GESTION Y VIOLENCIA

GESTIÓN Y VIOLENCIA

La relación de violencia y agresividad institucional del el Movimiento Cívico con los poderes del Estado y la Asamblea Constituyente se la puede analizar (también) desde la limitante normativa que ejercita la democracia representativa.
Mediante el referéndum autonómico del 2 de julio del 2006 la demanda regional de autonomía departamental se vincula a la asamblea constituyente de manera directa y no a través del Comité Cívico, ni de la prefectura departamental, aun estas hayan sido consideradas como las entidades (una cívica y la otra estatal) gestoras de la demanda. Es decir que en ningún momento se puede establecer espacio jurídico existente que devenga como mandato regional legal y que faculte al Comité Cívico y a la prefectura ser las voces únicas de la demanda y menos para que se conviertan en entidades negociadores de las competencias y facultades que deban constitucionalizarse a través de la Asamblea Constituyente.
Los únicos que detentaron esta facultad fueron los 44 constituyentes por Santa Cruz, para el caso de Santa Cruz, y claro está que a través de estos, tanto la iniciativa individual como corporativa, el Comité Cívico y todas las organizaciones civiles podían deliberar y plasmar sus demandas en el tema de la autonomía departamental. Así lo norma la CPE, la ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la Ley del referéndum autonómico.

Críticamente podemos llegar a la conclusión de que el Comité Cívico pro intereses de Santa Cruz no estaba facultado objetivamente (por que no hay ninguna ley que la respalde) para diseñar e impulsar el proyecto autonómico sino era a través de la Asamblea Constituyente, y tampoco subjetivamente (Instrumento organizativo o con legitimidad departamental) por que no aglutina ni representa a la totalidad de las organizaciones e instituciones departamentales. (Su legitimidad es sectorial)

Si evaluamos el rumbo que el Comité Cívico dio a la demanda autonómica del departamento, después del referéndum del 2 de julio del 2006, llegamos a los siguientes resultados:

• El Comité Cívico no encaminó de manera adecuada la demanda. Confió más de lo prudente en la propuesta individual del Dr. Juan Carlos Urenda (ideólogo del proyecto autonomista) y en el liderazgo Pablo Klinsky (Presidente de la Asamblea preautonómica) menospreciando la creatividad y responsabilidad colectiva del pueblo, sus instituciones y sus instancias organizadas.
• Se alejó de la representación cruceña en la Asamblea Constituyente en sus etapas mas importantes, es decir no hizo un adecuado seguimiento, y en concomitancia con está actitud no tuvo la habilidad de persuadir, asegurar y negociar posturas con los asambleístas (Ni con los de PODEMOS menos con los del MAS) en materia de forma, contenido y esencia temática (sobre todo el tema de las competencias) necesaria para implementar el proyecto constitucional y el de las autonomías departamentales.
• Se propuso ser instancia de debate y deliberación constituyente sin mandato popular. Se atribuyó las competencias de la directiva de la Asamblea Constituyente (Marcar agenda) desde el único mérito de ser una parte del poder constituyente, (pueblo) que al representar a una sola fracción (a nivel nacional y departamental) perdía toda legitimidad y carecía de objetividad jurídica.
• Una insistencia desmedida y radical se apodero del Comité Cívico, para imponer una agenda caprichosa y tendenciosa (Capitalidad plena, dos tercios, constitución derivada, ilegalidad del texto constitucional propuesto, oposición al referéndum dirimidor y refrendatorio y otros) trasladando el debate constituyente a las calles y a los estudios de los medios de comunicación (que jamás tuvieron la legalidad y legitimidad de una sesión parlamentaria, una audiencia pública o un foro territorial) para movilizar, desinformar y sesgar el proceso constituyente (a través de un discurso radical y mediático) con el único objeto de desgastar al gobierno de Evo Morales y preparar un golpe civil institucional. De esa manera se armó el esqueleto de la presión y violencia callejera. (Movilizaciones en Sucre, bloqueos de caminos, cierre y atentados hacia infraestructura y ductos hidrocarburíferos, destrucción de bienes e instalaciones de instituciones estatales, exacerbación de la identidad cruceña y regional, etc.)
• El Comité Cívico se opuso a la nacionalización de los hidrocarburos y a las políticas asistencialistas y de carácter popular del gobierno, sin explicar racionalmente esta actitud. (que en los hechos terminó valorando lo positivo de estas medidas) Igualmente cuestionó su política internacional (sobre todo) con el gobierno de Venezuela y la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Toda esta oposición (Contra lo esperado por la dirigencia cívica) generó en la población un sentimiento de unidad en torno al proyecto nacional liderizado por el presidente Evo Morales y en oposición a un proyecto imperialista. La expulsión del Embajador Goldberg cuestionada por el Comité Cívico y el CONALDE puso en evidencia su relación conspiradora con el personero norteamericano y Branco Marincovic.

Como se puede ver, está por demás querer analizar triunfos regionales y acciones sostenible y acertada a la gestión de Branco Marincovick, porque comparadas con los desaciertos son casi insignificantes. Puede que nos equivoquemos, pero por ahora no se visibiliza significativos aciertos; en realidad lo mucho que hizo Germán Antelo (2005 – 2007) fue tiznado y opacado por Branco Marincovic y su entorno radical.

En cierta manera los miembros que eligieron a Branco (2007 - 2009) lo hicieron pensando en su radicalidad y sus firmeza opositora, frente a otros candidatos que podían haber continuado con la postura negociadora y racional de Germán Antelo.

Branco Marincovik se alineo con la opción mas radical a partir de la toma de las oficinas de la UJC por parte de la juventud falangista (agosto del 2007) y luego estas postura sería las que marcaron toda su gestión. Discursos acalorados antigubernamentales, llenos de racismo y exacerbación regionalista, reivindicando la Nación Camba que, fue relegando a segundo plano la racionalidad democrática y persuasiva (sin dejar de ser elitista y logiera) que caracterizó a la gestión de Germán Antelo

Branco Marincovik fue lo que la, Unión Juvenil Cruceñista (brazo cívico de la FSB y propugnador de la resistencia armada) quiso que sea; obtuvo el apoyo, respaldo y legitimidad política - simbólica convirtiendo al Comité Cívico Femenino y la Asociación de Fraternidades en activistas y masa política manipulable; estableció nexos políticos con el Imperio y la Empresa Privada para financiar actos de violencia y la acción de operadores y agitadores políticos callejeros y mediáticos; y finalmente fue prisionero y guardián (al mismo tiempo) de la Asambleas de la Cruceñidad (Asamblea de representantes de la oligarquía y grupos de poder).

Es pues en todo este conjunto de relaciones y actores políticos donde se debe explora para toparnos con los responsables del nivel de violencia y de desgaste del liderazgo cívico.
De esta experiencia de gestión y violencia (para aportar al proceso constituyente y las autonomías departamentales) debemos aprender a entender (los hechos lo muestran) que la mejor gestión institucional será aquella que se enmarque en las normas establecidas y en saber manejarlas para transformar (las normas) apoyados en los excesos positivos y superar los excesos negativos.

Nuestra democracia representativa en su versión vigente establece que el pueblo delibera y gobierna a través de sus representas establecidos por la CPE y normado por ley. (Art. 4 de la CPE)

El Comité Cívico al no estar sustentados en la CPE y adjetivado para explicar su concepto, además de todo lo anterior, (no nos referimos a su Personalidad Jurídica del 1951) no es la institución legal para deliberar y gobernar, y deja de ser, por sus errores y la composición elitista, la institución líder a través del cual se debe legitimar la propuesta de competencias para la Autonomía Departamental en el departamento de Santa Cruz.

Sin embargo el rol protagónico de la instancia Cívica no puede desvincularse en el análisis del rol de los movimientos sociales, instituciones estatales e instrumentos políticos, ya que todas estas instancias organizadas han puesto a Bolivia en niveles de alta violencia, esto es precisamente lo que se debe tomar en cuenta para valorar la gran responsabilidad que tendrá la sociedad civil al aplicarse la propuesta del nuevo texto constitucional; mucha madurez política y responsabilidad para adscribirse concientemente a una nueva norma de vida estatal, donde el Control y la Participación Social vendrán a ser dos pilares fundamentales (Junto a los órganos funcionales del Estado) en el desarrollo económico, político, social, cultural, lingüístico y espiritual de la estructura social del Estado Boliviano.

El conflicto nos ha estado mostrando los roles y los alcances de toda institución en la organización y desarrollo estatal, sus competencias y facultades. Y también estamos empezando a ver que cuando estas rebasan el mandato obtenido a través de voto o lo ignoran, nos exponemos a la organización de la violencia.
Desde la gestión del Comité Cívico y la rebeldía de la Prefectura al poder constituido, al analizar el conflicto y los niveles de violencia nos vemos obligados a profundizar y plantear la gran tarea de desorganizar la violencia regional institucional y retomar la deliberación y el debate dentro la norma constitucional.

En ese entendido la construcción social del Estado Boliviano (vía nueva constitución política) es un trabajo de todos, aun de aquellos que vienen oponiéndose violentamente. Y sin negar su existencia estamos convencidos que la violencia en cuanto opción de transformación de las condiciones estructurales de la sociedad civil se la puede negar, pero dadas las circunstancias si es inevitable negarla corresponde a las instituciones represivas del Estado desmontarla desde la normativa constitucional y no dejarse llevar por el temor y la irresponsabilidad para que se radicalice al grado de hacer inevitable una guerra civil.
La institucionalidad estatal debe ser por ahora la garantía para las opciones de paz y la consecución del proceso constituyente.

Santa Cruz, 4 de octubre de 2008