CONCULCAR EL DERECHO A LA CONSULTA

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

La VIII Marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB y la Marcha del Consejo Indígena del Sur CONISUR tienen actores que comparten los mismos derechos constitucionales, derechos constitucionales que son iguales para quienes habitan en áreas protegidas y áreas altamente contaminantes, zonas urbanas y zonas rurales, miembros de un municipio, de un departamento y de un territorio indígena originario campesino. La CPE no discrimina derechos ciudadanos colectivos ni individuales en virtud al hábitat o a la condición económica, cultural, o de otra naturaleza. Es así que no puede definirse categoría o característica de Tierra o Territorio que conculque el Derecho ciudadano; de manera que toda Ley que implícitamente conculque la privación de un derecho constitucional está potencialmente sujeta a la presunción de inconstitucionalidad.

DEL TIPNIS A YAPACANI

DEL TIPNIS A YAPACANI

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

La receta para avanzar con la revolución pacífica en la lógica de la organización estatal es, “someterse” a la norma constitucional que se supone es parte del pacto o acuerdo social que sustenta las transformaciones sociales, económica y políticas; igualmente para avanzar es necesario ajustar conductas y visiones ciudadanas a las leyes derivadas, donde la acción individual, colectiva o institucional no rompan la lógica jerárquica ni el principio de igualdad establecidos en la CPE. En este sentido un análisis del momento de las transformaciones institucionales en el Estado Plurinacional, demanda hacerlo de manera impersonal y dentro los derechos constitucionales universales (Igualdad de todos ante el derecho), de manera que prime la normativa como herramienta base de análisis para acercar la mirada a la Revolución Democrática y Cultural y a las transformaciones pacíficas implementadas desde el Estado Plurinacional.

Se ha podido constatar que el caminar al margen de lo establecido en la Ley y la Constitución, en la demanda social y reivindicativa produce conflictos y enfrentamientos entre institución y Organizaciones Sociales o sindicales, entre grupos sociales adversos y entre el Estado de Derecho y el derecho constitucional ciudadano; que sólo son resueltos en momentos posteriores al desenlace y con costos políticos para ambas partes, y aunque una de las partes se atribuya la ventaja o la victoria el efecto negativo es para ambas, de manera que ni la victoria ni la derrota es real ni se entiende como etapa final del conflicto. Para el caso se tiene como ejemplo los acontecimientos políticos y reivindicativos que marcaron agenda en los últimos meses; el caso del TIPNIS y el de Yapacaní.

Lo acontecido, primero, con la VIII Marcha Indígena (del Beni a La Paz) por evitar que la carretera asfaltada Villa Tunari – San Ignacio de Moxos atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y segundo, con la movilización y bloqueo de la carretera Santa Cruz Cochabamba por pobladores, autoridades y dirigentes de Yapacaní demandando la renuncia del Alcalde de dicha localidad, configuran dos realidades que ayudan a comprender el curso de la relación de Gobernados y Gobernantes desde viejas y nuevas contradicciones aún no superadas ni visiblemente encaminadas en los primeros dos años de vida del Estado Plurinacional Descentralizado y con Autonomías.

Ambos acontecimientos (el uno con altos grados de represión y el otro con muertos civiles y policías heridos) son secuencialmente interpretables si se considera para el caso del TIPNIS siete marchas anteriores, pero fundamentalmente la última, la marcha que demandó respeto a los Derechos Indígenas e incorporación y respeto de los mismos en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización; y para el caso de Yapacaní en anteriores bloqueos de carreteras y cercos y vigilias a las instalaciones de las alcaldías, pidiendo la renuncia de los alcaldes en diferentes municipios de dominio del MAS (San Julián, El Puente, Guarayos, San Ramón y otros). Estas movilizaciones anteriores a Yapacaní y el TIPNIS pusieron a las instancias orgánicas del MAS y al Órgano Ejecutivo en nuevos desafíos de gobernabilidad que demandaban ser regulados por Ley, es decir mejorar las existentes y socializarlas debidamente entre las organizaciones y entidades gubernamentales. Estos preludios no fueron debidamente interpretados ni tomados en cuenta por autoridades locales ni nacionales y los resultados más visibles ya se los conoce desde las jornadas de protesta y la acción represiva de la Policía Nacional.

De ambas movilizaciones con enfrentamientos con la Policía Nacional de por medio, el Gobierno Central salió con la cabeza gacha, asumiendo, desde los hechos de represión, responsabilidades de resarcimiento de daños y soportando, sobre todo, el peso político de la “derrota”. Por la naturaleza de ambas demandas (las demandas y no el conflicto), constitucionalmente en su solución el Ejecutivo tendría que haberse dado por excluido de toda responsabilidad inmediata; antes de la represión. El Presidente del Estado Plurinacional constitucionalmente no tuvo ni tiene entre sus competencias dictaminar sentencias a conflictos de gobernabilidad municipal ni tampoco tratar el mal relacionamiento entre los órganos de los Gobiernos Municipales, tampoco tuvo a su alcance inmediato la determinación de promulgar ley sin antes ser sancionada por el Legislativo Plurinacional para el caso de la Ley que proteja al TIPNIS de la carretera. Pero en ambos casos primó ante la opinión ciudadana el carácter de liderazgo personal del Presidente del Estado Plurinacional suponiendo la supremacía de sus decisiones aun dentro el Órgano Legislativo y no las responsabilidades objetivas y positivas del Órgano Ejecutivo.

Jurídicamente la demanda del la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB en relación al TIPNIS debió ser atendida por el Órgano Legislativo Plurinacional y la de Yapacaní por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo de Yapacaní. En el primer caso la ALP no hizo carne del conflicto en primera instancia, salvo la bancada de oposición, pero que lamentablemente no trabajó en la elaboración de al menos un proyecto de Ley, a cambio prefirió azuzar el conflicto, y en el segundo caso, el Concejo Municipal fue parte del conflicto y prefirió sumarse en los actos de protesta de la población demandante antes que esperar y viabilizar la demanda haciendo uso de mecanismos legales y no de acciones de facto.

En circunstancias donde lo incierto de los roles institucionales se confundían, el conflicto y la demanda desnaturalizadas en sus orígenes tomaron el curso que la opinión pública quiso construir desde imágenes y descripción de hechos mediáticamente manipulados. Estas opiniones se centraron en creer que la solución estaba en manos del Órgano Ejecutivo, pero fundamentalmente en manos del “Líder”. Al parecer el mismo Presidente del Estado Plurinacional así lo entendió o así se lo mostraron desde su gabinete ministerial, en razón a ello la dirigencia de la CIDOB pidió constantemente la presencia del Presidente en la Marcha, no para plantear una propuesta de Ley, sino simplemente para hacer conocer una plataforma de demandas adicionales que muchas de ellas eran atribuciones el Órgano Ejecutivo atenderlas, pero no la principal y central demanda. En el caso de Yapacaní la población ante la imposibilidad y negligencia del Concejo Municipal para darle viabilidad legal a la demanda de renuncia, optó por demandar soluciones a un equipo Ministerial sin competencias para atender renuncias de autoridades electas. Un Diputado Nacional que intentó salvar responsabilidades adujo que fue él quien demando la solución del conflicto al Órgano Ejecutivo. Esta declaración es la muestra más clara para entender y concluir que una prevalente opinión que ignoró y obvió toda normativa legal para atender la demanda y el conflicto, se apodero de las partes.

Finalmente la represión en Chaparina y las muertes en Yapacaní parecen exigir a que se piense y actúe de manera distinta a la impuesta por los actores demandantes y por principio constitucional se retome el rumbo que debía haberse trazado a un principio; la promulgación de una ley que proteja o regule la actividad económica en el TIPNIS y la designación de un Alcalde Interino una vez cumplido los requisitos legales como la renuncia del Alcalde.

Observaciones críticas necesarias.

Hay enseñanzas que deben resaltarse, pero también duras observaciones críticas que no se las puede dejar pasar sobre todo por la imprudencia de los concejos municipales que a sabiendas de lo ilegal de la suspensión de un alcalde se aventuraron a designar un alcalde interino al tiempo de hacerse parte de las demandas de la población movilizada; y también por la intransigente actitud de los dirigentes de la CIDOB de no quisieron dialogar ni llegar a acuerdos con el Gabinete y los ministros enviados para dialogar. Entre la intransigencia y la imprudencia se descubrió la decisión política de los dirigentes movilizados por enfrentar al poder. Ambos movimientos tuvieron un alto contenido político, no fue una disputa de poder inmediato pero tuvo por objetivo posicionar un nuevo liderazgo regional o sectorial al tiempo de desgastar la gestión del Gobierno y la gestión de Evo Morales. Ciudadano movilizado que no quiera percatares de esto o fue demasiado ingenuo o no tuvo conciencia real con lo que se comprometía.

Por los resultados de la represión y en consecuencia del manejo mediático, el TIPNIS y Yapacaní son por ahora dos puntos de soporte sobre los que la oposición y la dispersa disidencia del MAS pueden temporalmente columpiar a gusto y antojo. Podrían incluso tejer su retorno al poder, a condición de establecerse metas más allá de lo coyuntural, sobre todo entendiendo que al Poder no se llega desde posturas opositoras o aliadas necesariamente, sino desde proyectos propios. El aspecto negativo creado por las instituciones dirigentes de las movilizaciones es haber polarizado la opinión de “sus bases”, para el caso del TIPNIS y de la población para el caso de Yapacaní. Si bien los acontecimientos de represión le dan a la oposición márgenes amplios de crítica a la Gestión Gubernamental, el espectro político generado por el TIPNIS y Yapacani, fue polarizador de las opiniones al interior de sus protagonistas lo que propicia en las instituciones que dirigieron las movilizaciones debilidad y baja de convocatoria ante nuevos emprendimientos y demandas movilizadas, además del esclarecimiento y conformación de nuevos bloques protagónicos con capacidad de generar demandas alternativas o contrarias a las emanadas de la CIDOB y del Comité Interinstitucional en Yapacaní.

Con todo esto será importante que el MAS y el Gobierno puedan empezar a ver en el todo un proyecto político en marcha o si se quiere dos proyectos, uno a la usanza del Movimiento Sin Miedo y otra a la de los Verdes de Rubén Costas, ambos en proceso de consolidación en la lógica de la polarización de las opciones. La polarización para fines de la oposición que proyecta trabajo para las elecciones del 2014 es favorable, pero para la CIDOB y Concejo Municipal es contraproducente, en ese sentido la oposición está desarrollándose en la estrategia de subordinar o manipular las demandas y reivindicaciones populares a los intereses electorales del 2014.

Oposición o filiación al proceso de institucionalidad.

El conflicto TIPNIS y Yapacaní, fueron acciones que cuestionaron las leyes, la CPE y las transformaciones institucionales, semejante a antiguos cuestionamientos de las fuerzas que se opusieron a la Asamblea Constituyente, esto lleva a creer en primera instancia que se trató de una hábil maniobra de los viejos opositores para reencaminar sus proyectos archivados, pero, concluir esto sólo es aceptable en el caso de dar por cierta la manipulación de la demanda y el conflicto por parte de fuerzas políticas opositoras, fundamentalmente porque la demanda del TIPNIS lleva en esencia el respaldo a los Derechos consagrados en la CPE considerando a la misma como obra de los Pueblos Indígena Originario Campesino en colectividad con los sectores mas excluidos de Bolivia. La manipulación sin duda existió, pero queda la duda sobre el grado de impacto en los hechos y los acuerdos establecidos entre los principales responsables e ideólogos de la movilización.

En el caso de Yapacani, se destituyó un Alcalde afín al Gobierno, y se puso a otro hombre del MAS. En realidad se cuestionaba la Gestión del Alcalde, el prevendalismo, favoritismo y de manera velada las licitaciones dirigidas a empresas o asociaciones accidentales preelegidas. En realidad fue una pelea entre dos sectores económicos medianamente consolidados y de ninguna manera en contra del proceso mismo o del Gobierno central. Esto entonces permite concluir, desde el desenlace del conflicto, la clara manipulación dirigida a dañar al Gobierno Central. Yapacaní es el más claro ejemplo de la confusión que se tiene en cuanto a los aliados y opositores al gobierno, pese a que todos son supuestamente militantes del proceso de cambio.

Para el caso boliviano y el momento marcado por el tipo de relacionamiento del Gobierno con la sociedad civil ser opositor o aliado político es comparable con las dos caras de la misma moneda ya que muchos aliados políticos del actual gobierno son críticos y se oponen a las medidas económicas que se viene implementando, pero no por ellos se alejan del gobierno o se declaran opositores. Igualmente muchos opositores del legislativo o cabezas de Partidos Políticos que representan o defienden los intereses económicos y políticos de los tradicionales grupos de poder, ante el rumbo económico del Estado ajustan sus líneas estratégicas al Plan Nacional y las Políticas Públicas para sacar ventaja a las permisivas que otorga el Estado Plurinacional. En los hechos ser aliado u opositor es continuidad de lo que se está viendo en materia de desarrollo institucional.

Desde poco antes de la promulgación de la CPE, como norma suprema del Estado, la conformación de bloques de aliados u opositores al gobierno se desarrolló a la sombra de la crítica interna a la Gestión Pública y a la acción institucionalizada. La oposición o alianza nacida de la contradicción capital – trabajo, capitalismo – socialismo, imperio – país soberano, es decir la contradicción con base ideológica en la economía y la política nacional fue desplazada por el pragmatismo marcado en las contradicciones de la Gestión Pública y la acción institucionalizada. A estas alturas del proceso boliviano, este dilema lo afronta el Gobierno de manera positiva y sobre el cual intuitivamente viene adecuando su discurso. De muchas maneras las respuestas a las necesidades de la población están dándose en la superación de diferencias entre las población y las instituciones estatales haciendo ver que la superación a conflictos y la atención a la demanda social parte de la nueva organización del Estado y la eficiencia de sus instituciones, que la ideología como elemento subjetivo de cambio debe ser reinterpretado y ajustado para darle sentido a las transformaciones revolucionarias.

El proceso revolucionario de Bolivia, a decir del Gobierno, depende entonces del contenido revolucionario que puedan tener las instituciones, del debate y el compromiso que en ellas se genere. Pero también del acatamiento de las entidades públicas y privadas, y de la población a la normativa establecida legalmente.

Bajo esta mirada, las fuerzas reaccionarias pueden parecer revolucionarias y las revolucionarias reaccionarias, en este sentido es necesario su debate para dar a las direcciones y partes del conjunto institucional elementos ideológicos que viabilicen la transformación y revolución de la sociedad y el Estado Plurinacional, y cualifique el compromiso institucional con las mayorías nacionales y los pueblos Indígena Originario Campesino.

La transformación institucional está en curso, es irreversible, pero necesita contenido e ideología. La izquierda tradicional está ante el desafío de revolucionar el Estado o sucumbir ante las fuerzas restauradoras del viejo Estado, y si la opción es de revolucionarlo, aparece el dilema de hacerlo desde el actual Gobierno; el MAS y el liderazgo de Evo Morales, o pensar en otro liderazgo y en otro instrumento político. Y de nuevo aparecen los dos proyectos mencionados anteriormente a los que se suman corrientes Kataristas e indigenistas.

Con los unos o con los otros proyectos las transformaciones institucionales ya están en pleno desarrollo, pero por ahora solo a uno se le tiene que exigir cumplir su compromiso con la Revolución Democrática Cultural, los otros oscilaran entre la restauración del viejo Estado con una nueva institucionalidad y la incertidumbre de continuar o proponer algo nuevo.

Vía clasista para interpretar el conflicto.

La otra vía para interpretar los conflictos y los acontecimientos del TIPNIS y Yapacaní es hacerlo desde la lucha de clase y la estructuración de la Insurrección Obrera – Popular. Esto es la destrucción de toda la institucionalidad burguesa y la instalación de una nueva que implique nuevas relaciones de producción, la extinción del Estado y de toda forma de explotación de la mano de obra.

En el conflicto del TIPNIS y de Yapacaní no existen indicios que lleven a un analista a ver la insurrección obrera popular o la demanda de destrucción de la institucionalidad burguesa, es más hasta podrían entenderse como acciones políticas de restauración del poder burgués por la presencia de actores madereros, viejos políticos de derecha y expositores del marxismo reformista y social demócratas.

¿Es acaso la defensa del medio ambiente al menos una tarea fundamental que debe desarrollar la clase obrera en tanto vanguardia revolucionaria? No se puede afirmar que no, pero explicar y encaminar al proletariado en esa tarea es complicado. Es más apropiado y probable pensar que el proletariado revolucionario asuma soberanía sobre los recursos naturales a partir de determinaciones estatales, por ello puede ser viable la participación del Proletariado en la planificación estatal y la cosa pública, en ese sentido no será contrarrevolucionario construir institucionalidad en el marco de la CPE, en tanto esta reconoce derechos que la historia del movimiento obrero nacional las plasman como demandas también históricas y estratégicas; reconocimiento de horas laborables, indemnizaciones y otras. Para el caso de Yapacaní, el tema obrero es inexistente y la predominancia de gremiales y productores agrarios es visible, en realidad el problema en el mejor de los casos es entendible y analizable en tanto demanda de desarrollo urbano y de ninguna manera como reivindicación de clase o sector, aunque en ella sectores gremialistas y de poder local hayan intervenido.

Consideraciones para entender la lucha por el poder.

Es importante poner en consideración que los ministros constitucionalmente son designados por el Presidente del Estado Plurinacional y corresponde a él mantenerlos o destituirlos en el transcurso o después de un conflicto de acuerdo al grado de responsabilidad y la magnitud de los daños materiales y humanos, donde además la justicia ordinaria puede actuar sobre ellos. En realidad están sometidos a ello. Esto no se da, por presión social y direccionamiento mediático, con los concejales, alcaldes y representantes de organizaciones sociales y centrales indígenas que participaron del conflicto y agredieron verbalmente y simbólicamente a autoridades. Este comentario no se trata de sacar cara por autoridades ministeriales, ni echar tierra a dirigentes y autoridades electas del Concejo Municipal sino entender la dinámica del poder a partir de la asimetría que genera el conflicto en el comportamiento de la justicia.

Los hechos muestran que en todo conflicto, entre el Gobierno y el ciudadano en actitud de “acción de masas”, la justicia sufre una especie de metamorfosis donde el “Imperio de la Ley” deja de ser un principio de principios y se convierte en espacio de lucha política manipulable en función a la correlación de fuerzas, donde nadie se somete a la Ley y, las instancias llamadas a hacerlo se ajustan a necesidades y presiones de las masas o del ejecutivo, entonces desde la victoria se define el curso de la Ley y se desconoce el pacto o acuerdo social. Esto es propio de todo proceso constituyente.

Así, cuando en un conflicto como lo fue el del TIPNIS y de Yapacaní, curiosamente las autoridades electas y dirigentes hábilmente evaden el núcleo de la tormenta direccionando la responsabilidad de actos violentos o intransigentes a “sus bases” o a las masas, es cuando entonces la lucidez y compromiso de servicios de los dirigentes y las autoridades electas se transforman en la pasión de las masas, pero no por convicción sino por una acto político interesado a mantener sus cargos o en reivindicación del ejercicio del poder. Entonces la pasión es lo que prima y la racionalidad entra en segundo lugar. La Ley se subordina a las masas. Al frente se pone la victoria o la derrota como antítesis del diálogo y el acuerdo, la reivindicación es en estas circunstancias un pretexto o instrumento de las dirigencias y autoridades, que han trazado el rumbo de la victoria para imponer su voluntad política.

En los dos casos en cuestión la victoria estaba trazada, más que la demanda, la demanda dejó en algún momento de ser tal, y la victoria empezó a diseñarse. Los ministros ingenua o erróneamente creyeron que atendían la demanda sectorial y se movieron pensando en ello, cuando en realidad el guante ya se lo habían lanzado con mucha anterioridad. El momento exigía respuestas legales principalmente del Órgano Legislativo y del Concejo Municipal, pero no se dio. Definitivamente el Gobierno perdió iniciativa y autoridad en los últimos días de los dos conflictos porque quisieron desde un principio atender las demandas que debió atender el Órgano Legislativo y el Concejo Municipal, y claro el Órgano Judicial.

Como corolario a temas de lucha por el poder, cabe mencionar que lo común en el TIPNIS y Yapacani fue la visible propaganda antimasista y antigubernamental por un lado y de apoyo por otro; se evidenció para el caso del TIPNIS la carencia de una propuesta alternativa de desarrollo o de interpretación del uso de los recursos naturales en el marco de la organización económica plural y para el caso de Yapacaní la disputa de la silla municipal sin proyecto alternativo alguno. Se deba aclarar que la intangibilidad no es sí misma una propuesta como tampoco lo es la carretera, la primera en el campo de la reivindicación y la segunda en el campo de la integración en abstracto. El cambio de Alcalde municipal no es un proceso insurreccional y más se asemeja a un desacato del Concejo Municipal a la norma establecida. Este desacato tendría que someterse a un proceso sancionatorio que venga de alguna parte, pero el problema es que la estructura jurídica en Bolivia protege a autoridades electas, cuando debía además controlar y sancionar con más rigor a éstas ante intentos de Golpes institucionales. Y por supuesto exigir también responsabilidad a quienes actúan a la sombra de las masas o de sus bases.

Si no se pone límites a corrientes restauradoras que se amparan en la demanda social y en la determinación de “sus bases” o de cabildos parciales, lo que se tendrá que afrontar el sistema institucional boliviano son dos o más Yapacanis, y otros TIPNIS. Ya las cosas están calentadas en el Municipio de Lagunillas, El Puente, San Julián, Guarayos, Takovo Mora, San Buena Ventura y otros.

El Estado necesita leyes y autoridades que ordenen la vida institucional y no leyes cortas o autoridades que volteen a otras autoridades. Las leyes que no son debidamente asimiladas llevan en su aplicación o ejecución a recorrer caminos inconstitucionales, al conflicto con desenlaces fatales.

La Paz, 25 de enero de 2012

PARA AVANZAR DESDE LA NUEVA AGENDA

PARA AVANZAR DESDE LA NUEVA AGENDA

(Primera Parte)

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

En el presente escrito se exponen consideraciones para tomar en cuenta en la Nueva Agenda, no es un trabajo de crítica al Gobierno y a la gestión en si misma, es mas bien un trabajo que describe y analiza una realidad concreta desde lo aportado por la gestión de Gobierno en los últimos años, las proyecciones ideológicas en la sociedad y las desviaciones que pueden identificarse y señalarse al Estado al concebir una ruta particular sobre el Vivir Bien y la Revolución Democrática y Cultural.

El centro de análisis y descripción viene de la demanda social y la relación del Gobierno con las organizaciones sociales, estamentos organizados y ciudadanía en general, y desde la respuesta institucional del Estado Plurinacional. Así, primeras determinaciones coyunturales muestran que al atender las movilizaciones y demandas de sectores sociales, estamentos sindicalizados, productores, comerciantes, exportadores, importadores, representaciones cívicas y otros, el Gobierno Central se enfrenta al reto de asumir la responsabilidad de revertir las movilizaciones y medidas de presión para llevarlas hacia mesas de diálogo y concertaciones sectoriales y regionales, al tiempo de recuperar y establecer nuevas formas de comunicación y dialogo para disminuir y evitar nuevas medidas que generen disconformidad en la ciudadanía (Bloqueos de caminos y carreteras, cierres de válvulas de distribución de agua potable, tomas de instituciones, destrozos de retenes y otras). También es tarea del Gobierno estar persuadido que la represión y la coacción legal son medidas extremas cuando se trata de imponer e implementar políticas de Estado, sobre todo cuando algunas de éstas no cuentan con el respaldo popular ni la consulta previa, o cuando las demandas responden a compromisos asumidos y no cumplidos por el Gobierno.

Por su lado la ciudadanía y los movimientos sociales si no asumen el criterio de seguir procedimientos establecidos y conductos regulares para exponer y avanzar en la elaboración y gestión de sus demandas, difícilmente comprenderá que toda atención favorable está en función a los recursos humanos, económicos y legales, tiempos y otros que disponga el Estado, que unas en ese sentido son de inmediata solución y otros de mediano y largo plazo, y que todos finalmente responden a líneas estratégica de desarrollo político, económico, social y fundamentalmente ideológico.

Pero al no estar guiado el proceso por lo ideológico, es claro entonces que la demanda social será dispersa en tanto son de naturaleza dispersa los intereses de los movimientos sociales y la ciudadanía, de manera que todo el peso de esta dispersión debe recaer sobre el Estado, con el agravante que desde el Estado no se encara de manera adecuada la formación, la educación y la aplicación de una ideología de cambio y de revolución, sobre todo centrando un interés supremo y del cual puedan desprenderse los interese sectoriales y particulares, intereses de cada región y organización laboral, académica o cívica.

Sin estar al margen de lo expuesto en el párrafo anterior y en su aplicación misma, frente al conflicto y la demanda social, el “Poder Público” desde sus instituciones, vagamente muestran la fortaleza necesaria para posicionar entre las organizaciones sociales y la opinión ciudadana el rumbo que toma la construcción del Estado Plurinacional (si es que hay uno de consenso y de aplicación universal dentro el Estado), y en respuesta a éste hecho la intelectualidad y sectores tradicionales de lucha anticapitalista reclaman o promueven rutas para introducirse a la Gestión Pública y desarrollar cambios estructurales en el Estado Plurinacional, limitando su accionar en críticas a través de redes sociales y otros medios de comunicación y difusión, pero que en muchos casos no responden o superan algunas o muchas de las ambigüedades que el proceso de cambio ha generado en su implementación estatal.

De manera general en el momento histórico que afronta el Estado Plurinacional se hace imperante replantear mecanismos y formas de organización estatal que encumbrando principios ideológicos revolucionarios pueda generar viabilidad a transformaciones políticas, económicas y sociales también revolucionarias, para superar formas y relaciones de producción precapitalista aun ejercitadas sin ser tocadas y combatidas abiertamente por las instancias del Estado Plurinacional (Relaciones servidumbrales, mas de 10 horas de trabajo, empleos al margen de la Ley de Trabajo, y otras) y avanzar con la industrialización que potencie fundamentalmente la organización económica comunitaria de manera paralela a la de la forma de organización económica estatal.

El momento político y económico que enriquece el proceso de cambio viene del ímpetu con el que se inicio la gestión de Evo Morales principalmente de la “Nacionalización” de los hidrocarburos, de la Refundación de COMIBOL, de la recuperación de ENTEL y otras que conforman el eje de desarrollo económico y de generación de recursos con destino a la gestión económica y social del gobierno. Pero también hay componentes económicos, ideológicos y políticos que interfieren, ponen trabas o revierte el ímpetu inicial del proceso de cambio. Veamos la forma en que se estructura o posterga el proceso de transformación del Estado Plurinacional desde campos económico, político, ideológico e institucional.

La organización económica estatal principalmente está constituida y proyectada por la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a cargo de YPFB y empresas transnacionales y por la Empresa de telecomunicaciones ENTEL entre las más rentables y generadoras de recursos para distribuirlos como regalías y en beneficios sociales (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y otros). En el orden de capacidad generadora de recursos le sigue la Corporación Minera de Bolivia y Bolivia de Aviación, que entre sus logros mas importantes son dar seguridad laboral a trabajadores mineros en COMIBOL y en el caso BoA, establecer soberanía e identidad empresarial competitiva en el transporte aéreo de pasajeros. Se tiene en vías de desarrollo y de cumplimiento de objetivos empresariales a la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), la Empresa Boliviana del Oro (EBO), Lácteosbol, Cartónbol, la Planta de Cítricos y la Empresa de Palmitos que desde la voz del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, generan recursos que no sólo van a cubrir el monto invertido por el Gobierno, sino que apuntan a generar más recursos en el mediano plazo y que se espera pasen a manos de sindicatos en un futuro bajo responsabilidad de las organizaciones sociales.

Con la generalidad expuesta sobre la línea estatal en materia de desarrollo económico y proyección de desarrollo industrial existe la necesidad de interpretar o conocer la relación que se establece en el campo político y económico entre el Poder Público, la sociedad civil, los movimientos sociales, trabajadores y la empresa privada, ya que es finalmente en las relaciones donde se generan conflictos, demandas y acuerdos que compliquen o consoliden situaciones de gobernabilidad.

Asumiendo iniciativas nuevas dentro la gestión del MAS y el aparato estatal, los sectores económicos y políticos afines al desarrollo neoliberal e imperialista actúan generando mecanismos y rutas de producción de mercancías y comercio capitalista, reubicando ante la opinión pública y sectores productivos la vigencia de viejas formas de relación y de explotación productiva en la predominancia del Capital sobre el trabajo; pero también re-posicionando la opción de restar importancia a la forma de organización económica estatal.

El presente año a caracterizado a la acción de la burguesía, a diferencia de otros años, en optar por el apego circunstancial a las leyes y activar una inteligente manera de aprovechar el conflicto entre los movimientos sociales y el gobierno, no apoyándolos abiertamente pero sacando ventaja, para poner en resguardo sus intereses desde el apoyo de los sectores laborales a la subvención de hidrocarburos, preferencias arancelarias en importación, seguridad jurídica, oposición a proyecto de nacionalización y otros que finalmente llevan a la burguesía a superar temores que se había dado al inicio de la gestión del Gobierno de Evo Morales, desde el cliché de ser un gobierno comunista, cliché con el que se lo había atacado durante el proceso constituyente. Así, la acción política de los grupos de poder, apoyados por la prensa más reaccionaria ha propiciado que el Poder Público se incline a favor de ellos y asuma posturas contrarias e ilógicas para un Gobierno de corte populista al descalificar las demandas y liderazgos del sector popular.

Pero, no solo es la acción política mediática o encubierta en demandas sociales, sino que es también considerable y significativa la presencia de estos sectores y de voceros de la burguesía industrial y agropecuaria en el Órgano Ejecutivo, de manera que el Poder Público es ya en cierta manera el instrumento de reproducción del capital privado y las relaciones de explotación. Esto se da en la lógica de un novedoso relacionamiento y co-gobernabilidad encubierta en campos diversos de intervención (Administración, ejecución, legislación y gestión estatal).

Mientras, a diferencias de dicha co-gobernabilidad, la relación de los Órganos del Estado con sectores populares y laborales portadores de corrientes ideológicas revolucionarias o simplemente críticas y negadoras a viejas formas de explotación de la mano de obra, se establecen por lógica dialéctica en un solo campo de intervención (Administración del Estado) desde dos instancias estructurales dentro el esquema funcional del Estado Plurinacional (Gobernados y Gobernantes); visto así las movilizaciones populares en contra de la gestión del Gobierno denotan precisamente la crisis de relación entre la Administración y la Ideología; la administración estatal que en si misma es única en cuanto determinación constitucional y la ideología que se muestra dinámica y en constante lucha de contrarios.

Hasta acá ya hay elementos para concluir que si las movilizaciones en contra la administración del Estado se da desde de sectores revolucionarios y la vanguardia obrera, entonces es porque la administración del Estado toma un rumbo a favor de su contrario. Fuese distinto si, del sector revolucionario, el Estado acopiase propuestas, sugerencias y aportes para tomarlos en cuenta y adecuarlos a las líneas estratégicas de gestión, entonces se tendría que pensar en un Estado en proceso revolucionario y en la reversión del conflicto. Esta es una de las máximas que se debe considerar para intervenir en la nueva agenda convocada para diciembre y enero por el Gobierno Central.

Ahora manteniendo la referencia directa a la elaboración de la nueva agenda, anunciada por el presidente Evo Morales el pasado 12 de octubre, la descripción anterior viene a razón de intentar mostrar su necesidad considerándolo oportuno y prudente dado el tiempo transcurrido desde la atención a la agenda de octubre y lo que falta para terminar la presente gestión 2010-2015, además de considerar que se debe en la nueva agenda avanzar desde una previa evaluación de los avances y atención a las críticas de la ciudadanía en general y de sectores comprometidos con el proceso de cambio sobre la gestión de los diferentes ministerios y sobre el mismo presidente Evo Morales.

Sin embargo la convocatoria se mostraría inoportuna e improductiva si, desde el ejecutivo, se quiere solamente crear un espacio amplio de legitimación de Políticas Públicas o para explicar logros económicos de naturaleza capitalista y una supuesta proyección socialista esperando desmovilizar a sectores movilizados en contra la gestión gubernamental sin tener la amplitud y predisposición de tomar en cuenta las sugerencias y soluciones alternativas que ofrezcan y presenten los sectores de izquierda, organizaciones sociales que son parte del Pacto de Unidad, del Conalcan (Consejo Nacional para el Cambio) y por cierto de los sectores productivos que se esfuerzan por lograr la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo industrial entre otros.

Por ello se puede decir que la Agenda de diciembre, como medio necesario para profundizar la democracia y participación responde a una particular coyuntura, pero una coyuntura que no sólo marca ejes temáticos sobre los que se debe trabajar, sino exige plasmar el reclamo de tener a la mano información significativa sobre el proceso revolucionario que quiere trazarse y sobre la memoria histórica de los conflictos desde la implementación de gestión gubernamental y de la demanda social.

Institucionalidad y gestión económica - política

De manera general se constata que en el campo de la institucionalidad, los Órganos del Estado Plurinacional y de los niveles autonómicos presentan síntomas y rasgos prevalentes de insuficiencia administrativa para atender favorablemente las demandas, exigencias y gestiones emprendidas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, lo que lleva a la necesidad de replantear y ejercitar nuevas opciones de relacionamiento con la sociedad desde el diseño y ejecución de la estructura institucional estatal y autonómica. Igualmente un rápido diagnóstico evidencia una débil e insignificante relación administrativa entre el Nivel Central y los niveles autonómicos, en muchos casos hasta en franco e intencional enfrentamiento.

Para el caso, la población y las organizaciones sociales, y por supuesto las instancias de organización productiva aún desconocen las instancias de coordinación entre el nivel central de Gobierno y los gobiernos autónomos de manera que se desconoce una parte fundamental de la ruta, creada en la Ley Marco de Autonomías, para superar las diferencias entre estos niveles de gobierno y la ruta que debe tener la atención a las demanda social y la superación de conflictos de distintas índole. Desde los gobiernos autónomos se debe explicar las razones del extremo retraso en la elaboración de los Estatutos y las Cartas Orgánicas y la falta de coordinación con el nivel central. Al respecto lamentablemente lo único que viene a percibirse son los conflictos de gobernabilidad entre las instancias legislativas y ejecutivas de los gobiernos autónomos, y los problemas de límites territoriales.

Así, sin ser un eje en si mismo, y mas bien entendido como un tema transversal de agenda, se plantea la urgente necesidad de centrarse a evaluar y establecer nuevos paradigmas en la construcción institucional, ya que el paradigma de construir hegemonía y predominio institucional de arriba hacia abajo para crear condiciones de gobernabilidad se ha visto insuficiente e incongruente al atender las demandas y los conflictos de naturaleza económica, social, territorial y normativa. El tema parece ser más tratable desde la ampliación de participación de la sociedad civil y la democratización de las instituciones en los niveles autonómicos y el nivel central asumiendo sin temores las formas democráticas establecidas en la CPE (Participación positivada desde los cabildos y consultas, elecciones generales, respeto a los usos y costumbres de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesina, cumplimiento vertical a los procesos de designación de autoridades, acatamiento de la Ley por parte de la sociedad y autoridades entre otros aspectos).

En el campo de desarrollo económico, es notoria en la Gestión Pública la necesidad de potenciar y ampliar una ruta de desarrollo que vaya a superar o complementar la economía de desarrollo extractivo por una economía de desarrollo industrial y transformador de la materia prima. Esto último en los hechos políticos iría a superar la contracción actual para ir hacia nuevas opciones en la creación de fuentes laborales, eliminación de viejas formas de explotación laboral y visualización de la ideología de cambio en su componente revolucionaria y fundamento básico del Estado Plurinacional en el camino de la Revolución Democrática y Cultural.

Los inconvenientes en la gestión social y política que tiene que afrontar la actual administración del Estado es que - al concebir como eje fundamental de desarrollo económico la línea extractiva de recursos naturales; de gas natural y petróleo principalmente - asumen la responsabilidad directa de solventar las necesidades económicas y sociales de sus pobladores, en virtud a la naturaleza constitucional sobre la propiedad de los recursos y las empresas hidrocarburíferas estatales. Todo hace ver que el objetivo principal de las empresas estatales hidrocarburíferas es generar recursos económicos para distribuirlos entre la población y los gobiernos autónomos y de ninguna manera generar nuevas fuentes laborales o instancias de transformación industrial de la materia prima, aunque teóricamente así sea.

Las empresas estatales no generaron en los últimos años un aumento significativo de fuentes de trabajo, pero si recursos económicos, por ello es justificable y predecible que la población direccione su demanda hacia mayores regalías, subvenciones e ingresos por concepto del IDH, y dejen en segundo plano su demanda por mayores fuentes de trabajo, estabilidad laboral y diversificación de la producción industrial a cargo de la institucionalidad del Gobierno Central. Es decir que al generar recursos desde la las actividades de explotación y comercialización de los hidrocarburos, el Estado asume fatalmente la carga de la disminución de los índices de pobreza desde la distribución de estos recursos, olvidando o descuidando industrializar el proceso de transformaciones económicas y la creación de fuentes laborales.

Entonces lo que se percibe es que la generación de fuentes de trabajo, en la permisividad del Estado, es asumida por la empresa privada y por emprendimientos comerciales y productivos individuales y familiares, ante ello la demanda de préstamos y créditos aumenta, lo que hace que las entidades financiera y empresas bancarias disminuyan la mora y aumente la población crediticia convirtiendo a este rubro en el más lucrativo y sea la más rentable y sea, además desde donde se genere mejores utilidades. Es evidente que no hay una política de Estado para generar nuevos empleos más que aquellos que se dé desde el emprendimiento privado y la organización familiar, pero al que el Estado no deja de considerarlo como potenciales contribuyentes para aumentar los recursos del Tesoro General, ante lo cual lógicamente la resistencia de sectores de comerciantes, transporte y micro empresa fundamentalmente, se convierten en los protectores de la Banca Privada.

El emprendimiento privado al buscar lucro y generar ganancias a favor particular, no se ajusta de ninguna manera a objetivos de transformación estructural del Estado y a los objetivos de la forma de organización estatal, y ni siquiera se muestra como complementario. Lo contradictorio es que mientras el Estado protege y solventa al capital privado este no hace nada por potenciar la economía estatal, salvo aprovecharse de ella. (La subvención a los hidrocarburos y el costo preferencial de la energía eléctrica son ejemplo claros). El capital privado usa los recursos económicos e institucionales del Estado, cuando puede, lo hace a favor de sus fines económicos particulares; y persuade al Estado si afecta sus intereses (No lo combate por lo que se decía mas arriba). El diseño y la implementación de la organización económica privada, queda claro que, está protegido por las instancias estatales y sin embargo de manera desleal la gran empresa industrial y comercial legalmente establecida insinúa inseguridad jurídica, tal vez solo como pretexto pero desprestigiando hábilmente al Gobierno. Pero esta insinuación es en realidad un mecanismo de presión política y se da en un apoyo implícito a la política administrativa del gobierno, pero no a la forma de organización de economía estatal.

La supuesta inseguridad jurídica es el mejor argumento que ha construido la burguesía asentada en Bolivia, para evadir la competencia y recibir del Estado trato preferencial en materia de créditos y políticas impositivas y salariales. Desde la supuesta inseguridad se hace que capitales de otros países no sean invertidos por temor a también supuestas expropiaciones o nacionalizaciones, que lamentablemente el Gobierno anuncia pero no los realiza y no lo realizará a mediano plazo, al grado que más parece un discurso político para amedrentar opositores radicales o vagamente reposicionar ideología socialista.

Esto al mismo tiempo hace que las inversiones preferentemente sean pequeñas y se concreticen en el comercio informal, en pequeños talleres artesanales, en contrabando, transporte y construcción. Se trata de ejercitar desde la Banca Privada emprendimientos de baja magnitud y de alcance a una media de recursos económicos privados que prosperen o se hundan (En ambos casos el banquero gana, no pierde). El Estado en su rol de gestor de fuentes de trabajo se acopla a esta línea de acción ejercitada por la Banca Privada, sencillamente porque se traduce en la utilización de mano de obra temporal, descuidando la seguridad y estabilidad laboral. Estos emprendimientos, si bien reducen los índices del desempleo, los más están al margen de toda normativa en materia de seguridad laboral, servicio social y de salud. El estado tendría que regular este campo económico no sólo en el campo impositivo como quiere e intenta hacerlo sino regularizarlo para desnaturalizarla de toda forma de explotación y relación servidumbral. De otra forma no se avanza con el Vivir Bien.

Visión política sobre la seguridad y soberanía alimentaria.

La seguridad y soberanía alimentaria ha concurrido en el ámbito económico como política estatal a partir de la actual Constitución Política del Estado. Hasta antes se concebía en el ámbito de la iniciativa económica privada individual y empresarial ejecutada principalmente desde la producción agropecuaria y del comercio informal, seguramente lejos de entenderse y desarrollarse como política de Estado. En este entendido la vieja República Boliviana y sus administradores enquistaron la seguridad alimentaria en voluntades políticas para gestionar mercados y donaciones de países desarrollados, muy lejos de cualquier principio de soberanía. Hasta hace pocos años se recibía arroz, aceite comestible y harina donada además de otros alimentos y no se establecían mecanismos para producir a escala nacional alimentos de primera necesidad. Hoy a fuerza de nuevos propósitos estatales la soberanía alimentaria es entendida como una Política de Estado y es en ese sentido tema fundamental de la nueva agenda.

La crisis económica del capitalismo mundial posiciona la idea de una crisis alimentaria a nivel mundial y con ella como respuesta se establece en el Estado Plurinacional boliviano la necesidad de minimizar los efectos de esta crisis y prepararse para afrontarla creando condiciones materiales y organizativas. Pero más allá de prepararse para afronta una crisis alimentaria se tiene que entender que la soberanía alimentaria es el eje central del “Vivir Bien”, principio supremo del Estado Plurinacional, de manera que sea o no latente la crisis alimentaria mundial es responsabilidad del Estado caminar hacia la soberanía alimentaria; esto a grandes rasgos es ir reduciendo la tendencia de importar alimentos que se producen y pueden producirse en territorio nacional.

La Soberanía alimentaria además exige la accesibilidad del conjunto de la población de manera que no sea la ganancia y rentabilidad en si misma la que marque el eje de la producción agrícola y pecuaria, aunque su industrialización tenga, en última instancia, ese sentido.

El desafío que el Estado tiene que afrontar es producir y subvencionar o buscar mecanismos para que la intervención del Estado en la producción y comercialización o distribución no favorezcan a los comerciantes y especuladores, claro si logra controlar e impulsar producción suficiente y necesaria.

El problema de la especulación y la imposibilidad de controlarlo en el mercado viene a raíz de haber dejado crecer desmesuradamente al comercio informal y no haber establecido los mecanismos de relacionamiento y de control, o en definitiva de no haber creado desde el Estado condiciones favorables para hacer crecer a EMAPA lo suficiente como para cubrir el mercado de alimentos básicos de la canasta familiar. Una respuesta a este caso es posible a mediano plazo a condición de crear políticas de producción y distribución comunitaria. Es importante que empresarialmente se puedan anteponer el principio de distribución, tomando en cuenta costo de producción, traslado y comercialización.

Relacionando el tema de los recursos generados por YPFB y ENTEL con la seguridad alimentaria, el Estado debe desarrollar instancias institucionales que prioricen la planificación de producción de alimentos hacia la distribución más que planificar instancias de captación de recursos para distribuirlos en bonos. Lo que demandaría nuevos desafíos y mayores demandas en el campo productivo, una opción es seguir con el acopio de alimentos y disponer de infraestructura de guardado y conservación. (Silos, almacenes y otros), pero es insuficiente sin una estrategia de Soberanía Alimentaria.

Nuevos compromisos y rutas de participación en la gestión social.

La preocupación de las instancias de gobierno central y autonómico y la sociedad organizada centra la responsabilidad de la atención y gestión social en la disponibilidad de recursos generados y captados por la administración del Estado Plurinacional y mínimamente en el apoyo con recursos externos.

Para el caso del Estado, los recursos que se dispone tienden a ser insuficientes con el correr de los años dadas el aumento de las demandas y crecimiento de la población en sectores beneficiarios (Adultos mayores, mujeres en periodo de gestación, niños de centros educativos del sistema público, personas no videntes y otros), pero al mismo tiempo por la falta de gestión para ejecutar los recursos y crear nuevas fuentes de captación.

En este sentido la administración estatal tendrá que descentralizar la responsabilidad de la atención a la Gestión Social hacia la Empresa Privada.

La empresa privada se beneficia de los precios subvencionados de los hidrocarburos, de la energía eléctrica, del agua potable y consumo de alimentos, es decir que se benefician en partida superior a la que lo hace un ciudadano común, por lo mismo las responsabilidad asumida por YPFB, ENTEL, COMIBOL, BoA y otras empresas estatales deberían compartirse en una dimensión de pluralidad con la Empresa Privada.

Aparentemente el cumplimiento de deberes y obligaciones de la Empresa Privada estarían traducidas en el cumplimiento de compromiso tributarios, pago de salarios a sus trabajadores, aportes al seguro médico y social de los trabajadores y otros, pero el proceso revolucionario que se implementa desde la Constitución Política del Estado y la Revolución Democrática Cultural exige aporte a la comunidad o distribución social de sus ganancias. Las ganancias de afiliados a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y principalmente de empresas transnacionales que operan en territorio boliviano deben tener un componente asignado para beneficio social y esto es que se debe traducir en la construcción y administración de centros de formación técnica o humanística o aportes a administración y construcción de centros de salud o Residencias geriátricas, centros de rehabilitación de jóvenes u otros, administrados, apoyados y financiados por estos.

Se trata en si de descargar parte de las responsabilidades a los fondos captados por el Estado a las empresas privadas bajo el control de los gobiernos locales.

Experiencias sobre aspectos parecidos se vivió en el periodo del Gobierno de Juan José Torres cuando se obligó a que las instituciones religiosas presten sus instalaciones y corran con los gastos para apoyar en la educación primaria y secundaria, semejante actitud debe ser tomada por la Revolución Democrática y Cultural. Por poner un ejemplo extremo pero no imposible, las universidades privadas tendría que ser gratuitas y financiadas por la Empresa Privada como aporte a la comunidad. Solo así se podrá ir comprendiendo el papel del capital privado en el actual proceso revolucionario y las formas plurales de organización económica en su principio de complementariedad. No se trata de expropiar o estatizar, sino de hacer que el Estado no tenga toda la carga de responsabilidad económica sobre la educación y la salud.

Antes de concluir con esta primera parte de consideraciones se recalca que el Vivir Bien es responsabilidad de todos al igual que la solución y el tratamiento a la demanda social y la solución de los conflictos. La falencia del Gobierno hasta ahora es haber creído que todo se puede desde un voto mayoritario y el liderazgo de Evo Morales, en otras palabras creer que todo lo tiene que hacer el Poder Público restándole responsabilidades a las iniciativas y empresas privadas. Finalmente es la sociedad la que tiene que construir el nuevo Estado Plurinacional y por ello el Gobierno debe escuchar impulsar nuevas iniciativas políticas y económicas e imponer las de carácter social.

La Paz, 30 de noviembre de 2011