Por: Carlos Alejandro Lara y Edwin Guzmán
¿Qué decir ante la especulación mediática
interesada en torno a la normativa minera y a la historia del desarrollo minero
en Bolivia?
Veamos un caso concreto a guisa de
ejemplo: el artículo de opinión de Rafael Puente titulado escabrosamente “La
desgracia creciente de la minería”, publicado en Página Siete. (https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2018/11/30/la-desgracia-creciente-de-la-mineria-201658.html)
Puente arranca con una afirmación temeraria:
“Ya la Ley de Minería que promulgó el actual gobierno era la peor ley minera de
nuestra historia (Simón Patiño habría estado chocho con ella)”
Para empezar, nuestro ex cura
levantisco, en la pretensión de
desvalorizar la Ley 535 de Minería y Metalurgia, dirigiendo su ataque al gobierno desde la Ley 845,
de manera absurda da a entender que a Simón Patiño se le cerraba y se le
controlaba espacios de exploración y explotación de minerales, además del uso
de agua. Esta falacia, ni él mismo la debe creer, y es reflejo de un esfuerzo seudo-intelectual
para cooptar lectores ingenuos y desinformados, respecto a un tema delicado y
que lo menos exige es demagogia.
Entre la realidad de los pasivos ambientales
y el conocimiento técnico de su problemática hay, por lo visto un “puente”
roto: los pasivos ambientales históricos que dejaron los barones del Estaño y
el consiguiente daño a la naturaleza y la economía nacional es una deuda que,
con creces, la estamos pagando todos los bolivianos.
Además con esta afirmación a ritmo de
letanía, el miembro de CUECA, se pone en evidencia como poco conocedor de algo
que en el fondo defiende: el viejo Código de minería (1777) de Sánchez de
Lozada. Con el mismo, Sánchez de Lozada y
otros miembros de la tribu de oligarcas mineros, hicieron lo que todo el pueblo
sabe: explotación irresponsable, monopolio de los excedentes mineros y evasión
impositiva, sin respetar los derechos propietarios, menos las áreas protegidas
y claro, sobre licencias y normativa ambiental,
con las nefastas repercusiones de un país manejado al antojo neoliberal.
Otra afirmación de Puente que,
curiosamente no cita una fuente responsable, señala textualmente: “Nos acabamos
de enterar de que el Presidente Evo se ha puesto de acuerdo con las
cooperativas mineras en modificar la Ley 845 para que dichas cooperativas
puedan explotar áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras de cuencas
fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO)”
Si fuese cierto lo que afirma nuestro partisano
de hábitos, el tema no tendría que tratarse desde la Ley 845 sino pensar en modificar primero la CPE, la Ley 535 de
Minería y Metalurgia, la Ley 1333 de
Medio Ambiente y otros tantos decretos reglamentarios. ¡Qué trabajo
pantagruélico se le busca dar el Presidente Evo, trastrocar toda la normativa
vigente del país!
La Ley 845 no trata para nada el tema de
derechos mineros de explotación en áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras
de cuencas fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO), estimado padre.
Las afirmaciones de Rafo, dignas de aparecer
en textos de literatura distópica, parece
que buscan afectar las relaciones existentes entre el sistema
cooperativo minero y el Gobierno.
Este recurso mediático –al parecer- no
solo busca ser utilizado para estigmatizar
a un sector productivo reconocido por la CPE como son las cooperativas mineras,
sino con todas las organizaciones sociales insuflando un obscuro Leviatán, a
objeto de generar desorientación y caos
desde una flamante teología de la mentira y la especulación. Cuánta similitud con
esos torpedos irresponsables disparados anónima y cobardemente por las redes, en los que no priman los argumentos, fuentes,
justificación y dos dedos de frente. En suma, mala política.
Para mejor información de la ciudadanía
Aspectos que mínimamente debe conocer Rafael
Puente y la ciudadanía desinformada es la que resumimos a continuación, y que
tiene como fuente fidedigna la información la vertida por los protagonistas de
las reuniones Gobierno-Cooperativas:
· En las reuniones Cooperativas - Gobierno
se abordó temas concernientes al sistema cooperativo, como la Ley 845, las
áreas para las cooperativas mineras y la adecuación de las cooperativas a
nuevos contratos.
· La cooperativas mineras priorizan la
modificación a la Ley 845, sobre el tema de la reversión minera (referida a la
extinción de derechos mineros)
·
Según el representante de FECMABOL, René
Butrón, en el encuentro con el Presidente,
sobre el Impuesto Único Minero, la comercialización de oro en el mercado
interno y externo, áreas protegidas y forestales, medioambiente y exploración
de nuevas áreas mineras. El dirigente anunció
que su sector se reunirá con los ministros de Minería, Medio Ambiente y
Economía en los siguientes días para continuar con el debate de propuestas para
mejorar la aplicación de la norma (no modificación de la norma, y el
consiguiente respeto a la normativa vigente sobre áreas protegidas)
· El tema central que engloba el medio
ambiente, tienen que ver con la desburocratización de los trámites, es decir
reducir los tiempos en la otorgación de Licencias ambientales, la elaboración y
revisión de Manifiestos Ambientales, Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental y otros instrumentos de Regulación Ambiental.
Como siempre insistimos en que antes de
atacar al Gobierno dentro la temática minera en general, es ético disponer de
la información fidedigna y pertinente, evitando especular a ciegas, presumiendo
asumir de expertos en un campo productivo que requiere conocimiento e
información técnica y jurídica confiable.
