Breve caracterización del momento político
En los últimos años, las luchas y demandas por avanzar en la conquista del manejo institucional del Estado, la inclusión de las mayorías al ejercicio democrático y la nueva construcción institucional del Estado boliviano, ayudan a entender cómo por un lado se posicionaron las demandas populares en la institucionalidad estatal y por otro, cómo en el debate se reabrieron y polarizaron viejas contradicciones para crear otras nuevas en el relacionamiento del poder político. Con estas premisas se puede caracterizar el momento político con el objeto de interpretar las nuevas vías y visiones y reconocer la superación definitiva o extinción plena de algunas contradicciones en el ámbito del debate con miras a las elecciones nacionales de diciembre de 2009.
Las demandas se posicionaron en la institucionalidad estatal a partir de que estas se direccionaron hacia un conjunto de propuestas normativas y al uso de herramientas legislativas parra derruir las bases residuales que sostienen estructuras conservadoras del pasado, y en ese sentido, desde una nueva institucionalidad sellar la factibilidad de innovadoras vías y soluciones diversas como nuevas alternativas a las utilizadas históricamente por la izquierda tradicional boliviana desde dogmas o esquemas sectoriales.
Tendencialmente, las visiones reformistas entre los fines más visibles de una nueva construcción estatal y los eventos políticos sobresalientes esbozan de manera específica el curso de las transformaciones estructurales, sociales, económicas y jurídicas al interior de la sociedad estatal boliviana induciéndola a cambios normativos. La nueva vía que asume la izquierda boliviana, transitoriamente busca acuerdos sectoriales para minimizar los conflictos entre clases sociales y encaminar el proceso eleccionario y cinco nuevos años de gestión gubernamental hacia un equilibrio de oportunidades políticas, pero con una fuerte influencia hacia el logro en la supremacía de mando estatal.
En cierta manera en los años de gestión gubernamental de Evo Morales y de ejercicio democrático de la sociedad estatal boliviana, tanto el posicionamiento de las demandas en la institucionalidad como las visiones mas representativas del periodo, dan continuidad a la nueva experiencia democrática al tiempo de permitir explorar caminos de inclusión desechando la violencia, y sobre todo logrando objetivos para establecer una nueva estructura jurídica en base a la primacía de la nueva Constitución Política del Estado.
Entonces son dos los puntos centrales que se entrelazan para entender el momento político y ante ellos interesa reconstruir los objetivos de las fuerzas de la izquierda boliviana, para liderar y ejercitar el manejo del Estado desde la institucionalidad visional puesta en marcha con el proceso constituyente y también posicionar en el debate y la construcción del Estado a la CPE como norma básica o suprema del Estado Boliviano.
Para la izquierda boliviana es completamente evidente, en el sentido expuesto, que el desarrollo de la democracia boliviana está fuertemente marcada por la nueva Constitución Política del Estado en cuanto se entiende que la nueva CPE es resultado de la praxis de protagonistas concretos y es la materialización de prolongadas luchas, coyunturales victorias y demandas populares, obreras, campesinas y de los pueblos indígenas y originarios. Y es igualmente evidente que las nuevas expectativas que encaran los sectores anteriormente mencionados están en relación proporcional al logro de la subordinación plena de toda demanda y avance político y democrático a la norma suprema o CPE del Estado Boliviano.
Paralelo a lo anterior es evidente que el desarrollo de la democracia está y estará también marcado por la acción parlamentaria del bloque opositor en tanto mediador de la resistencia de los grupos de poder económico y de los sectores políticos conservadores y mas reaccionarios del bloque cívico prefectural a los cambios operados en el curso de gestión gubernamental y de la Asamblea Constituyente, sin embargo en miras a seguir con la lógica del cambio estructural jurídico del Estado Plurinacional es conveniente dedicar un tiempo ha puntear rasgos generales de los roles y aportes de las organizaciones obreras, populares, clases medias, campesinas e indígenas principalmente.
Resumiendo la caracterización del momento previo a las elecciones de diciembre, se puede decir que en la lucha por el poder político se ordenan la demandas de los explotados, los movimientos sociales y los pueblos y naciones indígenas hacia la consolidación de la nueva CPE y se abren opciones para encontrar vías coincidentes entre las corrientes de la derecha y la izquierda democrática. Igualmente se vislumbra un sentimiento débil de unidad nacional y búsqueda de objetivos comunes de desarrollo económico, social y político entre explotados y clases media.
Esta realidad permite afirmar que el factor importante del presente periodo es velar por el avance democrático de las organizaciones y las instituciones y la construcción democráticas de modelos institucionales como factores preponderantes del proceso de cambio.
Protagonistas de la coyuntura
Los protagonistas de vanguardia de la coyuntura Política son los colectivos organizados cuyo objetivo y acción política se dirigió en un pasado inmediato a revertir las condiciones y las bases de la explotación imperante en las relaciones económicas de producción y marginalidad institucional. Así se puede hacer referencia a protagonismos colectivos que formaron el Pacto de Unidad durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente junto a las organizaciones mineras, fabriles, gremialistas, feministas y otros protagonistas de influencia ideológica y temática normativa.
Desde un recuento de las demandas históricas del proletariado y una revisión del contenido del texto constitucional se identifica una serie de aspectos ideológicos, teóricos y vivenciales que la praxis revolucionaría obrera y campesina incorporó a la CPE. En la conquista principista del proletariado se encuentran todo el marco valórico y los circuitos jurídicos incorporados para legislar y administrar un Estado que pueda superar la explotación inmisericorde e inhumana del trabajo al que están sometidos miles de mineros, obreros fabriles y trabajadores asalariados del campo y la ciudad.
Desde la mirada proletaria aun se avanza para que el Estado Boliviano a través de la nueva estructura de entidades legislativas, gubernativas, fiscalizadoras y administrativas garanticen salarios dignos, educación para todos, salud universal e igualdad de oportunidades. En la lucha del proletariado boliviano y su participación en el proceso de construcción del nuevo Estado boliviano se libra una batalla contra el modelo neoliberal propiciador de las desigualdades sociales, del saqueo de los recursos naturales no renovales y el enriquecimiento desproporcionado de los países industrializados frente a los países no industrializados.
Desde la lucha del proletariado se vive activamente la memoria revolucionaria de más de un siglo de lucha y se da continuidad a la praxis de combatientes sociales que enfrentaron al colonialismo hispano, al imperialismo Ingles y al imperialismo norteamericano abriendo caminos de liberación y consolidando soberanía nacional. El proletariado trae a la memoria la vivencia y la acción revolucionaria de obreros mineros y fabriles, de intelectuales que lucharon en las serranías del Ñancahuazú, los montes y selvas de Teoponte, el altiplano, los llanos orientales y las ciudades de toda Bolivia.
La lucha del proletariado boliviano es y será siempre la lucha del pueblo contra el capital y las relaciones asalariadas de explotación y en pos de un mundo sin opresores ni oprimidos, sin explotadores ni explotados, sin clases sociales ni desigualdades sociales ni económicas.
Pero también el proceso de cambio, además de ser un acumulo de victorias y avances de victorias obreras en contra el capital, recoge la lucha y la victoria de los pueblos indígenas originario campesino. Recoge la demanda de una norma constitucional más democrática e incluyente, recoge la marcha por la vida, la macha por la autodeterminación de los pueblos y naciones que habitan en territorio boliviano, recoge la demanda del cuidado y la protección de la naturaleza, el desarrollo sostenible y la revalorización de la cultura y la historia de los pueblos. La Lucha de las naciones y pueblos indígenas va en busca de la eliminación de formas servidumbrales de producción agropecuaria y de todo tipo de esclavitud. Es la demanda por humanizar el Estado y el desarrollo industrial.
En la lucha indígena originaria está la nueva jurisprudencia plural del Estado Boliviano y la economía alternativa a la economía capitalista y de explotación, están igualmente la dignificación de los pueblos y el enriquecimiento de la sociedad a través de valores y principios ancestrales de igualdad complementariedad, respeto y todo lo concerniente al bien vivir, a la honestidad, al trabajo productivo y al uso y aplicación del conocimiento y la verdad.
La lucha de los pueblos indígenas sintetizados en la visión de cambio es la garantía de la continuidad a todo proceso de descolonización y segunda liberación. Es la lucha de los pueblos indígenas de América entera y el mundo.
Junto a la lucha de los pueblos y naciones indígenas originarias, lo decíamos anteriormente, está la lucha del proletariado, y junta a estas dos se desarrolla de manera indisoluble la lucha y la demanda de las poblaciones urbanas; clases medias y colectividades de migrantes de todo el interior de Bolivia, de asentamientos urbanos como resultado de la expansión de la mancha urbana y la migración de las provincias hacia las metrópolis. Sin duda alguna es la comunidad urbana, ante el irracional avance y desarrollo industrial, la portadora de la demanda de mejores servicios de agua, luz, alcantarillado, comunicación, seguridad pública, atención con calidad y calidez en salud y educación. La CPE tiene impreso en este campo un amplio catálogo de derechos y garantías individuales y colectivas, que se constituyen en un mandato para todo legislador y al que ningún candidato puede eludir o negarse a ejercitarlo y plantearlo dentro proyecto de gestión gubernamental.
Contenido del recuento constituyente
Una nueva etapa del proceso de cambio operado a partir de la denominada Revolución Democrática Cultural y la implementación de la nueva CPE obliga a un recuento histórico de prácticas, pensamientos y teorías trazadas a los largo de mas de un siglo de vida republicana para embanderar a manera de síntesis los logros que se los apropia como suyos el pueblo boliviano, en la línea de esta afirmación y desde una profunda reflexión se pone en manifiesto de que ya nada se puede hacer a sus espaldas. La organización del pueblo boliviano se traza en los movimientos sociales, los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, los sindicatos obreros, organizaciones barriales, organizaciones juveniles y movimientos cívicos movilizados en sus propias y particulares modalidades y expectativas plurales y acordes al perfeccionamiento del diseño del Estado plurinacional con autonomías desde espacios de deliberación, organización, planificación y legislación comunes y marcadas en la nueva Constitución Política del Estado.
Ya nada viene al azar ni a caprichos de los grupos de poder, ya nada se puede hacer sin caracterizar el pensamiento y las expectativas de las mayorías y la minorías, es decir sin hacerse incluyentes y plurales, nada se podrá hacer con pesimismo y sin ponerse al frente de desafíos y emprendimientos grandes en el campo de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, nada sin interpretar la realidad de cada uno de los sectores que a lo largo de los últimos años han adquirido experiencia y capacidad política para gobernar y ser gobernados, extinguiendo el monopolio de los grupos de poder para gobernar y de las mayorías para ser excluidas de cualquier beneficio de ser gobernado.
Desde este recuento reflexivo y el análisis rápido de la presente coyuntura se debe empezar una nueva etapa de transformaciones bajo la certeza de que Bolivia se desarrolla desde una fuerte tendencia de cambio revolucionario pos moderno, cincelado por:
• La activa participación de la ciudadanía como diversidades y vivencias particulares de las mayorías y las minorías.
• La ampliación de la democracia participativa y representativa hacia una democracia liberadora comunitaria y deliberativa.
• El acercamiento de las mayorías y minorías hacia coincidentes visiones de país en imagen a la autodeterminación y el desarrollo económico, político y social de manera sostenible y responsable.
Y así como también es claro que ya nada se puede hacer sin el ejercicio democrático de las instituciones y organizaciones en materia de participación, es también claro que cualquier propuesta o proyecto político históricamente viable asentado en la nueva correlación de fuerzas a nivel nacional y mundial encontraran el único terreno de cultivo apropiado acoplándose al proceso marcado por la nueva CPE. Ir en contra es ir contra la corriente del ejercicio democrático conquistado y el proceso de inclusión. Repasando las etapas marcadas durante el proceso constituyente se concluye que cualquier propuesta electoral y programa de gobierno que se desmarque de estas tendencias está destinado a ser acción marginal. Así, toda Agrupación Ciudadana o Partidos Político en la línea conservadora o reaccionaria que se dedique a contener el avance de la democracia oponiéndose a la CPE y negar su avance normativo, está en el grave riesgo de bordear los límites de la marginalidad política y perderse en los laberintos ilógicos de la historia.
Para la práctica política siempre va ha existir un pasado, una historia política con peso específico potencializador en tanto se pueda entroncar de manera dialéctica los acontecimientos del pasado, la coyuntura política dominante y las visiones a futuro mediato.
El entronque de hechos consolida la victoria.
Una postura racional debe entronca cuatro hechos fundamentales en el cambio democrático y cultural:
• El primero tiene que ver con la demanda histórica del pueblo boliviano plasmada en el proceso constituyente,
• El segundo se refiere a la agenda de octubre,
• El tercero se refiere al avance y la ejecución significativa de la propuesta del MAS presentada al pueblo boliviano el 2005
• La cuarta es la gestión del actual gobierno.
Estos cuatro hechos son necesariamente los hechos históricos más inmediatos que dan sustento material a la interpretación dialéctica de la realidad para transformarla revolucionariamente. En ese sentido desde los logros obtenidos en la gestión gubernamental, evaluando los avances y logros, y moldeando la realidad buscada a la CPE, se resume que un programa de cambio será exitoso si toma en cuenta las nuevas expectativas nacionales.
Parece importante retomar los ejes programáticos de desarrollo considerados en el programa de gobierno del MAS para pensar en nuevas tareas. Estos ejes son:
• Consolidación democrática del país.
• Igualdad de oportunidades para todos los bolivianos y todas las bolivianas
• Autonomías con democracia, solidaridad y producción basada en la elección de autoridades mediante el voto ciudadano y usos y costumbre.
• Convertir al país en industrial en los próximos cinco años a partir de la industrialización de cuatro materias primas: hidrocarburos, electricidad, litio, minerales y hierro.
• País estratégico en el abastecimiento energético.
• La Bolivia satelital.
• Modernización y desarrollo de la economía campesina, cooperativa, microempresarial y empresarial. La obtención de mercados externos con apoyo estatal.
• Conformación de una gran red de protección y atención social.
• Subvención en la producción de alimentos básicos para no depender de las fluctuaciones del mercado internacional.
• Consolidar la unidad territorial de los nueve departamentos y los 331 municipios, a través de vías férreas, pluviales y camineras.
• Seguridad ciudadana, reforzar el trabajo policial, endurecer el código penal
Muchos de estos puntos ya empezaron a desarrollarse desde una primera propuesta de programa expuesta ya el 2005 y la gestión pública de Evo Morales, y muchos de las propuestas no han podido desarrollarse por negligencia y la postura reaccionaria y conservadora de los grupos de poder, las logias y la oposición parlamentaria. La oposición desde la mayoría opositora en la cámara de senadores se han opuesto a la Ley Contra la Corrupción, se oponen a la distribución equitativa de tierras fiscales, se esfuerzan por mantener estructuras productivas de explotación y de servidumbre, se oponen a la tecnificación y crecimiento de las empresas estatales que son las empresas de todos los bolivianos, sabotean la nacionalización de los hidrocarburos y se oponen a la libre autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas originarios campesino. Esto es en definitiva una vía que solo puede terminar en la marginalidad.
Rasgos de una oposición derrotada.
Las fuerzas opositoras del bloque cívico prefectural mas la oposición parlamentaria del 2006 al 2009 ya fueron derrotadas. Se puede decir lo mismo de las posturas prácticas e ideológicas de Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, de Samuel Doria Medina, de Víctor Hugo Cárdenas, de Tuto Quiroga, de Rubén Costas y otros tantos que vanamente se disfrazan de exitosos contendientes electorales. Con estas apreciaciones no se trata de ser seguidor o defensor de la postura arrogante de algunos oficialistas, sino de ver las cosas objetivamente.
Las fuerzas reaccionarias libraron a partir del 2006 dos frentes en la contienda política en miras a las nuevas elecciones nacionales, la primera la hicieron oponiéndose al proceso constituyente y perdieron todos los opositores, y la segunda fue entre opositores, de los cuales uno de ellos ganó y los otros perdieron. Ganó Manfred Reyes Villa y perdieron los demás. Es este punto el que interesa ampliar para entender los rasgos de la oposición y el futuro que se está jugando.
Manfred Reyes Villa es sin duda el político de la reacción que cuenta con mejor escuela y recursos políticos eficientes para maniobrar en sectores empresariales y clases medias opositoras. Reyes Villa desde la postura marginal al interior del CONALDE, en la campaña por el referéndum revocatorio, empezó a trabajar en aras a comandar el Frente Amplio. Mientras sus amigos del CONALDE meses después del revocatorio buscaban un candidato para encabezar el Frente Amplio MRV visitaba EE. UU y acordaba con el Imperio Norteamericano, Sánchez de Lozada y el zorro Berzaín las estrategias para apoderarse del Frente Amplio.
Cuando MRV propuso o aceptó a Leopoldo Fernández como candidato a la vicepresidencia, fue consciente que golpeaba y les ganaba la partida a sus amigos del CONALDE despojándolos de argumentos para seguir buscando una cabeza para el Frente Amplio, así, mas por exclusión de contrincantes que por decisión consensuada MRV se apoderó del proyecto de la oposición desde la instrumentalización de la demanda de libertad, la fidelidad con el “detenido político” y el sutil chantaje a la conciencia de quienes (siendo amigos) no gestionaron y no visitaron en su celda al privado de libertad.
Lo que no comprendió Reyes Villa era que el proyecto padecía de imperfecciones que debían superarse en el debate y no en la imposición, la improvisación y el chantaje, por ello como todo “ladrón de proyecto” no encuentra aun la forma de ejecutar el proyecto ajeno.
Volviendo a la consideración anterior, el proyecto de un frente amplio fue y aun es el punto de partida para conformar una oposición, pero a condición de hacerlo bajo las siguientes consideraciones:
• Disputar la contienda electoral con propuestas de aceptación y subordinación a la CPE, la total inclusión de los pueblos y naciones indígenas originaria campesina y la profundización de la democracia.
• Acuerdos justos y leales con el conjunto opositor y alejarse de los grupos radicales y cerrados opositores al proceso constituyente.
• Crear instancias orgánicas intermedia y capacitación de bases y militancia.
• Democratizar sus instancias intermedias y superar la etapa de elección de candidatos a dedo.
• Formular esquemas ideológicos reales a los nuevos cambios ya consolidados por el proceso.
Lo que se afirma con el anterior punteo es que las viejas prácticas caudillista y logieras están fuera de toda opción de poder contra-hegemónico por muchas razones por una errónea interpretación se dejaron llevar una significativa ventaja por el MAS en el ejercicio de la democracia partidista y organización estructural. Para recuperar esta ventaja y para el bien del proceso de cambio, las fuerzas reaccionarias deben pensar como una fuerza demócrata al servicio de las mayoría o finalmente minoría, y si eso es posible, una Bolivia complementaria, plural y altamente democrática es posible, de lo contrario una Bolivia con sectores radicales con complejos de exclusión será aún una fuerte barrera de democratización del Estado boliviano.
Tarea de la oposición y el oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional:
Independientemente de qué fuerza política llegue a ser oficialista u opositora, ya está en curso una serie de cambios y demandas revolucionarias y democráticas, en ese sentido es inevitable abstenerse del desarrollo de la nueva legislación que por mandato constitucional es tarea conjunta de los legisladores opositores y oficialista. Las cinco primeras leyes que se deben trabajar son:
1. Ley del Órgano Electoral Plurinacional
2. Ley del Régimen Electoral.
3. Ley del Órgano Judicial
4. Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional
5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Y frente a este mandato es necesario hacer conocer que los equipos del gobierno y por supuesto del MAS ya vienen trabajando con anteproyectos, debate de propuestas y elaboración de trabajos de investigación que ayudan a completar todo el diseño constitucional y las leyes derivadas de la CPE. Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina ya tendrían que haber estado trabajando en esta dirección, pero como aun no pisan el terreno adecuado, es más probable que pasen los días y no se esfuercen por hacerlo. Todo hace ver que para la oposición es más importante propiciar eventos donde puedan desgastar al gobierno que aportar significativamente a la construcción del nuevo Estado.
Por ahora y en las condiciones actuales atacar a Evo Morales y a Álvaro García desde la oposición radical (Manfred, Leopoldo y cívico cruceño) es como querer hacer una hendidura al diamante con un retazo de carbón. Y hacerlo desde la oposición conservadora (Samuel Doria Medina, Joaquino, y los otros) es lo mismo querer cambiar el curso del viento con ventiladores. Y es que el problema ya no es Evo y Álvaro, el problema es que la oposición radical y oposición conservadora aun no quieren darse cuenta que su sueño tiene otro libreto, que ya no es puramente liberal y menos neoliberal; cuando atacan a Evo Morales por la gestión deben entender que lo que hacen es atacar lo que la mayoría del pueblo boliviano considera la conquista de los explotados, de los oprimidos, de los privados de oportunidades de desarrollo humano, de los mas desprotegidos, por ello es ir contra la corriente proponer anular lo avanzado y querer volver a la abrogada CPE.
El pueblo boliviano esta transitando por otros caminos y construyendo otros sueños, y lo hace con la convicción de ser guiados por Evo Morales. En momento como este el guía solo puede cambiar de rumbo después de un fuerte fracaso, pero si el fracaso es asumido por el conjunto del pueblo o si el cambio propuesto es impulsado y respaldado con el voto popular, además de ser manejado con el sutil celo político del pueblo, se plantea indirectamente al oficialismo la dura tarea de profundizar mas el proceso de cambio. ¿Hasta donde?
El objetivo visible a mediano plazo en lo económico, social e ideológico es la construcción de un Estado Socialista, basado en el socialismo científico con una economía fuertemente estatizada y con relaciones de producción reguladas por el Estado. El avance de las líneas de acción se apoya en la necesidad de superar el conflicto del que caprichosamente las fuerzas políticas reaccionarias no quieren salir, esto está ocasionando que sectores corporativos y asociados de la mediana y gran industria opten en un principio dejar la radicalidad de grupos políticos y acuerden participar de acuerdos con el gobierno. Definitivamente, para equilibrar el acelerado avance de las tendencias hacia un Estado Socialista, el capital privado y la gran industria se debe acoplar al camino trazado por el nuevo programa del MAS, de lo contrario el pueblo irá pidiendo mayor intervención estatal y con ello propiciando las condiciones para viabilizar como única alternativa una economía estatizada y un Estado Socialista.
Es tarea de la oposición actual al menos esforzarse por entender e interpretar la coyuntura, y trabajar bajo el dominio de la CPE, para encarar el desafío mas grande que el nuevo Estado boliviano le tiene asignado a la empresa privada en pos de generar trabajo y condiciones óptima de desarrollo humano .
El debate entre candidatos.
Finalmente se debe hacer una valoración sobre la solicitada mediática del Candidato a Presidente Samuel Doria Medina para debatir con Evo Morales y la negativa del presidente para hacerlo.
Con lo expuesto mas arriba, es claro que el debate demandado por Doria Medida no persigue intercambiar opiniones ni comparar propuestas, se trata más bien de una consulta que quiere hacerle al Presidente en actual ejercicio. En una solicitada del domingo 11 de octubre Doria Medina hace tres preguntas
¿Por qué ha dado más beneficios a los cocaleros y no ha gobernado para todos por igual?
¿Por qué está siguiendo los pasos de Venezuela y está sometiéndonos a Hugo Chávez?
¿Por qué no hay trabajos?
La primera pregunta está impregnada de extrema subjetividad y no justifica un debate para explicar una errónea apreciación ya que basta decir que el beneficio del bono dignidad no es solo para los cocaleros, como no lo es el bono Juancito Pinto o el Bono Juana Azurduy y así, es conocido por todos que las asignaciones presupuestarias favorecen de manera proporcional a todos los municipios de Bolivia y a todos los departamentos. ¿Tiene sentido preguntar que si da mas beneficios a los cocaleros? Sería prudente para Doria Medina preguntar sobre los beneficios que reciben las federaciones del trópico, pero también sobre los beneficios que reciben los pueblos indígenas, los campesinos, los gremialistas otras organizaciones incluyendo los barrios y comunidades que se benefician de carreteras y vías camineras.
Cuando pregunta Doria Medina por qué no ha gobernado Evo para todos por igual sin duda que cae en el prejuicio de la oposición cívica prefectural que en septiembre afirmaban que solo gobierna para los cocaleros, los indígenas y originarios, aduciendo a los derechos colectivos que se incluye en la CPE. El Estado y la CPE establece la responsabilidad del gobernó para atender a los sectores más desprotegidos, y en ese sentido se gobierna ajustado a una norma y la norma constitucional boliviana manda a que el Estado se preocupe por resolver el problema de pobreza desde la generación de riquezas y no resolver el problema de los ricos a costa de crear mayor pobreza. Es eso lo que precisamente se debe demandar a la empresa privada y en particular a la administración de su red de fábricas de cemento.
Sobre los pasos que sigue a Venezuela, eso no tiene sentido ya que el modelo de desarrollo boliviano por su condición de país no desarrollado tiene al frente no solo a Venezuela sino a muchos otros países que industrialmente han desarrollado tecnología y conocimiento. Lo del sometimiento a Hugo Chávez mas de una vez se ha dicho que no pasa de ser un discurso desgastado y cuyo fin no puede ser otro que criticar el ALBA seguramente con el objeto de proponer que Bolivia se cambie al ALCA y someter a Bolivia nuevamente al capital transnacional.
Por último las razones para generar empleo correspondía a la empresa privada resolverlo, ese es el dogma del neoliberalismo, y pese a ello con apoyo incondicional del Estado no pudieron cumplir con el objetivo trazado de 1989 adelante, por ahora el Estado ha generado empleos en entidades administradas por el Estado y a mejorado las condiciones de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa a través de créditos blandos. Esa es la forma de cómo el gobierno asume responsablemente el tema de la creación de fuentes de trabajo.
En todo caso el debate que propone Doria Medina desde las preguntas expuestas en la solicitada no abre ningún camino que ya no se haya tocado repetidas veces y sin resultados positivos. En todo caso es recomendable que Doria Medina lea el programa de gobierno presentado por el MAS IPSP y en base a ellos solicite aclaraciones a cualquier candidato a senador, diputado o directivos del MAS. Finalmente puede pedir informes de la gestión gubernamental a cualquier a la institución, esto nadie podrá negárselo en función al derecho ciudadano de tener acceso a la información.
Ahora bien lo que debe hacer Doria Medina es debatir con Manfred Reyes Villa sobre el valor de la democracia y el proceso de cambio, y en la medida en que se interioricen aportar antes que empecinarse en hacerlo abortar.
Dialogar y debatir con el pueblo.
Evo Morales viene debatiendo permanentemente con las organizaciones sociales y los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, esto los opositores le llaman “hacer política”, y no es malo que así se diga ya que el momento histórico boliviano se desarrolla desde eventos netamente políticos. Para tener una CPE acorde a los cambios y a la población que se constituyen como Estado boliviano se debe debatir bajo criterios políticos y es aun tarea de primer orden recuperar las expectativas de la población en ese aspecto. Pero si la oposición se niega ha hacerlo es porque no quiere salir de sus viejos esquemas donde la política y el derecho a su ejercicio aun quiere entenderse como atributo exclusivo de los jerarcas de los partidos.
El derecho al ejercicio político es de todos los ciudadanos y es todo el territorio boliviano su espacio de ejercicio legal y de convalidación a su legitimidad, plasmadas en asambleas y cabildos como espacios de deliberación. Se debe asumir nuevas prácticas democráticas que lleven a entender que la exclusividad del debate en un set televisivo no convalida la legitimidad de la demanda del pueblo tal como lo hace el debate al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional o las asambleas o cabildos comunales, regionales o finalmente barriales. La democracia en Bolivia ya no es la de antes del 2009 y la CPE es ya una nueva forma de vivir en democracia.
El debate entre representantes tendría sentido si no se hubiese abierto el debate entre el pueblo y sus representantes. Evo Morales debate con sus seguidores y con sectores que en apertura a los cambios se acerca al MAS. Por ahora hay razones principistas para que Evo Morales no debata con Samuel Doria Medina ni con Manfred Reyes Villa. Cuando lo que se trata es de desprestigiar al candidato un debate entre los candidatos será solo un show mediático y de ninguna manera una alternativa idónea para enriquecer programas de gobierno.
Al terminar este recuento se avizora la derrota de Manfred Reyes Villa debido a una carencia que él mismo se la buscó, su acompañante de fórmula no esta ayudando en nada, es decir que está en cancha con un hombre menos. En cambio en el MAS, hasta el último candidato a senador y diputado apoyan como si fueran los primeros o estuviesen en la franja de seguridad. En definitiva la victoria objetivamente es ya del MAS y bajo estas dos consideraciones de trabajo político una victoria con el 60 % en condiciones sin fuertes variantes políticas a la actualidad es una apreciación racional y sensata a la que puede llegar un analista que utilice herramientas científicas.
Santa Cruz, 14 de octubre de 2009.
Desde la crítica a la razón pura se explica el devenir de un nuevo Poder; no de su destrucción.
viernes, 16 de octubre de 2009
miércoles, 22 de julio de 2009
TERRORISMO Y SEGURIDAD
TERRORISMO Y SEGURIDAD
Abordar coyunturalmente el tema de “Terrorismo y Seguridad” en Bolivia, plantea la necesidad de identificar acciones individuales, colectivas e institucionales a partir de la existencia de organizaciones aglutinadas bajo esquemas o principios ideológicos, políticos y económicos destinadas a “…cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, […] con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma…” (Código Penal. Artículo 133. 1997)
Al abordar este tema, se puede pecar de muy descriptivo y nada analítico si después de centrar opiniones sobre la Seguridad del Estado no se reflexiona sobre la inseguridad ciudadana desde los efectos residuales que deja (en la comunidad) una etapa de preparación militar con fines de terrorismo, de violencia o guerra civil.
Trazo del terrorismos en Bolivia
La referencia mas inmediata sobre terrorismo (que ya es delincuencia en si misma) se encuentra en el caso de Eduardo Rozsa quien fue abatido a balas en la ciudad de Santa Cruz (16 de abril de 2009) cuando supuestamente pernoctaba en una de las habitaciones del Hotel América. Los antecedentes a su deceso, difundidos por el Ministerio Público, explican que se encontraba en tareas de preparación y ejecución de actos terroristas y de magnicidio. Al respecto de Rosza el periodista español Julio Cesar Alonso (19 de julio de 2009) en distintos medios de comunicación de Bolivia dio un perfil tenebroso de la personalidad mercenaria e inescrupulosa de Rosza y de los fines que perseguía en Bolivia junto al grupo de reclutas que comandaba.
Los métodos y los recursos políticos militares a los que tendría que haber recurrido (el mercenario croata boliviano) y que de alguna manera ya los había impulsado en Bolivia se moverá siempre entre la incertidumbre y la certeza de lo que en realidad fue y lo que pudo haber sido, sin embargo el interés político de la población (muerto el principal acusado por ahora) puede dirigirse a la investigación de las redes de apoyo, financiamiento y los indicios de participación de miembros pertenecientes a instituciones como COTAS, CRE, EXPOCRUZ, Comité Cívico pro intereses de Santa Cruz, Unión Juvenil Cruceñista,FSB y otros que a lo largo de las demandas de autonomía departamental y en oposición al proceso constituyente actuaron como operadores y activistas políticos antigubernamentales. Esto no debe entenderse como un pedido de persecución política, sino una necesidad democrática para encarar con criterios reflexivos las elecciones nacionales de diciembre de 2009 y sobre todo la construcción del nuevo Estado Boliviano. Mas aún cuando viejos dictadores y rengados amantes de la violencia y la matanza en Cochabamba se postulan a la presidencia de Bolivia.
Inevitablemente hay una demanda y censura ciudadana hacia los que propusieron la guerra civil y la violencia con fines separatistas e independentistas.
Entre lo que se necesita saber y lo conocido.
La población boliviana y en particular la cruceña reciben a través de los medios de comunicación información direccionada a generar opiniones diversas sobre el caso de terrorismo, unos medios acercan a la verdad, otros sencillamente la ocultan. Desde lo que sabe y las opiniones que se procesa (en el caso Rosza) se puede constatar que ya hay camino avanzado hacia la comprensión del fenómeno del terrorismo, pero que (si hay voluntad para esclarecerlo) al Ministerio Público se le debe demandar un viraje y replanteo hacia nuevas tareas e investigaciones, sobre todo si se tiene la certeza de que son desde las visiones políticas y el enfrentamiento electoral que se viene ya diseñando la imputación y la defensa de los acusados de complicidad, de apoyo o financiamiento al terrorismo.
Lo que se necesita manejar jurídicamente como certeza hacia la constatación de nuevos acontecimientos es que:
• Los hechos de septiembre y el operativo que terminó con la vida de Rozsa y el grupo de mercenarios mostraron el alto grado de polarización y la violencia extrema a la que la sociedad boliviana llegó en el debate y la acción política.
• La provocación a la institucionalidad legalmente establecida, demandó respuestas de Ministerio Públicos, Parlamento, Policía y otras contra los grupos opositores, activistas y reclutas del grupo de Rosza.
• La prensa nacional reaccionaria y conservadora creó espacios (desde entrevistas, reportajes y debates con personas involucradas en primer o segundo grado) para sustentar y en cierta manera incitar la toma y saqueos de instituciones del Estado, sabotaje a los ductos y difusión de consignas separatistas y subversivas.
• El caso Rosza fue parte de una totalidad que engranaba en el historial de reacción y oposición (del bloque cívico prefectural y del CONALDE) al proceso constituyente y mas concretamente de control a situaciones ligadas al proceso eleccionario.
• La presencia en Bolivia del grupo (de Rosza) estructurado en columna, célula o ejército irregular, necesariamente está hilado a la acción y pensamiento a toda la gama de discursos independentista y/o separatista emanados de grupos radicales en el conjunto de movilizaciones violentas reivindicadas por una parte del bloque cívico prefectural principalmente en septiembre de 2008 en la región de la media luna (Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).
• El Estado de Sitio en Pando, la detención de Leopoldo Fernández (Prefecto de Pando), la acción coactiva y represiva de la institucionalidad Estatal, junto a los pactos políticos entre oficialistas y opositores en el congreso Nacional (octubre de 2008, abril de 2009) y la sanción del la Ley Transitoria de Régimen Electoral explican en si misma el desmantelamiento de un proceso de violencia en crecimiento espiral.
En general se puede entender que el ejecutivo al centrar sus estrategias desde el Congreso Nacional en la creación de instrumentos jurídicos fue desmontado un conjunto de argumentos que mediáticamente podían reavivar acciones residuales a las movilizaciones de septiembre del 2008. El grupo de Roszá y la oposición que gestionaba y se ocupaba de financiarlos, se vieron huérfanos (después del pacto de abril de 2009) de pretextos y argumentos dirigidos a desgastar a la gestión de Evo Morales y forzados a reconsiderar la validez de sus inamovibles estrategias (hasta ahora). En esas circunstancias se debe pensar que (los opositores) entraron en una etapa de reformulación y elaboración de una nueva escala de prioridades. Establecer nuevos roles para el grupo y sobre todo replantear los objetivos a corto plazo sin ignorar (lógicamente) la desmovilización (y en cierta manera el cansancio) del movimiento cívico prefectural en Santa Cruz, después de la consulta por la CPE en enero de 2009.
Finalmente Lo que se dijo del grupo de Rosza y su presencia en Bolivia no se explica solamente a partir de hipotéticas estrategias opositoras para detener el proceso constituyente y retomar cierto control en el cronograma electoral (fijadas para le 6 de diciembre de 2009), sino que se hace necesario explorar las contradicciones generadas en las relaciones de poder entre el grupo de Roaza, las logias y el opositor bloque cívico prefectural.
Intento organizativo de la oposición
Nada es aislado o puramente fortuito. Después de los acontecimientos violentos (de septiembre) se dio una serie de respuestas por parte de la bancada opositora de la cámara de Senadores y de la Cámara de diputados, todas ellas por su forma (oposición ciega a todo lo que salía del ejecutivo) marcaban la débil restructuración de una red institucional cívico - prefectura con leales activistas. Eso después de septiembre, pero septiembre fue la muestra de fortaleza del bloque opositor, fue la presunción de su liderazgo político y el ejercicio de una sólida capacidad movilizadora para actuar de manera coordinada con niveles de autonomía e independencia operativa, centrados, en estrategias de boicot económico, desgaste a la gestión de Evo Morales y preparación de la acción político – militar de resistencia y desobediencia civil.
Todo el bloque opositor, sin embargo tuvo que enfrentarse a un nivel de organización altamente centralizado desde el ejecutivo que operativamente se descentralizaba en la acción armada de la Policía y las Fuerzas Armadas por un lado; y por otro en la acción judicial iniciada por el Ministerio Público. Era evidente que el bloque opositor para recuperar fuerzas en la violencia callejera, en la acción de sabotaje a los ductos y terrorismo selectivo necesitaba un mando centralizado. De hecho la oposición adoleció siempre de un mando central con alto grado de influencia entre los opositores movilizados. Es esta carencia la que finalmente no les permitió capitalizar el inicial logro (movilización en torno la demanda de autonomía departamental y/o separatista) hacia la polarización del conflicto y profundización de la violencia reaccionaria.
La debilidad de un mando central llevó a la construcción de un colectivo que pudiese fungir como un Estado Mayor. De hecho muchos opositores y el mismo prefecto cruceño se refirieron por medio de la prensa como si ya existiese uno (En intensiones o ensayos seguramente). Es claro que la prefectura no pudo jugar el rol de Estado Mayor debido a sus roles, atribuciones y funciones estatales, tampoco lo hizo ni lo podría haber hecho el Comité Cívico principalmente por la heterogeneidad de la personería jurídica de sus instituciones y el sustento cívico de su misión institucional. Es evidente que jamás lo harían las fraternidades, las logias u otra instancia institucional legalmente establecida. Un opositor “Estado Mayor” tentativamente tendría que estructurarse desde la disidencia de las Fuerzas Armadas al Estado de Derecho Constitucional, lo que supondría la planificación y ejecución de un golpe de Estado. Desechada esta opción el Estado Mayor de la “Resistencia” solo podía haber sido subjetivamente válido desde la estructura partidista de la Falange Socialista Boliviana (FSB) inspirada en el testimonio cívico-militar de Carlos Valverde Barbery, y con apoyo de militares en reserva, pero objetivamente el pasado mediato e inmediato lleno de derrotas mas que de victorias y el sectarismo de la militancia falangista jamás lograría un sometimiento del conjunto institucional cívico prefectural y de los activistas callejeros y universitarios a la estructura ejecutiva y de mando operativo de la FSB.
Objetivamente el CONALDE se constituyó en un momento como el virtual Estado Mayor, pero finalmente terminó siendo solo un brazo político imposibilitado de tener respuestas militares a su proyecto militar y en cierta manera a un proyecto de desestabilización del Estado boliviano y profundización de las actitudes independistas o separatistas que pasaba por la organización de la violencia. Si en algún momento se plasmó una fuerte intencionalidad, tal intención quedó sepultada con la detención del prefecto de Pando, con el pedido de salida de Bolivia del embajador norteamericano Fhilip Goldberg y la expulsión de la DEA
Todo hace ver que el intento mas avanzado administrativamente para crear un Estado Mayor fue el funcionamiento de lo que se llegó a conocer como “La Torre” la misma que no paso mas allá de ser un gran centro de operaciones y de planificación en la difusión y ataque mediático antigubernamental. Allá se hizo la lista de los “enemigos de Santa Cruz”, se instrumentalizó la Fe y la religiosidad, se satanizó la gestión social del gobierno y se planificó un conjuntos de mensajes para atemorizar a la población y disponerla a la organización militar de la resistencia y sobrevivencia en caso cercos campesinos a la ciudad. En “La Torre” presumiblemente con el apoyo económico de la Prefectura y de los grupos de poder, además de conformar un equipo de recursos humanos para elaborar y diseñar las líneas de acción mediática contra el gobierno, se conformo una estructura de enlace y apoyo financiero al grupo de Rosza, pero es improbable que allá mismo se haya conformado y haya funcionado un “Estado Mayor” con capacidad de dirigir la acción política militar del conjunto opositor formado por la estructura institucional cívico prefectural, parlamentarios opositores y activista controlados por la Unión Juvenil Cruceñista.
Eduardo Rosza, el CONALDE y la lógica de poder de las logias cruceñas
El contexto mencionado anteriormente demandaba mando único político militar, es decir obligaba al CONALDE a compartir el mando políticos con otras instancias, lo intentaron con llamadas y tocada de puertas a los cuarteles y no les dio resultado, entonces la única opción se llamaba Eduardo Rosza
Eduardo Rosza podía haber sido el mando militar y el CONALDE el mando político, pero esta dupla políticamente hablando necesita ser un unidad, compartir responsabilidades y compromisos, y sobre todo abrirse a la opinión pública para cooptar y avanzar hacia los objetivos políticos. El bloque cívico prefectural y el CONALDE bajo esta lógica estaba obligado a reivindicar el valor y la continuidad de la resistencia civil y la acción militar desde la proclamación de un brazo o instrumento político militar que contrarreste la acción militar de las fuerzas estatales y vaya a subvertir el orden constitucional. Tal reivindicación jamás se lo hizo, salvo un video dado a conocer por el canal 9 de Santa Cruz donde se presentaba un grupo armado llamando a la resistencia y a la independencia, además de algunas llamadas aisladas a la resistencia armada a cargo de un diputado disidente de la bancada de PODEMOS.
La proclama y la consolidación de un único mando era un paso imprescindible y necesario pero (en este caso) una vez mas se puso en evidencia que el bloque de poder y las logias con arraigo a la cultura cruceña y a las prácticas democráticas al interior de las fraternidades en su relación con la institucionalidad departamental no son portadoras ni impulsoras del poder compartido con externos a ellos. Las logias históricamente jamás compartieron y menos cedieron su poder a estructuras partidistas nacionales, no lo hicieron con las fuerzas golpistas militares, ni con el MNR, ADN y PODEMOS, menos lo haría con el grupo de Roszas. Colateralmente se evidencia que esta cultura de monopolio del poder de las logias es la raíz de los impulsos de disidencia con el Bloque de poder Cívico Prefectural y es de donde se ramifican sus contradicciones con las políticas impulsadas por el Gobierno de Evo Morales. Ahora mismo es lógica del monopolio del poder será difícil superarla pese a las necesidades hechas públicas de conformar un frente único. Las logias, “Toborochis” y “Caballeros del Oriente” no lo hicieron desde las cooperativas menos lo harán políticamente, al menos como dijo el vicepresidente Álvaro García; - No en menos de cinco años- es decir solo para la próxima gestión.
Respuesta jurídica del Estado desde el decreto 0138.
El decreto 0138 del 20 de mayo de 2009 establece el procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de los delitos de Terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado (Decreto 0138. Artículo 1)
El decreto políticamente se puede interpretar como la respuesta del Ejecutivo a la acción del grupo Rosza y una dura advertencia a los grupos económicos de poder de la media luna para que no vuelvan a intentar acciones inconstitucionales de magnitudes parecidas a las de septiembre, formar alianzas con grupos irregulares, o contratar mercenarios extranjeros y nacionales para tareas de insurgencia o subversión.
El decreto 0138 es en cierta manera esa respuesta (tal vez, no reflexionada profundamente por sus mentores) a los datos revelados por el Ministerio Públicos y la Comisión de investigación del Congreso Nacional. Es el intento de instrumentalización jurídica por parte del ejecutivo que da respuesta inmediata a un conjunto de evidencias de desestabilización política y administrativa del territorio nacional. El decreto parece necesario ante la insostenibilidad del CONALDE, el bloque cívico prefectural de la media luna y la embajada norteamericana de “fingir amnesia” y desconocer la existencia del grupo armado de Rosza y el plan de desestabilización, subversión y en cierto grado separatista; y es que todo esto es cierto y es evidente que a criterio personal o institucional alguno (s) de sus miembros participaron de manera directa o indirecta en la propuesta separatista con métodos violentos.
El decreto 0138 en el Estado de Derecho
El Estado de derecho es tal en cuanto existe una norma que hace del derecho el objeto de su aplicación, si una norma es insuficiente o no existe legislación para cubrir un caso que altera o convulsiona la cotidianidad y el derecho consuetudinario entonces cabe crearlas bajo en el marco de los excesos positivos constitucionales. La lógica de cometer un acto delictuoso para el derecho internacional y no reglamentado en Bolivia no debe ser entendida como un acto de plena legalidad o de acto no imputable en territorio nacional. En la normativa jurídica brasilera la discriminación al color de piel es un acto imputable, en cambio en Bolivia no lo era hasta antes de la nueva Constitución Políticas del Estado, ¿Por ello acaso tendríamos que haber creído que discriminar era un acto legal? ¿Acaso porque no existe una norma reglamentaria para juzgar el acto de terrorismo concluiremos que no se debe juzgar a los que cometen este delito y que es considerado como tal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por el Código de Procedimiento Penal boliviano?
El decreto 0138, aun dentro con sus excesos intenta llenar los vacios que la jurisprudencia boliviana no los ha tomado en cuenta de manera adecuada y en cierta manera no los contextualizado a la evolutiva realidad del delito que demanda la comunidad internacional.
En ese marco atacar ciegamente al gobierno por la promulgación del decreto 0138 es cerrar los ojos a una realidad que demanda discusión, aportes, mayor deliberación asumiendo responsablemente roles de ciudadanía, gobernantes, legisladores y administradores de justicia.
El decreto en cierta manera es resultado de la resistencia de la oposición desde el poder legislativo a las políticas de cambio, y de las necesidades del gobierno central de responder legalmente a los delitos considerados tales por la comunidad internacional.
Ahora bien, es posible que para procesar a los acusados de terrorismo se los pudiera haber hecho desde cargos que la jurisprudencia boliviana ya los tenía legislado y tener resultados parecidos, sin embargo ante el contenido del decreto en su totalidad y por no ser Ley misma, se puede aun considerar la inaplicabilidad o la no necesidad jurídica de considerarlo como instrumento jurídico apropiado para fundamentar la demanda del Fiscal y la sentencias de cualquier jurado.
Estructura jurídica para imputar a terroristas, colaboradores y financiadores
¿Con que instrumento legal se piensa instalar el proceso judicial de terrorismo contra el grupo de Roszá y a empresarios, funcionarios prefecturales, cívicos y activistas de la autonomía departamental cruceña?
Para el caso, desde esferas gubernamentales se insinuó seguir un proceso judicial bajo la figura de Traición a la Patria. El constitucionalismo boliviano cuenta con esta figura en los artículos 28, 111, 124 y 359, de ellos, donde se puede interpretar y buscar concordancia con el tema de seguridad del Estado es el 124, y que puede de alguna manera llevar a tomar en cuenta el Consejo de Seguridad del Estado como instancia institucional para abordar, sin embargo se topará siempre con la falta de la reglamentación específica. Pero leer detenidamente el artículo 111 se puede percibir los vacios que tendría cualquier juicio al grupo de Roszá si se sigue intentando enjuiciarlos por terrorismo y sobre todo sin leyes interpretativas del artículo 111. Al respecto del artículo 124 que cuenta con tres incisos, el primero de los cuales se aplica en caso de guerra internacional, y no cabe porque Bolivia no está en ningún conflicto bélico con otro Estado, el segundo inciso se trata para daños ecológicos y el tercero se dice que comete delito de traición a la patria la boliviana o boliviano “Que atente contra la unidad el país” (Artículo 124. Inc. III)
En cuanto a seguridad del Estado el 22 de diciembre de 1967 (Época del la Guerrilla del ELN y el Che Guevara) el Congreso Nacional durante el ejercicio presidencial de René Barriento Ortuño elevó a Ley el D.L. Nº 07312 de 9 de noviembre de 1965 relativa a la Seguridad del Estado con la modificación en los siguientes términos:
(Guerrillas). Los que organicen o formen ilegalmente grupos sediciosos armados irregulares, con el objeto de establecer áreas geográficas no sujetas a las leyes ni a las autoridades nacionales, buscando el enfrentamiento con miembros o unidades de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con el fin de apoderarse del Gobierno o de alterar su estructura democrática; y quienes organicen o formen parte de grupos armados sediciosos urbanos con el fin de ocasionar daños materiales en personas o bienes públicos o privados, sufrirán la pena de ocho a doce años de presidio.
Si con motivo de los delitos anteriormente tipificados los autores incurrieren en delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio o saqueo, sufrirán la pena de diez a treinta años de presidio, según la gravedad del caso.
Esta Ley se acomoda perfectamente a los delitos que viene trabajando el Ministerio Público para el caso de los implicados en el caso Rosza. La figura de Decreto simplemente podía haberse sustentado en esta Ley y agregar a los cargos de terrorismo los cargos de “Guerrilleros” en el marco de la Ley del 22 de diciembre de 1967.
Acá ya se presenta un punto que puede incluirse al esquema jurídico estratégico para encausar el juicio al grupo de Rosza, lo que queda de ellos y a los que apoyaron, financiaron o participaron como enlaces.
Corresponde al Ministerio Público ante los nuevos hechos y certezas ajustar más su accionar a la norma en vigencia; y a la oposición les corresponde reflexionar sobre la magnitud del conflicto que han intentado crear o que finalmente lo han creado.
Reflexionar desde lo clandestino y compartimentado .
Al empezar este escrito se expuso la idea de efectos residuales que deja la preparación del terrorismo, de la violencia y de la guerra civil. El Ministerio Público y la comisión de investigación del congreso hicieron un seguimiento a la preparación militar de mercenarios, de jóvenes y hasta de lumpen por parte del grupo de Rosza. Mas antes desde el ejecutivo se denuncio la realización de ejercicios de preparación militar en campos de fútbol de Pando y en campos de tiro de Santa Cruz. Lo que hace un mes se negaba y hasta se llevaba a la mofa, hoy está plenamente demostrado; Rosza y su equipo de instructores entrenó en tácticas y acción militar a personas en las instalaciones de campos deportivos de tiro. Y entonces no fueron solo prácticas recreativas de jóvenes o adultos que no saben que hacer con su tiempo libre.
En uno de los mensajes por correo electrónico, Rosza informaba a algunos financiadores se que tenían aproximadamente mil combatiente para entrar en acción, estos mil combatientes se deduce que desayunaban, almorzaban y cenaban, con financiamiento gestionado desde “La Torre”. Cuando cae Rosza, se denuncia la existencia de “La Torre”, se descubre cabezas y se allana depósitos de armamento en la feria Exposición de Santa Cruz, colateralmente a estas acciones lo que se hace es quitar el desayuno, almuerzo y cena a un buen número de combatientes, sin duda que muchos de ellos quedaron con sus efectos personales (armas cortas) y en muchos casos con sus estructuras de acción operativa intactas y con alta capacidad operativa (subjetivamente potenciada) principalmente porque dejaron de construir imaginarios basado en el enfrentamiento con fuerzas regulares del Estado boliviano, para remplazarla al enfrentamiento con ciudadanos indefensos.
Hipotéticamente una pequeña parte de los mil combatientes, tal vez cincuenta o cien, excombatientes ahora son protagonistas del aumento de la inseguridad ciudadana; no es casual que la manera operativa de los atracos y asaltos hayan cambiado y su frecuencia también, y de ser así el pueblo debe pasarle factura a los grupos de poder en Santa Cruz y a la bancada cruceña guerrerista.
Santa Cruz, 22 de Julio de 2009
Abordar coyunturalmente el tema de “Terrorismo y Seguridad” en Bolivia, plantea la necesidad de identificar acciones individuales, colectivas e institucionales a partir de la existencia de organizaciones aglutinadas bajo esquemas o principios ideológicos, políticos y económicos destinadas a “…cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, […] con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma…” (Código Penal. Artículo 133. 1997)
Al abordar este tema, se puede pecar de muy descriptivo y nada analítico si después de centrar opiniones sobre la Seguridad del Estado no se reflexiona sobre la inseguridad ciudadana desde los efectos residuales que deja (en la comunidad) una etapa de preparación militar con fines de terrorismo, de violencia o guerra civil.
Trazo del terrorismos en Bolivia
La referencia mas inmediata sobre terrorismo (que ya es delincuencia en si misma) se encuentra en el caso de Eduardo Rozsa quien fue abatido a balas en la ciudad de Santa Cruz (16 de abril de 2009) cuando supuestamente pernoctaba en una de las habitaciones del Hotel América. Los antecedentes a su deceso, difundidos por el Ministerio Público, explican que se encontraba en tareas de preparación y ejecución de actos terroristas y de magnicidio. Al respecto de Rosza el periodista español Julio Cesar Alonso (19 de julio de 2009) en distintos medios de comunicación de Bolivia dio un perfil tenebroso de la personalidad mercenaria e inescrupulosa de Rosza y de los fines que perseguía en Bolivia junto al grupo de reclutas que comandaba.
Los métodos y los recursos políticos militares a los que tendría que haber recurrido (el mercenario croata boliviano) y que de alguna manera ya los había impulsado en Bolivia se moverá siempre entre la incertidumbre y la certeza de lo que en realidad fue y lo que pudo haber sido, sin embargo el interés político de la población (muerto el principal acusado por ahora) puede dirigirse a la investigación de las redes de apoyo, financiamiento y los indicios de participación de miembros pertenecientes a instituciones como COTAS, CRE, EXPOCRUZ, Comité Cívico pro intereses de Santa Cruz, Unión Juvenil Cruceñista,FSB y otros que a lo largo de las demandas de autonomía departamental y en oposición al proceso constituyente actuaron como operadores y activistas políticos antigubernamentales. Esto no debe entenderse como un pedido de persecución política, sino una necesidad democrática para encarar con criterios reflexivos las elecciones nacionales de diciembre de 2009 y sobre todo la construcción del nuevo Estado Boliviano. Mas aún cuando viejos dictadores y rengados amantes de la violencia y la matanza en Cochabamba se postulan a la presidencia de Bolivia.
Inevitablemente hay una demanda y censura ciudadana hacia los que propusieron la guerra civil y la violencia con fines separatistas e independentistas.
Entre lo que se necesita saber y lo conocido.
La población boliviana y en particular la cruceña reciben a través de los medios de comunicación información direccionada a generar opiniones diversas sobre el caso de terrorismo, unos medios acercan a la verdad, otros sencillamente la ocultan. Desde lo que sabe y las opiniones que se procesa (en el caso Rosza) se puede constatar que ya hay camino avanzado hacia la comprensión del fenómeno del terrorismo, pero que (si hay voluntad para esclarecerlo) al Ministerio Público se le debe demandar un viraje y replanteo hacia nuevas tareas e investigaciones, sobre todo si se tiene la certeza de que son desde las visiones políticas y el enfrentamiento electoral que se viene ya diseñando la imputación y la defensa de los acusados de complicidad, de apoyo o financiamiento al terrorismo.
Lo que se necesita manejar jurídicamente como certeza hacia la constatación de nuevos acontecimientos es que:
• Los hechos de septiembre y el operativo que terminó con la vida de Rozsa y el grupo de mercenarios mostraron el alto grado de polarización y la violencia extrema a la que la sociedad boliviana llegó en el debate y la acción política.
• La provocación a la institucionalidad legalmente establecida, demandó respuestas de Ministerio Públicos, Parlamento, Policía y otras contra los grupos opositores, activistas y reclutas del grupo de Rosza.
• La prensa nacional reaccionaria y conservadora creó espacios (desde entrevistas, reportajes y debates con personas involucradas en primer o segundo grado) para sustentar y en cierta manera incitar la toma y saqueos de instituciones del Estado, sabotaje a los ductos y difusión de consignas separatistas y subversivas.
• El caso Rosza fue parte de una totalidad que engranaba en el historial de reacción y oposición (del bloque cívico prefectural y del CONALDE) al proceso constituyente y mas concretamente de control a situaciones ligadas al proceso eleccionario.
• La presencia en Bolivia del grupo (de Rosza) estructurado en columna, célula o ejército irregular, necesariamente está hilado a la acción y pensamiento a toda la gama de discursos independentista y/o separatista emanados de grupos radicales en el conjunto de movilizaciones violentas reivindicadas por una parte del bloque cívico prefectural principalmente en septiembre de 2008 en la región de la media luna (Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).
• El Estado de Sitio en Pando, la detención de Leopoldo Fernández (Prefecto de Pando), la acción coactiva y represiva de la institucionalidad Estatal, junto a los pactos políticos entre oficialistas y opositores en el congreso Nacional (octubre de 2008, abril de 2009) y la sanción del la Ley Transitoria de Régimen Electoral explican en si misma el desmantelamiento de un proceso de violencia en crecimiento espiral.
En general se puede entender que el ejecutivo al centrar sus estrategias desde el Congreso Nacional en la creación de instrumentos jurídicos fue desmontado un conjunto de argumentos que mediáticamente podían reavivar acciones residuales a las movilizaciones de septiembre del 2008. El grupo de Roszá y la oposición que gestionaba y se ocupaba de financiarlos, se vieron huérfanos (después del pacto de abril de 2009) de pretextos y argumentos dirigidos a desgastar a la gestión de Evo Morales y forzados a reconsiderar la validez de sus inamovibles estrategias (hasta ahora). En esas circunstancias se debe pensar que (los opositores) entraron en una etapa de reformulación y elaboración de una nueva escala de prioridades. Establecer nuevos roles para el grupo y sobre todo replantear los objetivos a corto plazo sin ignorar (lógicamente) la desmovilización (y en cierta manera el cansancio) del movimiento cívico prefectural en Santa Cruz, después de la consulta por la CPE en enero de 2009.
Finalmente Lo que se dijo del grupo de Rosza y su presencia en Bolivia no se explica solamente a partir de hipotéticas estrategias opositoras para detener el proceso constituyente y retomar cierto control en el cronograma electoral (fijadas para le 6 de diciembre de 2009), sino que se hace necesario explorar las contradicciones generadas en las relaciones de poder entre el grupo de Roaza, las logias y el opositor bloque cívico prefectural.
Intento organizativo de la oposición
Nada es aislado o puramente fortuito. Después de los acontecimientos violentos (de septiembre) se dio una serie de respuestas por parte de la bancada opositora de la cámara de Senadores y de la Cámara de diputados, todas ellas por su forma (oposición ciega a todo lo que salía del ejecutivo) marcaban la débil restructuración de una red institucional cívico - prefectura con leales activistas. Eso después de septiembre, pero septiembre fue la muestra de fortaleza del bloque opositor, fue la presunción de su liderazgo político y el ejercicio de una sólida capacidad movilizadora para actuar de manera coordinada con niveles de autonomía e independencia operativa, centrados, en estrategias de boicot económico, desgaste a la gestión de Evo Morales y preparación de la acción político – militar de resistencia y desobediencia civil.
Todo el bloque opositor, sin embargo tuvo que enfrentarse a un nivel de organización altamente centralizado desde el ejecutivo que operativamente se descentralizaba en la acción armada de la Policía y las Fuerzas Armadas por un lado; y por otro en la acción judicial iniciada por el Ministerio Público. Era evidente que el bloque opositor para recuperar fuerzas en la violencia callejera, en la acción de sabotaje a los ductos y terrorismo selectivo necesitaba un mando centralizado. De hecho la oposición adoleció siempre de un mando central con alto grado de influencia entre los opositores movilizados. Es esta carencia la que finalmente no les permitió capitalizar el inicial logro (movilización en torno la demanda de autonomía departamental y/o separatista) hacia la polarización del conflicto y profundización de la violencia reaccionaria.
La debilidad de un mando central llevó a la construcción de un colectivo que pudiese fungir como un Estado Mayor. De hecho muchos opositores y el mismo prefecto cruceño se refirieron por medio de la prensa como si ya existiese uno (En intensiones o ensayos seguramente). Es claro que la prefectura no pudo jugar el rol de Estado Mayor debido a sus roles, atribuciones y funciones estatales, tampoco lo hizo ni lo podría haber hecho el Comité Cívico principalmente por la heterogeneidad de la personería jurídica de sus instituciones y el sustento cívico de su misión institucional. Es evidente que jamás lo harían las fraternidades, las logias u otra instancia institucional legalmente establecida. Un opositor “Estado Mayor” tentativamente tendría que estructurarse desde la disidencia de las Fuerzas Armadas al Estado de Derecho Constitucional, lo que supondría la planificación y ejecución de un golpe de Estado. Desechada esta opción el Estado Mayor de la “Resistencia” solo podía haber sido subjetivamente válido desde la estructura partidista de la Falange Socialista Boliviana (FSB) inspirada en el testimonio cívico-militar de Carlos Valverde Barbery, y con apoyo de militares en reserva, pero objetivamente el pasado mediato e inmediato lleno de derrotas mas que de victorias y el sectarismo de la militancia falangista jamás lograría un sometimiento del conjunto institucional cívico prefectural y de los activistas callejeros y universitarios a la estructura ejecutiva y de mando operativo de la FSB.
Objetivamente el CONALDE se constituyó en un momento como el virtual Estado Mayor, pero finalmente terminó siendo solo un brazo político imposibilitado de tener respuestas militares a su proyecto militar y en cierta manera a un proyecto de desestabilización del Estado boliviano y profundización de las actitudes independistas o separatistas que pasaba por la organización de la violencia. Si en algún momento se plasmó una fuerte intencionalidad, tal intención quedó sepultada con la detención del prefecto de Pando, con el pedido de salida de Bolivia del embajador norteamericano Fhilip Goldberg y la expulsión de la DEA
Todo hace ver que el intento mas avanzado administrativamente para crear un Estado Mayor fue el funcionamiento de lo que se llegó a conocer como “La Torre” la misma que no paso mas allá de ser un gran centro de operaciones y de planificación en la difusión y ataque mediático antigubernamental. Allá se hizo la lista de los “enemigos de Santa Cruz”, se instrumentalizó la Fe y la religiosidad, se satanizó la gestión social del gobierno y se planificó un conjuntos de mensajes para atemorizar a la población y disponerla a la organización militar de la resistencia y sobrevivencia en caso cercos campesinos a la ciudad. En “La Torre” presumiblemente con el apoyo económico de la Prefectura y de los grupos de poder, además de conformar un equipo de recursos humanos para elaborar y diseñar las líneas de acción mediática contra el gobierno, se conformo una estructura de enlace y apoyo financiero al grupo de Rosza, pero es improbable que allá mismo se haya conformado y haya funcionado un “Estado Mayor” con capacidad de dirigir la acción política militar del conjunto opositor formado por la estructura institucional cívico prefectural, parlamentarios opositores y activista controlados por la Unión Juvenil Cruceñista.
Eduardo Rosza, el CONALDE y la lógica de poder de las logias cruceñas
El contexto mencionado anteriormente demandaba mando único político militar, es decir obligaba al CONALDE a compartir el mando políticos con otras instancias, lo intentaron con llamadas y tocada de puertas a los cuarteles y no les dio resultado, entonces la única opción se llamaba Eduardo Rosza
Eduardo Rosza podía haber sido el mando militar y el CONALDE el mando político, pero esta dupla políticamente hablando necesita ser un unidad, compartir responsabilidades y compromisos, y sobre todo abrirse a la opinión pública para cooptar y avanzar hacia los objetivos políticos. El bloque cívico prefectural y el CONALDE bajo esta lógica estaba obligado a reivindicar el valor y la continuidad de la resistencia civil y la acción militar desde la proclamación de un brazo o instrumento político militar que contrarreste la acción militar de las fuerzas estatales y vaya a subvertir el orden constitucional. Tal reivindicación jamás se lo hizo, salvo un video dado a conocer por el canal 9 de Santa Cruz donde se presentaba un grupo armado llamando a la resistencia y a la independencia, además de algunas llamadas aisladas a la resistencia armada a cargo de un diputado disidente de la bancada de PODEMOS.
La proclama y la consolidación de un único mando era un paso imprescindible y necesario pero (en este caso) una vez mas se puso en evidencia que el bloque de poder y las logias con arraigo a la cultura cruceña y a las prácticas democráticas al interior de las fraternidades en su relación con la institucionalidad departamental no son portadoras ni impulsoras del poder compartido con externos a ellos. Las logias históricamente jamás compartieron y menos cedieron su poder a estructuras partidistas nacionales, no lo hicieron con las fuerzas golpistas militares, ni con el MNR, ADN y PODEMOS, menos lo haría con el grupo de Roszas. Colateralmente se evidencia que esta cultura de monopolio del poder de las logias es la raíz de los impulsos de disidencia con el Bloque de poder Cívico Prefectural y es de donde se ramifican sus contradicciones con las políticas impulsadas por el Gobierno de Evo Morales. Ahora mismo es lógica del monopolio del poder será difícil superarla pese a las necesidades hechas públicas de conformar un frente único. Las logias, “Toborochis” y “Caballeros del Oriente” no lo hicieron desde las cooperativas menos lo harán políticamente, al menos como dijo el vicepresidente Álvaro García; - No en menos de cinco años- es decir solo para la próxima gestión.
Respuesta jurídica del Estado desde el decreto 0138.
El decreto 0138 del 20 de mayo de 2009 establece el procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de los delitos de Terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado (Decreto 0138. Artículo 1)
El decreto políticamente se puede interpretar como la respuesta del Ejecutivo a la acción del grupo Rosza y una dura advertencia a los grupos económicos de poder de la media luna para que no vuelvan a intentar acciones inconstitucionales de magnitudes parecidas a las de septiembre, formar alianzas con grupos irregulares, o contratar mercenarios extranjeros y nacionales para tareas de insurgencia o subversión.
El decreto 0138 es en cierta manera esa respuesta (tal vez, no reflexionada profundamente por sus mentores) a los datos revelados por el Ministerio Públicos y la Comisión de investigación del Congreso Nacional. Es el intento de instrumentalización jurídica por parte del ejecutivo que da respuesta inmediata a un conjunto de evidencias de desestabilización política y administrativa del territorio nacional. El decreto parece necesario ante la insostenibilidad del CONALDE, el bloque cívico prefectural de la media luna y la embajada norteamericana de “fingir amnesia” y desconocer la existencia del grupo armado de Rosza y el plan de desestabilización, subversión y en cierto grado separatista; y es que todo esto es cierto y es evidente que a criterio personal o institucional alguno (s) de sus miembros participaron de manera directa o indirecta en la propuesta separatista con métodos violentos.
El decreto 0138 en el Estado de Derecho
El Estado de derecho es tal en cuanto existe una norma que hace del derecho el objeto de su aplicación, si una norma es insuficiente o no existe legislación para cubrir un caso que altera o convulsiona la cotidianidad y el derecho consuetudinario entonces cabe crearlas bajo en el marco de los excesos positivos constitucionales. La lógica de cometer un acto delictuoso para el derecho internacional y no reglamentado en Bolivia no debe ser entendida como un acto de plena legalidad o de acto no imputable en territorio nacional. En la normativa jurídica brasilera la discriminación al color de piel es un acto imputable, en cambio en Bolivia no lo era hasta antes de la nueva Constitución Políticas del Estado, ¿Por ello acaso tendríamos que haber creído que discriminar era un acto legal? ¿Acaso porque no existe una norma reglamentaria para juzgar el acto de terrorismo concluiremos que no se debe juzgar a los que cometen este delito y que es considerado como tal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por el Código de Procedimiento Penal boliviano?
El decreto 0138, aun dentro con sus excesos intenta llenar los vacios que la jurisprudencia boliviana no los ha tomado en cuenta de manera adecuada y en cierta manera no los contextualizado a la evolutiva realidad del delito que demanda la comunidad internacional.
En ese marco atacar ciegamente al gobierno por la promulgación del decreto 0138 es cerrar los ojos a una realidad que demanda discusión, aportes, mayor deliberación asumiendo responsablemente roles de ciudadanía, gobernantes, legisladores y administradores de justicia.
El decreto en cierta manera es resultado de la resistencia de la oposición desde el poder legislativo a las políticas de cambio, y de las necesidades del gobierno central de responder legalmente a los delitos considerados tales por la comunidad internacional.
Ahora bien, es posible que para procesar a los acusados de terrorismo se los pudiera haber hecho desde cargos que la jurisprudencia boliviana ya los tenía legislado y tener resultados parecidos, sin embargo ante el contenido del decreto en su totalidad y por no ser Ley misma, se puede aun considerar la inaplicabilidad o la no necesidad jurídica de considerarlo como instrumento jurídico apropiado para fundamentar la demanda del Fiscal y la sentencias de cualquier jurado.
Estructura jurídica para imputar a terroristas, colaboradores y financiadores
¿Con que instrumento legal se piensa instalar el proceso judicial de terrorismo contra el grupo de Roszá y a empresarios, funcionarios prefecturales, cívicos y activistas de la autonomía departamental cruceña?
Para el caso, desde esferas gubernamentales se insinuó seguir un proceso judicial bajo la figura de Traición a la Patria. El constitucionalismo boliviano cuenta con esta figura en los artículos 28, 111, 124 y 359, de ellos, donde se puede interpretar y buscar concordancia con el tema de seguridad del Estado es el 124, y que puede de alguna manera llevar a tomar en cuenta el Consejo de Seguridad del Estado como instancia institucional para abordar, sin embargo se topará siempre con la falta de la reglamentación específica. Pero leer detenidamente el artículo 111 se puede percibir los vacios que tendría cualquier juicio al grupo de Roszá si se sigue intentando enjuiciarlos por terrorismo y sobre todo sin leyes interpretativas del artículo 111. Al respecto del artículo 124 que cuenta con tres incisos, el primero de los cuales se aplica en caso de guerra internacional, y no cabe porque Bolivia no está en ningún conflicto bélico con otro Estado, el segundo inciso se trata para daños ecológicos y el tercero se dice que comete delito de traición a la patria la boliviana o boliviano “Que atente contra la unidad el país” (Artículo 124. Inc. III)
En cuanto a seguridad del Estado el 22 de diciembre de 1967 (Época del la Guerrilla del ELN y el Che Guevara) el Congreso Nacional durante el ejercicio presidencial de René Barriento Ortuño elevó a Ley el D.L. Nº 07312 de 9 de noviembre de 1965 relativa a la Seguridad del Estado con la modificación en los siguientes términos:
(Guerrillas). Los que organicen o formen ilegalmente grupos sediciosos armados irregulares, con el objeto de establecer áreas geográficas no sujetas a las leyes ni a las autoridades nacionales, buscando el enfrentamiento con miembros o unidades de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con el fin de apoderarse del Gobierno o de alterar su estructura democrática; y quienes organicen o formen parte de grupos armados sediciosos urbanos con el fin de ocasionar daños materiales en personas o bienes públicos o privados, sufrirán la pena de ocho a doce años de presidio.
Si con motivo de los delitos anteriormente tipificados los autores incurrieren en delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio o saqueo, sufrirán la pena de diez a treinta años de presidio, según la gravedad del caso.
Esta Ley se acomoda perfectamente a los delitos que viene trabajando el Ministerio Público para el caso de los implicados en el caso Rosza. La figura de Decreto simplemente podía haberse sustentado en esta Ley y agregar a los cargos de terrorismo los cargos de “Guerrilleros” en el marco de la Ley del 22 de diciembre de 1967.
Acá ya se presenta un punto que puede incluirse al esquema jurídico estratégico para encausar el juicio al grupo de Rosza, lo que queda de ellos y a los que apoyaron, financiaron o participaron como enlaces.
Corresponde al Ministerio Público ante los nuevos hechos y certezas ajustar más su accionar a la norma en vigencia; y a la oposición les corresponde reflexionar sobre la magnitud del conflicto que han intentado crear o que finalmente lo han creado.
Reflexionar desde lo clandestino y compartimentado .
Al empezar este escrito se expuso la idea de efectos residuales que deja la preparación del terrorismo, de la violencia y de la guerra civil. El Ministerio Público y la comisión de investigación del congreso hicieron un seguimiento a la preparación militar de mercenarios, de jóvenes y hasta de lumpen por parte del grupo de Rosza. Mas antes desde el ejecutivo se denuncio la realización de ejercicios de preparación militar en campos de fútbol de Pando y en campos de tiro de Santa Cruz. Lo que hace un mes se negaba y hasta se llevaba a la mofa, hoy está plenamente demostrado; Rosza y su equipo de instructores entrenó en tácticas y acción militar a personas en las instalaciones de campos deportivos de tiro. Y entonces no fueron solo prácticas recreativas de jóvenes o adultos que no saben que hacer con su tiempo libre.
En uno de los mensajes por correo electrónico, Rosza informaba a algunos financiadores se que tenían aproximadamente mil combatiente para entrar en acción, estos mil combatientes se deduce que desayunaban, almorzaban y cenaban, con financiamiento gestionado desde “La Torre”. Cuando cae Rosza, se denuncia la existencia de “La Torre”, se descubre cabezas y se allana depósitos de armamento en la feria Exposición de Santa Cruz, colateralmente a estas acciones lo que se hace es quitar el desayuno, almuerzo y cena a un buen número de combatientes, sin duda que muchos de ellos quedaron con sus efectos personales (armas cortas) y en muchos casos con sus estructuras de acción operativa intactas y con alta capacidad operativa (subjetivamente potenciada) principalmente porque dejaron de construir imaginarios basado en el enfrentamiento con fuerzas regulares del Estado boliviano, para remplazarla al enfrentamiento con ciudadanos indefensos.
Hipotéticamente una pequeña parte de los mil combatientes, tal vez cincuenta o cien, excombatientes ahora son protagonistas del aumento de la inseguridad ciudadana; no es casual que la manera operativa de los atracos y asaltos hayan cambiado y su frecuencia también, y de ser así el pueblo debe pasarle factura a los grupos de poder en Santa Cruz y a la bancada cruceña guerrerista.
Santa Cruz, 22 de Julio de 2009
jueves, 18 de junio de 2009
VOTO BOLIVIANO EN EL EXTRANJERO
El debate sobre el voto ciudadano de residentes bolivianos en el extranjero se ha teñido de Derecho político Constitucional y cálculo político, en tal sentido es prudente marcar una opinión al respecto y hacer interactuar posiciones del oficialismo nacional, la oposición y los ciudadanos, desde hechos concretos y proyecciones políticas.
La demanda al voto desde la organización de bolivianos en el extranjero
Los esfuerzos organizativos de bolivianos fuera de nuestras fronteras alrededor de los años de 1933 son antecedentes para entender desprejuiciadamente un conjunto de reivindicaciones y demandas concurrentes en el pedido de reconocimiento constitucional al derecho al voto y participación política. Los emprendimientos organizativos después del 1933 llevaron a consolidar en 1959 la Asociación Boliviana de Buenos Aires (ABBA.) que fue reconocida por el Gobierno Argentino estando de presidente Arturo Frondizi (1958-1962). El protagonismo de ABBA fue importante y fundamental hasta principios de la década del 70. A finales del 70 y principios del 80 pese a la situación conflictiva y la acción de la dictadura militar en argentina (1976 – 1983) un grupo de líderes bolivianos con un alto perfil dirigencial, aún con poca cantidad de asociados potenciales se lanzaron a la aventura de organizar a los residentes bolivianos en Argentina y trabajaron intensamente al interior de la colectividad sembrando la semilla de la organización comunitaria. La respuesta a éste emprendimiento fue exitoso y se materializó a fines de 1989 (periodo democrático) con la aparición de más de 40 Asociaciones Civiles de residentes bolivianos en la Argentina.
El despertar Federacionista de bolivianos en la Argentina mostró la realidad y capacidad organizativa de la Colectividad, con la creación (18 de febrero de 1985) de la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL), y la obtención de su Personería Jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia, Organismo del Ministerio de Justicia. Este hecho es el evidente indicador de la fortaleza organizativa del boliviano en el extranjero y el apego a la norma jurídica desde sus demandas históricas sociales, económicas y políticas.
La actual lucha por el voto es también indicador (junto a otros) que muestran que la organización de bolivianos en el extranjero se desarrolló y se desarrolla inevitablemente bajo el análisis de la realidad socio política latinoamericana y con influencia de los procesos políticos marcados en la agenda nacional.
La década de los 70 casi en su totalidad y los primeros años del 80, en los años de gobiernos militares, ciudadanos bolivianos en el exilio (Perú, Venezuela, Argentina, Chile, México, España, Suecia y otros) se organizaron para demandar a la comunidad internacional el ejercicio y el retorno de la democracia. Se tiene y se sabe de testimonios e iniciativas políticas ideológicas que convergieron con la agenda de resistencia y defensa de los derechos políticos constitucionales y con proyectos de poder político en el marco constitucional de la democracia representativa y participativa. Así, en el extranjero los residentes bolivianos formaron y diseñaron partidos y movimientos con gran impacto en años posteriores del quehacer político, unas veces aportando con opiniones y sugerencias políticas, otras adscribiéndose o promoviendo corrientes del pensamiento, o definitivamente trayendo técnicas y tecnología, y por supuesto interactuando políticamente desde posturas ideológicas y filosóficas universales y específicas del mundo andino y los llanos bolivianos.
Durante los momentos de turbulencia política en Bolivia la actividad política interna ha avanzado junto a la actividad política de bolivianos en el extranjero. La violación y conculcación de los derechos políticos (al igual que el lento desarrollo tecnológico, social y educativo y oportunidad laboral) ha generado respuestas y capacidades organizativas del exiliado e inmigrante boliviano. En esa lógica, así como la acción y pensamiento político no puede entenderse ni se entendería jamás si se excluyese el trabajo intelectual, ideológico y del pensamiento generado en las condiciones de exilio de luchadores sociales obreros, campesinos, profesionales y estudiantes, tampoco se entendería la realidad económica, política y social sin analizar y valorar su aporte en el desarrollo desde la especificidad de sus actividades laborales o de formación académica.
En alusión a todo esfuerzo de democratización, ver transformarse la realidad encierra la certeza de que la organización de los bolivianos en el extranjero es parte de la construcción del nuevo Estado boliviano. Es justo reconocer en el acontecer político que el exilio ha levantado la conciencia de la identidad boliviana en el Estado plurinacional paralelo al reconocimiento (también) de que son ciudadanos bolivianos en el extranjero los que generaron opciones microempresariales con el envío de remesas y otros.
En la actualidad la nueva constitución tiene trazado el camino de inclusión del ciudadano boliviano en el extranjero y es significativa la participación política reconocida para los mismos.
El peregrinar del voto en el extranjero
Ya el 2005 (Antes de que Evo Morales sea presidente) el matutino “El Deber” de Santa Cruz publicaba que residentes bolivianos en el exterior presentarían un recurso constitucional a favor del voto de bolivianos en el extranjero y forzar al Estado boliviano a que éstos puedan ejercer su derecho ciudadano en las elecciones generales del 4 de diciembre de 2005. La publicación hace referencia al anuncio hecho por el Dr. Mauricio Ochoa en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Ochoa explicó en esa oportunidad que dos millones de bolivianos quieren ejercer el derecho de elegir al nuevo Presidente de la República. Aseguró al mismo tiempo que no existe ninguna consideración constitucional, legal ni siquiera económica ni política, que pueda ser utilizada para justificar el impedimento a votar de los residentes en el exterior. Finalmente agregaba que desde 1997 se han esgrimido diferentes propuestas para reglamentar el voto de los bolivianos en el exterior, pero sin resultados favorables.
Por otro lado y ante todo un proceso de demandas sistemática impulsada por organizaciones de bolivianos en el extranjero, después del referéndum del 25 de enero, el pasado 11 de febrero de 2009, el presidente Evo Morales en respuesta a las demandas y en el intento de superar las trabas congresales para llevar adelante el proyecto de Ley del voto en el extranjero instruyó mediante un decreto a la Corte Nacional Electoral comenzar el empadronamiento de resistentes bolivianos en el extranjero, en sujeción al artículo 97 del Código electoral en vigencia y al derecho político consignado en el artículo 27 de la nueva Constitución Política del Estado.
Al decreto la oposición lo consideró ilegal y fue cuestionado por la Corte Nacional Electoral. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera criticó las afirmaciones sobre la presunta ilegalidad del decreto enviado a la Corte Nacional Electoral en el sentido de defender el derecho al sufragio de los connacionales en territorio extranjero.
“Los bolivianos que están en la Argentina o en España temporalmente, son tan bolivianos como cualquier hombre de la oposición o del oficialismo y tiene derechos. Por Dios no les quiten el derecho de participar en la toma de decisiones de su país”, enfatizaba Álvaro García Linera.
El decreto del ejecutivo instruía reconocer los derechos políticos de los bolivianos residentes en el exterior para participar en las elecciones para Presidente y Vicepresidente.
El proyecto homologaba a los ciudadanos mayores a 18 años domiciliados temporalmente o permanentemente en el exterior del país para que cumplan los requisitos exigidos e inscribirse dentro los plazos y términos de la convocatoria en el padrón electoral en las diferentes representaciones diplomáticas y consulares acreditadas por el país. Contemplaba además la ampliación de la jurisdicción de la Corte Nacional Electoral para ampliar su trabajo fuera del territorio nacional, en coordinación con las legaciones diplomáticas. En si lo que se intentó hacer es dar la viabilidad a la vieja demanda de los residentes bolivianos en el extranjero.
Rechazo y aprobación al voto
La demanda del derecho al voto ciudadano (de los residentes bolivianos en el extranjero) tuvo repercusión y aceptación en el órgano ejecutivo. Contrariamente el bloque opositor y la cámara alta del parlamento prefirieron primero ignorar la propuesta, segundo argumentar flacamente en su contra para finalmente mostrar argumentos perversos.
El decreto del ejecutivo abrió el debate y rompió con el silencio de la oposición. De esa manera el tema fue incluido en la agenda nacional y la deliberación congresal desde las propuestas al Régimen Electoral El proceso de deliberación y debate permitió evidenciar (ante la opinión pública) el sentido de legitimidad del Decreto del 11 de febrero y la carencia de una reglamentación para el voto en el extranjero. Estas dos evidencias políticas marcan el proceso de legitimación y legalización desde la Ley Transitoria del Régimen Electoral sancionado por el Congreso Nacional. Ahora, con la Ley Transitoria de Régimen Electoral el voto en el extranjero tiene inmediata aplicación y avanzará en ese sentido; lo que políticamente puede entenderse como una victoria parcial para la ciudadanía boliviana con residencia en el extranjero y un destrabe estratégico a las objeciones de la oposición.
Al margen de la implementación del voto en el extranjero (visto como victoria parcial), con la Ley Transitoria los objetivos de campaña contra el voto en el extranjero fueron exitosos (favorable a la oposición) al restringir el número de votantes en el extranjero a solo el 6% (en proporción) del padrón nacional estimado. Si se toma en cuenta como dato aproximado a 2 millones de ciudadano votantes en el extranjero los 240 mil ciudadanos que se plantea empadronar corresponden al 12 % de ciudadanos en el extranjero que puedan ejercer su derecho al voto para Presidente y Vicepresidente . Acá empieza la perversidad del argumento de la oposición. La oposición divulgó peyorativamente (desde un supuesto de preferencia de voto o solo por temor) la inclinación o tendencia del voto extranjero a favor del MAS, con esto se intentó inducir a la opinión pública a pensar que votar por el MAS es antidemocrático y por ende lo es el voto en el extranjero. Sin embargo se debe afirmar que restringir el voto a ciudadanos reconocidos por derecho es reproducir las viejas prácticas neocolonialistas decimonónicas que perduraron hasta la revolución del 52 cuando se excluía del voto a las mayorías nacionales (mujeres, indígenas y personas no letradas) con el objeto de perpetuar el poder en manos de las clases dominantes y partidos políticos reaccionarios. Definitivamente solo en una retrógrada oposición puede caber la exclusión al voto de mas del 80 % de residentes en el extranjero aduciendo a la tendencia o inclinación preferencial del voto del residente boliviano en el extranjero hacia una corriente u opción política partidista.
Fundamentos legales del voto de los bolivianos en el exterior
Constitucionalmente el Estado boliviano es democrático y en atributo a la democracia representativa recurre al voto igual universal, directo individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejerce a partir de los dieciocho años cumplidos. (nCPE- Artículo 26) y por medio del empadronamiento realizado por el Órgano Electoral. El artículo 27 se refiere exclusivamente al derecho de los residentes bolivianos y bolivianas en el exterior para participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado, y a las demás señaladas por la Ley.
Los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, fundamentalmente porque la configuración constitucional presenta al voto como un derecho público y no como un mero principio jurídico estructural o valórico. Al ser un derecho constitucional desgaja a toda normativa de sufragio la acción tendiente a privar, limitar o amenazar dicho derecho. Esta mirada se adjunta con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes el Pacto de San José de Costa Rica, los mismos que ya son parte de la jerarquía normativa desde el artículo 410 que incluye a los tratados y convenios al bloque constitucional boliviano.
En ese contexto nacional e internacional, el voto es derecho, deber y función pública que habilita al elector a participar en la constitución de las autoridades electivas y en los referendos.
Sin embargo con un conjunto de derechos negados aun, finalmente aproximadamente el 12 % de los bolivianos en el exterior podrán sufragar de manera legal desde el ejercicio de sus derechos constitucionales sancionados desde el Congreso Nacional y promulgados por el ejecutivo, dejando temporalmente el fantasma de la ilegalidad y del gobierno por decretos. Entre los derechos que aun se le niega es la universalidad del voto y el derecho a ser elegido. Solo podrán elegir a presidenta o presidente y a vicepresidenta o vicepresidente.
Los ciudadanos que votarán en el extranjero.
Se ha previsto (por presión opositora) limitar porcentualmente (6 % del total del padrón nacional) el número de registros de votantes. El oficialismo no era partidario de establecer ningún techo, pero la insistencia opositora llevó a restringir el registro de los ciudadanos
Desde las aproximaciones expuestas en el periódico editado por el Ministerio de Autonomía (Bolivia Autonómica. Nº 2. Pág3) se estima que del total de la población boliviana un 25 % ha migrado a otros países del mundo y que son básicamente 13 países en donde se debe trabajar con el voto en el exterior en esta primera fase: Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá y Estados Unidos aquí en América. España, Inglaterra, Italia, suiza y Francia en Europa y Japón en Asia. Sin embargo la Corte Nacional electoral ya tomó sus decisiones y en el número 3 del mismo periódico se informa que “…en el exterior se podrá empadronar un máximo de 211.093 ciudadano y para cumplir los mandatos de la Ley, el Organismo Electoral decidió que el voto será en 4 países: Argentina, Brasil y Estados Unidos en América y España en Europa.”
Mas abajo se menciona que “…se habilitará el registro de ciudadanos en las provincias Buenos Aires, Jujuy y Mendoza en Argentina, San Pablo en Brasil; Las provincias de Cataluña, Madrid y Valencia en España; y los Estados de Nueva York, Virginia y Maryland en estado Unidos”
La oposición sin duda tiene mucho que festejar y mucho que reconocer al “mérito democrático” de una Corte Nacional Electoral que se deja llevar (en este caso) por miradas reaccionarias y excluyentes. La CNE debe retomar su independencia en tanto Órgano Electoral Plurinacional garantizador del sufragio efectivo como derecho político de todos los ciudadanos bolivianos y responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. (nCPE. Art. 208).
El significado del voto como derecho constitucional
El voto de los residentes bolivianos en el extranjero tiene evidentes significados como ejercicio democrático en el marco del constitucionalismo y la ley transitoria electoral.
a) En primera instancia se restituye la vinculación política y jurídica (del boliviano en el extranjero) desde la norma constitucional y la Ley Transitoria del Régimen Electoral
b) Se plantea la necesidad de ampliar el ejercicio democráticos desde el atributo reconocido como elector hacia la atribución de postulares a cargos electos.
c) Se evidencia la obligación de la institucionalidad estatal para articular el nuevo estado plurinacional desde la abstracción conceptual del desarrollo comunitario integral económico, político y social hacia la concreción de políticas públicas que viabilicen la inclusión real de los residentes bolivianos en el extranjero.
d) El derecho político plasmado en el voto universal de los residentes bolivianos en el extranjero es la demanda y el nuevo signo de la integración que aun falta recorrer por la comunidad boliviana.
e) Finalmente el que en Bolivia (y en comunidades bolivianas en el extranjero) aun se lucha por el derecho al voto, es reconocer la enajenación de la voluntad ciudadana en manos de los partidos políticos y el interés permanente de los grupos de poder por mantener sus condiciones de privilegio a costa de la restricción a la ciudadanía de sus derechos constitucionales.
Santa Cruz, 18 de junio de 2009.
La demanda al voto desde la organización de bolivianos en el extranjero
Los esfuerzos organizativos de bolivianos fuera de nuestras fronteras alrededor de los años de 1933 son antecedentes para entender desprejuiciadamente un conjunto de reivindicaciones y demandas concurrentes en el pedido de reconocimiento constitucional al derecho al voto y participación política. Los emprendimientos organizativos después del 1933 llevaron a consolidar en 1959 la Asociación Boliviana de Buenos Aires (ABBA.) que fue reconocida por el Gobierno Argentino estando de presidente Arturo Frondizi (1958-1962). El protagonismo de ABBA fue importante y fundamental hasta principios de la década del 70. A finales del 70 y principios del 80 pese a la situación conflictiva y la acción de la dictadura militar en argentina (1976 – 1983) un grupo de líderes bolivianos con un alto perfil dirigencial, aún con poca cantidad de asociados potenciales se lanzaron a la aventura de organizar a los residentes bolivianos en Argentina y trabajaron intensamente al interior de la colectividad sembrando la semilla de la organización comunitaria. La respuesta a éste emprendimiento fue exitoso y se materializó a fines de 1989 (periodo democrático) con la aparición de más de 40 Asociaciones Civiles de residentes bolivianos en la Argentina.
El despertar Federacionista de bolivianos en la Argentina mostró la realidad y capacidad organizativa de la Colectividad, con la creación (18 de febrero de 1985) de la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL), y la obtención de su Personería Jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia, Organismo del Ministerio de Justicia. Este hecho es el evidente indicador de la fortaleza organizativa del boliviano en el extranjero y el apego a la norma jurídica desde sus demandas históricas sociales, económicas y políticas.
La actual lucha por el voto es también indicador (junto a otros) que muestran que la organización de bolivianos en el extranjero se desarrolló y se desarrolla inevitablemente bajo el análisis de la realidad socio política latinoamericana y con influencia de los procesos políticos marcados en la agenda nacional.
La década de los 70 casi en su totalidad y los primeros años del 80, en los años de gobiernos militares, ciudadanos bolivianos en el exilio (Perú, Venezuela, Argentina, Chile, México, España, Suecia y otros) se organizaron para demandar a la comunidad internacional el ejercicio y el retorno de la democracia. Se tiene y se sabe de testimonios e iniciativas políticas ideológicas que convergieron con la agenda de resistencia y defensa de los derechos políticos constitucionales y con proyectos de poder político en el marco constitucional de la democracia representativa y participativa. Así, en el extranjero los residentes bolivianos formaron y diseñaron partidos y movimientos con gran impacto en años posteriores del quehacer político, unas veces aportando con opiniones y sugerencias políticas, otras adscribiéndose o promoviendo corrientes del pensamiento, o definitivamente trayendo técnicas y tecnología, y por supuesto interactuando políticamente desde posturas ideológicas y filosóficas universales y específicas del mundo andino y los llanos bolivianos.
Durante los momentos de turbulencia política en Bolivia la actividad política interna ha avanzado junto a la actividad política de bolivianos en el extranjero. La violación y conculcación de los derechos políticos (al igual que el lento desarrollo tecnológico, social y educativo y oportunidad laboral) ha generado respuestas y capacidades organizativas del exiliado e inmigrante boliviano. En esa lógica, así como la acción y pensamiento político no puede entenderse ni se entendería jamás si se excluyese el trabajo intelectual, ideológico y del pensamiento generado en las condiciones de exilio de luchadores sociales obreros, campesinos, profesionales y estudiantes, tampoco se entendería la realidad económica, política y social sin analizar y valorar su aporte en el desarrollo desde la especificidad de sus actividades laborales o de formación académica.
En alusión a todo esfuerzo de democratización, ver transformarse la realidad encierra la certeza de que la organización de los bolivianos en el extranjero es parte de la construcción del nuevo Estado boliviano. Es justo reconocer en el acontecer político que el exilio ha levantado la conciencia de la identidad boliviana en el Estado plurinacional paralelo al reconocimiento (también) de que son ciudadanos bolivianos en el extranjero los que generaron opciones microempresariales con el envío de remesas y otros.
En la actualidad la nueva constitución tiene trazado el camino de inclusión del ciudadano boliviano en el extranjero y es significativa la participación política reconocida para los mismos.
El peregrinar del voto en el extranjero
Ya el 2005 (Antes de que Evo Morales sea presidente) el matutino “El Deber” de Santa Cruz publicaba que residentes bolivianos en el exterior presentarían un recurso constitucional a favor del voto de bolivianos en el extranjero y forzar al Estado boliviano a que éstos puedan ejercer su derecho ciudadano en las elecciones generales del 4 de diciembre de 2005. La publicación hace referencia al anuncio hecho por el Dr. Mauricio Ochoa en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Ochoa explicó en esa oportunidad que dos millones de bolivianos quieren ejercer el derecho de elegir al nuevo Presidente de la República. Aseguró al mismo tiempo que no existe ninguna consideración constitucional, legal ni siquiera económica ni política, que pueda ser utilizada para justificar el impedimento a votar de los residentes en el exterior. Finalmente agregaba que desde 1997 se han esgrimido diferentes propuestas para reglamentar el voto de los bolivianos en el exterior, pero sin resultados favorables.
Por otro lado y ante todo un proceso de demandas sistemática impulsada por organizaciones de bolivianos en el extranjero, después del referéndum del 25 de enero, el pasado 11 de febrero de 2009, el presidente Evo Morales en respuesta a las demandas y en el intento de superar las trabas congresales para llevar adelante el proyecto de Ley del voto en el extranjero instruyó mediante un decreto a la Corte Nacional Electoral comenzar el empadronamiento de resistentes bolivianos en el extranjero, en sujeción al artículo 97 del Código electoral en vigencia y al derecho político consignado en el artículo 27 de la nueva Constitución Política del Estado.
Al decreto la oposición lo consideró ilegal y fue cuestionado por la Corte Nacional Electoral. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera criticó las afirmaciones sobre la presunta ilegalidad del decreto enviado a la Corte Nacional Electoral en el sentido de defender el derecho al sufragio de los connacionales en territorio extranjero.
“Los bolivianos que están en la Argentina o en España temporalmente, son tan bolivianos como cualquier hombre de la oposición o del oficialismo y tiene derechos. Por Dios no les quiten el derecho de participar en la toma de decisiones de su país”, enfatizaba Álvaro García Linera.
El decreto del ejecutivo instruía reconocer los derechos políticos de los bolivianos residentes en el exterior para participar en las elecciones para Presidente y Vicepresidente.
El proyecto homologaba a los ciudadanos mayores a 18 años domiciliados temporalmente o permanentemente en el exterior del país para que cumplan los requisitos exigidos e inscribirse dentro los plazos y términos de la convocatoria en el padrón electoral en las diferentes representaciones diplomáticas y consulares acreditadas por el país. Contemplaba además la ampliación de la jurisdicción de la Corte Nacional Electoral para ampliar su trabajo fuera del territorio nacional, en coordinación con las legaciones diplomáticas. En si lo que se intentó hacer es dar la viabilidad a la vieja demanda de los residentes bolivianos en el extranjero.
Rechazo y aprobación al voto
La demanda del derecho al voto ciudadano (de los residentes bolivianos en el extranjero) tuvo repercusión y aceptación en el órgano ejecutivo. Contrariamente el bloque opositor y la cámara alta del parlamento prefirieron primero ignorar la propuesta, segundo argumentar flacamente en su contra para finalmente mostrar argumentos perversos.
El decreto del ejecutivo abrió el debate y rompió con el silencio de la oposición. De esa manera el tema fue incluido en la agenda nacional y la deliberación congresal desde las propuestas al Régimen Electoral El proceso de deliberación y debate permitió evidenciar (ante la opinión pública) el sentido de legitimidad del Decreto del 11 de febrero y la carencia de una reglamentación para el voto en el extranjero. Estas dos evidencias políticas marcan el proceso de legitimación y legalización desde la Ley Transitoria del Régimen Electoral sancionado por el Congreso Nacional. Ahora, con la Ley Transitoria de Régimen Electoral el voto en el extranjero tiene inmediata aplicación y avanzará en ese sentido; lo que políticamente puede entenderse como una victoria parcial para la ciudadanía boliviana con residencia en el extranjero y un destrabe estratégico a las objeciones de la oposición.
Al margen de la implementación del voto en el extranjero (visto como victoria parcial), con la Ley Transitoria los objetivos de campaña contra el voto en el extranjero fueron exitosos (favorable a la oposición) al restringir el número de votantes en el extranjero a solo el 6% (en proporción) del padrón nacional estimado. Si se toma en cuenta como dato aproximado a 2 millones de ciudadano votantes en el extranjero los 240 mil ciudadanos que se plantea empadronar corresponden al 12 % de ciudadanos en el extranjero que puedan ejercer su derecho al voto para Presidente y Vicepresidente . Acá empieza la perversidad del argumento de la oposición. La oposición divulgó peyorativamente (desde un supuesto de preferencia de voto o solo por temor) la inclinación o tendencia del voto extranjero a favor del MAS, con esto se intentó inducir a la opinión pública a pensar que votar por el MAS es antidemocrático y por ende lo es el voto en el extranjero. Sin embargo se debe afirmar que restringir el voto a ciudadanos reconocidos por derecho es reproducir las viejas prácticas neocolonialistas decimonónicas que perduraron hasta la revolución del 52 cuando se excluía del voto a las mayorías nacionales (mujeres, indígenas y personas no letradas) con el objeto de perpetuar el poder en manos de las clases dominantes y partidos políticos reaccionarios. Definitivamente solo en una retrógrada oposición puede caber la exclusión al voto de mas del 80 % de residentes en el extranjero aduciendo a la tendencia o inclinación preferencial del voto del residente boliviano en el extranjero hacia una corriente u opción política partidista.
Fundamentos legales del voto de los bolivianos en el exterior
Constitucionalmente el Estado boliviano es democrático y en atributo a la democracia representativa recurre al voto igual universal, directo individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejerce a partir de los dieciocho años cumplidos. (nCPE- Artículo 26) y por medio del empadronamiento realizado por el Órgano Electoral. El artículo 27 se refiere exclusivamente al derecho de los residentes bolivianos y bolivianas en el exterior para participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado, y a las demás señaladas por la Ley.
Los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, fundamentalmente porque la configuración constitucional presenta al voto como un derecho público y no como un mero principio jurídico estructural o valórico. Al ser un derecho constitucional desgaja a toda normativa de sufragio la acción tendiente a privar, limitar o amenazar dicho derecho. Esta mirada se adjunta con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes el Pacto de San José de Costa Rica, los mismos que ya son parte de la jerarquía normativa desde el artículo 410 que incluye a los tratados y convenios al bloque constitucional boliviano.
En ese contexto nacional e internacional, el voto es derecho, deber y función pública que habilita al elector a participar en la constitución de las autoridades electivas y en los referendos.
Sin embargo con un conjunto de derechos negados aun, finalmente aproximadamente el 12 % de los bolivianos en el exterior podrán sufragar de manera legal desde el ejercicio de sus derechos constitucionales sancionados desde el Congreso Nacional y promulgados por el ejecutivo, dejando temporalmente el fantasma de la ilegalidad y del gobierno por decretos. Entre los derechos que aun se le niega es la universalidad del voto y el derecho a ser elegido. Solo podrán elegir a presidenta o presidente y a vicepresidenta o vicepresidente.
Los ciudadanos que votarán en el extranjero.
Se ha previsto (por presión opositora) limitar porcentualmente (6 % del total del padrón nacional) el número de registros de votantes. El oficialismo no era partidario de establecer ningún techo, pero la insistencia opositora llevó a restringir el registro de los ciudadanos
Desde las aproximaciones expuestas en el periódico editado por el Ministerio de Autonomía (Bolivia Autonómica. Nº 2. Pág3) se estima que del total de la población boliviana un 25 % ha migrado a otros países del mundo y que son básicamente 13 países en donde se debe trabajar con el voto en el exterior en esta primera fase: Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá y Estados Unidos aquí en América. España, Inglaterra, Italia, suiza y Francia en Europa y Japón en Asia. Sin embargo la Corte Nacional electoral ya tomó sus decisiones y en el número 3 del mismo periódico se informa que “…en el exterior se podrá empadronar un máximo de 211.093 ciudadano y para cumplir los mandatos de la Ley, el Organismo Electoral decidió que el voto será en 4 países: Argentina, Brasil y Estados Unidos en América y España en Europa.”
Mas abajo se menciona que “…se habilitará el registro de ciudadanos en las provincias Buenos Aires, Jujuy y Mendoza en Argentina, San Pablo en Brasil; Las provincias de Cataluña, Madrid y Valencia en España; y los Estados de Nueva York, Virginia y Maryland en estado Unidos”
La oposición sin duda tiene mucho que festejar y mucho que reconocer al “mérito democrático” de una Corte Nacional Electoral que se deja llevar (en este caso) por miradas reaccionarias y excluyentes. La CNE debe retomar su independencia en tanto Órgano Electoral Plurinacional garantizador del sufragio efectivo como derecho político de todos los ciudadanos bolivianos y responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. (nCPE. Art. 208).
El significado del voto como derecho constitucional
El voto de los residentes bolivianos en el extranjero tiene evidentes significados como ejercicio democrático en el marco del constitucionalismo y la ley transitoria electoral.
a) En primera instancia se restituye la vinculación política y jurídica (del boliviano en el extranjero) desde la norma constitucional y la Ley Transitoria del Régimen Electoral
b) Se plantea la necesidad de ampliar el ejercicio democráticos desde el atributo reconocido como elector hacia la atribución de postulares a cargos electos.
c) Se evidencia la obligación de la institucionalidad estatal para articular el nuevo estado plurinacional desde la abstracción conceptual del desarrollo comunitario integral económico, político y social hacia la concreción de políticas públicas que viabilicen la inclusión real de los residentes bolivianos en el extranjero.
d) El derecho político plasmado en el voto universal de los residentes bolivianos en el extranjero es la demanda y el nuevo signo de la integración que aun falta recorrer por la comunidad boliviana.
e) Finalmente el que en Bolivia (y en comunidades bolivianas en el extranjero) aun se lucha por el derecho al voto, es reconocer la enajenación de la voluntad ciudadana en manos de los partidos políticos y el interés permanente de los grupos de poder por mantener sus condiciones de privilegio a costa de la restricción a la ciudadanía de sus derechos constitucionales.
Santa Cruz, 18 de junio de 2009.
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