DEMOCRACIA Y REPRESENTACION

A veces se dice entre-dientes que es de “malagradecidos” molestarse por lo poco que se recibe, cuando siempre recibieron “nada” Otras veces no se quiere escuchar al opositor prejuiciado por defender intereses opuestos a los nuestros y se peca de autoritario o tirano.
Con esas dos caracterizaciones sobre la conducta de los hombres vale la pena intentar desprejuiciarse de ambas antes de hacer un recuento del proceso constituyente en medio de la confrontación política en la sesión congresal iniciada el día jueves 9 de abril y el preámbulo de concertación sobre la Ley del Régimen Transitorio electoral que obligaron al Presidente del Congreso declarar muchos cuartos intermedios (recesos) repetitivos ante el abandono de los congresistas opositores del hemiciclo parlamentario y que dejaron al congreso sin quórum.
Dos aspectos se debe rescatar: a instancia primera nos encontramos ante ligeras pautas de la existencia de un interés colectivo en función al acto electoral de diciembre; y en segunda instancia la evidencia de que desde los movimientos sociales, cívicos y pueblos indígenas se testifica la importancia del respeto y apego a la Ley, en el sentido de que la ciudadanía comprende que toda legislación responde a un mandato del soberano para que cumplan los legisladores y que hay una norma constitucional que somete al ciudadano, para que ninguna presión hacia su cumplimiento incurra en la ilegalidad a nombre de la legitimidad.
Después de una revisión de archivos también se quiere mostrar en este trabajo la legalidad y legitimidad de las manifestaciones del bloque cívico prefectural, la prensa y otras instancias en cuanto a la tarea auditora del padrón electoral, y al mismo tiempo identificar las negativas al avance del proceso constituyente fundamentalmente cuando al margen de la nCPE se oponen a las representaciones indígena originaria campesinas.
Igualmente desde una exploración de hechos y de la legislación nacional que permitieron procesos de apertura e inclusión a las representaciones parlamentarias de izquierda y de los movimientos populares se pone en consideración elementos de análisis para explicar parte de la actual crisis política en camino a las elecciones de diciembre de 2009. Esto permite desde un breve repaso histórico especular sobre procesos apegados a la implementación de la nCPE y la realización de las elecciones hacia la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Breve repaso histórica hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los movimientos revolucionarios post a la revolución del 52, aun con el relevante protagonismo de la clase obrera boliviana y el campesinado organizado no pudieron constitucionalmente (ni se pensó seguramente) crear (o simplemente introducir) en el Poder Legislativo del Estado Nacional la representación parlamentaria obrera – campesina, como escaño especial o exclusivo. No se diseñó un congreso policlalsista, pese a que (desde la acción y el discurso político) se reconocía a la lucha de clases como motor de la historia dentro la estrategia de la alianza de clases sociales, la construcción de un Estado – Nación y el influjo de una revolución democrática burguesa. El diseño estatal boliviano emergente del 52 construyo los pilares políticos y económicos del voto universal, la Reforma Agraria y la nacionalización de las minas pero no los tomó en cuenta para realizar significativas transformaciones jurídicas a la democracia representativa de 1945 y hasta unos años mas de la mitad del siglo pasado no se intentó elaborar una estrategia seria y consistente de lucha con sustento ideológico y estructural clasista dirigida exclusivamente a la recomposición del parlamento. La CPE de 1966 (que reafirmaba la CPE de 1945) bajó todo el impulso y profundidad de la ideología radical y el compromiso generado desde la consciencia de clase del proletariado (fabril y minero), campesinado, clases medias de la izquierda marxista, mahoista y trotskista. La irrupción de las guerrillas en Latinoamérica y en particular en Bolivia terminó en irracionales persecuciones política y militar en nombre del resguardo constitucional y de la democracia (en el periodo del gobierno constitucional de Barrientos), mas tarde fue a la inversa.
Un hito importante lo marca la Asamblea del Pueblo propuesta en el gobierno de Torres y desechada (en parte) por dirigentes de la COB y por partidos políticos de vanguardia. En realidad la asamblea corporativa como propuesta y ofrecimiento no tuvo la fuerza cautivadora para el liderazgo obrero y campesino, debido a que (aparentemente) no se enmarcaba a los interés revolucionarios, pero más que por conciencia de clase y factibilidad real fue por prejuicios y celos políticos de líderes reformistas enfrentados entre si.
La guerrilla y la izquierda (antes de J.J. Torres y después a él) no dio al campesinado organizado y los pueblos indígenas bases ideológicas y enseñanzas prácticas para demandar representación específica en el poder legislativo. Esto les llevó a comprender débilmente la propuesta al respecto de la Asamblea Popular del 71. La respuesta de la “Bota militar” se anticipó a la dubitante dirección obrera campesina, así el golpe de Hugo Banzer Suárez en alianza con el MNR y la FSB conformó poco a poco una mirada distinta de participación política. La extrema represión y persecución política, quitó iniciativa a las tendencias de la izquierda popular y limitó todo emprendimiento a una resistencia popular para avanzar poco a poco hacia nuevas iniciativas de lucha que desencadenaron en la apertura democrática en 1978. Es en este periodo de resistencia a la dictadura y apertura a la democracia que emerge el planteamiento de mayor protagonismo campesino en el quehacer político dentro el juego de la democracia liberal. La democracia representativa y la lucha del pueblo boliviano a las que se sumaron partidos políticos radicales y conservadores de derecha e izquierda (salvo el POR) valoraron la importancia de disputar la representación parlamentaria desde la norma constitucional y así se fue dando cuerpo revolucionario a la democracia desde su carácter representativo en tanto opción de difusión y acúmulo de argumentos políticos, económicos e ideológicos hacia la revolución social.
En la década del 70 a diferencia de los 60s, era otro el contexto de la lucha políticas sobre todo en el ámbito parlamentario, que fue clausurado en 1969 hasta a finales de los 70. Acompañó a las medidas antidemocráticas la anulación de la vigencia de cualquier partido político y la acción sindical, hasta la realización de las elecciones nacionales en 1978. De muchas maneras la hegemonía de las fuerzas conservadoras en los 60 y el cierre del congreso en los 70 por corrientes militaristas llevó a las fuerzas políticas de izquierda y fuerzas democráticas de derecha a volver al sistema democrático sin ninguna reforma constitucional y posiblemente sin pensar que en ella podría almacenarse opciones reales de transformación hacia la revolución social. De hecho eran décadas donde la dictadura militar y dictadura democrática burguesa se enfrentaba antagónicamente a posturas ideológicas afines a la instauración de la dictadura proletaria y popular vía insurrección armada de las masas o la conformación de un ejército revolucionario desde la resistencia o a partir del foco o la guerrilla (rural y/o urbana)
Las fuerzas populares en su visión hacia el poder legislativo posterior a las dictaduras militares y ante el rol del parlamento durante el gobierno de Siles Suazo comprendió que dos de los tres poderes constituidos independientes entre sí, dependían y estaban al servicio de las clases dominantes y grupos de poder civil con estructura política y económica aun ligados a las vigentes logias militares y consolidadas logias civiles. Fue el periodo donde la representación parlamentaria en minoría (frente a las fuerzas de derecha) sintió la fuerza del poder callejero de las masas, pero con insuficiencia en la llegada hacia el poderes constituidos. Esto fue durante la instalación del parlamento del 80 al retorno del sistema democrático del año 82 con la presidencia de Siles Suazo y la vicepresidencia de Paz Zamora. En esos años se pudo apreciar la fuerza desestabilizadora y alta perversidad del Poder Legislativo en manos de las fuerzas reaccionarias. Hoy podemos apreciar (bajo otras condiciones) la perversidad del parlamento y por ello corresponde a los movimiento y pueblos indígenas que impulsan los cambios por medio de instrumentos legislativos aclarar el rol que vienen jugando los representantes del bloque de poder opositor. Así en la medida en que se saque enseñanzas sobre lo que vino a partir del 80 y posterior a ellas se podrá ilustrar de manera mas calara y científica el rumbo que debe tomar y los obstáculos que debe encararse en la implementación de las nuevas etapas del proceso constituyente.
Ahora a casi 20 años de las primeras marchas de los pueblos indígenas de las tierras bajas en pos de una nueva Asamblea Constituyente, se ve que el problema de los cambios no pasan por elaborar un listado de reivindicaciones y hacerlas llegar al legislativas, sino de impulsarlas y participar en la elaboración de ellas; que no se trata de pedir ser solamente escuchados, sino de debatir de igual a igual en el centro de la Asamblea Plurinacional. Para los movimientos sociales, obreros y campesinos en general y para las naciones indígenas originarias campesinas, la nCPE no tendrá sentido si ellos no están en el corazón del debate y la deliberación, es decir si no están en la Asamblea Legislativa Plurinacional como representantes del Estado Plurinacional. La idea de participar políticamente y cambiar el Estado de injusticia, servidumbre y explotación desde la democracia representativa es una opción que ha venido madurando históricamente y a la cual la retrógrada postura opositora ni la extrema radicalidad de las corrientes antiparlamentarias la podrá detener.
La negociaciones entre los opositores y el oficialismo en la comisión de concertación (preámbulo de la sesión congresal del jueves 6 de abril, han mellado los avances que se dieron en los acuerdos incorporados en la Cámara de Diputados al quitarles 6 representaciones parlamentarias. Pero en el fondo se cuestiona la exclusión de las representaciones indígenas en las negociaciones, que en los hechos significó la debilidad del equipo negociador del oficialismo. Faltó convicción para entender que la fuerza y potencial del Estado Plurinacional está en proporción a su composición plurinacional, y que el Estado Social de derecho unitario y autonómico ahora estará en proporción a su composición policlasista y en respeto a la igualdad de género ya dado nominalmente en el modelo de desarrollo económico con sustento constitucional.
El tema de la composición parlamentaria y los avances para incorporar de manera mixta miradas corporativas esta ya al orden de las nuevas reivindicaciones de los hasta ahora excluido y de los nuevos actores que demandaran participación mas cualitativa. Estamos hablando del proletariado, clases medias y nuevas representaciones regionales dentro la organización territorial del Estado Boliviano.

Significado coyuntural de los escaños, el voto y el padrón electoral

A).- De muchas maneras es pertinente considerar que las representaciones en el parlamento a través de los partidos político, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas son conquistas del enfoque que dejó momentáneamente la estrategia de la lucha armada para la toma del poder. Así, la vía de la Asamblea Constituyente, el nuevo texto constitucional y los escaños especiales en la Asamblea Legislativa Plurinacional son la continuidad de miradas críticas a la realidad y que persiguen nuevos fines dirigidos a la representación legislativa. Esta mirada centrada hacia la Ley transitoria electoral (ahora más que antes) está entroncada a la conquista de la Asamblea Constituyente y a la demanda de mayor inclusión, a la Asamblea Legislativas Plurinacional (Después de los resultados desfavorables en la Comisión de Concertación, la CIBOB amplió su estrategia conquista de la democracia representativa a la cámara de senadores: marcharan y demandarán de nuevo, pero ahora para tener senadores en la gestión de 2015, y sin duda su representación significativa en los gobiernos regionales departamentales y municipales). La asamblea legislativa plurinacional definitivamente es el órgano del Estado donde los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos deben albergar a sus representantes elegidos tal como lo demanda la nCPE.
La sustancia de la Asamblea Legislativa radica en la expresión ideológica y representativa de sus miembros y en la coherencia de su postulado dogmático con la realidad en ejercicio.
B).- Para avanzar en la profundización de la democracia desde el voto universal en la estructura estatal boliviana, se tuvo que dar pasos importantes cualificando la participación ciudadana. Por solo dar algunos elementos de análisis se debe resaltar la inscripción de electores y el voto secreto que paso del uso de la papeleta partidaria a la papeleta multisigno. Ambas medidas son partes de un proceso de democratización y de minimización del fraude y exclusión. Antes de la papeleta única de sufragio, multicolor y multisigno (incorporada por la Ley de abril de 1980) de poco servía una campaña de opción de voto si el elector (teniendo preferencia por un candidato) en el recinto plebiscitario no encontraba la papeleta del partido o del candidato de su preferencia. Otro avance importante fue el de las representaciones uninominales incorporadas en 1994 (en la mitad igual al de los plurinominales). El nuevo aporte sin duda viene de la elección por medio de usos y costumbres junto al de los escaños especiales. Es en estos aportes donde de puede hallar el enriquecimiento de la representación parlamentaria en el nuevo Estado plurinacional.
C).- Ahora en cuanto a la inscripción de registros de electores iniciado en 1883, también este tiene su proceso de modernización, que después de ser interrumpido durante las dictaduras de los 60 y 70 se retoma en 1985 y se moderniza en 1993 cuando se instruye a la Corte Nacional Electoral establecer un sistema computarizado de información electoral que, a la vez, permita la auditoría de sistemas, que podrán ejercitar los partidos políticos, los medios de comunicación social, los entes cívicos y las Universidades, para lograr idoneidad y transparencia en el manejo de datos (Ley 1453. Modificación al artículo 20 de la Ley electoral).
Es así que uno de los mecanismos idóneos de la actividad plebiscitaria radica en las auditorias de la base de datos del padrón electoral. En ejercicio de cumplimiento al mandato que la Ley otorga a la ciudadanía, cívicos, medios de comunicación es que la corte Nacional Electoral debe permanentemente hacer seguimiento de sus observaciones y dar explicaciones y respuesta acordes a la realidad. Esa es la forma que permite diseñar y sumarse u oponerse a la demanda y ejecución de un nuevo padrón electoral desde la facultad fiscalizadora normada. Es claro considerar la legalidad del accionar de los cívicos y los medios de comunicación, sin embargo en necesario evaluar los aspectos técnicos de todo emprendimiento y esa medida poder avanzar con un nuevo registro electoral biométrico que ya el propio presidente de la república ha anunciado su decisión de apoyar en caso de que se garantice las elecciones de diciembre de 2009 y técnicamente sea viable en función al tiempo y recursos económicos. Si no será un desacierto seguir oponiéndose.
Al avanzar con el registro biométrico avanza la democracia boliviana y supera aquella propuesta del bloque cívico prefectural de realizar un referéndum y un nuevo empadronamiento por mecanismos manuales y base de datos computarizados. Hoy la participación conjunta del pueblo boliviano y la comprensión de los avances tecnológicos permiten superar el nudo giordano del conflicto congresal, dando por terminado aquello que los opositores podían haber seguido manejando por mucho tiempo mas en caso de que su postura se mantenga en obstaculizar las elecciones del 2009.
D).- La representación uninominal, sin duda incorpora al electoralismo boliviano un significativo aporte democrático pero, de nuevo sin la perfección (que en los hechos no las tiene) de la lógicas matemáticas de un voto = un ciudadano. Queremos decir que más que ligarse o acercarse a la ecuación tan difundida y reclamada por la oposición encontramos en la vieja y la nueva CPE una ruptura a la proporcionalidad en la elección de candidatos en criterios de territorialidad y densidad poblacional. La crítica de la oposición sobre los escaños especiales al apoyarse en la ecuación mencionada es nociva y contradictoria y por ello de nuevo nos muestran un bajo nivel de análisis político opositor o una intencionalidad de mentira premeditada.
En primera instancia la distribución de senadores por territorio da a cada uno de los departamentos representación (3 senadores según la vieja CPE y 4 según la nCPE) no en distribución de proporcionalidad poblacional, sino en función a la organización territorial o unidad territorial departamental.
Hay departamentos con apenas la quinta parte de ciudadanos en comparación con otros departamentos, sin embargo los nueve departamentos independientemente de su densidad poblacional tiene la misma cantidad de representantes en la Cámara de Senado. Las representaciones de diputados tampoco tienen una relación de distribución proporcional a la cantidad poblacional ya que se parte de un mínimo de 5 por departamento antes de la distribución en función al total de ciudadanos bolivianos.
Es plenamente evidente que la manera de distribución de escaños no es en equitativa proporcionalidad a la densidad poblacional, esta distribución de escaños no ha objetado la oposición, entonces ¿Por qué tienen que oponerse que una nación y pueblo indígena con menos población que una circunscripción territorial tenga representación igualitaria al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado cuya base dogmática la define como Plurinacional? ¿De donde sacan los opositores que esa su famosa ecuación de un voto = un ciudadano se ha aplicado para distribuir escaños desde la Lay Electoral?
La asignación de escaños tiene que darse en virtud al tipo de Estado y las representaciones que su modelo lo exige, y nuestro Estado plurinacional exige representación de las naciones en una cantidad significativa y no de limosna negociada a las espaldas de las naciones indígenas originarias campesinas
Cuando el texto constitucional dice que “La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesino, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, ni la continuidad geográfica” (Artículo 147. inc III) nos está dando la inmediata referencia de la diferencias de distribución de los escaños especiales con los correspondientes a diputados uninominales y plurinominales. Acá se manifiesta la supremacía de la parte dogmática de la nCPE ante la reglamentación de la Ley. Es esto lo que la oposición quiere ocultar.
Si especuláramos (forzados por las circunstancias) sobre la densidad poblacional como un único criterio condicional para la repartición de escaños tendríamos que pensar en una asamblea unicamaral (a la que la oposición se opuso siempre) y dejar de ser un Estado Plurinacional, y en ese caso sería importante establecer criterios de clase o de género. Quedaría sin aplicación la representación política por medio de los partidos políticos y la distribución habría que hacerse desde censos específicos, así por ejemplo si el 10 % de la ciudadanía boliviana son dueños de los medios de producción (burgueses), entonces que estos tengan solo una representación del 10 % en la Asamblea Legislativas “Corporativa” y los 0tros 90 % las distribuimos entre obreros, campesino y clases medias. O se podría tener una Asamblea Legislativa de “Género” asignando el 51 % de escaños a mujeres y el resto a hombres ya que en Bolivia hay mas mujeres que hombre, pero el caso es que no se trata de lo uno ni lo otro. De lo que estamos hablando es de una Asamblea Legislativa Plurinacional y la esencia de esta asamblea debe estar dada por la representación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y a posterior tener en cuenta la territorialidad a partir de las autonomías indígena originaria campesina.
El error de las fuerzas opositoras es pensar que la ecuación de un voto un ciudadano es una regla que se puede aplicar a la hora de diseñar la distribución de escaños, y eso es completamente falso, la ecuación debe mas bien entenderse como principio constitucional para cuantificar el número de votos al elaborar la distribución proporcional de escaños entre las organizaciones participantes en las elecciones. Y en ese sentido hasta ahora ha funcionado y seguirá haciéndolo. Los escaños especiales son pare también de esa lógica pero después del voto y en caso de que se disputen dos o mas ciudadanos el mismo espacio congresal.

El intento por desconocer el Estado Unitario Plurinacional lo fortalece.

Lo que estamos presenciando en estos últimos días es el desesperado y tal ves último intento de desconocimiento al Estado Unitario Plurinacional por parte de los grupos y logias de poder agrario – cooperativo, por un lado quitándole la representación de las naciones indígenas originaria campesina desde burdas justificaciones de representación legislativas en proporcionalidad poblacional y por otro oponiéndose al proceso desde otros reclamos en unos casos válidos en otro no. La oposición sin querer aportar aporta a la consolidación del Estado Plurinacional social de derecho y con autonomías desde algunos de sus puntos aparentemente contrapuestos a la postura gubernamental, pero no al Estado en construcción, tal es el caso del padrón electoral, la demanda autonómica, el derecho regional y otros
La nCPE es el diseño de un Estado diferente al anterior, primero porque ya no es un República Unitaria con el único derecho político ejercido (como elector y elegido) a través del voto universal y secreto, y segundo porque ya se trata de un Estado Plurinacional, donde la fuerza en la composición de representación tendría que darse por la existencia de naciones que comparten derechos en calidad de iguales. En si misma se trata de reconocer una representación que no responde (en su distribución parlamentaria) a criterios de densidad poblacional. De una vez por todas se debe entender que: en cuanto a derecho político; una nación representada en el parlamento significa la culminación de una primera etapa en la demanda y la lucha de las naciones indígena originario campesino para comprenderse como parte indisoluble del Estado Boliviano.
Lo que se debe lamentar es que, el proceso de cambio asumido activamente por los ciudadanos, se haya manoseado mas allá de los permitido, en una negociación en la que el oficialismo se dejó embaucar por la oposición, cuando ésta busca seguir acompasando los destinos de las naciones indígenas originaria al ritmo de sus intereses particulares de poder ignorando los cambios y la profundidad del nuevo Estado boliviano. Ataca al mismo tiempo la débil alianza de la dirección indígena con el MAS cuando después de que el número de escaños especiales ya fuese sometido a acuerdos entre los portadores del derecho y las instancias de representación. Las logias de poder cruceño representado en el parlamento aun insisten en quitarles, tal ves no sus derechos en si mismo, pero si los argumentos de respaldo a la nCPE y separarlos de sus aliados potenciales.
Quitar escaños a los pueblos indígena originario campesinos, mas de los que ellos han aceptado, amerita denuncias y movilización en contra del Parlamento Nacional y sobre todo en contra de la oposición que se resisten a comprender que los escaños especiales no son votos para ningún partido y no es de ninguna manera la ciega levantada de mano.

Los escaños no son votos congresales para elegir presidente.

Es un agravio para los pueblos y naciones indígena originario campesino que la oposición intente minimizar la representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional con argumentos incorrectos y sin sustento constitucional, como aquel que dice que – “El MAS apoya los escaños especiales elegido por medio de usos y costumbres y la nominación a cargo de la CIDOB, CONAMOQ y la CSUTCB, porque son votos para EVO- . Este argumento se derrumba desde el sentido común de un ciudadano, ya que a ojos de la opinión pública casi todo hace ver que la intensión preferencial del voto a favor de Evo y Álvaro no baja del 50 % y el de la oposición no sube de 20 %, pero aun esto se invierta, se tienen al menos que informar a la oposición (si aun lo ignora) que con la nCPE al ejecutivo (Presidente (a) y Vicepresidente (a) se lo elige por voto directo universal y secreto donde no participa para nada la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional no tendrá ninguna facultad constitucional para elegir presidentes, ni siquiera en caso de renuncia, impedimento o ausencia definitiva. Ya todo está normado y la Asamblea Legislativa solo tiene que dar curso a las norma de sucesión. O sea aquello de que los escaños especiales son para Evo es un burdo invento. Seguir haciéndole coro a estas posturas es en definitiva ignorar la forma de elección del presidente y vicepresidente. (Revisar artículo 166 – 169 de la nCPE)
Sin embargo aun podrían argumentar su oposición afirmando que el voto se refiere a la búsqueda de hegemonía masista en la Asamblea legislativa Plurinacional que contrarreste la correlación de fuerzas de la actualidad. Pues si van a querer controlar la mayoría masista en la ALP, es claro que van a lograrlo solo si evitan llevar a cabo las elecciones de diciembre de 2009, y eso definitivamente es inevitable.

Algunas consideraciones colaterales al respecto de los acuerdos

Ha estas alturas ya la población debía empezar a demandar mas coherencia en el accionar de la oposición ha sabiendas de que la vida política se mueve por mandato constitucional y legislaciones constitucionales. Sara muy útil al proceso si la oposición se acomoda con las deficiencias y el alcance limitado que el sistema a lo largo de más de más de 25 años no los ha podido resolver al 100%. Igualmente, es pertinente expresar la apreciación de que los movimientos sociales pueden (en la medida de su interiorización y valoración del proceso constituyente) ir ajustando su accionar a lo establecido en la norma constitucional para las distintas situaciones de conflicto y deliberación parlamentaria.
En cuanto a la relación de proporcionalidad de electores y elegidos, si pensamos que una circunscripción tiene alrededor de 60 mil electores, es claro que el 30 % que óptimamente llega finalmente a ser la mayoría relativa para ser designado ganador significa algo así como 18 mil electores, pues con esa cifra tendrían que argumentar los que niegan el derecho a la representación de los pueblos indígenas originarios campesinos a tener su representante.
La oposición parlamentaria (con ayuda de Evo Morales), para enriquecer el proceso constituyente metió goles y autogoles a la democracia en esta la última sesión parlamentaria. Eso es positivo, y lo será mientras el debate y las soluciones a la legalidad se las traten en el centro de donde sólo en extremos de convulsión política puede salir para su tratamiento. El resultado favorable mas claro para el bloque opositor es que empieza a verse la luz que relaciona y reencuentra a la las representaciones parlamentarias con los bloques cívicos prefecturales de la media luna. Esto en término de las elecciones del 2009 debe ser sabiamente aprovechado para ir (de una vez por todas) dejando posturas indefendibles como la de algunos diputados y cívicos que no quieren ubicarse críticamente dentro los desafíos del proceso constitucional.
En el otro lado de la medalla los movimientos sociales tienen la tarea de seguir organizando en el campo y la ciudad y sobre todo socializando y cualificando el proceso constituyente desde la tarea de la promoción a la inscripción en el padrón biométrico. El triunfo de Evo Morales se repetirá solo en cuanto la población rural tenga acceso a la inscripción biométrica y ¡Ojo! con esto. Preocuparse por dotar al área rural del documento adecuado para el voto es una doble tarea, eso lo sabe la oposición y en cierta manera el reempadronamiento y la exclusividad del carnet de identidad como único documento de habilitación, encierra la intención de excluir el voto campesino y el voto rural, mas allá de la denuncia de fraude y de padrón viciado.
Aparece como nuevo elemento de análisis la alianza Evo – COB a nivel nacional y Evo- COD a nivel departamental, en torno a objetivos electorales y constitucionales, esto en cierta manera induce a pensar que la vanguardia obrera del proletariado boliviano, la izquierda intelectual y pequeña burguesía progresistas no se alejará sustancialmente del proceso constituyente y lo que ello significa en materia de elecciones y de alianzas.
Finalmente queda por delante y analizar y evaluar en detalle la Ley Electoral Transitoria y ser críticos ante la debilidad del oficialismo (o extrema fuerza opositora) en la Comisión Concertadora para ceder en el número de escaños indígena a la Asamblea Legislativa Plurinacional que de hecho era un avance innegociable para el Estado Plurinacional, junto al voto en el extranjero, al menos para esta etapa de régimen electoral transitorio.

Santa Cruz, 13 de abril de 2009