EN TORNO A LAS 10 TAREAS URGENTES DEL MSM

EN TORNO A LAS 10 TAREAS URGENTES DEL MSM[1]

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

El Consejo Político Nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) en días pasados evaluó la situación nacional para proyectarla al próximo año. El eje de preocupación del MSM es enfocar los errores y falencias gubernamentales y marcar cuatro desafíos: Económico – Productivo, autonómico, institucional y plurinacional para reconducir, defender y desplegar el proceso de transformación.

Del encabezamiento  de la solicitada, las primeras conclusiones a la que se llega es que el MSM propone posicionar un discurso o línea de acción política desde los errores y falencias del Gobierno Central, pero sin desarrollar específicamente un sólo error o falencia y menos aún sin explicar las implicancias nocivas de los errores y falencias en el proceso. Al MSM habría que recordarles que no todo error lleva al colapso de un proyecto, y por el contrario el error analizado permite ver el objeto buscado con mayor claridad, eso lo sabe cualquier persona que hace ciencia.  Usar el error y la falencia como puntos de ataque al Gobierno, lleva al MSM a la ambigüedad y a la demagogia discursiva, primero porque notoriamente maniobra el discurso para que la población lo relacione con demandas no atendidas por el Gobierno, pero que no deja de ser en similitud a las demandas no atendidas por el Gobierno Municipal de La Paz, dirigido por el MSM; y segundo porque las falencias del Gobierno no son ajenos a las falencias de  gestión municipal del 2006 al 2010, años que se mantuvo la alianza MAS – MSM y por supuesto a los de la gestión actual.

Con 10 tareas urgentes el MSM intenta deslindar mediaticamente responsabilidades a nivel de gestión nacional y ofertarse ante la población con un maquillaje de opción alternativa. El MSM intencionalmente omite reflejar el análisis de su participación en la pasada gestión del Gobierno Central y del Gobierno Municipal para difundir solamente el  apoyo al proceso constituyente y al Cambio. Esta omisión se proyecta en una ruta estratégica de intervención política semejante en sus fines buscados al empleado por las fuerzas conservadoras que interfirieron en la Asamblea Constituyente. La fuerzas conservadoras priorizaron un afán por desgastar al MAS sin hilar propuestas claras para el proceso constituyentes a más de aquella consigna de una nueva Constituyente sometida a la vieja CPE. En esa lógica el MSM busca maximizar los errores y falencias del Gobierno bajo el supuesto de poder desgastarlo y en función a ello proponer implícitamente una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, un nuevo Ejecutivo y tres años de trabajo político para ganar esos espacios.

Hubiese sido prudente que el análisis del MSM plantee inicialmente las contradicciones principales y secundarias (capital – trabajo, países ricos - países pobres, campo - ciudad, democracia participativa – partidocracia, Revolución – Restauración, Institucionalidad – caudillismo, etc.) y las vías posibles a su superación en continuidad y profundización del proceso de cambio, así podría encontrar razones válidas para superarlas. Pero centrarse en las falencias y errores del Gobierno es palabrería estéril para un movimiento que presume ser alternativo. No analizar profundamente las contradicciones del presente periodo y del proceso de construcción estatal está convirtiendo a los activistas del MSM en operadores políticos funcionales de la jerarquía municipal y en portavoces involuntarios de sectores conservadores y reaccionarios que se esfuerzan por reorganizar sus tentáculos de explotación, servilismo al imperio y al capital.

A continuación veamos algunas características de sus 10 tareas urgentes presentadas en una solicitada:

Pluralismo democrático y vigencia plena de las libertades y los derechos humanos.

El MSM afirma que se debe restablecer, defender y ampliar el pluralismo, las libertades y los derechos humanos. Al MSM es necesario hacerle notar que el MAS y las fuerzas que aportan al cambio piensan en ejercerlas y ampliarlas, sólo al MSM y a los propietarios de los medios de comunicación se les ocurre defender lo que se debe entender como una conquista del proceso constituyente y  cuya implementación no depende de la gestión ni de concesiones del Gobierno “intolerante” sino de la transformación institucional y la organización social. Lamentablemente el MSM se pierde en sus disputas de poder y no racionaliza el proceso  de construcción del nuevo Estado, salvo que, lo que se quiera en verdad sea restablecer el viejo Estado de Derecho. 

El MSM afirma rechazar el autoritarismo estatal y se preocupa por la imposición de la autoridad desconociendo la naturaleza de todo Estado. Si insiste en este punto el MSM que proponga abiertamente la abolición del Estado y la organización de la sociedad en formas no estatales.

El MSM rechaza las persecuciones judiciales, porque defiende acaso la libertad de autoridades corruptas y de ciudadanos que desfalcaron las arcas del Estado. Sería más serio, para entender su posición al respecto, si concretamente rechazara el proceso al alcalde potosino destituido o al proceso que se puede abrir en contra de Suárez o Costas. Así se sabría con más precisión lo que quiere decir con rechazar la persecución judicial.

En el primer punto termina afirmando que se debe consolidar, desarrollar y ampliar las formas de democracia representativa, directa y comunitaria definidas en la constitución; eso lo tiene que hacer todo partido, agrupación o movimiento político. Bien por el MSM que acuerda su sometimiento a la CPE. En el mismo párrafo suena interesante su propuesta de eliminar la burocratización y prebendalización de cierta dirigencia social y sindical. Lo óptimo fuese que su recomendación sea para toda la dirigencia social y sindical incluyendo los dirigentes controlados y militantes del MSM.

Revalorización de la Asamblea Legislativa y la Deliberación Pública.

Sería honesto y político decir, “Prepararnos para desplazar al MAS y copar los curules legislativos en las elecciones del 2014”, porque eso de Revalorizar suena a menosprecio al Órgano Legislativo Plurinacional en razón a los dos tercios de asambleístas del MAS en el OLP. El MSM sataniza el Voto Consigna cuando el MSM aumentó el caudal de sus votos en La Paz con la consigna en contra del MAS.  Además, debe saber el MSM que el proceso constituyente se ha forjado en base a consignas revolucionarias construidas históricamente más que en base a procesos racionales y profundas elucubraciones ideológicas debatidas y deliberadas previamente por la totalidad de los partidos políticos. La CPE ha sido parida desde imaginarios, consignas y construcciones  revolucionarias, y seguirá así por mucho tiempo. O sea que no es nada pertinente atacar al adversario satanizando la consigna como forma de cooptación de votos.

Restablecimiento de la legalidad democrática y el voto popular en los municipios.

¿Y cuándo se fue la legalidad, cuándo se suspendió el voto popular en los municipios? Esta tarea parece habérsela copiado de un panfleto de la década del 70, de la época de las dictaduras militares. No es correcto concluir que la destitución de un Alcalde por actos imputables sea interpretada como si hubiese sido suspendido el voto popular, el funcionamiento del Concejo Municipal o del Órgano Ejecutivo Municipal.

Sufragio universal para la elección de magistrados e institucionalización de empresas y entidades públicas.

La elección de Magistrados está establecida en la CPE y se lo hará por voto universal previa preselección por dos tercios de asambleístas del Órgano Legislativo Plurinacional. Esto corre para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. Velar por su cumplimiento es responsabilidad no sólo de los partidos políticos, sino de todos los ciudadanos. Respecto a completar los vocales del Órgano Electoral, eso también es responsabilidad de los órganos legislativos departamentales, y en el caso de La Paz no hay problemas, en todo caso el MSM no tiene bancada a quien deba instruir en los departamentos donde aún falta completar vocales.

La institucionalización de las entidades públicas es necesaria, sin embargo, en este punto el MSM debe ser claro ya que las máximas autoridades de las instituciones, para algunos casos la CPE establece que serán designadas de ternas propuestas por la ALP (Defensor del Pueblo, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, Presidente y Directores del Banco Central de Bolivia), otras serán designadas directamente por el Presidente (Procurador General del Estado) y de otras la CPE nada dice sobre la designación (YPFB, COMIBOL, ENTEL, Servicio de Impuestos Nacionales, de la Aduana Nacional y otros). Dentro este mandato constitucional las designaciones asumidas por el Gobierno Central no son inconstitucionales y en todo caso el MSM está en pleno derecho de velar para que no se viole las norma constitucional.

Consolidación y fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos e impulso a las autonomías indígenas.

El proceso autonómico está en curso y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es la norma que orienta y regula este proceso. Independientemente de una opinión particular sobre la LMAD, corresponde a los Gobiernos Autónomos preocuparse por la elaboración de sus estatutos y Cartas Orgánicas y será un aporte al fortalecimiento y consolidación del Estado Autonómico que el MSM en los Territorios  donde controla el Gobierno Autónomo Municipal empiece a mostrar resultados para ser consecuente con esta tarea urgente. Que presente al la Asamblea Legislativa Plurinacional su propuesta de Carta Orgánica y aporte a la elaboración del Estatuto Autonómico de La Paz.

Revalorización de la función Pública y la lucha contra la corrupción e ineficiencia.

Se debe revalorizar la lucha contra la corrupción e ineficiencia, afirma el MSM, despolitizando los procesos jurídicos. Preguntamos cómo sugiere que se despolitice si los imputados son los que lo politizan cuando intentan cubrir actos de corrupción y conspiración desde un acto eminentemente político; el voto popular y la democracia participativa, eso para el caso de autoridades electas y destituidas por procesos instaurados en su contra por corrupción y manejo indebido de fondos y recursos del Estado. Para los nuevos servidores públicos, en caso de corrupción identificada, corresponde a la ciudadanía iniciar procesos y si el MSM está consiente de esta necesidad es hora que empiece a instaurar procesos  contra quienes deban hacerlo y dejar de lamentarse vanamente por lo que no quiere hacer pero lo plantea como tarea urgente.  

Desarrollo económico – productivo verdadero

El MSM exige encarar de una vez la agenda económica productiva, es justa su preocupación, que sin duda es la misma preocupación que se genera en los ámbitos gubernamentales, lo que no parece atinado es decir que el Gobierno ha decidido ocultar ilegal e indefinidamente los informes sobre los nuevos volúmenes de gas y petróleo, y que su bancada no haga nada en la Asamblea Legislativa para confirmar o pedir informe al respecto.

Fuentes de empleo permanentes y lucha efectiva contra la desigualdad y la pobreza.

Se debe exigir el cumplimiento del programa de Gobierno ofertado en 2009, dice el MSM, impulsando el proceso de industrialización, responsable con el medio ambiente de nuestros recursos naturales como los hidrocarburos, el hierro y el litio. El MAS piensa lo mismo y lógicamente la población conocedora de las necesidades de desarrollo.

En lo que el MSM se diferencia en este puntos es que en materia monetaria su postura se identifica   a la de la Empresa Privada y Cámara Exportadora, no confía en la valorización de la moneda nacional y lista una serie de peligrosos efectos como la ampliación de la informalidad de la economía boliviana, el desempleo encubierto y otros que seguramente con la devaluación de la moneda nacional, para el MSM sería mas confiable.  ¿Qué propone en materia monetaria? ¿Devaluación de la moneda nacional para evitar efectos peligrosos?

Seguridad y autoabastecimiento alimentario

En este punto hace notar las dificultades y los inconvenientes que atraviesa la producción alimentaria y plantea un acuerdo estratégico productivo entre productores campesinos, comunidades agrícolas y empresarios agroindustriales donde el Estado incentive la producción y los mercados, y defina las estrategias de desarrollo productivo. Este planteamiento es extremadamente liberal y al parecer quiere quitarle al Estado las responsabilidad estratégica de ser parte fundamental en el ciclo productivo para reducirlo a  incentivador   de  producción y mercado, seguramente el MSM quiere que subvencione la producción en las comunidades y a la empresa privada en igualdad de condiciones y que después entregue los recursos naturales a capitales privados.

Definición y efectiva lucha contra el narcotráfico

Se debe redefinir la lucha contra el narcotráfico, la producción de cocaína y el consumo de drogas, dice el MSM. Sería beneficiosa esta afirmación si al menos acompañara un eje de redefinición. En Colombia y Ecuador el fenómeno es mas preocupante y cualquier entendido en el tema sabe que para estos tres países su lucha no depende únicamente de la acción de interdicción al narcotráfico por las fuerzas policiacas, sino de la capacidad de neutralizar el crecimiento de la demanda y control en los países consumidores y esto lamentablemente escapa a las posibilidades y recursos nacionales. El mercado internacional “incentiva” al narcotraficante y ese es un punto que lamentablemente el Estado  boliviano tiene que absorberlo como único culpable a los ojos del imperio y de los opositores internos.

Conclusiones necesarias

La publicación de los diez puntos del MST a propiciado explicaciones e interpretaciones de sus líderes sobre la mirada que se tiene de sectores potenciales en la vida política del país, una de ellas es haber posicionado el deseo de ser considerado como una segunda fuerza política después y en oposición al MAS, si eso ocurre entonces se estaría materializando un fuerte desplazamiento del eje discursivo hacia la izquierda, de manera que las fuerzas más conservadoras estarían obligados a aliarse con los Sin Miedos y lógicamente consolidar un partido socialdemócrata en reedición del viejo y extinguido MIR, que obligaría al MAS a fortalecer el proyecto revolucionario desde miradas revolucionarias y en proporción al espíritu de transformaciones profundas y radicales marcadas en el proceso constituyente. Si el MAS no asume revolucionariamente los cambios y se alimenta de miradas y militancia amorfa y se disputa sólo espacios con el MSM, talvez su destino sea una nueva fuerza socialdemócrata y entonces para el pueblo boliviano se dibuja al frente otros tantos años para esperar por la nueva revolución democrática y cultural.  

La Paz, 08 de diciembre de 2010.

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[1] Sigla del Movimiento Sin Miedo. Ex aliado del Movimiento Al Socialismo MAS y ganador por tercera vez de las elecciones municipales en La Paz.

PROYECCION POLITICA Y BALANCE 2010

PROYECCION POLITICA Y BALANCE 2010

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Después de una etapa que obligó a la oposición a replantear sus estrategias de acción política y al oficialismo a escarbar la realidad en busca de nuevos emprendimientos, la coyuntura se presta para bosquejar la realidad política y ensayar una proyección política y un balance del proceso de cambio desde la gestión gubernamental y las tensiones y relaciones políticas entre el gobierno, las fuerzas políticas opositoras y los movimientos sociales, entendiendo que estas últimas (las tensiones y relaciones) ayudan a identificar la fuerza política o instancia institucional que lleva o puede marcar una nueva iniciativa para (re)encaminar el proceso de cambio. Cabe suponer que hay fuerzas políticas que se oponen al cambio y finalmente esperan que el esfuerzo ajeno los potencie o que los errores y desmanes de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo MAS lleve al gobierno hacia una virtual pérdida del monopolio discursivo en favor del cambio.

Igualmente la coyuntura condiciona a que el ciudadano esté alerta o persuadido a identificar una nueva fuerza política con opciones a instalarse como vanguardia del cambio, sin desechar que puede aún destinar esfuerzos para reencaminar el proyecto del MAS y el Programa de Desarrollo Nacional (implementado por el Gobierno central) hacia el proceso revolucionario sustentado en la normativa constitucional.

Expresamente, y como avance de especulación del proceso de cambio, en virtud a las condicione y las rutas legales por la que tienen y vienen atravesando las transformaciones políticas y económicas, cabe cuestionarse si los partidos políticos deben mantenerse en la línea instrumental o cambiarse a la institucional. Concretamente la pregunta es si el MAS debe mantener su máxima de ser Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos o debe ser la instancia institucional que liderice el proceso de cambio. Salomónicamente se podría decir que ambas, pero sería un error, ya que al optar por lo institucional demanda negar la esencia que alberga el concepto y estrategia del instrumento político para ampliar el espectro de acción política hacia lo económico y social a través del Gobierno central.

Posicionamiento político ante la coyuntural configuración política.

En función a los cuatro años anteriores, por ahora queda la certeza de que las relaciones y tensiones políticas con las que el gobierno dinamizó su acción política han cambiado debido a la naturaleza diversa de los sectores a los que el Gobierno central se ha visto enfrentada en la primera mitad del presente año. Un análisis crítico en las esferas gubernamentales (si hay intensión de hacerlo) debe partir considerando que las  alternativas estratégicas, que sirvieron para enfrentar a grupos de poder regional, logias y cívicos de la media luna, no son adecuadas para aplicarlas ciega y cerradamente para construir hegemonía aprovechando la demanda sectorizada y regional en la que participan movimientos sociales y sectores económicos y políticos diversos (Menos aun tratar de meterlos en la misma olla en la que se cocinó el debacle de las fuerzas reaccionarias).

Algún analista podría esforzarse por encontrar semejanzas o parecidos y al lograrlo lo mas probable es que llegue a conclusiones que lleven a repetir la vieja receta liberal (muy útil en la lucha por el control del Estado) que se sintetiza en al “Acatamiento de la Ley” y la respectiva imputación al desacato o la violación de la misma. Pero ¿Qué Ley es confiable y aplicable a fines estratégicos de transformación social y empoderamiento de la sociedad en circunstancias en que la legitimidad de las leyes está en tela de juicio, no por sus efectos mismos, sino porque el proceso viene caracterizado por los cambios de la estructura jurídica del Estado Plurinacional?  

Con lo anterior, es importante poner en evidencia tres conjuntos de hechos dinámicos que ayudarán a  profundizar el análisis del presente político ya sea para viabilizar el proceso de cambio dentro una gama de intereses que buscan posicionar un nuevo liderazgo en la nueva configuración política en continuidad al proceso constituyente o viabilizando el liderazgo hacia la restauración de la vieja normativa y las viejas relaciones y estructuras de explotación y exclusión social.

1.      Liderazgo personal frente al institucional.

Una primera manifestación que el momento arroja como elemento precedente a  conclusiones es que el proceso de cambio ya no se asienta en el liderazgo personal o caudillista, en la misma magnitud y significancia cualitativa con la que se asentaba durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, de los procesos de consulta  popular por las autonomías, del revocatorio de mandato de autoridades ejecutivas electas y de las elecciones de autoridades nacionales y gobiernos autónomos ocurridos entre el 2006 y 2008. En ese entendido se constata que el momento de Cambio a favor de las grandes mayorías nacionales no se cualificará desde el potenciamiento o debilitamiento de caudillismos políticos regionales o nacionales sino desde liderazgos institucionales asentados en las regiones y con impacto en el ámbito nacional. Esto supone visiblemente un sesgo preferencial de la ciudadanía hacia la aceptación de una nueva institucionalidad positivada que supere en si misma los remanentes y resabios de las prácticas dictatoriales heredadas de las épocas de gobiernos militares, de corrientes golpistas y de los periodos de  democracia liberal que ignoraron el valor de la participación social en las decisiones estatales.

2.      Degradación de la calidad normativa revolucionaria.

Un segundo hecho refleja la degradación del impulso revolucionario que se generó a partir del 2000, centrado en la construcción normativa del Estado Plurinacional, donde la CPE y la construcción de su contenido fue movilizador y entendida en su conjunto como una ruta revolucionaria, propia y en legitimidad de una nueva organización estatal en concordancia con las aspiraciones de las mayorías marginadas  y excluidas históricamente.

Hoy, las nuevas normativas en construcción no movilizan favorablemente a los votantes y actores del cambio, al grado de generar una especie de catalepsia y acriticidad con argumentos justificados en la fidelidad al liderazgo del presidente Evo Morales. Los que se movilizan lo hacen para cuestionar el contenido normativo propuesto por el nivel central, desde el Órgano Ejecutivo y Legislativo principalmente. Es evidente que la normativa en su esencia revolucionaria se degrada a medida que se avanza desde las leyes orgánicas y leyes derivadas del texto constitucional. En esta mirada se constata que el curso del cambio pierde sus atribuciones de transformación revolucionaria encaminada a crear  relaciones sociales, económicas y políticas igualitarias y armónicas con el Vivir Bien.

Este proceso de degradación o descomposición revolucionaria, como no podía ser de otra manera, mantiene callados a los grupos de poder económico porque los relocaliza favorablemente en la estrategia de desarrollo económico, pero altera los ánimos de los radicales del movimiento obrero y campesino porque los mantiene como mano de obra expuesta a relaciones asalariadas de explotación regularizadas por Estado pero en protección de la Empresa Privada y la Empresa Estatal mas que la protección social de la fuerza de trabajo.

3.      Conflictos y demandas que ignoran el Plan Nacional de Desarrollo y viceversa.

Un acontecimiento que se suma a los dos anteriores  viene de los conflictos y las demandas regionales hacia el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos.

Definitivamente las demandas y exigencias sectoriales y regionales, en voces de sus actores sindicales, corporativos y asociativos de diversa índole denotan el desconocimiento o desacuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo PND. En las actitudes de los negociadores institucionales como los ministerios y sus entidades dependientes se detecta la falta de recursos políticos y metodológicos de persuasión para encaminar el proceso de cambio desde el Plan Nacional de Desarrollo.  Estos hechos muestran que el Plan Nacional de Desarrollo elaborada el año pasado no está acorde a la nueva normativa y los desafíos de la   nueva realidad económica política y social y que su elaboración no responde a las expectativas que el proceso de cambio generó en los movimientos sociales y sociedad civil.

El Plan Nacional de Desarrollo tendría que ser al menos reformulado y divulgado en las regiones, los gobiernos autónomos, los movimientos sociales y la sociedad civil, con el sentido de preparar una plataforma de negociación permanente. Lo que se ha visto estos últimos meses es que las movilizaciones radicales en torno a las demandas regionales y sectoriales han sido resueltas con compromisos gubernamentales que no los cumplirán, uno porque no existe el presupuesto destinado por el Tesoro General de la Nación; dos porque ningún Servidor Público asumirá la responsabilidad al margen de determinaciones y presupuestos institucionales; y tres porque la necesidad sectorial y regional está subordinada a las necesidades de desarrollo productivo nacional. Esta claro entonces que toda atención a la demanda social pasa por cambiar la matriz de planificación productiva del Estado Plurinacional.

Viabilidad del nuevo liderazgo.

El liderazgo del cambio, se dijo mas arriba, ya no viene de la mano del caudillo o del liderazgo personal. La diversificación de las demandas de sectores y grupos sociales y la relación formal de la sociedad con el Estado en condiciones de igualdad jurídica ha sentado nuevas bases para institucionalizar la ruta de desarrollo y la vía de la demanda social en miras a superar medidas de comercialización y presión que afecten el interés colectivo. Por ahora ya se intuye que la solución a la demanda social no se viabiliza a partir de decisiones unilaterales sino desde decisiones con respaldo institucional. Lo contrario expone al caudillo a  juicios de responsabilidades y otros. Esto es lo que debe comprender la sociedad civil y los movimientos sociales y sobre esto debe elaborar su estrategia de participación social. El movimiento revolucionario debe estar atento, alerta y ser “revolucionariamente” consecuente para impregnar de principios, ideología y ética a las normativas en construcción. Cabe afirmar  que las condiciones coyunturales están plenamente adecuadas para desarrollar liderazgos institucionales sostenibles y declarar un receso a toda forma de caudillismo.     

En cuanto a la institucionalidad estatal, esta debe ser revolucionaria, revolucionar relaciones interinstitucionales y marcar ruta de transformación política, económica y social, dejando de  ser engranaje instrumental de dominación, explotación y expansión del poder. En otras palabras la institucionalidad  para ser revolucionaria debe dejar de ser restauradora del viejo sistema constitucional. Una Asamblea Legislativa que restaura el viejo Estado será siempre contrarevolucionaria.

Finalmente, el Estado Plurinacional será un Estado fuerte  y solido en tanto revolucione y proyecte el fortalecimiento de la institucionalidad (sometimiento institucional) a  vías, programas, normas, derechos, obligaciones creadas colectivamente y en consenso. El sometimiento institucional a las leyes no debe ser sinónimo de sometimiento del ciudadano a las leyes, sino el ejercicio de ciudadanía apegado a un (nuevo) orden constitucional.   

La Paz, 04 de septiembre de 2010.

ENTRE LA DEMANDA Y LA ACCION POLÍTICA

ENTRE LA DEMANDA Y LA ACCION POLÍTICA.

Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte

Es prudente especular sobre el conflicto en Potosí caracterizándola como Cívica – Política y considerando dos ejes de análisis. El primer eje debe mantener la certeza de que los movimientos sociales y la ciudadanía en Potosí fueron movilizadas con demandas legítimas (demandas postergadas a lo largo de los últimos años), y el segundo eje reconociendo la acción y presencia de fuerzas político partidistas mimetizadas en los debates y deliberaciones orgánicas para direccionar las movilizaciones hacia objetivos particulares y concretos.

¿Cuáles son los componentes de estos dos ejes de análisis?

Un componente que estampa el debate mediático, en todo el tiempo que duró el conflicto, es que el equipo de ministros que asumió la responsabilidad de negociar en representación del Gobierno Central miró el componente político y centró su análisis en el caso de suspensión del alcalde René Joaquino y la acción de sus seguidores. Es innegable que la irrupción violenta de partidarios de René Joaquino durante la sesión del Consejo Municipal del 27 de julio obligo al equipo ministerial a centrarse en este hecho que a voces tuvo el fin de evitar la suspensión a la autoridad electa y en consecuencia preparar hacia adelante una serie de acciones improvisadas en rebeldía a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para mantener en el cargo al ejecutivo del Gobierno Municipal.

De las declaraciones del presidente del Comité Cívico Potosino (Comcipo) se sabe que los activistas del Gobierno Municipal de Potosí y seguidores de Joaquino participaron en la movilización mimetizados en las organizaciones sociales y en las demandas del pueblo potosino. De los debates en el Consejo Consultivo Potosinista, es sus determinaciones y condiciones exigidas para abrir el diálogo con el gobierno se recupera que los activistas de Alianza Social (AS), buscaron posicionar una dura defensa de facto para preparar condiciones que justifiquen manifestaciones y actos violentos y evitar la destitución de Joaquino. Esto último no ocurrió y el 18 de agosto, a dos días de los acuerdos entre Comcipo y el Gobierno, el Concejo Municipal procedió a la suspensión del Alcalde que fue protestada en horas de la mañana por un pequeño grupo de mujeres desde una huelga de hambre y que en horas de la tarde fue levantada a sugerencias del propio René Joaquino.

Para marcar líneas estratégicas, si bien, el equipo ministerial tuvo la necesidad de seguir el hilo conductor del análisis político centrado en la suspensión de Alcalde potosino y la resistencia por parte de sus adherentes y militantes de AS, se concluye que este punto de vista fue válido antes del 27 de julio y lo que se dio a partir del 17 de agosto, en el intervalo que comprende estas dos fechas el eje de análisis tendría que haberse caracterizado desde lo cívico y reivindicativo regional, pero eso no lo entendió el equipo ministerial y se movió y razonó dándole continuidad a un hecho meramente político. Solo así se explica la falta de atención inmediata a las demandas de los cívicos y la de los pobladores de Coroma (Tema de límites municipales), el crecimiento acelerado de las movilizaciones y la radicalización de las medidas de presión. Explica además el por qué aquellas organizaciones potosinas que al iniciarse las medidas de presión se oponían y hasta repudiaban las determinaciones del Comcipo, a los dos o tres días fueron protagonistas importantes de los bloqueos, el cabildo y la determinaciones radicales en el Consejo Consultivo. (Juntas vecinales, mineros cooperativistas, ayllus y otros).

En un contexto confuso en sus inicios, el pueblo potosino se movilizó improvisando mecanismos y recursos provistos de su vida cotidiana y en la medida que avanzaba el conflicto y el gobierno negaba y desconocía el valor democrático y cívico del mismo, se generaron las condiciones para que el pueblo asuma la conducción de la huelga indefinida. Entonces el mando el debate y deliberación se posicionó en las calles, las carreteras y los centros de concentración pública. Los dirigentes del Comcipo pasaron a ser rehenes de las masas. Las masas se enfrentaron participativamente al Estado y a toda una estructura ideológica de mando central. Las masas en su avanzada más radical movilizaron e instauraron por una semana un régimen organizado de defensa contra el Estado. Potosí durante la segunda semana de huelga fue “Organización Social” y no Estado, por eso reclamó la presencia y el respaldo del líder y no la representación institucional del Estado. Las masas, cuando repasaron su historia, cultura e identidad, miraron integralmente a “Su Potosí” y potenciaron su facultad organizativa y desarrollaron la capacidad de tomar decisiones con criterio colectivo, esto fue mas allá de lo que pudo imaginar Joaquino, sus seguidores y el Gobierno Central. El salto cualitativo de la movilización a la organización separó la maniobra política de la demanda regional para beneficio del equipo ministerial que vio finalizado toda resistencia a la suspensión de Joaquino.

El pueblo potosino marcó rumbo y agenda en el conflicto, dentro los límites de la democracia participativa y directa y se constató que si el gobierno quiso “disciplinar” a sus votantes, como plantea un analista, el caso no se dio. Igualmente si el gobierno uso la estrategia del desgaste, tampoco le resultó.

Finalmente se tiene que afirmar que el proceso constituyente tiene que ser reconducido desde la propuesta y la acción de las masas para superar las contradicciones de la economía neoliberal y revertir la restauración de la vieja institucionalidad liberal.