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viernes, 26 de diciembre de 2008

ENTRE EL SI Y EL NO A LA PROPUESTA DE LA NUEVA CPE

ENTRE EL SI Y EL NO A LA PROPUESTA DE LA NUEVA CPE

El posicionamiento del SI y del NO en Santa Cruz se da desde los medios de comunicación, eventos formales y la acción de operadores políticos-institucionales que ayudan a discernir dos visiones aparentemente antagónicas.
Con una sesgada información y solo consignas las fuerzas opositoras y conservadoras se niegan a socializar el contenido de la propuesta de texto constitucional, mientras que las instituciones afines al cambio se esfuerzan por socializarla de manera pedagógica y técnica.
Objetivamente el SI encuentra sus mejores argumentos en un análisis comparativo entre la Constitución Política del Estado en vigencia y la propuesta de nueva Constitución Política del Estado, (a futuro inmediato supone cambio con mas inclusión y mejor democracia) y el NO sólo atina a apoyarse en argumentos y conjeturas instrumentalizadas que hasta ahora no fueron aclaradas ni resueltas de manera adecuada.
Así para la ciudadanía que ya optó por el SI a la nueva CPE (por consigna, compromiso o convicción reflexiva) se le abre un abanico de tareas participativas y de transformación de la realidad lo que los motiva a organizarse y trabajar con nuevas propuestas constitucionales; en tanto que los que promueven el NO (instructiva institucional del Comité Cívico), se limitan a esperar el resultado del referéndum ya sea enfrentándose esporádicamente en zonas suburbanas con palos y piedras a los activistas del SI (intolerancia rechazada por la población), con manifestaciones tolerantes y racionales como la marcha de tractores realizadas el martes 16 de diciembre por el agro cruceño o con las campañas al medio día en el paseo de la avenida Monseñor Rivero.
Con el “Tractorazo” y la campaña en la Monseñor Rivero la reacción citadina levanta la cabeza con el apoyo del agro, el sector profesional y estudiantil de colegios y universidades privadas (en menor grado los colegios y universidades públicas), pero niega al proceso constituyente, esto le seguirá restando tiempo, iniciativa y creatividad para incorporar sus intereses en las tareas del nuevo Estado boliviano y más aun inhibirá una necesaria e inmediata etapa crítica y reflexiva. Contrariamente los movimientos sociales, colectivos afines al cambio y pueblos indígena originario campesinos se preparan en el ámbito del derecho positivo y en el conocimiento y asimilación del contenido del texto constitucional entendiendo de muchas maneras que el momento político y la etapa actual del proceso constituyente es de su responsabilidad ya que en ella se materializa la vía pacífica a favor del cambio y la revolución cultural, que sin duda es el camino responsable al que debe acercarse el conjunto de la población boliviana.

Santa Cruz, 26 de diciembre de 2008

sábado, 1 de noviembre de 2008

VALORACION A LA ETAPA CONSTITUYENTE


VALORACION A LA ETAPA CONSTITUYENTE


Del 6 de marzo del 2006 (fecha en que se promulgó la Ley de convocatoria para la Asamblea constituyente) al 21 de octubre de 2008 (día en que se sancionó y se promulgó la ley de convocatoria al referéndum para aprobar o no el nuevo texto constitucional) han pasado dos años, siete meses y 15 días. Este es el tiempo que demandó a las mayorías del pueblo boliviano llegar a la consolidación de una etapa importante en el cronograma del proceso constituyente.
Una primera conclusión a la que se llega desde el dato anterior es que a la oposición y a los cívicos de la media luna les resultó demasiado largo los cinco años (2006 – 2011) de gestión gubernamental “masista”, para recuperar el grado de poder perdido en las elecciones del 2005. Desde una valoración aparentemente llena de subjetivismo se jugaron a crear situaciones complejas para inducir a Evo Morales ha renunciar como presidente y a que su gobierno se desgaste tanto al grado de que el pueblo se le venga encima y pida nuevas elecciones. Para tal objeto posesionaron en el debata mediático la demanda de autonomía departamental y el cuestionamiento a la legitimidad y la legalidad del proceso constituyente.
Atacaron con el argumento de ilegalidad a la Propuesta del texto constitucional y presentaron la alternativa del estatuto autonómico (evidentemente ilegal) y una nueva figura institucional corporativa; Gobierno Departamental y la Asamblea Legislativa Departamental (También ilegales) Ambas fueron el sostén ficticio de institucionalidad de mando centralizado, creado por la demanda autonomista y que en última instancia fue desde donde se comandó la postergación de la demanda autonómica y la extrema politización. (Si el gobierno se ocupo de hacer política con la gestión económica, las prefecturas hicieron política y olvidaron su gestión económica, y la CAO - CAINCO se metió en ese carril)
Ahora con mucha soltura y alto grado de certidumbre se puede afirmar que la oposición no evalúo correctamente los rumbos que tomaría la dinámica política nacional al concentrar gran parte de su tiempo y sus esfuerzos en el desgates y boicot de la Asamblea Constituyente. Al año y medio cosechó muchos fracasos y al frente tuvieron que afrontar una gestión política con resultados desfavorable y con altos cuestionamientos y fracturas al interior, no solo de PODEMOS, sino del propio CONALDE a nivel nacional y en menos proporción del movimiento cívico cruceño. Al menos en su capacidad de convocatoria.
Por el otro lado (en contraposición a la actitud opositora) concentrar esfuerzos para llevar adelante la Asamblea Constituyente, al gobierno de Evo Morales le dio réditos políticos importantes y significativos en términos organizativos, electorales y hegemónicos, al grado de estar ya a un paso de compartir con el Comité Cívico la responsabilidad política de consolidar y legalizar la reivindicación de las autonomías departamentales)
El MAS ya no se opone a las autonomías departamentales, (ya dejo de hacerlo antes de agosto del 2007). De hecho, a partir de ahora será parte fundamental de su estrategia y propuesta electoral en miras a las elecciones nacionales del 2009, y en caso de ser favorecido por el voto popular la autonomía departamental y la autonomías indígenas originarias campesina será una tarea conjunta y compartida entre el Gobierno central, las prefecturas y los movimientos cívicos, (como debía haber sido siempre) posesionando la pluralidad y las particulares contradicciones políticas ideológicas y económicas regionales. Esto las fuerzas reaccionarias y radicales de Santa Cruz no lo toleran y por ello ahora contraponen a la demanda autonómica una demanda de federalismo.
Evo Morales, ya lo dijimos mas arriba, se opuso a la autonomía departamental solo en tanto se tenía una demanda de autonomía indígena originaria campesina bastante débil y frágilmente posesionada en el debate público, frente a un expansivo proyecto manejado por los grupos de poder en el oriente boliviano. La fuerza electoral del MAS y la reivindicación indígena que la respalda coloca, a las dos modalidades de autonomía en el plano del pluralismo político, económico y jurídico en relación democrática equitativa. Esto es lo que se tiene que entender, principalmente en el Comité Cívico Pro Santa Cruz a la cabeza de su vicepresidente (En ausencia de Branco Marinkovic). Sin embargo persiste su oposición a la realización del referéndum por la Asamblea Constituyente.
Nos preguntamos ¿Qué es lo que espera que políticamente ocurra? ¿Acaso que Branco venga con los marines ante el pedido de protectorado? ¿O qué los falangistas tomen el Estado por Asalto? ¿O Delmar Méndez vicepresidente de la Asamblea Legislativa Deprtamental sea Gobernador ante el “fracaso y la traición” de Rubén Costas? Es evidente que de seguir así terminarán perdiendo el hilo conductor de la dinámica política nacional y se atrincheran en una acción regional desgastada y difícilmente sustentable. Eso históricamente ha ocurrido con muchos partidos políticos, pero que los dirigentes cívicos lleven a ese extremo al Comité Cívico Pro Intereses, nadie se los va a perdonar.
Inevitablemente tenemos que concluir que la acción política en los marcos legales y a mediano plazo debe hacérsela en evento que se enmarquen al nuevo texto constitucional (que incluyen las autonomías departamentales) y se sustancie mutuamente (Texto constitucional y nuevos aportes) Ya no es posible crecer desde la periferia de la propuesta constitucional. De esto ya es conciente un amplio sector de PODEMOS y se juegan a reivindicar su autoría de la propuesta constitucional.
Lo actitud sectorial de PODEMOS es preparatoria a las elecciones de diciembre del 2009 para disputar el espacio electoral a Evo Morales, esto es racional y se sustancia desde el debate del texto constitucional con la certeza que:
· Ayudó a la sociedad boliviana a darle valor y sentido normativo a la convivencia entre los bolivianos
· Permitió universalizar conceptos sobre ejes temáticos concernientes a las autonomías, poderes del Estado, derechos, plurinacionalidad y pluralismo jurídico, económico, cultural, político y lingüístico.
· Identificó y posesionó los intereses nacionales y los intereses regionales en una interdependencia en miras al desarrollo integral. (Social, político, económico y cultural)
· Se abrió caparazones neocoloniales que no permitían incorporar a los pueblos indígenas campesinos originarios a procesos de organización y ejercicio institucional del Estado.
· Se marcó, se experimentó y se legitimó los alcances de la participación ciudadana desde nuevos recursos e instituciones democráticas (Asambleas, cabildos, consultas populares) para llevarlos al texto constitucional con criterios enriquecedores de la norma que regule la relación entre el poder constituyente (Pueblo) y el poder constituido (Órganos funcionales del Estado)
· Maduró la concepción institucional de la prensa y la información.
· Maduró la identificación de los roles de la sociedad y la institucionalidad al interior de la organización estatal.
· Clarificó la necesidad de normar e ir más allá de lo enunciativo en el ejercicio directo de la soberanía y supremacía del pueblo ante los poderes constituidos.
Y por sobre todo, abre una nueva etapa de enriquecimiento de la praxis política

¿Por qué ahora se pudo llegar a un acuerdo político y no antes?
Nos ponemos a pensar en las circunstancias y las razones que ayudaron al acuerdo parlamentario y lo primero que pensamos es en un CONALDE debilitado y sin argumentos para seguir radicalizando la “Resistencia civil” debido a la expulsión de Philips Goldbert, la detención de Leopoldo Fernández y el Estado de Sitio en el departamento de Pando. Pero estos son solo factores circunstanciales que configuran un ambiente de negociación.
El Estado llegó con todo su aparato represivo a un lugar donde en realidad debía haberlo hecho mucho antes. Y si en verdad existió un plan de Golpe Civil, (Hay muchas evidencias reales y otras especulativas que llevan a corroborar este hecho) la información y los detalles tuvieron que ser manejados por Leopoldo Fernández, en ese sentido las denuncias y nombres de los que participaron son ya parte de los aparatos de investigación estatal. En esa mirada vemos que la negociación propuesta por Mario Cossio, prefecto de Tarija, más que un mensaje de pacificación democrática y honesta, fue la opción para salvaguardar la “metida de pata” del CONALDE en una aventura golpista y (también) para proteger a quienes puedan constituirse en potenciales informantes de dicha aventura
Con ese antecedente el diálogo propuesto por Mario Cossio y el CONALDE después de los acontecimientos del 11 y 12 de septiembre fue un intercambio de opiniones entre los prefectos opositores y el gobierno. Pero es en este diálogo donde el gobierno y la oposición empujaron el proceso constituyente hacia el Congreso Nacional. Así lo reconoció Mario Cossio después de dar algunas razones que le llevaron a no firmar ningún acuerdo. Muchos analistas de derecha coinciden en que este acuerdo debía haber avanzado más para facilitar el trabajo de la oposición parlamentaria. Se equivocaron los prefectos de la media luna al truncar el diálogo y no buscar mas avances.
La convocatoria al congreso con agenda para tratar el referéndum para la asamblea constituyente, viene a constituirse como el paso más importante hacia la culminación de la etapa de la Asamblea Constituyente. El diálogo entre prefectos y representantes del gobierno (al no plasmarse en un acuerdo firmado por las partes) fue un preámbulo político y una pulseta mediática donde quedó claro el carácter coercitivo del Estado y el lugar jerárquico que los prefectos ocupan en la estructura estatal. (Era necesario hacerlo)
Lo que vino después del encuentro es la mesa de diálogo y negociación en las Comisiones del parlamento entre las 4 fuerzas políticas
En esta mesa la demanda de Sucre quedó al margen y el tema de la tierra, seguridad social, cooperativas de agua y de electrificación y las autonomías fueron de especial atención.
La negociación para la oposición fue algo así como un “Salvamos lo que pudimos” y un “Hubiésemos avanzado mas si teníamos un día mas y la marcha se retrazaba uno o dos días.” (Menos mal que no fue así). En todo caso tuvieron más de un año para hacerlo, y no lo hicieron, y las masas esperaron más de un año y cansados de tanta espera se propusieron cerrar el parlamento, solo entonces se pudo llegar a acuerdos. La democracia representativa no debe esperar ni llevar el conflicto a estos extremos.

¿Hubo personas claves en la negociación?

El pueblo que se apostó en las afueras del parlamento después de una dura marcha es el personaje clave de la negociación y de la promulgación de referéndum aprobatorio y dirimidor. (Aunque no el mas beneficiado)
Hay parlamentarios y negociadores que tuvieron una adecuada lectura de las plataforma política en la que giraba la negociación y la sesión congresal. Sin quitar el mérito al papel del vicepresidente Álvaro García (y que el mismo presidente Evo Morales lo reconoció), es relevante la presencia de dos miradas regionales en cierta manera contrapuestos, pero que se centraron adecuadamente en los mismos objetivos eminentemente más técnicos que ideológicos. (Para evitar el cierre del parlamento)
En cierta manera es la mirada urbana del occidente y cruceña urbana reformista (sin sentido peyorativo) que se filtra en el congreso de manera racional clara, una afín al gobierno, pero no precisamente acorde a las demandas de los pueblos y naciones indígena originaria campesinas y de los movimientos sociales, la otra eminentemente cívico empresarial.
Con respecto al texto de Oruro se hizo muchas concesiones a favor de los grupos de poder, y lo que ganó el pueblo fue llegar a esta etapa pacíficamente a través de un acuerdo parlamentario y democrático.
Vale la pena en esta oportunidad mencionar que (en cierta manera) lo que no hizo Salvador Rick y Hugo Salvatierra, en los inicios de la gestión gubernamental lo hace Carlos Romero (negociar en términos técnicos con los representantes de los grupo de poder) y lo que no quiso Tuto Quiroga lo hace Carlos Börth pero con la venia del jefe de PODEMOS y al margen del CONALDE
Es el poder constituyente (pueblo) que decide por muchas razones confiar o conformarse con lo avanzado con el texto constitucional sin intuir en los cambios que se dieron a favor de los grupos de poder. (Eso no es reprochable en el marco de esta etapa y por la premura de hacerlo). Y bueno lo que no quiso hacer y no pudo hacer la dirigencia cívica cruceña lo hicieron otros, desde encuentros secretos o reservados, con la CAO, CAINCO, asambleístas y congresistas.
Es claro que la mirada urbana cruceña perteneciente al sector oficialista y la mirada opositora pertenecientes al proyecto de las cooperativas cruceñas, CAO, CAINCO y grupos secretos de poder (desde encuentros reservados), capitalizaron acuerdos previos antes y durante la reunión de las comisiones en el parlamento. Solo en este sentido se entiende el rechazo de grupos radicales del movimiento cívico y de la Falange Socialista Boliviana en Santa Cruz y el silencio de los grupos de las logias cruceñas.
La dinámica de la democracia pactada, concertada y constitucional de los grupos de poder en el oriente boliviano empieza a acomodarse (por ahora) a los nuevos cambios sin su interlocutor cívico y prefectural. Desde esta postura la democracia liberal puede durar más y los proyectos populares y radicales de la izquierda boliviana y latinoamericano deberán seguir aportando hacia la transformación crítica de la sociedad en condiciones mas favorables y cualitativamente superiores a toda la historia pasada.
Los nuevos días y las transformaciones en la región y en toda Bolivia ira de la mano de una nueva mirada, con posturas más racionales y en busca de beneficios comunes en la lógica de un nuevo estado liberal inclusivo y descolonizador.

Refugio de los grupos de poder en la modificación al texto de Oruro
Se tiene que concluir que la intervención del parlamento en la redacción final del texto constitucional fue una concesión de los movimientos sociales y del CONALCAN en aras a la vía pacífica, y para el caso de la oposición fue la culminación de una serie de pasos diseñados para quitarle y compartir el mérito de la redacción del texto constitucional, (después del fracaso de los asambleístas opositores) además de incorporar las modificaciones que les permitan, (a los sectores dominantes) mantener su poder hegemónico.
La modificaciones (y no intenten dorar la píldora) fueron hechas en función a las consignas generadas por las fuerzas reaccionarias a lo largo del debate constituyente y ya no en apego al marco revolucionario y filosófico del que se había nutrido durante el periodo que funcionó la Asamblea Constituyente. Fueron reformas tecnócratas a favor de los intereses del capital agroindustrial y grupos urbanos conservadores.
Con las modificaciones se ha fabricado un refugio para que los partidos conservadores con proyectos neoliberales sobrevivan y se desarrollen en tanto acepten la nueva constitución Política del Estado. Los partidos de izquierda por unos años mas estarán invernando mientras el MAS seguirá intentando tener el control de los movimientos sociales y el movimiento sindical.
Con las modificaciones hechas a la propuesta de Oruro y la experiencia traumáticas de los acontecimientos de septiembre la democracia apuesta a nuevas condiciones para el reacomodo de los proyectos políticos urbanos en la medida en que las autonomías departamentales e indígenas originarias campesinas vayan definiendo los límites de su ámbito de influencia.
Con la propuesta de la nueva configuración en el tema de organización territorial marcada en la tercera parte (digamos de una vez, la “NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO”), la clase media urbana volverá ha hacer política desde proyectos regionales al interior de las autonomías departamentales y municipales para aportar e influir en la estructuración del esqueleto político – jurídico. En esta etapa jugará un papel importante el liderazgo nacional. Sin embargo las masas, organizadas y la ciudadanía al margen de cualquier liderazgo nacional o regional, no dejaran de ser los forjadores de este proceso, tanto así los que apoyaron abiertamente como los que se opusieron, porque de las dos sopas tiene la “Nueva Constitución Política del Estado”.

Y al fin el texto salio con redacción terminada
El texto llegó a su fase Terminal de redacción, y aquellos que decían antes del 6 de agosto del 2006 que el MAS iba con su texto bajo el brazo y persistieron afirmando (después del 14 de diciembre del 2007) que era un texto masista, tendrán que dejar de hacerlo. Ahora ya son parte de “ese texto”, es más demandan su paternidad.
Pero siguen los que dicen que los masistas del Congreso Nacional, traicionaron al dejar que se haga modificaciones, ellos seguirán con el tema hasta que se den cuenta que las elecciones del 2009 son con resultados cantados.
Algo de las estas posiciones son rescatables y ante ellos nos animamos a mencionar con respecto a las modificaciones del texto que:
· Al incorporar la República en vez de “Pueblo Boliviano”, se ignora un año de debate sobre las connotaciones de éste término y se retoma la supremacía del derecho a la nacionalidad boliviana frente al de la ciudadanía. Esto es darle continuidad a los deseos homogeneizantes de las clases dominantes urbanas frente a los pueblos indígenas originarios campesino.
· Volver a la elección de diputados plurinacionales es ventajoso para organizaciones con presencia nacional y no así para agrupaciones locales o regionales. Al menos en la etapa que viene después de las elecciones del 2009. Modificar el artículo que determinaba solo diputados uninominales no ha sido una buena jugada para la oposición.
· Se ha modificado el texto de Oruro para proteger la propiedad privada en el área rural, sobre todo ignorando los avances sobre el tema de tierra y territorio que se había ganado en el texto de Oruro. Al frente se tiene como ejemplo el tema referido a los transgénicos; en la propuesta de Oruro se prohibía, en la actual será normada por ley.
Ya tendremos mas oportunidades para ir explorando y desarrollando el tema constituyente, por ahora solo no queda empezar a conocer lo que se ha hecho y profundizar la convicción de las transformaciones pacífica y normadas para evitar meternos en círculos de violencia. Pensemos en construir nuevos imaginarios que enriquezcan las leyes derivadas de nuestra norma mandante o Constitución Política del Estado.
El marco legal es la legitimidad

Lo venimos afirmando a lo largo de otros artículos que la redacción final del texto constitucional es privativa de la Asamblea Constituyente. Esto en definitiva podía se ser cambiada por ninguna ley interpretativa.
Para entender la Ley interpretativa del artículo 232 y el trabajo de la comisiones en el parlamento debemos hacerlo desde el accionar de la suprapartidaria que a la cabeza del vicepresidente intentó llegar a acuerdos durante el mes de septiembre y parte de octubre del 2007, pero no para suplantar las competencias de la Asamblea Constituyente, sino para proponer a la Asamblea Constituyente una agenda que sirvan de referencia o punto de partida en la iniciación de las plenarias en Sucre.
En esta segunda oportunidad (las comisiones partidarias) técnicamente se constituyen en algo parecido a la suprapartidaria del 2007, pero sin la participación de la directiva de la Asambleístas Constituyente ni representantes de los asambleístas.
Sustancialmente fueron diferentes; las diferencias más importantes entre el octubre de la suprapartidaria y el octubre de las comisiones partidaria son:
· El 2007, en octubre no se tenía ninguna propuesta de texto constitucional en manos del congreso. Ahora sí
· El 2007 se discutían contenidos de manera general, el 2008 ocho las comisiones partidarias trataban y resolvían la concordancia y estilo de un texto propuesto. (esto era la tarea que debía haberlo hecho la comisión de estilo y concordancia antes de diciembre del 2007)
· En octubre del 2007 no se conocía y no se enarbolaba ningún proyecto político definido, en octubre del 2008 se tenía un proyecto ya escrito y jurídicamente reconocido como propuesta de la nueva Constitución Política del Estado.
· Durante la suprapartidaria no existía la prueba fehaciente de la inclusión de las autonomías departamentales en el texto constitucional propuesto; en el trabajo de las comisiones en el congreso fue imposible seguir mintiendo, ni siquiera para instrumentalizar intereses políticos y económicos.
· En octubre del año pasado los cívicos cruceños reivindican sus demandas de autonomía departamental con bases sólidas, pero en el transcurso de del 2007 al 2008 construyen demandas fuera del contexto constituyente y de la legalidad. En octubre del 2008 las demandas sectoriales en conflicto y el texto constitucional se dirigen al ámbito de la legalidad y por ello toda la ilegalidad de la construcción cívica no logra posesionarse en la comisión partidaria del congreso.
Con estos puntos de por medio, llegamos de octubre del 2007 a octubre del 2008. Y el 20 de octubre del 2008, será el día que recordará la historia boliviana de muchas maneras. Unos la recordaran como el día en que oposición y oficialismo se unieron, otros como el evento que más personas juntó alrededor de la plaza Murillo, otros como el día en que empezó a refundarse Bolivia, también como el día que nació la guagua constituyente, pero nadie debe olvidar que ese día las masas impusieron su voluntad, que las masas (fuera de los recintos del congreso) cansadas de la irresponsabilidad parlamentaria y la negligencia de cívicos y prefectos rebeldes dan una oportunidad (a la clase política) para que planteen una solución legal a esta etapa del proceso constituyente o firmen en definitiva su cierre.
El 2003 se había obligado a que el presidente constitucional presente su carta de renuncia, casi se llega a experimentar el cierre del parlamento por la acción y voluntad de las masas, no por un golpe militar o cívico militar, sino por un nuevo 52. Es esta la razón única que tiene sentido a la hora de la promulgación y sanción del referéndum.
La legalidad a partir de la ley interpretativa del artículo 232 es tan débil y transgresora de la norma constitucional como tantas otras que aun conviven en la estructura jurídica nacional sin ser ni siquiera observadas.
La ley interpretativa, la moción de dispensación de trámite y voto urgente le usurpa competencias a la Asamblea Constituyente, (contraponiéndose al artículo 232 de la actual CPE), pero en un proceso como el que se está viviendo el exceso positivo tiene sentido desde aquello que Juan Lechín y miles de populistas latinoamericanos lo repiten “La voz de pueblo es la voz de Dios”.
Es la voluntad del pueblo la que se hizo carne en la noche del 20 de octubre y la media mañana del 21 del mismo mes. Por fin los legisladores escucharon la voz de Dios, e intuyeron el castigo de seguir haciéndose a los sordos y ciegos.
Algún constitucionalista que quiera desgarrarse la vestimenta tratando de encontrar coherencia y concordancia del derecho positivo en las Ley interpretativa del artículo 232 de la actual CPE, la moción de dispensación de trámite del reglamento general de la Cámara de Diputados, la modificación al texto constitucional propuesto en manos de los legisladores y la ley de convocatoria al referéndum sancionada el 21 de octubre del 2008, (para aprobar el texto constitucional), pecará de iluso y atrevido. Sencillamente jamás la encontrará y tampoco podrá demostrar lo contrario.
Por primera vez vale la pena afirmar que el marco legal de la Ley de Convocatoria al referéndum y la modificación del texto constitucional reside en la legitimidad, es esta la nueva construcción del estado. Ante la vida corta que le queda a la actual CPE, la legalidad necesariamente debe marcarla la legitimidad del pueblo.
Parafraseando a aquella frase de Mariano Melgarejo cuando un 23 de marzo del 1865 desde los balcones del palacio quemado exclamaba “Belzu ha muerto, Quién vive ahora?” diremos ¡La vieja constitución ha muerto¡ ¿Quién vive ahora?
El pasado 21 de octubre del 2008 el presidente Evo Morales y mas de 20 000 personas frente al palacio quemado gritaron Patria o muerte ¡Venceremos! En una clara alusión al proyecto latinoamericano y el ideal guevarista.
Se vuelve a recuperar lo que en 1865 se empezó a perder; la propiedad de tierra de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos.
Y que curioso, la negociación se da a partir de acuerdos en este punto. Hay un viraje y una renuncia a una victoria total sin duda, pero ¡Que sea la historia la que juzgue!

Santa Cruz, 28 de octubre del 2008

jueves, 16 de octubre de 2008

ANÁLISIS URGENTE AL FILO DEL TIEMPO

ANÁLISIS URGENTE AL FILO DEL TIEMPO


Las variantes sobre el curso de la Asamblea Constituyente de alguna manera fue tratado en otro escrito del análisis post referéndum revocatorio, entre las cuales se manifestaba la abierta posibilidad de que se quiera trasladar el proceso constituyente a las sesiones del parlamento para que ésta sea la encargada de imponer las reformas a la propuesta inicial y el destino de la misma.
Nos referimos a posibles ajustes a la propuesta del texto constitucional desde los resultados expuestos en el trabajo de comisiones del poder legislativo.
Creemos que esto no es lo mas prudente y que de seguir adelante se estará dirigiendo el proceso de la propuesta del nuevo texto constitucional a un mundo de pactos políticos entre representantes no elegidos para incorporar cambios al tema de Reforma Total de la Constitución.
A inicios de agosto del 2006 las mañosas jugadas y pactos políticos que noquearon a la Ley Especial de Convocatoria (donde al presidente se le facultaba para convocar al referéndum revocatorio), fue elaborada desde la Ley de ampliación de la Asamblea Constituyente. En esta Ley el poder legislativo se apropió de la facultad de convocatoria.
Pues ahora el pueblo y los que confían en las norma aun esperan que el parlamento sea honesto y conciente de las necesidades histórica de transformación convocando sin necesidad de presión social de una vez por todas al referéndum dirimidor y referéndum revocatorio.
Pero el fantasma servil a intereses patronales y logieros de la brigada cruceña ya empezó a movilizar a partidarios en el departamento para justificar más negligencia y mas irresponsabilidades al igual que aquellos constituyentes (que al desempeñarse en marcos constitucionales desde sus cargos electos) carecieron de argumentos democráticos para trabajar la voluntad de la minorías, optando despreocupadamente ha abandonar las sesiones, boicotear el proceso, promover la intromisión de los tres poderes constituidos, desacreditar su propio mandato y tomar las calles e instituciones estatales.

Ahora para redimirse, y ante el fracaso de un conjunto de opciones ilegales, los legisladores partidarios de PODEMOS y los otros se aferran a la reforma constitucional desde el poder legislativo. Es claro que aun no se quiere dejar aquellas prácticas de pactos políticos para empezar honestamente a respetar las normas en el marco de funciones legislativas y dejar de ser imitaciones de corredores de bolsa o de negociadores plenipotenciarios del imperialismo norteamericano.
Ya a lo largo de los escritos y las ideas sobre el tema se ha ido recalcando el permanente exceso normativo a la CPE en la práctica política nacional, y si esto se sigue dando, al fin de cuentas llegaremos a encontrarnos ante una lógica de derecho consuetudinario, sobreponiendo lo legítimo a lo legal y renunciado al derecho positivo refrendado por los ciudadanos. No se debe creer que eso sea en si mismo malo, pero como se van dando las cosas en Bolivia y sobre todo en el oriente boliviano, es prudente volver a la norma constitucional y ser crítico a los excesos que se vienen de acá en adelante.
En los excesos de la norma constitucional se han dado algunos que son provechosos y que han profundizado la democracia, pero otros no.

Los dos tercios en la Ley de convocatoria es un artículo ilegal
El tiempo de trabajo y el número de sesiones de la Asamblea Constituyente fue consumido por una agenda de dispersión y boicot impuesta desde la oposición. PODEMOS y otras bancadas se opusieron a tocar el tema con la simplicidad que demandaba hacerlo, y argumentaron con todo para obstaculizar toda solución racional al respecto del debate de una Asamblea derivada o una Asamblea Originaria, y (junto a ella) el tema de la mayoría absoluta o los dos tercios.
La minoría se apoyó en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado en vigencia y el artículo 25 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente insistiendo que el artículo del reglamento de debates debía “sacramentalizar” que la aprobación en grande y en detalle del texto constitucional sea por una mayoría equivalente a los dos tercios mientras el MAS proponía mayoría absoluta (50% mas 1) para la aprobación en grande y un sistema combinado para la aprobación en detalle.
Dado el avance y el camino que transitó la Asamblea Constituyente en este aspecto, es necesario desmenuzar los artículos para explicar la concordancia de la Ley Especial de Convocatoria con la C. P. E.
El Art. 25 de la ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente menciona “(aprobación del texto constitucional). La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Constituyente, en concordancia con lo establecido por el título II de la parte IV de la actual Constitución Política del Estado”
La palabra clave de todo el meollo es “En concordancia” Este artículo no está en concordancia con el artículo 232 de la parte IV de la actual CPE.
Veamos el título II de la parte IV. Lo referido a la reforma total de la Constitución dice que “… es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por la Ley Especial de convocatoria…” Es claro que se refiere a que la Asamblea Constituyente será convocada por el parlamento.
Se convocó mediante la Ley Especial de Convocatoria del 6 de marzo del 2006. Hasta acá la concordancia entre la promulgación de la Ley y la CPE existe. Pero aclaramos y recalcamos enfáticamente lo que dice el artículo 232 de la CPE, “La reforma total a la constitución es privativa de la Asamblea Constituyente”. Esto inhibe la legislación de la reforma total de la Constitución a toda institucionalidad o representación fuera de la Asamblea Constituyente y que no haya sido normada exclusivamente por la Asamblea Constituyente. Significa pues que los Asambleístas tenían en mandato de reglamentar la aprobación del texto constitucional desde cualquier modalidad acordada por ellos.
Veamos mas, se dice a continuación que dicha ley “…señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes…” Esto está presente en la Ley de Convocatoria y se normó de acuerdo a este mandato constitucional. (nada que discutir).
Y el artículo 132 también menciona claramente que la ley de convocatoria “…será sancionada por los dos tercios del voto de los miembros presentes del H. Congreso nacional…” La ley fue sancionada por los dos tercios de los presentes en el H. congreso. Acá tendría que acabar el debate legal de los dos tercios mencionados en el artículo 232. Cualquier debate posterior sobre la mayoría absoluta o los dos tercios para aprobar en grande o en detalle el texto constitucional es y fue privativo de la Asamblea Constituyente. Los dos tercios mencionados en el artículo 232 de la CPE no es extensivo y tampoco se deduce su legalidad normativa hacia la elaboración del reglamento de debates.
Las minorías se agarraron de este artículo para desmantelar el proceso constituyente. La directiva de la Asamblea pareció no darse cuenta o ignorar el límite constitucional de los dos tercios desde el artículo 232 de la CPE
Al profundizar el problema llegamos a ver que el artículo 25 de la Ley de Convocatoria excede el mandato del artículo 132 de la CPE. En este articulo no manda al H. congreso nacional legislar o normar la modalidad del aprobación del texto constitucional, su alcance es la promulgación de la Ley de convocatoria y la modalidad de la elección de los constituyentes, solo eso, nada que ver con el funcionamiento en si de la Asamblea Constituyente y del reglamento de debates, esto ya lo dijimos fue siempre privativo de la Asamblea Constituyente. Este es el punto que los partidos políticos y las representaciones de la ciudadanía dejaron pasar y dejaron que domine el debate constitucional.
El primer vicio constitucional debía ubicarse en el artículo 25 de la convocatoria y en otros más, y no en los debates y resoluciones de la directiva de la Asamblea Constituyente. En otras palabras este artículo (25 de la Ley especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente) es inconstitucional y por tanto es necesario reconocer que la Asamblea Constituyente tenía toda la facultad constitucional de determinar si el texto se aprobaría por dos tercios o por mayoría absoluta.
Este es un ejemplo más de la falta de concordancia en la estructura jurídica boliviana. En otro artículo de este mismo ensayo ya nos referimos al caso del Ley del Tribunal Constitucional.
Constitución manchada de sangre
Estamos a finales del año 2008, y se sigue machacando don la “Constitución manchada de sangre” Pero ¿Quienes la mancharon de sangre?
Al quedar demostrado que el debate de los dos tercios fue un punto que debía ser resuelto desde el reglamento de debates y la normativa emanada de la Asamblea Constituyente, (lo mismo podemos decir de la Capitalidad Plena), llegamos a concluir que los que mancharon de sangre el proceso constituyente fueron aquellos que llevaron a las calles y presionaron (con huelgas de hambre, violencia callejera institucional y represión simbólica y material) todo el debate, la deliberación y los acuerdos exclusivos del ámbito constituyente. Son aquellos que desvirtuaron la ley y se alejaron del mandato constitucional.
Los culpables deben ser evidentemente identificados, pero de ninguna manera esto debe inhabilitar el proceso y todo lo avanzado en la reforma total del texto constitucional.
Los que argumentan su inhabilitación por lo de aquellas “manchas de sangre” quieren seguir manchándola de mas sangre, esto ya es el colmo y pues demanda a la población boliviana y en particular a la sociedad cruceña ser críticos ante los intereses particulares de políticos que quieren hacer de la Asamblea Constituyente parte de un proceso “hemofílico” para darse a ellos mismo la razón y seguir obstaculizando las transformaciones sociales, políticas y económicas de Bolivia y el continente americano a favor de las mayorías.

Proporcionalidad tramposa ¿Dónde?
En el libro “La historia no oficial de la Asamblea Constituyente” (2008) escrito por el asambleísta Gamal Serhan J, en el prologo escrito por Enrique Toro Tejada se hace alusión al sistema de proporcionalidad del texto constitucional y se dice que el MAS buscaba los dos tercios de constituyentes en la Asamblea Constituyente.
Todo esto carece de seriedad científica y sobre todo de falta de cálculo aritmético; primero porque llegar a tener los dos tercios, desde la norma era imposible para un solo partido, agrupación ciudadana o cualquier otra forma de representación que se pudo haber dado.
Veamos, los dos tercios de 255 es exactamente 170. Ahora bien por cada circunscripción se elegía 2 asambleístas por mayoría y uno por minoría, es decir que si el MAS ganaba en todas la circunscripciones de Bolivia llegaría a 140. Si a ello le sumamos los 18 constituyente que podrían sumar al ganar en los nueve departamentos, el MAS llegaría a 158 asambleístas. Ese es el tope de sun ganador absoluto por circunscripción y por departamento. Decir que el MAS llegaría a los 170 con esta distribución es una de los absurdos y mentiras que acompañan al libro de don Gamal Serhan. Claro que lo oculto a lo que se refiere el señor Toro puede ser a que en el Chapare algunos constituyentes catalogados como masistas fueron candidatos por el MBL. Pero eso pues no es un problema de “un tramposo sistema de proporcionalidad (SERHAL G. 12. 2008).
Como en muchos casos, en muchas referencias bibliográficas y debates mediáticos, éste es un argumento más, (totalmente inconsistente) a los que recurre la oposición y los opositores para seguir interfiriendo la revolución pacífica democrática y cultural impulsada desde la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado.
Se acabó el discurso de que el MAS no quiere las autonomías departamentales, al contrario, ahora es el MAS quien impulsa las autonomías, solo que al filo de nuevos acontecimientos.
El proceso constituyente sigue aun por caminos inciertos y los del CONALDE ahora con cara de diputados y senadores democráticos se apertrechan llamando a la violencia en la ciudad de Santa Cruz, ante la supuesta agresión física a la que serán sometidas por las “Turbas masistas” en la ciudad de La Paz con motivo de las sesiones del parlamento.
Nos parece este el argumento menos consistente para no darle continuidad al proceso constituyente y respaldar la adelantada y anunciada estrategia del boicot
Estamos al filo del tiempo antes de que las representaciones democráticas de la oposición quieran tomar el camino de la violencia y la promueva implícitamente, y con ella marquen de nuevo el paso en falso, solo por satisfacer a un grupo de radicales de derecha que poco a poco se convierten es actores marginales, sin excluir de está análisis posturas radicales de la izquierda y de los movimientos sociales.
Finalmente afirmamos que estamos en el punto histórico donde cualquier error no será “Un error más” sino, la evidencia sistematizada de lo que se quiere hacer con Bolivia.


Santa Cruz, 16 de octubre de 2008

sábado, 4 de octubre de 2008

GESTION Y VIOLENCIA

GESTIÓN Y VIOLENCIA

La relación de violencia y agresividad institucional del el Movimiento Cívico con los poderes del Estado y la Asamblea Constituyente se la puede analizar (también) desde la limitante normativa que ejercita la democracia representativa.
Mediante el referéndum autonómico del 2 de julio del 2006 la demanda regional de autonomía departamental se vincula a la asamblea constituyente de manera directa y no a través del Comité Cívico, ni de la prefectura departamental, aun estas hayan sido consideradas como las entidades (una cívica y la otra estatal) gestoras de la demanda. Es decir que en ningún momento se puede establecer espacio jurídico existente que devenga como mandato regional legal y que faculte al Comité Cívico y a la prefectura ser las voces únicas de la demanda y menos para que se conviertan en entidades negociadores de las competencias y facultades que deban constitucionalizarse a través de la Asamblea Constituyente.
Los únicos que detentaron esta facultad fueron los 44 constituyentes por Santa Cruz, para el caso de Santa Cruz, y claro está que a través de estos, tanto la iniciativa individual como corporativa, el Comité Cívico y todas las organizaciones civiles podían deliberar y plasmar sus demandas en el tema de la autonomía departamental. Así lo norma la CPE, la ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la Ley del referéndum autonómico.

Críticamente podemos llegar a la conclusión de que el Comité Cívico pro intereses de Santa Cruz no estaba facultado objetivamente (por que no hay ninguna ley que la respalde) para diseñar e impulsar el proyecto autonómico sino era a través de la Asamblea Constituyente, y tampoco subjetivamente (Instrumento organizativo o con legitimidad departamental) por que no aglutina ni representa a la totalidad de las organizaciones e instituciones departamentales. (Su legitimidad es sectorial)

Si evaluamos el rumbo que el Comité Cívico dio a la demanda autonómica del departamento, después del referéndum del 2 de julio del 2006, llegamos a los siguientes resultados:
  • El Comité Cívico no encaminó de manera adecuada la demanda. Confió más de lo prudente en la propuesta individual del Dr. Juan Carlos Urenda (ideólogo del proyecto autonomista) y en el liderazgo Pablo Klinsky (Presidente de la Asamblea preautonómica) menospreciando la creatividad y responsabilidad colectiva del pueblo, sus instituciones y sus instancias organizadas.
  • Se alejó de la representación cruceña en la Asamblea Constituyente en sus etapas mas importantes, es decir no hizo un adecuado seguimiento, y en concomitancia con está actitud no tuvo la habilidad de persuadir, asegurar y negociar posturas con los asambleístas (Ni con los de PODEMOS menos con los del MAS) en materia de forma, contenido y esencia temática (sobre todo el tema de las competencias) necesaria para implementar el proyecto constitucional y el de las autonomías departamentales.
  • Se propuso ser instancia de debate y deliberación constituyente sin mandato popular. Se atribuyó las competencias de la directiva de la Asamblea Constituyente (Marcar agenda) desde el único mérito de ser una parte del poder constituyente, (pueblo) que al representar a una sola fracción (a nivel nacional y departamental) perdía toda legitimidad y carecía de objetividad jurídica.
  • Una insistencia desmedida y radical se apodero del Comité Cívico, para imponer una agenda caprichosa y tendenciosa (Capitalidad plena, dos tercios, constitución derivada, ilegalidad del texto constitucional propuesto, oposición al referéndum dirimidor y refrendatorio y otros) trasladando el debate constituyente a las calles y a los estudios de los medios de comunicación (que jamás tuvieron la legalidad y legitimidad de una sesión parlamentaria, una audiencia pública o un foro territorial) para movilizar, desinformar y sesgar el proceso constituyente (a través de un discurso radical y mediático) con el único objeto de desgastar al gobierno de Evo Morales y preparar un golpe civil institucional. De esa manera se armó el esqueleto de la presión y violencia callejera. (Movilizaciones en Sucre, bloqueos de caminos, cierre y atentados hacia infraestructura y ductos hidrocarburíferos, destrucción de bienes e instalaciones de instituciones estatales, exacerbación de la identidad cruceña y regional, etc.)
  • El Comité Cívico se opuso a la nacionalización de los hidrocarburos y a las políticas asistencialistas y de carácter popular del gobierno, sin explicar racionalmente esta actitud. (que en los hechos terminó valorando lo positivo de estas medidas) Igualmente cuestionó su política internacional (sobre todo) con el gobierno de Venezuela y la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Toda esta oposición (Contra lo esperado por la dirigencia cívica) generó en la población un sentimiento de unidad en torno al proyecto nacional liderizado por el presidente Evo Morales y en oposición a un proyecto imperialista. La expulsión del Embajador Goldberg cuestionada por el Comité Cívico y el CONALDE puso en evidencia su relación conspiradora con el personero norteamericano y Branco Marincovic.

Como se puede ver, está por demás querer analizar triunfos regionales y acciones sostenible y acertada a la gestión de Branco Marincovick, porque comparadas con los desaciertos son casi insignificantes. Puede que nos equivoquemos, pero por ahora no se visibiliza significativos aciertos; en realidad lo mucho que hizo Germán Antelo (2005 – 2007) fue tiznado y opacado por Branco Marincovic y su entorno radical.

En cierta manera los miembros que eligieron a Branco (2007 - 2009) lo hicieron pensando en su radicalidad y sus firmeza opositora, frente a otros candidatos que podían haber continuado con la postura negociadora y racional de Germán Antelo.

Branco Marincovik se alineo con la opción mas radical a partir de la toma de las oficinas de la UJC por parte de la juventud falangista (agosto del 2007) y luego estas postura sería las que marcaron toda su gestión. Discursos acalorados antigubernamentales, llenos de racismo y exacerbación regionalista, reivindicando la Nación Camba que, fue relegando a segundo plano la racionalidad democrática y persuasiva (sin dejar de ser elitista y logiera) que caracterizó a la gestión de Germán Antelo

Branco Marincovik fue lo que la, Unión Juvenil Cruceñista (brazo cívico de la FSB y propugnador de la resistencia armada) quiso que sea; obtuvo el apoyo, respaldo y legitimidad política - simbólica convirtiendo al Comité Cívico Femenino y la Asociación de Fraternidades en activistas y masa política manipulable; estableció nexos políticos con el Imperio y la Empresa Privada para financiar actos de violencia y la acción de operadores y agitadores políticos callejeros y mediáticos; y finalmente fue prisionero y guardián (al mismo tiempo) de la Asambleas de la Cruceñidad (Asamblea de representantes de la oligarquía y grupos de poder).

Es pues en todo este conjunto de relaciones y actores políticos donde se debe explora para toparnos con los responsables del nivel de violencia y de desgaste del liderazgo cívico.
De esta experiencia de gestión y violencia (para aportar al proceso constituyente y las autonomías departamentales) debemos aprender a entender (los hechos lo muestran) que la mejor gestión institucional será aquella que se enmarque en las normas establecidas y en saber manejarlas para transformar (las normas) apoyados en los excesos positivos y superar los excesos negativos.

Nuestra democracia representativa en su versión vigente establece que el pueblo delibera y gobierna a través de sus representas establecidos por la CPE y normado por ley. (Art. 4 de la CPE)

El Comité Cívico al no estar sustentados en la CPE y adjetivado para explicar su concepto, además de todo lo anterior, (no nos referimos a su Personalidad Jurídica del 1951) no es la institución legal para deliberar y gobernar, y deja de ser, por sus errores y la composición elitista, la institución líder a través del cual se debe legitimar la propuesta de competencias para la Autonomía Departamental en el departamento de Santa Cruz.

Sin embargo el rol protagónico de la instancia Cívica no puede desvincularse en el análisis del rol de los movimientos sociales, instituciones estatales e instrumentos políticos, ya que todas estas instancias organizadas han puesto a Bolivia en niveles de alta violencia, esto es precisamente lo que se debe tomar en cuenta para valorar la gran responsabilidad que tendrá la sociedad civil al aplicarse la propuesta del nuevo texto constitucional; mucha madurez política y responsabilidad para adscribirse concientemente a una nueva norma de vida estatal, donde el Control y la Participación Social vendrán a ser dos pilares fundamentales (Junto a los órganos funcionales del Estado) en el desarrollo económico, político, social, cultural, lingüístico y espiritual de la estructura social del Estado Boliviano.

El conflicto nos ha estado mostrando los roles y los alcances de toda institución en la organización y desarrollo estatal, sus competencias y facultades. Y también estamos empezando a ver que cuando estas rebasan el mandato obtenido a través de voto o lo ignoran, nos exponemos a la organización de la violencia.
Desde la gestión del Comité Cívico y la rebeldía de la Prefectura al poder constituido, al analizar el conflicto y los niveles de violencia nos vemos obligados a profundizar y plantear la gran tarea de desorganizar la violencia regional institucional y retomar la deliberación y el debate dentro la norma constitucional.

En ese entendido la construcción social del Estado Boliviano (vía nueva constitución política) es un trabajo de todos, aun de aquellos que vienen oponiéndose violentamente. Y sin negar su existencia estamos convencidos que la violencia en cuanto opción de transformación de las condiciones estructurales de la sociedad civil se la puede negar, pero dadas las circunstancias si es inevitable negarla corresponde a las instituciones represivas del Estado desmontarla desde la normativa constitucional y no dejarse llevar por el temor y la irresponsabilidad para que se radicalice al grado de hacer inevitable una guerra civil.
La institucionalidad estatal debe ser por ahora la garantía para las opciones de paz y la consecución del proceso constituyente.

Santa Cruz, 4 de octubre de 2008

lunes, 22 de septiembre de 2008

CRISIS, EMPODERAMIENTO Y HEGEMONÍA

CRISIS, EMPODERAMIENTO Y HEGEMONÍA

La actual crisis política en Bolivia radica en la disfuncionalidad del ordenamiento jurídico y la configuración del poder estatal. Es necesario en tal sentido convencerse de una vez que estamos frente a una estructura jurídica (CPE) insuficiente para contener la emergente configuración del poder constituyente (pueblo) y el empoderamiento ciudadano.
El poder delegado a las instituciones, (Prefecturas, alcaldías, etc.), a los movimientos sociales (Federaciones de campesinos, obreros, comerciantes y otros), a los pueblos y naciones indígenas originaria campesinas, la ciudadanía (desde el derecho individual y el derecho colectivo), y a los movimientos cívicos (Departamentales y provinciales), son hechos que explican la resistencia civil y/o el empoderamiento de la sociedad y desde donde se puede entender el alto grado de conflictividad, y por ende plantear las opciones de solución.
La crisis política y el alto grado de conflictividad nacional analizados desde la resistencia civil lleva inevitablemente a tocar el papel de las prefecturas departamentales y las estrategias políticas (pacíficas y violenta) en las que estas se movieron e involucraron.
El empoderamiento de los movimientos y organizaciones sociales, llevan a visibilizar los derechos consuetudinarios excluidos y el derecho positivo no implementado a lo largo de la vida republicana, fundamentalmente.
Entonces el empoderamiento y la resistencia civil confluyen para afirmar la necesidad de una nueva carta magna donde el imaginario de la colectividad boliviana esté expresado de manera positiva y participativa.
Las demandas
A los gobiernos prefecturales y los cívicos cruceños la historia les confió la responsabilidad de llevar adelante la autonomía y descentralización administrativa departamental en la misma medida que las autonomías indígenas a los movimientos sociales y las organizaciones indígenas.
En ese entendido mientras las autonomías indígenas fueron planteada a las instancias creadas para su tratamiento (Asamblea Constituyente y poderes constituidos) con elementos constitucionales claros y de manera monolítica por el conjunto de las organizaciones indígenas a nivel nacional, las demandas departamentales estaban divididas; por un lados las prefecturas (antes del 10 de agosto) de Oruro y Potosí estaban alineados al poder central con planes de una mera descentralización administrativa, mientras que Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija se proponían implementar regimenes de autonomías sin un marco jurídico que los contenga.
Un papel entredicho ocurrió en las prefecturas de La Paz y Cochabamba donde se jugaban entre lo uno y lo otro, (autonomía o descentralización) con un mando prefectural alineado a los fines opositores, pero con una población mayoritaria afín a las gestión del poder central. Estas dicotomías se resolvió en el referéndum del 10 de agosto cuando por voto universal se revocó al los prefectos de La Paz Y Cochabamba.
Estrategia de oposición.
La dinámica de oposición prefectural y cívica cruceña, particularmente, a partir del 2006 consistió en acopiar y administrar todos los conflictos que la sociedad y el estado generaban en su relacionamiento. En cierta manera la profundización y el manejo a las contradicciones Estado - Sociedad fue la línea de acción opositora y no así el análisis objetivo del ejercicio del poder y sus leyes.
Al intentar profundizar el conflicto, las prefecturas propusieron una nueva norma, para dar significancia a un imaginario radical, altamente inestable exponiendo derechos que privilegian la a las logias de poder con componentes raciales, regionalistas y de clase, cuya manifestación se evidencio, primero en el debate constituyente en la ciudad de Sucre y después en el genocidio de campesinos en el departamento de Pando.
Desde la propuesta y la supuesta aplicación de una nueva norma (Estatutos Autonómicos) las prefecturas y los cívicos cruceños instrumentalizaron los imaginarios y la identidad de la ciudadanía cruceña. Desde el contenido de esta misma propuesta polarizaron el debate. Es la instrumentalización y polarización del conflicto la que configura las primera disfuncionalidades institucionales y el descontrol de sus operadores políticos. (Después de la tomas empezaron a repartirse las instituciones sin ningún criterio a no ser de aquel que de el derecho al que llegó primero)
Perspectiva de negociación
Existió siempre en la oposición la necesidad de consolidar alianzas. En este de alianzas del Comité Cívico cruceño y la prefectura; posiblemente el proyecto mas avanzado se dio en la conformación del Consejo Nacional por la Democracia CONALDE.
En un principio, con las 6 prefecturas departamentales y sus respectivos Comités Cívicos con acuerdos en marcha pero no consolidados desde el CONALDE se pensó que sus propósitos se irían materializando, pero su afán por “meter leña a los conflictos” no les permitió evaluar la magnitud y el grado a la que el gobierno había concedido para empoderar a los movimientos sociales y las organizaciones de los pueblos indígenas, empoderamiento que venía acompañada de una construcción ideología contrahegemónica al de dominación de la clase dominante y que se pudieron evidenciar en una serie de hechos (revocatoria de prefectos de Cochabamba y La Paz, resistencias a los paros cívicos en Yapacaní, Montero, San Julián, el Plan tres mil y gremialistas del área urbana, el genocidio en Pando, las tomas y destrucciones de instituciones estatales en la media luna y otros) que en definitiva afectarían la débil alianza del CONALDE y su oculta relación con el Imperio Norteamericano
En ese sentido dos evidencias son importantes resaltarlas:
Primero: El bloque cívico prefectural y el CONALDE, en Santa cruz se ven disminuidos en su representatividad negociadora con la detención del Prefecto de Pando y el nombramiento de uno nuevo que debemos entenderlo alineado al bloque de prefectos de Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro.
Segundo: Un sentimiento de culpabilidad, si no de derrota, del CONALDE en cuanto pierde legitimidad su pronunciamiento del 3 de septiembre. Es claro que el pronunciamiento fue hecho a los apuros y con la sola finalidad de expresar el repudio y resistencia a la convocatoria del referéndum del 7 de diciembre del 2008. Un bosquejo rápido de este pronunciamiento se hace en el siguiente párrafo.
Se trata ahora de entender el pronunciamiento y sus resultados: a) se buscó masificar el bloqueo de carreteras, (sin resultados positivos); b) seguir boicoteando la propuesta del texto constitucional para impedir llevarla a un referéndum (sin embargo no la evita y avanza la propuesta gubernamental); c) implementación de los estatutos autonómicos (Se deslegitima su implementación inmediata y se negocia); d) conformar un frente amplio para la defensa de la democracia que trabaje para la pacificación nacional y la recuperación plena de la democracia (El CONALDE no pudo estructurar ningún frente amplio por su poca credibilidad; el frente se dio por iniciativa del gobierno y patrocinada por la UNASUR); f) y por último denunciar al pueblo boliviano la persecución política a las autoridades departamentales y los dirigentes cívicos (la única denuncia pública fue defender a Leopoldo Fernández y a los que participaron en el genocidio de Pando, y sin duda es lo menos acertado desde el punto de vista político; se percibe exacerbación hacia la fidelidad y alianza con el fin de protegerse de posibles demandas jurídicas.
Estas dos evidencias nos deben llevar a reconocer la pésima gestión política del CONALDE, de la Prefectura departamental y del Comité Cívico cruceño, y concluir que estamos frente a quienes vienen postergando todo tipo de autonomías, (departamental, municipal, regional e indígena campesina originaria), confundiendo a la población y propiciando niveles altos de violencia con el único objeto de favorecer intereses transnacionales.
Los sujetos que deben negociar:
Son las partes en conflicto las que deben empezar a negociar, a través de representaciones legítimas.
Las partes en conflicto son los movimientos sociales, el plan tres mil, los pueblos indígenas, los colonizadores (todos con representación legítima a través de las cabezas de sus organizaciones); la Policía, las Fuerza Armadas, las instituciones estatales(que deben ser representados por el Poder Ejecutivo) la comunidad internacional (UNASUR y representantes por el peligro que significa la intromisión Norteamérica para la seguridad de la región) y la población urbana de las provincias y de la capital cruceña (que debiera ser representada por el Comité Cívico, pero por lo que se dijo mas arriba es claro que seguirá transitando senderos de ilegalidad, intolerancia, racismo, violencia y regionalismo)
Ante esto se tiene el gran desafío de conformar una organización representativa de la región, (que no privilegie el poder económico de las élites) que muestre la pluralidad en el ámbito económico, político, productivo, educativo, sindical, corporativo, cultural, etc. con la visión de promover el desarrollo y el progreso, y con criterio de unidad nacional.
La emergente representación regional tendrá que descubrir la retrógrada finalidad de las logias cruceñas y la antidemocrática representatividad del Comité Cívico cruceño.
Cerco y llegada a Santa cruz de los movimientos sociales
El cerco a Santa cruz, impulsados por los movimientos sociales, lo mineros de Huanuni, los colonizadores y pobladores de Yapacaní y San Julián ya dejan de ser un mero boicot a la feria internacional (símbolo del emprendimiento regional) realizada en la capital cruceña.
El cerco es la materialización política de un proceso de transformación y de la derrota del proyecto oligárquico en el occidente boliviano desde el empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesino. Es pues la capacidad de estos de tomar decisiones políticas de interés nacional desde la construcción de una nueva hegemónica popular.
¿Pero qué pasa en Santa Cruz? El cerco de Santa Cruz, ¿Debe traducirse en una amenaza que demande la capitulación de los prefectos y del comité cívico cruceño? Claro que no, no por ahora, sin embargo el curso de las negociaciones podrían definirlo con más claridad.
¿Es entonces, la muestra de fuerza de un “ejercito” que amenaza y demanda que no se vuelva a destruir los bienes públicos y se respete el papel rector del Estado en la vida institucional?
Probablemente las demandas de los movilizados reflejen algo de esto. Habría que analizarlas con más detenimiento
Lo mas seguro es que el cerco a Santa Cruz sea la actitud que reafirma el sentido de República Unitaria para Bolivia, sea al mismo tiempo la determinación manifiesta de los movimientos sociales de avanzar con las autonomías indígenas construyendo una corriente hegemónica en torno a la república unitaria y con garantía constitucional. Este es el mensaje que jamás pudo posesionar el Comité Cívico y la prefectura, es además las circunstancias a las que se opuso permanentemente, en ese sentido es fácil determinar que las cosas no las hizo nada bien.
El error de las fuerzas reaccionarias en Santa Cruz, se centró en haber jugado con la autonomía, asignándola indiscriminadamente dos caras (de acuerdo a la ocasión); una como separatismo y/o unidad, y otra como elemento de chantaje y/o estrategia de negociación.
Hegemonía y el problema de representación regional.
A principios del 2006 la cara de la burguesía cruceña fue progresista desde sus propuestas mediáticas (Autonomías, democracia, libertad). Esto Antonio Gramsci lo entendería como postura de una revolución pasiva, donde los segmentos políticamente hegemónicos de la clase dominante y dirigentes intentan meterse “en el bolsillo” a sus adversarios y opositores políticos.
La revolución pasiva tendría que haberse traducido en la invisibilización de las contradicciones de clase y las desigualdades socioeconómicas y regionales, dado el supuesto que en el poder no radicaba sus intereses, sino en mantener las relaciones de dominación existente; que es lo que le interesa a toda clase dominante que dirige un estado de corte neoliberal y burgués.
Contrariando esta lógica prefirieron disputarse la administración estatal, porque desde él obtenían su riqueza y su fortaleza.
Entonces dos hechos quedaron descubiertos: a) la existencia de las inhumanas relaciones de dominación en la que se sustenta la oligarquía y los grupos de poder, y b) el rol que jugó el estado (hasta antes de Evo Morales) como subvencionador de las crisis y pérdidas económicas del gran empresariado cruceño.
En ese entendido la representación cívica no fue nunca la del pueblo cruceño, sino la de logias de poder que operan económicamente en la institucionalidad cruceña y las cooperativas de servicio.
Hoy es vital entender esta hegemonía desde la identidad cultural tradicional hacia una construcción ideológica cruceña, contrahegemónica que fortalezca la identidad con miras a Estado Plurinacional, (distinta a la heredada de una generación cívica pasada y difundida aun por Carlos Valverde y la Falange Socialista Boliviana [1]en Santa Cruz)
El empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos indígenas del oriente, mas la construcción de una ideología insurgente urbana va en franca resistencia, contra la instrumentalización de los grupos y logias de poder.

Santa cruz, 21 de septiembre de 2008
http://carloslaraugarte.blogspot.com/
[1] FSB en la actualidad sintetiza una fracción ideológica del fascismo cruceño

lunes, 15 de septiembre de 2008

DESACIERTOS Y REFLEXIÓN


Defender y seguir llamándolo “Demócrata” a Leopoldo Fernández, (prefecto de Pando), después de cientos de testimonios sobre su participación intelectual y material en la masacre (12 de Sep) de campesinos del municipio de Filadelfia y el Porvenir en el departamento de Pando, es un absurdo que solo puede darse en el seno del Consejo Nacional por la Democracia (CONALDE).
Después de los niveles de violencia extrema que propiciaron en el Chaco Boliviano, en las ciudades de Cobija, Trinidad y Santa Cruz, es explicable que quieran deslindar responsabilidades ignorando los hechos que culpan a uno de su más “aguerrido” aliado, pero querer convencer al pueblo peca ya de cinismo.
Desde el genocidio en Pando (desde las circunstancias y los fines perseguidos) la estrategia política y de violencia de la oligarquía cruceña y el CONALDE, solo es posible entenderla si se la asocia a un plan del Imperialismo Norteamericano que buscó generar un alto grado de conflictividad en el corazón de América.
Es evidente que el Comité Cívico de Santa Cruz y la prefectura, pusieron por encima de los intereses regionales los intereses del país del norte. Este hecho plantea la imperante necesidad de que la población cruceña (y de hecho tendría que hacerlo) reflexione y replantee la estrategia representativa en la conducción de las demandas y el carácter de la autonomía departamental.
De muchas maneras el CONALDE demostró falta de objetividad para conducir a las fuerzas reaccionarias de la oposición, en el orden establecido y con sus propias leyes, e inútilmente quiso tirarle toda la responsabilidad a PODEMOS al extremo de poner en evidencia que las cosas no le fueron saliendo como hubiesen querido, primero porque el 10 de agosto, Cochabamba dijo NO a la violencia y al enfrentamiento entre cochabambinos, de la misma manera que en La Paz; y segundo porque en Tarija, Pando, Santa Cruz y Beni, la población poco a poco empezó a confiar mas en un proyecto democrático nacional popular que en un proyecto transnacional oligárquico.
Esta realidad, tampoco los cívicos quisieron leerla de manera adecuada, y tuvo que haber muertes con responsables plenamente identificados para que el CONALDE se obligue a un descanso después de tanta violencia, “victimizando” a Leopoldo Fernández y justificando la injerencia de Philip Goldberg en el conflicto.
Al CONALDE ya nada de esto le fortalece y por el contrario le pone al frente un escenario de conflicto interno con los cívicos duros del chaco boliviano. CONALDE está en terapia por sus propios errores. El prefecto de Tarija Mario Cossio, muy hábilmente puede salvar su espacio político, pero los demás… Quien sabe. Los prefectos y cívicos de Beni y Pando se están quedando solos.

Posibilidad de pacificar las regiones.
La pacificación debe estar por encima de cualquier otra demanda, y el curso de esta pacificación debe ir a enriquecer la democracia con la restauración de la institucionalidad en el marco de su debida jerarquía, tal como establece nuestra norma jurídica, sin ignorar (por cierto) los avances democráticos en la elección de autoridades y por supuesto negando lo intentos de institucionalizar lo inconstitucional.
La pacificación encierra la esperanza de que la población pueda tener una lectura crítica de la realidad y en particular del rol que han venido jugando los representantes elegidos y los líderes cívicos. Lo dijimos antes del 10 de agosto que la pacificación de los departamentos pasaba por el cambio de los prefectos, se tuvo la oportunidad hacerlo, pero en la media luna la mayoría consideró que no era necesario.
¿Ganó algo la población de Pando al ratificar a Leopoldo Fernández en la Prefectura?
Y ¿En tres años el Comité Cívico, subvirtiendo el orden, ha logrado conquistas significativas regionales, algo mejor a las políticas de desarrollo planificadas por el gobierno central?
Los cívicos y las prefecturas de no haber interferido la agenda nacional (a estas alturas de profundización democrática) en la media luna se estaría experimentando las ventajas de un régimen de autonomías departamentales, municipales e indígenas originarias campesinas.
Al CONALDE y los cívicos cruceños, por sus errores y sus desatinadas opciones de crecimiento político alguien debe pasarles la factura.

Santa Cruz, 15 de septiembre de 2008

jueves, 11 de septiembre de 2008

AGRESIÓN A CEJIS ES UNA AGRESIÓN A LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS


Un concejal alteño en el departamento de La Paz cuestionó el nombramiento de Carlos Romero a Ministro aduciendo que fue funcionario del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS
¿Es esa la razón por la que estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico y otros, entren a las oficinas del (CEJIS) a destruir libros, información, computadoras y equipo de investigación.
¡No! No es la razón, pero no deja de ser el consentimiento a su destrucción.
Hace dos semanas las oficinas del CEJIS (Identificada por la reacción por apoyar a la autogestión indígena) fueron atacadas con bombas molotov y ayer fue invadida y destruida.
El prefecto y los cívicos cruceños al respaldar las jornadas de ayer (9 de Sep.) de manera implícita respaldaron, (entre otras) la destrucción al trabajo de investigación y apoyo que realiza el CEJIS con los pueblos indígenas del oriente boliviano para negar el derecho a las autonomías de los pueblos indígena originarios campesinos del oriente boliviano.
En que situación están ahora aquellas personas que comparten las aspiraciones autonómicas y de autodeterminación de los pueblos indígenas del oriente boliviano. ¿Deben esperar a que el CONALDE instruya la destrucción de sus bienes particulares?
¿Cómo pedir garantías constitucionales, si desde el colegio de abogados y la estructura jurídica departamental se ataca a la autonomía de los pueblos indígenas, si desde las consignas de autonomía departamental se ataca al Ejército y Policía Nacional cuando estas instituciones protegen el bien público.
Una señora que vivía en inmediaciones de Normandía, decía, “bloqueamos las calles porque queremos vivir como ustedes, con agua potable, con alcantarilla, con escuelas para nuestros hijos, con policías protegiéndonos y …
En esa misma lógica va la demanda que hacen los pueblos indígenas originarios campesinos del oriente boliviano, ellos quieren que las autoridades departamentales les permitan ejercer su derecho a las autonomías y autodeterminación.
¡Que curioso¡ Pero de seguir así, quiénes consideren que esta demanda debe constitucionalizarse estarán expuestos a la violación de sus derechos constitucionales bajo el aval del prefecto y los cívicos cruceños. ¿Y que se espera para aquellos que apoyan la propuesta de nueva CPE?
Al CEJIS va un apoyo por el trabajo que vienen realizando y para los agresores un manifiesto de censura. No se puede construir un Estado de derecho, sin el derecho de los pueblos indígenas del oriente a ser autónomos y autogobernarse desde sus propias Unidades Territoriales, Unidades que también debe constitucionalizarse.
¿Y los que apoyan las autonomías regionales y provinciales serán también atacados por las autonomías departamentales y el CONALDE?

sábado, 6 de septiembre de 2008

AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES: ¿SE EQUIVOCÓ EVO MORALES?



Desde los comentarios y análisis ya difundidos y socializados a nivel nacional y regional, la batería de argumentos post referéndum autonómico dieron razones convincentes para concluir (post asamblea constituyente) que el más grande error del gobierno fue “no tirar las riendas del carro de las autonomías departamentales”.
Para desmenuzar y darle consistencia principista a este “supuesto error”, apelamos a acontecimientos que se pueden explorar desde la memoria inmediata, teniendo en cuenta las limitaciones de ella en cuanto a la precisión de datos, circunstancias y fechas, y sobre todo a las fuertes contradicciones que tuvieron que sortear los movimientos sociales, pueblos indígenas, asociaciones, sindicatos, federaciones, y otros sectores visibilizados desde el proyecto de cambio.
Ir especulando sobre el curso de acontecimientos para replantear críticamente, si la secuencia de hechos políticos y de transformación social – administrativa va ha seguir considerando que el presidente Evo Morales se equivocó en no haber realizado campaña a favor de las autonomías departamentales en miras al referéndum del 2 de julio del 2006, y como corolario de esto, si éste (supuesto) error ¿Sintetiza la pesada piedra que debió cargar durante el tiempo que duró la Asamblea Constituyente (de 6/08/06 a 14/12/07) y selló la causa de su “impopularidad” en las ciudades de los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, y en algún momento Cochabamba y la Paz?
Afianzamiento del estigma del error de Evo y del gobierno
El desborde de la conflictividad (Gobierno - Oposición) en torno a la autonomías fue cobrando cuerpo a partir de julio del 2006, al grado de que algunos miembros de las instituciones estatales, pensaron - a manera de generar las primeras bases para acuerdos posteriores en la Asamblea Constituyente - que la campaña y las propuestas de los candidatos a asambleistas por el MAS debían estar acompañada del SI al referéndum autonómico.
Cuando los prefectos de Cochabamba y el de La Paz desarrollan la idea de llamar a otro referéndum por las autonomías departamentales (posterior al referéndum del 2 de julio) el conflicto se posesiona en las zonas urbanas del eje central de Bolivia, y adquiere fuerza por el apoyo de las instituciones cívicas de La Paz, Cochabamba y Sucre. Esta expansión explica por si sola que oponerse a las autonomías departamentales era ir en contra de evolución administrativa del Estado y ponerse en el lado más conservador del centralismo. Ya la idea de la autonomía departamental, por su propia fuerza rondaba tibiamente entre cívicos de Oruro y Potosí.
Pero contrariamente a la percepción anterior, desde el SI a las autonomías departamentales en cuatro departamentos se empezó a instrumentalizar la visión de que las autonomías significaban exitosos emprendimientos, industrialización, valoración de la identidad regional y sobre todo modernidad y desarrollo. Mas tarde se acuñó la consigan de ¡Autonomía Ya¡ y con ella maduró la evidencia de que el aumento en la fuerza de la consigna a favor de las autonomías departamental iba en proporción directa al aumento del conflicto. La “Autonomía al andar” era la clara máscara consignataria de la toma de instituciones y desacato al orden institucional vigente. (Eso recién lo corroboramos ahora, pero ya se advertía desde la publicación del contenido del Estatuto Autonómico de Santa Cruz).
Es en esta linea de acontecimientos y visiones (magnificadas por la prensa) que se consolidad la idea de mostrar a Evo centralista y dictador, además de anticruceño, antitarijeño, antibeniano y los demás anti de los departamentos que estaban promoviendo nuevos referéndum autonómico.
Pese al ataque mediático Evo no pierde popularidad en los movimientos sociales y comunidades indígena campesina originarias, y recibe de estos (por el contrario) el permanente apoyo y el respaldo político para difundir la visión de las autonomías indígenas, provinciales y regionales.
Margen de movimiento político para oponerse a las autonomías departamentales
Hoy podemos observar nuevos datos que ayudan a desentrañar de manera más crítica el estigma del error de Evo.
En política e historia los errores y los aciertos deben ser juzgados y valorados a la luz de nuevos acontecimientos revelados por el presente y las tendencias al futuro. El pasado siempre es insuficiente para revelar nueva verdades relativas.
El supuesto “error de Evo y del gobierno”, (como conclusión curiosamente absolutizada), mas que resultado de un análisis objetivo, fue una suma mas de la necesidad política opositora que llamaba a posesionar (desde estrategias mediáticas) en el seno mismo de la comunidad cruceña la doble dicotomía de Andinocentrismo y autonomía-camba, a la que mecánicamente se arrimo la intelectualidad academisista (y tendenciosamente) la radicalidad regional del occidente y del oriente.
Mientras el proyecto opositor tomaba cuerpo y convertía a Santa Cruz en su centro de operaciones, entre los activistas del occidente se expandía y difundía una oposición a la oligarquía cruceña y su proyecto de reorganización vía autonomía. En primer logro de la reorganización oligarca se posesionó en la clase media que rápidamente se convenció (y con toda razón) de que la autonomía (como profundización de la Ley de descentralización) era:
· Una opción administrativa que evitaría trámites burocráticos y desarrollaría situaciones más ventajosas en razón al principio de la cercanía frente a la lejanía. (Es preferible un trámite en el mismo lugar que tener que desplazarse casi 1000 km. para hacerlo). La autonomía para Santa cruz, en esa mirada era indiscutiblemente mejor que cualquier tipo de administración centralizada en La Paz.
· La administración directa de sus impuestos y las regalía departamentales para cubrir las necesidades de la región y sus pobladores. Los gobiernos departamentales ya no serían objeto de la censura y control desmedido por parte centralismo.
· El reclamo crítico y legítimo de una “identidad” (instrumentaliza por los grupos de poder cruceño) que al transculturizarse con el andinocentrismo sentía perder (erróneamente) su protagonismo político en su propia tierra.
A los tres puntos anteriores no habría porque oponerse, pues están dentro los marcos racionales, tolerables y desafiantes para cualquier gestión gubernamental que presuma de liberal y progresista. ¿A esto se oponía Evo Morales?
¡Es claro que no! Pero de hecho existió siempre un margen de oposición. Es casi posible que Evo Morales por mucho tiempo evadiera este análisis y que su comprensión de las autonomías departamentales, o iba por otro lado o tenía susceptibilidades fuertes con el proyecto de los cívicos y los prefectos de la media luna. De no ser así, hubiese sido fácilmente seducido por esta mirada de autonomía.
Evo Morales tuvo que tener motivos más fuertes como para oponerse a las autonomías departamentales.
¿Cuáles entonces eran los argumentos por los cuales Evo Morales se oponía a las autonomías departamentales?

Instrumentalización de las autonomías
El empresariado cruceño para instrumentalizar la fe de la gente hacia las autonomías y aminorar las diferencias históricas de la lucha de clase y las diferencias de desarrollo económico regional, manejó el slogan de “Igualdad hacia arriba” algo así como “seamos ricos todos y no seamos todos pobres”.
Cuando mas avanzaba la Asamblea Constituyente, y cuando la demanda autonómica como discurso de instrumentación no pudo pararla, entonces las fuerzas prefecturales y cívicas reaccionarias no dejaron de aprovechar cualquier contradicción para contrarrestarla, pero siempre ligada a la bandera de la autonomía departamental, incluso la demanda de la capitalidad plena y “recuperación del IDH”
Si bien el soporte básico de la rearticulación opositora fue la demanda de autonomía departamental, poco a poco, el intento por recuperar el poder a nivel nacional encontró al frente la barrera del creciente apoyo de la población hacia las políticas gubernamentales,
Las fuerzas aliadas de la oposición descuidaron fortalecer los argumentos que les había permitido crecer, y sin quererlo sacaron a luz, desde la difusión del Estatuto Autonómico, sus primeras debilidades en la construcción de imaginarios que potencien la democracia y el acuerdo normativo. Y marcaron irresponsablemente su caída el momento en que se atacó abiertamente el orden normado.
Los estatutos autonómicos y la convocatoria al referéndum del 4 de mayo del 2008, no fueron su mejor cálculo, pero fue el mejor intento por recuperar de manera inmediata (sin esperar las próximas elecciones nacionales) el poder en la región.

Evo: Oposición a las autonomías departamentales y apoyo a las autonomías indígenas
Se debe dejar a un lado la existencia de un supuesto entorno que influía fuertemente en Evo Morales en su percepción sobre las autonomías departamentales. Nadie puede dudar que fuera tema de fuertes discusiones y debates con sus ministros, el vicepresidente y su entorno institucional, pero suponer que esto le hayan llevado a imponerle una decisión final… No es un buen argumento
Evo Morales es un político que no perdió el contacto con las masas y eso siempre le permitió conocer sus posibilidades de crecimiento, y tampoco dejó a un lado su fe en sus creencias, en sus intuiciones y sobre todo siempre creyó más en el, que en el consejo o el llamado mismo del compañero.
Ensayamos en puntear las siguientes apreciaciones (propias y sin consejeros de por medio) que pudo haber tenido Evo Morales para oponerse a las autonomías departamentales:
· Intuyó (al menos) que las autonomías departamentales eran solo slogan y estandarte de lucha de las logias del poder cruceño para no perder sus privilegios.
· Estaba convencido de que era el recurso de la oligarquía cruceña para proteger la tenencia ilegal de extensiones de la tierra en la amazonía boliviana y mantener los beneficios que de ella (y en ella) extraen.
· No tenía duda que la demanda de autonomía departamental era el recurso político y el proyecto neoliberal de las transnacionales y del imperialismo norteamericano.
Estas entre las más relevantes.
Y aun así podía haber hecho campaña por el SI (a las autonomías departamentales) con la idea de contrarrestar políticamente, pero no lo hizo y mantuvo su postura de oposición a las autonomías departamentales hasta que…la Asamblea constituyente en mandato a los resultados del referéndum autonómico incluyó en el texto constitucional (en la tercera parte) las autonomías departamentales junto a las autonomías regionales, municipales e indígenas originarias campesinas.
Después del 10 de agosto del 1008 (Referéndum Revocatorio), con el apoyo mayoritario de la comunidades y los movimientos sociales, se convence de que las autonomías indígenas originarias cobran cuerpo y fuerza en magnitud semejante, (y tal vez por encima) a la propuesta de autonomía departamental, por fin expone su primer acercamiento de aceptación bajo la consigna de entrar a las autonomías departamentales desde la legalidad y vigencia de la propuesta del nuevo texto constitucional.
¿Es la propuesta del texto constitucional la que le lleva a aceptar las autonomías departamentales?
En parte si, pero vayamos terminando estos pasos especulativos afirmando con alta certeza que Evo Morales no se equivoco al no hacer campaña a favor de las autonomías departamentales y no se equivocó al no negociarla.
Nos apoyamos en los siguientes resultados en torno al proceso constituyente:
· El MAS tuvo una mayoría de constituyentes en las elecciones del 2006 y fue protagonista principal en la redacción del texto constitucional.
· En el referéndum revocatorio tuvo el voto de confianza de más de 2/3 de la población que dio su voto válido.
En concreto su gestión fue de gusto de las mayorías. (¿Es esto equivocarse?) Bajo un espectro político donde la agenda deliberativa estuvo marcada por la defensa y aplicación de las autonomías departamentales.

Olfato del caudillo
Las construcciones estratégicas en la lucha por el poder de los guerreros, de los caudillos y de los líderes son inexplicables en el momento de su aplicación y se hacen insuficientes todos los mecanismos y herramientas de investigación científica para afirmar categóricamente el acierto o el error de una determinación (previa a la aparición de los resultados o de consumado el proceso estratégico a la toma o ejercicio del poder). Los medios o etapas intermedias (por si solos) no explican el fin de una gestión, aunque el fin nos tiene que llevar necesariamente a interpretar y desmenuzar los medios.
Los resultados políticos a 30 meses de gestión gubernamental (enero 2006 – agosto 2007) muestran una aceptación y crecimiento electoral jamás visto hasta ahora en nuestra historia, de hecho superó el voto obtenido por Rene Barrientos Ortuño el 3 de julio del 1966 que llegó al 61.6 %. (Mesa Carlos: 630. 1997), pero esto no explica claramente las razones que primaron para voto a favor de Evo Morales y Álvaro García. No es suficiente (como lo hace la reacción cruceña) explicar este fenómeno desde el “reparto de dinero a los municipios” o desde el absurdo de atribuirle el mérito a un supuesto fraude.
De principio estamos obligados a plantearnos dos preguntas, ¿Si Evo Morales apoyaba desde el 2006 abiertamente a las autonomías departamentales hubiese obtenido el 67 % de apoyo en el referéndum Revocatorio? Si alguien piensa que en ese caso no se hubiese llegado al extremo de llevar adelante un Referéndum Revocatorio, es posible que así pudiese haber sido, pero eso significaría la subordinación del líder a los dictámenes de las logias de poder cruceño. (Solo veamos lo que está pasando en Sucre con Sabina Cuellar) Evo Morales no tiene el perfil de líder que se hace cómplice (por lo menos hasta ahora, mas aun bajo la tutela de Hugo Chávez y Fidel Castro) de un plan que fortalezca a las logias cruceñas sin antes consolidar las bases de un poder popular.
El líder del MAS, desde su pragmatismo (mas que por análisis científico, mas que por desgloses metodológicos y rigurosos) puede que haya llegado a tomar la decisión de no apoyar a las autonomías departamentales en tanto no se posesionen las autonomías indígenas y sobre todo los movimientos sociales no construyan mecanismos de poder y control social.
Apoyar las autonomías departamentales, el 2006 y el 2007, (desde lo que se ve ahora que son y representan), hubiese sido el mayor error de Evo Morales y sería el puente que la burguesía nacional e transnacional esperaban para consolidar el aborto prematuro de la revolución democrática y cultural y de la Asamblea Constituyente. En un discurso Álvaro García recalcaba que se tenía el gobierno pero no el poder. Esta afirmación puede representar la confesión objetiva para que Evo Morales y García Linera cierren filas a negar todo apoyo que lleve a consolidar las autonomías departamentales sin antes consolidar poderes populares y potenciar políticamente a los movimientos sociales y pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. (En este orden solo a la prefecta Sabina Cuellar se le puede ocurrir aliarse y ponerse a la orden los representantes y divulgadores del sistema de dominación neocolonial)
La negación de Evo Morales a sumarse (o ser cola) al “carro de las autonomías” departamentales debe entenderse como el no apoyo a un proyecto de la oligarquía y grupos de poder cruceño; debe entenderse (en contraposición) como la incorporación a la administración estatal a unidades políticas y territoriales de los pueblos indígenas. Eso desde ningún punto de vista puede considerarse un error, es por el contrario la visión no socializada al pueblo, pero que sintetiza los cambios históricamente postergados y demandados por los explotados, oprimidos y clases medias empobrecida de Bolivia y de América Latina.
El error divulgado ahora deja de ser tal, y se descubre como acierto histórico al mostrar en los hechos la visión del:
· Luchador sindical que prioriza el bien colectivo y corporativo al bien individual
· Del activista cocalero que al enfrentamiento político militar que defiende los interese imperialistas, antepone los intereses de la nación..
· Del guerrero indígena que vive las secuelas de años de opresión y explotación colonial a la que fueron sometidos los pueblos americanos y naciones americanas por parte de España, Inglaterra y Norteamérica.

Poder popular Vs. poder logiero
El periodo post referéndum revocatorio es sintomático de la llegada del Poder Popular construido con una ciudadanía desperjuiciadas del proyecto político partidista y con visión de una nueva institucionalidad como propuesta, aplicación directa y praxis de lo que vendrá a ser la nueva normativa del Estado Boliviano a través de la propuesta de la Constitución Política del Estado.
Las autonomías departamentales también tienden a desprenderse del proyecto de los grupos secretos de poder cruceño y en esa medida estos grupos buscan entroncar una propuesta federalista y ensayan nuevas alternativas desde las experiencias del mundo europeo. (de nuevo ingresan una etapa de desconcierto)
La profundización de la democracia por la vía de elecciones de consejeros departamentales, prefectos y subprefectos, son (en los hechos) autonomías regionales, departamentales, municipales y regionales que se destetan de la burguesía para ser instrumentos de cambio a la superación de las necesidades reales y visiones de las mayorías populares y pueblos indígenas campesino originarios. La autonomía puede ahora empezar a fortalecerse desde su propia concepción de administración estatal y dejar a un lado su contenido de dominación clasista o elitista.
Las autonomías están apenas empezando a construirse y a diseñarse con participación mayoritaria y con el desafío de determinar las unidades territoriales básicas de las autonomías en un Etadoi Plurinacional
Conclusión sobre el error de Evo.
Morales y el gobierno (en el tema de las autonomías departamentales) no se equivocaron al no hacer campaña por el SI para el 2 de julio, y tampoco se equivocaron al proponer implementarla después de aprobada la propuesta de nueva Constitución Política del Estado.
Sin embargo la radicalidad cruceña junto al CONALDE empiezan a bloquear caminos, tomar instituciones y esto en definitiva ya no es componente democrático de la demanda por la autonomía, es en definitiva sedición. Es el recurso y la construcción política que ya se escuchaba los primeros días del ascenso de Evo Morales, pero que la sociedad se limito a intuir sin analizarla, y que la prensa reaccionaria se preocupó por alimentarla a diario.
Hoy Evo Morales y el Gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de exponer ante la comunidad su interés y el esfuerzo que demanda ir por el camino de las autonomías incluyentes, y la población deberá entender que el debate normado y pacífico tiene que ir definiendo las unidades territoriales autónomas como nueva base de la estructura estatal naciente.
Por otro lado, la oligarquía más que crecer, se unificó. Hoy atacan en bloque pero van perdiendo campo dentro el juego democrático, esto en definitiva es mostrar capote rojo al toro si ser torero a sabiendas que el toro no quier entrar al centro del coliseo.
Las autonomías indígenas originarais campesinas, regionales y provinciales van ganando el derecho de piso, a ser tomada en cuenta, mientras las autonomías departamentales desde la visión mas reaccionaria se comprimen para aumentar su peso específico en la acción de violencia política.
La violencia generada en las provincias en algún momento va a cobrarle factura a los proyectos departamentales reaccionarios y empezar mirar adelante con ojos de la propuesta de la nueva Asamblea Constituyente.
Santa Cruz, 6 de septiembre de 2008

miércoles, 3 de septiembre de 2008

DEMOCRACIA Y VIOLENCIA

Es necesario un rápido balance sobre las perspectivas políticas que abre la promulgación del referéndum dirimidor y aprobatorio de la propuesta del texto constitucional a llevarse a cabo el 7 de diciembre del 2008 junto a la de la elección de prefectos de La Paz y Cochabamba, consejeros departamentales y subprefectos de las provincias de los nueve departamentos de Bolivia.

A manera de ubicarnos en el ámbito constitucional recordemos que la elección de Consejeros Departamentales y Subprefectos no está normada (en cuanto a voto universal y secreto) en nuestra actual CPE, tampoco la manda a normar, pero en muchas regiones y en otras oportunidades en Santa Cruz, por ejemplo, ya se ha puesto en práctica la modalidad de elegirlos mediante el voto universal, de manera que ya se hace necesario ejercer la democracia desde esta opción política. (La propuesta constitucional establece la elección de subprefectos y concejeros departamentales)

Visto desde cualquier ángulo, las elecciones y las dos consultas (refrendar el texto constitucional y dirimir las 5 000 ó 10 000 Ha como máximo de superficie para la tenencia de tierra) vienen a ser la continuidad de un proceso de enriquecimiento de la democracia. El refrendatorio porque pone en consulta de las ciudadanía si se cambia o no la actual CPE por una Nueva, y las elecciones porque democratiza el poder regional hasta ahora muy instrumentalizado por los bloques de poder.
En este espectro de apreciación conceptual, la realidad política que vive el país asigna (al conjunto de la población y no sólo a sus representantes) responsabilidades políticas sobre el curso de la consulta y las elecciones, primero porque se viene trazando la norma que debe viabilizar los procesos económicos, sociales y políticos desde un nuevo marco normativo (en el peor de los casos la actual CPE demandará cambios inmediatos) y segundo porque toca construir una estructura electoral y órganos funcionales mas democráticos, participativos e incluyentes que por su propia fuerza neutralicen las posturas radicales de quienes quieren resolver el problema desde el enfrentamiento militar o violencia armada.

Es curioso, pero las responsabilidades parecen también haberse polarizado, por ellos es que a continuación marcaremos una serie miradas reflexivas que puedan aportar en a la profundización del proceso constituyente. Estas tareas y compromisos deben ser:

Para el sector oficialista, movimientos sociales y pueblos indígenas originarios campesinos.
El proceso les marca tareas y pasos que están completamente claras, difícil de perderse, pero que deben ir avanzando con madurez y altura democrática. Es posiblemente el momento político que puede constituirse en la mejor opción para empezar a crear y preparar las nuevas tareas de transformación propuesta en la Asamblea Constituyente.
Los mas de los 2/3 de preferencia de la población por el Si (en el referéndum Revocatorio) al Binomio Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, constituye una base importante para una nueva victoria en el referéndum dirimidor y refrendatorio. Pero (en estos tres meses) estos dos tercios no se deben entender como una proporción invariable. De hecho estará oscilando con mas peso hacia abajo que hacia arriba, (sin descarta un crecimiento), debido a la presencia de las elecciones de autoridades prefecturales, (La paz y Cochabamba) consejeros y subprefectos lo que necesariamente los debe poner en alerta para no dejar cabos sueltos en la campaña electoral (Sobre todo en la etapa de designación y selección de candidatos y el perfil de los mismos).

Para la oposición y el CONALDE
Primero debemos entender que la oposición cívica y prefectural de la media luna, aun no se reponen de los resultados del 10 de agosto y ya se les encima una nueva agenda.
Críticamente tienen que comprender que están llamados a negociar y concertar, pero replanteando viejas estrategias y diseñando nuevas propuestas que ya no sean más de lo mismo, es decir que vaya más allá de las pura consignas autonomistas y de lucha callejera para la “defensa del IDH”. (Que como todos saben muy poco o nada aportaron el momento de las negociaciones con las 11 transnacionales que operaban en Bolivia; Repsol, BG, Petrobrás, Chaco y otras)
La reunión para mañana, en Santa Cruz, (2 de septiembre de 2008) parece que irá en contra ruta, ya que todas las declaraciones de líderes visibles del CONALDE presagian y advierten sobre la necesidad de respuestas mas radicales y medidas de violencia callejera con más bloqueos y hasta toma de instituciones.

¿Será que el CONALDE vuelve a equivocarse?
Tal vez, pero el CONALDE tiene dos vías también claras como el agua; o se encamina a los cambios democráticos para crecer democráticamente o se alinea a Falange Socialista Boliviana retomando sus viejas demandas del federalismo excluyente e independentista, y que volverán a fracasar al estar desarraigado de las grandes mayorías nacionales.
Y en caso que opten por la segunda opción, toda la responsabilidad tendrá que ser asumida desde la irresponsabilidad del liderazgo regional de la media luna.
Santa Cruz, 1 de septiembre de 2008