VALORACION A LA ETAPA CONSTITUYENTE

VALORACION A LA ETAPA CONSTITUYENTE

Del 6 de marzo del 2006 (fecha en que se promulgó la Ley de convocatoria para la Asamblea constituyente) al 21 de octubre de 2008 (día en que se sancionó y se promulgó la ley de convocatoria al referéndum para aprobar o no el nuevo texto constitucional) han pasado dos años, siete meses y 15 días. Este es el tiempo que demandó a las mayorías del pueblo boliviano llegar a la consolidación de una etapa importante en el cronograma del proceso constituyente.
Una primera conclusión a la que se llega desde el dato anterior es que a la oposición y a los cívicos de la media luna les resultó demasiado largo los cinco años (2006 – 2011) de gestión gubernamental “masista”, para recuperar el grado de poder perdido en las elecciones del 2005. Desde una valoración aparentemente llena de subjetivismo se jugaron a crear situaciones complejas para inducir a Evo Morales ha renunciar como presidente y a que su gobierno se desgaste tanto al grado de que el pueblo se le venga encima y pida nuevas elecciones. Para tal objeto posesionaron en el debata mediático la demanda de autonomía departamental y el cuestionamiento a la legitimidad y la legalidad del proceso constituyente.
Atacaron con el argumento de ilegalidad a la Propuesta del texto constitucional y presentaron la alternativa del estatuto autonómico (evidentemente ilegal) y una nueva figura institucional corporativa; Gobierno Departamental y la Asamblea Legislativa Departamental (También ilegales) Ambas fueron el sostén ficticio de institucionalidad de mando centralizado, creado por la demanda autonomista y que en última instancia fue desde donde se comandó la postergación de la demanda autonómica y la extrema politización. (Si el gobierno se ocupo de hacer política con la gestión económica, las prefecturas hicieron política y olvidaron su gestión económica, y la CAO - CAINCO se metió en ese carril)
Ahora con mucha soltura y alto grado de certidumbre se puede afirmar que la oposición no evalúo correctamente los rumbos que tomaría la dinámica política nacional al concentrar gran parte de su tiempo y sus esfuerzos en el desgates y boicot de la Asamblea Constituyente. Al año y medio cosechó muchos fracasos y al frente tuvieron que afrontar una gestión política con resultados desfavorable y con altos cuestionamientos y fracturas al interior, no solo de PODEMOS, sino del propio CONALDE a nivel nacional y en menos proporción del movimiento cívico cruceño. Al menos en su capacidad de convocatoria.
Por el otro lado (en contraposición a la actitud opositora) concentrar esfuerzos para llevar adelante la Asamblea Constituyente, al gobierno de Evo Morales le dio réditos políticos importantes y significativos en términos organizativos, electorales y hegemónicos, al grado de estar ya a un paso de compartir con el Comité Cívico la responsabilidad política de consolidar y legalizar la reivindicación de las autonomías departamentales)
El MAS ya no se opone a las autonomías departamentales, (ya dejo de hacerlo antes de agosto del 2007). De hecho, a partir de ahora será parte fundamental de su estrategia y propuesta electoral en miras a las elecciones nacionales del 2009, y en caso de ser favorecido por el voto popular la autonomía departamental y la autonomías indígenas originarias campesina será una tarea conjunta y compartida entre el Gobierno central, las prefecturas y los movimientos cívicos, (como debía haber sido siempre) posesionando la pluralidad y las particulares contradicciones políticas ideológicas y económicas regionales. Esto las fuerzas reaccionarias y radicales de Santa Cruz no lo toleran y por ello ahora contraponen a la demanda autonómica una demanda de federalismo.
Evo Morales, ya lo dijimos mas arriba, se opuso a la autonomía departamental solo en tanto se tenía una demanda de autonomía indígena originaria campesina bastante débil y frágilmente posesionada en el debate público, frente a un expansivo proyecto manejado por los grupos de poder en el oriente boliviano. La fuerza electoral del MAS y la reivindicación indígena que la respalda coloca, a las dos modalidades de autonomía en el plano del pluralismo político, económico y jurídico en relación democrática equitativa. Esto es lo que se tiene que entender, principalmente en el Comité Cívico Pro Santa Cruz a la cabeza de su vicepresidente (En ausencia de Branco Marinkovic). Sin embargo persiste su oposición a la realización del referéndum por la Asamblea Constituyente.
Nos preguntamos ¿Qué es lo que espera que políticamente ocurra? ¿Acaso que Branco venga con los marines ante el pedido de protectorado? ¿O qué los falangistas tomen el Estado por Asalto? ¿O Delmar Méndez vicepresidente de la Asamblea Legislativa Deprtamental sea Gobernador ante el “fracaso y la traición” de Rubén Costas? Es evidente que de seguir así terminarán perdiendo el hilo conductor de la dinámica política nacional y se atrincheran en una acción regional desgastada y difícilmente sustentable. Eso históricamente ha ocurrido con muchos partidos políticos, pero que los dirigentes cívicos lleven a ese extremo al Comité Cívico Pro Intereses, nadie se los va a perdonar.
Inevitablemente tenemos que concluir que la acción política en los marcos legales y a mediano plazo debe hacérsela en evento que se enmarquen al nuevo texto constitucional (que incluyen las autonomías departamentales) y se sustancie mutuamente (Texto constitucional y nuevos aportes) Ya no es posible crecer desde la periferia de la propuesta constitucional. De esto ya es conciente un amplio sector de PODEMOS y se juegan a reivindicar su autoría de la propuesta constitucional.
Lo actitud sectorial de PODEMOS es preparatoria a las elecciones de diciembre del 2009 para disputar el espacio electoral a Evo Morales, esto es racional y se sustancia desde el debate del texto constitucional con la certeza que:
· Ayudó a la sociedad boliviana a darle valor y sentido normativo a la convivencia entre los bolivianos
· Permitió universalizar conceptos sobre ejes temáticos concernientes a las autonomías, poderes del Estado, derechos, plurinacionalidad y pluralismo jurídico, económico, cultural, político y lingüístico.
· Identificó y posesionó los intereses nacionales y los intereses regionales en una interdependencia en miras al desarrollo integral. (Social, político, económico y cultural)
· Se abrió caparazones neocoloniales que no permitían incorporar a los pueblos indígenas campesinos originarios a procesos de organización y ejercicio institucional del Estado.
· Se marcó, se experimentó y se legitimó los alcances de la participación ciudadana desde nuevos recursos e instituciones democráticas (Asambleas, cabildos, consultas populares) para llevarlos al texto constitucional con criterios enriquecedores de la norma que regule la relación entre el poder constituyente (Pueblo) y el poder constituido (Órganos funcionales del Estado)
· Maduró la concepción institucional de la prensa y la información.
· Maduró la identificación de los roles de la sociedad y la institucionalidad al interior de la organización estatal.
· Clarificó la necesidad de normar e ir más allá de lo enunciativo en el ejercicio directo de la soberanía y supremacía del pueblo ante los poderes constituidos.
Y por sobre todo, abre una nueva etapa de enriquecimiento de la praxis política

¿Por qué ahora se pudo llegar a un acuerdo político y no antes?

Nos ponemos a pensar en las circunstancias y las razones que ayudaron al acuerdo parlamentario y lo primero que pensamos es en un CONALDE debilitado y sin argumentos para seguir radicalizando la “Resistencia civil” debido a la expulsión de Philips Goldbert, la detención de Leopoldo Fernández y el Estado de Sitio en el departamento de Pando. Pero estos son solo factores circunstanciales que configuran un ambiente de negociación.
El Estado llegó con todo su aparato represivo a un lugar donde en realidad debía haberlo hecho mucho antes. Y si en verdad existió un plan de Golpe Civil, (Hay muchas evidencias reales y otras especulativas que llevan a corroborar este hecho) la información y los detalles tuvieron que ser manejados por Leopoldo Fernández, en ese sentido las denuncias y nombres de los que participaron son ya parte de los aparatos de investigación estatal. En esa mirada vemos que la negociación propuesta por Mario Cossio, prefecto de Tarija, más que un mensaje de pacificación democrática y honesta, fue la opción para salvaguardar la “metida de pata” del CONALDE en una aventura golpista y (también) para proteger a quienes puedan constituirse en potenciales informantes de dicha aventura
Con ese antecedente el diálogo propuesto por Mario Cossio y el CONALDE después de los acontecimientos del 11 y 12 de septiembre fue un intercambio de opiniones entre los prefectos opositores y el gobierno. Pero es en este diálogo donde el gobierno y la oposición empujaron el proceso constituyente hacia el Congreso Nacional. Así lo reconoció Mario Cossio después de dar algunas razones que le llevaron a no firmar ningún acuerdo. Muchos analistas de derecha coinciden en que este acuerdo debía haber avanzado más para facilitar el trabajo de la oposición parlamentaria. Se equivocaron los prefectos de la media luna al truncar el diálogo y no buscar mas avances.
La convocatoria al congreso con agenda para tratar el referéndum para la asamblea constituyente, viene a constituirse como el paso más importante hacia la culminación de la etapa de la Asamblea Constituyente. El diálogo entre prefectos y representantes del gobierno (al no plasmarse en un acuerdo firmado por las partes) fue un preámbulo político y una pulseta mediática donde quedó claro el carácter coercitivo del Estado y el lugar jerárquico que los prefectos ocupan en la estructura estatal. (Era necesario hacerlo)
Lo que vino después del encuentro es la mesa de diálogo y negociación en las Comisiones del parlamento entre las 4 fuerzas políticas
En esta mesa la demanda de Sucre quedó al margen y el tema de la tierra, seguridad social, cooperativas de agua y de electrificación y las autonomías fueron de especial atención.
La negociación para la oposición fue algo así como un “Salvamos lo que pudimos” y un “Hubiésemos avanzado mas si teníamos un día mas y la marcha se retrazaba uno o dos días.” (Menos mal que no fue así). En todo caso tuvieron más de un año para hacerlo, y no lo hicieron, y las masas esperaron más de un año y cansados de tanta espera se propusieron cerrar el parlamento, solo entonces se pudo llegar a acuerdos. La democracia representativa no debe esperar ni llevar el conflicto a estos extremos.

¿Hubo personas claves en la negociación?

El pueblo que se apostó en las afueras del parlamento después de una dura marcha es el personaje clave de la negociación y de la promulgación de referéndum aprobatorio y dirimidor. (Aunque no el mas beneficiado)
Hay parlamentarios y negociadores que tuvieron una adecuada lectura de las plataforma política en la que giraba la negociación y la sesión congresal. Sin quitar el mérito al papel del vicepresidente Álvaro García (y que el mismo presidente Evo Morales lo reconoció), es relevante la presencia de dos miradas regionales en cierta manera contrapuestos, pero que se centraron adecuadamente en los mismos objetivos eminentemente más técnicos que ideológicos. (Para evitar el cierre del parlamento)
En cierta manera es la mirada urbana del occidente y cruceña urbana reformista (sin sentido peyorativo) que se filtra en el congreso de manera racional clara, una afín al gobierno, pero no precisamente acorde a las demandas de los pueblos y naciones indígena originaria campesinas y de los movimientos sociales, la otra eminentemente cívico empresarial.
Con respecto al texto de Oruro se hizo muchas concesiones a favor de los grupos de poder, y lo que ganó el pueblo fue llegar a esta etapa pacíficamente a través de un acuerdo parlamentario y democrático.
Vale la pena en esta oportunidad mencionar que (en cierta manera) lo que no hizo Salvador Rick y Hugo Salvatierra, en los inicios de la gestión gubernamental lo hace Carlos Romero (negociar en términos técnicos con los representantes de los grupo de poder) y lo que no quiso Tuto Quiroga lo hace Carlos Börth pero con la venia del jefe de PODEMOS y al margen del CONALDE
Es el poder constituyente (pueblo) que decide por muchas razones confiar o conformarse con lo avanzado con el texto constitucional sin intuir en los cambios que se dieron a favor de los grupos de poder. (Eso no es reprochable en el marco de esta etapa y por la premura de hacerlo). Y bueno lo que no quiso hacer y no pudo hacer la dirigencia cívica cruceña lo hicieron otros, desde encuentros secretos o reservados, con la CAO, CAINCO, asambleístas y congresistas.
Es claro que la mirada urbana cruceña perteneciente al sector oficialista y la mirada opositora pertenecientes al proyecto de las cooperativas cruceñas, CAO, CAINCO y grupos secretos de poder (desde encuentros reservados), capitalizaron acuerdos previos antes y durante la reunión de las comisiones en el parlamento. Solo en este sentido se entiende el rechazo de grupos radicales del movimiento cívico y de la Falange Socialista Boliviana en Santa Cruz y el silencio de los grupos de las logias cruceñas.
La dinámica de la democracia pactada, concertada y constitucional de los grupos de poder en el oriente boliviano empieza a acomodarse (por ahora) a los nuevos cambios sin su interlocutor cívico y prefectural. Desde esta postura la democracia liberal puede durar más y los proyectos populares y radicales de la izquierda boliviana y latinoamericano deberán seguir aportando hacia la transformación crítica de la sociedad en condiciones mas favorables y cualitativamente superiores a toda la historia pasada.
Los nuevos días y las transformaciones en la región y en toda Bolivia ira de la mano de una nueva mirada, con posturas más racionales y en busca de beneficios comunes en la lógica de un nuevo estado liberal inclusivo y descolonizador.

Refugio de los grupos de poder en la modificación al texto de Oruro

Se tiene que concluir que la intervención del parlamento en la redacción final del texto constitucional fue una concesión de los movimientos sociales y del CONALCAN en aras a la vía pacífica, y para el caso de la oposición fue la culminación de una serie de pasos diseñados para quitarle y compartir el mérito de la redacción del texto constitucional, (después del fracaso de los asambleístas opositores) además de incorporar las modificaciones que les permitan, (a los sectores dominantes) mantener su poder hegemónico.
La modificaciones (y no intenten dorar la píldora) fueron hechas en función a las consignas generadas por las fuerzas reaccionarias a lo largo del debate constituyente y ya no en apego al marco revolucionario y filosófico del que se había nutrido durante el periodo que funcionó la Asamblea Constituyente. Fueron reformas tecnócratas a favor de los intereses del capital agroindustrial y grupos urbanos conservadores.
Con las modificaciones se ha fabricado un refugio para que los partidos conservadores con proyectos neoliberales sobrevivan y se desarrollen en tanto acepten la nueva constitución Política del Estado. Los partidos de izquierda por unos años mas estarán invernando mientras el MAS seguirá intentando tener el control de los movimientos sociales y el movimiento sindical.
Con las modificaciones hechas a la propuesta de Oruro y la experiencia traumáticas de los acontecimientos de septiembre la democracia apuesta a nuevas condiciones para el reacomodo de los proyectos políticos urbanos en la medida en que las autonomías departamentales e indígenas originarias campesinas vayan definiendo los límites de su ámbito de influencia.
Con la propuesta de la nueva configuración en el tema de organización territorial marcada en la tercera parte (digamos de una vez, la “NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO”), la clase media urbana volverá ha hacer política desde proyectos regionales al interior de las autonomías departamentales y municipales para aportar e influir en la estructuración del esqueleto político – jurídico. En esta etapa jugará un papel importante el liderazgo nacional. Sin embargo las masas, organizadas y la ciudadanía al margen de cualquier liderazgo nacional o regional, no dejaran de ser los forjadores de este proceso, tanto así los que apoyaron abiertamente como los que se opusieron, porque de las dos sopas tiene la “Nueva Constitución Política del Estado”.

Y al fin el texto salio con redacción terminada

El texto llegó a su fase Terminal de redacción, y aquellos que decían antes del 6 de agosto del 2006 que el MAS iba con su texto bajo el brazo y persistieron afirmando (después del 14 de diciembre del 2007) que era un texto masista, tendrán que dejar de hacerlo. Ahora ya son parte de “ese texto”, es más demandan su paternidad.
Pero siguen los que dicen que los masistas del Congreso Nacional, traicionaron al dejar que se haga modificaciones, ellos seguirán con el tema hasta que se den cuenta que las elecciones del 2009 son con resultados cantados.
Algo de las estas posiciones son rescatables y ante ellos nos animamos a mencionar con respecto a las modificaciones del texto que:
· Al incorporar la República en vez de “Pueblo Boliviano”, se ignora un año de debate sobre las connotaciones de éste término y se retoma la supremacía del derecho a la nacionalidad boliviana frente al de la ciudadanía. Esto es darle continuidad a los deseos homogeneizantes de las clases dominantes urbanas frente a los pueblos indígenas originarios campesino.
· Volver a la elección de diputados plurinacionales es ventajoso para organizaciones con presencia nacional y no así para agrupaciones locales o regionales. Al menos en la etapa que viene después de las elecciones del 2009. Modificar el artículo que determinaba solo diputados uninominales no ha sido una buena jugada para la oposición.
· Se ha modificado el texto de Oruro para proteger la propiedad privada en el área rural, sobre todo ignorando los avances sobre el tema de tierra y territorio que se había ganado en el texto de Oruro. Al frente se tiene como ejemplo el tema referido a los transgénicos; en la propuesta de Oruro se prohibía, en la actual será normada por ley.
Ya tendremos mas oportunidades para ir explorando y desarrollando el tema constituyente, por ahora solo no queda empezar a conocer lo que se ha hecho y profundizar la convicción de las transformaciones pacífica y normadas para evitar meternos en círculos de violencia. Pensemos en construir nuevos imaginarios que enriquezcan las leyes derivadas de nuestra norma mandante o Constitución Política del Estado.

El marco legal es la legitimidad

Lo venimos afirmando a lo largo de otros artículos que la redacción final del texto constitucional es privativa de la Asamblea Constituyente. Esto en definitiva podía se ser cambiada por ninguna ley interpretativa.
Para entender la Ley interpretativa del artículo 232 y el trabajo de la comisiones en el parlamento debemos hacerlo desde el accionar de la suprapartidaria que a la cabeza del vicepresidente intentó llegar a acuerdos durante el mes de septiembre y parte de octubre del 2007, pero no para suplantar las competencias de la Asamblea Constituyente, sino para proponer a la Asamblea Constituyente una agenda que sirvan de referencia o punto de partida en la iniciación de las plenarias en Sucre.
En esta segunda oportunidad (las comisiones partidarias) técnicamente se constituyen en algo parecido a la suprapartidaria del 2007, pero sin la participación de la directiva de la Asambleístas Constituyente ni representantes de los asambleístas.
Sustancialmente fueron diferentes; las diferencias más importantes entre el octubre de la suprapartidaria y el octubre de las comisiones partidaria son:
· El 2007, en octubre no se tenía ninguna propuesta de texto constitucional en manos del congreso. Ahora sí
· El 2007 se discutían contenidos de manera general, el 2008 ocho las comisiones partidarias trataban y resolvían la concordancia y estilo de un texto propuesto. (esto era la tarea que debía haberlo hecho la comisión de estilo y concordancia antes de diciembre del 2007)
· En octubre del 2007 no se conocía y no se enarbolaba ningún proyecto político definido, en octubre del 2008 se tenía un proyecto ya escrito y jurídicamente reconocido como propuesta de la nueva Constitución Política del Estado.
· Durante la suprapartidaria no existía la prueba fehaciente de la inclusión de las autonomías departamentales en el texto constitucional propuesto; en el trabajo de las comisiones en el congreso fue imposible seguir mintiendo, ni siquiera para instrumentalizar intereses políticos y económicos.
· En octubre del año pasado los cívicos cruceños reivindican sus demandas de autonomía departamental con bases sólidas, pero en el transcurso de del 2007 al 2008 construyen demandas fuera del contexto constituyente y de la legalidad. En octubre del 2008 las demandas sectoriales en conflicto y el texto constitucional se dirigen al ámbito de la legalidad y por ello toda la ilegalidad de la construcción cívica no logra posesionarse en la comisión partidaria del congreso.
Con estos puntos de por medio, llegamos de octubre del 2007 a octubre del 2008. Y el 20 de octubre del 2008, será el día que recordará la historia boliviana de muchas maneras. Unos la recordaran como el día en que oposición y oficialismo se unieron, otros como el evento que más personas juntó alrededor de la plaza Murillo, otros como el día en que empezó a refundarse Bolivia, también como el día que nació la guagua constituyente, pero nadie debe olvidar que ese día las masas impusieron su voluntad, que las masas (fuera de los recintos del congreso) cansadas de la irresponsabilidad parlamentaria y la negligencia de cívicos y prefectos rebeldes dan una oportunidad (a la clase política) para que planteen una solución legal a esta etapa del proceso constituyente o firmen en definitiva su cierre.
El 2003 se había obligado a que el presidente constitucional presente su carta de renuncia, casi se llega a experimentar el cierre del parlamento por la acción y voluntad de las masas, no por un golpe militar o cívico militar, sino por un nuevo 52. Es esta la razón única que tiene sentido a la hora de la promulgación y sanción del referéndum.
La legalidad a partir de la ley interpretativa del artículo 232 es tan débil y transgresora de la norma constitucional como tantas otras que aun conviven en la estructura jurídica nacional sin ser ni siquiera observadas.
La ley interpretativa, la moción de dispensación de trámite y voto urgente le usurpa competencias a la Asamblea Constituyente, (contraponiéndose al artículo 232 de la actual CPE), pero en un proceso como el que se está viviendo el exceso positivo tiene sentido desde aquello que Juan Lechín y miles de populistas latinoamericanos lo repiten “La voz de pueblo es la voz de Dios”.
Es la voluntad del pueblo la que se hizo carne en la noche del 20 de octubre y la media mañana del 21 del mismo mes. Por fin los legisladores escucharon la voz de Dios, e intuyeron el castigo de seguir haciéndose a los sordos y ciegos.
Algún constitucionalista que quiera desgarrarse la vestimenta tratando de encontrar coherencia y concordancia del derecho positivo en las Ley interpretativa del artículo 232 de la actual CPE, la moción de dispensación de trámite del reglamento general de la Cámara de Diputados, la modificación al texto constitucional propuesto en manos de los legisladores y la ley de convocatoria al referéndum sancionada el 21 de octubre del 2008, (para aprobar el texto constitucional), pecará de iluso y atrevido. Sencillamente jamás la encontrará y tampoco podrá demostrar lo contrario.
Por primera vez vale la pena afirmar que el marco legal de la Ley de Convocatoria al referéndum y la modificación del texto constitucional reside en la legitimidad, es esta la nueva construcción del estado. Ante la vida corta que le queda a la actual CPE, la legalidad necesariamente debe marcarla la legitimidad del pueblo.
Parafraseando a aquella frase de Mariano Melgarejo cuando un 23 de marzo del 1865 desde los balcones del palacio quemado exclamaba “Belzu ha muerto, Quién vive ahora?” diremos ¡La vieja constitución ha muerto¡ ¿Quién vive ahora?
El pasado 21 de octubre del 2008 el presidente Evo Morales y mas de 20 000 personas frente al palacio quemado gritaron Patria o muerte ¡Venceremos! En una clara alusión al proyecto latinoamericano y el ideal guevarista.
Se vuelve a recuperar lo que en 1865 se empezó a perder; la propiedad de tierra de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos.
Y que curioso, la negociación se da a partir de acuerdos en este punto. Hay un viraje y una renuncia a una victoria total sin duda, pero ¡Que sea la historia la que juzgue!

Santa Cruz, 28 de octubre del 2008

ANÁLISIS URGENTE AL FILO DEL TIEMPO

ANÁLISIS URGENTE AL FILO DEL TIEMPO

Las variantes sobre el curso de la Asamblea Constituyente de alguna manera fue tratado en otro escrito del análisis post referéndum revocatorio, entre las cuales se manifestaba la abierta posibilidad de que se quiera trasladar el proceso constituyente a las sesiones del parlamento para que ésta sea la encargada de imponer las reformas a la propuesta inicial y el destino de la misma.
Nos referimos a posibles ajustes a la propuesta del texto constitucional desde los resultados expuestos en el trabajo de comisiones del poder legislativo.
Creemos que esto no es lo mas prudente y que de seguir adelante se estará dirigiendo el proceso de la propuesta del nuevo texto constitucional a un mundo de pactos políticos entre representantes no elegidos para incorporar cambios al tema de Reforma Total de la Constitución.
A inicios de agosto del 2006 las mañosas jugadas y pactos políticos que noquearon a la Ley Especial de Convocatoria (donde al presidente se le facultaba para convocar al referéndum revocatorio), fue elaborada desde la Ley de ampliación de la Asamblea Constituyente. En esta Ley el poder legislativo se apropió de la facultad de convocatoria.
Pues ahora el pueblo y los que confían en las norma aun esperan que el parlamento sea honesto y conciente de las necesidades histórica de transformación convocando sin necesidad de presión social de una vez por todas al referéndum dirimidor y referéndum revocatorio.
Pero el fantasma servil a intereses patronales y logieros de la brigada cruceña ya empezó a movilizar a partidarios en el departamento para justificar más negligencia y mas irresponsabilidades al igual que aquellos constituyentes (que al desempeñarse en marcos constitucionales desde sus cargos electos) carecieron de argumentos democráticos para trabajar la voluntad de la minorías, optando despreocupadamente ha abandonar las sesiones, boicotear el proceso, promover la intromisión de los tres poderes constituidos, desacreditar su propio mandato y tomar las calles e instituciones estatales.

Ahora para redimirse, y ante el fracaso de un conjunto de opciones ilegales, los legisladores partidarios de PODEMOS y los otros se aferran a la reforma constitucional desde el poder legislativo. Es claro que aun no se quiere dejar aquellas prácticas de pactos políticos para empezar honestamente a respetar las normas en el marco de funciones legislativas y dejar de ser imitaciones de corredores de bolsa o de negociadores plenipotenciarios del imperialismo norteamericano.
Ya a lo largo de los escritos y las ideas sobre el tema se ha ido recalcando el permanente exceso normativo a la CPE en la práctica política nacional, y si esto se sigue dando, al fin de cuentas llegaremos a encontrarnos ante una lógica de derecho consuetudinario, sobreponiendo lo legítimo a lo legal y renunciado al derecho positivo refrendado por los ciudadanos. No se debe creer que eso sea en si mismo malo, pero como se van dando las cosas en Bolivia y sobre todo en el oriente boliviano, es prudente volver a la norma constitucional y ser crítico a los excesos que se vienen de acá en adelante.
En los excesos de la norma constitucional se han dado algunos que son provechosos y que han profundizado la democracia, pero otros no.

Los dos tercios en la Ley de convocatoria es un artículo ilegal
El tiempo de trabajo y el número de sesiones de la Asamblea Constituyente fue consumido por una agenda de dispersión y boicot impuesta desde la oposición. PODEMOS y otras bancadas se opusieron a tocar el tema con la simplicidad que demandaba hacerlo, y argumentaron con todo para obstaculizar toda solución racional al respecto del debate de una Asamblea derivada o una Asamblea Originaria, y (junto a ella) el tema de la mayoría absoluta o los dos tercios.
La minoría se apoyó en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado en vigencia y el artículo 25 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente insistiendo que el artículo del reglamento de debates debía “sacramentalizar” que la aprobación en grande y en detalle del texto constitucional sea por una mayoría equivalente a los dos tercios mientras el MAS proponía mayoría absoluta (50% mas 1) para la aprobación en grande y un sistema combinado para la aprobación en detalle.
Dado el avance y el camino que transitó la Asamblea Constituyente en este aspecto, es necesario desmenuzar los artículos para explicar la concordancia de la Ley Especial de Convocatoria con la C. P. E.
El Art. 25 de la ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente menciona “(aprobación del texto constitucional). La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Constituyente, en concordancia con lo establecido por el título II de la parte IV de la actual Constitución Política del Estado”
La palabra clave de todo el meollo es “En concordancia” Este artículo no está en concordancia con el artículo 232 de la parte IV de la actual CPE.
Veamos el título II de la parte IV. Lo referido a la reforma total de la Constitución dice que “… es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por la Ley Especial de convocatoria…” Es claro que se refiere a que la Asamblea Constituyente será convocada por el parlamento.
Se convocó mediante la Ley Especial de Convocatoria del 6 de marzo del 2006. Hasta acá la concordancia entre la promulgación de la Ley y la CPE existe. Pero aclaramos y recalcamos enfáticamente lo que dice el artículo 232 de la CPE, “La reforma total a la constitución es privativa de la Asamblea Constituyente”. Esto inhibe la legislación de la reforma total de la Constitución a toda institucionalidad o representación fuera de la Asamblea Constituyente y que no haya sido normada exclusivamente por la Asamblea Constituyente. Significa pues que los Asambleístas tenían en mandato de reglamentar la aprobación del texto constitucional desde cualquier modalidad acordada por ellos.
Veamos mas, se dice a continuación que dicha ley “…señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes…” Esto está presente en la Ley de Convocatoria y se normó de acuerdo a este mandato constitucional. (nada que discutir).
Y el artículo 132 también menciona claramente que la ley de convocatoria “…será sancionada por los dos tercios del voto de los miembros presentes del H. Congreso nacional…” La ley fue sancionada por los dos tercios de los presentes en el H. congreso. Acá tendría que acabar el debate legal de los dos tercios mencionados en el artículo 232. Cualquier debate posterior sobre la mayoría absoluta o los dos tercios para aprobar en grande o en detalle el texto constitucional es y fue privativo de la Asamblea Constituyente. Los dos tercios mencionados en el artículo 232 de la CPE no es extensivo y tampoco se deduce su legalidad normativa hacia la elaboración del reglamento de debates.
Las minorías se agarraron de este artículo para desmantelar el proceso constituyente. La directiva de la Asamblea pareció no darse cuenta o ignorar el límite constitucional de los dos tercios desde el artículo 232 de la CPE
Al profundizar el problema llegamos a ver que el artículo 25 de la Ley de Convocatoria excede el mandato del artículo 132 de la CPE. En este articulo no manda al H. congreso nacional legislar o normar la modalidad del aprobación del texto constitucional, su alcance es la promulgación de la Ley de convocatoria y la modalidad de la elección de los constituyentes, solo eso, nada que ver con el funcionamiento en si de la Asamblea Constituyente y del reglamento de debates, esto ya lo dijimos fue siempre privativo de la Asamblea Constituyente. Este es el punto que los partidos políticos y las representaciones de la ciudadanía dejaron pasar y dejaron que domine el debate constitucional.
El primer vicio constitucional debía ubicarse en el artículo 25 de la convocatoria y en otros más, y no en los debates y resoluciones de la directiva de la Asamblea Constituyente. En otras palabras este artículo (25 de la Ley especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente) es inconstitucional y por tanto es necesario reconocer que la Asamblea Constituyente tenía toda la facultad constitucional de determinar si el texto se aprobaría por dos tercios o por mayoría absoluta.
Este es un ejemplo más de la falta de concordancia en la estructura jurídica boliviana. En otro artículo de este mismo ensayo ya nos referimos al caso del Ley del Tribunal Constitucional.

Constitución manchada de sangre
Estamos a finales del año 2008, y se sigue machacando don la “Constitución manchada de sangre” Pero ¿Quienes la mancharon de sangre?
Al quedar demostrado que el debate de los dos tercios fue un punto que debía ser resuelto desde el reglamento de debates y la normativa emanada de la Asamblea Constituyente, (lo mismo podemos decir de la Capitalidad Plena), llegamos a concluir que los que mancharon de sangre el proceso constituyente fueron aquellos que llevaron a las calles y presionaron (con huelgas de hambre, violencia callejera institucional y represión simbólica y material) todo el debate, la deliberación y los acuerdos exclusivos del ámbito constituyente. Son aquellos que desvirtuaron la ley y se alejaron del mandato constitucional.
Los culpables deben ser evidentemente identificados, pero de ninguna manera esto debe inhabilitar el proceso y todo lo avanzado en la reforma total del texto constitucional.
Los que argumentan su inhabilitación por lo de aquellas “manchas de sangre” quieren seguir manchándola de mas sangre, esto ya es el colmo y pues demanda a la población boliviana y en particular a la sociedad cruceña ser críticos ante los intereses particulares de políticos que quieren hacer de la Asamblea Constituyente parte de un proceso “hemofílico” para darse a ellos mismo la razón y seguir obstaculizando las transformaciones sociales, políticas y económicas de Bolivia y el continente americano a favor de las mayorías.

Proporcionalidad tramposa ¿Dónde?
En el libro “La historia no oficial de la Asamblea Constituyente” (2008) escrito por el asambleísta Gamal Serhan J, en el prologo escrito por Enrique Toro Tejada se hace alusión al sistema de proporcionalidad del texto constitucional y se dice que el MAS buscaba los dos tercios de constituyentes en la Asamblea Constituyente.
Todo esto carece de seriedad científica y sobre todo de falta de cálculo aritmético; primero porque llegar a tener los dos tercios, desde la norma era imposible para un solo partido, agrupación ciudadana o cualquier otra forma de representación que se pudo haber dado.
Veamos, los dos tercios de 255 es exactamente 170. Ahora bien por cada circunscripción se elegía 2 asambleístas por mayoría y uno por minoría, es decir que si el MAS ganaba en todas la circunscripciones de Bolivia llegaría a 140. Si a ello le sumamos los 18 constituyente que podrían sumar al ganar en los nueve departamentos, el MAS llegaría a 158 asambleístas. Ese es el tope de sun ganador absoluto por circunscripción y por departamento. Decir que el MAS llegaría a los 170 con esta distribución es una de los absurdos y mentiras que acompañan al libro de don Gamal Serhan. Claro que lo oculto a lo que se refiere el señor Toro puede ser a que en el Chapare algunos constituyentes catalogados como masistas fueron candidatos por el MBL. Pero eso pues no es un problema de “un tramposo sistema de proporcionalidad (SERHAL G. 12. 2008).
Como en muchos casos, en muchas referencias bibliográficas y debates mediáticos, éste es un argumento más, (totalmente inconsistente) a los que recurre la oposición y los opositores para seguir interfiriendo la revolución pacífica democrática y cultural impulsada desde la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado.
Se acabó el discurso de que el MAS no quiere las autonomías departamentales, al contrario, ahora es el MAS quien impulsa las autonomías, solo que al filo de nuevos acontecimientos.
El proceso constituyente sigue aun por caminos inciertos y los del CONALDE ahora con cara de diputados y senadores democráticos se apertrechan llamando a la violencia en la ciudad de Santa Cruz, ante la supuesta agresión física a la que serán sometidas por las “Turbas masistas” en la ciudad de La Paz con motivo de las sesiones del parlamento.
Nos parece este el argumento menos consistente para no darle continuidad al proceso constituyente y respaldar la adelantada y anunciada estrategia del boicot
Estamos al filo del tiempo antes de que las representaciones democráticas de la oposición quieran tomar el camino de la violencia y la promueva implícitamente, y con ella marquen de nuevo el paso en falso, solo por satisfacer a un grupo de radicales de derecha que poco a poco se convierten es actores marginales, sin excluir de está análisis posturas radicales de la izquierda y de los movimientos sociales.
Finalmente afirmamos que estamos en el punto histórico donde cualquier error no será “Un error más” sino, la evidencia sistematizada de lo que se quiere hacer con Bolivia.

Santa Cruz, 16 de octubre de 2008

GESTION Y VIOLENCIA

GESTIÓN Y VIOLENCIA

La relación de violencia y agresividad institucional del el Movimiento Cívico con los poderes del Estado y la Asamblea Constituyente se la puede analizar (también) desde la limitante normativa que ejercita la democracia representativa.
Mediante el referéndum autonómico del 2 de julio del 2006 la demanda regional de autonomía departamental se vincula a la asamblea constituyente de manera directa y no a través del Comité Cívico, ni de la prefectura departamental, aun estas hayan sido consideradas como las entidades (una cívica y la otra estatal) gestoras de la demanda. Es decir que en ningún momento se puede establecer espacio jurídico existente que devenga como mandato regional legal y que faculte al Comité Cívico y a la prefectura ser las voces únicas de la demanda y menos para que se conviertan en entidades negociadores de las competencias y facultades que deban constitucionalizarse a través de la Asamblea Constituyente.
Los únicos que detentaron esta facultad fueron los 44 constituyentes por Santa Cruz, para el caso de Santa Cruz, y claro está que a través de estos, tanto la iniciativa individual como corporativa, el Comité Cívico y todas las organizaciones civiles podían deliberar y plasmar sus demandas en el tema de la autonomía departamental. Así lo norma la CPE, la ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la Ley del referéndum autonómico.

Críticamente podemos llegar a la conclusión de que el Comité Cívico pro intereses de Santa Cruz no estaba facultado objetivamente (por que no hay ninguna ley que la respalde) para diseñar e impulsar el proyecto autonómico sino era a través de la Asamblea Constituyente, y tampoco subjetivamente (Instrumento organizativo o con legitimidad departamental) por que no aglutina ni representa a la totalidad de las organizaciones e instituciones departamentales. (Su legitimidad es sectorial)

Si evaluamos el rumbo que el Comité Cívico dio a la demanda autonómica del departamento, después del referéndum del 2 de julio del 2006, llegamos a los siguientes resultados:

• El Comité Cívico no encaminó de manera adecuada la demanda. Confió más de lo prudente en la propuesta individual del Dr. Juan Carlos Urenda (ideólogo del proyecto autonomista) y en el liderazgo Pablo Klinsky (Presidente de la Asamblea preautonómica) menospreciando la creatividad y responsabilidad colectiva del pueblo, sus instituciones y sus instancias organizadas.
• Se alejó de la representación cruceña en la Asamblea Constituyente en sus etapas mas importantes, es decir no hizo un adecuado seguimiento, y en concomitancia con está actitud no tuvo la habilidad de persuadir, asegurar y negociar posturas con los asambleístas (Ni con los de PODEMOS menos con los del MAS) en materia de forma, contenido y esencia temática (sobre todo el tema de las competencias) necesaria para implementar el proyecto constitucional y el de las autonomías departamentales.
• Se propuso ser instancia de debate y deliberación constituyente sin mandato popular. Se atribuyó las competencias de la directiva de la Asamblea Constituyente (Marcar agenda) desde el único mérito de ser una parte del poder constituyente, (pueblo) que al representar a una sola fracción (a nivel nacional y departamental) perdía toda legitimidad y carecía de objetividad jurídica.
• Una insistencia desmedida y radical se apodero del Comité Cívico, para imponer una agenda caprichosa y tendenciosa (Capitalidad plena, dos tercios, constitución derivada, ilegalidad del texto constitucional propuesto, oposición al referéndum dirimidor y refrendatorio y otros) trasladando el debate constituyente a las calles y a los estudios de los medios de comunicación (que jamás tuvieron la legalidad y legitimidad de una sesión parlamentaria, una audiencia pública o un foro territorial) para movilizar, desinformar y sesgar el proceso constituyente (a través de un discurso radical y mediático) con el único objeto de desgastar al gobierno de Evo Morales y preparar un golpe civil institucional. De esa manera se armó el esqueleto de la presión y violencia callejera. (Movilizaciones en Sucre, bloqueos de caminos, cierre y atentados hacia infraestructura y ductos hidrocarburíferos, destrucción de bienes e instalaciones de instituciones estatales, exacerbación de la identidad cruceña y regional, etc.)
• El Comité Cívico se opuso a la nacionalización de los hidrocarburos y a las políticas asistencialistas y de carácter popular del gobierno, sin explicar racionalmente esta actitud. (que en los hechos terminó valorando lo positivo de estas medidas) Igualmente cuestionó su política internacional (sobre todo) con el gobierno de Venezuela y la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Toda esta oposición (Contra lo esperado por la dirigencia cívica) generó en la población un sentimiento de unidad en torno al proyecto nacional liderizado por el presidente Evo Morales y en oposición a un proyecto imperialista. La expulsión del Embajador Goldberg cuestionada por el Comité Cívico y el CONALDE puso en evidencia su relación conspiradora con el personero norteamericano y Branco Marincovic.

Como se puede ver, está por demás querer analizar triunfos regionales y acciones sostenible y acertada a la gestión de Branco Marincovick, porque comparadas con los desaciertos son casi insignificantes. Puede que nos equivoquemos, pero por ahora no se visibiliza significativos aciertos; en realidad lo mucho que hizo Germán Antelo (2005 – 2007) fue tiznado y opacado por Branco Marincovic y su entorno radical.

En cierta manera los miembros que eligieron a Branco (2007 - 2009) lo hicieron pensando en su radicalidad y sus firmeza opositora, frente a otros candidatos que podían haber continuado con la postura negociadora y racional de Germán Antelo.

Branco Marincovik se alineo con la opción mas radical a partir de la toma de las oficinas de la UJC por parte de la juventud falangista (agosto del 2007) y luego estas postura sería las que marcaron toda su gestión. Discursos acalorados antigubernamentales, llenos de racismo y exacerbación regionalista, reivindicando la Nación Camba que, fue relegando a segundo plano la racionalidad democrática y persuasiva (sin dejar de ser elitista y logiera) que caracterizó a la gestión de Germán Antelo

Branco Marincovik fue lo que la, Unión Juvenil Cruceñista (brazo cívico de la FSB y propugnador de la resistencia armada) quiso que sea; obtuvo el apoyo, respaldo y legitimidad política - simbólica convirtiendo al Comité Cívico Femenino y la Asociación de Fraternidades en activistas y masa política manipulable; estableció nexos políticos con el Imperio y la Empresa Privada para financiar actos de violencia y la acción de operadores y agitadores políticos callejeros y mediáticos; y finalmente fue prisionero y guardián (al mismo tiempo) de la Asambleas de la Cruceñidad (Asamblea de representantes de la oligarquía y grupos de poder).

Es pues en todo este conjunto de relaciones y actores políticos donde se debe explora para toparnos con los responsables del nivel de violencia y de desgaste del liderazgo cívico.
De esta experiencia de gestión y violencia (para aportar al proceso constituyente y las autonomías departamentales) debemos aprender a entender (los hechos lo muestran) que la mejor gestión institucional será aquella que se enmarque en las normas establecidas y en saber manejarlas para transformar (las normas) apoyados en los excesos positivos y superar los excesos negativos.

Nuestra democracia representativa en su versión vigente establece que el pueblo delibera y gobierna a través de sus representas establecidos por la CPE y normado por ley. (Art. 4 de la CPE)

El Comité Cívico al no estar sustentados en la CPE y adjetivado para explicar su concepto, además de todo lo anterior, (no nos referimos a su Personalidad Jurídica del 1951) no es la institución legal para deliberar y gobernar, y deja de ser, por sus errores y la composición elitista, la institución líder a través del cual se debe legitimar la propuesta de competencias para la Autonomía Departamental en el departamento de Santa Cruz.

Sin embargo el rol protagónico de la instancia Cívica no puede desvincularse en el análisis del rol de los movimientos sociales, instituciones estatales e instrumentos políticos, ya que todas estas instancias organizadas han puesto a Bolivia en niveles de alta violencia, esto es precisamente lo que se debe tomar en cuenta para valorar la gran responsabilidad que tendrá la sociedad civil al aplicarse la propuesta del nuevo texto constitucional; mucha madurez política y responsabilidad para adscribirse concientemente a una nueva norma de vida estatal, donde el Control y la Participación Social vendrán a ser dos pilares fundamentales (Junto a los órganos funcionales del Estado) en el desarrollo económico, político, social, cultural, lingüístico y espiritual de la estructura social del Estado Boliviano.

El conflicto nos ha estado mostrando los roles y los alcances de toda institución en la organización y desarrollo estatal, sus competencias y facultades. Y también estamos empezando a ver que cuando estas rebasan el mandato obtenido a través de voto o lo ignoran, nos exponemos a la organización de la violencia.
Desde la gestión del Comité Cívico y la rebeldía de la Prefectura al poder constituido, al analizar el conflicto y los niveles de violencia nos vemos obligados a profundizar y plantear la gran tarea de desorganizar la violencia regional institucional y retomar la deliberación y el debate dentro la norma constitucional.

En ese entendido la construcción social del Estado Boliviano (vía nueva constitución política) es un trabajo de todos, aun de aquellos que vienen oponiéndose violentamente. Y sin negar su existencia estamos convencidos que la violencia en cuanto opción de transformación de las condiciones estructurales de la sociedad civil se la puede negar, pero dadas las circunstancias si es inevitable negarla corresponde a las instituciones represivas del Estado desmontarla desde la normativa constitucional y no dejarse llevar por el temor y la irresponsabilidad para que se radicalice al grado de hacer inevitable una guerra civil.
La institucionalidad estatal debe ser por ahora la garantía para las opciones de paz y la consecución del proceso constituyente.

Santa Cruz, 4 de octubre de 2008