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viernes, 23 de mayo de 2025

PROTECCIÓN INSTITUCIONAL AL EJERCICIO DEL DERECHO POLÍTICO

 


Por Carlos Augusto A. Lara Ugarte

La Participación Política del ciudadano boliviano, como elector y como elegido es un derecho protegido y garantizado por la institucionalidad estatal boliviana y en ese simple entendido toda institución debe generar normativa para garantizarla y de ninguna manera para prohibirla, conculcarla o negarla. Institución que hace esto se expone a procesos legales de distinta índole y que van desde incumplimiento de funciones y deberes hasta procesos penales por incumplimiento a la Constitución Política del Estado y daños económicos del derecho vulnerado  

Los Derechos Constitucionales sobre la participación ciudadana, tiene un amplio marco jurídico - dogmático en procesos electorales, y desde acá es donde vertimos criterio explícitamente referido al caso de la cancelación de la personería jurídica de una organización política por no haber obtenido al menos el 3% del total de votos válidos en la última elección que concurrieron.

Una premisa irrefutable en el derecho positivo es que Toda organización política debe gozar de la misma protección de derechos; el derecho protegido de los partidos con voto mínimo es el mismo que el derecho protegido de las organizaciones que obtuvieron más del 3%, lo contrario es discriminación y exclusión.

Para nadie es ajeno comprender y aceptar que la consolidación de una organización política ocurre con los años y desde experiencias que van más allá un solo evento electoral, y que toda persistencia por ejercer este derecho como militante organizado o afín político debe tener una acción de control y regulación positiva por parte del Tribunal Supremo Electoral y de ninguna manera de exclusión y marginación.

Cuando al Partido de Acción Nacional Boliviano (PAM-BOL) y al (Frente Para la Victoria) FPV, desde normativa específica se le permitió participar en las elecciones por los gobiernos autónomos, posterior a la elecciones nacionales, donde no obtuvieron al menos el 3% del total de votos válidos, el principio de protección fue manifiesto y en derecho, contrariamente los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral y los magistrados de tribunales constitucionales, con nuevas resoluciones y sentencias conculcan derechos políticos y de manera inverosímil prohíben ejercer derechos, al margen de todo control  y regulación establecida por norma jurídica.  

Para ilustrar esta dicotomía perversa, al margen de los intereses de Poder que en ella se encierra, recurro someramente a recordar que durante un proceso electoral donde el Partido Socialista participó y no obtuvo el porcentaje requerido del 3%, para no vulnerar derechos ciudadanos y ni excluirlos de las elecciones nacionales en apego a los principios que establece la democracia participativa, el Partido Socialista fue conminado a pagar una multa, en razón y proporción a los costos erogados en la impresión de las papeletas multisignos; con el pago se establecía subsanación. Esa es una vía que no ha sido derogada, y que de hecho no tendría que serlo salvo que haya una de mejor aplicación al derecho protegido de las organizaciones políticas y sus militantes.

No es necesario darle más vueltas al asunto, y corresponde afirmar que los derechos políticos son inalienables y toda regulación y control, no debe ocurrir sobre este derecho político, sino sobre el proceso electoral y sus mecanismos de participación; de participación, no de inhabilitación.

Es extremadamente perverso, abusivo y nada ético anular o cancelar la personería jurídica de una organización política con argumentos anticonstitucionales y leyendas interesadas y a destiempo, sobre todo si prima el argumento de revertir tendencias marcada por una confrontación política plural y diversa, hacia rutas trazadas de grupos de poder que buscan beneficios plebiscitarias, proscribiendo candidaturas potenciales e impulsando una hegemonía de cristal ligada a una participación única relativizada a ser oficialista u opositor, o de izquierda o derecha.

Ante un panorama hipotético de desprotección del derecho político corresponde escuchar la voz del soberano y sumarse equilibradamente a sus acciones de protesta.

San José de Chiquitos, 23 de mayo de 2025

jueves, 1 de mayo de 2025

CONSTITUCIONALISMO, PODER Y PRIVATIZACIÓN

 



Por: Carlos Augusto A. Lara Ugarte

CONTENIDO

1.   Ataque a la nueva Constitución Política del Estado

2.   El interés real al proponer cambios a la CPE

3.   Falsa propuesta de unidad y su interés real.

4.   El rol del régimen de Arce Catacora

5.   A manera de conclusión

 

Cuando el neoliberalismo y los viejos esquemas de poder político proponen volver al viejo republicanismo neocolonial se impone reafirmar nuestra convicción defender y luchar por la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado y sus logros en los cambios sociales y la Revolución Democrática y Cultural

1.      Ataque a la nueva Constitución Política del Estado

Ante un generalizado anti-constitucionalismo por parte de grupos conservadores y neoliberales, que proponen reformas parciales a la actual Constitución Política del Estado, asumimos criterio como síntesis intencional. Asumimos que la vieja Constitución Política del Estado fue basamento sobre el que se sustentó la dominación y el poder jurídico, político, económico y sociocultural de los grupos empresariales, industriales, financieros y de las élites familiares conservadoras; y en contraposición, la nueva CPE fracturó este basamento en promoción hacia el derecho universal de ciudadanía, mirando la necesidad de revertir los alquitranados preceptos dominantes de la exclusión, marginación y discriminación social y sobre todo, la nueva CPE es el pacto social que ondea la protección de los sectores sociales y poblaciones vulnerables, en el marco de un amplio catálogo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Hoy, con visiones conservadoras y neoliberales los grupos más influyentes de la  burguesía industrial y la burguesía financiera, inescrupulosamente  se dirigen en estas elecciones a tomar el mando del Estado a través de operadores políticos serviles, en unos casos y de manera directa en otros, y casi al unísono proponen volver al viejo constitucionalismo, al viejo sistema de administración estatal y tomar el mando del Estado Plurinacional para beneficiarse privatizando, cerrando y vendiendo las empresas estatales, favoreciendo a las grandes importadoras, abriendo el libre mercado, exportando productos como el arroz, azúcar, soya, carne, entre otros, sin importar el mercado y abastecimiento interno, imponer en el mercado interno los precios a sus productos en base a la especulación y no el justo precio que nace de los proceso productivos planificados y equitativos, pero sobre todo endeudando al país, sometiéndolo a la tecnología agroindustrial transnacional y subordinándola a las exigencias y dictámenes del capitalismo transnacional y política perversa del neofascismo internacional.

2.      El interés real de proponer cambios a la CPE

En este antecedente, el prolegómeno que busca la reacción nacional, para abrir las puertas al constitucionalismo de corte neoliberal, y disponer de dólares y fondos públicos radica en la privatización, cierre y venta de las empresas públicas industriales y de servicios, más el endeudamiento acelerado vía préstamos de la Banca Privada internacional. 

La burguesía industrial en esa línea de proyección de poder e incidencia estatal neoliberal y neofascista ya afila uñas para apropiarse de las Empresas Públicas Productivas, entre las que podemos mencionar: Cartones de Bolivia, Empresa Publica Productiva Papeles de Bolivia, Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia, Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia, Empresa Pública Productiva Industria Boliviana de Aceites Ecológicos, Empresa Pública Quipus, Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil  y otras de las más de medio centenar de empresas.

Para justificar se respaldan en la vieja receta de que el Estado no es buen administrador de empresas públicas y que, éstas son deficitarias. Esto es un mero argumento, lo real es que las empresas públicas tienen una alta capacidad e infraestructura productiva de punta, tienen un valor económico y cumplen una función económica social. Sin duda que Doria Medina y otros oportunistas quisieran ser propietarios de estas empresas, más aún si las obtendrán a precios de “Gallina muerta”, en semejanza a la enajenación que devino al ascenso del MNR, MIR y ADN y otros en la década entre el 1985 y 2000.    

Por su parte la Burguesía Financiera ya le puso los ojos a Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Mi teleférico, servicios aeroportuarios, Boliviana de Aviación, y otras.

Igualmente, las transnacionales. según rubro, unas, en acuerdo prestablecido y en calidad de financiadores de las campañas electorales de Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Doria medina y los otros, están detrás de toda la cadena de hidrocarburos como el conjunto empresarial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB Logística S.A., YPFB Transierra S.A, YPFB Refinación S.A., YPFB Andina S.A., YPFB Chaco S.A., YPFB Transporte S.A., Gas Transboliviano S.A.;  otras detrás del litio y de Yacimientos de Litio Bolivianos, y en el rubro minero los ojos están puestos en la Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa Metalúrgica Karachipampa, Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera Corocoro, Empresa Minera Huanuni y otras

En el tema de energía las transnacionales quieren volver a tener la propiedad de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE

Otro ángulo de la gestión neoliberal es que hay empresas públicas e instituciones públicas que serán cerradas o reducidas a personal mínimo y los neoliberales razonan hacerlo en función a posicionamiento y eliminación de toda competencia y control estatal; entre alguna de estas están la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, (EMAPA), Corporación Minera de Bolivia, (COMIBOL), Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv, y algunas otras de menor incidencia en la economía nacional. 

Está por demás claro, pero es necesario mencionarlo, y es que el proceso de privatización, capitalización, venta y cierre de empresas públicas solventará el flujo de dólares, para favorecer a los importadores, pero en nada favorecerá directamente  a la baja de precios de productos en el mercado nacional, y en contra-ruta desembocará en despidos masivos de trabajadores, achicamiento de la burocracia estatal, que conlleva directamente a la reducción de prestación de servicios sociales y protección institucional a los sectores vulnerables, reducción en la capacidad de pagos crediticios, disminución de la calidad de vida en los sectores de la clase media, aumento de la migración hacia las zonas urbanas, deserción escolar, ampliación de la frontera agrícola por la presencia de la agroindustria en la administración del poder y en tanto el Estado sea protector y guardián de la inversión privada los derechos laborales serán pisoteados y la actividad sindical conculcada. 

3.      Falsa propuesta de unidad y su interés real.

Para las próximas elecciones nacionales, la participación de los partidos y alianzas que encabezan de manera separada Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Chi Hyun Chung y los otros anti-CPE (Contarios a la actual Constitución Política del Estado), responden a los intereses particulares de grupos de poder financiero, industrial, agrodindustrial nacional y transnacional, y son estos grupos, los generadores de toda la línea discusiva y de opinión de la supuesta unidad opositora.

En realidad, la supuesta unidad de la oposición solo fue y es el discurso para posicionar un imaginario perverso anti-CPE y antievista; logrado esto, ellos mismos segmentaron la supuesta unidad o frente único opositor, para cada uno pelear desde sus anheladas parcialidades legislativas espacio de decisión y recibir el beneficio de la administración estatal acordado para la enajenación de las empresas públicas y las cadenas productivas de los recursos naturales estratégicos-

En síntesis, el objetivo electoral de los grupos de poder financiero, agropecuario, industrial nacional y transnacioneal es tener una administración Estatal con capacidad de desmontar toda la estructura y organización económica del Estado Plurinacional, establecida en la cuarta parte de la actual CPE. 

4.      El rol del régimen de Arce Catacora

En cierta manera el régimen de Luis Arce Catacora y su gabinete ministerial han operado a favor de los grupos de poder económico mencionado arriba, y acá radica la falta de atención oportuna a la subida de precios y descontrol de la economía regulada.

El Gobierno de Arce omitió fortalecer la organización económica comunitaria y estatal y permitió la incidencia de la economía de libre mercado y desregulación a favor de la forma de organización y relaciones de la económica privada, en este entendido los precios de los productos de este sector fueron los que marcaron los niveles extremos de la inflación actual.  

El Estado, estos últimos años ha prebendalizado toda forma de participación ciudadana en la planificación integral estatal, ha dejado de regular los procesos de producción, distribución y comercialización de productos, ha debilitado el incentivo por la producción territorial y ha permitido el monopolio regional de la economía, ha perdido el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales imprescindibles.

Con todo lo anterior se pone en evidencia que la omisión al mandato constitucional durante la gestión de Luis Arce Catacora se tradujo en esquemas y recomendaciones neoliberales, lo que empujo a la oposición a proponer ajustar toda la política económica a la vieja CPE,

5.      A manera de conclusión

No debe quedar duda alguna que la propuesta de los sectores más conservadores y de la burguesía financiera, industrial y agroindustrial nacional desencadenará en grandes ganancias para estos grupos de poder, pero para los sectores populares urbanos y comunidades campesinas indígenas originarias significará más pobreza, miseria desatención y abandono.

La Crisis y la inflación actual que se vive en el Estado Plurinacional es el producto de política neoliberales y de vulneración a
la nueva Constitución Política del Estado, es la crisis del retorno al viejo constitucionalismo republicano.

La nacionalización de los hidrocarburos y la implementación paulatina de la nueva CPE se tradujo en mejoría y avance económico del país, el intento de retorno al viejo constitucionalismo nos está trayendo crisis, inflación, desgobierno y conflictos socioeconómicos que puede traducirse en enfrentamientos de alto impacto político.

 Corresponde tomar parte en el presente proceso electoral.  

Santa Cruz, 1ro de Mayo de 2025


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