SOBRE LA LEGALIDAD DE LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO APROBADO EN GRANDE Y DETALLE Y LA ILEGALIDA DE LAS MOVILIZACIONES OPOSITORAS

Una preocupación latente y tarea específica de las personas e instituciones que vienen haciendo un seguimiento al proceso constituyente es la socialización del la propuesta del nuevo texto constitucional, pero de manera particular es también la socialización del actual texto constitucional. Las razones son obvias, pero el objeto que busca este escrito es que al calor del debate de la ilegalidad o la legalidad de la nueva propuesta de Constitución Política del Estado, se pueda comprender la legalidad o ilegalidad del accionar institucional, personal o acción de masas desde la actual Constitución Política del Estado.
Empezar por las consignas y debate trillado ayuda, pero para entender tenemos que tener la certeza de que la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, crea una Asamblea Constituyente independiente para ejercer la soberanía del pueblo, sin someterse a ningún poder constituido y con la única misión de redactar la nueva norma constitucional. Esto está en los artículos 2 y 3 de la ley del 6 de marzo del 2006. (Si el lector duda es necesario que corrobore este hecho con una lectura detenida de dicha ley).
En el artículo 2 de la Ley mencionada se caracteriza a un constituyente como la persona natural que ejerce la representación del pueblo en forma democrática establecida en la actual Constitución Políticas del Estado.
Desde el párrafo anterior se hace referencia obligada al artículo 4º de la actual CPE donde a letra dice “El pueblo delibera por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum…” Los representantes a los que se refiere en el artículo, y que se resalta en la cita, incluyen a aquellas personas naturales que ejercen la representación del pueblo en forma democrática, en el ejercicio de una democracia representativa adoptada por un gobierno nacional que se someta a la actual Constitución Política del Estado. Bolivia es una organización estatal republicana que “…adopta para su gobierno la forma democráticas representativa…” (Art. 1) y en esos cánones es que las instituciones, los individuos y las masas deben ejercer la democracia o poder del pueblo.
En este entendido es lícito hacer políticas con la certeza de que las personas naturales que ejercen la representación para deliberar en la asamblea constituyente son aun los 255 constituyentes. Bien o mal, el caso es que la democracia representativa empuja a confiar en esa limitada democracia. Lamentaciones sobre el estrecho margen que da la actual constitución no va a resolver los problemas. Adelantamos en este sentido la primera apreciación consistente en la necesidad de ampliar la democracia incorporando a la democracia representativa y participativa, la democracia directa, deliberativa, comunitaria y otras formas de ejercicio democrático que ya se mencionan en la nueva propuesta constitucional.
Introduciendo estas ideas al debate de la legalidad o ilegalidad de la propuesta de la nueva constitución política del estado, lo ilegal no se debe focalizar en el lugar donde se ha terminado de redactar el contenido del nuevo texto constitucional (Liceo Militar y el departamento de Oruro), cuando lo ilegal de este proceso está, en las formas “legítimizadas” con las que se manifestaron las masas, las instituciones y los individuos, ellas, las masas y las instituciones creadas al calor de la demanda política se apegaron al ejerció de una democracia directa en una República Unitaria donde dicha forma democrática no le es reconocida. Esto quiere decir que imponer por la fuerza y la presión callejera el contenido del texto constitucional o los temas a tratarse son en si, formas ilegales del ejercicio democrático bajo el marco jurídico actual.
Las determinaciones de cabildos y asambleas comunarias que se quieran implementar de facto al igual que otras formas de democracia directa o comunitaria son ilegales bajo la supremacía jurídica de la actual CPE más aun si desde la consigna de tomar las armas se autoproclaman pequeños grupos como representantes del soberano. “Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición” (Art. 4º. II).
Repitiendo y reconstruyendo ideas se tiene que entender que lo pactado en el actual texto cosntitucional implica que la soberanía del pueblo se la ejerce a través de sus representantes, eso dice la actual constitución boliviana y eso debe entenderse como legal. Entonces queda claro que desde la estructura y contenido jurídico de la actual constitución política del estado el cerco al Gran Teatro Mariscal, local donde sesionaba la Asamblea, es ilegal, y es también ilegal que el grupo de universitario o el comité interinstitucional departamental o regional se atribuyan la representación del pueblo. Pues nadie se puede atribuir la representación del soberano si no ha sido elegido mediante voto universal y secreto y con un fin concreto Eso está en nuestra constitución actual. Y la representación del soberano, para redactar la nueva constitución política del estado aun está en los 255 representantes y lo que ellos entregaron el diciembre 14 del 2007, bajo esta mirada es legal. (Los prefectos no han sido delegados para redactar el texto constitucional y los consejeros departamentales tampoco han sido elegidos para redactar un estatuto autonómico y los legisladores no redactan las leyes si no es en marco de la Asamblea Legislativa Nacional) La actual constitución política del estado, la ley especial de convocatoria y la ley de ampliación son claras al respecto.
Pero este espectro de hechos ilegales, el de las masas, instituciones e individuos no significa que sean en si mismas prácticas antidemocráticas, de ningún modo podemos decir que sean prácticas que vayan a negar el poder del pueblo en un estado democrático, lo que ocurre en el caso boliviano es que no son reconocidas ni normadas constitucionalmente. Algunas de estas prácticas, como por ejemplo los cabildos y asambleas populares no son reconocidos como una forma constitucional deliberativa y participativa y tampoco las movilizaciones activas y violentas de movimientos sociales son reconocidas constitucionalmente para revocar el mandato de autoridades, sin embargo nuestra historia en los últimos años se ha venido construyendo bajo estás prácticas, al grado que ya nadie se ha puesto ha pensar en la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los mismos.
A manera de aclarar la idea, es prudente resaltar que la normativa boliviana reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus derechos previo cumplimiento de las formalidades legales, (Art. 161. II), pero la huelga para revocar mandatarios no esta constitucionalizada, y estas, las movilizaciones que exigieron la renuncia de Sánchez de Lozada, Carlos Meza, el presidente del senado y de la cámara de diputados para dar cabida a la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia como presidente de la República de Bolivia, no están constitucionalizados aunque la secuencias de renuncias si lo están. La elección del nuevo poder legislativo en las condiciones en las que se hizo el año 2005 también fueron inconstitucionales, pero nadie hizo el escándalo que ahora hacen, no es una justificación, pero si un antecedente de los focos inconstitucionales que alumbran los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia.
Al seguir leyendo, es probable que gire por la cabeza del lector la pregunta ¿Adonde se quiere llegar con todo esto? Para empezar se intenta demostrar que estos años, y mucho antes la vida políticas se ha movido ligadas a un conjunto de normas inexistentes en nuestra CPE o descontextualzadas dejando a un lado niveles de reflexión y racionalidad, para atacar la inconstitucionalidad solo cuando conviene a fines de mantener o criticar el poder. A estas alturas ya la insconstitucionalidad parece ser el pan de cada día, y de utilidad del ejercicio del poder.
Por poner otro ejemplo del camino de inconstitucionalidad que a diario se transita. Ahora el poder ejecutivo en sus niveles medios pide intervenir la Asamblea Constituyente, piden que se deje en “fojas cero” o que se reforme, y no solo piden, sino que lo instrumentalizan para consolidar otros fines políticos. Y ojo en esta parte no se hace referencia al presidente de la república, sino a los prefectos, por que quieran ellos o no, jurídicamente son parte del poder ejecutivo, y son los prefectos los que con más ahínco dirigen sus objetivos a quitarle la independencia y la no sumisión a ningún poder constituido de la Asamblea Constituyente. Piden a gritos la violación de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, y la prensa, y los críticos de la democracia, y los intelectuales, y los gobernantes, se tambalean entre espectadores y sujetos dinámicos de estos tiempos donde la inconstitucionalidad ya es la constitucionalidad en construcción.
Por esta última afirmación, se hace necesaria seguir con el proceso constituyente y se hace necesario seguir socializándola, porque es la única forma, por ahora de cualificar la democracia y de universalizarla.
Bolivia nunca ha tenido el comportamiento de una república unitaria, al estilo de la república o en semejanza al ícono universal de ésta construcción estatal. Las modificaciones y reformas constitucionales, golpes de estado y restricciones de derechos, remanentes monárquicos como el de oficializar una religión, exclusiones de sectores mayoritarios, sufragios bajo presión, chantajes, o coerción estatal, patronal o empresarial, etc., y otros elementos de la democracia liberal y Estado Republicano han puesto ahora al frente las grandes contradicciones entre la sociedad y un diseño estatal incoherente y descontextualizado de las necesidades de desarrollo material, espiritual, social y hasta democrático del pueblo boliviano.
Hoy, es contextualizado y necesario socializar y potenciar la vida democrática y el desarrollo de los bolivianos y bolivianas con un modelo de estado plurinacional, social de derecho, con autonomías y pluralismo económico, político, jurídico, cultural y lingüístico, tal como se expone en la propuesta de la nueva constitución política del estado.
Si seguimos oponiéndonos, a los cambios constitucionales, lo más probable es que las violaciones a la constitucionalidad se vayan convirtiendo en violaciones a los derechos humanos y al derecho a la vida. Y en esto están metidos los prefectos, los comités cívicos, los medios de comunicación y los sectores que se oponen a seguir con el proceso constituyente.
Entendamos de una vez, Bolivia apenas está empezando a constituirse en un Estado liberal, aunque para fines de definición se crea haber vivido en un estado de derecho los 183 años de la vida republicana. Se está empezando y hay aun quienes se oponen argumentando ilegalidad, como si la historia boliviana no se hubiese construido en base a una ilegalidad positiva (Actitudes críticas y revolucionarias) frente a una ilegalidad negativa. (Corrupción, explotación, violación de los derechos humanos, restricciones al derecho a la vida, etc.)
Reflexivamente se puede decir que, si a la Asamblea Constituyente se la va adjetivando como ilegal, es sencillamente porque la dinámica política de la sociedad y el estado boliviano se muestra contradictorio en la coyunturalmente y porque lo retrógrado y conservador de la relación Estado Sociedad se encarama como legal; sin serlo, jurídicamente hablando.

PREOCUPACIONES Y ALTERCADOS SOBRE EL CURSO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Son muchas las preocupaciones y altercados que se tejen sobre la asamblea constituyente. Desde el debate especializado hasta la pragmática opinión pública, desde las apreciaciones del más letrado hasta el menos, desde los intereses del más próspero y emprendedor empresario fabricante de ilusiones y mercancías hasta la del más simple consumidor y receptor; nadie deja de opinar y afirmar temerariamente que la Asamblea Constituyente (AC) va camino al fracaso, ya ha fracasado o simplemente especulan sobre su cierre temporal o definitivo.

Si a estas opiniones y afirmaciones se incorporan proyecciones a corto plazo, tomando en cuenta comportamientos sociales, impactos mediáticos e intereses económicos, políticos y sociales de los sectores que van incidiendo de manera gravitante en las distintas etapas del proceso constituyente, es probable que el camino hacia los acuerdos y los consensos sean valorados de manera más significativa en contraposición a las opiniones apresuradas, apasionadas y sin significancia hacia el consenso.

La Asamblea va camino al fracaso: Esta es una postura política, con valoración sectorial y extremadamente coyuntural. Los indicadores que empujan afirmar el fracaso de la AC, por ahora están relacionados a la demanda de la “Capitalidad plena para Sucre” y “La sede no se mueve de La Paz”.

Aparentemente la salida concertada desde las representaciones de los departamentos de Chuquisaca y La Paz se viene alargando. Si ambos departamentos se cierran y no toman en cuenta los esfuerzos del Consejo Político Suprapartidario y otras instancias, lo más probable es que terminen atrincherándose en la radicalidad de sus demandas abriendo viejas heridas y frentes de lucha en los otros siete departamentos. En pocas palabras un problema regional puede convertirse en un problema nacional sin proyecciones de solución inmediata.

Una solución inmediata parte de un análisis de la correlación de fuerzas y una valoración política de los intereses regionales y nacionales. En primer lugar la correlación de fuerza que difícilmente puede ser revertida, tiene que ver con la ausencia de un preámbulo reivindicativo en un espacio de impacto en el tema de la capitalidad plena. La demanda no fue trabajada con anterioridad por el departamento de Sucre; esta omisión hace que la demanda no tenga el apoyo generalizado en el cónclave constituyente.

Es decir que la demanda de la capitalidad plena hasta antes de la instalación de la Asamblea Constituyente era historia escrita y recordada por pocos representantes sucrenses y en eventos sin trascendencia. Técnicamente hablando, jamás se trazó una línea de trabajo dentro la estrategia regional en una etapa pre-constituyente para vincularla a la Asamblea Constituyente.
Es distinta la demanda construida sobre la autonomía departamental en Santa Cruz y la autonomía indígena, que por peso propio vislumbran y se encarnan en las regiones y en estructuras sociales, pero que al mismo tiempo se consolidan en un entronque de demandas y luchas históricas concretas, desarrolladas a partir de la etapa pre-constituyente, o de la etapa republicana o pre-colombina.

En si, es posible pensar que las demandas de autonomías departamentales e indígenas contienen los objetos reales e imaginarios en concordancia a los sujetos constituidos como elementos trascendentales y viabilizadores de la construcción de entidades autónomas en toda época o proceso constituyente. Las demandas autonómicas son viables, fundamentalmente porque contienen los elementos mencionados y que son, en última instancia, un “Derecho de piso” para exigir el debido consenso dentro un acuerdo nacional.

“La capitalidad plena para Sucre” remueve piedras de un proceso tapiado después de una guerra y que durante el último siglo y el presente del periodo republicano no fue agenda de proceso de movilización importante. La demanda de capitalidad no es parte de cambios adjuntados a procesos revolucionarios, de transformaciones críticas y de eficiencia o eficacia administrativa estatal. Llevarla a los extremos de prioridad constitucional es afianzar una amenaza real para seguir confundiendo el procesos Constituyente y coartarle seguir adelante; proyectándolo a empezar ciclos de enfrentamientos entre los bolivianos. Esta demanda es difícil que sea considerada como potencializadora de la democracia u otra categoría sociopolítica de esa naturaleza. Es una demanda que por sus componentes negativos obscurece y confunde el proceso constituyente.

Una proyección política intransigente diseñada a partir de las amenazas de no dejar sesionar a la AC y condicionar su funcionamiento es tan irracional como la guerra misma, y ridícula es la idea misma por su semejanza a la de los suicidios inducidos a colectivos de creyentes manipulados por líderes espirituales de las sectas religiosas. Es aterrador creer que en Bolivia se haya perdido la capacidad de pensar y construir relaciones de encuentro. Es irónico que la Asamblea Constituyente tenga que seguir con tantos altercados por la tozudez de “líderes” y el apasionamiento de activistas callejeros que minimizan o pretenden dejar a un lado toda la agenda marcada por las marchas y movilizaciones indígenas.

Pasando a la afirmación de que la Asamblea Constituyente ya ha fracasado se debe poner en claro algunos elementos de análisis con principios y metodología.

Para empezar cuando un proceso histórico ha generado y enraizado instancias jurídicas de concertación y pacto social, no se las puede adscribir en la antonimias del triunfo o del fracaso. Son sencillamente procesos que deben cumplirse y cíclicamente cualificarse para dar cabida a otros nuevos procesos, cualitativamente superiores.

La deliberación en el cónclave constituyente es una etapa de concertación para acomodar, reajustas y ordenar, el conjunto de las transformaciones económicas, políticas, sociales y hasta religiosas generadas y desarrolladas en el periodo republicano, periodo donde las civilizaciones existentes en territorio nacional vienen conformándose con visiones de naciones, pueblos o territorialidades en igualdad de condiciones y oportunidades, para normarse a través un nuevo contrato o pacto social en vías de un mejor futuro y un Estado por el bienestar social.

Objetivamente, el cónclave constituyente continúa; de hecho sabemos que la próxima semana se pueden reiniciar las plenarias, pero a diferencia de las plenarias realizadas antes del receso, ahora lo harán con previa deliberación y con acuerdos temáticos establecidos en el consejo político suprapartidiario. Se entiende que los acuerdos no son vinculantes, pero son acuerdos entre las fuerzas políticas con represtación parlamentaria y acuerdos entre representantes de las bancadas asambleístas, y eso tiene su propio peso específico.

Ahora bien, el que existan desacuerdos, aun entre los asambleístas y algunos movimientos sociales e instituciones, con las conclusiones finales de este consejo, no es argumento para pensar en sepultar definitivamente al proceso constituyente y tampoco para predecir categóricamente y a ciencia cierta su tácito fracaso. Por ello es lícito afirmar que es interesada toda afirmación de que la Asamblea Constituyente ya ha fracasado.

Los que afirman que la Asamblea Constituyente ha fracasado; o desconocen el proceso o sencillamente se constituyen en portavoces del pesimismo muy peculiar de aquellos que viven contentos con lo que son y tienen, y se dan cuenta que lo que tienen y lo que son, es gracias a aquellos que les han quitado todo y a quienes no se les quiere reconocer lo que son. En otras palabras, hay quienes quieren difundir el slogan de que la Asamblea Constituyente ha fracasado para contraer el proceso de cambio que demanda la sociedad boliviana y convencer a que no se ensaye en muchos años una nueva “Aventura Constituyente”

Afirmar que la Asamblea Constituyente ha fracasado es infantilismo político o racismo encubierto. Solo de esas dos fuente puede emanar posturas que especulen con que la Asamblea ya no está vigente.

La Asamblea Constituyente en el campo de los recursos jurídicos incorporados a la actual CPE es una de las mejores opciones de encuentro, deliberación y acuerdos nacionales. Curiosamente no es una concesión liberal; es más bien el resultado de años de lucha de los pueblos y naciones indígenas en la construcción y transformación de formas superiores de organización política.

Por último toca dar respuestas a la preguntas de que si la asamblea constituyente debe cerrarse de manera temporal o definitiva.

Jurídicamente es posible que se pueda plantear el reemplazo de los actuales constituyentes por nuevos constituyentes. Pero plantear cerrar la Asamblea Constituyente definitivamente es desconocer las reformas que se han hecho en el año 2004 a la CPE,. Categóricamente la Asamblea constituyente no puede cerrarse definitivamente. No mientras la CPE de Bolivia siga siendo tal.

Cerrar definitivamente la asamblea constituyente, es como querer anular definitivamente el voto universal para elegir representantes camarales y presidenciales. Es quitarle al pueblo una de las bases deliberativas y de gobierno. El artículo 4to de la CPE de Bolivia dice “El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente….” Quien propone el cierre definitivo de la Asamblea Constituyente es quien implícitamente propone el cambio de un artículo de la actual CPE. ¿Pero? Claro que hay muchos “peros”.

Bajo el tenor del artículo mencionado, la Asamblea Constituyente no puede cerrarse definitivamente, como no puede cerrarse el parlamento o cerrarse el poder judicial de manera definitiva. La historia de Bolivia no conoce un cierre definitivo de alguno de los poderes constituidos y tampoco de algunas instancias deliberativas o de gobierno. La historia nos muestra siempre incorporaciones de nuevas formas deliberativas y de gobernabilidad. Los políticos novatos y aprendices de analistas no se percatan de los niveles de trascendencia que adquiere la institucionalidad al ser constitucionalizada, por lo menos en los parámetros democráticos -liberales.

Tampoco cabe el cierre temporal, eso sería dictadura. Lamentablemente o para bien, en la actual Constitución Política del Estado de Bolivia, en ninguna parte se menciona los casos que ameritarían el cierre de la Asamblea Constituyente y tampoco se construyó una normativas de receso, de renovación parcial o total. Todo el arsenal ideológico político se dirigió a normar la elección de los constituyentes, darle un poco seguridad jurídica y asignarle la misión de redactar la nueva Constitución Política del Estado. Pero no fue mas lejos y tampoco fue más organizado. La reforma constitucional del 2004 y la ley de convocatoria de convocatoria a la Asamblea Constituyente, son incompletas, son insuficientes para interpretar los nuevos acontecimientos políticos y en ellos radica la actual fragilidad de la vida política nacional. Al priorizar coyunturalmente un hecho político sin sustento normativo sólido de todo un ciclo de funcionamiento es claro que todo evento político que de él salga será inestable.

A manera de hacer un recuento de poco mas de un año se observa que: a).- Las elecciones de los constituyentes se llevaron a cabo de manera aceptable. b).- La seguridad jurídica del cónclave está en tela de juicio junto con la independencia con respecto a los poderes constituidos, c).- La misión no la cumplieron en el tiempo establecido, a ellos se debe agregar que d) No les permitieron trabajar libremente y en base al mandato expresado en la Ley de Convocatoria; e).- La sociedad civil y las instituciones cívicas no les prestaron la ayuda que ellos necesitaron en unos casos, en otros demandaron mas de lo que podían comprenderse racionalmente y por último f) .- A los constituyentes los consideraron o trataron como personas no deseables en algunas regiones.

Sintetizando el contenido del presente escrito, es factible mencionar conclusiones relevantes y entendibles en la coyuntura:
Los obstáculos por los que está atravesando la Asamblea Constituyente, no son atribuibles a los constituyentes. Muchos de estos obstáculos ya estaban presentes antes de la instalación del cónclave y visible a los ojos de los líderes políticos que apresurados no se dieron tiempo para reflexionar y diseñar sus proyecciones favorables, y otros obstáculos simplemente se dieron en el proceso.

La sociedad civil aun no asume la responsabilidad histórica que tienen al frente y la necesidad de comprender que en todo proceso las cosas tienen un avance cuantitativo y salto cualitativo. Muchos procesos aun no han madurado, otros se están gestando y otros hay que iniciarlos, pero no todos van a tener los resultados deseados en un mismo tiempo y espacio.
La Asamblea Constituyente es un proceso sistémico que se vive por la existencia de un conjunto de procesos maduros e interrelacionados, y a punto de dar saltos cualitativos, pero también es un proceso que se va potenciando con la incorporación de procesos nuevos. Es inconcebible y antidialéctico pensar que los proceso en gestación tengan mas fuerza que los maduros y los listos a cambiar de calidad.

La Asamblea Constituyente es un proceso que necesita revitalizarse con lo nuevo y con la creación de nuevos ciclos políticos, económicos y sociales, por ello se debe pensar en una Carta Magna sostenible y de utilidad a nuevas generaciones.

Por último la Asamblea Constituyente, no ha fracasado, no va a fracasar y tampoco puede cerrarse. La asamblea constituyente está madurando, con viejos y nuevos procesos, unos que han concluido su ciclo y no quieren ser parte de otros ciclos negándose a si mismos, otros que van potenciándolos de manera continua y otros que apenas empiezan viabilizarse.
Ahora bien, el cónclave constituyente es apenas un parte de todo el proceso de constitución boliviana, pero al no tener una norma de renovación total o parcial de sus integrantes y no tener una norma de suspensión, cierre o clausura, debemos esforzarnos para que cumpla con su misión, esa misión es redactar la nueva Constitución Política del Estado. Ya luego tendremos tiempo para aceptarla o negarla. Eso está muy bien y de manera clara legislado en la Ley de Convocatoria.

Si en algún momento los involucrados en la incorporación de la Asamblea Constituyente en la CPE creyeron que el asunto era semejante a la incorporación del referéndum o consulta popular, pues se equivocaron totalmente, quienes creyeron que era suficiente con darle un tiempo de vida o vigencia, también se equivocaron. Se debe empezar a creer que la Asamblea Constituyente no es la de 1825 y no será nunca más una comisión o instancia desgajada del congreso nacional.

A la Asamblea Constituyente, apenas estamos conociéndola, por ello es prudente que la sociedad y sus instituciones se distensionen por poco menos de dos meses, y dejen que los constituyentes, con sus defectos y virtudes, con sus grandezas y mediocridades, con sus disensos y consensos establecidos, trabajen libremente, sin presiones y reconociendo que hay muchas cosas que faltan por hacer, hay que mostrar voluntad política y gastar menos energía en entorpecerla.
Se trata ahora de hacer lo que en su momento quisieron que se haga, ya habrá más tiempo para mejorar las cosas que ahora se quiere y no se puede.

Carlos Alejandro Lara Ugarte

Santa Cruz, 3 de noviembre de 2007.

Consideraciones Reflexivas a Manera de Evaluar el Proceso Cosntituyente

CONSIDERACIONES REFLEXIVAS A MANERA DE EVALUAR EL PROCESO CONSTITUYENTE

Por Carlos A. Lara Ugarte [i]

¿Los bolivianos queremos una nueva Constitución Política del Estado?
Sería una locura llevar esta pregunta a un referéndum, pero me parece acertado hacerlo en escenarios apropiados para reflexionar individualmente o de manera colectiva.
La reflexión para que tenga sentido, en la actual coyuntura principalmente, debe llegar con fuerza a las instituciones, a los líderes y a las personas movilizadas con impacto político; en otras palabras la reflexión deben hacerla los cívicos, los líderes de partidos políticos, los miembros de los poderes constituidos, los dirigentes de los movimientos sociales, los directores de programas radiales y televisivos, los trabajadores y asociaciones de la prensa, los líderes de opinión y otros que han propiciado la creación de la Asamblea Constituyente y de los que ahora los han llevado a un receso.
Si volvemos a leer la pregunta inicial es probable que mas de los dos tercios de la población lleguemos a concluir que es necesario reformar o cambiar la actual Constitución Política del Estado, claro que pondríamos nuestros peros, pero al fin de cuentas aceptaríamos modificarla. Sin embargo, ¡Siempre hay un sin embargo! a estas alturas del conflicto, cada uno de nosotros ya no quiere ser un número más que suma la opción de querer el cambio de la constitución, de hecho ya es una demanda incorporarse al debate constituyente y ser también parte de las opiniones ya sea desde nuestras organizaciones o instituciones, o finalmente en la opinión familiar o reflexión personal.
La asamblea constituyente a avanzado y a dejado de ser aquella propuesta y acción estatal que muy pocos se interesaban o muy pocos la comprendían desde su misma significancia o repercusión política inmediata.
La Asamblea Constituyente está en proceso de socialización y en creación de nuevos imaginarios, por ello debemos reflexionar, no en el marco de un número estadístico, sino en el pleno sentido de nuestros atributos de pensar, intencionar nuestros actos, deliberar, concertar, desarrollarnos material y espiritualmente y sobre todo bajo la premisa de constituirnos voluntariamente en una nación o entidad colectiva con una visión compartida. Ante esto, será adecuado motivarnos en base a una pregunta o preguntas claves que nos puedan llevar a descubrir nuestras necesidades y las necesidades de los otros, nuestras expectativas y las expectativas de los otros, nuestras esperanzas depositadas en la constituyente y las esperanzas de los otros, simplificando: la reflexión debe llevarnos a procesos de empatía colectiva.
Toda pregunta de motivación al tema o de reflexión nos debe encaminar a un proceso constituyente desde la continuidad de la norma establecida o desde la posibilidad de encaminarla a una reingeniería con el fin de potenciarla y no debilitarla. Esa determinación tendría que acordarse en los próximos días, no dejarla en términos extremadamente ambiguos. En torno a estos dos puntos es precisamente todo lo que se argumentará y se tratará de mostrar en el presente trabajo, ya que de la respuesta que se tenga sobre el dilema es que se podrá sacar las conclusiones que vayan a afirmar el colapso del proceso constituyente o potenciar la apertura creativa de una asamblea fortalecida y renovada.
Hasta ahora, todo parece marchar y seguir la estrategia de la continuidad de la norma establecida o la vía de la concertación con sustento jurídico. Esta opción está llevando a los protagonistas e instancias de mediación o facilitación del conflicto a manejar el mismo con un sentido de hermetismo justificable y fundado en sus temores por efecto de los roces discursivos, en las diferencias ideológicas y diversidad de intereses expuestos en la constituyente. Sin embargo, es evidente que se avanza y cada día hay un nuevo resultado. En esta estrategia es cuestionable y por ello necesita altos niveles de confiabilidad y honestidad, debido al desgaste de los enfoques operativos que ponen énfasis en la búsqueda de soluciones pragmáticas y en base a pactos políticos. Esta manera de enfocar la continuidad del proceso puede ayudar a evadir o desviar el rumbo del conflicto, paliando la totalidad del proceso y dando margen adecuado de acción a corto plazo, pero es en última instancia un enfoque coyuntural y de corto plazo, completamente inestable, mas si tenemos como antecedentes al presente proceso de diálogo la violencia callejera y mediática vivida en los días anteriores al receso de la Asamblea Constituyente.
La otra mirada estratégica es el de la reingeniería. En este enfoque, la reflexión nos debe llevar a determinar con cierta precisión los puntos que están interfiriendo el proceso constituyente y los puntos que nos traerá más desencuentro que encuentro, además de aquellos peldaños jurídicos y de legitimidad que soportaran toda la carga del trabajo de reingeniería.
Y siempre pensando en la premisa inicial que es la de cambiar la actual constitución política del estado y potenciar el proceso constituyente, nos acercamos a analizar el proceso mismo.
Si queremos hacer transformaciones profundas a la Asamblea Constituyente, identifiquemos primeramente aspectos relevantes de la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Este es el primer soporte jurídico del proceso constituyente
Entendamos que la Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente de manera contundente fracturó la supremacía de la Constitución Política del Estado y fue el principio ideal para desmitificar la predominancia de la democracia liberal representativa en la Constitución Política. Esto inestabilizó la democracia liberal desde su misma base y principios, y por ellos se constituye en una estocada certera a los sectores conservadores. De eso ya no debe caber duda. Muchos no quisieron verlo así, pero ahora los hechos son evidentes. A estas alturas ya no es posible negar que la Constitución Política del Estado es albergue y protector de su sepulturero.
Ahora con esta certeza de por medio, mas las anteriores apreciaciones mencionadas mas arriba, es prudente partir de la idea de que la nueva visión jurídica, económica y social de Bolivia es indisoluble de la Asamblea Constituyente, aún la nueva constitución política esté en su etapa de gestación. Es decir que la visión estructural y constructiva de país, solo es posible en el marco de la Asamblea Constituyente.
Acoplando más experiencia a las ideas anteriores, recordemos que la asamblea constituyente responde a una agenda de pacificación a fuertes movilizaciones de obreros, campesinos, juntas vecinales y otros sectores, y nace de movilizaciones permanentes de los pueblos originarios del oriente boliviano. La asamblea se desarrolló en medio de especulaciones teóricas de intelectuales y se posesionó en sectores urbanos como una opción alternativa para crear instrumentos jurídicos que elimine la alta corrupción, mejorar cualitativamente la participación política, reconocer la formas ancestrales de práctica democrática, valorar la dignidad nacional, plantear principio y valores comunitarios, reorganizar la administración estatal en base a autonomías departamentales y territoriales y otras tantas opciones que desde la misma asamblea constituyente se fueron visualizando, incluyendo la capitalidad plena.
Estas especulaciones y preferencias opcionales existentes y manifiestas a través de los últimos años ya están posesionadas en la sociedad boliviana, suficiente argumento para afirmar que toda nueva tarea no puede borrar, clausurar o ignorar la asamblea constituyente: es imposible. El país, bajo nuevos cánones y proyectos hasta ayer marginados, se está constituyendo de manera continua y acelerada y ante las objeciones interpuestas por sectores conservadores y defensores de la democracia liberal, se va imponiendo respuestas creativas y con alta capacidad de triunfo, eficacia y eficiencia. Es acá donde en definitiva podemos hablar de una reingeniería como forma de superar su eventual estancamiento e inseguridad.
La asamblea debe salir de su estancamiento y su inseguridad jurídica en torno a la legalidad y legitimidad. . Necesita entrar una nueva etapa de manera airosa y convincente ante las mayorías, y ante la totalidad superando el estancamiento alimentado por la vía de las demandas conflictivas y de alto impacto regional, y revalorizando su rol transformador que le ayuda a superar la inseguridad que le ha propiciado el poder constituido, en especial el legislativo, no solo en la ley de modificación a la Ley de convocatoria a la Asambleas, sino desde mucho antes.
Bueno veamos de manera global donde se han dejado puntos débiles en el proceso. No vamos a analizar todo, pero partiendo de la ley especial de convocatoria podremos encaminar toda nuestra batería de análisis y proyecciones de la asamblea constituyente.
Ya muchos críticos han bombardeado bastante con lo que la ley especial de convocatoria debía haber dicho y lo que no debía haberse escrito. En eso creo que vale compartir con muchos críticos, pero lo haremos exponiendo una serie de hechos que dejaron una exagerada ambigüedad. Así por ejemplo; La Ley de convocatoria a la Asamblea podía haber aclarado en el artículo 2º si la Asamblea era originaria o derivada, por todo lo que se espera ahora es claro que debía haberse ahondado en algunas características en torno a una asamblea originaria. Esto para empezar hubiese significado un ahorro de tiempo y desgaste del cónclave. Lo mismo decimos para los dos tercios y la mayoría absoluta. Con esos dos puntos definidos para no dar opciones a dos o mas interpretaciones, antes de saber los resultados de la elección de los constituyentes las cosas se hubiesen simplificado o al menos los problemas hubiesen empezado mas antes y tener tiempo a resolverlos con mas cuidado. Lo mismo podemos decir de la capitalidad plena, aunque este posiblemente ya en las discusiones de las comisiones podía haberse incluido o desecharlo definitivamente.
Dos cosas ocurrieron en la redacción de la ley especial de convocatoria.: Los líderes políticos en el poder ejecutivo y legislativo y los cívicos no pudieron predecir las variantes y visualizar los cambios y exigencias a las que llevaría una asamblea constituyente o presionados por los desacuerdo políticos y los límites de tiempo para la promulgación de la ley de convocatoria, concertaron en un proyecto sin mas miras que resolver un problema cortoplacista cuando en verdad demandaba mas cuidado y mayor compenetración del tema. Demandaba mayor análisis.
Cuando decimos mayor análisis, es posible echarle la culpa a una población que presiona y pone plazos, pero no debe quitar responsabilidades a quienes manejan el estado y las instituciones sino supieron utilizar herramientas e instrumentos científicos para medir y aproximar el curso de los nuevos acontecimientos y sobre todo los que derivarían de la Asamblea Constituyente. El futuro casi siempre es ambiguo, pero muy rara vez impredecible, al menos en tiempos cortos.
No se puede negar los esfuerzos hechos por los líderes de partidos, cívicos y otros. Sin duda hubo sus intersticios en los procesos de concertación y de pactos políticos, pero ellos, de alguna manera no debían complicar y oscurecer más el proceso constituyente cuando, al contrario su labor es resarcir los daños.
Con está experiencia nos parece que se debe ir ahora pensando en opciones mas meditadas y dejar a un lado los pactos políticos que presiones el accionar de la asamblea, a cambio optar críticamente por caminos que lleven al proceso Constituyente a emerger con soluciones y actitudes comprometidas con el cambio y las transformaciones sociales desde su medio de concertación y deliberación. Pues es necesario compenetrarse de una vez por toda en el proceso constituyente para deslindar temores y aceptar concientemente que la asamblea constituyente es independiente de los poderes constituidos y que necesita de muchos cuidados y atenciones, más que de agresiones, pues la asamblea tiene que empezar a caminar sola. El único pacto que tiene sentido es el de dejarlos resolver los problemas sin presiones, sin intromisiones y sin paternalismos denigrantes.
Y ahora, ya no para reprochar, sino para tener claramente identificado a que nos referimos cuando en esta última afirmación hablamos de intromisión y paternalismo denigrante. La intromisión del poder legislativo esta presente y expuesto en la ley especial de modificación a la ley de convocatoria a la asamblea constituyente, sobre todo en lo que se refiere a la redacción de las preguntas a presentarse en el referéndum dirimidor. Esto definitivamente no debía existir. “Un padre haciendo la tarea del hijo opa” eso es lo que representa el hecho y ese el paternalismo denigrante que vestido de contenidos discursivos y de opiniones de la existencia de “Constituyentes sin conocimiento o analfabetos” buscan ahora su rédito mas inmediato: hacerse cargo de la redacción del nuevo texto constitucional o realizar las modificaciones que puedan concertarse en una democracia pactada.
Y esta idea también nos lleva a otro punto que ha desgastado a la Asamblea Constituyente, la influencia y la presión que el poder ejecutivo a empleado hacia los constituyentes de la bancada del MAS y la influencia con alta carga ideológica conservadora y de sabotaje a la Asamblea Constituyente por parte de los constituyentes de PODEMOS, UN y MNR. Y tampoco se libra de esta intromisión el poder judicial, primero con el caso de Jorge Lazarte y posteriormente con el caso de la capitalidad plena.
¿Es acaso ahora necesario seguir bajo esta lógica de intervención en el asamblea Constituyente? Bueno si sigue así no esperemos más que su colapso, o encaminarla al maquiavélico y denigrante traspaso de responsabilidades al poder legislativo.
Pero sigamos valorando el proceso, lamentablemente la Asamblea Constituyente tuvo que absorber todos los males y todo el desprestigio de los poderes constituidos, mucha gente pensó que se trataban de nuevos diputados, y así se pasó toda la carga negativa de los diputados a la asamblea constituyente, pero no solo de los diputados, sino toda la lucha ideológica y sus diferencias entre la oposición y el oficialismo fueron traspuestas a través del debate y la deliberación. En esas circunstancias no lo quisieron entender, pero para la asamblea era necesario deshacerse de ese estigma y no lo hicieron de la amanera apropiada.
Consecuencia de este hecho y en base a una evaluación de la correlación de fuerzas, en la redacción del reglamento de debates, a los constituyentes les costo declararse en Asamblea Originaria y reconocerse por encima de los poderes constituidos, en teoría después de mucha brega lo logró, pero en la práctica nunca lo asumió. Es lacerante evaluar el tiempo que llevo construir el nuevo instrumento institucional del Estado y la magnitud de las diferencias y desacuerdos causadas y ahondadas en los debates. Ahora, es claro que en puntos aparentemente irrelevantes políticamente hablando, no encontraron obstáculos para independizarse, incluso de su cordón umbilical (La ley de convocatoria) con aparentes contradicciones. Lo que a continuación mencionamos no nos lleva a nada relevante pero nos permite ver la carencia de un trabajo fino en el reglamento de debates. Por ejemplo desde el reglamento de debates se otorgan el derecho a que “Las y los Constituyentes, en ejercicio de sus funciones, percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será fijada en el Presupuesto Anual de la Asamblea Constituyente”.(Art 82º - Inc.-d) refiriéndose a la remuneración, pero mas abajo en el artículo 91º del reglamento de debates se expone que “Las y los Constituyentes percibirán una remuneración mensual similar a la de un Diputado Nacional” que es lo que precisamente manda la ley de convocatoria.
De esta manera de redactar o de enfocar un reglamento de debates se pueden sacar varias conclusiones, pero no nos interesa tal como lo dijimos arriba. Lo que nos interesa resaltar es que los propios constituyentes se atuvieron a debatir problemas conflictivos mas que a preparar un ambiente de encuentro y concientización de la realidad nacional y internacional, de las necesidades de transformación y del rol de los nuevos actores políticos y empaparse de la problemática nacional. .
Los hechos y las deliberaciones en plenarias ponen en evidencia que la Asamblea, durante la deliberación del reglamento de debates quiso resolver el viejo problema de la izquierda y la derecha a nivel nacional. Quiso resolverlos en unos cuantos días lo que no se pudo hacer ni con la caída del muro de Berlín y la Perestroika. Las bancadas se atrincheraron en dogmas y desde allá petardearon sin medida ni gloria. Si algo bueno podía dar este clon de la cámara baja, hubiese sido que se convierta en un cernidero de problemas y un clasificador de opciones y alternativas de solución, pero no fue así, y por el contrario solo definió campos de batalla y una guerra de posiciones concertadas.
Con todo ello se avanzó en merced al empuje de los movimientos sociales, los pueblos indígenas y sectores urbanos interesados. Lamentablemente el empuje no fue mediatizado y trabajado por la Asamblea Constituyente de manera adecuada, entre sus descuidos está haber dejado que todo ocurra al libre albedrío, sin constituirse en un conductor y acopiador eficiente y eficaz de propuestas.
Hoy el debate se están centrando en tres o cuatro puntos, pero eso no quiere decir que otros ya hayan sido salvados, No eso no, después de esos tres o cuatro se vienen los restantes. ¿Cómo serán tratados los subsiguientes temas de alto disenso? Estratégicamente y por formalidad acordada en el reglamento de debates, son las comisiones mixtas donde se deben depositar las esperanzas. No es posible que sean trasladados fuera del recinto asambleísta, sino ¿Para qué el reglamento de debates?
Lo que se debe cuidar es el de no seguir debilitando funcionalmente y operativamente a las comisiones mixtas, comisiones especiales, comisión de coordinación cuando está establecido que a partir de la sistematización, después de la recepción de propuestas de la ciudadanía la próxima etapa altamente técnica y cuyo laboratorio de trabajo, si queremos así llamarlo, debe desarrollarse por los comités y en especial por la comisión de Concordancia y Estilo del Nuevo texto de la Constitución Política del Estado. Estas comisiones deben trabajar sobre insumos claros, concertaciones y acuerdos. No es posible que estas comisiones desperdicien su potencial acordado en el ámbito procedimental y la asamblea de más argumentos a los poderes constituidos y a las instituciones de corte liberal para suplantarlos. Opción que ya se viene tejiendo a través de los medios de comunicación, después de que los diputados, en definitiva se metiesen a ser los salvadores de la Asamblea Constituyente con la mentada ley de reforma a la Ley de Convocatoria. Definitivamente lo que hicieron los padres de la patria fue complicar el trabajo de los Comités y por ende de la asamblea cosntituynete. La Ley solo debía haberse abocado a ampliar el funcionamiento de la asamblea y nada más, talvez hasta un año, dos o tres, pero no entrometerse.
Ahora acumulemos más elementos para evaluar y salir de la crisis.
Hasta ahora, una de las comisiones que debía constituirse en el eje guía para el conjunto de las 20 comisiones y además tendría que haber sido la “Guía” de las comisiones mixtas y los comités, es la Comisión Visión de País. El informe de esta comisión no ha sido recibido de manera formal y aprobada por la directiva tal como exige la ley de reforma a la convocatoria.
En el presente escrito hacemos referencia al reglamento de debates debido a que un primer punto a tratarse el 8 de octubre, fecha de reiniciación de la plenarias, tendrá que ser la reformulación del reglamento de debates en virtud a la ley de reforma a la ley de convocatoria. Un segundo punto será la aprobación del informe y el debate en plenaria de los informes de la comisión Visión de País, y solo entonces se puede esperar que la Asamblea tome un mejor rumbo, lógicamente si se logran consensos en torno a los informes de Visión de país, que en realidad se la debe considerar la parte dogmática y eje constitucional.
¿Será prudente empezar a discutir nuevos temas cuando no se haya concertado el Estado Plurinacional? Tal ves no sea lo mas prudente, pero con los interese creados por fuera de la asamblea es posible; los nuevos pactos y acuerdos políticos abren esa posibilidad. Si este planteamiento se lanza al referéndum dirimidor, lo que se estará haciendo es establecer dos categorías para aglutinar dos grandes bloques de preguntas dirimidoras que en los hechos significarán dos constituciones. Primer desastre para la Asamblea Constituyente. Esto ya pesaría y en definitiva mostraría la chatura de la oposición y de la vanguardia ideológica cruceña. ¿Por qué tal afirmación? Sencillo, por que una de las mayores demandas históricas de los líderes cruceños radica en el Estado Federal. Lo hizo Andrés Ibáñez y lo demandaron los cívicos del 50. Las autonomías son hijos de esta demanda. Pues de todas las propuestas existentes en la asamblea constituyente la que más se acerca a las demandas cruceñas se plasman en la propuesta del Estado Plurinacional.
Increpando esta posibilidad, es decir salvando el disenso del Estado Plurinacional, nos animamos a listar algunas consideraciones técnica a tomar en cuenta, puede haber otras sin duda, pero tenemos razones para enfatizar las siguientes:
Primero, se debe seguir la línea marcada por la Ley especial de convocatoria, apoyándose en la ley de reforma a la ley especial de convocatoria solo para el caso de su ampliación y dejar a un lado la intromisión del poder legislativo y judicial.
Segundo, Preocuparse por revisar las contradicciones operativas en el reglamento de debates, poniendo en segundo plano las diferencias ideológicas.
Tercero; Enfatizar en la necesidad y obligatoriedad de presentar a la población un solo texto constitucional, no uno por mayoría y otro por minoría.
Cuarto: La figura del referéndum dirimidor es alentadora, pero solo si previamente se logra consenso en Visión de país y el Estado Plurinacional.
Quinto: La redacción de las preguntas dirimidoras deben ser redactadas en la Asamblea Constituyente. (Posiblemente en un comité concertación y uno de concordancia y estilo) y el poder legislativo tiene que proponerse dejar de entrometerse mas en la redacción del nuevo texto constitucional.
Sexto: Lo poderes constituidos deben limitarse a garantizar la continuidad de la Asamblea Constituyente y junto a las instituciones promover la deliberación sin presiones externas de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es soberana, (pero lamentablemente parece no haberse aun “destetado”) y de una buena vez debe dejar de trabajar subordinándose a los poderes del estado y a las instituciones.
Sobre este último punto seamos críticos, y tengamos la capacidad de autoevaluarnos no solo los representantes de los poderes constituidos, sino las instituciones y la población en general. Un recuento del proceso no debe dar pautas de reflexión.
Cuando en la década del 1990 adelante se iban tejiendo la idea de la asamblea constituyente los pueblos indígenas del oriente boliviano parecían los únicos interesados y constructores de imaginarios colectivos en el ámbito de proceso constituyente. Posteriormente se dibujó el proyecto en propuestas institucionales y en muchos intelectuales, hasta convertirse incluso en propuestas proselitistas entre los pueblos indígenas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos. La ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y su instauración fue, como dice el reglamento de debates “ un acontecimiento político extraordinario” que “emerge de la crisis del Estado, deviene de las luchas sociales y se instala por mandato popular”.(Art. 1º).
Interpretando la realidad, las leyes y el contenido del artículo 1º, La Asamblea Constituyente tuvo un principio y tienen que tener un final. Pero debe ser de la forma en la que ya está escrito, es decir como la escritura determina cuando le dio vida y como la escritura determina que muera cuando cumpla su mandato, que es el mandato del soberano. La Asamblea Constituyente es parte de un proceso de transformación social, económica y política que existe, como todo proceso con altibajos y entremeses fluctuosos, entre momentos de alta conciencia y momentos de extrema apatía.
Quienes han podido hacer un seguimiento cercano de parte del proceso, por lo menos en Santa Cruz, y posiblemente en otros departamentos, puede darse cuenta que la maduración o evolución del proceso constituyente ha sido diferenciada en el campo y en la ciudad; en mayo del 2006, etapa pre-constituyente, los movimientos sociales con ascendencia campesina, indígena, originaria, mostraron mas interés y mayor participación que los sectores urbanos organizados. De sectores quechuas, aymaras, guaranies, chiquitanos y otras instancias organizadas de las naciones y pueblos originarios venían las propuestas mas variadas en diversos ejes temáticos, y no solo en el campo de las autonomías. El sector urbano fue representado en esta etapa propositiva por movimientos cívicos e instituciones y corporaciones agropecuarias El movimiento obrero lo hizo muy débilmente. Las ONGs desde los rubros específicos participaron, sobre todo con propuestas de sectores involucrados en la conservación y protección del medio ambiente y con propuestas de sectores vulnerables como son los niños, mujeres y personas de la tercera edad. Las visiones universitarias como tal, no estuvieron a la vanguardia de ninguna propuesta que vaya más allá de la autonomía departamental. La iglesia participó a través de la PASOC y los sectores intelectuales se limitaron a posturas mediáticas, salvo trabajo elaborados en torno a la propuesta Autonómica, era de esperar debido a la fuerza que le imprimía el referéndum vinculante. Entre los hechos más relevantes.
La etapa constituyente en sí, con el debate de la asamblea originaria y los dos tercios, se difundió y de esa manera se fortaleció el proceso, pero se debilitaron sus formas de debate, sus componentes ideológicos y sus recursos técnicos y operativos. Por este lado atacaron los sectores conservadores; atacando de la mejor manera a la “Dictadura de izquierda originaria” y defender la democracia citadina. Los bueno es que ya la población interesada en el proceso constituyente se fue ampliando o en apoyo o en rechazo. La Asamblea Constituyente, por fin encontró el rumbo que debía haberse dado desde un principio.
En Santa Cruz, y en otros departamentos, las audiencias públicas y los foros territoriales motivaron a la población a presentar propuestas y participar de manera acordada en el proceso constituyente, lamentablemente por las peleas de los dos tercios, la asamblea originaria y el debate de posturas en contra la izquierda comunista y el referéndum vinculante, los foros territoriales se convirtieron en espacios físicos del violencia políticas entre los movimientos sociales y los comités cívicos, entre sectores citadinos que se sentían desplazados del proceso y sectores indígenas que asentaban posiciones. En mayo o junio del 2007 los medios de comunicación se apropian del debate constituyente, pero no para hacer aportes significativos, sino para resaltar y magnificar los problemas y las divergencias.
En este periodo, llama la atención, como sectores universitarios asumen la defensa de la democracia, sin haber participado activamente y propositivamente en etapas anteriores. Desde su trinchera de defensa de la autonomía universitaria y en alianza con la defensa de la capitalidad plena mostraron más problemas que soluciones. Estos sectores significativamente estuvieron los primeros momentos ajenos al proceso constituyente y se incorporan de manera relevante pateando las puertas del proceso constituyente. Cuando debían haber expuesto propuestas no lo hicieron, cuando tuvieron que defenderse lo hicieron y cuando empezaron a querer destruir la asamblea constituyente no pudieron. Sin embargo todo va muy bien hasta ahora, nada que justifique una guerra sin cuartel a la Asamblea Constituyente. No hay razones pues.
La razón se impone, y la correlación de fuerzas y de enfrentamientos callejeros es en realidad ya una correlación de propuestas, esta transposición de lo pasional a lo racional significa que muchas acciones ya están incorporadas en la menoría del pueblo; significan aportes a la lucha por las transformaciones sociales, económicas y políticas. La movilizaciones de Sucre, al igual que las anteriores, aquellas de febrero y octubre están selladas en la historia de la asamblea constituyente. La huelga de hambre demandando los dos tercios, los cabildos, los paros cívicos y otras ya están gravadas en la historia como hechos que potencian el proceso constituyente en Bolivia. Es probable que se estén pensando en mas acciones y nuevas propuestas, la historia de Bolivia se ha construido de esa manera y por muchos años mas seguirá ese rumbo, pero siempre es prudente una tregua, siempre ha habido una. Una para dar tiempo a que “la carga se acomode un poco”
Es bueno creer que el proceso constituyente ha madurado, dando como primeros resultados la incorporación de una mayoría de la población en el debate y en la problemática. Ha madurado, porque nos ofrece la oportunidad de pensar sobre una etapa concluida y ponernos al frente otras más, anexándonos un amplio listado de problemas complejos y problemas de fácil abordaje.
Estamos frente a problemas claramente definidos y frente a desafíos sociales que afrontar, nos toca una etapa interesante, establecer que tanto estamos capacitados y dispuestos a soñar con un estado de naciones diversas pujante y dispuesto a construir nuestra soberanía en nuevas condiciones y bajo los nuevos imaginarios colectivos contribuyendo a la unidad en diversidad y desarrollándonos en base a principios y valores compartidos. Ahora ya nadie puede decir que desconoce el desafío y nadie debe escapar del mismo; y sobre todo nadie puede excluirse adrede del presente y menos dejarse excluir.
Confiemos en los constituyentes y confiemos en que hemos hecho todo lo necesario. Es tiempo de darnos una oportunidad cambiando algunas reglas de juego.

Santa Cruz, 26 de septiembre de 2007

[i] REPAC – Santa Cruz