SOBRE BESTIAS HUMANAS Y CIUDADANÍA

 

SOBRE BESTIAS HUMANAS Y CIUDADANÍA

“Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos. Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta” ¿Qué pretende el Presidente cívico cruceño Rómulo Calvo al organizar de esta forma una serie de conceptos aplaudidos y aceptados por la Asamblea de la Cruceñidad?  

Buscando explicación de la manera más ingenua y racional al discurso de Calvo se podría aclarar que ninguna bestia puede ser llamada humana, y que ningún humano puede ser llamado bestia. Igualmente si la Constitución Política del Estado dice que la ciudanía se adquiere con solo nacer en territorio boliviano o de padres bolivianos en caso de nacer en el extranjero es claro que nadie deja de ser ciudadano boliviano por actos diversos que realice, menos dejar de ser llamado ciudadano, a menos que se dé una renuncia a esta ciudadanía por parte interesada.

Seguimos explicándonos de manera ingenua y ahora en derecho sobre el discurso del cívico, “Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagaran esta afrenta”. Esto ya  es difícil de explicar objetivamente, pero si nos vamos hacia el campo de la metáfora; nos vemos en la idea de imaginar a la tierra, o Madre Tierra abriendo los brazos a un pequeño agricultor o a un agroindustrial. Nos imaginamos la bondadosa Madre Tierra dando a los humanos lo necesario de ella para producir riqueza, pero por alguna razón estos “seres” que reciben el favor de la Madre Tierra la ofenden, estos que la ofenden, según el cívico  son los Colonos, Para acercarnos a la realidad desde la metáfora acordemos que los colonos son aquellas personas que se naturalizan en un país donde no nacieron o no son originarios del mismo. Entonces no son colonos quienes son fundantes del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir que siempre será un exabrupto  jurídico llamar colono a un Ayoreo, aymara, araona, baure, chiquitano, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré u otro miembro de una nación o pueblo indígena originario campesino que haya nacido en territorio boliviano. En cambio podría ser colonos quienes se naturalizaron como bolivianos habiendo nacido en Italia, Francia, Croacia, Yugoslavia, Brasil u otro territorio extranjero.

 

Aclaración necesaria:

En la Doctrina del Estado Plurinacional de Bolivia la Madre Tierra tiene derechos frente a la acción humana; y el ciudadano y los pueblos son sujetos de derechos y garantía constitucionales ante la abstracción de la organización estatal y sus instituciones. Mirando a la inversa la Constitución Política del Estado proclama derechos y garantía para todos los ciudadanos bolivianos en igualdad y sin discriminación de ninguna naturaleza; igualmente dignifica la vida y la naturaleza.

Conclusión

Con lo anterior solo cabe concluir que las declaraciones del cívico cruceño no fue lo que racionalmente se puede entender como acción de civismo y menos de correspondencia en derecho y garantía.

Finalmente es por demás evidente que el contenido discursivo del señor Rómulo Calvo no se sustenta en los principios constitucionales expuestos en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado; unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,  complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Y por último, la cita del discurso en mención es éticamente reprochable y racionalmente inconsistente.  

Santa Cruz, 13 de agosto de 2020

JUEGO ELECTORAL EN EL CAMINO AL PODER

 Cuando no hay mucho que decir en tanto ya lo dice la Constitución Política del Estado corresponde a la población y la ciudadanía esperar el adecuado cumplimiento de mandatos constitucionales por parte de los Órganos de Poder del Estado y las instituciones y, a estos últimos no jugar a cálculos políticos en el manejo inconstitucional de la cosa pública.

Igualmente cuando la población ejerce cálculos políticos y los hace en el marco de la Constitución Política del Estado, corresponde a las instituciones generar certidumbre y dar las garantías necesarias en derecho y ejercicio de ciudadanía, sean para quienes están en calidad de electores,  de elegidos o finalmente de ciudadano o comunidad de derecho político establecido en la CPE.  

Visto el comportamiento político desde la lupa de la Constitución Política del Estado los procesos electorales a nivel nacional y niveles autonómicos es lo más terminado que tenemos, es lo que se pudo normar en los últimos años, sobre todo en la determinación de tiempos, responsabilidades, asignación de recursos, transparencia, publicación de empiezos, finales, resultados y otros indicadores y variables que se puede citar como ejemplo para entender que otros procesos de mediano alcance también lo necesitarían.  

Si de algo nos pudimos apreciarnos los  bolivianos con la nueva constitución política del Estado y la lucha del pueblos boliviano es de haber sentado bases para el fortalecimiento de la vida democrática plural e intercultural, dando sustento real a la convivencia política desde la democracia directa y participativa, la democracia representativa, la democracia comunitaria y junto a esto instancias institucionales para  resolver conflictos desde la concertación a través de mecanismos creados para tal fin, entre los que citamos el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, junto a mecanismos deliberativos como el cabildo y la asambleas.

Sin embargo y en contra ruta con lo anterior hoy nos vemos ante una realidad de enfrentamiento e incertidumbre política electoral en razón a que los Órganos de Poder del Estado Plurinacional desconocen el avance jurídico en el ejercicio democrático y ejercicio de mandos estatales y, de manera particular el Ejecutivo actual centrado en cuatro o cinco ministerios, interesadamente y sin medir consecuencias se niega a concebir viable la normativa emergida de la democracia plural e intercultural y los mecanismos de concertación establecidos en la Constitución Política del Estado.

No es prudente entonces para la coyuntura actual inviabilizar un momento profundo de la democracia desde el lamento enfermizo de contraponer la democracia a la salud, o insistir en ver  erróneamente el mal donde no lo hubo, es decir ver a la normativa electoral en vigencia como causa de una supuesta desproporcionalidad representativa en los órganos de poder, o finalmente ver las elecciones nacionales en calidad de perdedores o percatarse de ello, y en razón a ello negarlas o evitar su realización. Y decimos que no es prudente por que las tres opciones mostradas nos están alejando de objetivos comunes y en contra-sentido de lo que se espera lograr desde la mirada honesta y sincera de la democracia plural e intercultural. 

Polarizar la vida democrática del país: juego del poder

No es necesario dar vueltas para explicar la polarización política en el país, pero lo que muchos no pueden ver es que esta polarización tiene solo una salida, independientemente del grado de violencia en las que se debata el actual conflicto.

Y esta salida única es la realización de las elecciones nacionales en el menor tiempo posible. Es decir que el juego ya empezó y termina con la realización de las elecciones, mientras a unos les interesa hacer hasta lo imposible para que este juego dure el mayor tiempo posible a otros les interesa su resolución inmediata.

Los movimientos sociales y sectores populares le pusieron tiempo a la duración del juego, es decir hasta el 6 de septiembre, sin embargo el 18 de octubre propuesto por el órgano electoral y el ejecutivo no es un tiempo real para finalizar el juego, es más bien un tiempo más  para que el juego no termine y se extienda hacia otras fechas y momentos favorables que a corto plazo no se visibiliza. Es esto la incertidumbre del accionar político.

Desde lo anterior se pone en claro que polarizar el conflicto político tiene la finalidad de alargar tiempos para su realización, acortar tiempos necesarios entre el inicio de campaña y la realización de las elecciones; así, si el conflicto se alarga no habrá tiempo para nuevo empadronamiento, no habrá tiempo para campañas y en ese sentido en razón a tiempos y plazos obligatorio las elecciones tendría que darse en otra fecha más allá del 18 de octubre. Pero además a lo que se está apuntando es a una nueva convocatoria en razón a que muchos partidos ya quedaron fuera de contienda antes de iniciarse la campaña electoral, unos por voluntad propia, otros por la realidad electoral analizada desde su curso diario y la correlación de fuerzas.  

Esto de jugar al alargue se ha puesto interesante pero lo que no está contando el Tribunal Electoral es que los sectores movilizados han puesto fecha y si no se resuelve esto hasta antes del 18 y, peor aún  a que se vean forzados a mover la fecha del 18 de octubre a noviembre o cosas parecidas  lo único que salvará la vida democrática es un nuevo ejecutivo devenido del conflicto antes de las elecciones nacionales.  Esto es en el peor de los casos y lo más sangriento que pueda darse un golpe civil policiaco miliar y el más democrático una sucesión constitucional para que en tres meses se pueda volver a la vida democrática.

La cancha está marcada para el nuevo ejecutivo y por lo descrito arriba, las elecciones se realizan antes del 18 de octubre o se negocia para que así sea o a mediano plazo es una junta policiaca militar, con sus consecuencias internacionales e internas adversas, o es la Asamblea Legislativa Plurinacional quien ocupara las funciones del nuevo Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Nota. El Presidente del Órgano Electoral dijo que no recibió aún el desembolso de parte del ejecutivo para la realización de las elecciones, eso hace ver que el dinero no hay y por tanto las elecciones tienen que esperar a que haya dinero… eso es una mala jugada, perversa y fuera de toda regla.

Santa Cruz, 10 de agosto de 2020

ULTIMÁTUM DEL RÉGIMEN CÍVICO – POLICIACO – MILITAR

 En el discurso o manifestó político de Jeanine Áñez, la presidente interina conminó al Tribunal Supremo Electoral que deje de cambiar fechas, “Al Tribunal Electoral le pido …. Sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones. Mover las fechas de las elecciones a libre antojo causa incertidumbre y además causa movilizaciones e inestabilidad política en el país”.

Esto en sí misma es la postura pública manifiesta de la determinación del equipo de Añez que establece su posición en el actual conflicto, es decir evidencia una postura cerrada y contraria a todo sano criterio  de negociación y respeto por la vida. Para el equipo ejecutivo la fecha de las elecciones ya no puede ser el 6 de septiembre, es decir que una vez tomada la decisión de postergarla no se puede volver atrás.

Pero tampoco el ejecutivo de Añez dará un paso atrás ya que para potenciar la postura  lo hace con un ultimátum a la COB y a los sectores movilizados. El ejecutivo conminó a que levanten los bloqueos o que si no lo hace serán las Fuerza Armadas y la Policía los que lo hagan. 

En estos puntos, constatan que lo que se está haciendo desde el ejecutivo es preparar a la Policía y Fuerzas Armadas para enfrentamientos desmedidos con sectores movilizados, y buscar aprobación en los sectores cívicos departamentales o regionales que tradicionalmente son apoyo político de sectores que históricamente excluyeron y discriminaros a pueblos indígenas, sectores obreros y campesinos, y lógicamente opositores radicales al Movimiento Al Socialismos.   

El argumento de dejar pasar ambulancias y oxígeno para intervenir y descalificar los bloqueos es de por lo más inconsistente, primero porque en los bloqueos se conoce que la COB instruyó dejar pasar ambulancias y camiones con  oxígenos y su cumplimiento ya se muestra en varios puntos de bloqueo, y segundo porque si este fuese  el objetivo supremo del ejecutivo, tendría que haber propuesto al Tribunal Supremo Electoral la atención a la demanda de los movilizados y la negociación ininterrumpida hasta lograr un acuerdo, sin embargo la postura del ejecutivo es la misma que asume el Tribunal Supremo Electoral después de la postergación, es decir postergar las elecciones para el 18 de octubre sin dar la certeza de que este sea la última de postergación. Por ahora lo del pico más alto de contagio en las fechas de elección nacional ya no son objeto de manejo mediático por parte del ejecutivo y este centra su mirada en la represión de los sectores movilizados.

Conclusiones:

1.       Tanto la pandemia  por el COVID 19, como la represión desmedida ha generado muertes, pero si lo de Senkata, Sacaba y Ovejuyo no significaron para Jeanine Áñez y los ministros de defensa y gobierno  enseñanzas sobre los que es reprimir a movilizados desde dos mandos subordinados a un equipo interinstitucional con orientación represiva y ajustados a un solo plano de violencia de odio y resentimiento, entonces lo único que se puede esperar es la tristeza realidad que solo traen las tragedia.

2.       El Órgano Ejecutivo lo menos que muestra es racionalidad y respeto por las instituciones del Estado Plurinacional; el afán permanente de desconocer a la Asamblea Legislativa, y enfrentar a ella con la población además de presionar al Tribunal Supremo Electoral y a instancias de Defensa de la Sociedad crea alta incertidumbre y vulneración de Derechos Humanos.

3.       Las Elecciones nacionales están lejos de ser medianamente favorables a las corrientes oficialistas lo que en definitiva los está llevando a extrema posturas tendientes a la negación de derechos constitucionales, inviabilizar la democratización del país y el uso de la violencia desde la acción policiaca – cívica y militar.

4.       El ejecutivo actual teme afrontar una situación postelectoral en razón a que las instituciones en un marco de legitimidad y legalidad actuará contra la gestión ilegal y corrupta de algunos ministerios y todos los excesos de poder ejercidos tanto por las policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios.

5.       Las demandas de los movilizados ya no son solo la fecha de las elecciones, sino que ya se sumaron la renuncia de la Presidenta Jeanine  Añez lo que hace que el conflicto sea más complejo negociarlo, pero no imposible. Si el tema es priorizar la vida, esta solo es posible atendiendo y negociando las demandas  de los sectores movilizados y de ninguna manera con el uso de violencia desmedidas por parte de la Policía y la Fuerzas Armadas.

Santa Cruz, 07 de agosto de 2020

 

 

REARTICULAR LA NEGADA MEDIA LUNA

Por: El Braka

La posesión por parte de Jeanine Añez a Branko Marinkovic Jovicevic, como Ministro de Planificación del Desarrollo demanda a verlo como línea política más que como línea de desarrollo planificado de la economía nacional.

Como un recuento rápido, recordemos que Marincovic, junto a Rubén Costas impulsó durante el primer quinquenio del presente siglo movilizaciones contra la designación directa de prefectos por parte del gobierno central en el marco de la vieja Constitución Política del Estado, oponiéndose a que desde La Paz, sede de Gobierno, sean estos elegidos. Igualmente participó a la cabeza de las movilizaciones cívico prefecturales buscando derrocar al Gobierno de Evo Morales y expulsar del Departamento de Santa Cruz a ciudadanos bolivianos de origen quechua y/o aimara, todo esto con el manejo simbólico de construcciones socio políticas de la “Nación Camba”.

Las manifestaciones que resultaron del manejo movilizador y simbólico si bien no configuraron con el tiempo una identidad sólida en la mayoría poblacional de Santa Cruz, por su composición pluricultural y diversidad socio económica resultado del fenómeno migratorio, es claro que  tuvo la fuerza para mantener vivó un espíritu de identidad regional y de rechazo con ribetes de racismo anti occidental institucionalizado y arraigado desde la manifestación cívica religiosa.

Branco Marincovic, tanto en el proceso constituyente, como en el proceso de construcción de los gobiernos autónomos departamentales mantuvo siempre una actitud radical y de oposición a toda concertación entre el nivel central y el nivel departamental. No racionalizó de manera positiva los acercamientos institucionales del occidente con el oriente.

El actual ministro de Planificación en su actividad política mostró siempre oposición a la nueva Constitución Política del Estado y al proyecto de Estado Plurinacional, desde esta mirada logró conformar el bloque de cívicos de hasta cinco departamentos a la cabeza de Santa Cruz autodenominándose la “Media Luna” este manejo manifiesto en la exclusión y discriminación estuvo siempre centrado contra los pueblos de origen quechua y aimara, pero también se fueron en contra de  pueblos indígenas de la región del Oriente Boliviano, principalmente cuando se opusieron de manera radical a la construcción de las autonomías indígenas. 

Con el perfil de liderazgo creado al interior de los movimientos cívicos prefecturales, desde el proyecto de la Media Luna se estableció líneas de acción separatista, líneas dirigidas a desmembrar Bolivia y plantear incluso proyectos separatistas y hasta anexionistas a la República del Brasil.  

Si bien un recuento de hechos podría referir con más certeza el perfil político, socio cultural y económico que encarna Marinkovic, no es menos cierto que desde este perfil ya podemos intuir lo que la señora Jeanine Añez busca generar al nombrar al incluir en su gabinete a Branco Marinkovic.

En realidad a Branco Marinkovic se lo incluye en el Gabinete, no porque sea necesario en la planificación del desarrollo nacional en sí mismo, el cargo de ministro en el área de planificación es determinación circunstancial, lo que se busca con su designación es re-direccionar las acciones del Órgano Ejecutivo; que él, es decir el ex cívico, viejo e histórico opositor al MAS esté en el Órgano Ejecutivo, como paradigma simbólico y con gente más afín proyecte política dura, con peso específico en la región de Santa Cruz.

Está por demás claro que, el manejo mediático y político de la Pandemia del COVD 19  ya no es suficiente y eficaz para justificar la postergación de la elecciones nacionales y es en razón de ello que el actual conflicto el gobierno lo está regionalizando e intentando darle significancia política a viejas diferencias regionales y de desarrollo económico. El ejecutivo a la cabeza de López, Murilllo y ahora Marinkovic buscan expandir el conflicto hacia la sociedad civil y junto a ello el apoyo y compromiso político de la agroindustria cruceña y del bloque neoliberal nacional, al igual que de las logias cruceñas y movimiento cívico de la olvidad “media luna”.

Santa Cruz, 05 de agosto

 

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: MEDICINA NATURAL Y ANCESTRAL, Y LA CUARENTENA POR EL COVID 19

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

La coyuntura en temas de salud muestra dos miradas generales de opinión y de intervención que en hechos prácticos pueden ser complementarias pero que la dinámica política y sus tiempos los enfrenta al grado de mostrarlos de sus tópicos irreconciliables.

Por razones de análisis es necesario agrupar componente de la dos miradas, un primer grupo de interacción social e institucional en las contradicciones generadas y no resueltas aún: el tema del uso del dióxido de cloro en la prevención y tratamiento de personas infectadas por el COVID 19 y el tema en el usos de la medicina tradicional en la prevención y atención de persona contagiadas por el COVID 19.

En el segundo grupo se puede poner el tema de la distancia social y la cuarentena en sus diferentes modalidades rígida, media o moderada aplicadas en la estrategia de minimizar la propagación del COVID 19 y el tema de actores de intervención en las políticas de intervención para evitar la propagación.

Lo que se pretende en el presente artículo es mostrar, desde la cotidianidad aspectos que ponen en duda e incertidumbre a los  mecanismos, situaciones y comportamiento del órgano Ejecutivo en el respeto y el cumplimiento de las garantías hacia el ámbito de los derechos constitucionales y derechos humanos.  

A primera instancia identificamos el siguiente marco legal al que mínimamente debe regirse y ajustarse el Ministerio de salud  para establecer acciones específicas en la lucha contra el COVID 19.

Desde el artículo 9 de la Constitución Política del Estado en el  numeral 5 se dice que son fines y funciones esenciales del Estado Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Y en artículo 18 amplia el principio de inclusión reforzando la no discriminación ni exclusión alguna en el acceso a la salud; “II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”

Y un punto para análisis del tema corresponde citar el numeral 9 del  artículo 30  de la CPE  sobre  la nación y pueblo indígena originario campesino donde se escribe que entre otros tantos derechos  está “…que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados”

Finalmente exponer en resumen narrativo la Sección II de la CPE sobre el Derecho a la Salud y la Seguridad Social que establece sus implementación institucional desde el Gobierno Nacional y gobiernos autónomos para garantizar la atención universal y políticas estatales y acciones de regulación de servicios públicos  y privados, prestación ininterrumpida, participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión del sistema público de salud.

Antes de iniciar el análisis propuesto transcribimos la cita en extenso del artículo 42 de la CPE “I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos. II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio”

Contradicciones identificadas en el análisis

Primera contradicción: agresión a la medicina tradicional y prácticas ancestrales.

Las noticias sobre los primeros casos del COVID 19 datan de la segunda quincena del mes de marzo, y la medida del Órgano Ejecutivo refiere a la tercera semana con la declaratoria Estado de emergencia sanitaria por COVID-19, cuyo objetivo principal fue el de evitar la propagación del virus. Esta declaratoria y todas las medidas posteriores asumidas para evitar la propagación en un balance actual no cumplieron su objetivo referido para el tema de la salud.

De manera paralela a las medidas de aislamiento social del ejecutivo, la opinión pública de la ciudadanía y sectores escépticos a la información vertidas por los medios y el gobierno plantearon fortalezas naturales y ancestrales de inmunidad biológica al virus.

Estos grupos escépticos a las medidas de cuarentena resaltaron la alimentación y las propiedades de la quinua, del chuño, de la papa, del maíz, la oca, el camote, el cañahue, la cebada esto por el lado del occidentes más hacia los valles, los llanos orientales y hasta a nivel nacional resaltaron como alternativas de tratamiento ante el contagio, el aloe vera, el ajo, los mates de jengibre, manzanilla, hojas de acerola, matico, cola de caballo, tila, diente de león y otros. Igualmente se plantearon terapias basadas en fricciones e inhalación de vapores de hojas de eucalipto, metas diversas y otras.

Estas referencias presentadas a lo largo de los últimos cuatro meses tienen su propia historia en el logro de la prevención y el tratamiento del COVID 19, y todas son de buen augurio y con los resultados en el marco de las expectativas de gran parte de la población.

En el marco de lo mencionado en párrafo anterior la prevención, atención y hasta curación del coronavirus tiene el antecedente y protocolo ancestral transmitido de generación en generación, tiene la historia clínica  de curas que nuestros pueblos indígenas, nuestros abuelos y tantos otras personas con formación y sin formación académica aplicaron por miles de años en lo resfríos, en el tratamiento de desajustes gastrointestinal, dolores muscular, calambres y cefaleas, eczemas, inflamación de encías, heridas y sinusitis, diarreas vómitos, preventivos a disfunciones  cardiovasculares entre otros cientos de problemas, enfermedades y dolencias.

Esta medicina es la que la Constitución Política del Estado manda a sus autoridades para que se las proteja, la promuevan y garanticen el respeto, uso, investigación y práctica, pero al contrario lo que se hace y se promueve desde el ejecutivo nacional es burlarse, restarle valor, perseguir y encarcelar a sus portavoces y divulgadores. Esto es a simple vista inconstitucional y en su ejercicio vulnera derechos naturales y constitucionales. Se está penalizando las prácticas de la medicina natural y ancestral.

Segunda contradicción: El deterioro de la salud pública y lucro desmedido no es dar prioridad a la vida y la salud

La cuarentena se dio a fin de dar un tiempo necesario al ejecutivo y potenciar el sistema de salud destinando recursos importantes y necesarios para activar un sistema de salud preventiva de atención y curativa del CODID 19. A más de cuatro meses este hecho no se ha visto materializado y por el contrario lo que se ha dado es el debilitamiento del sistema de salud nacional y el colapso del sistema hospitalario.

Es probable que de por medio, la sociedad pueda recurrir a encontrar entre las causas a la situación de colapso del sistema hospitalarios a la corrupción en la compra de respiradores, importación de insumos de bioseguridad y medicamentos pero, al margen de cualquier criterio que considere la corrupción, ya es casi innegable que la gestión administrativa y las acciones operativas por parte del órgano ejecutivo en ningún momento potenciaron el sistema de salud pública y menos el  sistema de salud en términos generales.

Está de por más evidente que el sistema hospitalario colapsó, pero lo preocupante es que el sistema hospitalario fue disminuido en su capacidad de atención a patologías ajenas  COVID 19. Se evidencia descuido en la atención de personas embarazadas, diabéticas, problemas cardiacos, traumatología, gastrointestinales entre otras, y el statu quo de medicina interna, es decir que toda atención integral del enfermo, el diagnóstico y el tratamiento enfermedades que afectan a órganos y sistemas internos, y la prevención están descuidadas y sin seguimiento y control por parte del Estado.

El sistema privado de salud y comercialización de medicamentos no está bajo control del Estado y en ese entendido el servicio de la salud y la industria e importación de medicamentos son las actividades más lucrativas de los últimos meses, y los es además por ser una de las pocas actividades liberadas de todo control y represión estatal.

La Salud pública vista desde el ejecutivo actualmente no garantiza condiciones de vida y trabajo; restringe la capacidad laboral y disminuye la expectativa de vida. Las medidas de represión como eje estratégico en la intervención en la prevención del COVID 19  está lejos de  constituirse en políticas coherentes y medidas estatales, económica, socio educativas, médico-sanitarias para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades, está lejos de ser una medida que garantice la disminución de la mortalidad y morbilidad, en realidad, está lejos de ser política que priorice la vida.

El dilema del Dióxido de cloro

Las propiedades de uso y consumo de minerales en medicina terapéutica y curativa son tan antiguos como las mismas antiguas civilizaciones y estudios médicos expuestos.

La sociedad moderna recurre igualmente a ellos en su alimentación cotidiana y en casos particulares para fortalecer el sistema inmunológico y regular funciones de órganos del cuerpo humano.   

El caso es que mientras el Ejecutivo desde el ministerio de salud no solo lo prohíbe, sino que lo sataniza, el legislativo considera legal y necesaria su producción.

Los testimonios generales dan cuenta de las virtudes y la efectividad en el tratamiento y la prevención del COVID 19, pero el caso es que el ejecutivo se propone encarcelar  a quienes promuevan el consumo.

Asumir un punto de vista contrario al uso del Dióxido de cloro pone al ejecutivo y al Ministro de Salud Interino en el dilema de defender la vida exclusivamente desde la cuarentena y la terapia intensiva o darle una real importancia a la medicina tradicional, preventiva y curativa.    

Superación de las contradicciones; desde la participación ciudadana y responsabilidad institucional. 

En muchos centros hospitalarios y gobiernos autónomos, principalmente de provincias no capitales del departamento la crisis sanitaria está medianamente sino debidamente gestionada y se constituye en una oportunidad para superar las limitaciones con las que se enfrentaba antes de la pandemia.

La participación ciudadana, las medidas de presión y movilizaciones,  ajustadas a las necesidades de mejorar y recibir atención del sistema de salud pública han proyectado la inversión  mediana en infraestructura, la dotación de ítems y ajustes administrativos en el uso de recursos económicos.

Desde la participación ciudadana y decisiones transmitidas por redes sociales, en reuniones comunitarias e intercambio; el tema preventivo se ha fortalecido  con prácticas de medicina natural, cambios de hábitos de alimentación y fortalecimiento del sistema inmunológico desde alimentación alternativa.

La sociedad civil y comunidades rurales han creado su propio tratamiento y protocolo casero desde los aspectos de la medicina preventiva, consumo diario de mates a cambio de coca cola y otras gaseosas, inhalaciones de vapores a cambio de fármacos expectorantes y Antitusígenos,  comidas caseras y familiarmente balanceada a cambio de comida chatarra; de fortaleciendo su sistema inmune desde la alimentación sana y rica en alimentos con propiedades antioxidantes, antipiréticas, anticoagulantes y contra cólicos, y medicina natural y  alternativa, liberalización de vida en altos centros con carga viral sin eximirse del contacto social; manteniendo las relaciones cotidianas sin aislamiento traumático en comunidad de bajo contagio.

Se trata en sí de protocolos caseros de vida cotidiana en la prevención del COVID 19 y en el camino de una vida saludable y natural. 

Conclusión necesaria

Son vastos los testimonios de curaciones del COVID 19 mediante la medicina natural y el uso del Dióxido de cloro, por lo que cerrar los ojos a esta realidad no lleva más que a negar el apoyo que siempre ha sido la medicina natural para para medicina clínica

No se ve como medida racional burlarse, mofarse y negar el valor preventivo y terapéutico de la medicina natural y la medicina tradicional

Lo importante en la prevención del COVID 19 de resolver la gestión de la salud desde el mandato constitucional es decir entender la calidad de vida y la vida sana desde su componentes de superación de la pobreza extrema y media, medicina preventiva fundamentalmente desde la participación comunitaria y ciudadana, atención y curación, estos últimos desde la red y estructura de salud pública.

Es necesario que la cabeza del sector en temas de salud y principalmente en tiempos de COVID 19 vuelva al Ministerio de Salud y no  siga de facto con los Ministerios de Gobierno, Defensa y Presidencia.

El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

Finalmente frente al colapso del sistema hospitalario es claro que las patologías consideradas con alto índice de morbilidad hoy se vean aumentadas, en estas condiciones una peritonitis o una infección intestinal, o una diarrea crónica al no tener centro de atención es extremadamente mortal.

Santa Cruz, 4 de agosto de 2020