LA FARSA DE PODEMOS Y EL PLAN IMPERIALISTA

A mediados del mes de mayo, desde una propuesta de Ley archivada en el parlamento cuyo contenido había sido relegado a segundo plano en la coyuntura política de Bolivia, la agrupación de Tuto Quiroga, PODEMOS, reabrió la propuesta de Ley de Convocatoria al Referéndum Revocatorio y marcó una nueva agenda nacional y departamental en el debate público y accionar político.
PODEMOS hizo algo que nadie esperaba, ni consideraría necesario hacerla. Desempolvó el proyecto de Ley de Referéndum Revocatorio propuesto por el ejecutivo y lo sancionó sin ninguna modificación. (incluyendo un error de fecha)
El asunto fue muy rápido y el presidente Evo Morales, el 12 de mayo promulgó la Ley sin poner trabas. Así tomándole el guante al adversario político no cuestionó argumentos ni razones para entrar en batalla desde una Ley cuyo contenido había sido ya discutida entre los parlamentarios del MAS y significaba ventajas a favor del presidente y vicepresidente frente a los nueve prefectos.
Aceptado el reto, PODEMOS empezó a recibir las mas duras críticas de los bandos afines a los prefectos y contrarios al gobierno, los líderes de opinión mediática “zozobrados” ante semejante desacierto de la oposición en el parlamento, no se cansaron de gritarles ¡Traidores a las causa de las autonomías departamentales! y como se espera en estos casos, la izquierda festejó este inexplicable mal paso de PODEMOS. Pero los senadores de PODEMOS; estoicamente resistieron las críticas de sus propios allegados y las burla de sus opositores. ¿Alguien se preguntó en algún momento por qué lo hicieron?
Entre críticas y burlas todo lleva a ver que los líderes de PODEMOS fueron explicando sus planes a líderes claves y confiables. Como resultado de explicaciones, los prefectos aceptan públicamente ir al referéndum revocatorio. Con ese paso dado, el actual escenario político se puede leer desde las siguientes certezas.
· La sociedad civil y los movimientos sociales ya están movilizados y en campaña para revocar a los prefectos de la media luna, Cochabamba y La Paz.
· El prefecto de Cochabamba no acepta la ley de convocatoria al referéndum y advierte finalizar su gestión de prefecto.
· Costas, Cossio, Suárez y Fernández aceptan ir al revocatorio, pero no dicen qué aceptarán el resultado. Es decir que dejan abierta la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad del referéndum revocatorio.
· PODEMOS abre un nuevo frente de conflicto en el parlamento con la propuesta de modificación a la Ley de Convocatoria al referéndum Revocatorio, además de las trabas que ya va poniendo para elegir nuevos vocales a la Corte Nacional Electoral al grado de amenazar y chantajear. (esto debía sancionarse desde la comisión de ética)
· Los cívicos Prefectos agrupados en el CONALDE no respaldan la Ley de Referéndum Revocatorio, piden su modificación y amenazan con movilizaciones en demanda de la recuperación del IDH, entre otros.
· CONALDE presenta una propuesta donde excluye al Vicepresidente de la República del Referéndum Revocatorio, esto con miras a generar susceptibilidades al interior del gobierno y desquebrajar la dupla Evo – Alvaro.
Con esta configuración los próximos escenarios posibles y estimados favorables para la oposición serían:
· Presidente y vicepresidente acompañan las movilizaciones de los movimientos sociales para su ratificación.
· El prefecto de Cochabamba mantiene su propuesta de no someterse al resultado del referéndum esperando a que otros departamentos se le sumen. (esto ya está planificado, sólo se espera definir el momento mas propicio y necesario)
· Costas, Cossio, Suárez y Fernández y sus operadores políticos marcan elementos que pongan en duda la idoneidad de los resultados que emita la Corte Nacional, la prensa reaccionaria juega el rol mas importante inventado historias al grado de insinuar fraude en la carnetización de niños y en la duplicidad de números de carnet de identidad.
· Movimientos cívicos afines a las prefecturas, llaman al desacato del referéndum revocatorio y se movilizan contra el centralismo que quiere “destruir las autonomías departamentales”. Posesionan el enfrentamiento necesario entre el centralismo y las autonomías departamentales.
· La reacción y los grupos de choque del CONALDE atrincheran sus posiciones en las prefecturas y los convierten en sus cuarteles generales (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba).
· La violencia se generaliza, y el CONALDE junto a Fhilip Golberg eligen el mejor escenario para impulsar y radicalizar la Guerra de Baja Intensidad. Tentativamente centrado en el departamento de Cochabamba.
Visto de esta manera el conflicto político (y dado los escenarios posibles, pero no definitivos), tenemos que concluir que aquel momento en que los parlamentarios de PODEMOS, sancionaron la propuesta de la Ley del referéndum revocatorio no estaban con resaca de la borrachera (de la noche anterior), como insinúo algún diputado, y si lo estaban, no queda duda que fue en esta “borrachera” que culminó la persuasión de empezar con un nuevo ciclo de jugadas sacadas de una cátedra militar en la guerra de baja intensidad.
Permítanme, pero yo me resisto a ver que el nuevo escenario político se esté generando desde una chambonada infantil de PODEMOS. ¡Nadie da tanta ventaja ni es tan estúpido! Menos los viejos políticos asesorados por el Imperio norteamericano. Solo se da ventaja si esa se la va ha recuperar en un tiempo estimable o la ventaja es una carnada para imponerle al gobierno escenarios violentos que le lleven al desgaste político y reduzca la intensidad de sus transformaciones económicas y sociales.
PODEMOS, o mas bien Tuto Quiroga ha retomado la estrategia de polarizar el enfrentamiento político, recordemos que el 2005 esa fue su bandera de lucha estratégica con el fin de captar los votos de las otras fracciones de derecha. En un momento propuso que el UN (Unidad Nacional) y las otras fuerza políticas se retiren de la contienda para que las elecciones sean definidas sólo entre el MAS y PODEMOS. Fue una postura antidemocrática sin repercusiones trascendentes, pero que ahora sometida a ajustes y a un nuevo contexto se muestra factible y favorable.
Desde la nueva correlación de fuerzas, y la nueva configuración que la oposición viene trazando es predecible estimar jornadas de violencia callejera (incontrolable por la policía) durante el cambio de prefecto en Cochabamba, y será más fuerte si el cambio se extiende a otros departamentos. Sabemos que Rubén Costas, Suárez, Fernández y Cossio, prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, van al Revocatorio confiados en su victoria, y con el apoyo de grupos de choque e instituciones con capacidad de convocatoria, para que en caso de perder el referéndum revocatorio, ellos salgan a las calles a negar a la democracia existente y desconocer el resultado del referéndum. El resultado de esta fase es incitar a la violencia y al desacato. Esto puede incluso darse antes del 10 de agosto. Estamos concientes que la prensa reaccionaria esta jugando el papel de “campanas de catedral” que alertarán, prepararán y anunciarán las jornadas de movilización.
La violencia tiene por objeto desgastar al gobierno, tiende a volcar la balanza hasta ahora favorable al gobierno. El acuerdo para los bandos en conflicto, en escenarios de violencia, puede ser el acorte de la gestión del presidente. Repetir lo de la UDP, o una agudización de los enfrentamientos hacia la guerra civil. En ambas situaciones Tuto Quiroga se proyecta como líder fiel al imperio; el imperio interpondrá sus mejores oficios ante CONALDE a favor del arrogante y perverso político reaccionario para que sea llevado a la cabeza del proyectado escenario electoral o guerra civil.
La secuencia de hechos políticos jamás ha sido lineal, pues están expuestos a factores diversos y predicciones basadas en un cuerpo de posibilidades, pero si los estrategas políticos del gobierno se mueven pensando únicamente en el “Error de PODEMOS” pueden perder su favorable posición política en menos tiempo de lo previsto por las fuerzas reaccionarias. Corresponde en este caso “defender la ventaja y reforzar el avance democrático”
Confiamos en que el pueblo pueda prevenir y trabajar para mantener el estado de cambio y de pacificación, prediciendo y oponiéndose a los escenarios de violencias que busca la reacción.

Detener el plan del imperio.
El espíritu democrático de la sociedad civil, de obreros, campesinos, clases medias, empresarios progresistas, militares patriotas y otros sectores debe imponerse a los planes genocidas del imperialismo y de la trampa a la que ha estado empujando PODEMOS desde su construido error de la sanción del referéndum revocatorio.
Es vital que se respete los resultados del Referéndum Revocatorio y darle la medicina que se merece al mentiroso y nefasto aliado de las transnacionales. La crisis del pueblo boliviano no será superada con una guerra civil o con enfrentamientos callejeros entre bolivianos. La violencia es la estrategia para que el imperialismo recupere su hegemonía en América Latina con participación de gobernantes títeres. No la de los pueblos que buscan mejores días, soberanía y audeterminación.
Desde la actual configuración política se debe contrarrestar al imperialismo y a sus operadores políticos, para que los promotores armamentistas y políticos racistas y amantes de la muerte no arrastren a la ciudadanía a un enfrentamiento entre bolivianos o a una guerra civil. Seguir alerta a todo signo que delate la mentira del “error de podemos” de manera que no sea antesala de la intromisión imperialista en América Latina y particularmente en Bolivia
Es criterio generalizado que el plan imperial busca interrumpir el proceso constitucional de Bolivia, y eso también demanda una postura crítica al respecto donde mínimamente se entienda que el proceso constituyente pueda ser enriquecida desde el debate normado, con un sentido de análisis explorativo del derecho positivo existente. Esto es en definitiva el apego al derecho positivo y a la institucionalidad para encarar sus deficiencias y contradicciones a favor de los cambios revolucionarios desde una mayor inclusión y participación ciudadana. Eso es diálogo y no violencia. La violencia solo da la palabra a los bandos militarizados, a milicias organizadas; y la voz de los ciudadanos con derechos se acalla. Por esa razón altamente democrática la violencia diseñada por el imperio, CONALDE y PODEMOS debe ser negada por el pueblo boliviano.
Es deber democrático no prestarnos a ser fichas de un tenebroso plan. Sea cual sean los resultados del referéndum, es necesario someternos críticamente a ellos y a los establecido en las normas que respondan a ese fin.
Santa Cruz, 14 de julio de 2008

EL IMPERIO QUIERE GUERRA EN COCHABAMBA

Apenas unos cuantos días atrás los comentaristas y presentadores de noticias en las redes televisivas mas difundidas de Bolivia ocuparon espacios considerables para atacar al presidente Evo Morales por reclamarle al presidente del Perú su intensión de permitir la instalación de un aeródromo militar norteamericano en la región de Ayacucho - Perú. La ceguera interesada de nuestra prensa no quiere percatarse lo que en la revista “Página 12” el experto en temas militares y de narcotráfico, Ricardo Soberón, denuncia al respecto, quien da por hecho la instalación de la base militar.[1] “Desde esta base, Estados Unidos operaría en toda la región. Con su instalación el Perú se estaría involucrando peligrosamente en un conflicto regional”
Paralelo a este primer comentario no podemos dejar de mencionar la existencia de todo un plan norteamericano para paliar su crisis económica desde el Keynesianismo Militar entendida esta como “la determinación política de mantener una economía de guerra permanente, utilizándola como elemento activador y sostenedor de la economía del país; un criterio utilizado desde los primeros años de la guerra fría y establecido por el gobierno de Harry Truman como política económica pública, a partir septiembre de 1950, que, aún hoy, continúa aplicándose” [2]
Keynesianismo militar mas base militar de norteamericana en Ayacucho, una región equidistante a Colombia y Bolivia nos da pautas para entender la geopolítica diseñada por el imperialismo en América Latina, pero el diseño por si sola no transparenta su plan hacia Bolivia a corto plazo.
Un hecho que se denuncia a si misma, en su accionar a corto y mediano plazo, es la reaparición de Philip Golberg Embajador de EE UU en Bolivia, y desde sus relaciones con el CONALDE es fácil deducir que lo que se vienen tramando es el enfrentamiento entre cochabambinos. Esto para empezar.
El Imperio y el CONALDE aparentemente, han hecho ajustes a sus planes iniciales, los primeros enfrentamientos armados de la Guerra de Baja Intensidad [3] ya no los quieren en Santa Cruz ni en Sucre debido a una ligera baja del ambiente de belicosidad en la nueva configuración política del país. Sucre fue un buen acercamiento a la conflictividad político militar, y Cochabamba será un nuevo ensayo, con posibilidades de sostenibilidad, (con apoyo externo desde la Base Militar de Ayacucho) con pretextos construidos mejor que en los anteriores intentos y encender el foco de violencia en pleno centro cochabambino, desde el cálculo probabilística de la defensa o ataque a la prefectura ante un eventual revocatorio del prefecto de Cochabamba y la negativa de este.
Ya nadie duda que en el referéndum revocatorio el prefecto de Cochabamba será uno de los que deberá ser cambiado por el voto popular, pero en sus gira por el oriente boliviano, Manfred Reyes Villa fue tajante y reiterativo al afirmar que no aceptará el resultado del Referéndum y que sea cual sea el resultado él terminará su gestión. Es decir se sublevará al mandato del pueblo y a la institucionalidad del poder central.
Nadie puede darse esa arrogancia y tampoco negar que los movimientos sociales intentarán persuadirlo primero de que respete el mandato del referéndum, y posteriormente asuman actitudes de hecho. Bajo esta lógica de comportamiento el sangriento ex edecán del Dictador García Mesa, Manfred Reyes Villa tiene un plan de resistencia diseñado por el imperialismo norteamericano.
Y que no vengan los del CONALDE con la falsa postura de que respetan las decisiones de sus integrantes, al no insistir en que Reyes Villa acepte el resultado del Referéndum “bien calladito”. Es claro que ellos también son parte de un plan de desestabilización y serán parte responsable de que campesinos, cocaleros y gente afín al gobierno se enfrenten a jóvenes paramilitares de Cochabamba y otras regiones preparadas anticipadamente para este fin.
Reiteramos, el Imperio quiere hacer de Cochabamba el foco central del conflicto para instrumentalizar la acción militar y de invasión a la fortaleza política del MAS: el Chaparé. El pretexto de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo no será más que eso: un pretexto construido con las élites reaccionarias para complotar contra el gobierno, y al mismo tiempo será la realización del sueño inconcluso norteamericano, impulsar la Guerra de Baja Intensidad en el trópico cochabambino con apoyo de paramilitares locales.
Pero acá no termina todo, el Imperio necesita presionar a la región desde el manejo de los recursos energéticos, principalmente a Brasil y Argentina países cuyas industrias y familias de algunas regiones dependen en cierta manera del gas que Bolivia les provee.
Todo se configura para ver como el imperio norteamericano aprovecha la crisis política boliviana para recuperar su hegemonía y su poder en América del Sur. Y aunque por ahora es una hipótesis, en dos meses valdrá la pena tener un seguimiento al curso de la ofensiva imperial en América Latina y dependerá de que tanto la población esté alerta y cada paso de la reacción y el imperialismo.
Finalmente, no por intereses económicos solamente, sino porque somos una misma familia latinoamericana (Venezuela y el Presidente Chávez vienen contrarrestando en embate imperial), Alan García no debía permitir la instalación de una base militar norteamericana en Ayacucho, y claro, en este mismo sentido de hermandad, será prudente que el pueblo cochabambino no salga a defender al necrófilo Reyes Villa en caso de que el veredicto final sea un NO a la continuidad de su mandato. La paz para bien de lo bolivianos la estamos construyendo con nuestra propias manos, y aun la podemos construir en lo ámbitos concertados de la legalidad y la constitucionalidad. Y jamás sublevándose al mandato del soberano y sometidos al imperialismo norteamericano.
[1] www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-106149-2008-06-17.html
[2] (http://chamosaurio.com/2008/06/01/la-industria-de-la-guerra-esta-conduciendo-a-eeuu-al-suicidio-economico/
[3] http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_baja_intensidad : La GBI involucra a menudo luchas prolongadas de principios e ideologías y se desarrolla a través de una combinación de medios políticos, económicos, de información y militares. .. es la forma más común de confrontación que los norteamericanos tendrán que enfrentar en el futuro inmediato. Entre ellas destacan los profundos problemas sociales, económicos y políticos de las naciones del Tercer Mundo que crean un terreno fértil para el desarrollo de la insurgencia y otros conflictos con un impacto adverso a los intereses de los Estados Unidos.

EVALUACION POLITICA A LOS PREFECTOS DE LA MEDIA LUNA

Definitivamente uno de los vacíos que tiene la actual Constitución Política del Estado de Bolivia y la de otros países, tal vez todos, es carecer de un artículo donde se mande reglamentar la evaluación de la gestión de cada uno de los funcionarios públicos electos por el voto universal secreto y directo.
Lo que llama la atención desde el párrafo anterior es que existen instituciones internacionales que bajo indicadores concertados por equipos interdisciplinarios pueden evaluar y ubicar a un gobierno o la gestión gubernamental en una escala relativa bajo el modelo de “país ejemplar”. A Bolivia por ejemplo, en relación con ese “país ejemplar” la ubican entre los países más corruptos del mundo. Y con esa calificación nos embarramos todos los ciudadanos y todos los funcionarios públicos. Igualmente colocan entre los países con altos índices de violación de los derechos humanos.
Creo que definitivamente ante la inexistencia de una norma o al menos la indefinición de indicadores validados para una evaluación de gestión que puedan realizarse desde normas nacionales, podríamos echarle mano a esas normas internacionales con las que nos evalúan y a la que ciegamente la comunidad boliviana acepta. Lo penoso es que no sabemos como conseguirlo o si en verdad existen.
Intento creer que los mejores criterios para determinar indicadores que arrojen valoraciones cuantitativas y cualitativas hacia los prefectos tendrán que partir del Concepto, del objeto y del Marco Constitucional de la Descentralización Administrativa, también de la estructura organizativa de la prefectura del departamento, de la naturaleza y asignación de atribuciones del prefecto y de fidelidad en la presentación de ingresos y egresos anuales. Estos criterios en realidad son ejes fundamentales de la Ley de Descentralización del 28 de julio de 1995.
Veamos algunos indicadores que pueden salir a partir de los artículos de la Ley mencionada. [1] Los mismos que servirán para evaluar a los prefectos departamentales



1. Indicador sobre el marco constitucional: Respeta el prefecto la transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico –administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional.
Evaluación: Creemos que una de las debilidades de los prefectos de la media luna radica en no respetar la Ley de Descentralización; en unos casos por desconocimientos de sus artículos y en otras de forma premeditada y con objetivos de insubordinación al poder central, al grado de generar en la opinión pública cercana a su línea política el sentimiento de separatismo y negación del Estado Unitario.
En cuanto al respeto de las atribuciones técnico - administrativas, el prefecto y su consejo han ido mas allá de sus atribuciones, arrogándose las atribuciones privativas del Poder Ejecutivo a nivel Nacional. Así, al convocar a un referéndum departamental y destinar fondos económicos para este fin, no solo se atribuye competencias del Ejecutivo Nacional sino del Poder Legislativo. Hoy van mas allá y desde el estatuto Autonómico “El Gobernador y su Asamblea Legislativa Departamental” intentan atribuirse competencias jurídicas al margen de la Jurisprudencia Nacional.



2. Indicadores sobre el objeto de la ley:
a. Se aplica la ley de descentralización para establecer la estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental
Evaluación: Es de conocimiento generalizado que “En cada departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un prefecto, designado por el Presidente de la República”[2] desde este artículo constitucional se ubica a los prefectos, institucionalmente hablando, en un nivel de jerarquía por debajo del presidente, pero los prefectos prefieren hacer desacato del ordenamiento constitucional sobre el Régimen Interno e ir sistemáticamente generando una ruptura funcional y orgánica con el Poder Ejecutivo. En definitiva las prefecturas, desde el denominativo de “Gobernadores” se resisten a de ser parte de la estructura del Poder Ejecutivo nacional y también de toda la estructura estatal ya que el constitucionalismo boliviano no incluye ningún sustantivo y menos adjetivo de “Gobernadores y Asamblea Legislativa departamental”
b. La administración prefectural se apega a la Ley de Descentralización para establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales
Evaluación: Permanentemente vienen argumentando que el Centralismo les limita y nos les permite impulsar el proyecto de desarrollo económico que tienen para sus departamentos. Los prefectos no entienden que las leyes y las normas son precisamente para ello, para que se vele por el interés nacional y no por interese egoístas de los sectores dominantes y logias de poder. Además incluimos que son los prefectos los que se oponen al control y la participación ciudadana en el manejo y administración de los recursos económicos, eso lo observamos en el debate sobre el manejo de los recursos por concepto de los desastres naturales.
c. Cumple con lo estipulado en la Ley de Descentralización para mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población
Evaluación: Creemos que otra de las debilidades es aplicar intuitivamente y de manera corporativa las estrategias de eficiencia y eficacia administrativa. Esto le ha llevado a un sometimiento a dictámenes de los grupos de poder, que se traduce en el sometimiento eficiente y eficaz a las estrategias productivas de la burguesía agroindustrial y mercantil, dejando a un lado la prestación de servicios a la población mas necesitada de atención estatal y de los sectores productivos de la Micro, Pequeñas y mediana empresa (MyPIMEs)
3. Indicador sobre la estructura organizativa: Se respeta la organización interna de la prefectura
Evaluación: De hecho no solo que no se respeta, sino que se la niega y se la quiere eliminar sin ningún sustento jurídico – legal. Nombrarse Gobernador y dejar a un lado las funciones que establece la Ley de Descentralización para el Prefecto Departamental es no respetar la organización interna de la prefectura. Trabajar con un conjunto de funcionarios puesto a dedo y sin respaldo de los municipios es no respetar la estructura organizativa. En realidad la población vive confundida con la estructura organizativa. Esta claro que el supuesto “Gobierno Departamental” se sustenta estructuralmente el Gobernador y en la Asamblea Legislativa Departamental, pero ¿Que mas allá de eso? ¿Qué otros operadores institucionales tienen, si no son aquellas estructuras que vienen de las estructuras prefecturales? Pues en ese sentido se viene promoviendo un conjunto de contradicciones y de ensayos desafiantes al sistema estructurado desde la Ley de Descentralización. Con esta ruptura estructural las prefecturas intentan ejemplificar y modelar el accionar de otras Instituciones Estatales ligadas orgánicamente al poder Ejecutivo, pero como no pueden hacerlo desde adentro, recurren a la toma de instituciones desde afuera, con agentes externos. Esta tarea se la han encomendado a la Unión Juvenil Cruceñista.



4. Indicador sobre la naturaleza de designación: El prefecto respeta su designación por el Ejecutivo Nacional
Evaluación: A las claras se concluye que el prefecto no respeta su designación por el Presidente de la República, en realidad nunca les ha interesado que sean designados por el Ejecutivo Nacional. Repudian ser designados por un Presidente indígena. Se escudan en el voto universal de preferencia ciudadana para quitar relevancia a la designación presidencial, tal como lo norma la actual Constitución Política del Estado. Esta actitud ha estado presente a lo largo de todas las presentaciones y todo el conflicto entre los prefectos y el Ejecutivo Nacional. Jamás se ha respetado la investidura del Presidente Evo Morales, al grado de ni siquiera poner la foto en las reparticiones públicas donde por tradición siempre han estado los retratos de los presidentes de turno, agravado esto con la promoción de impedir la asistencia del Presidente a eventos de interés departamental o provincial en otros casos.



5. Indicador sobre las atribuciones del prefecto:
a. Cumple y hace cumplir la Constitución Política del Estado
Evaluación: Para el caso de los referéndum por los estatutos autonómicos, viola la Constitución Política del Estado y con el plan de implementarlos empeora mas el asunto, al grado incitar a que nos se cumpla ni se haga cumplir la CPE. Los prefectos junto a los Comités Cívicos promueven el desacato a la CPE, incurren en actos prohibidos por la CPE como aquellos de dar muerte civil a los que no piensan como ellos, querer legitimizar la servidumbre y otros más.
b. Conserva el orden interno en el departamento
Evaluación: Más bien promueven el desorden interno en cada uno de los departamentos. Instruyen y fomentan la violencia de grupos de jóvenes universitarios y fascistas en todas sus versiones, sean unionistas o intercomiteistas. Proclaman la legitimidad de la intervención de instituciones estatales al grado de mostrarlas como actos legales, bajo el supuesto de que los estatutos Autonómicos norma el nuevo orden legal. Esto en términos políticos y jurídicos se llama subversión. Entonces subvierten el orden interno departamental.
c. Formula y ejecuta los, planes departamentales de desarrollo económico y social de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en coordinación con los gobiernos Municipales del departamento y el ministerio de Desarrollo Económico de inversión pública en el marco del plan General de Desarrollo Económico y Social de la República?
Evaluación: Para empezar le ha quitado a las provincias y a los gobiernos municipales sus representantes departamentales y la posibilidad de elegirlos. En Santa Cruz Rubén Costas ha convertido a los Consejeros departamentales, en Asambleístas Departamentales, elegidos a dedo por el autodenominado Gobernador. Pues jamás se ha hecho elecciones para elegirlos. En definitiva no se coordina ya ni siquiera los programas nacionales en materia de salud y otras.
Consideraciones finales
Con todo lo anterior, por ahora dejamos a la ciudadanía que busque, incluya o construya mas indicadores de evaluación y sugerimos que lo hagan en base a la Ley de Descentralización, que es la que mas nos puede ayudar a validarlos con criterios positivos.[3] La gestión de los prefectos en definitiva tendrá un número absoluto o porcentual antes del referéndum si es que se hace una evaluación sistemática y objetiva en los ocho departamentos, excluyendo por esta vez la gestión de la nueva autoridad elegida en el departamento de Chuquisaca.
Un valor numérico a esta evaluación política nos daría a Prefectos Reprobados, por ahora, no incluimos indicadores económicos y sociales, estos necesitan mayor revisión y transparencia en la información, cosa de la que no se dispone. Pues al “Gobernador y a su Asamblea Legislativa Departamental” por ahora es lo menos que le interesa; dar información clara y detallada. Están por ahora más interesados en reglamentar la insubordinación y el desacato a la Constitución Política del Estado.

Santa Cruz. 1º de julio de 2008
[1] ARTÍCULO 1º (MARCO CONSTITUCIONAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA) En el marco de la Constitución Política del Estado la presente ley regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que conforme al sistema unitario de la República, consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel Nacional[1]
ARTÍCULO 2º (OBJETO) En el marco de la preservación de la unidad nacional, la presente ley tiene por objeto: a) Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental dentro el régimen de descentralización administrativa. b) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.
ARTÍCULO 3º (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO) I. La estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental, está constituida por la Prefectura, conformada por el Prefecto y el Consejo Departamental II. La organización interna de la Prefectura será reglamentada mediante Decreto Supremo.
ARTÍCULO 4º (NATURALEZA Y DESIGNACIÓN) En cada departamento, el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto designado por el Presidente de la República.
ARTÍCULO 5º (ATRIBUCIONES) El Prefecto en el régimen de descentralización administrativa, tiene las siguientes atribuciones además de las establecidas en la Constitución Política del Estado.
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos y las resoluciones.
c) Conservar el orden interno en el departamento
[2] Artículo 109. I de la Constitución Política de Bolivia
Artículo 108. El territorio de la República de Bolivia se divide políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones.
Artículo 110. I El poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa
[3] En este trabajo solo se toma en cuenta los 4 primeros artículos y parte del 5 de la Ley de descentralización nº 1654 del 28 de julio de 1995, esto debido a que nuestra evaluación es fundamentalmente política.