Por Carlos A, Alejandro Lara Ugarte
En el presente ensayo priorizamos el análisis desde el componente político y de la conflictividad social.
En la actual situación de conflictividad y demanda social,
unas tantas organizaciones sindicales,
asociaciones, cámaras de profesionales, confederaciones empresariales y otras
instancias de la sociedad organizada con fines de desarrollo productivo y de
servicios han emitido duros reclamos
sobre el insuficiente aprovisionamiento de carburantes como el diésel y la
gasolina, estos reclamos se han hecho recurrente y casi permanentes, y en
muchos casos han derivado en medidas de presión como bloqueos de carreteras y
pronunciamientos corporativos de renuncia de ministros.
La respuesta conocida ante reclamos y demandas emergente
supone para la opinión pública la evidente falta de una oportuna gestión
pública por parte de las instancias competentes del Órgano Ejecutivo, pero tal
hecho es negado y a cambio se recurre a culpas mediáticas centradas en justificativos
de naturaleza especulativa, se culpa a los consumidores y usuarios.
El gobierno parece estar convencido de que su gestión está
atravesando solo inconvenientes logísticos en la distribución y
comercialización de estos carburantes, y en esa lógica y Fe no ajusta sus
respuestas mediáticas a la percepción de la población, ni hace mención de
manera franca y directa al insuficiente presupuesto e insostenibilidad para
continuar con la subvención de carburantes, si fuese el caso.
En esa línea prefiere mostrar su fortaleza de Estado Social
de Derecho y en este campo, puede que así sea, pero, si ese fuese la finalidad
no debiera estar ensayando salidas mediáticas improvisadas al grado de que para
atender la conflictividad de otro sector productivo oferta cierta subvención como
el ocurrido recientemente frente a los productores lecheros. Así enarbola la
política de subvenciones para que el precio de la leche y sus derivados lleguen
al consumidor final sin aumento en el precio ofertado por los productores.
Sin duda, estas ofertas puede hacerlo, de manera
indiscriminada si lo considera beneficioso para administrar la prevención del
conflicto, pero su materialización, dadas las condiciones de crisis será seguramente
a condición de no subvencionar otros productos de la canasta familiar que en
cierta medida crearon y lograron implementar mecanismos evasivos a todo control
y regulación estatal, estableciendo un precio normalizado por la economía de
libre mercado; como ejemplo hacemos referencia al arroz, azúcar, frijol, maíz y
otros. El arroz en esta gestión duplicó su precio al consumidor, al azúcar
subió en un 40% y los otros productos, como el tomate, papá y otras verduras,
fluctúan en un rango de entre el 20 y 100% si es que no; es más.
A mirada casi global solo queda reflexionar sobre la
efectividad de las medidas regulatorias que implementa el gobierno, esto en
razón a que no se ve resultados y por el contrario se ve desidia y apatía en
este campo, explícitamente es claro que la demanda de los sectores que ostentan
el libre mercado y van contra toda la economía comunitaria y de precios justos,
está ganando terreno en la Gestión Pública.
Poco a poco se está desmontando el Proceso de Cambio y La Revolución
Democrática y Cultural; el pluralismo económico abre la competencia y promueve
una brecha entre la forma estatal de organización económica y la organización
privada, la complementariedad de estas dos formad de organización económica va
en contra- ruta al imaginario social construido en los años comprendidos entre
el 2005 - 2019 y el Proceso Constituyente.
Pues es de por más evidente que las propuestas de Referéndum
van a romper los candados de seguridad que se puso en la Constitución Política
del Estado, y ataca en sus bases. Lo que se está buscando con un referéndum es
ignorar los artículos constitucionales que dan el protagonismo competencial al
Estado en tanto responsable fundamental del Vivir Bien y la transformación
social en favor de las grandes mayorías.
Lo que está pasando ahora es que quieren poner en el
imaginario de las mayorías más vulnerables económicamente, el espectro de quitar
la subvención para que con este argumento se emita criterio legal afirmando que
escucha a pueblo y que son ellas las que no quieren subvención, que ellas se
inclinan hacia una economía de libre mercado; se está induciendo a construir
una opinión de que el Estado en un pésimo administrador de las riquezas
naturales y del producto del trabajo. Este perverso camino que se quiere dar,
puede ser la antesala de los próximos referéndums, aquellos que seguramente
irán con la pregunta de qué si el pueblo quiere que se privaticen las empresas
públicas, en razón a que son deficitarias.
Eso no es gobernar escuchando al pueblo, esto es gobernar
asumiendo el proyecto neoliberal y restaurador del viejo Estado colonial.
Entonces el referéndum por la subvención, puede que no esté
planteado como un fin en sí mismo y por ende a ojos de un análisis dialéctico
se asuma como un medio para desmontar la base socio-económica del Estado
Plurinacional, social de Derecho y Comunitario con pluralismo económico.
Para concebir medianamente la certeza de lo expuesto, su
evidencia aparece a diario en los medios de comunicación y redes sociales desde
las voces de los capitales transnacionales a través de sus sucursales
nacionales. Todos ellos ansían el monopolio de las empresas estratégicas productivas,
y con ese propósito han trabajado mediáticamente en la injerencia institucional
llevando a las empresas públicas estratégicas al desgaste ante los ojos de la
opinión pública, y en la medida de lograr este desgate puedan propiciar su
debacle, capitalizarla y privatizarla comprando acciones a precio de gallina
muerta; en los hechos quieren un Gobierno como el de Víctor Paz, Banzer Suarez
y Jaime Paz Zamora,
Tendencia preferencial
a la subvención de hidrocarburos
Ante un hipotético referéndum para quitar o suspender la
subvención a los hidrocarburos los ciudadanos mayores de 18 años cumplidos
hasta en día en que se realice el hipotético referéndum tomarán una decisión
inducida por criterios corporativizados, políticos y/o estrictamente
personales,
Para las decisiones personales la elección se ajustará a ser valoradas
desde los acontecimientos que en los últimos meses debilitaron el
fortalecimiento y potenciamiento del Estado Plurinacional, es decir que la
valoración por el Sí o por el No, estará expuesto al manejo mediático de las
filas en los surtidores, las movilizaciones y bloqueos en exigencia a la venta
y abastecimiento regular según demandas temporales o periodos de alto consumo
de Diésel. En cambio, un análisis y determinación con criterios corporativos
primará en quienes sean miembros de sectores que se benefician directamente con
la subvención de los carburantes; es el caso de transportistas, choferes,
agroproductores, industrias, entre otros.
Eso en cuanto a la preferencia, pero en aproximaciones al
trasfondo de convocar al referéndum sobre la subvención de los hidrocarburos
puede verse este, como una vía para evitar el conflicto social que deviene de
una necesidad imperante para el Gobierno, es decir que consideren como línea
estratégica de acción pública y necesidad urgente suspender la subvención, pero
teme al conflicto social, ya de hacerlo tendría que mantener dicha medida y no
dar vuelta atrás como ocurrió en diciembre del 2010.
El 26 de diciembre del 2010 el gobierno mediante Decreto
Supremo 748 elevó el precio de la gasolina a 6.47 Bs; en litro de diésel a
6.80, manteniendo el precio del gas licuado del petróleo y el gas natural
vehicular. La larga fila en los surtidores se generalizó, el autotransporte
convocó a una huelga general, se pronosticó y se dio alza de precios, se criticó
duramente esta medida desde la Central Obrera Boliviana catalogándola de
neoliberal, se incrementó la tarifa de transporte en un 100% y se suspendieron
las salidas de las terminales, la preocupación por efectos inflacionarios se
evidenció desde las movilizaciones ciudadanas y organizaciones sociales, desde
acciones violenta se destruyeron casetas de retenes viales. Ante las protestas
y acciones de violencia popular el Decreto Supremos 748 fue abrogado a 5 días
de su promulgación.
Entre los resultados de este intento por alzar los precios de
los carburantes, el gobierno tuvo su desgaste político y los precios de los
productos de la canasta familiar no retornaron a los de antes del “Gasolinazo”
(Fue así como de denominó al D.S. 748)
¿Al respecto de la convocatoria a referéndum, es esta
reacción la que se quiere evitar? Suponemos que sí. Y considerando que la
respuesta sea favorable a la suspensión de la subvención, se debe tener claro
que el resultado de un referéndum no quita el derecho a la protesta de las
minorías, más aún en situaciones de alza de precios y desborde inflacionario.
Pues es razonable pensar en una escalada de disconformidad que generará la
suspensión de la subvención, más si nos movemos con el supuesto de las
reacciones del 2010 y asimilamos circunstancias.
Y qué pasará si la respuesta es a favor de mantener la
subvención, entonces ¿Acaso se quiere esa respuesta como justificativo para
crear una nueva política impositiva o aumentos impositivos?
¿O tratarse de crear un caparazón de protección a la
subvención ante las exigencias y críticas al modelo productivo social
comunitario?
Recordemos que el retiro de la subvención podría viabilizar la
argumentación sobre la incorporación de capitales privados en parte de la
cadena productiva de hidrocarburos, pero en todo caso bajo el supuesto del NO o
el SI con seguridad se anotará la pregunta de que si se está de acuerdo con
conceder a los capitales privados la comercialización o la importación de
carburantes.
Quien tenga un criterio sobre la conflictividad social y
sobre lo que la suspensión de la subvención conlleva, no puede dejar pasar por
alto suponer que el referéndum no se limitará a hacer una sola pregunta, sino
que serán al menos cinco y que a partir de las contradicciones que de esta
emanen se podrá elaborar una ley que suplante el acto constitucional de reforma
por la vía establecida en el artículo 411.
Técnicamente hablando, esta vía planteada desde el Ejecutivo
es ajena a la vía que se genera desde el artículo 411 de la CPE y en ese
entendido, el Pacto Social acordado en el proceso constituyente, es
desportillado por interés propio y en esa medida expuesto, por necesidad
urgente a una reforma parcial de la CPE, que al menos se espera sea por la vía
constitucional.
Definitivamente es prudente asumir que la convocatoria a un
referéndum por la suspensión de la subvención es jugar con material altamente
inflamables. Lo contrario vendría de una razonable estrategia gubernativa
orillando a la sociedad civil y las instituciones a una situación de alta
complejidad y por lo mismo con única salida desde medidas de excepción o
renuncia.
Santa Cruz, 16 de
agosto de 2024,
