consensos nacionales y regionales y validar una redefinición o reestructuración territorial de nuevos límites naturales o artificiales en la estructura departamental, municipal, provincial, TIOC o regiones; mínimamente los Territorios Comunitarios de Origen TCO, o finalmente ya no tocar nada del tema, pero sería ingenuo pensar que esto no será parte del debate posterior a la implementación de los primeros Gobiernos Autónomos. De hecho el gobierno central ya tiene en cartera solicitudes de nuevos municipios y pendientes demandas de nuevos departamentos; para empezar.

La ruta autonómica en una compleja organización territorial.
Históricamente la incorporación de la autonomía en la estructura del diseño estatal tiene referentes significativos en las propuestas federalistas expuestas por parlamentarios en los años 70 del siglo XIX y principios del XX; de cívicos cruceños post revolución del 52, de políticas estatales de descentralización administrativa de los 90 adelante y de las históricas demandas de autogobierno de los pueblos y naciones IOC. Se trata de más de 120 años de demandas diversas y dispersas, en procesos discrecionales que maduraron para llegar a un periodo de crisis de gobernabilidad y aportar al colapso del sistema liberal, republicano, unitario y centralista.
Hipotéticamente, de no haber antecedido a la Asamblea Constituyente un periodo de crisis y conflicto de gobernabilidad (2003-2005), el proceso de conformación de entidades autonómicas y el ejercicio e implementación de gobiernos autónomos pudo haberse diseñado para que recorra un camino más llano, de largo plazo y con un horizonte menos conflictivo en continuidad a reajustes y reformas constitucionales como las que se dio a partir de 1985 y la CPE de 2004, pero no fue así. La secuencia de hechos marcados por la disputa del poder y las diversas miradas estatales y comunales expuestas por actores políticos históricamente validados para tal fin: Movimientos Sociales, Comités Cívico, prefecturas y pueblos indígenas, inevitablemente orillo a la instalación de una Asamblea Constituyente plenipotenciaria y originaria con 255 constituyentes que optaron por dar una justa cabida a la intuición y la pasión política en un proceso que demandaba mas racionalidad y análisis. Así con fuerte intencionalidad ecléctica se llegó a discernir y ajustar la demanda improvisada coyuntural y táctica con la demanda histórica, meditada y sustentada en las necesidades de transformación de las condiciones económicas políticas y culturales en las que se desarrolló la vida republicana y el centralismo gubernamental.
El primer ajuste de consideración y de impacto al conjunto institucional propuesto o en ejercicio se da con la desviación del reconocimiento de la autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas hacia la implementación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina, el segundo radica en la ampliación de facultades gubernativas a los gobiernos autónomos municipales sin previa demanda ni movilización intencional del movimiento municipalista, el tercero tiene que ver con la profundización del proceso de Descentralización Administrativa hacia la implementación de las autonomías departamentales y delegación de facultades gubernativas, y finalmente como un cuarto ajuste, dirigido a superar futuras crisis de gobernabilidad se da la determinación y definición de Competencias en sus cuatro formas: las competencias privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes; todas de naturaleza institucional. Es si todo constituye un conjunto de determinaciones dirigidas a promover consensos y avanzar en el nuevo y complejo diseño interinstitucional entre el nivel central y el nivel autonómico.
Finalmente después de identificar ajustes y variantes a las antiguas demandas sentidas de históricos colectivos políticos, un recuento de hechos lleva a ver que el diseño institucional no fue adecuado al diseño de una nueva “División Política” o viceversa y tampoco el nuevo diseño de las Unidades territoriales Autónomas de adecuó a las demandas de una nueva territorialización; y es que se trabajó de manera separada entre la Comisiones de Autonomía, la Comisión de Tierra y Territorio, la de los Poderes Constitucionales y Otros Órganos; imposibilitando el trabajo de compatibilización desde una redacción interdependiente entre las demandas y el cambio de entidades y unidades territoriales autónomas concebidas en la Comisión de Visión de País en la Asamblea Constituyente. Pero esto ya es historia conocida y sus consecuencias hechos reales que aun pesan en la vida política.

Dos miradas en la construcción institucional
El proceso de implementación de la CPE en algunos puntos encuentra contraposición relativizada frente a una consensuada afinidad en lo referido a los derechos y nueva configuración institucional denotando que la generalidad de la sociedad boliviana comparte “El cambio” y aceptan la propuesta de la estructura institucional de los órganos del Estado y el proceso autonómico, dentro límites establecidos, de la pluralidad, la asimetría formal, la no subordinación y la igualdad.
En razón a lo manifestado en el párrafo anterior, la coyuntura política y el avance institucional, persuade a moverse entendiendo que la construcción del Estado Plurinacional con autonomía está abierta a una realidad de desafíos políticos y de construcción institucional entre dos visiones diferenciadas aún veladamente; una que considera a la CPE una herramienta legal y legítima, con imperativos de interpretación, implementación y asimilación; y otra que no logra desmarcarse de la vieja CPE y la cuestionada institucionalidad. En razón a estas dos visiones, la primera pone al frente la necesidad de sepultar el viejo constitucionalismo al tiempo de ir desnudando un conjunto de contradicciones y verificando logros de transformación política y socio económico para el nuevo diseño institucionalidad, y la segunda desde la cotidianidad ejercita la aplicación del viejo constitucionalismo y las viejas leyes a manera de promover la restauración de la vieja y cuestionada institucionalidad.
En ese sentido y a manera de mantener latente la contradicción se evidencia que la construcción institucional estatal desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (en una primera etapa necesaria para la corriente restauradora y ala conservadora del proceso de cambio), estará oscilando entre leyes transitorias de acercamiento a la construcción del nuevo Estado y leyes dirigidas a la restauración institucional del viejo Estado, hasta que abiertamente se haga manifiesta la contradicción entre la mencionada restauración y la naciente visión que en hechos de praxis política signifique asumir el proceso de la construcción social del nuevo Estado Boliviano hacia la construcción social de la nueva institucionalidad estatal y autonómica del Estado Plurinacional.
No hay duda que el momento político exige constructores de nuevas instituciones mas que destructores de viejas instituciones, y aunque uno determina lo otro, la receta de la política artesanal boliviana del ala conservadora del cambio es evidente que dirigirá sus esfuerzos a restaurar la vieja institucionalidad y “venderla” por nueva. En esta dicotomía, al igual que en la Asamblea Constituyente el pragmatismo y el eclecticismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional se manifiesta nuevamente y la labor de construcción del esqueleto jurídico crítico al liberalismo republicano destapado por la crisis de gobernabilidad del año 2003, la vía revolucionario dirigida a constatar la muerte del viejo Estado y la difusión de marcos ideológicos y filosóficos que guíen el diseño de la institucionalidad estatal de cambio basado en la igualdad, inclusión y profundización de la democracia, que son finalmente principios que inspiraron y motorizaron la redacción del texto constitucional, corre el peligro de ser mediatizado manipulado a intereses de viejos y nuevos grupos de poder.
La Asamblea Legislativa Plurinacional como instancia suprema de la Legislación Nacional y de la Ley Marco de autonomías debe ir interpretando el texto constitucional convencido de que al frente existen tareas concretas para normar las instituciones donde se refleje el ejercicio de derecho constitucional y no el ejercicio de la represión o control. El ejercicio del derecho ciudadano o consuetudinario o de los principios y valores no son materia para normar, en cambio la implementación institucional si lo es. Normar el uso que un ciudadano le de al principio de libertad o al derecho de obtener un bien material no es prioridad legislativa como lo es la elaboración de una Ley Orgánica de la institución que vele por el cumplimiento del derecho ciudadano y el principio constitucional; por ejemplo.

Institucionalidad democrática.
Desde una particular descripción, se debe tener en cuenta que hacia adelante objetivamente se tiene la construcción de gobiernos autónomos en el Estado Plurinacional, unidos y como parte indisoluble al diseño de los Órganos centrales del Estado en una lógica de ordenamiento jurídico, vertical en términos de acatamiento normativo, pero que también por derecho constitucional se establece la determinación de horizontalidad en la decisión y participación del soberano.
El diseño del Estado Plurinacional desde la CPE lleva a interpretar que toda Ley y Norma se diseña y se elabora colectivamente, en un ejercicio democrático horizontal y a través de mecanismos creados para tal objeto (Iniciativa ciudadana, iniciativa del Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo, consulta popular, mandato constitucional, deliberación de representantes, etc.) hasta su sanción y promulgación por los entes creados para este fin. Y así como se puede concluir desde la CPE que el ejercicio funcional orgánico y administrativo vertical u horizontal es parte de un diseño institucional que puede variar de una a otra institución u Órgano estatal, también se puede establecer que la generación del esqueleto normativo y reglamentario demanda en lo posible el ejercicio de derechos constitucionales en condiciones de igualdad y en igualdad del derecho de ciudadanía.
Y es que curiosamente, pero sin ser extraño a la política artesanal boliviana, en una lógica de “bando triunfador que impone su voluntad a un bando derrotado”, se hace notorio y hasta evidente la vieja lógica legislativa basada en el predominio y manejo de la coyuntura política que pone en segundo plano los derechos colectivos y niega el sometimiento de la institución al derecho ciudadano. Se pone a la institución por encima del derecho constitucional. Coyunturalmente la institucionalidad central del Estado se da una auto-concesión política de bando ganador en la lucha de posiciones por el poder en una clara muestra de supremacía del vencedor hacia el vencido que se traduce en el permiso para imponer la voluntad del vencedor o de mayoría parlamentaria.
El avance crítico a las formas de dominación y explotación capitalista, han abierto miradas hacia la superación de criterios de confrontación y de usufructo de cualquier victoria política; y el proceso de construcción estatal boliviano ofrece la oportunidad de que la construcción institucional autonómica se subordine al derecho ciudadano, individual, colectivo y sin dudas a los derechos constitucionales expuestos en el largo catálogo del texto constitucional, de otra manera es probable un nuevo desencuentro entre el nivel central y el nivel autonómico y conflictos sociales y de identidad nacional en ámbitos autonómicos.
En ese sentido, cuando a la Ley promulgada se la entiende como producto jurídico iniciado y terminado en una única entidad o institución ganada en disputas políticas (por ejemplo la Asamblea Legislativa Plurinacional, Asamblea Departamental, Concejo Municipal, u órgano legislativo Indígena Originario Campesino) se devela que el viejo Estado aparente se restaura en respuesta a un ordenamiento estatal que expresa aún fines y objetivos de grupos o instancias organizadas de poder medibles o determinados con indicadores políticos, antropológicos o meramente económicos. Cuando, lo lógico y en contraposición con la descripción anterior, el nuevo Estado tendría que ser un proceso de construcción de la nueva institucionalidad subordinado (o sometida) al derecho, a los principios y fines constitucionales, en la medida referencial con la que se dio en el proceso ligado a la Asamblea Constituyente.
Se habla de un trabajo asambleísta intenso en la redacción y aprobación de leyes, pero igualmente se debía hacer referencia a los variados mecanismos e instrumentos de recepción de propuestas aplicados antes y durante la redacción de toda ley, acorde a lo que el proceso constituyente fue patentando. Técnicamente el trabajo legislativo será incongruente con el concepto del pueblo soberano al construir legislación solo desde el debate de sus representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y menospreciando o ignorando la representaciones y deliberaciones extra asambleísta (Ejecutivo y organizaciones sindicales; ejecutivo y ciudadanos; representaciones gremiaslistas y autoridades municipales; representaciones intercomunales, intermunicipales, interbarriales o interinstitucionales; cívicos, etc.), y sobre todo si no asume conciencia del momento de pluralidad política, económica, lingüística, cultural y proyección jurídica que se concibe en el colectivo de los actores del proceso de cambio.
Evidentemente la legislación del Estado Plurinacional transita por un espectro complejo en interacción política; y entonces ¿De qué planos de referencia o ejes analíticos se dispone para valorar cualitativamente la dispersión política e ideológica predominante en la construcción de la legislación ya sea en respuesta a nuevos paradigmas del texto constitucional que revelan signos de avance en la construcción de una nueva institucionalidad y estructura jurídica, o en respuesta a la corriente de restauración del viejo orden institucional y jurídico, reorganizado al interior de las mismas fuerzas del cambio en alianza velada con las representaciones conservadoras?
La politología aparentemente no ha sistematizado ni creado instrumentos para este fin, pero valdría la pena darse una mano desde el avance de las ciencias pedagógicas y proponer un eje de avance en la planificación, ejecución, valoración y ejecución de la normativa e implementación institucional.
En un trabajo anterior: Hegemonía, Estado y sociedad, manifestábamos que en la visión de redacción del texto constitucional del Estado Plurinacional se encuentra tres pilares básicos para el diseño institucional participativo.
Uno de los pilares está relacionado con un conjunto de Principios y valores compartidos y dinamizados en la interculturalidad, la universalidad de los derechos ciudadanos y el ejercicio del derecho natural y consuetudinario de las naciones y pueblos indígena originario campesinos hacia el “Vivir bien”. El segundo pilar lo sustenta la Revolución Democrática y Cultural que abarca la ética política y la exploración y praxis de la nobleza del ser humano para encarar la actividad pública, privada y familiar, el tercer pilar está con el gran desafío del Cambio desde la capacidad potencial de la sociedad organizada para favorecer la confianza en las instituciones, para promover y materializar la integración social desde objetivos particulares, comunes o complementarios hacia el logro de objetivos particulares de la sociedad, la institución y el Estado. También se puso en tapete de debate, el sustento natural del proceso de transformación social desde la trascendencia de la razón y la espiritualidad humana organizada, que en sus fines dentro el diseño institucional pueda constituirse en la vía que permita superar cualquier organización estatal hacia la organización social para el bien común y la convivencia armónica de ser humano con la naturaleza terrenal y el cosmos.

De la vía institucional a la toma del poder o al ejercicio del derecho constitucional.
A raíz del ejercicio e implementación de los gobiernos autónomos y con objeto de impulsar los cambios estructurales del Estado el proceso constituyente ha trazado una vía muy visible, fáctica, inmediata y sostenible. Esto lo hace desde artículo 7 de la CPE cuando establece que del pueblo emana toda función y atribución a los órganos del Poder público; y que no puede quedar sin este atributo por razones de tiempo o de otra naturaleza.
En concordancia con la opción de construir institucionalidad desde el artículo 7 se hace necesario comparar intencionalmente la construcción institucional prolongada y discreta con la viabilidad coyuntural de las teorías de la toma del poder difundida y exteriorizada en debates por los grupos de activistas opositores al oficialismo y de líderes indianistas, indigenistas obreros e intelectuales de corrientes marxistas. Se trata en si de comparar una vía de construcción institucional a partir de determinaciones constitucionales con la de la toma del poder como la única vía de superación de las contradicciones económicas y diferencias sociales.
Desde un superficial repaso, se identifica entre los críticos a la profundización estratégica e implementación de la CPE colectivos que tiene sus raíces en filosofías indianistas, kataristas o indigenista con hegemonía en el altiplano boliviano, sectores y corrientes marxistas, principalmente obreristas a nivel nacional, y otras de sectores ultraconservadores y propulsores del neoliberalismo en el occidente, oriente y chaco boliviano. En el caso de Indianistas, kataristas e indigenistas se puede diferenciar entre tendencias que defienden y promueven la economía de mercado y la libre competencia, frente a otros que no, que responden a la restitución de los ayllus y formas milenarias de organización social o incluso estatal en similitud al imperio quechua o a la organización social y territorial del Tihuanaco. El segundo grupo construye ideológicamente la vía de la transformación del Estado Capitalista al Estado Socialista, y por último el tercer grupo que es evidentemente neoliberal, anticomunista y antisocialista. Sin embargo en términos de una media se puede decir que coinciden en la necesidad de la toma del poder entendida como la toma del “Poder del Ejecutivo” y el control de las instituciones armadas, que supone el uso de estrategias y métodos de enfrentamiento armado, guerra civil y/o violencia insurreccional.
Existen variantes en el debate ya que unos que asumen un avance en el estado plurinacional frente a otros que se oponen y proponen un nuevo Estado – Nación, con hegemonía de una nación como por ejemplo lo demanda una tendencia del liderazgo aymara y sus seguidores.
Pero no todo es oposición a la construcción estatal desde la CPE, las miradas distintas están en los pueblos y naciones indígenas del oriente boliviano, que predominantemente encuentran en la nueva Constitución Política del Estado una obra suya, en la cual participaron y que si bien no retoma la CPE el conjunto de sus demandas y reivindicaciones, trabajan en el entendido que pueden ir dando continuidad a la superación de contradicciones avanzando en el cumplimiento de tareas inconclusas fundamentalmente desde la construcción de una nueva y transformadora institucionalidad.
Mas abajo se verá que el objeto del presente y las razones por la que se quiere potenciar la mirada de los pueblos indígenas del oriente boliviano que en generalidad es la mirada de los que ven en el texto constitucional una alternativa de ejercicio de derecho por encima del ejercicio de poder, reconociendo que la toma del poder en el ámbito institucional es extremadamente abstracto y es inviable debido a la debilidad y carencia de condiciones objetivas y subjetivas como a.- El Partido o movimientos distinto al MAS que dirija la toma del poder, b.- condiciones adversas a cualquier proceso insurreccional, c.- dispersión de la fuerzas opositoras, d.- pluralismo que merma cualquier postura de hegemónica entre las mayorías nacionales, y c.- otras.
Bien, si se considera que el poder está en el pueblo y que de él y solo de él puede emanar cualquier función y atributo a los poderes públicos, ¿Porqué revertir o alterar esta determinación constitucional, más si después de la aprobación del nuevo texto constitucional como norma suprema o fundamental del Estado Plurinacional el pueblo se constituyó en el portador del poder que demandan los intelectuales y activistas opositores? El poder no debe estar en las instituciones donde aun se insiste ejercerlo y encontrarla sino en el ejercicio de los derechos constitucionales y el derecho de construir institucionalidad en los gobiernos autónomos y la red de instituciones estatales. Constitucionalmente el poder no está en las instituciones públicas, y no debe estar nunca en él, más si para empezar nos apegamos al artículo 7 del texto constitucional. En los hechos existe una crítica hacia los Órganos del Estado porque actúan como poderes supremos del Estado, en contraposición a lo que nos dice el artículo 7 de la CPE. Esta crítica es justa, democrática y constitucional, pero asumir que no se está transformando y que será así por siempre, y sobre todo no esforzarse por llevarla hacia la vía trazada constitucionalmente, es despilfarrar todo el avance de estos últimos años y volver a justificar las viejas estrategias de toma del poder por la vía de la violencia.
Es completamente racional justificable por el bienestar colectivo invernar (hasta nuevo aviso) aquella teoría abstracta de la toma del poder y apegarnos a reconocer que dentro el diseño del Estado constituido somos todo el pueblo el único poder supremo establecido para cualquier tema jurídico. Existe en él una vía para entender y afrontar los problemas actuales como el de la lucha de clases y otros. El problema de inmiscuirse conscientemente en la lucha de clases, por poner solo un ejemplo, no es en el presente periodo (periodo de construcción institucional) un problema que tenga que desembocar en la “toma del poder”, es mas bien un problema que debe plantearse desde el empoderamiento de la mayorías en respeto y con las minorías en la institucionalidad y en el ejercicio de los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a ejercer el poder del pueblo, y se manifieste en el ejercicio institucional que para el caso particular y coyuntural se traduce en ejercer el derecho a ser parte fundamental en el diseño institucional y plasmar en él los interese del pueblo y no de grupos privilegiados, intereses sectarios o grupos tradicionales de poder, ni crear otros que los suplanten.
Lo que no debe quedar desapercibido en todo esto es que la discursiva obrera y de las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana, si bien no se manifiesta en condición de liderazgo, como opositores es claro que su línea de acción es mas contra un sistema que contra el gobierno y por ello su estrategia de transformación social la ira dirigiendo hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto allá radica la normativa para los cambios estructurales, las simples reformas liberales o la sola restauración del liberalismo republicano. Mas adelante esta mirada de acción se irá ampliando a la Asamblea Legislativa Departamental y al Concejo Municipal (mas a largo plazo seguramente en las entidades legislativas de las Autonomías IOC) y acá radica que el movimiento obrero participe en el desarrollo normativo de la implementación de competencias delegadas y transferidas a los gobiernos departamentales, junto al conjunto de la sociedad. Esta es la forma que demanda la coyuntura para ejercer el derecho constitucional y la construcción del poder constitucional.
El movimiento obrero ahora tiene al frente la opción de ser conductor práctico y moral de este proceso, primero por su independencia de clase en respuesta a los grupos de poder económico, segundo por ser portador de un capital ideológico acumulado históricamente y experiencia de acción organizada en instancias particulares contra la explotación y compromiso con las mayorías nacionales y finalmente porque la CPE es la mejor normativa legal para sustentar la legitimidad de la histórica lucha obrera.
Por otros lado, los movimientos sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Campesina Originarias de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia en tanto integrantes de las estructura orgánica del Movimiento Al Socialismo, se han marcado un rol diferenciado en la construcción institucional, esto en razón a que de las direcciones de los movimientos sociales emanan propuestas para designación de funcionarios públicos y nominación de candidatos que son en última instancia definidos por el liderazgo de Evo Morales y no establecido por un diseño institucional establecido constitucionalmente, como constitucionalmente tendrá que darse en el caso de los pueblos indígenas originario campesino.
Esta es la diferencia que se debe comprender, El Consejo de Ayllus y Marcas del Qhullasuyu CONAMAQ y la Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB son instancias que podrá nominar y elegir autoridades mientras esté en vigencia la CPE pero no sola ella, sino la organizaciones indígenas originarias que son parte de la CIDOB y el CONAMAQ; y va mas allá ya que esta atribución va hasta nuevas formas de organización que puedan darse al interior de los pueblos y naciones indígenas, independientemente de su afiliación partidista o de cualquier agrupación ciudadana. Este es el ejercicio de poder constitucionalizado para que de él emane por derecho el “poder público” Este poder constitucionalizado a favor del pueblo, los pueblos indígenas y originarios podrán ejercerlo como derecho sin depender que esté o no esté Evo Morales Ayma de Presidente del Estado Plurinacional, en cambio los Movimientos sociales por ahora dependen de la correlación de fuerzas y el manejo partidista de los Órganos de Poder, y será así si no se interviene en el diseño institucional con miradas propias y asumiendo que el poder está en el ejercicio del derecho y la construcción de la nueva institucionalidad en el nivel central y el nivel autonómico.
Finalmente la clase media urbana no organizada corporativamente tiende a acatar y a enriquecer toda institucionalidad racional y participativa; la institución a los largo de los últimos años ha sido una de las principales formas de interactuar con el Estado, y por ello, la clase media urbana es la menos reacia y la firme aliada para crear y trabajar en una nueva construcción institucional ya que es en las instituciones donde la clase media ha focalizado parte de su problema cotidiano y por tal razón inevitablemente lo identifica como parte de la solución, a condición de que esta sea “El Cambio” o lo nuevo, sin dejar de pensar el “Lo revolucionario”. Es en este sector donde se puede vender institucionalidad restauradora del liberalismo neocolonial como institucionalidad acorde al nuevo Estado Plurinacional. Por ellos que los explotados no pueden dejar se insistir en buscar espacios y mecanismos para ser parte viva en la construcción institucional del Estado Plurinacional y con autonomías.

La institucionalidad autonómica una vía de concertación social.
Ya entrando al diseño y construcción de los gobiernos y la institucionalidad autonómica, se entiende que por derecho todo ejercicio de la democracia, siempre particularizando al caso boliviano, se dará como suma de responsabilidades sociales compartidas por los sectores que impulsaron el cambio institucional, y en razón al planteamiento de la victoria coyuntural. La construcción institucional de las entidades autónomas del Estado Plurinacional (en esta etapa) vive la oportunidad de nutrirse y transversalizarse de teoría crítica y práctica revolucionaria en consecución a las luchas históricas del proletariado mundial y en particular del trabajador boliviano; en la ampliación normativa de una democracia inclusiva en respeto al derecho colectivo y consuetudinario de las naciones y pueblos IOC; y en la transformación individual hacia la realización de ciudadanía como portador de derecho y/u obligación arraigados desde los principios valores y fines del Estado expuesto en la CPE.
Es evidente que la construcción institucional está también en el debate mediático y la cotidianidad del discurso político y económico reflejando diversas y plurales miradas para orientar la implementación institucional de las autonomías departamentales, municipales, regionales e Indígena Originaria Campesina. Pero toda la vía, mediática o no, son principalmente expresiones debatidas en el seno de las organizaciones que en toda su amplitud sociojurídica manifiesta el testimonio de participación dentro el determinante de organización estatal y en respuesta clara a derechos, obligaciones y garantías ciudadanas en el estado Social de derecho. La sociedad organizada con legalidad sociojurídica (Sindicatos, fraternidades, corporaciones, clubes, sociedades anónimas, funcionarios públicos, etc.) son portadores de experiencias y son el capital institucionalizado concreto que enriquece el relacionamiento y ejercicio de la entidad autónoma en su forma simple.
Se trata en si de reconocer que la experiencia de diseño, regulación y ejercicio de la norma estatutaria de una organización es ya el primer aporte junto a otras formas y mecanismos de relacionamiento de la comunidad y de los pueblos y naciones IOC; en conjunto se trata de saber que el diseño institucional autonómico no parte de cero; que el antecedente inmediato existe en el conjunto social organizado, y que se complejiza al entender que ahora es también Estado y es ejercicio de poder, y que como Estado la institucionalidad y normativa tiene un principio y una base primaria de comprensión.
Para redondear esta generalidad introductoria, es necesario expresar que no hay complejidad institucional que la razón no pueda manejarla, suponiendo márgenes de cambios y ajustes permitidos en los marcos de valores y principios, nobleza humana y de desafíos compartidos colectivamente. El texto constitucional desde esa mirada debe ser comprendido e interpretado hacia la transformación de la sociedad y no hacia el anquilosamiento institucional, es en si misma el mayor desafió político de organización social y política que ofrece la historia al pueblo boliviano y a la teoría de organización social latinoamericana, por ello mismo es responsabilidad colectiva todo emprendimiento para construir institucionalidad en el Estado Plurinacional con autonomías.
Solo resta esperar que el contenido del presente ensayo sea un aporte al proceso de construcción institucional del Estado Plurinacional desde los Gobiernos Autónomos y desde la praxis política al interior del Estado Boliviano.
Finalmente, retomando lo anterior, es posible caminar persuadidos de que los nuevos actores políticos del diseño institucional del Estado Plurinacional con autonomías ajusten normativas a futuros conflictos de gobernabilidad y en lo posible encaren el curso institucional con las nuevas miradas exteriorizadas en el debate pre y post Asamblea Constituyente. Sin embargo es imperante continuar desglosando mas partes y capítulos del nuevo texto constitucional, ilustrar y exponer los alcances y la trascendencia del nuevo diseño estatal que puede a bien de la sociedad quedar sustentado desde la nueva Constitución Política del Estado. El desafío actual radica en desmenuzar el contenido constitucional y articulados para construir y ubicar conceptualmente el término de autonomía asumiendo posibles situaciones reales y compararlas con hipotéticas construcciones jurídicas.
Adelante como tarea del conjunto de trabajadores, movimientos sociales, pueblos y naciones IOC, y sectores críticos a todo sistema de colonización, explotación y dominación económica se tendrá por ahora la tarea de ampliar conceptos y desarrollarlos para acompañar y sistematizar las rutas jurídicas marcadas en las competencias delegadas o transferidas por el nivel central a los gobiernos autónomos para su implementación de manera que no sólo sea guía de legislación por materia, sino marque los aspectos que deberán tomarse en cuenta sea cual sea la mirada al cambio y transformación institucional del Estado en construcción.

La Paz, 18 de marzo de 2010

RESTAURAR O DEJAR MORIR LA VIEJA INSTITUCIONALIDAD

2010-02-12T07:08:00.000-08:00

RESTAURAR O DEJAR MORIR LA VIEJA INSTITUCIONALIDAD

Mientras entendemos que la implementación de la Constitución Política del Estado, sepulta el viejo Estado Aparente (En los términos ilustrados por el Vicepresidente del Estado Plurinacional), el debate y la deliberación en la Asamblea Legislativa Plurinacional desnuda una serie de contradicciones en la implementación institucional que posibilita normar la CPE.
Los últimos hechos con amplia cobertura mediática (Caso de la Ley Corta) acorralan a la sociedad política plurinacional en la convicción aparente de que la CPE tiene limitaciones insalvables para acelerar (algunos) cambios profundos y encaminar de manera inmediata los mandatos constitucionales. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el mandato de sancionar hasta el 6 de julio (aproximadamente) la Ley del Órgano Judicial y la Ley del Tribunal Constitucional entre otras. Las leyes orgánicas de estas dos instituciones estatales deben estar acordes a la CPE y a las necesidades de edificar el nuevo Estado Plurinacional desde el debate que ha sistematizado la CPE. En términos generales de lo que se trata es de diseñar una nueva estructura jurídica que en si misma materialice la muerte del viejo Estado Aparente y la Implementación del nuevo Estado Integral. ¿La Ley Corta aprobada en la Cámara de Diputados va acaso en ese camino? ¡No! No va en ese camino.
Y acá viene las primeras observaciones para quienes hacen política bajo la convicción de la muerte de un viejo Estado y el nacer de uno nuevo. La Ley Corta que seguramente el viernes será aprobada con los dos tercios de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no refleja en absoluto el esfuerzo y la convicción de construir un nuevo Estado. Lo que se encuentra en la “Ley Corta” son razones para revivir dos viejas instituciones liberales y reaccionarias que ya están constitucionalmente muertas. Se debe ser conciente que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia fueron inactivadas por el proceso revolucionario y de cambio estructural del Estado, pero curiosamente la Asamblea Legislativa Plurinacional se esfuerza por revivirla y revitalizarla. “La estructuración y puesta en vigencia de una ley que restaure el sistema judicial boliviano se torna imperativa en momentos en que el Consejo de la Magistratura (ex Judicatura) funciona con uno de sus cinco miembros, en medio de la catalepsia que acomete al Tribunal Constitucional. Hay un requerimiento público, una necesidad pública en el Estado boliviano que los sistemas de administración de justicia con todas las imperfecciones que actualmente tienen sigan funcionando, Sostuvo H. Arce” (ABI. 31/01/2010).
Lo que acaso se quiere (desde la cita anterior) es hacer funcionar de muevo (¿Por necesidad pública?) el Sistema Judicial (¿Con toda su imperfección?) después de haberse esforzado por desactivalo. Y si lo dice el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce, entonces de qué manera puede seguir hablándose en los Órganos del Estado ya constituidos de la muerte del viejo Estado. ¿Cómo si el Órgano sustancial del nuevo Estado Plurinacional busca legislar para acomodarse a la vieja institucionalidad renunciando a la creación o transformación de la nueva institucionalidad se puede habla del nuevo Estado?
Un amigo decía que cuando se tenga que realizar interpretaciones complejas a la CPE y elaborar leyes, lo conveniente será recurrir siempre al preámbulo y en ese sentido se debe invitar a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional recordar que se va dejando “...en el pasado el estado colonial, republicano y neoliberal” y asumir “.... el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho plurinacional comunitario...”
Reactivar las instituciones que desde la lucha revolucionaria se inactivó, es tarea propia de las fuerzas reaccionarias del poder local y del imperialismo; las fuerzas revolucionarias no deben dar vuelta atrás en la Construcción del nuevo Estado Plurinacional, y por ello trabajar confiados en que la CPE es una herramienta legal y legítima, con necesidades de interpretación y asimilación revolucionaria, pero no puede seguir siendo herramienta jurídica de la restauración de la vieja institucionalidad liberal y colonialista, como encubiertamente viene a reflejar la “Ley Corta” con el agravante de comprometer al Poder Ejecutivo en esta tarea que colateralmente propiciará el desgaste del Presidente Evo Morales y del proceso de ampliación de la democracia representativa y comunitaria. Es totalmente prudente y productivo que el Ejecutivo por la salud del Estado en Construcción rechace su promulgación una vez que haya sido recepcionada después de ser sancionada por la ALP.
Con estos puntos en consideración es responsable hacer las siguientes sugerencias:
Primero: Las instituciones que están en proceso de descomposición deben terminar de morir y ningún esfuerzo por restaurarlo es justificable en el actual proceso de la Revolución Democrática y Cultural.
La muerte del viejo Estado es explícitamente la muerte de las instituciones pilares de su sustento, pensar lo contrario llevará a suponer que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el Viejo Parlamento Nacional restaurado, y eso no puede ser así.
Segundo: La CPE permite crear instancias transitorias (sin necesidad de reactivar o restaurar instituciones reaccionarias) para llevar adelante los juicios de responsabilidad contra los funcionarios corruptos de gestiones pasadas y avanzar con procesos judiciales archivados o con retardación de Justicia. Así mientras no sea instalada Constitucionalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial (Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicción IOC, Jurisdicciones especiales), la Asamblea Legislativa Plurinacional tendría que legislar una instancia transitoria que puedan cumplir las tareas que correspondían a la vieja e inactiva institución administradora de justicia en el marco (si así se quiere) de las limitaciones que establece la Ley Corta.
Una posible ruta jurídica podría partir del artículo 158 inciso (19) que dice que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional “Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes”
Un artículo casi con el mismo tenor permitió a la Cámara de Diputados establecer una comisión de investigación al caso de terrorismo y separatismo contra el grupo de Rosza, (funciones del Ministerio Público) claro que con el apoyo jurídico de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo no será inconstitucional empezar a deshacerse de las incongruencias con la CPE que marca algunos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Pero en última instancia queda realizar una Ley Transitoria para la elección del Fiscal General, Magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional del Estado Plurinacional. Esto no está especificado en los artículos transitorios de la CPE como lo está para el caso de la Ley Transitoria Electoral, pero no por ellos será inconstitucional. De manera que si se quiere institucionalidad para administrar justicia… por ética, principio y moral revolucionaria esta debe venir de nuevos emprendimientos institucionales y no de cómodas y reaccionarias restauraciones de viejos poderes. Si las viejas prácticas legislativas no permiten a los actuales legisladores ser creativos y consecuentes con los procesos de cambio, entonces queda recurrir al derecho natural y consuetudinario comunitario para crear institucionalidad acorde a la CPE.
A manera de reflexión, se hace necesario que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional interpreten y lean adecuadamente el momento político y no dejen de consultar a las organizaciones sociales y los pueblos y naciones Indígena Originaria Campesinas, pero sobre todo sepan que la estructura jurídica boliviana tuvo su fuerza en los jueces y las instancias departamentales de la vieja institución jurídica, y si la mencionada estructura continúa y se legaliza con parches legales su vigencia institucional, entonces lo único que se habrá logrado es empezar a restaurar el viejo poder jurídico a favor de las logias y grupos de poder que manejaron Bolivia.
¿Se avizora acaso en la Asamblea Legislativa Plurinacional el enfrentamiento entre visiones revolucionarias Vs. visiones restauradoras del viejo Estado? Si, pero es posible que aun muchos asambleísta no se percaten de la oculta contradicción.
La Paz. 11 de febrero de 2010

VISION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA LEGISLACION EDUCATIVA

2009-12-31T13:39:00.000-08:00

Al buscar cambios significativos en la legislación educativa de Bolivia en la amplitud conceptual y práctica del proceso enseñanza-aprendizaje legislado es factible recocer hitos conceptuales sobre visiones colectivas y comunitarias, y ordenar los criterios dominantes que influyeron en la institucionalidad estatal, para dar respuesta a una serie de interrogantes en torno a las estrategias, enfoques y corrientes filosóficas, pedagógicas y psicológicas a la que recurrió el sistema educativo para desarrollarse en los ámbitos urbanos y rurales.
Por otro lado, para hilvanar el rol político pedagógico de la institucionalidad estatal como eje de la aplicación de las leyes, se debe preconcebir que la legislación educativa existe para satisfacer las expectativas educativas de organizaciones nucleadas históricamente en estructuras corporativas, mutualistas, sindicales, colectivos intelectuales, movimientos sociales y pueblos y naciones Indígenas Originario campesino o finalmente para cubrir las expectativas individuales del enfoque de núcleo familiar o de pequeños y diversos grupos de poder.

Dos problemas no resueltos.
Políticamente, el proceso de cambio y la Revolución Democrática y Cultural en el marco del Estado Plurinacional plantea desafíos en torno a la educación formal, no formal y alternativa; y se pone frente dos los campos que no son nuevos pero que deben encararse desde nuevos elementos referenciales o paradigmas de la problemática política-pedagógica actual.
Un bloque de elementos debe llevar a entender objetivamente (y retirar de la dinámica educativa) la ruta jurídica neocolonial excluyente y de imposición a la nacionalidad única con características hispanas, donde las Naciones originarias, poblaciones multiculturales, comunidades étnicas, comunidades interculturales, corporaciones, sindicatos y movimientos sociales no han sido protagonistas relevantes en la proposición y redacción de la legislación educativa, ni han sido tomados en cuenta por la institucionalidad estatal para definir planes, programas, mallas curriculares, objetivos y contenidos temáticos en el proceso enseñanza aprendizaje.
El otro bloque viene de la implementaciones de distintos enfoques pedagógicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje en Bolivia, que ha ignorado la implementación y la existencia de una educación liberadora y transformadora, que permita la contextualización de los fines, objetivos, mallas curriculares, y contenidos temáticos a las necesidades reales de desarrollo productivo, social y económico de la comunidad educativa boliviana.
Ruta de la construcción de la legislación educativa boliviana
Es innegable constitucionalmente hablando que existe (siempre existió) una “realidad educativa” positivada y una institucionalidad legislada y manejada desde el nivel central de poder, y al servicio de los grupos de poder, así por ejemplo la legislación educativa desde 1930, (Y mas antes) fue concebida y ejecutada como única y orientada a mantener un estado de dominación de clase, grupo o élites de poder regional o local.
Los cambios en la legislación educativa después de 1930 se desarrolló con retardo a innovadores corrientes pedagógicos de la realidad europea o de los países industrializados. En Bolivia se pasó de una educación positiva- conductista (1930) a una educación neoconductista popular y liberadora (1955), para luego con la llegada de la globalización y la implementación del proyecto neoliberal (1985) el enfoque de la educación y el proceso enseñanza – aprendizaje sea dirigida al logro de educandos competitivos en una sociedad de mercado y psicopedagógicamente constructiva (1995) legislado desde la Reforma Educativa (Ley 1565) implementada en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Constitucionalmente en un lapso de 80 años se pasó del planteamiento de una educación para privilegiados a una educación de carácter universal y siempre con la responsabilidad institucional de legislación única ejercida por el poder central.
Entre 1930 y 2009 la legislación educativa boliviana avanzó (superando la perversa negligencia del primer medio siglo pasado) desde una legislación para las minorías al posicionamiento de visiones educativas incluyentes y protagónicas del movimiento obrero y los pueblos y naciones IOC. Las condiciones objetivas que llevaron a un conjunto de avances se pueden atribuir a las movilizaciones rurales indígenas de fines del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, junto a los avances organizativos de los sectores urbanos, en sectores obreros y clases medias. De hecho, mucha de la radicalidad zaratista (del temible Pablo Zarate Willca) llevó a las clases dominantes a impulsar la legislación educativa del “indígena” con objeto de desmovilizarlos de manera pacífica y paliar la traición de los liberales al movimiento federalista de 1899.
Se avanzó con la legislación indígena a partir de la promulgación del “Estatuto para la Educación de la Raza Indígena” del 21 de febrero de 1919, que en 10 años quedó sin ejecución efectiva y por ende mostrando la debilidad y la inconsecuencia de la institucionalidad estatal con la problemática IOC. Se continuó con el decreto Ley del 25 de julio de 1930, donde se hace recaer toda la responsabilidad al poder ejecutivo. Así se dice que “Serán atribuciones del Ministerio: a) Asumir la dirección plena y completa de la educación del indígena, y fundar y dirigir, mediante un Director General de esta rama, las escuelas normales para nuestros indígenas, las escuelas de trabajo y las elementales…
El artículo del decreto en mención está dirigido a tomar parte con el debate a castellanizar al “Indio” desde la educación formal institucionalizada o desde las relaciones laborales. Dos miradas que se proponía terminar con la cultura y la lengua del “indio” y en la medida de lo aconsejable recuperar lo “bueno que pueda tener el indígena”. La castellanización estaba acompañada del despojo del derecho político del “Indio” ya que entre los argumentos se consideraba prioritario desarraigarlo de cualquier participación o divulgación política. El debate de la segunda década del siglo XX abarcaba las limitaciones a las que debía someterse el indígena, entre ellas promover una casi exclusiva formación a la agricultura y a educar su gusto por la naturaleza y los árboles. Lo que se suponía (erróneamente) era la contextualizaron de sus usos y costumbres a la necesidades contemporáneas. En la época en mención no se reconoció el valor productivo, social y político del no letrado y de los pueblos y naciones IOC.
Hasta antes la revolución del 52 se logró castellanizar a través de programas de alfabetización y del avance curricular en la educación institucionalizada. Y tal como lo había planteado Sánchez Bustamante el “indio” también aprendió a hablar la lengua española desde la comunicación ejercida en los trabajos en la mina. Los dos teóricos de la educación del indígena (José Luis Guerra y Daniel Sánchez Bustamante entre otros) no intuyeron mínimamente la fuerza sociocultural de toda lengua materna y seguramente no previeron que el “Indígena” nunca dejaría de comunicarse con el uso de su lengua materna
En marzo de 1952 la junta militar de gobierno promulgó el decreto Ley 2987 (ESTATUTO DE EDUCACIÓN NACIONAL) en cuyo Artículo 1º establece (al estatuto) como instrumento legal destinado a regular las relaciones y finalidades de la Educación y régimen cultural en el marco de la CPE vigente, pero sin otorgar derechos ciudadanos al “Indígena”. Es así que la legislación educativa de marzo del 52 mantiene a los pueblos y naciones IOC sometidos a la voluntad del poder institucionalizado o de facto y no al derecho constitucional de ciudadanía.
El Estado se encargará de la educación del campesino indígena, mediante núcleos rurales, escuelas granjas experimentales, manuales e industriales de carácter completo que abarquen, además de los aspectos pedagógicos, el social, económico, cívico, moral e higiénico. (Artículo 25)-
El año 52 (antes de abril) como se nota en el artículo mencionado, se cambia lo de “indígena” por “campesino indígena” con objeto de otorgar a los pueblos IOC las connotaciones económicas que les fueron cercenadas en las anteriores legislaciones, pero sin dejar los prejuicios político culturales que se venía arrastrando históricamente ya que en un artículo posterior se los llama “grupos aborígenes” para implementar “una política educativa destinada a alfabetizar y obtener el mejoramiento económico, social y cultural” Sin duda que este cambio de término a campesinos indígenas (forzado por condicionamientos productivos) tiene que ver con la proletarización de los indígenas y la reivindicación político ideológica de la clase obrera manifestada en los gobiernos militares de los años 40 (negada hasta entonces a los indígenas) y la maduración de la reivindicación campesina sobre la propiedad agraria. Si bien con el término de “Campesino Indígena” se avanza conceptualmente con la legislación educativa hacia la consolidación de derechos políticos universales, que en definitiva después de la revolución de abril de 52 se irá consolidando, es evidente fuertes criterios de discriminación y excusión de derechos políticos ya que aun con el término de “Grupo de aborígenes” se quiso mantener supremacía de una casta social sobre un grupo que debía ser educado en las “buenas costumbre y los buenos hábitos” Este tipo de direccionamiento discriminatorio no se nota cuando se toca la educación para los obreros, donde el lazo laboral y las relaciones de producción que involucran tanto a obreros, empresarios y Estado, determina la necesidad y a obligatoriedad de compartir la responsabilidad de la institucionalidad educativas estatal. Desde la legislación educativa del 52 la educación formal en los centros mineros muestra cierta mejoría pedagógica para los hijos de los mineros, pero no así para los grupos de niños y niñas campesinos indígenas.
En 1955 la legislación educativa ya no introduce el término de Indígena y la única vez que aparece lo hace como “lengua indígena” pero ahora para diferenciarla de la lengua oficial boliviana: el castellano. Se ve que persiste el interés de castellanizar. Se debe recordar que los teóricos de la Revolución Nacional concebían construir la Nacionalidad Boliviana en términos de una identidad homogeneizada en un proceso educativo de transformación socio cultural. En esta lógica se pone mas interés en diseñar una Nación; más que un nuevo Estado. Se direcciona la educación con elementos ideológicos y nuevas subjetividades que buscan consolidar una identidad y conciencia nacional a través de un destino histórico común como el postulado alternativo y racional acorde a los imaginarios movimientistas. Muy poco se habla en la realidad teórica del movimientismo de la época sobre el patriotismo que tuvo relevancia en las anteriores legislaciones; en esa casi omisión consciente se hace más bien referencias a la conciencia nacional.
Con el decreto ley del 20 de enero de 1955 el Movimiento Nacionalista Revolucionario universaliza la educación hacia objetivos de una imaginaria y ficticia Nación única. Si bien es cierto que introduce en el decreto ley el contenido de las luchas y la acción política, social y cultural de los obreros y clases medias, y en menor medida la de los campesinos, cuando se extrema la tuición del Estado (en manos de la institucionalidad educativa estatal), se excluye el rol y el aporte transformador de la sociedad civil y sobre todo de los movimientos obreros, campesinos e indígenas. De esa manera la legislación educativa responde a los criterios y visión de la clase media profesional y la intelectualidad nacionalista (Se dice que la tuición del Estado consiste en el derecho inalienable de los poderes públicos para encauzar, vigilar y controlar el desenvolvimiento de la enseñanza conforme a intereses generales de la nación).
La legislación educativa marcada por la revolución del 52 lleva la discriminación de los pueblos y naciones IOC. A favor de los pueblos y naciones IOC (además de no reconocerlos como PyNIOC) la legislación educativa nacionalista no especifica una formación política como lo hace en referencia a los obreros, se mantiene y se cierra en el paternalismo de los poderes públicos hacia los campesinos a diferencias de la independencia de clase que se le da a los obreros. Y es que a los ideólogos y teóricos del MNR les fue más fácil comprender el desarrollo de un Estado Proletario (que ellos mismos los combatieron desde su propuesta de Estado-Nacional) pero jamás se les pasó por la cabeza de que no se puede construir Naciones desde un Estado, aun así insistieron y creyeron que era posible.
En Bolivia y en el mundo entero Primero existe la Nación y luego el Estado. A los mas que ha llegado el desarrollo de las ciencias sociales y políticas es a concebir la construcción de un Estado Nación, pero sobre la existencia primera de la Nación y la “voluntad” de su población o imposición de una élite de poder para constituirse en Estado. La historia de Bolivia ha mostrado al mundo que las NyPIOC pueden construir un Estado, de la manera como lo están haciendo ahora, pero no a la inversa, es decir que el Estado construya naciones. Quienes se oponen al Estado Plurinacional creen que el Estado Plurinacional está creando naciones, esa situación es ficción; las naciones han existido desde antes de cualquier Estado americano y jamás serán creadas desde una legislación estatal.
Estas primeras conclusiones se la hacen para pensar en el advenimiento del neoliberalismo y la legislación educativa que se implemento para cambiar el curso de la legislación educativa boliviana.
La ley 1565 conocida como “Reforma Educativa” del 7 de julio del año 1994, se promulga en el periodo de la implementación del neoliberalismo en Bolivia, (1985 – 2005), en ese sentido es parte estructural del desarrollo neoliberal y complemento del decreto 21060.
La ley 1565 mantiene el criterio de una sola nación y la educación la universaliza en torno al derecho ciudadano. En ese sentido el control la dirección y el sostenimiento es entendido a partir del Estado y de un Sistema Educativo que descentraliza e incorpora a la sociedad desde nuevas formas de organización. En la Reforma Educativa se le quita protagonismo a la clase obrera y a los campesinos (como entidad organizada) para darle relevancia nuevas a estructuras organizadas desde la Ley de Participación Popular. Se municipaliza el Sistema Educativo y se la entiende como un proceso continuo, de planificación y de largo alcance con participación activa de la población. Mantiene el criterio de ser formadora de la conciencia nacional bajo un destino común. Por ello mismo la Ley de Reforma Educativa si bien se define como instrumento de liberación no logra avanzar en la educación marcada por la necesidad de dar respuesta a la plurinacionalidad. Sin embargo se avanza reconociéndola como intercultural y bilingüe, pero desde la regionalización marcada por fronteras artificiales (departamentos) y no por las fronteras culturales o la de los PyNIOC.
Se incorpora el término de pueblos originarios en diferencias a las organizaciones campesinas y junto a otras organizaciones se organiza los Consejos y Juntas municipales.
En este sentido aparece un desentendimiento organizativo y de participación entre las organizaciones de la sociedad civil reconocidas como instancias reconocidas en el Código de 1955 y las creadas desde la Participación Popular y reconocidas en la Ley de la Reforma Educativa de 1994.
La Reforma educativa incorporó la corriente pedagógica constructivista y psicogenética al sistema educativo nacional, superando de alguna manera las limitaciones de corrientes neoconductistas que sustentaban la educación bajo el sistema del código de 1955. Pero no pudo de manera inmediata revertir el arraigado sistema de enseñanza ni ajustar la educación a la consolidada forma y estructura corporativa y sindical de los maestros organizados y con mando centralizado en las dos confederaciones; urbanas y rurales. Aun el intento gubernamental de unificarlos en consecuencia de un sistema educativo que quiso unificar lo rural y lo urbano, no tuvo resultado.
El derrumbe de la Reforma Educativa en Bolivia viene acompañado de la crisis del neoliberalismo a nivel mundial, pero fundamentalmente por las contradicciones que devino de la aplicación del decreto 21060 y el intento de 10 años (de los 20 propuestos) de implementación.
La reforma educativa se proclamo instrumento de liberación pero ignoró medio siglo de conquistas populares obreras y campesinas; se llamó democrática pero excluyo de los roles a las verdaderas organizaciones que a los largo de mas de un siglo fueron profundizando y defendiendo la democracia, organizando las relaciones de producción y las relaciones sociales de convivencia sujetas a normas constitucionales tanto en regímenes democráticos como es regímenes de facto; se dijo revolucionaria y soberana pero sustentó y propició viejas formas de dominación y de explotación, y sobre todo se sometió a poderes transnacionales y al imperialismo norteamericano.
La Reforma Educativa representa el último intento jurídico de manejar, dirigir y controlar la educación desde el Estado Central y sometido a intereses de clases y élites de poder; y al mismo tiempo es la apertura para construir una sociedad con instrumentos legislativos adecuados para que la planificación, la dirección y la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje con todos sus componentes pedagógicos, técnicos y administrativos permitan que las instituciones educativas interactúe (de manera normada o por usos y costumbres) con el control, la dirección y la planificación de las comunidades, movimientos sociales, instituciones cívicas, PyNIOC y el conjunto de la estructura institucional diseñada en la nueva CPE.
Hasta acá se puede concluir que la legislación educativa desde sus elementos modificados y reformados son (pese a todo) los mejores instrumento y vanguardia jurídica de todo el cambio normativo y al mismo tiempo se hace instrumento de canalización y acción transformadora hacia la consolidación de procesos libertarios y revolucionarios. Esta afirmación se hace evidente desde la revisión de legislación educativa antes y post 52; en Código de la Educación de 1955, la Ley de Reforma Educativa la de 1994 y la que se inicia desde la nueva CPE.
Sobre la fuerza transformadora del conocimiento se ha dicho bastante al grado que se muestra como una certeza irrefutable; ahora será necesario ir relacionando un conjunto de apreciaciones para interpretar la relación del poder y el conocimiento.

Ruta y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje
Los antecedentes más inmediatos, hasta antes de la Reforma Educativa, posesionan a la educación con el uso estratégico de teorías de corte conductista y educación tradicional, donde el conocimiento se considera “transmisión de instructivos mecánicos o vaciado de saberes del que sabe al que no lo sabe”. En estos enfoques educativos el rol del alumno es del de receptor de información que viene de la fuente de conocimiento; se considera al alumno como un objeto o recipiente vacío que, desde el proceso de enseñanza escolarizada se debe llenar de contenidos. En todo caso se pone énfasis en desarrollar métodos que permitan proveer de conocimiento desde el adiestramiento del alumno ha asumir conductas deseadas y desde la acción de memorización de contenidos. Una característica propia de estas corrientes de aprendizaje es el de motivar la asimilación de contenidos a través de la recompensas en caso de que el capacitado sea capas de seguir pasos indicados.
Esta metodología de estímulos (modelo exógenos) es aceptado en amplios sectores profesionales que tienen objetivos de construir un clima motivacional dinámico de la enseñanza, sus resultados mas relevantes se ha detectado en la educación de adultos, especialmente en aquellos grupo donde se enseñó procesos, contenidos y formatos preestablecidos. Este conjunto de corriente se sustentó en las legislaciones antes de la reforma Educativa de 1995, posterior a ella y a partir de esta reforma se incorpora la corriente constructiva y psicogenética.
Con la Reforma Educativa se incorporó enfoques constructivistas, entendidos estos como propiciadores de procesos activos, evolutivos y de construcción basado en la interacción constante entre sujeto que quiere conocer y objeto por conocer.
El constructivismo (modelo endógeno) considera que los saberes, capacidades y competencias se desarrollan a partir de las relaciones entre factores internos Cognoscitivos y externos (Ambiente y sociales). Le da importancia al proceso y al producto, aunque prioriza el proceso de aprendizaje.
En las corrientes constructivistas el educando deja de ser un recipiente a donde se debe llenar contenidos para entenderlo como sujeto con circunstancias determinantes, con sentimientos, inteligencia, capacidad y una amplia gama de aspiraciones, decisiones e intereses que llegan a constituirse de alguna manera en su “ser y hacer”. El acto educativo radica en la apropiación del conocimiento del educando. Prioriza el proceso ante los productos sin que eso signifique que no le importe los productos. Sincroniza el proceso de enseñanza con el de aprendizaje. Este último se entiende como un continuo proceso de construcción en donde el sujeto que aprende modifica el medio modificándose a sí mismo.
Ante la problemáticas social y en consideración a la existencia hegemónica de poderes establecidos en relaciones capitalistas de producción e imperialistas aparece una corriente crítica denominada pedagogía crítica. Esta es una de las corrientes que la nueva legislación boliviana debe considerarle en torno al mandato que le otorga la CPE.
Esta corriente es crítica a los modelos endógenos (Constructivismo) y propone un modelo que tome en cuenta a la persona y su aprendizaje transformador de la realidad hacia mejores condiciones de existencia desarrollando en el educando y en el educador la capacidad científica, técnica, ética y humanista. En este sentido se establece en el acto educativo la definición de intereses e intenciones tanto de los educandos como del propio acto educativo en relación con el entorno. A partir de lo anterior se establece cuatro esferas del conocimiento y el currículo.
El interés técnico orienta el conocimiento y organiza el currículo para que los individuos y la comunidad sean capaces de controlar y manejar el medio.
El interés práctico orienta el conocimiento y organiza el currículo para que las persona comprendan el medio que les rodea y realice acciones correctas y que elija opciones
El interés emancipador percibe el conocimiento y estructura el currículo en el marco de una práctica educativa integral de carácter crítico construyendo una sociedad libre, igualitaria y justa.
Un interés descolonizador: que consolide relaciones plurinacionales de igualdad y complementariedad hacia el potenciamiento del Estado Plurinacional
La perspectiva crítica es emancipadora y descolonizadora, y se sitúa en un momento histórico y crítico para su mejoramiento y su transformación, formando personas pensantes, sensibles y comprometidas con la realización personal y el cambio social profundo en el marco de derechos individuales y colectivos para resolver los problemas estructurales de marginación, pobreza y desintegración del tejido social.
Igualmente se tienes entre las corrientes críticas La teoría General de Sistemas que se propone analizar los fenómenos desde diversos campos de conocimiento entendiéndolo como un todo coherente e interdependientes entre sí. Nada puede entenderse y desarrollarse aisladamente. Cada unidad es parte de un todo y el todo es mayor a la suma de sus partes.
La capacitación transformadora Este enfoque no solo imparte información o cultiva destrezas técnicas. Es más bien un enfoque que transforma desde la capacitación de recursos humanos. La capacitación transformadora puede definirse a través de cuatro componentes
Desarrollo de capacidades [1] mediante un diseño basado en ciclos de aprendizaje[2].
Transformación de modelos mentales en marcos conceptuales.
Motivación basada en un compromiso con principios
Coherencia, apertura y preparación de los educadores y capacitadores.
Estos puntos están dirigidos al logro del bienestar común y el vivir bien.
En la capacitación transformadora se pone énfasis en el desarrollo de capacidades que todo participante debe desarrollar como parte íntima de su vida o como transversal de sus competencias técnicas y deliberativas. Entre estas capacidades tenemos: capacidad de servicio, de transformación personal y social, capacidad de investigar y aplicar la verdad, la trascendencia. En si se trata de desarrollar capacidades que contribuyan a la transformación personal, capacidades que contribuyan a mejores relaciones interpersonales, capacidades que contribuyen hacia la transformación social, la capacidad de contribuir al establecimiento de la justicia, la capacidad de ser un miembro responsable en una familia y en la comunidad, capacidad de imbuir amor a los pensamientos y acciones propias, capacidad de oponerse a bajas pasiones y tendencias egocéntricas para volverse hacia propósitos nobles, etc.
El desarrollo de capacidades define aspectos de trabajo en equipo, desarrollo e investigación comunitaria, evaluación comunitaria y compartida, unidad en la diversidad, toma de decisiones por medio de la consulta, resolución alternativa de conflictos y otros.
En torno a la escuela y el enfoque de Avelino Siñani y Elizardo Pérez. El sustento social que conlleva la vida y experiencia de A. S. y E. P. está ligado a la lucha y demandas por la inclusión o incorporación en los programas de ecuación formal la problemática del Indígena desde la misma acción comunitaria. La siguiente cita es el mejor ejemplo para ubicar el trabajo de Elizardo Pérez en el aporte a la legislación boliviana y como una corriente pedagógica en el proceso del debate educativo en Bolivia y la América india.
“La escuela ayllu está unida al nombre del Tata Santiago Poma, Aymara de la legendaria Achaqachi quien a fines del siglo XIX, quiso levantar una escuela en su comunidad, por eso fue capturado y conducido a la cárcel, arrastrado por los caballos de los soldados, flagelado, torturado y encarcelado por tres años; fue perseguido, su propiedad robada y su familia hostigada. ¡Delito tremendo para un Indio en Bolivia, anhelar su propia educación! Ya anciano, Poma tuvo fuerzas para ayudar en la construcción de Warisata y dejó un mensaje que debe ser recordado: "Hace tiempo alcancé a levantar una pequeña escuela para los niños de la comunidad. Este acto, fue interpretado como un incalificable delito, y un día…con otros compañeros más, fui conducido a la cárcel de la capital, atado a la cola de los caballos que montaban los soldados. Mientras tanto, impunemente, las barretas de los opresores se encargaban de consumar la obra destructora... El edificio de la escuela fue demolido. Llegado a la cárcel el fiscal me hizo flagelar… y luego dispuso mi encarcelamiento, que duró tres años… Hoy me hallo reducido a la condición de colono, que quiere decir esclavo. Esta escuela (Warisata) objeto de nuestras preocupaciones y desvelos, es de los indios, y yo…tomo posesión de ella en nombre de nuestros abuelos"
Es claro que esta práctica demanda la liberación de la naciones originarias, y en ese campo se debe entender la experiencia desde la sentida necesidad de construir escuelas en la perpectiva de los pueblos y naciones IOC
Es innegable que Pérez y Siñani demandaron la existencia de centros educativos en el mismo centro de las poblaciones originarias, es decir en las comunidades y los centros urbanos de las naciones originarias.
Por otro lado, y por circunstancias históricas, es posible que cualquier proceso de enseñanza heredado de la escuela impulsada por Siñani, Poma y Pérez respondan a enfoques conductistas, dada la predominancia de este tipo de este enfoque en la época. Esto no desconoce el desarrollo de conocimietos y saberes de manera alternativa o no formal, principalmente como la transmisión generacional.
Los primeros desafíos planteados en el actual debate educativo.
En razón al proceso constituyente y a las crítica y defensas de la Reforma Educativa (Ley 1565) las visiones sobre la filosofía, pedagogía, tecnología o reingeniería educativa se diversificaron o se reacomodaron en un conjunto de imaginarios diversos (complementarios en unos casos y contradictorios en otros) para descubrir innumerables situaciones de posicionamientos frente a procesos y escenarios históricos – sociales concebidos como un “objeto” con sustancia transformadora y dinamizadora marcada por el proceso Enseñanza – Aprendizaje desde la legislación que manda a desarrollar la CPE
Y en función a la ruta de la demanda social, la nueva legislación educativa está conminada a ser la materialización de las construcciones jurídicas de los cambios operados en el sistema político económico y social, y de su ejecución y de su implementación para (en consecuencia) reflejar desde si misma la naturaleza transformadora (de la legislación educativa) en aras del bienestar común y del vivir bien. En virtud a esta secuencia de razón y función y en el entendido de que la sociedad vivió y vive aun una realidad históricamente adversa (para la mayoría excluida) se hace parte del compromiso social (a manera de cerrar el ciclo demanda, legislación y ejecución) posicionar a la institucionalidad educativa como instrumento de criticidad, de inclusividad y sobre todo de institucionalidad estatal promotora de procesos descolonizadores y liberadores.
Lo que viene a continuación puede quedar como un listado de ideas sistematizadas de una realidad de lucha y reivindicaciones, de visiones y realidades recogidas de las propuestas, testimonios, debates, deliberaciones públicas, audiencias públicas, foros y otros eventos que acogió la asamblea constituyente al plasmarla en la redacción de la CPE.
· Legislar la educación reconociendo a Bolivia como un Estado Plurinacional compuesto por distintas nacionalidades originarias, sociedades multiculturales asentadas en las zonas urbanas y rurales.
· Establecer las altas funciones y niveles de responsabilidad tanto para el Estado como para las instancias organizadas de la sociedad civil.
· Enfatizar las dimensiones históricas y materiales en la plurinacionalidad, dentro una comprensión del modelo educativo descolonizador, revolucionario y de transformación crítica.
· Interpretar el pasado para situar un presente político, económico y social hacia un futuro ideal libre de toda forma de opresión, dominación, alienación y degradación social.
· Establecer parámetros donde se pueda desarrollar una pedagogía educativa alternativa que sea definida y pueda ser administrada por las naciones originarias y comunidades interculturales, por movimientos sociales y federaciones obreras y campesinas de manera independiente a las posiciones ideológicas de grupos y logias de poder.
· Desarrollar un sistema educativo que reconozca instituciones de enseñanza aprendizaje en la lengua materna para el caso de los quechuas, aymaras, guaraníes, chiquitanos, ayoreos y otros y desde este sistema establecer condiciones objetivas para no castellanizar la educación poniendo en riego la extinción de las lenguas originarias.
· En un criterio crítico sobre la educación formal, interrelacionar dialécticamente todo componente del sistema educativo.
o El derecho ciudadano reconocido por el sistema jurídico y la legislación educativa.
o El tipo de currículum y el tipo de conocimiento generado, posesionando en los centros educativos los espacios ideológicos de debate social representativo de las diversas expresiones plurinacionales, cultural, sindical, etc.
o Espectro de principios y valores transversalizados por la equidad de género, protección y conservación al medio ambiente, educación en democracia, medios alternativos en la resolución de conflictos, toma de decisiones por medio de la consulta, liderazgo, unidad en la diversidad, etc.
o Alfabetización y educación alternativa y no formal en el respeto y aplicación de lenguas maternas, y usos y costumbres.
· Concebir una educación multicultural que desarrolle la conciencia democrática y crítica potenciando dimensiones emancipadoras y descolonizadoras para conjuntamente desarrollar en el educando (y la sociedad a través él) la voluntad individual y colectiva de transformar la realidad con criterios de inclusión y sin discriminación de ninguna índole.
· Favorecer los procesos de aprendizaje, enfatizando la reconstrucción de capacidades cognitivas, el ejercicio de la empatía, el trabajo en torno a conceptos estructurales, pensamiento complejo y sistémico, que desarrolle competencias sociales y políticas, fortalecidos por proceso cíclicos de aprendizaje (experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación práctica) necesarias para interpretar y transformar la realidad mejorando las condiciones de los conflictos y situaciones problemáticas.
· Permitir que los pueblos y naciones IOC tengan un proceso de enseñanza aprendizaje en lengua materna para optimizar la capacidad de crear y conocer de manera rápida, creativa y autónoma la realidad y permitirse un desarrollo cognitivo y constructivo en iguales condiciones que los hispanohablantes.
· La obligatoriedad de la segunda lengua en los procesos de enseñanza aprendizaje no debe significar la castellanización de los Pueblos y naciones IOC y por el contrario debe significar la superación de carencias institucionales en la integran y completa de los educandos.
· Desde la diversidad y el pluralismo construir y desarrollar conocimientos de manera autónoma y retomando aspectos de su contexto histórico – socio – cultural.
· El lenguaje es la manera de comunicarse entre los grupos humanos y se potencian desde el mismo centro de las culturas, las costumbres y tradiciones, los hábitos, comportamientos y aficiones.
· Los progresos de aprendizaje dentro de los enfoques críticos y de transformación social enriquecen la capacidad de diálogo creando vehículos de acuerdos y desacuerdos, en condiciones de simetría cultural, generacional, de género, etc., en el marco del respeto, tolerancia, etc.
· Todo aprendizaje es potencializador de capacidades cuando se desarrolla en manera dialéctica y bajo el ciclo de aprendizaje de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación práctica.
· Los procesos de enseñanza aprendizaje deben llevar al desarrollo de capacidades de los educandos y de los educadores. Las capacidades deben desarrollarse de manera complementaria entre sus cuatro elementos que son conceptos, destrezas, actitudes y cualidades.
· Toda capacidad debe contribuir a la transformación personal, a mejorar las relaciones interpersonales, a fortalecer las relaciones interculturales y ayudar a la transformación social de manera crítica y contra-hegemónica a potencias imperialistas
· Hay una fuerte demanda de la sociedad boliviana para que la educación sea considerada como puntal de cambios profundos, revolucionarios y de transformación social.
· Establecer éxitos significativos a partir de la apropiada aplicación de las diversas corrientes pedagógicas validadas universalmente.
· Educar y formar estudiantes en las áreas rurales y provinciales en condiciones semejantes de la educación urbana.
· Establecer la valides educativa desde la aplicación de las diversas corriente políticas para generar cambios en la praxis políticas como potencializadoras de capacidades
Finalmente a partir de la legislación educativa se puede conocer el curso que habrán de tomar las nuevas relaciones sociales, productivas y políticas. Toda legislación educativa pasada, hasta ahora ha ido ajustándose de manera adecuada a las necesidades del contexto político, social e histórico; jamás ha sido la solución inmediata, pero si la tuerca constitucional ajustable que posibilita construir estructuras jurídica mas avanzadas, mas democráticas y mas incluyentes.
La actual legislación educativa
En esta línea, la institucionalidad educativa por mandato constitucional, está conminada a materializar una educación descolonizadora, abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. (CPE. Artículo 78)
Desde la actual CPE, la educación constituye función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, pero la tuición no es exclusividad de la institucionalidad estatal (como en anteriores legislaciones), sino del conjunto de la sociedad, es decir que las organizaciones sociales, movimientos sindicales, organizaciones cívicas, pueblos y naciones IOC y el conjunto de la población. En pocas palabras; la educación es de todos y para todos de manera que toda planificación, ejecución, participación, control, diseño curricular, políticas y corrientes pedagógicas, etc., sea dedicado al servicio del vivir bien, la Revolución Democrática y Cultural, a los objetivos y fines de la organización política, económica, social y autonómica del Estado Plurinacional y el estado social de derecho sobre la base de criterios de armonía y coordinación entre sociedad e institucionalidad estatal.
“El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional” (CPE. Artículo 77. II)
Igualmente se debe comprender que la sociedad y Estado garantizaran la seguridad jurídica de la relación económica entre el educando y las instituciones educativas de naturaleza pública, privada de convenio y al mismo tiempo que la institución responderá a formas de convivencia y comunicación intraultural, intercultural y plurilingüe, fomentando la formación integral y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida.
El Estado y la sociedad deben garantizar una educación gratuita en igualdad de condiciones de manera que ante las asimetrías infraestructurales, pedagógicas y de recursos económicos se pueda generar sistemas de compensación o de ayuda, a través de apoyos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar, becas y centros de residencia. (CPE. Artículo 82).
Al ser la educación tuición del Estado y la sociedad se supera las limitaciones y restricciones de participación de la sociedad que exponía la Ley 1565, de manera tal que ahora serán el conjunto de las redes de organización social y las instituciones las que deben participara activamente en los proceso educativos y a partir de ello garantizar el pluralismo ideológico, la conciencia de fe, la enseñanza de religión, la espiritualidad de los pueblos y naciones IOC, la inclusión y la conculcación de valores y principios universales y de los pueblos y naciones IOC en plena vigencia de los derechos humanos y la no violencia
En esta generalidad de participación la CPE establece un sistema institucional estatal técnico, independiente del ministerio del ramo para el seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa y cuya composición y funcionamiento será determinado por Ley.
Un aspecto sustancialmente importante de debate gira en cuanto la creación y organización de programas educativos populares a distancia y no escolarizados con el objeto de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional. El término de no escolarizados tendría que ser entendido como educación no formal o alternativa, de manera que debe abrirse a esta educación no escolarizada la normativa que permita anexarse a una educación formal, escolarizada y con los mismos fines de la educación regular, solo que operativa y administrativamente diverso.
En esta apertura constitucional tendría que crearse un sistema de regularización escolar con tuición de las organizaciones populares en coordinación y apego a normativa de educación regular, para poder acceder a la titulación de bachillerato o a niveles de profesionalización. En la actualidad la educación a distancia existe la formación superior en instituciones del ámbito privado y público, pero no para la formación bachiller, esta debe incorporarse y legislarse y no simplemente para elevar el nivel cultural (Este termino es confuso, tal vez debía decir el nivel de conocimientos o saberes) o desarrollar la conciencia plurinacional, sino también aquellos que la demanda obrera ha incorporado; o la conciencia humanística o finalmente de género u otra naturaleza. Lo que importa es que tenga una atención y un reconocimiento, utilidad y validez institucional dentro el conjunto del sistema educativo.
Los demás aspectos son técnicos y seguramente la legislación educativa desde la participación social tendrá que seguir incorporando un sin fin de propuestas e imaginarios colectivos e individuales.
Ahora la educación boliviana esta en manos del Estado y la Sociedad, y desarrollará con participación de la institucionalidad estatal y las instancias organizadas de la sociedad civil, en ese sentido no es solo control, sino visión compartida y planificación participativa.

La Paz, 30 de diciembre de 2009

[1] Una capacidad tiene cuatro componentes: concepto, destreza, cualidades y actitudes. Y se entienden bajo dos modalidades de capacidades: capacidades técnicas relacionadas con la profesión, oficio o trabajo; y capacidades de liderazgo moral o de gestión que aportan al desarrollo de capacidades personales, (rectitud de conducta, autodisciplina, iniciativa, perseverancia, autoevaluación) interpersonales (Dar amor, dar aliento, tomar decisiones por medio de la consulta, construir la unidad en la diversidad) y la transformación social (Transformar relaciones de dominación, establecer justicia, formular visión basada en principios)
[2] El ciclo de aprendizaje se refiere a desarrollo del aprendizaje basado en la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación práctica.

VIABILIZAR LAS ELECCIONES DEL 4 DEABRIL

2009-12-23T13:35:00.000-08:00

Entre negligencias y voluntades políticas se va desarrollando la opinión política y el debate mediático sobre la modificación a la Ley Transitoria Electoral y “tontamente” algunos parlamentarios y autoridades regionales creen que pueden seguir oponiéndose a lo que desde el sentido común (sin esforzar mucho la razón) se llega a concluir; los cambios de representación y participación democrática de la población avanzan de manera acelerada y si se obstruye la vía legal entonces será la voluntad del soberano a través de niveles organizados legalmente quienes sean los que den la salida aconsejable para viabilizar las elecciones de abril.
En ese entendido, a continuación se tratara de ilustrar el problema de la manera más pedagógica y luego plantear algunos pasos o recursos legales y técnicos a los que se puede recurrir para avanzar desde la normativa existente para el caso.

Acercamiento al problema real.
La elección de abril de 2010 tendrá que sortear dificultades si se quiere hacer correr solo con la normativa de la actual Ley Transitoria electoral (Ley 4021). Existe de por medio la necesidad de cumplir con la agenda de los pueblos indígena originario campesino, los departamentos descentralizados y una región.
Marcan la nueva agenda los municipios autónomos que mediante consulta popular ingresaron legalmente al régimen de municipios Autónomos IOC, los departamentos descentralizados que también mediante consulta se convirtieron en departamentos autónomos y la región del chaco también creada por consulta popular. Se trata de una nueva agenda porque cuando se sancionó y promulgó la Ley 4021 el 14 de abril la Organización del Estado Plurinacional en vigencia se consideró 4 departamentos autónomos, 5 departamentos descentralizados y 314 municipios bajo una sola característica constitucional. Hoy se presenta nuevas variantes en la categoría de 5 departamentos, 11 municipios y una región. Los 5 departamentos pasaron de ser departamentos descentralizados a departamentos autónomos (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca), 11 municipios pasaron del régimen municipal a régimen Indígena Originario campesino ( Charazani y Jesús de Machaca en el departamento de La Paz; Tarabuco, Mojocaya y Huacaya en el departamento de Chuquisaca; Chipaya, Pampa Aullagas, Salinas de Garci Mendoza y San Pedro de Totora en el departamento de Oruro; Charagua en el departamento de Santa Cruz; y Chayanta en el departamento de Potosí), y 3 provincias (Villamontes, Caraparí y Yacuiba) del departamento de Tarija, en la región del chaco conforman constitucionalmente una Región Autónoma. Estos cambios son determinantes para la elección de nuevas autoridades de los gobiernos autónomos y para la normativa electoral.
Lo que se tiene claro es que se puede elegir (ajustados a la actual Ley Transitoria) a las autoridades de los gobiernos autónomos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y al conjunto de autoridades de los municipios autónomos de los nueve departamentos; los 4 departamentos autónomos con mecanismos propuestos en sus “Estatutos Autonómicos”[1] e incorporados en la Ley Transitoria; y los municipios desde la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 (Ley 696) y las modificaciones interpuestas en la Ley de Participación Popular de 20 de abril de 1994 (Ley 1551), reconocidas también en la Ley Transitoria como actual norma de elección de autoridades con las aclaraciones correspondientes a las atribuciones de los órganos ejecutivos y órganos legislativos municipales. Se incluye en la Ley Transitoria la normativa para elegir autoridades de gobiernos departamentales descentralizados, pero no de los 5 gobiernos departamentales ahora autónomos.
Como se puede ver, no se trata solo de vacios, sino de legislación insuficiente para encarar las elecciones de abril de 2010. Si este hecho no se asume responsablemente y no se hace cambios, no se complementa y no se adecúa la Ley Transitoria Electoral a las nuevas modalidades que asume la organización de entidades autonómica del Estado Plurinacional, entonces no habrá legislación para elegir a autoridades de los gobiernos autónomos de 5 departamento, de 11 municipios y de una región. Eso definitivamente exige solución razonable y desprejuiciada por parte de los congresistas, si es que no se quiere llevar a la ciudadanía a nuevos ciclos de debates callejeros y conflictos institucionales.
En cuanto a los vacios que el Órgano Electoral Plurinacional hace referencia se tiene que muchos (de los vacios expuestos) giran en torno los puntos anteriormente mencionados aunque no se tiene específicamente un escrito u observación oficial con la correspondiente propuesta a la Cámara de Diputados. Igualmente el tema se viene discutiendo en esferas del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y la oposición, pero oficialmente no se conoce terminadas y elaboradas propuestas alternativas o complementarias a la Ley 4021. Lo que se sabe de la oposición Prefectural de la “media luna” es que quieren ir a la reelección sin renunciar a sus cargos antes de los 90 días a la fecha de elección y no reconocer el artículo 238 inciso 3 de la CPE y el artículo 27 inciso 9 de la Ley Electoral Transitoria[2]. La renuncia a sus cargos podría quedar establecida de la forma como está determinada en la CPE y la Ley Transitoria Electoral; mantenerse en el cargo es irrelevante para el proceso, aunque puede posicionarse interesadamente en la medida en que se quiera crear conflicto en las regiones.
Ahora es evidente que la Ley Transitoria no colma las expectativas de los PyNIOC y no ha retomado la amplitud de la democracia representativa, deliberativa, participativa y comunitaria de la normativa constitucional, eso debido a que a la fecha en que se sancionó la Ley 4021 no había aun autonomías IOC especificas para normar su gobierno autónomo, cosa que ahora ya el proceso electoral debe tomarlo en cuenta. Y es que se debe tener en cuenta que en el proceso de negociaciones para sancionar la Ley Transitoria se excluyo en cierta manera las posiciones de los PyNIOC y ahora se paga factura por muchas omisiones.

Posibles vías legales en función de un tiempo inamovible:
Si las vías de acuerdos y de solución al problema normativo mantiene como una constante la fecha de realización de las elecciones para el 4 de abril, significaría pleno sometimiento al mandato constitucional, ya que esta fecha está determinada en la primera disposición transitoria de la CPE. En este caso la inscripción de candidatos desde la planificación del OEP sería hasta el 4 de enero, y ese mismo día se abriría la inscripción de nuevos ciudadanos, para realizar las elecciones el 4 de abril de 2010. Es posible de antemano proponer una modificación de fecha para las inscripciones de candidatos sin que altere la fecha de las elecciones.
Con la determinante de la realización de las elecciones el 4 de abril, las modificaciones mínimas elaboradas en la Cámara de diputados para proponer al congreso y viabilizar las elecciones de abril (suponiendo que no avancen los acuerdos con los prefectos de los departamentos autónomos), tendrán que regirse a las normativas expresas en la Ley 4021 y a la CPE.
Para no salirse del marco ya legislado, primeramente sancionar una Ley que reconozca que los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca son departamentos autónomos; que los municipios de Charazani, Jesús de Machaca, Tarabuco, Mojocaya, Huacaya, Chipaya, Pampa Aullagas, Salinas de Garci Mendoza, San Pedro de Totora, Charagua y Chayanta son Municipios IOC, y que Villamontes, Caraparí y Yacuiba forman una Autonomía Regional, en virtud a la decisión voluntaria de sus habitantes expresadas en el referéndum del 6 de diciembre de 2009.
Esta Ley da curso (y obliga) a que se deroguen desde otra Ley los artículos del capítulo III de la Ley Transitoria Electoral referidos a la elección del Órgano Deliberativo de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca y se legisle en base a los consensos ya logrados por estos 5 departamentos o finalmente como ya está en la Ley Transitoria sólo cambiando el término de Órgano Deliberativo por Órgano Legislativo Departamental y legalizando la equivalencia jurídica entre Prefecto y Gobernador. (Esta posibilidad llevaría a elección de una Asamblea Legislativa Departamental en listas sujetas a la elección de gobernadores, esto en voz de muchos representantes de movimientos sociales e instituciones se podría mejorar si las elecciones de Asambleístas departamentales se las hace en listas separadas, previa organización circunscripcional de los departamentos por parte del Órgano Electoral Plurinacional)
El tercer paso es una ley que amplíe el plazo para la presentación de Estatutos Autonómicos Transitorios[3] para los municipios acogidos; uno, al derecho constitucional de convertirse de municipios autónomos a Municipios IOC y dos, a la Tercera de las Disposiciones Finales de la Ley Transitoria. La ampliación para la entrega del Estatuto IOC se extendería hasta el 4 de enero, el mismo que deberá ser elaborado por el Gobierno Municipal y debe ser de obligatorio cumplimiento administrativo a por cargo al Órgano Electoral Plurinacional. (El OEP debe cumplir y adecuar las elecciones en los municipios IOC a los usos y costumbres expresados por las NyPIOC)
Y por último se debe ampliar la elección de Subgobernadores en las provincias para el caso del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
El cronograma de inscripción de candidatos entonces podría ampliarse en una semana o dos, y como ya se dijo eso es tema del Órgano Electoral Plurinacional y no es necesario legislarlo.
Conclusiones desde las vías posibles y las nuevas sugerencias.
Quedan aun propuestas que deben incorporarse a la elección de autoridades de los Gobiernos Autónomos Municipales y departamentales, y para el caso concreto de los municipios el Órgano Legislativo (Concejo Municipal) podría ser elegido en listas separadas del Órgano Ejecutivo y de esa manera incorporar representación en los Concejos Municipales con escaños especiales para la participación de las minorías poblacionales en el ámbito municipal. Por ejemplo en el Municipio de San José de Chiquitos podrían tener un escaño el pueblo Ayoreo o dar representaciones fijas a las comunidades. Esto se complejiza si se quiere normar desde la Ley Transitoria, pero no será así si se lo establece en la carta autonómica del municipio, y con un poco mas de tiempo se establece la norma que ejecute el Órgano Electoral Departamental o Municipal.
Por último se debe reconocer que una vez sancionada la Ley Transitoria Electoral se descuidó seguir analizando y consultando para dar los pasos y secuencias legales a la conversión de autonomías municipales a autonomías IOC. Por ejemplo cuando se fue a la consulta de autonomías indígenas en los 12 municipios ya debía estar redactado y reconocido el estatuto del Municipio Indígena por el Órgano Electoral Plurinacional, tal como lo establece la Ley Electoral Transitoria, y esto se podía haber ampliado a los departamentos ahora autónomos (antes solos descentralizados); entonces los problemas hubiesen sido más fácilmente resueltos. De la misma manera se debía ya haber tenido propuestas al menos para las elecciones de los gobiernos municipales elaboradas por los Concejos Municipales de cada municipio. Definitivamente no se le dio la importancia necesaria a la legislación de los gobiernos autónomos municipales, siendo ellos los que tenían más herramientas legales para hacerlo y avanzar, pero se limitaron o confiaron en que la Ley de Municipalidades y la de Participación Popular llenaría los vacios, pues vemos ahora que no fue así.
Frente a las nuevas configuraciones institucionales en curso, la preocupación por las elecciones nacionales a todos nos llevó a despreocuparnos por la viabilidad u obstrucción que se daría en las elecciones para autoridades de entidades autonómicas con facultades gubernativas, pues parecía todo terminado pero no fue nunca así. Un mal cálculo llevó a creer que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional podría hacerlo, Ante ello, el Congreso Nacional, sin propuestas nuevas de por medio, pero con una alta responsabilidad, tiene la tarea viabilizar las elecciones del 4 de abril de 2010, o no habrá otro camino que elegir autoridades con lo que se tiene ya normado para los casos que corresponda y donde no, entonces el pueblo organizado desde cabildos y Asambleas asumirá la tarea de Órgano Electoral Transitorio IOC, municipal y hasta departamental. El pueblo aun no ha sido despojado de su poder constituyente y el proceso de transformaciones de la estructura jurídica esta aun en curso.

[1] Los estatutos Autonómicos de los 4 departamentos consideran la elección de sus autoridades ejecutivas y legislativas de manera particular para cada uno de los casos ,es decir que cada una tiene sus propias variantes.
[2] La disposición contenida en el artículo 238 numeral 3 de la constitución Política del Estado en consideración al carácter transitorio de la presente Ley no será aplicable con relación a los miembros del Poder Legislativo, concejos para las elecciones de 6 de diciembre de 2009 y del 4 de abril de 2010. (Ley Transitoria Electoral)
Artículo 238. 3 de la CPE dice que no podrán acceder a cargos públicos electivos: “Quienes ocupen cargos electivos, de designaciones o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a este al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente de la República” (CPE)

[3] El contenido del Estatuto Transitorio debe abarcar al menos la modalidad de elección del gobierno Municipal IOC, mediante usos y costumbre, que pueden incluir nombres originarios de autoridades comunales, voto directo, asamblea, cabildo u otra forma de elección, y si se quiere siguiendo la lógica de gobernabilidad de tres Órganos Gubernamentales independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

PODER CONSTITUYENTE Y VOTO CIUDADANO

2009-12-15T13:24:00.000-08:00

Se han leído y escrito análisis interpretativos sobre los resultados de las elecciones nacionales del 6 de diciembre de 2009; para observar o justificar los resultados muchos analistas coincide en aspectos particulares que van desde criticar el uso indiscriminado de recursos del Estado hasta valorar la toma de conciencia del electorado. Se han realizado balances numéricos de votos para el oficialismo y votos para la oposición identificando los factores de los que sacó ventaja el oficialismo y factores que no aprovechó o no supo ver la oposición. Algunos analistas van mas allá y al tiempo de opinar promueven la reflexión de los “derrotados” para sacar provecho de sus errores e inducirlos, ahora sí, ha trabajar con la mirada de un único frente opositor a Evo. A favor del oficialismo si se trata de aproximar nuevos porcentaje de votos se concluye que es la gestión en curso la que determinará su crecimiento o su decrecimiento y su acercamiento sincero o real a las regiones o departamentos donde no obtuvo una mayoría absoluta o relativa.
Los análisis y conclusiones de especialistas y polítólogos se presentan casi definidos, y es casi coincidente con lo que la misma población percibe a partir de sus observaciones sistematizadas y observaciones a ojo de buen cubero. La población coincide con los muchos criterios vertidos, por primera vez en muchos años. Sin embargo los análisis a partir de ahora se tornarán incompletos si no se empieza a especular estableciendo algunos otros parámetros de análisis y de seguimiento (aparte del caudal de votos). La presentación de los nuevos acontecimientos en el marco del derecho constitucional y el voto empiezan a establecer ya esos parámetros de análisis para hacer política en función a nuevos escenarios de construcción estatal.
Al fin de cuentas los resultados cuantificados del voto universal si bien reflejan preferencias electorales consolidadas, en su esencia muestran también el curso que puede tener la construcción del nuevo Estado boliviano y los nuevos escenarios políticos en tendencia. Estos aspectos aun difusos en el debate de análisis políticos es lo que explora el presente escrito pero entendiendo (no desarrollando) dos periodos históricos en cuanto a atributo ciudadano marcado por el derecho al voto. El primer periodo histórico donde la elección de autoridades residía (del 1825 al 1952) fundamentalmente en el voto de una casta privilegiada letrada y excluyente, y el segundo periodo histórico (a partir de 1952) donde el voto fue configurándose para que sean los trabajadores, campesinos, clases media empobrecidas los protagonistas de la elección de autoridades, pese a todas las limitaciones e incongruencias estatales y esfuerzos fraudulentos de las clases y grupos tradicionales de poder. El tercer periodo histórico (si se puede ya hablar así a partir de enero de 2009) cualifica el escenario político y constituyente desde el voto ciudadano.
Construcción del nuevo Estado y resistencia del viejo poder
La construcción social del Estado boliviano tiene sus referencias más sobresalientes en pasajes históricos, políticos y jurídicos tendencialmente construidos por los movimientos obrero, campesino y popular, y plasmados finalmente (después de largas y repetidas jornadas de lucha) en un resultado trascendente con propiedades viabilizadoras de cambio que, desde su naturaleza normativa, transversalizan componentes de democratización, de inclusión y de transformación revolucionaria. El cambio dimensional de la Constitución Política del Estado puede ser para los sectores explotados y oprimidos la toma de una conciencia revolucionaria en sí, y ser para sí en tanto se consolide un nuevo diseñó institucional comunitario con participación social.
La norma fundamental aprobada por los “ciudadanos bolivianos” en la consulta del 25 de enero de 2009 con el voto popular abroga “constitucionalmente” la constitución del 67 y sus reformas posteriores; pone en vigencia la Constitución aprobada mediante el mecanismo de consulta popular. Este hecho consultivo valorado y cuantificado como voto ciudadano explícitamente expresa que las causas del régimen de explotación y de desigualdades sociales (a percepción de las mayorías nacionales) estaban cobijadas en la normativa jurídica del Estado boliviano. Con el voto ciudadano se legaliza y legitimiza la abrogación de una vieja constitución para poner en vigencia otra que en expectativas debe terminar con varias de las causas que encaminaron largas demandas de la sociedad boliviana al tiempo de ir alivianando favorablemente las vías hacia una transformación de las relaciones de producción y de convivencia pacífica.
El voto ciudadano, al legalizar la abrogación de la vieja CPE y poner en vigencia la nueva CPE, expresa su poder en si mismo o la caja de poder ciudadano construido directamente desde posturas y visiones colectivas e individuales expuestas y defendidas en eventos deliberativos y de acción directa de masas; poner legalmente en vigencia una nueva Constitución desde el voto ciudadano es reconocer atributos democráticos y participativos del voto, y por ende su naturaleza incluyente, de manera que cualquier negación al voto ciudadano hace antidemocrático a su concepción misma. Sin embargo el voto ciudadano no es estático (y al contrario), por su misma naturaleza dinámica se expone en una ruta de transformación que va de un voto con alto componente constitutivo al voto que reduce al ciudadano a un elector y sin poder constituyente, expuesto a ser instrumentalizado por propósitos particulares dentro un régimen de estructura estatal en común de criterio y visiones institucionales, partidistas o comunitarias (Puede ocurrir en viceversa).
El paso del voto con poder constituyente al voto con atribuciones limitadas de elector puede ayudar a interpretar, en primer lugar la tendencia del voto del 25 de enero del 2009 y del voto del 6 diciembre de 2009, el de enero que tuvo atributos sustancialmente de voto con poder constituyente y el de diciembre que se puede entender como el voto de elección de representantes. El primero que determina institucionalidad estatal y el segundo que selecciona funcionarios públicos (presidente, vicepresidente, diputados, y senadores) con la salvedad de los casos que definieron institucionalidad desde la consulta de ser departamento autónomo o no en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca; o región autónoma o no para el caso del chaco tarijeño.

Ruta del voto ciudadano.
Importa por muchas razones (principalmente como acercamientos a la teoría del Estado) explicar la ruta de conversión del “voto constituyente” al “voto elector” del ciudadano. Esta ruta (que aparece normada en la actual CPE y no así en la abrogada CPE) muestra el paso de una situación política manejada por la sociedad como poder constituyente a un estado de inercia manifestado como voto ciudadano para elegir a representantes. El voto del 25 de diciembre fue un voto que encarnó la esencia constituyente del poder del pueblo, en cambio el voto del 6 de diciembre es el voto ciudadano elector que si no se tiene una lectura adecuada del momento de transformación que vive el país terminará instrumentalizando la sumisión del ciudadano a la institucionalidad creada para fines administrativos del Estado.
En este campo se debe reconocer que existen enfrentados la memoria de un pasado del voto utilitario y funcional a estructuras viejas de poder y un nuevo presente que configuran una realidad activada por el voto si, pero que a partir de enero con la instalación de la primera Asamblea Legislativa deberá ser dinamizada y comprendida como el mecanismo democrático que permitirá regular la legislación y avanzar con componentes estatales constituyentes interaccionando vivamente a los órganos del Estado y la sociedad organizada en la lógica de órganos estatales que proponen leyes desde iniciativas diversas y mandato constitucional, y ciudadanos con voto constituyente que las aprueban o las rechazan. Se empieza (como se intuye), a construir el Estado plurinacional con autonomía desde un pasado inmediato aun no interpretado profundamente, pero que viene con pautas y signos evidentes para trazar el rumbo del cambio y la Revolución Democrática y Cultural. De hecho el análisis del pasado proyecta por un lado su propia sombra y, por otro, refracta de manera esquemática una realidad de cambio desde el voto mayoritario a favor del binomio Evo – Álvaro.
El voto a favor del binomio tiene de todo en cuanto voto mayoritario del pueblo y expresión de mayoría frente a una minoría, y como es un premio a la gestión pasada, es también la aprobación del ciudadano por impulsar el cambio, es por otro lado el castigo a los grupos conservadores y reaccionarios que no quisieron leer la realidad de una manera adecuada, y lleva la ansiada y divulgada maduración de la conciencia sobre el valor del voto en el proceso democrático que vive Bolivia. No deja de ser la expresión de un trabajo y estructura partidista y el esfuerzo de candidatos uninominales y plurinominales que se disputaron espacios parlamentarios para la Asamblea Legislativa Plurinacional, o los adecuados acuerdos y alianzas con otras miradas políticas o con los mismos adversarios, o finalmente se tenga que echar mano al trabajo técnico de comunicadores y la acertada estrategia mediática que no excluye los mensajes certeros de los candidatos para movilizar a operadores y activistas en la búsqueda de los dos tercios de votos electorales a favor del oficialismo o en contra de un tercero en la disputa por el segundo lugar (discurso de Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina en contra de ellos mismo)[1]. Influyeron y consolidaron la preferencia del voto electoral las innumerables proclamas del binomio por parte de sectores corporativos empresariales y laborales, tanto como el carisma indigenista del presidente electo como la virtud analítica atribuida al vicepresidente.
Pero importa ahora lo que el ciudadano expresó con su voto y lo que ocurrió con su voto. Primeramente, sin dejar de ver la riqueza del juego electoral, se pone al frente la necesidad de mostrar en tapete verde los ejes de análisis validos para intuir el rumbo que tendrá la democracia y el trasmutado voto constituyente del soberano a voto de “ciudadano elector”, fundamentalmente porque se trata de explicar con herramientas dialécticas el futuro del Estado Plurinacional en consideración del curso principista que debe materializar la gestión de los representantes electos.
Mas o menos en la línea mencionada, el presidente electo dio a entender que una variante de la anterior gestión con la actual es que ahora hay condiciones para acelerar los cambios, y si bien esa puede ser su lectura inicial del voto elector del ciudadano a su favor, podría entenderse (con un pequeño sesgo interesado) de que con este mensaje lanza un desafió explícito para avanzar hacia la estructuración de un Estado socialista.
El desafío lanzado por el presidente electo para una segunda gestión expresa un campo del juego democrático al que el ciudadano con voto elector puede hacer del ciudadano “el elegido”, pero desde el concepto de mayoría democrática, no necesariamente expresar la razón por la que el ciudadano lo eligió. Los mas de dos millones y medio de ciudadanos que eligieron a Evo Morales[2] como presidente no lo hicieron pensando en una gestión socialista o impregnados de una visión de Estado Socialista; aunque es evidente que en el voto de muchos está plasmada la pretensión y la preocupación de las vanguardias revolucionarias de los años de lucha emancipadora del proletariado y las fuerzas populares revolucionarias anti-dictatoriales y anticapitalistas, que en síntesis refuerzan la idea de un Estado socialista, pero si es así será ligado al dogma socialista de un Estado bajo el control del pueblo organizado en formas alternativas y distintas a los organismos y poderes del Estado.
En este sentido el voto constitutivo y oculto a favor de un Estado Socialista, desde el voto de elección de presidente, vicepresidente y legisladores solo podría reflejarse como el pedido de una mayor exigencia del pueblo hacia sus representantes institucionales para permitírseles la organización del pueblo en sus distintos matices revolucionarios y de transformación crítica.
El camino del voto con sello del viejo estatismo.
A manera de comprender una vía posible de las transformaciones sociales, económicas y políticas que posibilite la legislación actual boliviana, será prudente entender la dinámica que el viejo constitucionalismo trazó para el ciudadano en base al Estado de derecho (y un voto - un ciudadano) y en materia de elección de autoridades.
En el marco descriptivo (a manera de verificar lo anterior) la preocupación general en la que ahora se introduce (pero aun no discrimina) la sociedad, es vivir la implementación de cambios viabilizados por la CPE, y sin percibirlo someterse de manera voluntaria (como ciudadano) a la norma asumida constitucionalmente por el Estado Social de derecho. La prueba mas clara de sometimiento es proyectarse a ser solo un elector y no asumir que es sujeto activo de un acto electoral donde el voto es solo una parte de toda la maquinaria democrática; esto implica que entienda que el elegir autoridades no lo desnaturaliza de su ser constituyente.
La sociedad al buscar individualizarse como “ciudadano de derecho” en un Estado, y al querer gozar de derechos políticos desde atributos estatales se ve en el peligro de arrendar su propio derecho constituyente, a las clases y grupos de poder que se escudan en las instituciones estatales, es decir lo que por naturaleza le corresponde; ser siempre poder constituyente, al aceptar la limosna del derecho al voto electoral paraliza toda forma de organización revolucionaria y de transformación. Es esto lo que precisamente se debe cuidar. La revolución del 52 universalizó el voto para elegir autoridades, al tiempo de cortar y coartar las formas revolucionarias de organización de los sectores de vanguardia. El 52 jamás le dejo ejercer al proletariado ni al campesinado su naturaleza constituyente, solamente les dio el aval para que elijan a autoridades de la estructura estatal; autoridades que ellos mismos seleccionaban y filtraban.
Por ahora la norma constitucional que hace Estado a Bolivia (y que nunca será un pacto social inmutable) pone a la ruta del voto un sentido de construcción social permitiendo el relacionamiento entre el poder constituido como órganos en el rango funcional de servidores públicos (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) y el poder constituyente del pueblo.
Es evidente que el momento “legal” mas alto de la demostración del poder constituyente del pueblo se dio en el referéndum de enero, es claro ahora ver que el “soberano” como tal y por mecanismos a legislarse y normarse podrá no solo participar en la elección de autoridades, sino participar en la transparencia de los candidatos a cargos públicos, participar en el diseño de políticas publicas, ejercer control social a la gestión pública y como atributo constituyente organizarse para definir la estructura y composición de la participación y control social.(CPE. Artículos 241 y 242)[3]
Y así como es constitucionalmente reconocido el poder constituyente del pueblo es evidente que la estructura del control social se verá enfrentada a entidades e instituciones ligados a logias, grupos de poder en atributo a la libertad de acción y el derecho asociativo privado en los ámbitos políticos, religiosos, económicos, social, cultural u otro. De hecho lo que antes no daba el constitucionalismo boliviano ahora lo da; respaldo legal para organizar y ejercer de manera permanente el voto constituyente del pueblo en contraposición al voto para elegir autoridades que fosilizaron a las instituciones a beneficio de intereses particulares y minoritarios. (El voto electoral es solo coyuntura no es estructural ni de proceso)
El poder constitutivo debe entenderse como atributo del ser social en una estructura de Estado y que no se institucionaliza, sino que se ejerce por derecho natural o consuetudinario. No es de ninguna manera un supragabinete porque no es institución constituida, y si ese fuese el camino a tomar; institucionalizar el control social, se lo hará en tanto lo permita la CPE, y para el caso si puede darse un supragabinete u otro denominativo, pero no puede entenderse como poder constituyente.
Lo que se demanda es que desde el control social institucionalizado o desde la propuesta del supragabinete no se quiera negar el voto constituyente al soberano, porque el voto constituyente es una decisión que actúa sobre la estructura estatal ya sea para cambiarla, ajustarla o para potenciarla, y no solo sobre la labor y rendimiento del funcionario público.
En todo caso estos son los puntos que ahora debe debatirse y deben profundizarse, porque como se ve aun están en estado de propuestas, análisis y de interpretaciones.

Antes y después del 26 de diciembre.
Con el objeto de entender la dinámica de cambios y esquematizar el momento político en aras a encontrar explicaciones a los eventos a futuro, es necesario (a partir de la promulgación de la CPE) precisar hechos concretos para establecer una, (si las hay) dos o mas fases (etapas) que marquen diferencia con el acontecer anterior al de la aprobación de la CPE, pero sin desligarlo del proceso de construcción y constitución del Estado boliviano.
Una fase marcada cronológicamente a partir del 25 de enero hasta el 6 de diciembre de 2009 cualitativamente (desde el paso de voto constituyente a voto elector) configura en su inicio el fin legal del viejo orden constitucional (concebida con mucha antelación y dinamizada por la presencia participativa y activa de la sociedad civil y sus instituciones); y en su culminación por el resultado de las elecciones nacionales o el inicio de la nueva gestión legislativa con cualidades de gobernabilidad marcadas en función al número de legisladores afines al cambio. (De 36 senadores, 25 oficialistas frente a 11 opositores para la cámara alta, y para la cámara baja de 130 diputados 84 para el oficialismo y 46 para la oposición)[4].
En esta epata de construcción del Estado tendría que irse entretejiendo y terminando de interpretar los antecedentes históricos de la redacción participativa de la nueva NCPE, su promulgación, la ejecución de pasos normados para hacer real el cambio de constitución política del Estado desde los artículos transitorios y otros constitucionalizados y así ir dando por resuelto los dilemas entre una constitución comunista o una liberal, una constitución para los indígenas o una para los mestizos, un diseño de una dictadura democrática del nuevo tipo o profundización de la democracia desde la acción y participación ciudadana en el aparato estatal.
Igualmente será necesario marcar un preámbulo de avances en los procesos legislativos ya iniciados desde los estatutos autonómicos y la estructuración y organización territorial legislada en la CPE (Tercera parte) para empezar a diseñar las nuevas relaciones entre la institucionalidad, la sociedad y el Estado.
Pero al fin de cuentas, tanto los dilemas que deben ser resueltos como aquellos avances legislativos que deben ser sometidos a controles de constitucionalidad son finalmente antecedentes y argumentos que una vez expuestos y superados tendrán que explicar y operativizar la relación entre el poder constituyente y el poder constituido, y abrir el paso al pueblo (desde el derecho ciudadano) para mantener como sujeto constituyente sin el temor de volver a ser un sujeto de derecho sometido al poder público y privado desde la ruta marcada por el valor único del voto elector. Es este punto un acercamiento al estudio del nuevo Estado en construcción.

De sujeto social constituyente a sujeto individual de derecho
Es primordial entender también que el poder público o poder constituido en el marco del proceso constituyente estarán en vigencia solo en cuanto sea obra y voluntad del sujeto constituyente (soberano-pueblo). Es decir que no puede darse un poder público si no es institucionalizado y normado por el sujeto constituyente y que al hacerlo (paradójicamente) corre el riesgo de negarse a si mismo como sujeto constituyente. El sujeto constituyente al institucionalizarse desde la norma suprema se auto reconoce a si mismo para ser ciudadano de derecho, sometido al libre accionar de un poder construido en el marco del derecho ciudadano individual o colectivo. Cuando el poder constituido ejerce su autoridad institucional sobre el ciudadano no lo hace en relación ciudadano – ciudadano o institución - ciudadano, sino como un poder construido o como voluntad asociada de un poder ya no creado por el poder constituyente, sino por el derecho civil y político establecido en la norma constitucional. El Estado es contenedor material de la abstracción institucional del poder constituido, es un poder que se abre al ejercido privilegiado de grupos de ciudadanos afines en un destino y con poderes de naturaleza diversa.
La democracia representativa en un Estado así se presenta como una forma de gobierno normado que viabiliza la llegada de cualquier grupo de poder construido a la institucionalidad estatal. Y el gobierno del pueblo es solo una llama en el inmenso polvorín de violencia que oculta la naturaleza del Estado. Constitucionalmente la democracia representativa es la nominación del ciudadano al poder constituido a través de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena. No es desconocido que los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas son instrumentos políticos de grupos de poder, logias y corporaciones con influencia regional o nacional; entonces no queda duda que el Estado constitucionalmente diseñado está configurado para dar cabida preferencial (sino exclusiva) a grupos monopólicos de poder para que usufrutuen ventajosamente los bienes a los que se pueden llegar desde las estructuras socioeconómicas del Estado. Es la enajenación del “espíritu democrático” que encarnó el sujeto constituyente en el proceso de redacción del la CPE y su respectiva voluntad de sometimiento, pero que debe superarlo
Así queda claro, primero que el diseño de un Estado con poderes constituidos en su mirada tradicional encierra la perversidad inherente a su naturaleza estatal en el seno mismo de su concepción teórico conceptual y segundo que todo cambio aspira a vislumbrar matices que en su proceso de transformación evolutiva operen como aportes de corrientes críticas a los mecanismos democráticos basados en el voto universal y secreto. Hoy sin embargo el nuevo texto constitucional establece la implementación de métodos alternativos al voto universal, no solo para nominar, sino también para elegirlas o designarla (escaños especiales y representaciones en los pueblos y acciones indígena originario campesino).
Pero volviendo a lo anterior, el voto en la lógica de universalidad y secreta no es el ejercicio del poder constituyente y tampoco normativa que se establece desde el Estado a favor del ciudadano que quiera ejercer opinión o decisión dentro la estructura estatal, de hecho es obligatorio y coactivo en tiempo y espacio y cuya responsabilidad recae en una autoridad elegida o nombrada para tal fin, desde una escala de jerarquía institucional, el voto de esa manera nace enajenada y restringida a interés institucional y no individual, pese a que el voto tiene valor individual. El voto universal “rifa” el poder del pueblo entregándoselo al poder institucional público privado.
En el poder privado, las logias y grupos de poder no se diputan el poder desde el voto universal y secreto, estos lo hacen en el seno mismo de la constitución es decir en la normativa de las elecciones a los poderes constituidos, allí encuentran la libertad para trascender a través de la institucionalidad del poder público. El poder privado (poder construido) vía institucionalidad constitucional la ejerce el grupo de poder, la corporación, la logia, el partido político o la agrupación ciudadana, etc. No puede darse de otra manera. El poder privado interactúa con el poder público constituido para hacer de este último su instrumento de dominio y de sometimiento del ciudadano a sus intereses. En esa circunstancia el Estado es y se convierte en instrumento institucional del poder privado o poderes construidos. Así el voto a interés institucional se hace de interés de los grupos de poder.
Los eventos políticos entonces buscan y se materializan en la sobreposición del poder construido (privado) desde el mismo espíritu del poder constituido. No importa el tipo de Estado federal o unitario, lo que se contradice en última instancia es el poder del pueblo (poder constituyente) y el poder construido, de manera que adelantando un poco el tema de los estatutos autonómicos y la “desobediencia civil” divulgada el 2008 por el bloque cívico prefectural de la media luna, se puede intuir que en la disputa diseñada se transparenta la búsqueda idealizada de la hegemonía del poder resumida en la capacidad y las limitaciones que expone el poder construido para llegar al poder constituido (Los grupos de poder no lograron apoderarse del parlamento y el ejecutivo), desmantelar al poder constituyente y asumir la representación del derecho ciudadano. El poder construido es el antagónico del poder constituyente y el poder constituido es el campo del conflicto y trofeo al mismo tiempo. Allá y en afán a ello se manifiesta sus principales contradicciones. Todo esto lo descubre y lo dibuja claramente la realidad política y la lucha por el poder y el derecho ciudadano de 1990 adelante.

La abstracción del derecho y el Estado
La fatalidad y el ocaso del poder constituyente pueden nacer de una perversidad constituyente donde el sujeto de derecho se minimice democráticamente a ciudadano elector desde un conjunto de mecanismos y normativas concernientes con el traspaso y acomodos institucionales. El pueblo que acaba de votar para elegir a sus autoridades está expuesto a asumir un compromiso de sometimiento a la autoridad funcional a los órganos del Estado. En ese sentido el elegido se hace “comandante único” y el elector soldado desmovilizado y en pasiva espera de órdenes; el ciudadano como sólo elector no crea, no busca resultados ni vías como lo hace el sujeto constituyente y el sujeto que construye derecho. El ciudadano elector por razones obvias deja de ser poder constituyente. Su rol ciudadano, queda configurado para interactuar de manera pasiva desde una propuesta de organización estatal. Puede el Estado entonces a través de su estructura institucional ser el objeto jurídico que los somete desde los órganos estatales (poderes constituidos) claramente definido en sus fines, composición y atribuciones. No se puede negar que la ciudadanía votante a favor del Evo Morales empieza a reconocer en el líder atributos de mando único, el Estado en construcción en esta etapa aun necesita de esta lógica, pero no será fructífera si las instancias de la institución estatal asume ser ese mando. Los dos tercios no es el voto de sometimiento a la institucionalidad, es mas bien el voto que legitima construir institucionalidad con participación activa, es decir que es aun un voto constituyente, aunque legalmente sea un voto que elige autoridades para instituciones gubernamentales ya constituidas.
La institucionalidad estatal que vive apoyada en los pilares de la vieja CPE incuba aun el antídoto al ejercicio del derecho igualitario sobreviviendo con las fuerzas de la legislación estatal logiera y conservadora. Los grupos de poder que intuyeron su colapso y que buscaron después del 25 de enero el “Hombre” que detenga el derrumbe de la vieja institucionalidad apilada en la constitución abrogada, se dieron la tarea de buscar “el elegido” para elegirlo por voto universal como presidente de la República cuando la mayoría ya tenía un presidente del Estado Plurinacional desde su rol de constituyente y no de elector. En los hechos los grupos de poder buscaron suplantar la decisión primicial de las mayorías y fracasaron, y seguirán fracasando mientras no entiendan que Bolivia vive un momento constitutivo o fundacional y no un momento electoralista, aunque legalmente así la llamen a momentos particulares.
La gestión actual de las instituciones estatales es encarnar este proceso constitutivo asumiendo que no han sido elegidos como autoridad institucional, sino que han sido elegidos para representar a un sector o a una totalidad mayoritaria en la tarea constitutiva o fundacional del Estado Plurinacional. Una parte de esta tarea es la elaboración de las más de 100 leyes que demanda la CPE y las demás normativas que devendrán del accionar dinámico del pueblo.

De elector al sometimiento
El carácter constitutivo de la sociedad orientados por las vanguardias revolucionarias y de cambio tienen que prepararse para contrarrestará el viejo objetivo estatal de desmovilizarlos con el único objetivo del pasado; garantizar el funcionamiento institucional a favor de grupos de poder. Del pasado se recoge el peligro que debe superar el actual proceso cuando ya el ciudadano, imbuido por una fe de elector se niegue como sujeto constituyente y actúe en contra-ruta básicamente para someterse a los poderes construidos que operan en los órganos del Estado (Poderes constituidos). Bolivia vive un periodo de construcción positiva de normas y no un periodo de sometimiento a la norma, aunque la promulgación de una norma lleve el supuesto implícito del sometimiento a la misma.
Estructuralmente desde el viejo constitucionalismo el ser elector se ubica en la parte inferior de una relación jerárquica de construcción y ejercicio de poder, pero también se encuentra apretado y sometido por dos brazos de una tenaza cuyo eje de presión y movimiento se llama institucionalidad. En un brazo de la tenaza están concentrados los poderes constituidos (Instituciones con mandato constitucional) y en el otro los poderes construidos (grupos de poder, logias, mandos políticos e institucionales no democratizadas).
En esa figura la institucionalidad para su funcionamiento constitucional recurre tanto a su componente de poder público constituido como al componente del poder privado en expresión de los intereses de clase y de logias de poder. En otras palabras el sometimiento del elector viene a través y hacia la institucionalidad, es decir el sometimiento a la presión del poder público y el poder privado.
El poder privado, al moverse en el marco del derecho y ejercicio ciudadano no se reconoce como elector en si mismo ni como sujeto sometido a la institucionalidad; el poder privado que busca consolidarse a través de la institucionalidad pública en poder, no es el ciudadano que elige (aunque en un momento ejerza este derechos para elegirse a si mismo), sino el ciudadano que ha concertado con el poder público para compartir y someter al elector en atributo a su representación adquirida institucionalmente por la vía del voto popular.
El voto eleccionario fue el recurso mas utilizado por los grupos de poder cruceño al grado de querer desde el voto de preferencia regional generalizar una tendencia independentista cruceña. En casos el elector supone su propio sometimiento a la norma, ese es el cuidado que se debe tener en el actual proceso. El proceso constitutivo no es sinónimo de sometimiento, el sometimiento a la norma tiene otros matices, fundamentalmente ligados a la violación de acuerdos en procesos positivos ya consolidados y a fuerza de la violación del derecho positivo y derecho natural. Las tomas de instituciones y los actos de crimen y crueldad institucional en el departamento de pando jamás fueron actos constitutivos, fueron actos delictivos y en ese sentido la Ley debe imponerse. El ciudadano someterse a la Ley.

Del sometimiento al ser social
El ciudadano boliviano después del 52 como sujeto de derecho, y en su condición de “sociedad civil” vivió y pagó el fracaso de una clase política, y se desarrollo en medio de fuertes contradicciones ideológicas, pero no encontró un vía alternativa común a la mayoría (hasta antes de la demanda de una asamblea constituyente) para construir y generalizar una visión que lo ubique y lo consolide políticamente como protagonista principal en el ejercicio de su derecho constitucional. El viejo constitucionalismo de democracia participativa y representativa (arraigado de alguna manera en el pensamiento nacionalista e incluso marxista) no incorporó la idea de los derechos colectivos, de los derechos laborales y sociales en igualdad para todos los ciudadanos, de los derechos a organizarse a todos los trabajadores del campo y la ciudad reconociéndolos jurídicamente como sujetos políticos. Jamás se les pasó a la clase política del 52 (Falangistas, emenerristas, poristas, marxistas, mahoistas, leninistas y otros) proponer y desarrollara argumentos para que la CPE permita ejercer el derecho político desde los usos y costumbres de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, o desde asambleas y cabildos. Los mecanismos jurídicos se dieron (la Constitución del 67 y otras reformas posteriores) pero el momento histórico no generó un proceso y una vanguardia de cambio como la que se daría recién a partir del 2000.
El ciudadano del siglo pasado vivió la extrema sumisión a una norma constitucional que no la conocía y de la cual no fue partícipe en su redacción ni en su desarrollo, no fue partícipe mas allá de lo que los grupos de poder económicos y político les permitían, con derecho o sin derecho constitucional. El ejercicio pleno del derecho político fue una especie de ficción, que con el tiempo entre los explotados y oprimidos del campo y la ciudad se fue convirtiendo en una visión, en su reconocimiento de ser social, en igualdad de derechos constitucionales. En cierta manera el momento actual responde a condiciones objetivas y subjetivas particulares y una efervescente actividad política propiciada y acelerada por la crisis del neoliberalismo a nivel mundial y la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y Carlos D Meza.
El momento histórico sumó muchos factores para que el ciudadano que elegía a sus representantes también los destituya, para que el ciudadano que elegía a sus representantes seleccionados por la cúpula de un partido político pueda hacerlo de otras formas, también el momento histórico permitió que las reglas constitucionales para elegir a presidente, vicepresidente, diputados, senadores y prefectos cambien y rebasen el marco del viejo constitucionalismo, el momento histórico mostró la diferencias de derechos constitucionales entre un minero, un profesor o un asalariado con una ama de casa, un trabajador del campo y un artesano, el momento histórico propicio el encuentro de un mundo de relaciones asalariadas con otro de relaciones de servidumbre y semi-esclavitud, certificó la existencia de naciones y pueblos con realidades culturales, económicas religiosas diversas, el momento puso en supremacía los derechos naturales frente a los derechos constitucionales, el momento histórico abrió el camino de reformas constitucionales para ir poco a poco hilando propuestas de diferentes sectores y visiones de grupos de vanguardia. El momento histórico fue destetando a la sociedad de su dependencia y sumisión a la CPE para hacer del ciudadano un ser social. Desde este atributo de ser social se debe entender la construcción del nuevo Estado boliviano y los desafíos para el nuevo estado boliviano y no solo para sus representantes elegidos a funciones públicas.
Una nueva mirada ciudadanía para una nueva institucionalidad
Es evidente un retorno del ser social al ser ciudadano, pero en nuevas condiciones. Para el caso del diseño constitucional boliviano el retorno tiene que ver con las trabas a cambios más profundos por parte de las fuerzas reaccionarias y conservadoras en el parlamento de octubre del 2008. El ciudadano vuelve a ser la unidad fundamental de la organización de la sociedad en Estado. Las preocupaciones de un futuro estará en que tanto el ciudadano desconoce el poder de si mismo, en que medida irá entonces delegando este poder a los poderes construidos (logias, partidos, confederaciones) y a los constituidos (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) sin ponerse al medio de dos fuegos. El mecanismo de la delegación del poder se llama elecciones por voto universal y secreto. El voto puede convertirse de nuevo en el único acto de ejercicio de poder del ciudadano si delega ciegamente su visión a los poderes constituidos y construidos. Claramente esto se puede entender como el derecho atrofiado.
Finalmente se debe concluir que el proceso que vive el pueblo boliviano no debe hacer que los poderes constituidos o construidos sean los que determinen y formalicen unilateralmente (para si misma) su plena vigencia, sus atribuciones y facultades, sino que será por mérito propio y concepción de sociedad estatal, el pueblo como poder constituyente es el que desde sus raíces institucionales naturales y formas de participación política socialmente acordada y generacionalmente transmitida puede universalizar toda norma para ponerla a su servicio a objeto de racionalizar las relaciones sociales, económicas y políticas desde el ejercicio del poder. Así la sociedad se organiza para seguir siendo poder y establecer su derecho ciudadano ante la organización del poder constituido.

[1] El voto opositor al distribuirse entre las dos fuerzas opositoras (UN y PPB) tuvo una característica de sacrificio. El voto opositor sacrificó a Samuel Doria Medina con la idea de que PPB podía llegar a una segunda vuelta. Definitivamente fue persuadido por esta lógica y la consigna del “Voto Utilitario” difundido en las dos últimas semanas por distintos medios.
[2] Con el 96.05 % de votos recontados por la Corte Nacional Electoral el número de votantes a favor del MAS alcanza a 2.573.804 que en porcentaje significa el 63.12 % del electorado nacional (5,1 millones de empadronados). El segundo lugar le corresponde a PPB de Manfred Reyes Villa con el 27,39% y el tercero a UN de Samuel Doria Medina con el 5,82%. (Fuente: La Razón. 13 de diciembre de 2009)
[3] El presidente Evo Morales propuso en reunión con asambleístas del MAS crear un supragabinete para fiscalizar los poderes del Estado. Este supragabinete podrían conformarlo los líderes nacionales de los movimientos sociales afines al gobierno. (La Razón. 13 de diciembre de 2009)
[4] Aproximaciones propias, en base a datos de la CNE pero no oficializadas aun en ninguna fuente.

ALIANZAS Y CAMBIO

2009-11-07T14:56:00.000-08:00

En el presente trabajo se pretende explorar los procesos socio-electorales ligados al Movimiento Al Socialismo y algunas repercusiones a raíz de sus alianzas con los sectores de oposición en un contexto de logro de objetivos y en el marco del cambio político-social y económico concebido desde un enfoque de apoyo a la nueva Constitución Política del Estado (CPE)
Primeramente se abordan consideraciones específicas ligadas al contexto ideológico y pragmático del proceso electoral, para luego identificar aspectos programáticos y de intereses de grupo visibilizados a raíz de las alianzas. Finalmente aprovechando la encuesta sobre preferencia electoral realizada por la Red PAT se plantean algunas apreciaciones conclusivas sobre el proceso mismo y las repercusiones sociopolíticas actuales.

Dialéctica de las alianzas del MAS IPSP.
Es posible tratar aisladamente cada una de las alianzas con la simplicidad conclusiva del derecho político individual o colectivo cuando de por medio operan factores de naturaleza objetiva y subjetiva que cambiaron y tuvieron relevancia en las acciones y lineamientos políticos de los gobiernos neoliberales y las movilizaciones en contra del proceso constituyente durante la gestión del actual gobierno. Y partiendo de esto se torna más productivo (antes de justificar o atacar cualquier alianza) empezar a hilar visiones y posturas políticas para responder a la demanda del proceso político actual y adelantar un conjunto de posibles escenarios que devengan; tomando en cuenta las visiones construidas e incorporadas en el texto constitucional (esto en si mismo ya hace de las alianzas procesos complejos).
La complejidad de las alianzas para el gobierno y el MAS-IPSP radica en incorporar, comparar e interrelacionar dialécticamente el conjunto representativo de las proyecciones colectivas en materia de transformación económica, política, ideológica y social, abriendo el plan de gobierno y los principios del MAS_IPSP a todo lo complementario y lo que signifique claramente un aporte; dejando para otras situaciones las consignas construidas de manera superficial y trivial. Estas trivialidades que en el pasado fueron consignas partidistas no pueden ser ahora presentadas como dilemas que comprometen o alejan al ciudadano del proceso. (Se hace referencia a términos antónimos como el de patriotas y antipatriotas, el de traidores a la región y leales, collas masistas con el de cambas autonomistas) aunque como adjetivos para inducir el enfrentamiento y posicionamiento político aun sean parte de la farándula.
Objetivamente no se tendría que confundir las alianzas con la apertura indiscriminada a nuevos militantes, ni el ejercicio del derecho político partidista o individual con el permiso o tolerancia de grupos de poder asentados en una región. Parece una valoración subjetiva y extremadamente confusa (o finalmente ingenua) el aceptar a opositores al interior de un partido con el único argumento del de ser magnánimos en la victoria, de la misma manera que parece extrema presunción y arrogancia creerse el pasaporte o visa para hacer política en una determinada región o zona de conflicto aduciendo una propiedad identitaria. Sin embargo y pese a todo es democrático –por el profundo derecho de libertad de la persona- y constructivo trabajar conjuntamente en la misma vía o mirando objetivos comunes.

Posicionamiento político.
Se hace prudente tomar una posición ante un conjunto de alianzas y acuerdos del MAS-IPSP y el ejecutivo con sectores duros de la oposición política, Cívica – Prefectural y empresarial principalmente cruceña. El interés lleva a buscar puntos de análisis para comprender el proceso de alianzas o acuerdos electorales tomando en cuenta las diferencias ideológicas conceptuales manifiestas en Santa Cruz entre el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (en tanto impulsor de la revolución democrática y cultural) y protagonismos individuales e institucionales (en tanto críticos y opositores duros a este proceso).
Se ha especulado e interpretado desde varios ángulos sobre las nuevas alianzas del MAS-IPSP con sectores de la oposición dura, en torno a esto, mientras unos consideran (por el lado del MAS-IPSP) que los nuevos aliados, los que antes habían pateado a campesinos y masistas, deban disculparse antes de cualquier adhesión, otros consideran que no se puede hacer alianzas con radicales que tomaron instituciones y agredieron a campesinos.
Al mismo tiempo en la generalidad de la militancia se percibe apertura plena a cualquier acuerdo o alianza con la empresa privada, salvo con aquellos empresarios que aun insisten con posturas tendientes a recrudecer las jornadas violentas de Pando y de septiembre en la región de la media luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
Por el lado de la oposición quienes se sumaron al “Proyecto del MAS-IPSP” son considerados traidores a Santa Cruz, vendidos al MAS o finalmente masistas incrustados en las instituciones cívicas que “Ahora pelan capucha”. Y a los empresarios y directivos que oficializan preacuerdos, acuerdos o simplemente reuniones con personeros del gobierno, con el Vicepresidente o con el Presidente, se les reclama falta de lealtad por “negociar a espaldas de los cruceños” y por ignorar a la directiva del Comité Cívico como intermediario válido y útil a la cruceñidad empresarial.
Pero también hay en ambos bandos quienes consideran que lo que se está haciendo está muy bien. “Es bueno recibir a los opositores sin condición alguna en un acto de magnanimidad y está bien sumarse a las filas del cambio porque en el cambio está la autonomía ansiada por el pueblo cruceño”.
Sin duda que existen matices de diversa índole entre los mas extremos y los intermedios. Y de todo este conjunto de posiciones y especulaciones lo mas probable es que no haya nada sobre el perdón demandado y esto pase a ser nada mas que un autoconsuelo de militantes consecuentes del MAS-IPSP o que en poco tiempo estas alianzas o acuerdos queden sin efecto y la ruptura sea eminente; o finalmente las alianzas sean las constructoras de nuevos liderazgos regionales. (Esta última afirmación lleva a recordar conversiones radicales que dieron origen a nuevos liderazgos al servicio de los explotados. Recordemos el paso de “Bandolero” a Revolucionario del mexicano: José Doroteo Arango Aránbula mas conocido como “Pancho Villa” convertido en ícono de la revolución mexicana en mérito a su acción militar contra el régimen de Victoriano Huerta y su incorporación a las fuerzas de Madero. Igualmente recordemos a anarquistas perteneciente a la nobleza y que defendieron la causa del los obreros y campesinos pobres, o la gestión del presidente militar que al empezar su gestión como hombre de la oligarquía minero feudal (Coronel Germán Busch) terminó abanderando una gestión gubernamental a favor de los explotados y oprimidos de Bolivia.
Bolivia vive momentos de cambio y de transformaciones que aun irán madurando, y que por ahora se muestran de manera confusa, en razón a que aun que no se han esfumado ni olvidado los momentos más conflictivos y no se han aclarado adecuadamente el curso que busca la Revolución Democrática y Cultural impulsada por el Gobierno del MAS-IPSP a la Cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera. Por ello mismo la clase política y el conjunto de protagonistas políticos se balancean en una especie de ofertas políticas concretas en sus resultados inmediatos pero confusos en la sostenibilidad y utilidad a mediano plazo. Se vive una especie de influencia fenomenológica que hace que los actores políticos de bandos opuestos reflexionen y replanteen aportes políticos e ideológicos en función a intereses coyunturales, dejando para después las tareas inconclusas de la Revolución boliviana. Es entonces claro que para ir entendiendo las alianzas políticas, el proceso dialectico y el análisis de los movimiento antagonismos debe ir mas allá de meramente emocional y explorar nuevos tópicos en el campo de la política.

La alianza y la campaña se subordinan al logro de cifras eleccionarias
Cuando algunos líderes de sectores opositores (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Unión Juvenil Cruceñista, funcionarios de la Prefectura, empresarios organizados y otros) responden en la presente campaña electoral, a una alianza coyuntural con el MAS-IPSP, desde un liderazgo ya reconocido como opositor, se ganan el etiquetado de funcionales al oficialismo. Y lo primero que se deduce desde afuera es que existe de por medio el interés de protagonismo individual, por encima del interés colectivo expuesto como consenso. Es claro que en esta circunstancia al aliarse se pierde parte de apoyo y parte del espacio ganado en años o meses de trabajo de liderazgo, pero también es cierto que se les abre un nuevo horizonte, que para el caso particular es más promisorio para afrontar nuevos desafíos a nivel nacional.
Por otro lado el acercamiento del MAS-IPSP a los opositores (porque también existe esta ruta de acercamiento) se muestra motivada en primera instancia por un interés electoral que prioriza la captación del voto abriendo niveles de escepticismo y cierta cautela en instancias estructurales de la militancia y las direcciones intermedias y del equipo de apoyo ideológico. El MAS-IPSP circunstancialmente en sus sectores mas esclarecidos demanda que toda alianza al tiempo de garantizar suma significativa en el número de votantes deba también proyectar una suma de práctica e ideología a la Revolución Democrática y Cultural (y esto es estratégico para el avance del proceso de cambio) que finalmente se traduzca en la implementación y aceptación de la Constitución Políticas del Estado como norma suprema refrendada por la mayoría del pueblo boliviano.
Entre estas dos evidentes intencionalidades puestas en vitrina, dirigir analíticamente la mirada hacia el simple electoralismo por parte del MAS-IPSP llevaría a suponer alianzas subliminalmente justificables desde la incertidumbre marcada por el número de electores empadronados, el nuevo registro electoral y objetivamente por el compromiso social de llegar a cifras electorales propuestas anticipadamente.
Subjetivamente el oficialismo ha ofrecido a la sociedad boliviana hacer una campaña para llegar a los dos tercios de las preferencias electorales (para ello pide a la población su apoyo) y la oposición ofrece en la campaña ganarle al oficialismo. En estas dos ofertas despojadas de ciertas particularidades se tejen ya un conjunto de compromisos que después de las elecciones se tornaran insostenibles y contradictorios, primero porque es completamente improbable que la oposición le gane al oficialismo cuando su máxima aspiración real del opositor mejor posicionado es llegar al 25 % a nivel nacional de manera independiente y entre todos evitar la mayoría absoluta en la victoria del MAS IPSP y segundo porque el MAS-IPSP para llegar a los dos tercios tendría que traer sus filas a potenciales opositores y revertir fuertes y antagónicos elementos de clase, regional, y de estatus económico los mismos que operaron como motores movilizador de un fuerte y duro rechazo evidenciado durante las jornadas de enfrentamientos políticos a raíz de la aprobación de la CPE.
Ahora, a partir del presente periodo el péndulo preferencial viene marcada coyunturalmente por la campaña electoral y dirigido a la captación del voto ciudadano, y de manera táctica y a mediano plazo por la adhesión orgánica de diversas miradas colectivas o sectores estratégicos que pesaron o buscan protagonismo en las decisiones y el proceso mismo, el curso de los acontecimientos obligan a mirar así, sin embargo es importante coincidir (en la medida de lo posible) que para cualquier análisis y posicionamiento político posterior se deben ir hilando y sobre todo interrelacionando con visiones, posturas políticas y balance de peso de actores en la aplicación o negación de nuevas normas jurídica y la CPE [1].
Por ahora toda alianza o acuerdo es complejo explicar desde coincidencias programáticas, ya que se impone la búsqueda de cifras como resultado de la presente campaña electoral, tanto para el oficialismo como para la oposición, y en ese sentido al estar las alianzas coyunturales predominantemente subordinadas a la oferta de campaña electoral, como fin mismo, hace que la previsión de futuros escenarios políticos se complique.

Para entender la ruta de la campaña del MAS IPSP.
A tres años y un poco más se nota en la estructura militante del MAS-IPSP cambios de conducta sustanciales en materia de alianzas y recepción de nueva militancia. Lo que hasta antes se mostraba como “celo político” ahora se muestra como “apertura generosa” La razón más clara es única: consolidación del liderazgo.
Cuando se consolida el liderazgo el temor de ser desplazado disminuye o se confunde, y con ello crece la confianza al grado de proponerse a cubrir nuevos desafíos y emprendimientos. El presidente Evo Morales consciente de su liderazgo nacional reta el dilema del puritanismo dando apertura a la diversidad ideológica partidista. Así traza un nuevo desafió primeramente propuesto indirectamente al interior del MAS-IPSP y posteriormente presentado como oferta interactiva a la ciudadanía; llegar a los dos tercios de la preferencia electoral a nivel nacional es la propuesta. En esta ruta interactiva la ciudadanía debe asumir necesariamente una posición frente al dilema del Si o el NO a los dos tercios.
Curiosamente para el tema de la elección presidencial se da una transmutación de la campaña, se pasa de una campaña para elegir presidente a una consulta para elegir a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera con dos tercios o con mayoría absoluta.
Con el posicionamiento de los dos tercios el proceso electoral ha entrado a una etapa de intersubjetividad entre el elector, la militancia y el líder. Es en si mismo un planteamiento de dilema al que sólo la ciudadanía y sólo a través del voto se puede dirimir. El dilema es SI a los dos tercios o un NO a los dos tercios. Ya no está en cuestionamiento la elección de Evo Morales como presidente, eso ya es un hecho. Y de paso ya no es cuestión de debatir programas ni la libertad de Leopoldo Fernández, menos el arraigo de Manfred Reyes Villa, las cosas van por otro lado[2].
La propuesta interactiva de los dos tercios anima a los seguidores del MAS IPSP, pero no se ha medido lo que puede pasar con los que no son sus seguidores. La oferta de los dos tercios minimiza la fuerza que pudo haber almacenado o guardado la oposición desde alguna propuestas o plan de gobierno tanto así que el proceso electoral ha dejado de ser una carrera de propuestas que va de los candidatos hacia los electores para reducirse a un SI o a un NO a los dos tercios.
La dinámica política ha introducido para los que dicen NO a los dos tercios dos opciones (Manfred Reyes Villa o Samuel Doria Medina) y eso ya es fractura y derrota para la oposición. Por datos últimos se tiene referencias que los NO en el oriente van al lado de Reyes Villa y los NO en el occidente van al lado de Samuel Doria Medina, pero entre ambos apenas se estará bordeando el 35 %

Los dos tercios y la estrategia de alianzas.
Y pese a todo lo anterior en este contexto de posicionamiento de los dos tercios, SI o NO, las alianzas de campaña muestran caminos en un par de “picos de plancha” en sentidos contrarios y condicionados al voto mayoritario a favor del MAS-IPSP. Si la victoria es de NO a los dos tercios, entonces los votos opositores al MAS-IPSP retoma dos posibilidades, uno, se va el voto a favorecer a Manfred Reyes Villa o dos, a favorecer a Samuel Doria Medina (los demás candidatos cuentan poco estadísticamente aunque René Joaquino incida mínimamente). Pero si el voto es favorable a los dos tercios, será resultado lógico de la confluencia de dos vertientes, una que aporta al MAS-IPSP y otra como aporte de la población inclinada al cambio y el proceso constituyente.
El caudal de votos que se pueda lograr en Santa Cruz es determinante. Para el MAS-IPSP prima superar por lo menos el 40% de preferencias. Puede hacerlo en cuanto el proceso constituyente y el proceso de cambio adquieran mas fuerza; y es evidente que la opción de voto se pinta hacia el cambio y la aplicación de la nueva constitución. Tendencialmente esa mirada es redituable y tiene margen de crecimiento. De manera contraria el margen de crecimiento para los que promueven la oposición y rechazo al cambio y a la nueva CPE está cerrado, por que las dos fuerzas opositoras siguen yendo en contra y lo mas que podrán hacer es intentar diques de contención, pero que el mismo fenómeno se ocupará de llevárselos por otro rumbo.
En este campo, la oposición ha cerrado filas con lo que tiene y técnicamente no puede ya detenerse a buscar alianzas, desesperadamente su preocupación se centra mas en evitar la fuga de sus aliados empujándolo hacia atrás. En cambio el MAS IPSP va con el cambio y el proceso constituyente, EVO es en cierta manera parte importante del cambio, y hasta líder del mismo. Por ello su política de alianzas es mas abierta y con mayores ofertas. Para el MAS la oferta y demanda de alianzas esta equilibrada, mientras que para la oposición su demanda esta en déficit con la oferta.
En este criterio el MAS-IPSP ha mostrado su capacidad de negociación y junto al gobierno abren alianzas y acuerdos con la corriente que levanta las banderas del cambio, la autonomía, el desarrollo y el potenciamiento del Estado.
Interesa en ese sentido adelantar las visiones que se entrelazan en la presente la acción de alianzas y acuerdos consolidados en unos casos y en curso en otros.

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) reconoce desde un espacio solicitado en El Deber [3] que Bolivia ha ingresado a una nueva etapa electoral en la que todos deben participar, pero también contribuir al proceso y para lo cual consideran que un aporte es hacer conocer su visión a los candidatos a la presidencia de Bolivia. Esta posición es sin duda alentadora para el proceso eleccionario, al hacer conocer a los candidatos su visión, sin embargo ya hacen conocer a la población que los empresarios cruceños se declaran creyentes del modelo de libre mercado bajo el rol protagónico del empresario privado y supeditando al Estado a una función básicamente normativa y fiscalizadora, de manera que se inmiscuya lo menos posible en actividades productivas y de servicio. Esto en definitiva es Neoliberalismo al mas puro estilo del año de 1985.
Recordemos que entre los tres pilares básicos del neoliberalismo están la liberalización del mercado, la privatización y la austeridad fiscal.
Lo que la empresa privada está pidiendo con su solicitada es que la producción hidrocarburífera, minera, siderúrgica, energética y el circuito productivo de las empresas nacionalizadas pasen a manos privadas. Es en pocas palabras una visión que encaja al proceso de capitalización y privatización que el año 1985 llevó a Bolivia a los veinte años más serviles al capital transnacional y al imperialismo norteamericano.
Igualmente se está pidiendo la liberalización del mercado (financiero, comercial y de capitales), que las más de las veces se traduce en el cierre de la pequeña y mediana industria y el desempleo. La visión que la empresa privada trazaría con esta medida sería manipular el control de precios tal como lo hicieron con el precio interno de la soya, el arroz, el azúcar, la carne, y otros productos de primera necesidad en desmedro de los consumidores.
Y lo que en esencia denuncia esta visión es oponerse a la visión económica del Estado plurinacional que reconoce una economía plural constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. (CPE. Artículo 302.II) y donde en el Artículo 309 asigna a las empresas estatales las competencias para “1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos recursos. 2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. 3. Producir directamente bienes y servicios. 4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. 5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios”.
Los empresarios tienen la visión de negar al Estado toda participación en actividades de servicio, de roles en la seguridad alimentaria y quitarle el rol regulador cuando en la CPE en el artículo 316 reafirma que el rol del Estado es “Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios” y “Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía”.
Yen este grado de oposición de desarrollo económico, la visión viene acompañada de una serie de recomendaciones que tiene sentido, siempre que el empresariado privado asuma como fundamento productivo el marco de la economía plural y el rol estratégico del Estado. Estas recomendaciones van dirigidas a garantizar la producción agropecuaria, apoyo del Estado a toda iniciativa productiva enmarcado en el desarrollo sostenible. De la misma manera, los empresarios manifiestan su preocupación por el potencial minero y el Proyecto del Mutún, en este caso se debe entender que el Estado estará presente como accionista mayoritario o como empresa estatal consolidada para este fin.
En todo caso se debe resaltar el compromiso de trabajar en temas de preocupación laboral y estatal como el desempleo y el desarrollo del turismo interno, la educación y otros.
Este conjunto de misiones que se traza desde una visión global debe la empresa privada reacomodarla hacia la búsqueda de compatibilización y armonización con la CPE , pero sobre todo acomodar su estrategia productiva al nuevo Estado con Autonomías entendiendo los 3 tipos de autonomía y no centrado exclusivamente en la autonomía departamental.
En los últimos párrafos de la solicitada los empresarios, llaman a trabajar en forma estrecha con la gobernación departamental de Santa Cruz, implementando un plan de desarrollo departamental que involucre a todos los sectores productivos y con el gobierno Municipal y las alcaldías provinciales prestando servicios en áreas vinculadas a la educación, la salud, la infraestructura vial y el desarrollo turístico.
En este párrafo la propuesta empresarial debe hacer mención al menos sobre la relación de mercado que buscan con los gobiernos autónomos indígena originario campesino, ya que tendrán que hacerlo tarde o temprano y no tiene sentido seguir ignorando por temores infundados que vienen de prejuicios sobre la propiedad colectiva, las relaciones de producción comunitaria y la jurisprudencia Indígena y agroambiental.
Finalmente dicen que (su visión en el marco del proceso eleccionario) será posible viviendo en un Estado de Derecho, y si el Estado de derecho (a palabras de uno de sus ideólogos) es el acatamiento a la norma, entonces ¿Qué hacer cuando los Empresarios Privados de Santa Cruz expresan como visión todo lo contrario a la CPE en su cuarta parte?
Tanto para el MAS IPSP como para el gobierno central toda alianza debe estar marcada por el acatamiento a la norma constitucional, sólo en esa medida el Estado debe comprometer todo el apoyo que constitucionalmente se le instruye hacer con la Empresa Privada, y la Empresa Privada para recibir el apoyo de la institucionalidad estatal e interactuar con la sociedad desde relaciones comerciales, financieras o laborales debe ser en el campo de la legalidad y estructura jurídica del Estado Plurinacional y no avanzar en sentido contrario.

Partidos políticos.
El primer elemento en común en los 7 frentes y partidos opositores al MAS – IPSP radica en la improvisada conformación de una estructura electoral con perfiles predefinidos en la acción opositora de activistas mediáticos que protagonizaron las tomas de instituciones en las jornadas violentas de septiembre y octubre del 2008 en la media luna o el rechazo moderado al gobierno. Esta lógica de selección de candidatos fue la opción escogida principalmente por Plan Progreso Para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-APB) de Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández de la misma manera que por Alianza por el Consenso y la Unidad Nacional (UN-CP) de la dupla Samuel Doria Medina y Gabriel Helbing.
Con alto grado de certeza se llega a entender que los frentes opositores al MAS IPSP llegaron al proceso eleccionario desgastados y cargando el polvo de la derrota. En esas circunstancias el tiempo ya no les alcanzó para desempolvarse y disponer de un tiempo prudente para seleccionar y planificar su caminar por el rumbo clásico de la organización partidaria o de bloque político con estructura sólida y democratizada. A estas alturas están casi obligados a velar y asegurar que la suma de voluntades individuales de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional permita reagrupar y centralizar proyectos personales (de los candidatos presidenciales frentistas) para evitar su dispersión mas de lo que ya están, con la respectiva nota aclaratoria de que el conjunto de candidatos reclutados no cuentan con proyectos afines; menos programas de gobiernos coincidentes, aunque si coinciden en su “privilegio” de ser opositor, y reiniciar un nuevo ciclo de acciones para seguir interfiriendo con el ejercicio ciudadano de las mayorías en atribución al derecho consagrado desde la nueva CPE.
Hay incertidumbre cuando se quiere creer que Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina o René Joaquino no ven el horizonte y no entienden la naturaleza de las contradicciones en el departamento de Santa Cruz, sin embargo es completamente evidente que no quieren reconocer significativamente la viabilidad del diseñó democrático para las autonomías en curso; mientras el grueso de la comunidad política cruceña ya lo hace o en el peor de los casos busca las vías mas apropiadas para hacerlo. El rechazo a la nueva CPE se ha concentrado en pequeñas élites políticas y a quitado a la oposición la fuerza movilizadora para sustentar bloques duros de oposición al gobierno o sea que los frentes opositores nacionales en tanto se manifiesten opositores acérrimos a la constitución inviabilizaran en Santa Cruz las opciones democráticas para generar espacios propios y recuperarse adecuadamente para hacer política regional con reglas nacionales ya aprobadas.

Ex unionistas y universitarios
No existe un pronunciamiento oficial elaborado y reflexionado por los grupos de ex unionistas o ex dirigentes universitarios o ex miembros de la prefectura para analizar las razones de su acercamiento al MAS-IPSP y al gobierno central. Sin embargo razones sobran para especular y concluir algunas hipótesis.
Como corriente sin duda expresan la lucha por la Autonomía Departamental cruceña, así lo manifestaron y esa es en cierta manera una razón por la que adquirieron protagonismo y la prensa local les dio cobertura antes de la aprobación del texto constitucional.
Es claro que el grupo de ex opositores piensan que la autonomía departamental se la debe consolidar, y son conscientes que esto es definitivamente el cambio. Y participar de ese cambio es viable con quienes defienden ahora la CPE: el gobierno y el MAS_IPSP
Pero si las autonomías estaban incluidas en el texto constitucional antes de septiembre y octubre, por qué no hubo acercamientos de estos grupos con el MAS-IPSP, o por qué no lo hubo después de octubre cuando se incorporan mas competencias para los entidades autónomas, sencillamente por que las autonomías departamentales fueron comprendidas en la medida en que quisieron instrumentalizarla al beneficio de las logias y grupos de poder y en oposición al gobierno de Evo Morales.
Si el análisis se centra en la lucha por la Autonomía Departamental, existe objetivamente motivos en el MAS-IPSP y en los ex opositores duros para avanzar juntos en la construcción del Estado Autonómico, pero si recordamos las explicaciones que los ex opositores dan por los medios de comunicación sobre las razones por la que se alejaron de los cívicos y la prefectura cruceña el asunto se pone complejo ya que los ex opositores manifiestan que cuando tenían en sus manos las instituciones (haciendo referencia a las tomas de instituciones en septiembre de 2008), los cívicos y el prefecto los traicionaron devolviendo las instituciones al gobierno. Esto es la evidencia de que no han pasado por un proceso de reflexión y menos han intuido una interpretación conceptual del proceso que se vive. Por ahora lo único que se percibe en los ex unionistas es mantener en pie la idea primaria de respaldar y difundir la viabilidad de una institucionalidad al margen del gobierno central, o llegar a ella a través del MAS-IPSP y con consentimiento de sus bases. Los ex unionistas son la versión más hormonal de federalismo cruceño, y siguen siendo la idea del separatismo: esos son los nuevos aliados del MAS-IPSP
La entrega de instituciones tomadas al Estado, fue lo mas racional que hizo la oposición cívico Prefectural en septiembre, pero los nuevos aliados del MAS IPSP consideran que esto fue lo mas desastroso, y la razón de su alejamiento. Cabe preguntarse si en verdad hay condiciones en la alianza, y las respuestas las encontramos en los mismos líderes del MAS-IPSP, “Apoyan el proceso de cambio sin condiciones” y siempre un apoyo sin condiciones lleva una factura bajo el brazo.
Hoy, en el poco tiempo que lleva la alianza los ex opositores toman ya el liderazgo de la campaña de Isaac Ávalos, y teniendo en cuenta que Isaac es un hombre fuerte en el MAS IPSP y cabeza de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y es el que mas intensamente le va dando a la campaña entre los senadores y candidatos plurinominales, los ex unionistas y ex cívicos ya son el proyecto a los nuevos líderes del cambio en el proceso electoral y ya no solo de la Autonomía Departamental.
De sus atributos y su imagen de musculosos, los sueños del masismo cruceño de entrar a la plaza se hicieron realidad, los deseos de hacer campaña en la Av. Monseñor Rivero y en el barrio de Equipetrol, [4] también, todo (a ojos de la población cruceña) bajo el mérito de los nuevos aliados.
Esta interpretación permite visualizar vagamente en el grupo, fines políticos claros y definidos, cosa que en muchos casos es erróneo ya que desde otros acercamientos se concluye que la participación de muchos jóvenes y las barras bravas futboleras en las tomas de instituciones tuvo un alto contenido aventurero y vandálico, mucho de comportamiento de masa destructora y nada ideológico. Para los ex unionistas la realidad objetiva no ha cambiado solo que ahora se enfrentan radicalmente a aquellos que los incitaron a la violencia, mañana podrán hacerlo de nuevo contra el MAS-IPSP o quien sabe contra quienes. Se debe recordar que los acuerdos solo son de palabra y a favor de Evo presidente e Isaac senador, no hay nada mas de por medio. Y si Evo Morales e Isaac Ávalos no satisfacen su demandas es probable que los veamos llevándose unos cuantos grupos juveniles a las filas del sus nuevos aliados que para el caso pueden ser los Fernández u otros candidatos a la alcaldía y prefectura departamental. Este proceso sociológicamente es como un vaivén que se moverá en función a intereses muy personales o nuevos elementos de un movimiento de la masa social porque esta etapa en la juventud, es una búsqueda de identidad, de posicionamiento e incluso de supervivencia.
Los ex unionistas son ahora cabezas del nuevo liderazgo cruceño en las filas del proceso de cambio y sin duda alguna cobrará mayor protagonismo en las elecciones municipales y departamentales de abril de 2010.
Los nuevos masistas y ex unionistas son nuevos en el MAS pero viejos operadores en las lides del liderazgo juvenil, si el apoyo y las decisiones institucionales caen en sus manos (como ya lo ha hecho en este proceso electoral) sin duda que estaremos empezando a ver la descomposición ideológica del MAS IPSP y el descuido por la formación de cuadros que fortalezcan al Revolución Democrática y Cultural,[5] entonces la CPE en Santa Cruz no será mas que una norma al servicio de los mismos grupos de poder fortalecidos en las regiones y gobierno autónomo departamental y municipal. Estos procesos exigen una alta madurez política y manejo de los espacios en los que se los va posicionando.

Una encuesta, algunas opiniones y las conclusiones:
En el Programa, “El Poder del voto” de la Red PAT en la “Gran encuesta a un mes de las elecciones” se difunde los siguientes datos en fecha 6 de noviembre de 2009
MAS-IPSP: 59% Alianza para la Refundación de Bolivia
PPB-APB: 25% Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional
UN-CP: 11% Alianza por el Consenso y la Unidad Nacional
AS: 4% Alianza Social
BSD: Bolivia Social Demócrata
GENTE: GENTE
MUSPA: Movimiento de Unidad Social Patriótica
PULSO: Pueblos por la Libertad y Soberanía
Los analistas en sus opiniones finales no hacen referencias a los programas y coinciden en la opinión de que no es saludable para la democracia que un partido tenga los dos tercios porque anularía el pluralismo.
Definitivamente se entra a niveles de apreciación subjetiva y desconocimiento de lo que es el MAS- IPSP en materia de candidatos. El triunfo del MAS IPSP es la apropiada manera de garantizar el pluralismo, esto debido a que en sus listas de candidatos están representados gran parte de los sectores, entre ellos están obreros, campesinos, pueblos indígenas originario campesino, clase medias, profesionales, mujeres, hombres, juventud, etc.
Sin duda que aun con el 100% de votos se tendría que hacer notar la existencia de un pluralismo y sería la mejor manera de construir un país. El pluralismo político se está construyendo rechazando a las fuerzas conservadoras y reaccionarias para dar cabida a lo que se decía anteriormente, el avance del Cambio. Asumir las banderas del cambio en este proceso electora es ya el pluralismo en construcción.
De parte nuestra y bajo los criterios expresados las conclusiones más relevantes a la que se llega es que las cosas ya están parcialmente identificadas o consolidas a favor o en contra del proceso donde:
· El MAS IPSP ha posicionado adecuadamente la oferta de los dos tercios de votos a nivel nacional, la necesidad de una victoria en Santa Cruz con mas del 40%, el grado de descomposición de órgano judicial, y la “flojera” del Senado. En menos intensidad el resguardo de las instituciones en función a sus competencias (órgano electoral para el caso de Leopoldo Fernández).
· La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz no renunciarán al liderazgo de una economía de mercado y seguirán siendo fuertes opositores al gobierno, sin descuidar pequeños acuerdos que les permita desarrollarse como clase y alentar la subordinación al capital transnacional, pero en sus espacios mas liberales asumen el cambio con ojos positivos, hecho muy valioso en la coyuntura actual.
· La política de alianzas del MAS-IPSP en Santa Cruz está abriendo una brecha para crear una bifurcación de partida hacia dos corrientes democráticas una que es en si misma el MAS IPSP y otras englobadas en “El Cambio”. ambas derivadas del mismo tronco (implementación de la CPE),
· “El Cambio” tienen mayor sentido en el área urbana, es la Revolución Democrática y Cultural en curso y con su propia postura y ser masistas. El MAS IPSP como fenómeno político esta llegando a su techo electoral –en todo caso altamente mayoritario-. “El Cambio” como fenómeno sociopolítico está posicionándose significativamente de manera que toda fuerza política que se adhiera “Al Cambio” tiene una veta inmensa de potenciamiento político.
· “El Cambio” ya no es una propuesta partidista, es ya un objeto fenomenológico de la política que lleva la energía, de la plurinacionalidad, la democrática, inclusión, tolerancia en construcción e igualdad de derechos y oportunidades.
· La política es más interactiva que antes. El debate de los candidatos con el pueblo no es una vía de escape al debate entre candidatos, sino es una lógica que ha nacido con la Asamblea Constituyente y en la práctica de seguimiento de los movimientos sociales (y otras organizaciones involucradas) al proceso constituyente, que finalmente derivó en cambios sustanciales de la representación en los bloques o partidos políticos.
· Las alianzas finalmente pueden entenderse (y aunque parezca una incoherencia y surrealismo puro) como el paso democrático del MAS IPSP que incorpora en sus listas la representación de la oposición dura, que seguramente se traducirá en un curul en las elecciones municipales o departamentales.
· Suponiendo la victoria significativa del MAS IPSP en las elecciones de diciembre, éstas darán el último adiós a la política tradicional y a las viejas representaciones aun sobrevivientes en Santa Cruz, y las elecciones de abril de 2010 serán unas elecciones cuyo proceso de campaña arrojará un alto contenido discursivo de “Cambio” y avance constitucional.
En ese sentido la clase media no representada en el Gobierno actual podrá hacerlo con proyectos propios y con alianzas propositivas.
Finalmente las fuerzas conservadoras volverán a refugiarse e intentarán cobrar fuerza en la región, pero están obligados ha hacerlo en el marco de la nueva norma constitucional; asumiendo que es la única posibilidad de recuperar espacio político y en atención a la proyección de la clase media liberal y en cierta manera la clase media del cambio.

Santa Cruz, 6 de noviembre de 2009

[1] Insistimos centrar todo el análisis en la CPE no solo por ser la Norma Suprema del estado Plurinacional, sino por que en ella está plasmada las visiones históricas del pueblo boliviano, es sus distintas variantes.
[2] La victimización y lástima buscada por la dupla Manfred y Leopoldo, no genera rechazo hacia el MAS IPSP, la población vive a diario tanta delincuencia que los derechos restringidos de un reo o de un perseguido ya no impacta en política.
[3] Visión del empresariado cruceño en el marco del proceso eleccionario de diciembre de 2009. (El Deber. 1ro de noviembre de 2009)
[4] Paseo del centro urbano de Santa Cruz a inmediaciones del Cristo Redentor, símbolo de las concentraciones del cabildo por la autonomía.
[5] Vale hacer conocer que uno de los descontentos de las dirigencia obreras y de los movimientos sociales era que las decisiones para los oradores y acompañantes en los actos con presencia del presidente, vicepresidente o ministros no eran realizados en consulta con ellos. Hoy ese hecho está manifestándose, pero no es motivo aun de cuestionamiento abierto debido a oferta de los dos tercios.

RECUENTO POLITICO HACIA LAS ELECCIONES DE 2009

2009-10-16T06:52:00.000-07:00

Breve caracterización del momento político
En los últimos años, las luchas y demandas por avanzar en la conquista del manejo institucional del Estado, la inclusión de las mayorías al ejercicio democrático y la nueva construcción institucional del Estado boliviano, ayudan a entender cómo por un lado se posicionaron las demandas populares en la institucionalidad estatal y por otro, cómo en el debate se reabrieron y polarizaron viejas contradicciones para crear otras nuevas en el relacionamiento del poder político. Con estas premisas se puede caracterizar el momento político con el objeto de interpretar las nuevas vías y visiones y reconocer la superación definitiva o extinción plena de algunas contradicciones en el ámbito del debate con miras a las elecciones nacionales de diciembre de 2009.
Las demandas se posicionaron en la institucionalidad estatal a partir de que estas se direccionaron hacia un conjunto de propuestas normativas y al uso de herramientas legislativas parra derruir las bases residuales que sostienen estructuras conservadoras del pasado, y en ese sentido, desde una nueva institucionalidad sellar la factibilidad de innovadoras vías y soluciones diversas como nuevas alternativas a las utilizadas históricamente por la izquierda tradicional boliviana desde dogmas o esquemas sectoriales.
Tendencialmente, las visiones reformistas entre los fines más visibles de una nueva construcción estatal y los eventos políticos sobresalientes esbozan de manera específica el curso de las transformaciones estructurales, sociales, económicas y jurídicas al interior de la sociedad estatal boliviana induciéndola a cambios normativos. La nueva vía que asume la izquierda boliviana, transitoriamente busca acuerdos sectoriales para minimizar los conflictos entre clases sociales y encaminar el proceso eleccionario y cinco nuevos años de gestión gubernamental hacia un equilibrio de oportunidades políticas, pero con una fuerte influencia hacia el logro en la supremacía de mando estatal.
En cierta manera en los años de gestión gubernamental de Evo Morales y de ejercicio democrático de la sociedad estatal boliviana, tanto el posicionamiento de las demandas en la institucionalidad como las visiones mas representativas del periodo, dan continuidad a la nueva experiencia democrática al tiempo de permitir explorar caminos de inclusión desechando la violencia, y sobre todo logrando objetivos para establecer una nueva estructura jurídica en base a la primacía de la nueva Constitución Política del Estado.
Entonces son dos los puntos centrales que se entrelazan para entender el momento político y ante ellos interesa reconstruir los objetivos de las fuerzas de la izquierda boliviana, para liderar y ejercitar el manejo del Estado desde la institucionalidad visional puesta en marcha con el proceso constituyente y también posicionar en el debate y la construcción del Estado a la CPE como norma básica o suprema del Estado Boliviano.
Para la izquierda boliviana es completamente evidente, en el sentido expuesto, que el desarrollo de la democracia boliviana está fuertemente marcada por la nueva Constitución Política del Estado en cuanto se entiende que la nueva CPE es resultado de la praxis de protagonistas concretos y es la materialización de prolongadas luchas, coyunturales victorias y demandas populares, obreras, campesinas y de los pueblos indígenas y originarios. Y es igualmente evidente que las nuevas expectativas que encaran los sectores anteriormente mencionados están en relación proporcional al logro de la subordinación plena de toda demanda y avance político y democrático a la norma suprema o CPE del Estado Boliviano.
Paralelo a lo anterior es evidente que el desarrollo de la democracia está y estará también marcado por la acción parlamentaria del bloque opositor en tanto mediador de la resistencia de los grupos de poder económico y de los sectores políticos conservadores y mas reaccionarios del bloque cívico prefectural a los cambios operados en el curso de gestión gubernamental y de la Asamblea Constituyente, sin embargo en miras a seguir con la lógica del cambio estructural jurídico del Estado Plurinacional es conveniente dedicar un tiempo ha puntear rasgos generales de los roles y aportes de las organizaciones obreras, populares, clases medias, campesinas e indígenas principalmente.
Resumiendo la caracterización del momento previo a las elecciones de diciembre, se puede decir que en la lucha por el poder político se ordenan la demandas de los explotados, los movimientos sociales y los pueblos y naciones indígenas hacia la consolidación de la nueva CPE y se abren opciones para encontrar vías coincidentes entre las corrientes de la derecha y la izquierda democrática. Igualmente se vislumbra un sentimiento débil de unidad nacional y búsqueda de objetivos comunes de desarrollo económico, social y político entre explotados y clases media.
Esta realidad permite afirmar que el factor importante del presente periodo es velar por el avance democrático de las organizaciones y las instituciones y la construcción democráticas de modelos institucionales como factores preponderantes del proceso de cambio.
Protagonistas de la coyuntura
Los protagonistas de vanguardia de la coyuntura Política son los colectivos organizados cuyo objetivo y acción política se dirigió en un pasado inmediato a revertir las condiciones y las bases de la explotación imperante en las relaciones económicas de producción y marginalidad institucional. Así se puede hacer referencia a protagonismos colectivos que formaron el Pacto de Unidad durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente junto a las organizaciones mineras, fabriles, gremialistas, feministas y otros protagonistas de influencia ideológica y temática normativa.
Desde un recuento de las demandas históricas del proletariado y una revisión del contenido del texto constitucional se identifica una serie de aspectos ideológicos, teóricos y vivenciales que la praxis revolucionaría obrera y campesina incorporó a la CPE. En la conquista principista del proletariado se encuentran todo el marco valórico y los circuitos jurídicos incorporados para legislar y administrar un Estado que pueda superar la explotación inmisericorde e inhumana del trabajo al que están sometidos miles de mineros, obreros fabriles y trabajadores asalariados del campo y la ciudad.
Desde la mirada proletaria aun se avanza para que el Estado Boliviano a través de la nueva estructura de entidades legislativas, gubernativas, fiscalizadoras y administrativas garanticen salarios dignos, educación para todos, salud universal e igualdad de oportunidades. En la lucha del proletariado boliviano y su participación en el proceso de construcción del nuevo Estado boliviano se libra una batalla contra el modelo neoliberal propiciador de las desigualdades sociales, del saqueo de los recursos naturales no renovales y el enriquecimiento desproporcionado de los países industrializados frente a los países no industrializados.
Desde la lucha del proletariado se vive activamente la memoria revolucionaria de más de un siglo de lucha y se da continuidad a la praxis de combatientes sociales que enfrentaron al colonialismo hispano, al imperialismo Ingles y al imperialismo norteamericano abriendo caminos de liberación y consolidando soberanía nacional. El proletariado trae a la memoria la vivencia y la acción revolucionaria de obreros mineros y fabriles, de intelectuales que lucharon en las serranías del Ñancahuazú, los montes y selvas de Teoponte, el altiplano, los llanos orientales y las ciudades de toda Bolivia.
La lucha del proletariado boliviano es y será siempre la lucha del pueblo contra el capital y las relaciones asalariadas de explotación y en pos de un mundo sin opresores ni oprimidos, sin explotadores ni explotados, sin clases sociales ni desigualdades sociales ni económicas.
Pero también el proceso de cambio, además de ser un acumulo de victorias y avances de victorias obreras en contra el capital, recoge la lucha y la victoria de los pueblos indígenas originario campesino. Recoge la demanda de una norma constitucional más democrática e incluyente, recoge la marcha por la vida, la macha por la autodeterminación de los pueblos y naciones que habitan en territorio boliviano, recoge la demanda del cuidado y la protección de la naturaleza, el desarrollo sostenible y la revalorización de la cultura y la historia de los pueblos. La Lucha de las naciones y pueblos indígenas va en busca de la eliminación de formas servidumbrales de producción agropecuaria y de todo tipo de esclavitud. Es la demanda por humanizar el Estado y el desarrollo industrial.
En la lucha indígena originaria está la nueva jurisprudencia plural del Estado Boliviano y la economía alternativa a la economía capitalista y de explotación, están igualmente la dignificación de los pueblos y el enriquecimiento de la sociedad a través de valores y principios ancestrales de igualdad complementariedad, respeto y todo lo concerniente al bien vivir, a la honestidad, al trabajo productivo y al uso y aplicación del conocimiento y la verdad.
La lucha de los pueblos indígenas sintetizados en la visión de cambio es la garantía de la continuidad a todo proceso de descolonización y segunda liberación. Es la lucha de los pueblos indígenas de América entera y el mundo.
Junto a la lucha de los pueblos y naciones indígenas originarias, lo decíamos anteriormente, está la lucha del proletariado, y junta a estas dos se desarrolla de manera indisoluble la lucha y la demanda de las poblaciones urbanas; clases medias y colectividades de migrantes de todo el interior de Bolivia, de asentamientos urbanos como resultado de la expansión de la mancha urbana y la migración de las provincias hacia las metrópolis. Sin duda alguna es la comunidad urbana, ante el irracional avance y desarrollo industrial, la portadora de la demanda de mejores servicios de agua, luz, alcantarillado, comunicación, seguridad pública, atención con calidad y calidez en salud y educación. La CPE tiene impreso en este campo un amplio catálogo de derechos y garantías individuales y colectivas, que se constituyen en un mandato para todo legislador y al que ningún candidato puede eludir o negarse a ejercitarlo y plantearlo dentro proyecto de gestión gubernamental.
Contenido del recuento constituyente
Una nueva etapa del proceso de cambio operado a partir de la denominada Revolución Democrática Cultural y la implementación de la nueva CPE obliga a un recuento histórico de prácticas, pensamientos y teorías trazadas a los largo de mas de un siglo de vida republicana para embanderar a manera de síntesis los logros que se los apropia como suyos el pueblo boliviano, en la línea de esta afirmación y desde una profunda reflexión se pone en manifiesto de que ya nada se puede hacer a sus espaldas. La organización del pueblo boliviano se traza en los movimientos sociales, los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, los sindicatos obreros, organizaciones barriales, organizaciones juveniles y movimientos cívicos movilizados en sus propias y particulares modalidades y expectativas plurales y acordes al perfeccionamiento del diseño del Estado plurinacional con autonomías desde espacios de deliberación, organización, planificación y legislación comunes y marcadas en la nueva Constitución Política del Estado.
Ya nada viene al azar ni a caprichos de los grupos de poder, ya nada se puede hacer sin caracterizar el pensamiento y las expectativas de las mayorías y la minorías, es decir sin hacerse incluyentes y plurales, nada se podrá hacer con pesimismo y sin ponerse al frente de desafíos y emprendimientos grandes en el campo de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, nada sin interpretar la realidad de cada uno de los sectores que a lo largo de los últimos años han adquirido experiencia y capacidad política para gobernar y ser gobernados, extinguiendo el monopolio de los grupos de poder para gobernar y de las mayorías para ser excluidas de cualquier beneficio de ser gobernado.
Desde este recuento reflexivo y el análisis rápido de la presente coyuntura se debe empezar una nueva etapa de transformaciones bajo la certeza de que Bolivia se desarrolla desde una fuerte tendencia de cambio revolucionario pos moderno, cincelado por:
• La activa participación de la ciudadanía como diversidades y vivencias particulares de las mayorías y las minorías.
• La ampliación de la democracia participativa y representativa hacia una democracia liberadora comunitaria y deliberativa.
• El acercamiento de las mayorías y minorías hacia coincidentes visiones de país en imagen a la autodeterminación y el desarrollo económico, político y social de manera sostenible y responsable.
Y así como también es claro que ya nada se puede hacer sin el ejercicio democrático de las instituciones y organizaciones en materia de participación, es también claro que cualquier propuesta o proyecto político históricamente viable asentado en la nueva correlación de fuerzas a nivel nacional y mundial encontraran el único terreno de cultivo apropiado acoplándose al proceso marcado por la nueva CPE. Ir en contra es ir contra la corriente del ejercicio democrático conquistado y el proceso de inclusión. Repasando las etapas marcadas durante el proceso constituyente se concluye que cualquier propuesta electoral y programa de gobierno que se desmarque de estas tendencias está destinado a ser acción marginal. Así, toda Agrupación Ciudadana o Partidos Político en la línea conservadora o reaccionaria que se dedique a contener el avance de la democracia oponiéndose a la CPE y negar su avance normativo, está en el grave riesgo de bordear los límites de la marginalidad política y perderse en los laberintos ilógicos de la historia.
Para la práctica política siempre va ha existir un pasado, una historia política con peso específico potencializador en tanto se pueda entroncar de manera dialéctica los acontecimientos del pasado, la coyuntura política dominante y las visiones a futuro mediato.
El entronque de hechos consolida la victoria.
Una postura racional debe entronca cuatro hechos fundamentales en el cambio democrático y cultural:
• El primero tiene que ver con la demanda histórica del pueblo boliviano plasmada en el proceso constituyente,
• El segundo se refiere a la agenda de octubre,
• El tercero se refiere al avance y la ejecución significativa de la propuesta del MAS presentada al pueblo boliviano el 2005
• La cuarta es la gestión del actual gobierno.
Estos cuatro hechos son necesariamente los hechos históricos más inmediatos que dan sustento material a la interpretación dialéctica de la realidad para transformarla revolucionariamente. En ese sentido desde los logros obtenidos en la gestión gubernamental, evaluando los avances y logros, y moldeando la realidad buscada a la CPE, se resume que un programa de cambio será exitoso si toma en cuenta las nuevas expectativas nacionales.
Parece importante retomar los ejes programáticos de desarrollo considerados en el programa de gobierno del MAS para pensar en nuevas tareas. Estos ejes son:
• Consolidación democrática del país.
• Igualdad de oportunidades para todos los bolivianos y todas las bolivianas
• Autonomías con democracia, solidaridad y producción basada en la elección de autoridades mediante el voto ciudadano y usos y costumbre.
• Convertir al país en industrial en los próximos cinco años a partir de la industrialización de cuatro materias primas: hidrocarburos, electricidad, litio, minerales y hierro.
• País estratégico en el abastecimiento energético.
• La Bolivia satelital.
• Modernización y desarrollo de la economía campesina, cooperativa, microempresarial y empresarial. La obtención de mercados externos con apoyo estatal.
• Conformación de una gran red de protección y atención social.
• Subvención en la producción de alimentos básicos para no depender de las fluctuaciones del mercado internacional.
• Consolidar la unidad territorial de los nueve departamentos y los 331 municipios, a través de vías férreas, pluviales y camineras.
• Seguridad ciudadana, reforzar el trabajo policial, endurecer el código penal
Muchos de estos puntos ya empezaron a desarrollarse desde una primera propuesta de programa expuesta ya el 2005 y la gestión pública de Evo Morales, y muchos de las propuestas no han podido desarrollarse por negligencia y la postura reaccionaria y conservadora de los grupos de poder, las logias y la oposición parlamentaria. La oposición desde la mayoría opositora en la cámara de senadores se han opuesto a la Ley Contra la Corrupción, se oponen a la distribución equitativa de tierras fiscales, se esfuerzan por mantener estructuras productivas de explotación y de servidumbre, se oponen a la tecnificación y crecimiento de las empresas estatales que son las empresas de todos los bolivianos, sabotean la nacionalización de los hidrocarburos y se oponen a la libre autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas originarios campesino. Esto es en definitiva una vía que solo puede terminar en la marginalidad.
Rasgos de una oposición derrotada.
Las fuerzas opositoras del bloque cívico prefectural mas la oposición parlamentaria del 2006 al 2009 ya fueron derrotadas. Se puede decir lo mismo de las posturas prácticas e ideológicas de Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, de Samuel Doria Medina, de Víctor Hugo Cárdenas, de Tuto Quiroga, de Rubén Costas y otros tantos que vanamente se disfrazan de exitosos contendientes electorales. Con estas apreciaciones no se trata de ser seguidor o defensor de la postura arrogante de algunos oficialistas, sino de ver las cosas objetivamente.
Las fuerzas reaccionarias libraron a partir del 2006 dos frentes en la contienda política en miras a las nuevas elecciones nacionales, la primera la hicieron oponiéndose al proceso constituyente y perdieron todos los opositores, y la segunda fue entre opositores, de los cuales uno de ellos ganó y los otros perdieron. Ganó Manfred Reyes Villa y perdieron los demás. Es este punto el que interesa ampliar para entender los rasgos de la oposición y el futuro que se está jugando.
Manfred Reyes Villa es sin duda el político de la reacción que cuenta con mejor escuela y recursos políticos eficientes para maniobrar en sectores empresariales y clases medias opositoras. Reyes Villa desde la postura marginal al interior del CONALDE, en la campaña por el referéndum revocatorio, empezó a trabajar en aras a comandar el Frente Amplio. Mientras sus amigos del CONALDE meses después del revocatorio buscaban un candidato para encabezar el Frente Amplio MRV visitaba EE. UU y acordaba con el Imperio Norteamericano, Sánchez de Lozada y el zorro Berzaín las estrategias para apoderarse del Frente Amplio.
Cuando MRV propuso o aceptó a Leopoldo Fernández como candidato a la vicepresidencia, fue consciente que golpeaba y les ganaba la partida a sus amigos del CONALDE despojándolos de argumentos para seguir buscando una cabeza para el Frente Amplio, así, mas por exclusión de contrincantes que por decisión consensuada MRV se apoderó del proyecto de la oposición desde la instrumentalización de la demanda de libertad, la fidelidad con el “detenido político” y el sutil chantaje a la conciencia de quienes (siendo amigos) no gestionaron y no visitaron en su celda al privado de libertad.
Lo que no comprendió Reyes Villa era que el proyecto padecía de imperfecciones que debían superarse en el debate y no en la imposición, la improvisación y el chantaje, por ello como todo “ladrón de proyecto” no encuentra aun la forma de ejecutar el proyecto ajeno.
Volviendo a la consideración anterior, el proyecto de un frente amplio fue y aun es el punto de partida para conformar una oposición, pero a condición de hacerlo bajo las siguientes consideraciones:
• Disputar la contienda electoral con propuestas de aceptación y subordinación a la CPE, la total inclusión de los pueblos y naciones indígenas originaria campesina y la profundización de la democracia.
• Acuerdos justos y leales con el conjunto opositor y alejarse de los grupos radicales y cerrados opositores al proceso constituyente.
• Crear instancias orgánicas intermedia y capacitación de bases y militancia.
• Democratizar sus instancias intermedias y superar la etapa de elección de candidatos a dedo.
• Formular esquemas ideológicos reales a los nuevos cambios ya consolidados por el proceso.
Lo que se afirma con el anterior punteo es que las viejas prácticas caudillista y logieras están fuera de toda opción de poder contra-hegemónico por muchas razones por una errónea interpretación se dejaron llevar una significativa ventaja por el MAS en el ejercicio de la democracia partidista y organización estructural. Para recuperar esta ventaja y para el bien del proceso de cambio, las fuerzas reaccionarias deben pensar como una fuerza demócrata al servicio de las mayoría o finalmente minoría, y si eso es posible, una Bolivia complementaria, plural y altamente democrática es posible, de lo contrario una Bolivia con sectores radicales con complejos de exclusión será aún una fuerte barrera de democratización del Estado boliviano.
Tarea de la oposición y el oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional:
Independientemente de qué fuerza política llegue a ser oficialista u opositora, ya está en curso una serie de cambios y demandas revolucionarias y democráticas, en ese sentido es inevitable abstenerse del desarrollo de la nueva legislación que por mandato constitucional es tarea conjunta de los legisladores opositores y oficialista. Las cinco primeras leyes que se deben trabajar son:
1. Ley del Órgano Electoral Plurinacional
2. Ley del Régimen Electoral.
3. Ley del Órgano Judicial
4. Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional
5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Y frente a este mandato es necesario hacer conocer que los equipos del gobierno y por supuesto del MAS ya vienen trabajando con anteproyectos, debate de propuestas y elaboración de trabajos de investigación que ayudan a completar todo el diseño constitucional y las leyes derivadas de la CPE. Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina ya tendrían que haber estado trabajando en esta dirección, pero como aun no pisan el terreno adecuado, es más probable que pasen los días y no se esfuercen por hacerlo. Todo hace ver que para la oposición es más importante propiciar eventos donde puedan desgastar al gobierno que aportar significativamente a la construcción del nuevo Estado.
Por ahora y en las condiciones actuales atacar a Evo Morales y a Álvaro García desde la oposición radical (Manfred, Leopoldo y cívico cruceño) es como querer hacer una hendidura al diamante con un retazo de carbón. Y hacerlo desde la oposición conservadora (Samuel Doria Medina, Joaquino, y los otros) es lo mismo querer cambiar el curso del viento con ventiladores. Y es que el problema ya no es Evo y Álvaro, el problema es que la oposición radical y oposición conservadora aun no quieren darse cuenta que su sueño tiene otro libreto, que ya no es puramente liberal y menos neoliberal; cuando atacan a Evo Morales por la gestión deben entender que lo que hacen es atacar lo que la mayoría del pueblo boliviano considera la conquista de los explotados, de los oprimidos, de los privados de oportunidades de desarrollo humano, de los mas desprotegidos, por ello es ir contra la corriente proponer anular lo avanzado y querer volver a la abrogada CPE.
El pueblo boliviano esta transitando por otros caminos y construyendo otros sueños, y lo hace con la convicción de ser guiados por Evo Morales. En momento como este el guía solo puede cambiar de rumbo después de un fuerte fracaso, pero si el fracaso es asumido por el conjunto del pueblo o si el cambio propuesto es impulsado y respaldado con el voto popular, además de ser manejado con el sutil celo político del pueblo, se plantea indirectamente al oficialismo la dura tarea de profundizar mas el proceso de cambio. ¿Hasta donde?
El objetivo visible a mediano plazo en lo económico, social e ideológico es la construcción de un Estado Socialista, basado en el socialismo científico con una economía fuertemente estatizada y con relaciones de producción reguladas por el Estado. El avance de las líneas de acción se apoya en la necesidad de superar el conflicto del que caprichosamente las fuerzas políticas reaccionarias no quieren salir, esto está ocasionando que sectores corporativos y asociados de la mediana y gran industria opten en un principio dejar la radicalidad de grupos políticos y acuerden participar de acuerdos con el gobierno. Definitivamente, para equilibrar el acelerado avance de las tendencias hacia un Estado Socialista, el capital privado y la gran industria se debe acoplar al camino trazado por el nuevo programa del MAS, de lo contrario el pueblo irá pidiendo mayor intervención estatal y con ello propiciando las condiciones para viabilizar como única alternativa una economía estatizada y un Estado Socialista.
Es tarea de la oposición actual al menos esforzarse por entender e interpretar la coyuntura, y trabajar bajo el dominio de la CPE, para encarar el desafío mas grande que el nuevo Estado boliviano le tiene asignado a la empresa privada en pos de generar trabajo y condiciones óptima de desarrollo humano .
El debate entre candidatos.
Finalmente se debe hacer una valoración sobre la solicitada mediática del Candidato a Presidente Samuel Doria Medina para debatir con Evo Morales y la negativa del presidente para hacerlo.
Con lo expuesto mas arriba, es claro que el debate demandado por Doria Medida no persigue intercambiar opiniones ni comparar propuestas, se trata más bien de una consulta que quiere hacerle al Presidente en actual ejercicio. En una solicitada del domingo 11 de octubre Doria Medina hace tres preguntas
¿Por qué ha dado más beneficios a los cocaleros y no ha gobernado para todos por igual?
¿Por qué está siguiendo los pasos de Venezuela y está sometiéndonos a Hugo Chávez?
¿Por qué no hay trabajos?
La primera pregunta está impregnada de extrema subjetividad y no justifica un debate para explicar una errónea apreciación ya que basta decir que el beneficio del bono dignidad no es solo para los cocaleros, como no lo es el bono Juancito Pinto o el Bono Juana Azurduy y así, es conocido por todos que las asignaciones presupuestarias favorecen de manera proporcional a todos los municipios de Bolivia y a todos los departamentos. ¿Tiene sentido preguntar que si da mas beneficios a los cocaleros? Sería prudente para Doria Medina preguntar sobre los beneficios que reciben las federaciones del trópico, pero también sobre los beneficios que reciben los pueblos indígenas, los campesinos, los gremialistas otras organizaciones incluyendo los barrios y comunidades que se benefician de carreteras y vías camineras.
Cuando pregunta Doria Medina por qué no ha gobernado Evo para todos por igual sin duda que cae en el prejuicio de la oposición cívica prefectural que en septiembre afirmaban que solo gobierna para los cocaleros, los indígenas y originarios, aduciendo a los derechos colectivos que se incluye en la CPE. El Estado y la CPE establece la responsabilidad del gobernó para atender a los sectores más desprotegidos, y en ese sentido se gobierna ajustado a una norma y la norma constitucional boliviana manda a que el Estado se preocupe por resolver el problema de pobreza desde la generación de riquezas y no resolver el problema de los ricos a costa de crear mayor pobreza. Es eso lo que precisamente se debe demandar a la empresa privada y en particular a la administración de su red de fábricas de cemento.
Sobre los pasos que sigue a Venezuela, eso no tiene sentido ya que el modelo de desarrollo boliviano por su condición de país no desarrollado tiene al frente no solo a Venezuela sino a muchos otros países que industrialmente han desarrollado tecnología y conocimiento. Lo del sometimiento a Hugo Chávez mas de una vez se ha dicho que no pasa de ser un discurso desgastado y cuyo fin no puede ser otro que criticar el ALBA seguramente con el objeto de proponer que Bolivia se cambie al ALCA y someter a Bolivia nuevamente al capital transnacional.
Por último las razones para generar empleo correspondía a la empresa privada resolverlo, ese es el dogma del neoliberalismo, y pese a ello con apoyo incondicional del Estado no pudieron cumplir con el objetivo trazado de 1989 adelante, por ahora el Estado ha generado empleos en entidades administradas por el Estado y a mejorado las condiciones de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa a través de créditos blandos. Esa es la forma de cómo el gobierno asume responsablemente el tema de la creación de fuentes de trabajo.
En todo caso el debate que propone Doria Medina desde las preguntas expuestas en la solicitada no abre ningún camino que ya no se haya tocado repetidas veces y sin resultados positivos. En todo caso es recomendable que Doria Medina lea el programa de gobierno presentado por el MAS IPSP y en base a ellos solicite aclaraciones a cualquier candidato a senador, diputado o directivos del MAS. Finalmente puede pedir informes de la gestión gubernamental a cualquier a la institución, esto nadie podrá negárselo en función al derecho ciudadano de tener acceso a la información.
Ahora bien lo que debe hacer Doria Medina es debatir con Manfred Reyes Villa sobre el valor de la democracia y el proceso de cambio, y en la medida en que se interioricen aportar antes que empecinarse en hacerlo abortar.
Dialogar y debatir con el pueblo.
Evo Morales viene debatiendo permanentemente con las organizaciones sociales y los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, esto los opositores le llaman “hacer política”, y no es malo que así se diga ya que el momento histórico boliviano se desarrolla desde eventos netamente políticos. Para tener una CPE acorde a los cambios y a la población que se constituyen como Estado boliviano se debe debatir bajo criterios políticos y es aun tarea de primer orden recuperar las expectativas de la población en ese aspecto. Pero si la oposición se niega ha hacerlo es porque no quiere salir de sus viejos esquemas donde la política y el derecho a su ejercicio aun quiere entenderse como atributo exclusivo de los jerarcas de los partidos.
El derecho al ejercicio político es de todos los ciudadanos y es todo el territorio boliviano su espacio de ejercicio legal y de convalidación a su legitimidad, plasmadas en asambleas y cabildos como espacios de deliberación. Se debe asumir nuevas prácticas democráticas que lleven a entender que la exclusividad del debate en un set televisivo no convalida la legitimidad de la demanda del pueblo tal como lo hace el debate al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional o las asambleas o cabildos comunales, regionales o finalmente barriales. La democracia en Bolivia ya no es la de antes del 2009 y la CPE es ya una nueva forma de vivir en democracia.
El debate entre representantes tendría sentido si no se hubiese abierto el debate entre el pueblo y sus representantes. Evo Morales debate con sus seguidores y con sectores que en apertura a los cambios se acerca al MAS. Por ahora hay razones principistas para que Evo Morales no debata con Samuel Doria Medina ni con Manfred Reyes Villa. Cuando lo que se trata es de desprestigiar al candidato un debate entre los candidatos será solo un show mediático y de ninguna manera una alternativa idónea para enriquecer programas de gobierno.
Al terminar este recuento se avizora la derrota de Manfred Reyes Villa debido a una carencia que él mismo se la buscó, su acompañante de fórmula no esta ayudando en nada, es decir que está en cancha con un hombre menos. En cambio en el MAS, hasta el último candidato a senador y diputado apoyan como si fueran los primeros o estuviesen en la franja de seguridad. En definitiva la victoria objetivamente es ya del MAS y bajo estas dos consideraciones de trabajo político una victoria con el 60 % en condiciones sin fuertes variantes políticas a la actualidad es una apreciación racional y sensata a la que puede llegar un analista que utilice herramientas científicas.

Santa Cruz, 14 de octubre de 2009.

TERRORISMO Y SEGURIDAD

2009-07-22T06:49:00.000-07:00

TERRORISMO Y SEGURIDAD

Abordar coyunturalmente el tema de “Terrorismo y Seguridad” en Bolivia, plantea la necesidad de identificar acciones individuales, colectivas e institucionales a partir de la existencia de organizaciones aglutinadas bajo esquemas o principios ideológicos, políticos y económicos destinadas a “…cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, […] con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma…” (Código Penal. Artículo 133. 1997)
Al abordar este tema, se puede pecar de muy descriptivo y nada analítico si después de centrar opiniones sobre la Seguridad del Estado no se reflexiona sobre la inseguridad ciudadana desde los efectos residuales que deja (en la comunidad) una etapa de preparación militar con fines de terrorismo, de violencia o guerra civil.
Trazo del terrorismos en Bolivia
La referencia mas inmediata sobre terrorismo (que ya es delincuencia en si misma) se encuentra en el caso de Eduardo Rozsa quien fue abatido a balas en la ciudad de Santa Cruz (16 de abril de 2009) cuando supuestamente pernoctaba en una de las habitaciones del Hotel América. Los antecedentes a su deceso, difundidos por el Ministerio Público, explican que se encontraba en tareas de preparación y ejecución de actos terroristas y de magnicidio. Al respecto de Rosza el periodista español Julio Cesar Alonso (19 de julio de 2009) en distintos medios de comunicación de Bolivia dio un perfil tenebroso de la personalidad mercenaria e inescrupulosa de Rosza y de los fines que perseguía en Bolivia junto al grupo de reclutas que comandaba.
Los métodos y los recursos políticos militares a los que tendría que haber recurrido (el mercenario croata boliviano) y que de alguna manera ya los había impulsado en Bolivia se moverá siempre entre la incertidumbre y la certeza de lo que en realidad fue y lo que pudo haber sido, sin embargo el interés político de la población (muerto el principal acusado por ahora) puede dirigirse a la investigación de las redes de apoyo, financiamiento y los indicios de participación de miembros pertenecientes a instituciones como COTAS, CRE, EXPOCRUZ, Comité Cívico pro intereses de Santa Cruz, Unión Juvenil Cruceñista,FSB y otros que a lo largo de las demandas de autonomía departamental y en oposición al proceso constituyente actuaron como operadores y activistas políticos antigubernamentales. Esto no debe entenderse como un pedido de persecución política, sino una necesidad democrática para encarar con criterios reflexivos las elecciones nacionales de diciembre de 2009 y sobre todo la construcción del nuevo Estado Boliviano. Mas aún cuando viejos dictadores y rengados amantes de la violencia y la matanza en Cochabamba se postulan a la presidencia de Bolivia.
Inevitablemente hay una demanda y censura ciudadana hacia los que propusieron la guerra civil y la violencia con fines separatistas e independentistas.
Entre lo que se necesita saber y lo conocido.
La población boliviana y en particular la cruceña reciben a través de los medios de comunicación información direccionada a generar opiniones diversas sobre el caso de terrorismo, unos medios acercan a la verdad, otros sencillamente la ocultan. Desde lo que sabe y las opiniones que se procesa (en el caso Rosza) se puede constatar que ya hay camino avanzado hacia la comprensión del fenómeno del terrorismo, pero que (si hay voluntad para esclarecerlo) al Ministerio Público se le debe demandar un viraje y replanteo hacia nuevas tareas e investigaciones, sobre todo si se tiene la certeza de que son desde las visiones políticas y el enfrentamiento electoral que se viene ya diseñando la imputación y la defensa de los acusados de complicidad, de apoyo o financiamiento al terrorismo.
Lo que se necesita manejar jurídicamente como certeza hacia la constatación de nuevos acontecimientos es que:
• Los hechos de septiembre y el operativo que terminó con la vida de Rozsa y el grupo de mercenarios mostraron el alto grado de polarización y la violencia extrema a la que la sociedad boliviana llegó en el debate y la acción política.
• La provocación a la institucionalidad legalmente establecida, demandó respuestas de Ministerio Públicos, Parlamento, Policía y otras contra los grupos opositores, activistas y reclutas del grupo de Rosza.
• La prensa nacional reaccionaria y conservadora creó espacios (desde entrevistas, reportajes y debates con personas involucradas en primer o segundo grado) para sustentar y en cierta manera incitar la toma y saqueos de instituciones del Estado, sabotaje a los ductos y difusión de consignas separatistas y subversivas.
• El caso Rosza fue parte de una totalidad que engranaba en el historial de reacción y oposición (del bloque cívico prefectural y del CONALDE) al proceso constituyente y mas concretamente de control a situaciones ligadas al proceso eleccionario.
• La presencia en Bolivia del grupo (de Rosza) estructurado en columna, célula o ejército irregular, necesariamente está hilado a la acción y pensamiento a toda la gama de discursos independentista y/o separatista emanados de grupos radicales en el conjunto de movilizaciones violentas reivindicadas por una parte del bloque cívico prefectural principalmente en septiembre de 2008 en la región de la media luna (Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).
• El Estado de Sitio en Pando, la detención de Leopoldo Fernández (Prefecto de Pando), la acción coactiva y represiva de la institucionalidad Estatal, junto a los pactos políticos entre oficialistas y opositores en el congreso Nacional (octubre de 2008, abril de 2009) y la sanción del la Ley Transitoria de Régimen Electoral explican en si misma el desmantelamiento de un proceso de violencia en crecimiento espiral.
En general se puede entender que el ejecutivo al centrar sus estrategias desde el Congreso Nacional en la creación de instrumentos jurídicos fue desmontado un conjunto de argumentos que mediáticamente podían reavivar acciones residuales a las movilizaciones de septiembre del 2008. El grupo de Roszá y la oposición que gestionaba y se ocupaba de financiarlos, se vieron huérfanos (después del pacto de abril de 2009) de pretextos y argumentos dirigidos a desgastar a la gestión de Evo Morales y forzados a reconsiderar la validez de sus inamovibles estrategias (hasta ahora). En esas circunstancias se debe pensar que (los opositores) entraron en una etapa de reformulación y elaboración de una nueva escala de prioridades. Establecer nuevos roles para el grupo y sobre todo replantear los objetivos a corto plazo sin ignorar (lógicamente) la desmovilización (y en cierta manera el cansancio) del movimiento cívico prefectural en Santa Cruz, después de la consulta por la CPE en enero de 2009.
Finalmente Lo que se dijo del grupo de Rosza y su presencia en Bolivia no se explica solamente a partir de hipotéticas estrategias opositoras para detener el proceso constituyente y retomar cierto control en el cronograma electoral (fijadas para le 6 de diciembre de 2009), sino que se hace necesario explorar las contradicciones generadas en las relaciones de poder entre el grupo de Roaza, las logias y el opositor bloque cívico prefectural.
Intento organizativo de la oposición
Nada es aislado o puramente fortuito. Después de los acontecimientos violentos (de septiembre) se dio una serie de respuestas por parte de la bancada opositora de la cámara de Senadores y de la Cámara de diputados, todas ellas por su forma (oposición ciega a todo lo que salía del ejecutivo) marcaban la débil restructuración de una red institucional cívico - prefectura con leales activistas. Eso después de septiembre, pero septiembre fue la muestra de fortaleza del bloque opositor, fue la presunción de su liderazgo político y el ejercicio de una sólida capacidad movilizadora para actuar de manera coordinada con niveles de autonomía e independencia operativa, centrados, en estrategias de boicot económico, desgaste a la gestión de Evo Morales y preparación de la acción político – militar de resistencia y desobediencia civil.
Todo el bloque opositor, sin embargo tuvo que enfrentarse a un nivel de organización altamente centralizado desde el ejecutivo que operativamente se descentralizaba en la acción armada de la Policía y las Fuerzas Armadas por un lado; y por otro en la acción judicial iniciada por el Ministerio Público. Era evidente que el bloque opositor para recuperar fuerzas en la violencia callejera, en la acción de sabotaje a los ductos y terrorismo selectivo necesitaba un mando centralizado. De hecho la oposición adoleció siempre de un mando central con alto grado de influencia entre los opositores movilizados. Es esta carencia la que finalmente no les permitió capitalizar el inicial logro (movilización en torno la demanda de autonomía departamental y/o separatista) hacia la polarización del conflicto y profundización de la violencia reaccionaria.
La debilidad de un mando central llevó a la construcción de un colectivo que pudiese fungir como un Estado Mayor. De hecho muchos opositores y el mismo prefecto cruceño se refirieron por medio de la prensa como si ya existiese uno (En intensiones o ensayos seguramente). Es claro que la prefectura no pudo jugar el rol de Estado Mayor debido a sus roles, atribuciones y funciones estatales, tampoco lo hizo ni lo podría haber hecho el Comité Cívico principalmente por la heterogeneidad de la personería jurídica de sus instituciones y el sustento cívico de su misión institucional. Es evidente que jamás lo harían las fraternidades, las logias u otra instancia institucional legalmente establecida. Un opositor “Estado Mayor” tentativamente tendría que estructurarse desde la disidencia de las Fuerzas Armadas al Estado de Derecho Constitucional, lo que supondría la planificación y ejecución de un golpe de Estado. Desechada esta opción el Estado Mayor de la “Resistencia” solo podía haber sido subjetivamente válido desde la estructura partidista de la Falange Socialista Boliviana (FSB) inspirada en el testimonio cívico-militar de Carlos Valverde Barbery, y con apoyo de militares en reserva, pero objetivamente el pasado mediato e inmediato lleno de derrotas mas que de victorias y el sectarismo de la militancia falangista jamás lograría un sometimiento del conjunto institucional cívico prefectural y de los activistas callejeros y universitarios a la estructura ejecutiva y de mando operativo de la FSB.
Objetivamente el CONALDE se constituyó en un momento como el virtual Estado Mayor, pero finalmente terminó siendo solo un brazo político imposibilitado de tener respuestas militares a su proyecto militar y en cierta manera a un proyecto de desestabilización del Estado boliviano y profundización de las actitudes independistas o separatistas que pasaba por la organización de la violencia. Si en algún momento se plasmó una fuerte intencionalidad, tal intención quedó sepultada con la detención del prefecto de Pando, con el pedido de salida de Bolivia del embajador norteamericano Fhilip Goldberg y la expulsión de la DEA
Todo hace ver que el intento mas avanzado administrativamente para crear un Estado Mayor fue el funcionamiento de lo que se llegó a conocer como “La Torre” la misma que no paso mas allá de ser un gran centro de operaciones y de planificación en la difusión y ataque mediático antigubernamental. Allá se hizo la lista de los “enemigos de Santa Cruz”, se instrumentalizó la Fe y la religiosidad, se satanizó la gestión social del gobierno y se planificó un conjuntos de mensajes para atemorizar a la población y disponerla a la organización militar de la resistencia y sobrevivencia en caso cercos campesinos a la ciudad. En “La Torre” presumiblemente con el apoyo económico de la Prefectura y de los grupos de poder, además de conformar un equipo de recursos humanos para elaborar y diseñar las líneas de acción mediática contra el gobierno, se conformo una estructura de enlace y apoyo financiero al grupo de Rosza, pero es improbable que allá mismo se haya conformado y haya funcionado un “Estado Mayor” con capacidad de dirigir la acción política militar del conjunto opositor formado por la estructura institucional cívico prefectural, parlamentarios opositores y activista controlados por la Unión Juvenil Cruceñista.
Eduardo Rosza, el CONALDE y la lógica de poder de las logias cruceñas
El contexto mencionado anteriormente demandaba mando único político militar, es decir obligaba al CONALDE a compartir el mando políticos con otras instancias, lo intentaron con llamadas y tocada de puertas a los cuarteles y no les dio resultado, entonces la única opción se llamaba Eduardo Rosza
Eduardo Rosza podía haber sido el mando militar y el CONALDE el mando político, pero esta dupla políticamente hablando necesita ser un unidad, compartir responsabilidades y compromisos, y sobre todo abrirse a la opinión pública para cooptar y avanzar hacia los objetivos políticos. El bloque cívico prefectural y el CONALDE bajo esta lógica estaba obligado a reivindicar el valor y la continuidad de la resistencia civil y la acción militar desde la proclamación de un brazo o instrumento político militar que contrarreste la acción militar de las fuerzas estatales y vaya a subvertir el orden constitucional. Tal reivindicación jamás se lo hizo, salvo un video dado a conocer por el canal 9 de Santa Cruz donde se presentaba un grupo armado llamando a la resistencia y a la independencia, además de algunas llamadas aisladas a la resistencia armada a cargo de un diputado disidente de la bancada de PODEMOS.
La proclama y la consolidación de un único mando era un paso imprescindible y necesario pero (en este caso) una vez mas se puso en evidencia que el bloque de poder y las logias con arraigo a la cultura cruceña y a las prácticas democráticas al interior de las fraternidades en su relación con la institucionalidad departamental no son portadoras ni impulsoras del poder compartido con externos a ellos. Las logias históricamente jamás compartieron y menos cedieron su poder a estructuras partidistas nacionales, no lo hicieron con las fuerzas golpistas militares, ni con el MNR, ADN y PODEMOS, menos lo haría con el grupo de Roszas. Colateralmente se evidencia que esta cultura de monopolio del poder de las logias es la raíz de los impulsos de disidencia con el Bloque de poder Cívico Prefectural y es de donde se ramifican sus contradicciones con las políticas impulsadas por el Gobierno de Evo Morales. Ahora mismo es lógica del monopolio del poder será difícil superarla pese a las necesidades hechas públicas de conformar un frente único. Las logias, “Toborochis” y “Caballeros del Oriente” no lo hicieron desde las cooperativas menos lo harán políticamente, al menos como dijo el vicepresidente Álvaro García; - No en menos de cinco años- es decir solo para la próxima gestión.
Respuesta jurídica del Estado desde el decreto 0138.
El decreto 0138 del 20 de mayo de 2009 establece el procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de los delitos de Terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado (Decreto 0138. Artículo 1)
El decreto políticamente se puede interpretar como la respuesta del Ejecutivo a la acción del grupo Rosza y una dura advertencia a los grupos económicos de poder de la media luna para que no vuelvan a intentar acciones inconstitucionales de magnitudes parecidas a las de septiembre, formar alianzas con grupos irregulares, o contratar mercenarios extranjeros y nacionales para tareas de insurgencia o subversión.
El decreto 0138 es en cierta manera esa respuesta (tal vez, no reflexionada profundamente por sus mentores) a los datos revelados por el Ministerio Públicos y la Comisión de investigación del Congreso Nacional. Es el intento de instrumentalización jurídica por parte del ejecutivo que da respuesta inmediata a un conjunto de evidencias de desestabilización política y administrativa del territorio nacional. El decreto parece necesario ante la insostenibilidad del CONALDE, el bloque cívico prefectural de la media luna y la embajada norteamericana de “fingir amnesia” y desconocer la existencia del grupo armado de Rosza y el plan de desestabilización, subversión y en cierto grado separatista; y es que todo esto es cierto y es evidente que a criterio personal o institucional alguno (s) de sus miembros participaron de manera directa o indirecta en la propuesta separatista con métodos violentos.
El decreto 0138 en el Estado de Derecho
El Estado de derecho es tal en cuanto existe una norma que hace del derecho el objeto de su aplicación, si una norma es insuficiente o no existe legislación para cubrir un caso que altera o convulsiona la cotidianidad y el derecho consuetudinario entonces cabe crearlas bajo en el marco de los excesos positivos constitucionales. La lógica de cometer un acto delictuoso para el derecho internacional y no reglamentado en Bolivia no debe ser entendida como un acto de plena legalidad o de acto no imputable en territorio nacional. En la normativa jurídica brasilera la discriminación al color de piel es un acto imputable, en cambio en Bolivia no lo era hasta antes de la nueva Constitución Políticas del Estado, ¿Por ello acaso tendríamos que haber creído que discriminar era un acto legal? ¿Acaso porque no existe una norma reglamentaria para juzgar el acto de terrorismo concluiremos que no se debe juzgar a los que cometen este delito y que es considerado como tal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por el Código de Procedimiento Penal boliviano?
El decreto 0138, aun dentro con sus excesos intenta llenar los vacios que la jurisprudencia boliviana no los ha tomado en cuenta de manera adecuada y en cierta manera no los contextualizado a la evolutiva realidad del delito que demanda la comunidad internacional.
En ese marco atacar ciegamente al gobierno por la promulgación del decreto 0138 es cerrar los ojos a una realidad que demanda discusión, aportes, mayor deliberación asumiendo responsablemente roles de ciudadanía, gobernantes, legisladores y administradores de justicia.
El decreto en cierta manera es resultado de la resistencia de la oposición desde el poder legislativo a las políticas de cambio, y de las necesidades del gobierno central de responder legalmente a los delitos considerados tales por la comunidad internacional.
Ahora bien, es posible que para procesar a los acusados de terrorismo se los pudiera haber hecho desde cargos que la jurisprudencia boliviana ya los tenía legislado y tener resultados parecidos, sin embargo ante el contenido del decreto en su totalidad y por no ser Ley misma, se puede aun considerar la inaplicabilidad o la no necesidad jurídica de considerarlo como instrumento jurídico apropiado para fundamentar la demanda del Fiscal y la sentencias de cualquier jurado.
Estructura jurídica para imputar a terroristas, colaboradores y financiadores
¿Con que instrumento legal se piensa instalar el proceso judicial de terrorismo contra el grupo de Roszá y a empresarios, funcionarios prefecturales, cívicos y activistas de la autonomía departamental cruceña?
Para el caso, desde esferas gubernamentales se insinuó seguir un proceso judicial bajo la figura de Traición a la Patria. El constitucionalismo boliviano cuenta con esta figura en los artículos 28, 111, 124 y 359, de ellos, donde se puede interpretar y buscar concordancia con el tema de seguridad del Estado es el 124, y que puede de alguna manera llevar a tomar en cuenta el Consejo de Seguridad del Estado como instancia institucional para abordar, sin embargo se topará siempre con la falta de la reglamentación específica. Pero leer detenidamente el artículo 111 se puede percibir los vacios que tendría cualquier juicio al grupo de Roszá si se sigue intentando enjuiciarlos por terrorismo y sobre todo sin leyes interpretativas del artículo 111. Al respecto del artículo 124 que cuenta con tres incisos, el primero de los cuales se aplica en caso de guerra internacional, y no cabe porque Bolivia no está en ningún conflicto bélico con otro Estado, el segundo inciso se trata para daños ecológicos y el tercero se dice que comete delito de traición a la patria la boliviana o boliviano “Que atente contra la unidad el país” (Artículo 124. Inc. III)
En cuanto a seguridad del Estado el 22 de diciembre de 1967 (Época del la Guerrilla del ELN y el Che Guevara) el Congreso Nacional durante el ejercicio presidencial de René Barriento Ortuño elevó a Ley el D.L. Nº 07312 de 9 de noviembre de 1965 relativa a la Seguridad del Estado con la modificación en los siguientes términos:
(Guerrillas). Los que organicen o formen ilegalmente grupos sediciosos armados irregulares, con el objeto de establecer áreas geográficas no sujetas a las leyes ni a las autoridades nacionales, buscando el enfrentamiento con miembros o unidades de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con el fin de apoderarse del Gobierno o de alterar su estructura democrática; y quienes organicen o formen parte de grupos armados sediciosos urbanos con el fin de ocasionar daños materiales en personas o bienes públicos o privados, sufrirán la pena de ocho a doce años de presidio.
Si con motivo de los delitos anteriormente tipificados los autores incurrieren en delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio o saqueo, sufrirán la pena de diez a treinta años de presidio, según la gravedad del caso.
Esta Ley se acomoda perfectamente a los delitos que viene trabajando el Ministerio Público para el caso de los implicados en el caso Rosza. La figura de Decreto simplemente podía haberse sustentado en esta Ley y agregar a los cargos de terrorismo los cargos de “Guerrilleros” en el marco de la Ley del 22 de diciembre de 1967.
Acá ya se presenta un punto que puede incluirse al esquema jurídico estratégico para encausar el juicio al grupo de Rosza, lo que queda de ellos y a los que apoyaron, financiaron o participaron como enlaces.
Corresponde al Ministerio Público ante los nuevos hechos y certezas ajustar más su accionar a la norma en vigencia; y a la oposición les corresponde reflexionar sobre la magnitud del conflicto que han intentado crear o que finalmente lo han creado.
Reflexionar desde lo clandestino y compartimentado .
Al empezar este escrito se expuso la idea de efectos residuales que deja la preparación del terrorismo, de la violencia y de la guerra civil. El Ministerio Público y la comisión de investigación del congreso hicieron un seguimiento a la preparación militar de mercenarios, de jóvenes y hasta de lumpen por parte del grupo de Rosza. Mas antes desde el ejecutivo se denuncio la realización de ejercicios de preparación militar en campos de fútbol de Pando y en campos de tiro de Santa Cruz. Lo que hace un mes se negaba y hasta se llevaba a la mofa, hoy está plenamente demostrado; Rosza y su equipo de instructores entrenó en tácticas y acción militar a personas en las instalaciones de campos deportivos de tiro. Y entonces no fueron solo prácticas recreativas de jóvenes o adultos que no saben que hacer con su tiempo libre.
En uno de los mensajes por correo electrónico, Rosza informaba a algunos financiadores se que tenían aproximadamente mil combatiente para entrar en acción, estos mil combatientes se deduce que desayunaban, almorzaban y cenaban, con financiamiento gestionado desde “La Torre”. Cuando cae Rosza, se denuncia la existencia de “La Torre”, se descubre cabezas y se allana depósitos de armamento en la feria Exposición de Santa Cruz, colateralmente a estas acciones lo que se hace es quitar el desayuno, almuerzo y cena a un buen número de combatientes, sin duda que muchos de ellos quedaron con sus efectos personales (armas cortas) y en muchos casos con sus estructuras de acción operativa intactas y con alta capacidad operativa (subjetivamente potenciada) principalmente porque dejaron de construir imaginarios basado en el enfrentamiento con fuerzas regulares del Estado boliviano, para remplazarla al enfrentamiento con ciudadanos indefensos.
Hipotéticamente una pequeña parte de los mil combatientes, tal vez cincuenta o cien, excombatientes ahora son protagonistas del aumento de la inseguridad ciudadana; no es casual que la manera operativa de los atracos y asaltos hayan cambiado y su frecuencia también, y de ser así el pueblo debe pasarle factura a los grupos de poder en Santa Cruz y a la bancada cruceña guerrerista.

Santa Cruz, 22 de Julio de 2009