Por Carlos Lara
“Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la
independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía del
país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del
Gobierno legalmente constituido,…” (CPE,
Artículo 144)
“La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de
la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el
cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función
policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, …” (CPE. Artículo 251)
En noviembre del 2019 el Estado Plurinacional de Bolivia vivió eventos de alta
violencia y de inestabilidad institucional donde las instancias del Estado
Plurinacional llamadas a conservar la seguridad y la estabilidad del Estado, la
defensa de la sociedad y la conservación del orden público se vieron revueltas en disputas de orden
político en contra del Órgano Ejecutivo Nacional.
Las dos instancias estatales; con competencias y atribuciones para actuar
en situaciones como las que se vivió la
primera quincena de noviembre del pasado año, actuaron a decir de Fernando
Camacho desde un acuerdo privado cerrado por su padre.
“Fue mi padre quien cerró con los militares… igualmente con los policías” dijo
Camacho en su círculo político e hizo referencias a compromisos expuesto en el
acuerdo. (Se cree que un punto del acuerdo se cumplió con la designación de
Fernando López como Ministro de Defensa; el resto se supone de orden económico
y distribución de mandos institucionales).
Curiosamente ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional se manifestaron
de manera oficial, desmintiendo la afirmación de Camacho, y decimos
desmintiendo porque es lo que corresponde hacerlo por el Honor de ambas
instituciones, no haberlo hecho hasta la fecha es aceptar, para vergüenza
ajena, que los mandos superiores y mandos medios de las Fuerza Armadas y la
Policía funcionaron como instancias privadas de seguridad y al servicio de
quien les pagó más y por ende, suponer que su rol durante los conflictos
dejaron de ser constitucionales.
En consecuencia, … el silencio de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Boliviana, como referencia política, da el mérito de la caída del Gobierno de
Evo Morales a Fernando Camacho, sin que esto en los hechos mismos sea una
verdad, sobre todo si los hechos tienen indicios que hacen suponer que fueron
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional conjuntamente con el movimientos cívico
cruceño quienes derrocaron al gobierno en noviembre del 2019 y quienes, además
sostienen el actual gobierno de transición.
Por lo anterior las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben una
explicación a la población, y lo deben en razón al curso de las elecciones del
18 de octubre. Mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no desmientan
la afirmación de Camacho, el temor a una nueva acción para derrocar al nuevo
Gobierno en caso de que sea el MAS el partido el ganador de las próximas
elecciones, estará latente.
Lo menos que queremos los bolivianos para nuestras Fuerzas Armadas y
Policía Nacional, es su silencio cómplice de la efímera vanagloria política.
Santa Cruz, 23 de septiembre
de 2020.
