Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte
La determinación del Cabildo
realizado en El Alto ayer 28 de julio del presente, amerita ensayar un campo
especulativo poniendo en contraparte la gestión del conflicto del Órgano
Ejecutivo para fundamentar posibles desenlaces de la conflictividad que puede
generarse por las postergación de las elecciones nacionales en Bolivia y poner a Bolivia al borde de una convulsión
y violencia social contra del Gobierno central y con consecuencias en los
Órganos del Estado y Gobiernos Autónomos.
En las próximas semanas sabremos si
no dialogar y dejar de atender la conflictividad generadas desde la postergación
de las elecciones es un Romerazo o Añenazo con sabor a Mamertazo, o simplemente
un caso más de cientos de demandas sociales no atendidas por el Gobierno.
Contextualización institucional en la conflictividad popular.
Los conflictos políticos y
sociales en razón a las elecciones nacionales de octubre de 2019 tuvieron un
curso enmarcadas en la gestión institucional de los órganos de poder estatal en
sus diversas instancias, esto por un lado; y por otro los conflictos se dieron
en razón a las demandas y acciones ciudadanas en sus diversas manifestaciones y
niveles de violencia creciente y decreciente. Esto es lo que caracterizó la
conflictividad de los 14 años que le tocó gobernar a Evo Morales; las
instituciones hacían gestión en el marco de sus competencias y atribuciones y
los sectores demandantes presentaban propuestas, gestionaban ante instancias
competentes y frente al incumplimiento y negligencia ejecutiva, administrativa
u operativa las medidas de presión asumían su espacio en la lucha y demanda
democrática y concertada finalmente.
No es exagerado afirmar que en la
mirada del conflicto durante los 14 años se fue construyendo gobernabilidad y
gobernanza, donde los sectores populares, obreros y campesinos lograron cierto
nivel de confort, ajunto al
empoderamiento social en las reglas de
una democracia participativa, representativa y directa.
Para la organizaciones sociales y
el movimiento obrero, el ejercicio del diálogo, el debate, la concertación y la
acción no se ajustan a reglas estatales ni a Derecho Positivo, es más bien un
Derecho Natural dialéctico que se nutre de sus contradicciones internas y
secundarias, ante esta determinación clasista e histórica durante los últimos años que la COB acompañó
la gestión estatal la COB no pudo nutrirse desde sus contradicciones internas y
optó hacer política desde las contradicciones de la administración del Estado.
Esa es la Lógica y dialéctica que entendió y transmitió el gobierno de Evo
Morales, para avanzar con el proceso de cambio y la Revolución Democrática y
Cultural, para esto fue propósito necesario fundir el proyecto de la COB a la de
los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y de los sectores populares
componentes matrices del pacto de Unidad, en razón a los nuevos preceptos
constitucionales nacido y creado en la Asamblea Constituyente y la nueva
Constitución Política del Estado.
La Nueva Constitución Política
del Estado Plurinacional es el marco de desarrollo económico político y social que
marca el Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural. Gobernados y
gobernantes entendieron siempre esto, y en la medida en que se fue
profundizando el Cambio y la Revolución también se fue fortaleciendo el contra-cambio
y la contra-revolución política y por ende el apoyo a la gestión estatal y el
rechazo al mismo, al grado de promover, en el sector de rechazo, en la reacción,
la negación del Estado Plurinacional enarbolando el retorno a la
institucionalidad y proyecto de país y nación única de la vieja República
Boliviana.
Haciendo referencia a las leyes
de la naturaleza y al materialismo histórico sabemos que restaurar el pasado es
imposible y menos restaurar la vieja institucionalidad de la vieja República
Boliviana; imposibilidad que no determina en sí misma la negación de la acción
reaccionaria con la fuerza del viejo poder y fortalecido por nuevos agentes,
realidades y necesidades políticas, económicas y sociales que exige el nuevo
orden mundial.
Desde este eje de exposición no
es complejo explicar la caída de Evo Morales y al mismo tiempo predecir la
caída del régimen policiaco-militar a la cabeza del gobierno civil transitorio.
Caída de Evo Morales
Del 20 de octubre a la primera
semana de noviembre el órgano ejecutivo del Gobierno de Evo Morales se mantuvo
compacto, pero dos de las instituciones más representativas del ministerio de Defensa y de Gobierno, en sus
mandos superiores para estas fechas ya habría sido cooptado por corrientes
opositoras; Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este hecho es de
conocimiento público.
Ahora nos preguntamos qué papel jugaron las fuerzas armadas y la
policía nacional fracturando el régimen de Evo Morales y desmarcándose del
Estado Plurinacional en adhesión a la vieja República Boliviana y a las fuerzas
de la reacción y representantes del neoliberalismo. Sin duda que no fueron en
líneas del mandato constitucional y, en consecuencia sus acciones fueron
acciones políticas para tomar el mando del órgano ejecutivo del país. En el
momento de la renuncia de Evo Morales estas dos instancias institucionales no
solo abandonaron la responsabilidad el mantener el orden público y la seguridad
nacional, ante la convulsión social y la injerencia de intereses
transnacionales como a la fecha ya están identificados, sino que asumieron
protagonismos y asumieron atribuciones del Órgano legislativo del Estado
Plurinacional posicionando un mandato
presidencial no elegido por voto popular ni designado en sucesión
constitucional de Derecho. Este momento maraca es el principio de la parcial
desinstitucionalización del estado Plurinacional y replanteo de la lucha obrero
campesino y popular.
La lucha obrero campesino y popular contra las Fuerza Armadas y la Policía
Nacional
La demanda y medidas de presión
implementadas por sectores obreros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana;
la de los campesinos lideradas por la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos, la de los Pueblos Originarios e Indígenas aglutinados
por el Consejo Nacional de Ayllus y Marca de Q´ollasuyo
y la CIDOB, y otros sectores populares aglutinados en Juntas Vecinales y
Auto-convocados tienen la plena certeza y conocimiento de que al frente están dos
instancias armadas de represión y opresión a quienes tienen que enfrentar. Este
Bloque Popular Revolucionario se encuentra con el discurso radical y
propositivo en la acción violenta y revolucionaria que recuerdan las gloriosas
jornadas de lucha, de mineros, campesinos, estudiantes y clase medias
revolucionarias a la cabeza de la COB en
tiempos de Juan Lechín Oquendo, Genaro Flores y otros líderes que derrotaron a
la “Bota Militar” desde el bloqueo de carreteras, las movilizaciones y la
huelga general indefinida. Pero también
los nuevos liderazgos campesinos y de pueblos originarios tendrán el propósito
de no interrumpir el avance de transformación institucional
propuesto a favor de los pueblos indígenas en objeto político de consolidar el
proyecto de Nación y autodeterminación propia truncada aun antes de la caída de
Evo Morales.
Disfunción institucional del Órgano Ejecutivo en el Estado Plurinacional.
Con el posicionamiento de un
nuevo Órgano Ejecutivo posterior a la caída de Evo Morales, los ministerios
fueron expuestos a cambios de servidores públicos y en esa medida los proyectos
que se implementaban en favor de la sociedad civil fueron truncados, pese a que
en los acuerdos de pacificación entre el Gobierno y el Pacto de Unidad, la COB
y Juntas Vecinales explícitamente acordaron continuarlos. De la misma manera el
potencial de la estructura del Órgano Ejecutivo fue reducida quitando
ministerios que sostenían la superestructura
del Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural.
De igual manera el carácter de
planificación y ejes centrales de los ministerios en cuanto a cabezas de sector
fueron reducidos a casi nada, centrando la gestión del Estado en seis
ministerios: el de Relaciones Exteriores, el de Gobierno, de Defensa, de Salud,
de la Presidencia y de Economía.
Sobre estos cinco ministerios
están las responsabilidades sustanciales del Órgano Ejecutivo actual, y en ese
entendido la asignación de recursos y fortalecimiento son dirigidos a fortalecer la acción de estos
ministerios y mantener una situación de pandemia y de conflicto social.
En estas generalidades es claro
ver que la demanda social se topa ante una situación de disfuncionalidad
institucional del Órgano Ejecutivo y en consecuencia ante el cierre de gestión
a favor de las necesidades de las organizaciones sociales, sectores
organizados, trabajadores, campesinos y Pueblos y Naciones Indígenas Originaria
Campesina. Pero esto también empieza a cerrar las posibilidades de apoyo
estatal a emprendimientos de la Pequeña
y mediana industria, a generar situación complicadas al sector bancario,
industrial y comercial.
Es la disfuncionalidad que ha
sesgado toda relación, ya toda gestión está supeditada a las seis instancias
ministeriales sin competencia específica
para atender el amplio campo de la demanda social y Gestión Pública, y
es así que se sale de control del Órgano Ejecutivo la regulación y el control
del comercio farmacéutico, la atención médica y sus costos, la política
impositiva, el calendario escolar y el disfrute mismo de la vida en sus más
amplio sentido del Vivir Bien. Y en este
último concepto, el de vivir bien que radica la prueba más latente de que el
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional
no solo intenta neutralizar el Proceso de Cambio y la Revolución
Democrática y Cultural, sino también el principio fundante de la Constitución
Política del Estado; El Vivir Bien.
Gestión de la conflictividad.
La disfunción del Órgano Ejecutivo,
potenciando la negligencia por la obsesión de Arturo Murillo, Fernando López, Iván
Ärias, Yerko Núñez, Karen Logaric y Jeanine
Áñez de ver a Evo Morales en toda demanda social, son aspectos que
descubren la nula voluntad de gestión pública a favor de los sectores
mayoritarios, que en los hechos mismos solo pueden circundar la gestión
inefectiva del Estado.
La historia de Bolivia se ilustra
por gestiones que en sus años de vida los sectores excluidos, necesitados y
abandonados no fueron favorecidos por el sector público menos por el privado,
esta ilustración fue cambiada desde el Proceso de Cambio, la Revolución
Democrática y Cultural, el Vivir Bien y la transformación, desburocratización,
descentralización y modernización institucional marcada desde la Constitución
Política del Estado. Las mayorías no pueden ir en contra todo esto y menos
dejar que siga ocurriendo de la manera más caótica, por ello el reordenamiento
institucional desde unas nuevas elecciones nacionales es una opción, si estas
elecciones no ocurren en marcos y tiempos establecidos constitucionalmente el
conflicto y su ascenso a niveles de violencia es inminente, y las consecuencias
impredecibles.
Corresponde que al menos a estas
alturas el Órgano Ejecutivo entienda la Gestión del Conflicto y descarte el
enfrentamiento del pueblo con las Fuerzas Armadas y la Policía donde la
proyección será de la victoria de obreros campesinos, naciones originarias y
clases medias revolucionarias. Será victoria pírrica, pero victoria desde la
acción violenta a la que los oprimidos y explotados de Bolivia.
Si el Órgano Ejecutivo aún no ha
entendido el carácter de la violencia de obreros campesinos naciones
originarias y clase medias revolucionarias, al menos que consulten con sus
aliados de CONADE para que los ilustren y no cometan el error de postergar las elecciones
y sostenerla con el uso de la fuerza policiaca militar.
Romerazso
o Añerazo con sabor a mamertazo
Finalmente solo recordar el
Órgano Ejecutivo y al Órgano Electoral
que con resultados y decisiones populares no es conveniente jugar. En la revolución del 52 los
historiadores saben que las cosas que gatillaron el levantamiento fue una mala
decisión de coyuntura.
Santa
Cruz, 29 de julio de 2020
