PARA AVANZAR DESDE LA NUEVA AGENDA
(Primera Parte)
Por Carlos Alejandro Lara Ugarte
En el presente escrito se exponen consideraciones para tomar en cuenta en la Nueva Agenda, no es un trabajo de crítica al Gobierno y a la gestión en si misma, es mas bien un trabajo que describe y analiza una realidad concreta desde lo aportado por la gestión de Gobierno en los últimos años, las proyecciones ideológicas en la sociedad y las desviaciones que pueden identificarse y señalarse al Estado al concebir una ruta particular sobre el Vivir Bien y la Revolución Democrática y Cultural.
El centro de análisis y descripción viene de la demanda social y la relación del Gobierno con las organizaciones sociales, estamentos organizados y ciudadanía en general, y desde la respuesta institucional del Estado Plurinacional. Así, primeras determinaciones coyunturales muestran que al atender las movilizaciones y demandas de sectores sociales, estamentos sindicalizados, productores, comerciantes, exportadores, importadores, representaciones cívicas y otros, el Gobierno Central se enfrenta al reto de asumir la responsabilidad de revertir las movilizaciones y medidas de presión para llevarlas hacia mesas de diálogo y concertaciones sectoriales y regionales, al tiempo de recuperar y establecer nuevas formas de comunicación y dialogo para disminuir y evitar nuevas medidas que generen disconformidad en la ciudadanía (Bloqueos de caminos y carreteras, cierres de válvulas de distribución de agua potable, tomas de instituciones, destrozos de retenes y otras). También es tarea del Gobierno estar persuadido que la represión y la coacción legal son medidas extremas cuando se trata de imponer e implementar políticas de Estado, sobre todo cuando algunas de éstas no cuentan con el respaldo popular ni la consulta previa, o cuando las demandas responden a compromisos asumidos y no cumplidos por el Gobierno.
Por su lado la ciudadanía y los movimientos sociales si no asumen el criterio de seguir procedimientos establecidos y conductos regulares para exponer y avanzar en la elaboración y gestión de sus demandas, difícilmente comprenderá que toda atención favorable está en función a los recursos humanos, económicos y legales, tiempos y otros que disponga el Estado, que unas en ese sentido son de inmediata solución y otros de mediano y largo plazo, y que todos finalmente responden a líneas estratégica de desarrollo político, económico, social y fundamentalmente ideológico.
Pero al no estar guiado el proceso por lo ideológico, es claro entonces que la demanda social será dispersa en tanto son de naturaleza dispersa los intereses de los movimientos sociales y la ciudadanía, de manera que todo el peso de esta dispersión debe recaer sobre el Estado, con el agravante que desde el Estado no se encara de manera adecuada la formación, la educación y la aplicación de una ideología de cambio y de revolución, sobre todo centrando un interés supremo y del cual puedan desprenderse los interese sectoriales y particulares, intereses de cada región y organización laboral, académica o cívica.
Sin estar al margen de lo expuesto en el párrafo anterior y en su aplicación misma, frente al conflicto y la demanda social, el “Poder Público” desde sus instituciones, vagamente muestran la fortaleza necesaria para posicionar entre las organizaciones sociales y la opinión ciudadana el rumbo que toma la construcción del Estado Plurinacional (si es que hay uno de consenso y de aplicación universal dentro el Estado), y en respuesta a éste hecho la intelectualidad y sectores tradicionales de lucha anticapitalista reclaman o promueven rutas para introducirse a la Gestión Pública y desarrollar cambios estructurales en el Estado Plurinacional, limitando su accionar en críticas a través de redes sociales y otros medios de comunicación y difusión, pero que en muchos casos no responden o superan algunas o muchas de las ambigüedades que el proceso de cambio ha generado en su implementación estatal.
De manera general en el momento histórico que afronta el Estado Plurinacional se hace imperante replantear mecanismos y formas de organización estatal que encumbrando principios ideológicos revolucionarios pueda generar viabilidad a transformaciones políticas, económicas y sociales también revolucionarias, para superar formas y relaciones de producción precapitalista aun ejercitadas sin ser tocadas y combatidas abiertamente por las instancias del Estado Plurinacional (Relaciones servidumbrales, mas de 10 horas de trabajo, empleos al margen de la Ley de Trabajo, y otras) y avanzar con la industrialización que potencie fundamentalmente la organización económica comunitaria de manera paralela a la de la forma de organización económica estatal.
El momento político y económico que enriquece el proceso de cambio viene del ímpetu con el que se inicio la gestión de Evo Morales principalmente de la “Nacionalización” de los hidrocarburos, de la Refundación de COMIBOL, de la recuperación de ENTEL y otras que conforman el eje de desarrollo económico y de generación de recursos con destino a la gestión económica y social del gobierno. Pero también hay componentes económicos, ideológicos y políticos que interfieren, ponen trabas o revierte el ímpetu inicial del proceso de cambio. Veamos la forma en que se estructura o posterga el proceso de transformación del Estado Plurinacional desde campos económico, político, ideológico e institucional.
La organización económica estatal principalmente está constituida y proyectada por la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a cargo de YPFB y empresas transnacionales y por la Empresa de telecomunicaciones ENTEL entre las más rentables y generadoras de recursos para distribuirlos como regalías y en beneficios sociales (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y otros). En el orden de capacidad generadora de recursos le sigue la Corporación Minera de Bolivia y Bolivia de Aviación, que entre sus logros mas importantes son dar seguridad laboral a trabajadores mineros en COMIBOL y en el caso BoA, establecer soberanía e identidad empresarial competitiva en el transporte aéreo de pasajeros. Se tiene en vías de desarrollo y de cumplimiento de objetivos empresariales a la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), la Empresa Boliviana del Oro (EBO), Lácteosbol, Cartónbol, la Planta de Cítricos y la Empresa de Palmitos que desde la voz del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, generan recursos que no sólo van a cubrir el monto invertido por el Gobierno, sino que apuntan a generar más recursos en el mediano plazo y que se espera pasen a manos de sindicatos en un futuro bajo responsabilidad de las organizaciones sociales.
Con la generalidad expuesta sobre la línea estatal en materia de desarrollo económico y proyección de desarrollo industrial existe la necesidad de interpretar o conocer la relación que se establece en el campo político y económico entre el Poder Público, la sociedad civil, los movimientos sociales, trabajadores y la empresa privada, ya que es finalmente en las relaciones donde se generan conflictos, demandas y acuerdos que compliquen o consoliden situaciones de gobernabilidad.
Asumiendo iniciativas nuevas dentro la gestión del MAS y el aparato estatal, los sectores económicos y políticos afines al desarrollo neoliberal e imperialista actúan generando mecanismos y rutas de producción de mercancías y comercio capitalista, reubicando ante la opinión pública y sectores productivos la vigencia de viejas formas de relación y de explotación productiva en la predominancia del Capital sobre el trabajo; pero también re-posicionando la opción de restar importancia a la forma de organización económica estatal.
El presente año a caracterizado a la acción de la burguesía, a diferencia de otros años, en optar por el apego circunstancial a las leyes y activar una inteligente manera de aprovechar el conflicto entre los movimientos sociales y el gobierno, no apoyándolos abiertamente pero sacando ventaja, para poner en resguardo sus intereses desde el apoyo de los sectores laborales a la subvención de hidrocarburos, preferencias arancelarias en importación, seguridad jurídica, oposición a proyecto de nacionalización y otros que finalmente llevan a la burguesía a superar temores que se había dado al inicio de la gestión del Gobierno de Evo Morales, desde el cliché de ser un gobierno comunista, cliché con el que se lo había atacado durante el proceso constituyente. Así, la acción política de los grupos de poder, apoyados por la prensa más reaccionaria ha propiciado que el Poder Público se incline a favor de ellos y asuma posturas contrarias e ilógicas para un Gobierno de corte populista al descalificar las demandas y liderazgos del sector popular.
Pero, no solo es la acción política mediática o encubierta en demandas sociales, sino que es también considerable y significativa la presencia de estos sectores y de voceros de la burguesía industrial y agropecuaria en el Órgano Ejecutivo, de manera que el Poder Público es ya en cierta manera el instrumento de reproducción del capital privado y las relaciones de explotación. Esto se da en la lógica de un novedoso relacionamiento y co-gobernabilidad encubierta en campos diversos de intervención (Administración, ejecución, legislación y gestión estatal).
Mientras, a diferencias de dicha co-gobernabilidad, la relación de los Órganos del Estado con sectores populares y laborales portadores de corrientes ideológicas revolucionarias o simplemente críticas y negadoras a viejas formas de explotación de la mano de obra, se establecen por lógica dialéctica en un solo campo de intervención (Administración del Estado) desde dos instancias estructurales dentro el esquema funcional del Estado Plurinacional (Gobernados y Gobernantes); visto así las movilizaciones populares en contra de la gestión del Gobierno denotan precisamente la crisis de relación entre la Administración y la Ideología; la administración estatal que en si misma es única en cuanto determinación constitucional y la ideología que se muestra dinámica y en constante lucha de contrarios.
Hasta acá ya hay elementos para concluir que si las movilizaciones en contra la administración del Estado se da desde de sectores revolucionarios y la vanguardia obrera, entonces es porque la administración del Estado toma un rumbo a favor de su contrario. Fuese distinto si, del sector revolucionario, el Estado acopiase propuestas, sugerencias y aportes para tomarlos en cuenta y adecuarlos a las líneas estratégicas de gestión, entonces se tendría que pensar en un Estado en proceso revolucionario y en la reversión del conflicto. Esta es una de las máximas que se debe considerar para intervenir en la nueva agenda convocada para diciembre y enero por el Gobierno Central.
Ahora manteniendo la referencia directa a la elaboración de la nueva agenda, anunciada por el presidente Evo Morales el pasado 12 de octubre, la descripción anterior viene a razón de intentar mostrar su necesidad considerándolo oportuno y prudente dado el tiempo transcurrido desde la atención a la agenda de octubre y lo que falta para terminar la presente gestión 2010-2015, además de considerar que se debe en la nueva agenda avanzar desde una previa evaluación de los avances y atención a las críticas de la ciudadanía en general y de sectores comprometidos con el proceso de cambio sobre la gestión de los diferentes ministerios y sobre el mismo presidente Evo Morales.
Sin embargo la convocatoria se mostraría inoportuna e improductiva si, desde el ejecutivo, se quiere solamente crear un espacio amplio de legitimación de Políticas Públicas o para explicar logros económicos de naturaleza capitalista y una supuesta proyección socialista esperando desmovilizar a sectores movilizados en contra la gestión gubernamental sin tener la amplitud y predisposición de tomar en cuenta las sugerencias y soluciones alternativas que ofrezcan y presenten los sectores de izquierda, organizaciones sociales que son parte del Pacto de Unidad, del Conalcan (Consejo Nacional para el Cambio) y por cierto de los sectores productivos que se esfuerzan por lograr la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo industrial entre otros.
Por ello se puede decir que la Agenda de diciembre, como medio necesario para profundizar la democracia y participación responde a una particular coyuntura, pero una coyuntura que no sólo marca ejes temáticos sobre los que se debe trabajar, sino exige plasmar el reclamo de tener a la mano información significativa sobre el proceso revolucionario que quiere trazarse y sobre la memoria histórica de los conflictos desde la implementación de gestión gubernamental y de la demanda social.
Institucionalidad y gestión económica - política
De manera general se constata que en el campo de la institucionalidad, los Órganos del Estado Plurinacional y de los niveles autonómicos presentan síntomas y rasgos prevalentes de insuficiencia administrativa para atender favorablemente las demandas, exigencias y gestiones emprendidas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, lo que lleva a la necesidad de replantear y ejercitar nuevas opciones de relacionamiento con la sociedad desde el diseño y ejecución de la estructura institucional estatal y autonómica. Igualmente un rápido diagnóstico evidencia una débil e insignificante relación administrativa entre el Nivel Central y los niveles autonómicos, en muchos casos hasta en franco e intencional enfrentamiento.
Para el caso, la población y las organizaciones sociales, y por supuesto las instancias de organización productiva aún desconocen las instancias de coordinación entre el nivel central de Gobierno y los gobiernos autónomos de manera que se desconoce una parte fundamental de la ruta, creada en la Ley Marco de Autonomías, para superar las diferencias entre estos niveles de gobierno y la ruta que debe tener la atención a las demanda social y la superación de conflictos de distintas índole. Desde los gobiernos autónomos se debe explicar las razones del extremo retraso en la elaboración de los Estatutos y las Cartas Orgánicas y la falta de coordinación con el nivel central. Al respecto lamentablemente lo único que viene a percibirse son los conflictos de gobernabilidad entre las instancias legislativas y ejecutivas de los gobiernos autónomos, y los problemas de límites territoriales.
Así, sin ser un eje en si mismo, y mas bien entendido como un tema transversal de agenda, se plantea la urgente necesidad de centrarse a evaluar y establecer nuevos paradigmas en la construcción institucional, ya que el paradigma de construir hegemonía y predominio institucional de arriba hacia abajo para crear condiciones de gobernabilidad se ha visto insuficiente e incongruente al atender las demandas y los conflictos de naturaleza económica, social, territorial y normativa. El tema parece ser más tratable desde la ampliación de participación de la sociedad civil y la democratización de las instituciones en los niveles autonómicos y el nivel central asumiendo sin temores las formas democráticas establecidas en la CPE (Participación positivada desde los cabildos y consultas, elecciones generales, respeto a los usos y costumbres de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesina, cumplimiento vertical a los procesos de designación de autoridades, acatamiento de la Ley por parte de la sociedad y autoridades entre otros aspectos).
En el campo de desarrollo económico, es notoria en la Gestión Pública la necesidad de potenciar y ampliar una ruta de desarrollo que vaya a superar o complementar la economía de desarrollo extractivo por una economía de desarrollo industrial y transformador de la materia prima. Esto último en los hechos políticos iría a superar la contracción actual para ir hacia nuevas opciones en la creación de fuentes laborales, eliminación de viejas formas de explotación laboral y visualización de la ideología de cambio en su componente revolucionaria y fundamento básico del Estado Plurinacional en el camino de la Revolución Democrática y Cultural.
Los inconvenientes en la gestión social y política que tiene que afrontar la actual administración del Estado es que - al concebir como eje fundamental de desarrollo económico la línea extractiva de recursos naturales; de gas natural y petróleo principalmente - asumen la responsabilidad directa de solventar las necesidades económicas y sociales de sus pobladores, en virtud a la naturaleza constitucional sobre la propiedad de los recursos y las empresas hidrocarburíferas estatales. Todo hace ver que el objetivo principal de las empresas estatales hidrocarburíferas es generar recursos económicos para distribuirlos entre la población y los gobiernos autónomos y de ninguna manera generar nuevas fuentes laborales o instancias de transformación industrial de la materia prima, aunque teóricamente así sea.
Las empresas estatales no generaron en los últimos años un aumento significativo de fuentes de trabajo, pero si recursos económicos, por ello es justificable y predecible que la población direccione su demanda hacia mayores regalías, subvenciones e ingresos por concepto del IDH, y dejen en segundo plano su demanda por mayores fuentes de trabajo, estabilidad laboral y diversificación de la producción industrial a cargo de la institucionalidad del Gobierno Central. Es decir que al generar recursos desde la las actividades de explotación y comercialización de los hidrocarburos, el Estado asume fatalmente la carga de la disminución de los índices de pobreza desde la distribución de estos recursos, olvidando o descuidando industrializar el proceso de transformaciones económicas y la creación de fuentes laborales.
Entonces lo que se percibe es que la generación de fuentes de trabajo, en la permisividad del Estado, es asumida por la empresa privada y por emprendimientos comerciales y productivos individuales y familiares, ante ello la demanda de préstamos y créditos aumenta, lo que hace que las entidades financiera y empresas bancarias disminuyan la mora y aumente la población crediticia convirtiendo a este rubro en el más lucrativo y sea la más rentable y sea, además desde donde se genere mejores utilidades. Es evidente que no hay una política de Estado para generar nuevos empleos más que aquellos que se dé desde el emprendimiento privado y la organización familiar, pero al que el Estado no deja de considerarlo como potenciales contribuyentes para aumentar los recursos del Tesoro General, ante lo cual lógicamente la resistencia de sectores de comerciantes, transporte y micro empresa fundamentalmente, se convierten en los protectores de la Banca Privada.
El emprendimiento privado al buscar lucro y generar ganancias a favor particular, no se ajusta de ninguna manera a objetivos de transformación estructural del Estado y a los objetivos de la forma de organización estatal, y ni siquiera se muestra como complementario. Lo contradictorio es que mientras el Estado protege y solventa al capital privado este no hace nada por potenciar la economía estatal, salvo aprovecharse de ella. (La subvención a los hidrocarburos y el costo preferencial de la energía eléctrica son ejemplo claros). El capital privado usa los recursos económicos e institucionales del Estado, cuando puede, lo hace a favor de sus fines económicos particulares; y persuade al Estado si afecta sus intereses (No lo combate por lo que se decía mas arriba). El diseño y la implementación de la organización económica privada, queda claro que, está protegido por las instancias estatales y sin embargo de manera desleal la gran empresa industrial y comercial legalmente establecida insinúa inseguridad jurídica, tal vez solo como pretexto pero desprestigiando hábilmente al Gobierno. Pero esta insinuación es en realidad un mecanismo de presión política y se da en un apoyo implícito a la política administrativa del gobierno, pero no a la forma de organización de economía estatal.
La supuesta inseguridad jurídica es el mejor argumento que ha construido la burguesía asentada en Bolivia, para evadir la competencia y recibir del Estado trato preferencial en materia de créditos y políticas impositivas y salariales. Desde la supuesta inseguridad se hace que capitales de otros países no sean invertidos por temor a también supuestas expropiaciones o nacionalizaciones, que lamentablemente el Gobierno anuncia pero no los realiza y no lo realizará a mediano plazo, al grado que más parece un discurso político para amedrentar opositores radicales o vagamente reposicionar ideología socialista.
Esto al mismo tiempo hace que las inversiones preferentemente sean pequeñas y se concreticen en el comercio informal, en pequeños talleres artesanales, en contrabando, transporte y construcción. Se trata de ejercitar desde la Banca Privada emprendimientos de baja magnitud y de alcance a una media de recursos económicos privados que prosperen o se hundan (En ambos casos el banquero gana, no pierde). El Estado en su rol de gestor de fuentes de trabajo se acopla a esta línea de acción ejercitada por la Banca Privada, sencillamente porque se traduce en la utilización de mano de obra temporal, descuidando la seguridad y estabilidad laboral. Estos emprendimientos, si bien reducen los índices del desempleo, los más están al margen de toda normativa en materia de seguridad laboral, servicio social y de salud. El estado tendría que regular este campo económico no sólo en el campo impositivo como quiere e intenta hacerlo sino regularizarlo para desnaturalizarla de toda forma de explotación y relación servidumbral. De otra forma no se avanza con el Vivir Bien.
Visión política sobre la seguridad y soberanía alimentaria.
La seguridad y soberanía alimentaria ha concurrido en el ámbito económico como política estatal a partir de la actual Constitución Política del Estado. Hasta antes se concebía en el ámbito de la iniciativa económica privada individual y empresarial ejecutada principalmente desde la producción agropecuaria y del comercio informal, seguramente lejos de entenderse y desarrollarse como política de Estado. En este entendido la vieja República Boliviana y sus administradores enquistaron la seguridad alimentaria en voluntades políticas para gestionar mercados y donaciones de países desarrollados, muy lejos de cualquier principio de soberanía. Hasta hace pocos años se recibía arroz, aceite comestible y harina donada además de otros alimentos y no se establecían mecanismos para producir a escala nacional alimentos de primera necesidad. Hoy a fuerza de nuevos propósitos estatales la soberanía alimentaria es entendida como una Política de Estado y es en ese sentido tema fundamental de la nueva agenda.
La crisis económica del capitalismo mundial posiciona la idea de una crisis alimentaria a nivel mundial y con ella como respuesta se establece en el Estado Plurinacional boliviano la necesidad de minimizar los efectos de esta crisis y prepararse para afrontarla creando condiciones materiales y organizativas. Pero más allá de prepararse para afronta una crisis alimentaria se tiene que entender que la soberanía alimentaria es el eje central del “Vivir Bien”, principio supremo del Estado Plurinacional, de manera que sea o no latente la crisis alimentaria mundial es responsabilidad del Estado caminar hacia la soberanía alimentaria; esto a grandes rasgos es ir reduciendo la tendencia de importar alimentos que se producen y pueden producirse en territorio nacional.
La Soberanía alimentaria además exige la accesibilidad del conjunto de la población de manera que no sea la ganancia y rentabilidad en si misma la que marque el eje de la producción agrícola y pecuaria, aunque su industrialización tenga, en última instancia, ese sentido.
El desafío que el Estado tiene que afrontar es producir y subvencionar o buscar mecanismos para que la intervención del Estado en la producción y comercialización o distribución no favorezcan a los comerciantes y especuladores, claro si logra controlar e impulsar producción suficiente y necesaria.
El problema de la especulación y la imposibilidad de controlarlo en el mercado viene a raíz de haber dejado crecer desmesuradamente al comercio informal y no haber establecido los mecanismos de relacionamiento y de control, o en definitiva de no haber creado desde el Estado condiciones favorables para hacer crecer a EMAPA lo suficiente como para cubrir el mercado de alimentos básicos de la canasta familiar. Una respuesta a este caso es posible a mediano plazo a condición de crear políticas de producción y distribución comunitaria. Es importante que empresarialmente se puedan anteponer el principio de distribución, tomando en cuenta costo de producción, traslado y comercialización.
Relacionando el tema de los recursos generados por YPFB y ENTEL con la seguridad alimentaria, el Estado debe desarrollar instancias institucionales que prioricen la planificación de producción de alimentos hacia la distribución más que planificar instancias de captación de recursos para distribuirlos en bonos. Lo que demandaría nuevos desafíos y mayores demandas en el campo productivo, una opción es seguir con el acopio de alimentos y disponer de infraestructura de guardado y conservación. (Silos, almacenes y otros), pero es insuficiente sin una estrategia de Soberanía Alimentaria.
Nuevos compromisos y rutas de participación en la gestión social.
La preocupación de las instancias de gobierno central y autonómico y la sociedad organizada centra la responsabilidad de la atención y gestión social en la disponibilidad de recursos generados y captados por la administración del Estado Plurinacional y mínimamente en el apoyo con recursos externos.
Para el caso del Estado, los recursos que se dispone tienden a ser insuficientes con el correr de los años dadas el aumento de las demandas y crecimiento de la población en sectores beneficiarios (Adultos mayores, mujeres en periodo de gestación, niños de centros educativos del sistema público, personas no videntes y otros), pero al mismo tiempo por la falta de gestión para ejecutar los recursos y crear nuevas fuentes de captación.
En este sentido la administración estatal tendrá que descentralizar la responsabilidad de la atención a la Gestión Social hacia la Empresa Privada.
La empresa privada se beneficia de los precios subvencionados de los hidrocarburos, de la energía eléctrica, del agua potable y consumo de alimentos, es decir que se benefician en partida superior a la que lo hace un ciudadano común, por lo mismo las responsabilidad asumida por YPFB, ENTEL, COMIBOL, BoA y otras empresas estatales deberían compartirse en una dimensión de pluralidad con la Empresa Privada.
Aparentemente el cumplimiento de deberes y obligaciones de la Empresa Privada estarían traducidas en el cumplimiento de compromiso tributarios, pago de salarios a sus trabajadores, aportes al seguro médico y social de los trabajadores y otros, pero el proceso revolucionario que se implementa desde la Constitución Política del Estado y la Revolución Democrática Cultural exige aporte a la comunidad o distribución social de sus ganancias. Las ganancias de afiliados a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y principalmente de empresas transnacionales que operan en territorio boliviano deben tener un componente asignado para beneficio social y esto es que se debe traducir en la construcción y administración de centros de formación técnica o humanística o aportes a administración y construcción de centros de salud o Residencias geriátricas, centros de rehabilitación de jóvenes u otros, administrados, apoyados y financiados por estos.
Se trata en si de descargar parte de las responsabilidades a los fondos captados por el Estado a las empresas privadas bajo el control de los gobiernos locales.
Experiencias sobre aspectos parecidos se vivió en el periodo del Gobierno de Juan José Torres cuando se obligó a que las instituciones religiosas presten sus instalaciones y corran con los gastos para apoyar en la educación primaria y secundaria, semejante actitud debe ser tomada por la Revolución Democrática y Cultural. Por poner un ejemplo extremo pero no imposible, las universidades privadas tendría que ser gratuitas y financiadas por la Empresa Privada como aporte a la comunidad. Solo así se podrá ir comprendiendo el papel del capital privado en el actual proceso revolucionario y las formas plurales de organización económica en su principio de complementariedad. No se trata de expropiar o estatizar, sino de hacer que el Estado no tenga toda la carga de responsabilidad económica sobre la educación y la salud.
Antes de concluir con esta primera parte de consideraciones se recalca que el Vivir Bien es responsabilidad de todos al igual que la solución y el tratamiento a la demanda social y la solución de los conflictos. La falencia del Gobierno hasta ahora es haber creído que todo se puede desde un voto mayoritario y el liderazgo de Evo Morales, en otras palabras creer que todo lo tiene que hacer el Poder Público restándole responsabilidades a las iniciativas y empresas privadas. Finalmente es la sociedad la que tiene que construir el nuevo Estado Plurinacional y por ello el Gobierno debe escuchar impulsar nuevas iniciativas políticas y económicas e imponer las de carácter social.
La Paz, 30 de noviembre de 2011
