Desde la encuesta del periódico “El
Deber” traducido a Votos Válidos , se ve claramente que ningún candidato pasa del
30% de preferencia electoral, eso supone una segunda vuelta con predominio neoliberal,
racista - excluyente impregnada de acuerdos y repartijas de ministerios y embajadas
para subastar las empresas públicas y los recursos naturales, violentando la
CPE en concomitancia con el Órgano de Justicia, Órgano Electoral, Ministerio
Público, Ministerio de Justicia y el aparato represivo del Estado.
Estos porcentajes y su
representación es la evidente muestra de que La Legalidad de Consorcio centralizada en el Órgano Ejecutivo y
operada desde los otros tres Órganos del Estado nos está cerrando las puertas
de participación electoral y empujando a la movilización popular
¿Qué
es la legalidad de Consorcio?
La Legalidad de Consorcio debe entenderse como la instrumentalización y
manipulación del soporte jurídico y la institucionalidad estatal competencial que,
a diferencia de la legalidad con mandato constitucional, se activa con patrocinio
de asociaciones influyentes en redes de operadores de la administración de
justicia y la cosa pública y ante intereses de patrocinios vulneradores de derechos
individuales y colectivos.
El efecto más prominente de la legalidad
de consorcio radica en llevar todo proceso judicial a una situación de indefensión
o de cosa juzgada, cerrando toda vía de retorno a la legalidad con mandato constitucional
y judicializando la demanda y conflictividad social.
La Legalidad de Consorcio se sustenta en el uso y tráfico de influencias,
manipulación de la justicia con mandato constitucional, destitución y
suplantación de autoridades, control y chantajes en diversos escenarios, uso utilitario
de la fuerza pública para fines de desapoderamiento de bienes o activos tangibles
e intangibles vulnerando y atropellando derechos constitucionales de personas o
instituciones económicas, políticas y sociales.
En el entendido anterior desde la Justicia de Consorcio se ha ido armando,
estos últimos años, mecanismos jurídicos para desvirtuar y atacar el Proceso de
Cambio y la Revolución Democrática y Cultural; se han armado y obviado procesos
electorales para excluir en las elecciones nacionales a Evo Morales y
neutralizar el caudal de votos que ha logrado acumular el liderazgo indígena,
originario, campesino y popular, y también se está poniendo en tela de juicio
la ética del conjunto institucional de los cuatro poderes del Estado
Plurinacional de Bolivia.
La Justicia de Consorcio está corroyendo toda la institucionalidad
pública y privada, está oxidando toda coordinación atributiva interinstitucional
llevándola a túneles sin otra salida que no sea la trazada por la misma Justicia del Consorcio y sustentadas en
términos de fidelidades y compromisos asumidos por autoridades electas y
autoridades designadas, constituidas en factorías compartimentadas de poder
judicial, legislativo y electoral
Ante la anterior corresponde desconocer
los dictámenes, sentencias y resoluciones que fueron emitidas desde la Justicia de Consorcio y rencaminar las
demandas sociales hacia el derecho de participación política en resguardo de nuestras
conquistas sociales, con la certeza de que los que encabezan las encuestas solo
proponen quitárnosla e implantar un régimen de persecución y sometimiento.
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