Por Carlos Augusto
A. Lara Ugarte
El proceso electoral con miras a las
elecciones nacionales a realizarse en agosto del presente se desenvuelve bajo
el influjo de escenarios sellados como normales en la vida política del país.
Para ir ilustrando y para fines del presente
escrito nos referimos a la ocurrencia de escenarios marcados por el ejercicio
institucional de cargos que deben ser resultado de procesos electorales
regulados por ley y por mandato constitucional, pero que por gestiones contrarias
a la voluntad de las mayorías, debilidades institucionales o ruptura
intempestiva de ciclo democráticos desembocan, en función a tiempos cumplidos, en diferentes tipos de ejercicio real de mandatos
entre los que hacemos referencia a mandatos prorrogados, mandatos acortados, mandatos
cumplidos, mandatos por sucesión, mandatos de facto, mandatos revocados y
mandatos en transición.
Para recordar los más recientes escenarios de
mandatos mencionamos a los magistrados prorrogados del Órgano Judicial, al
mandato acortado de Carlos Mesa y Evo Morales, el primero el año 2005 y el
segundo el año 2019, mandatos de transición como el de Veltze y Mandatos
cumplidos como el del mismo Evo Morales y Víctor Paz Estensoro, de Jaime Paz
Zamora.
Como mandatos por sucesión mencionamos a la
renuncia de Sánchez de Lozada y en sucesión constitucional la de Carlos Mesa o
la de Jorge Quiroga que ejerce presidencia despues de la Muerte de Hugo Banzer
Suárez.
Los mandatos de facto caracterizaron a los
golpes militares del siglo pasado y en cierta manera en este siglo podemos
referir a esa característica al mandato de Jeanine Añez, aunque para otros fue
sucesión presidencial pero también hubo parte de mandato prorrogado, ya que se
prorrogo más allá de los 3 meses determinados constitucionalmente para llamar a
elecciones.
Los mandatos revocados se dieron en los casos
de algunos prefectos y en caso de algunos alcaldes, es de hecho una figura
constitucional incorporada en la nueva Constitución Política del Estado.
Con lo anterior es evidente que la vida democrática
de Bolivia está marcada y normalizada por diversos escenarios anómalos en
cuanto a los tiempos de ejercicio y la forma de llegada a cargos, que constitucionalmente
para su legalidad deben responder en decisión formal al soberano
El soberano, cuando participa en elecciones, al
elegir a autoridades mediante voto universal también elige a su sucesor en caso
de muerte, de renuncia o abandono de la autoridad electa, en ningún momento el
voto puede representar una declaración jurada para no promover desde la
protesta la sucesión constitucional en caso de una mala o pésima gestión, sobre
todo si la gestión avanza hacia el fracaso o el derrumbe de sustentos
económicos, sociales, culturales o políticos.
Recordamos que la iniciativa ciudadana para
promover un revocatorio no es posible en el último año de gestión en virtud a
tiempos constitucionales establecidos para tal fin, pero en razón al derecho
consuetudinario, el elector puede promover la renuncia de autoridades electas y
la respuesta final la tiene la autoridad electa y en razón a respuestas es donde
se entrelazan propósitos, balances de gestión y seguridad todo en un amplio
espectro de la conflictividad social.
Acortamiento de mandato
El actual gobierno de Luis Arce y David
Choquehuanca se ve asediado por parte de sectores organizados y activistas
políticos a nivel nacional, todo en razón a una descontrolada gestión que promovió
y aumento el precio de los alimentos de primera necesidad, desabastecimiento de
alimentos, carencia de dólares en el sistema bancario, desentendimiento con las
denuncias de corrupción en los ministerios con participación de sus hijos, entre
otros.
A esta descontrolada gestión se suma el evidente
infantilismo para encarar de manera adecuada y madura cada uno de los
escenarios que promueven la movilización en contra de su gestión, basta
recordar la propuesta de las 10 medidas para encarar la crisis de combustible basadas
en bajar el consumo de lo que no ya no se puede consumir, ahorrar lo que ya se
gastó, utilizar la tecnología sin instrumentos ni medios para hacerlo, horario
continuo para disminuir el uso del parque automotor en hora pico, plataforma
digital para informar a la población sobre la estaciones que venden diésel o
gasolina, cuando la demanda radica en que todas las estaciones lo hagan, clases
virtuales para alumnos del sistema regular, olvidándose el impacto hacia el sistema
especial y alternativo, control de frontera y otras con similar calibre de
infantilismo, en fin medidas que por respuesta de la población tuvo solo memes
de burlas y el correspondiente enojo.
Estas medidas lanzadas por Arce insuflaron la
conflictividad social, restó seriedad a la gestión gubernamental, de hecho, la
presentación de la propuesta más pareció el libreto de una escena de Teatro Farsa,
montada por el dramaturgo Moliere o una broma al estilo de Percy Fernandez.
Es relevante para ilustrar este análisis,
recordar que el momento de rechazo político a Arce Catacora viene acompañado de
denuncias de corrupción hacia su hijo Marcelo Arce, el empresario Eduardo
Valdivia y su relación con la empresa BOTRADING, única intermediaria y
subsidiaria de YPFB en Paraguay. La empresa opera favorecida por cambios en la
reglamentación de YPFB según se conoció de fuete creible.
En ese contexto, bajo amenazas de bloqueos y
movilizaciones por partes de sindicatos y comunidades indígenas, originaria
campesinas, entidades cívicas, transporte, juntas vecinales, gremiales y
descontento generalizado el gobierno se encuentra acorralado ante la disyuntiva
de un acorte de su mandato con la correspondiente sucesión de mandato hacia el
vicepresidente David Choquehuancaal o
llegar al fin de su mandato despues de
las elecciones nacionales a realizarse en agosto del presente año.
Entonces estas dos posibilidades ya marcan
agenda en la política con algunas variantes que pueda darse en razón a
acontecimientos particulares.
Veamos estas dos posibilidades desde el accionar
de los actores.
Quedarse hasta despues de las elecciones
El que Arce Catacora termine su periodo
constitucional es por ahora solo un discurso político que puede adornar el
vocabulario de sus portavoces u opositores retóricos, solo sirve para para
mostrarse como respetuosos de la CPE, pero ya de ninguna manera es una necesidad
en sí misma.
Tanto Arce como su entorno palaciego, mas su
militancia no ven en el actual gobernante potencial alguno para seguir
gobernando y menos para ganar las elecciones nacionales. A lo más que puede
llegar es lavar su imagen con explicaciones vertidas por la Ministra de la
Presidencia, tratando de hacer creer que está contra la reelección y que en
esta razón radica su desistimiento a ser candidato por el MAS. Argumento más
vergonzoso no podría darse entendiendo que durante más de la mitad de su
gestión descalificó, montó procesos, desvirtuó el liderazgo de Evo Morales y promoviendo
su reelección.
Para salvar su casi necesaria renuncia Arce
pasa de las 10 medidas para enfrentar la escases de combustible a un acuerdo de
12 puntos los mismos que, casi en semejanza a las medidas anteriores no pasan de
ser un documento estéril y revuelto en la inexistencia de la voluntad del
pueblo. Veamos que se oculta detrás de los 12 puntos.
En primer lugar, se menciona a que el diálogo
y la democracia en el mejor camino … pero ¿Diálogo entre quienes? ¿Entre las
cabezas de los órganos del Estado? ¿entre algunos influyentes políticos?
Si el diálogo no es con el pueblo, es decir
con los electores y mandantes, el diálogo no puede conjugarse con democracia, no
en la administración pública ni el ejercicio del poder. Ese acuerdo de principio
ya empieza a ser una farsa y en los próximos párrafos se va mostrando esa farsa
Desde el acuerdo se asume el compromiso por el
cumplimiento del calendario electoral, está bien, pero recordemos que los
cumplimientos al calendario electoral tienen que hacerlo las organizaciones políticas
y los ciudadanos si quieren participar ya sea como elegidos o electores y sin
ningún compromiso firmado más allá de tener el reconocimiento de ciudadanía. Igualmente,
pero de manera obligatoria las instituciones de la función pública y sus
funcionarios deben hacerlo.
Hasta acá ya vemos un acuerdo que tiene por
finalidad resguardar una perversa gestión gubernativa y minimizar o contrarrestar
la demanda expuesta en las organizaciones sociales, las calles y población
movilizada.
Y esto va para el Gobierno que coincide en que
las prórrogas de mandatos de autoridades electas dañan la democracia, pues
porqué se sigue aceptando más daño a la democracia con los prorrogados el
Órgano Judicial. Esta farsa al menos evidencia que las resoluciones y sentencias
constitucionales firmadas por los prorrogados son dañinas a la vida
democrática, pero el gobierno calla y promueve que los prorrogados sigan con
sus funciones, atribuciones y competencias a la par de los elegidos y en
función acorde a la CPE.
Al parecer este punto quiere entenderse preventivamente
solo al caso del Órgano Ejecutivo y referido a este periodo, cuando de esto se
cuelga el tema de acortamiento de mandato y la no conclusión de mandatos.
Para aclarar mencionamos en razón al acuerdo que
lo referido a la prórroga y acortamiento hace referencia a anular la voluntad
popular bajo el entendido de que la voluntad popular marcada por la coyuntura no
excluye demandar renuncias y es que la voluntad popular no es expuesta solamente
en el voto universal que elige autoridades sino también en las iniciativas y
movilizaciones.
Ahora por el mal manejo del conflicto y por la
desorientación arcista en el manejo de la cosa pública, este acuerdo parece motivar
a que la voluntad popular desde la movilización pro activa desemboque en la
renuncia del actual gobernante.
También y ante el reconocimiento de la
debilidad del arcismo en la Asamblea Legislativa para resguardar operaciones no
trasparentes del ejecutivo en cuanto a los préstamos y endeudamientos, se
expone en el acuerdo la exigencia por autorizar créditos, pero obviando procedimientos
de fiscalización y control.
Los demás puntos de relleno son clichés para
comprometer a opositores e instituciones a no apoyar las movilizaciones
populares sobre todo la de aquellas que demandad gestión acorde a necesidades
de las mayorías y de protección a las conquistas sociales, logradas en otras
gestiones.
El acuerdo está firmado, pero los costos de
vida siguen aumentando, hay carencia de combustibles, los prorrogados siguen
dañando la democracia Marcelo Arce sigue haciendo de las suyas. Es claro que también
seguirá y se ira generalizando las movilizaciones y el pedido de acortamiento,
que sin duda no serán en nada dañino para la democracia.
Santa Cruz, 19 de marzo de 2025
