CENSO, CONFLICTO E INSTITUCIONALIDAD

 

Por: Carlos A. Alejandro Lara Ugarte

El conflicto generado desde la demanda de realización del Censo Nacional de Empleo y Vivienda, que por norma correspondía hacerlo en noviembre de 2022 (Decreto Supremo 4546 del 21 de julio de 2021) pero que por el Decreto Supremo N° 4760 se establece como fecha del Censo entre mayo y junio de 2024, tiene que ser analizado y abordados desde enfoques apropiados de Gestión Pacífica de la Conflictividad y premisas constitucionales para no orillar más a la sociedad civil y la institucionalidad estatal a situaciones críticas y evidentes enfrentamientos violentos ideológicos, identatarios, religiosos y/o políticos.

Lo que estamos viendo en el conflicto actual, conflicto por la fecha del Censo es por una lado la continuidad de demandas políticas, económicas y socio culturales  acopladas e instrumentalizadas  por el Comité Cívico Cruceño e instituciones aliadas del sector público y privado; y por otro lo que vemos es la insuficiente e inapropiada gestión pública institucional del nivel central no solo en la administración del conflicto social, sino de la misma gestión a la demanda social, con el agravante de incumplimiento u omisión de mandatos emanados de legislación en vigencia.

Entonces, si lo anterior lo tomamos como premisa de análisis, es inevitable puntualizar que el conflicto está enraizado a intereses políticos y económicos, con demandas coyunturales y fines que buscan cambios estructurales en el Estado, y en razón a ello todas respuesta esperada o propiciada por la demanda cívica cruceña estará siempre expuesta a juicios politizados y de auto-victimización promovida desde viejas y remodeladas consignas anti-centralistas de carácter cívico-religioso y gobernabilidad federativa. 

Y continuando con lo anterior,  pero mirando la institucionalidad del nivel central y autonómico,  es evidente que en este campo, es poco o casi nada se conoce sobre las  acciones preventivas al conflicto por el nivel del gobierno central, pero más allá de la prevención y las alertas que las demandas por el Censo generaron desde febrero del presente año, lo que se evidencio es que, poco o casi nada se conoció sobre  las acciones y tareas que correspondían al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Planificación y Desarrollo y otras instancias con competencia  haberlas realizado empezando la segunda mitad de la década pasada, para efectivizar la realización del Censo el 2022. 

Esta breve puntualización no necesita tanta explicación para deducir que el INE y otras instancias con competencias legales, por lo menos hasta antes del mes de septiembre o la fecha en que se promulgó el Decreto Supremo 4760, decreto que definió en primera instancia  la fecha máxima para la realización del Censo, no tenían una ruta y menos una planificación definida que le permita explicar el camino a seguir, con tiempos, tareas y acciones,; no sólo que debió una explicación al Comité Interinstitucional Impulsora del Censo, sino también a la población altamente susceptible a los errores del nivel central, colectivos y redes del activismo antigubernamental y anti-masista y por estrategia, si así quiere llamarse, socializar ante los sectores sociales componentes del proyecto estatal y afines al Órgano Ejecutivo y sobre todo a los gobiernos autónomos municipales y departamentales, independientemente de sus afinidad política. . 

Lo que vemos  a la fecha del conflicto es la “oculta” pelea de dos miradas políticas tratando de acercarse lo más posible a una fecha ganadora de consigna 2023 o 2024, sin exposición conocida más que los argumentos de supuestos estudios y existencia de eruditos institucionales anónimos, y decimos oculta porque no tendría que ser la fecha en frio el argumento de las diferencias,  si se deja de exponer de manera clara que de la fecha depende lo que podría venir después, además de la redistribución de recursos, la redistribución de representaciones legislativas en el Órgano legislativo  Plurinacional, el 2025. Si la representación política en números es de vital importancia entonces ya sabemos que el Departamento de Santa Cruz es el único que se beneficiara con aumento de representantes en la cámara baja, a cambios de otros departamentos que disminuirán. Esto el gobernador cruceño no lo dirá ya que pone en juicio real la alianza con otros departamentos en su cruzada de desgaste al gobierno central y posicionamiento político del proyecto federal, o más bien del discurso federativo, más que proyecto de Estado.

Y en cuanto a la negociación de la fecha es pertinente recordar a quienes están tratando el tema de las mesas de diálogo que entre uno los argumentos del cambio de fecha desde el Decreto Supremo 4760 están referidas a las épocas estacionales que interfieren la accesibilidad caminera y que determinan la migración  interna por temporada de zafra. Las propuestas en intensión de punto de negociación de cambio de adelanto de fecha a meses de lluvia y de zafra (Diciembre de 2023 o principios de 2024) no se ajustan a las necesidades planteadas para promulgar el DS 4760        

Con los antecedentes puntualizados, es casi necesario considerar que la vía de un espacio de diálogo con resultados negociables en la continuidad radicalizada del conflicto por el Censo está en la fatalidad de tener la marca registrada de lo político, en razón a que lo técnico (Léase  tecnócratas) se ha convertido en puras farsas  argumentativa por parte de los representantes de los dos actores primarios del conflicto. Y es que la conflictividad social en el Estado Plurinacional de Bolivia se entiende de mejor manera en su vía pacífica solo desde la Gestión Pública y el posicionamiento político condicionado al voto universal como vía de decisión soberana del pueblo.

Curiosamente toda gestión con autosuficientes tecnócratas y académicos activistas emprendedores en círculos gubernativos no ha dado respuestas reales a las demandas sociales, y es que en toda salida al conflicto social, sea la del censo o de otra naturaleza,  se incubará desde el compromiso competencial de  la institucionalidad gubernativa tanto del nivel central como de los niveles autonómicos, y en consecuencia asumiendo desde los roles de servidores públicos  que el proceso constituyente, el proceso de cambio y la revolución democrática y cultural demanda y exige ahora de los ciudadanos, de los pueblos Indígenas originarios campesinos y de los movimientos sociales el compromiso real por construir y consolidar el nuevo Estado Plurinacional; ir en ruta contraria es ir creando y generando conflicto irresoluble desde la atención a la demanda social; es ir en el camino de la disidencia y la acción contra-revolucionaria.

La Paz, 26 de octubre de 2022