TIEMPO LIBRE

 

CONFLICTIVIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA

Por: Carlos A, Alejandro Lara Ugarte

SOBRE LA ATENCIÓN INTITUCIONAL EN EL CAMPO DE LA DEMANDA SOCIAL 

Partamos afirmando que:

A estas alturas de la conflictividad social la percepción ciudadana inducida por los medios de comunicación y Redes Sociales, se ha centrado en los relatos y argumentos de actores de la demanda social movilizados y en la crítica y la observación insidiosa a la gestión de las instituciones públicas garantes y con atribuciones de atención a la demanda social en el marco de competencias delegadas por la Constitución Política del Estado y las leyes.  

Lo anterior tiene sentido en tanto la conflictividad social se focaliza en demandas que devienen de distintas aristas entre las que mencionamos alguno como el alza de precios de productos de la canasta familiar, insuficiente aprovisionamiento de carburantes en los puestos de servicios, demandas para la incorporación de biotecnologías en la producción agropecuaria industrial y pedidos de renuncia de autoridades de los cuatro órganos de Poder Estatal. (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entre otros.  

Todo esto ocurre en un espectro nacional de alta relatividad, amplia flexibilidad y permanente oscilación, en razón a la subjetividad de los actores y en cierta manera a la respuesta del sector público desde la objetividad manifiesta en los acuerdos asumidos por las partes, las mediaciones, mesas de diálogo, audiencias y otros mecanismos de diagnóstico, relevamiento y socialización de información, y administración de la conflictividad social.

Entonces el relato mediático y la respuesta institucional durante la conflictividad social empieza a mostrar o explicar ligeramente sus razones intrínsecas y su incidencia en la gestión pública y la gobernabilidad nacional, sobre todo cuando, por un lado, las respuestas, soluciones pasajeras a la conflictividad se mueve entre la argumentación y fundamentación de la suposición de la verdad o la mentira, ambas relativizadas a su tiempo y su contexto político, o cuando existe la necesidad imperiosa de generar respuestas o demandas institucionales en el ámbito de lo viable o lo inviable marcado por la determinante del instructivo político partidista o búsqueda de hegemonía en intensión; y por otro lado, cuando la conflictividad exige moverse en tiempos y en espacios prudentes o tiempos fatales a fin de desglosar lo que mediáticamente se conoce y lo que mediáticamente se oculta, en los improvisados caucus mediáticos o dialogo acordado con las partes separadas en programas televisivos, que finalmente ayudan a la opinión pública a encontrar en las determinantes institucionales los diferentes niveles de gobernabilidad en la regencia y administración pública a favor de  “quien y para qué”.

Oposición - oficialismo – alianzas

En el departamento de Santa Cruz, probablemente con mucha similitud con sus pares en el territorio nacional, los movimientos sociales, las instituciones públicas y privadas, los sectores organizados y los grupos de poder desarrollan la demanda social bajo una matriz política sujetas a pilares encadenados políticamente en la mirada rígida de Oposición y/u oficialismo, y la aplicación pragmática de alianzas.

En esa matriz de acción política; que en contradicción dialéctica se entiende como “Oposición – oficialismo”, prima la lógica de mirar a las instituciones públicas y privadas, movimientos sociales, Pueblo IOC organizaciones sindicales, corporativas y otros, de manera unilateral, siempre mirando al del frente como adversario político o aliado político, con proyecciones potenciales o no, a fin de fortalecer los diseños de movilización para sumar fuerzas y proyectar la acción política.

Por la dinámica propia del acontecer político y la fluctuante subjetividad de los actores en la conflictividad social, es altamente complejo - en la coyuntura política - adentrarse en diagnósticos minuciosos o largos debates mediáticos esperando que arrojen líneas de acción estratégica plenamente objetivos, sobre todo considerando que en los últimos cinco años ha primado en la acción política el manejo de variables subjetivas más que las objetivas sobre todo aquellas acciones que transgredieron estructura normativa, (Elección nacional anulada, suspensión de las primarias, prorroga de los tribunales de justicia, convocatorias y plenarias expuestas a la interesada interpretación, entre otros)  

Entonces se hace imprecisa ante la sociedad y la institucionalidad toda mirada parcializada por la contradicción de oposición u oficialismo. Se justifica, se argumenta y se contra-argumentar toda acción o medida de movilización con presión social, en el marco del conflicto, pero indistintamente que la medida de presión o la gestión pública enmarque la legalidad o ilegalidad, por ahora solo prima el sentido de la legitimidad opositora u oficialista y en ello las alianzas o mesclas entre “vinagres y aceites”

Des-institucionalidad, Incumplimiento de deberes

En el ámbito nacional hasta las últimas semanas se evidencia la configuración de demandas económicos, sociales, culturales y políticos concatenados, por un lado –para desvirtuar la administración pública departamental o nacional (Por parte del sector demandante), y por otro lado (por parte de la institución demandada), para desmantelar el activismo organizado en razón a la demanda social o cívica – vecinal con liderazgo institucional o liderazgo corporativo, sindical o social.

Esta configuración y concatenación ha mermado la vía en la que los intereses y necesidades económicas, sociales, culturales y políticas de sectores productivos, sociales, educativos, de salud y PIOC puedan contribuir y enriquecer la administración pública fortaleciendo y potenciando la participación y la iniciativa ciudadana, y en contra-ruta ha activado la escalada de la conflictividad social y su confluencia de concurrencia a uno o más puntos de demanda transectorializada.

El escenario de desarrollo político económico y social, en la demanda y respuesta política institucional, vista con el criterio anterior viene a configurar una relación con tendencia intencional a generalizar la disconformidad, enfrentamiento y conflictividad social y en consecuencia a visibilizar el desgaste de la gestión pública, de las instituciones y de quienes administran

En consecuencia las instituciones públicas en los escenarios de la conflictividad actual dentro de competencias y atribuciones de generador, impulsor, fiscalizador, control, regulación, protección u otra índole, pierde horizonte y cae en la omisión de responsabilidades frente a la dinámica de la demanda socio económica educativa o cultural ciudadana; en eses contexto tanto la sociedad civil e instituciones están perdiendo el horizonte de un Estado Plurinacional Social de Derecho y la administración pacífica de la conflictividad.

El criterio predominante de atacar y responder al opositor en oposición a la gestión positiva o afirmativa de la demanda social está agrediendo al Estado Plurinacional debilitando las bases doctrinales y que al ligarla a la permanente acción opositora - en los gobiernos autónomos y/o gobierno nacional – se incrusta en lo cotidiano, y es en esta medida que lo avanzado en los últimos casi 20 años de cambio y de revolución democrática pierde el horizonte y los íconos más representativos del Estado Plurinacional  pueden ser revertidas, junto a otros que ya son ejecutados sin plenos respaldos legales en unos casos y en otros con débil argumento legal.

Interpelación a la gestión y al Estado Plurinacional

Respondiendo a una parcialización opositora, en el departamento de Santa Cruz, en medio de dos miradas -la de unos contra el nivel central y la de otros contra el nivel autonómico, unos contra el Estado Plurinacional otros por volver al viejo republicanismo- los medios de comunicación como en las redes sociales con cobertura nacional, departamental y municipal ponen en evidencia una difusión sistemática del discurso político que interpelan o defienden al Estado Plurinacional en su naturaleza doctrinal y en su gestión pública o la gobernación y gobiernos municipales.

La interpelación en el campo doctrinal va hacia las visiones e imaginarios que sustentan el proceso constituyente y tienen por ahora una linealidad constante, y por lo mismo débilmente perceptible en el debilitamiento político de las instituciones públicas del nivel central y nivel autonómico, y en las contracciones internas de las organizaciones sociales y populares. En cambio, la interpelación a la gestión pública tiene una curva sinuosa e irregular y en ese sentido su frecuencia, es decir la repetición de los hechos de interpelación a la gestión pública acompañados de movilizaciones o solo posicionamiento en el imaginario poblacional configuran el curso a la conflictividad social y con ello los preceptos democráticos y de derechos ciudadanos.

Enajenación del sentido de democracia

Los resultados numéricos y los porcentajes de preferencia obtenidos por las organizaciones políticas en las elecciones para elegir a autoridades en los Gobiernos Autónomos Municipales y Departamentales realizadas el 7 de marzo del 2021, frente a los acontecimientos marcados por la disputa política y control o generación de espacios de conflictividad social, a más de  media gestión, ya se enajenaron de su intrínseco valor numérico, y de manera natural en razón fundamental de la dinámica dialéctica de la lucha de contrarios se desnaturalizó de su valor numérico para ser manipulado subjetivamente y minimizado desde la demanda social en referencia al cumplimiento de promesas y los contenidos programáticos conocidos en las campañas. Esto significa que el apoyo del voto que favoreció al MAS, Comunidad Ciudadana o CREEMOS, se esfuma y se revierte. 

Obviamente, las miradas políticas y estrategias trazada en el marco coyuntural del conflicto social cuyo demandante esta en sectores de la sociedad civil organizada, se manifiesta en el cuestionamiento a autoridades electas o designadas en función de gobierno, sea nacional, departamental o municipal. En ese entendido las respuestas de instancias institucionales demandadas muestran reacción negativa a toda demanda social ya sea en intensión o en ejecución misma.

En cuanto al manejo político del conflicto social, este se los está tratado como problema eminentemente político, y en ese criterio toda mesa de diálogo o de negociación se da bajo las prerrogativas que materialicen avances políticos o incursiones políticas al interior de fuerzas o sectores sociales duros para uno o para otras, estas incursiones de un lado pueden ser hacia las organizaciones sociales o corporativos y de otros hacia la clase media o movimientos cívicos y vecinales.

Entonces en el conflicto social en la coyuntura ante la enajenación del valor numérico de la mayoría que por principio debe ser la que da legitimidad a la gestión pública se impone la búsqueda de una nueva correlación de fuerzas y adhesiones políticas,  o reversión del esquema de reagrupación electoral, en esa miradas la conflictividad nacida de las demandas sociales tienen un bajo índice de conflictividad atendida favorablemente y se anota simples acuerdos y prudentes tiempos de espera antes de alguna agudización de las relaciones de poder.

Oficialismo y oposición su componente funcional político

Un acercamiento a las gestiones institucionales y la demanda social, muestra en este último trimestre la polarización de los mismos y en la medida de su intensidad se puede estimar el grado de la conflictividad que encierra la demanda.

La sociedad civil demandante, demanda con medidas de presión y acorrala a las instituciones públicas bajo el entendido implícito de contraponer poder o fuerza social movilizada; así, las acciones políticas opositoras contra el nivel central (contra el oficialismo nacional) y se incluye o se suma el otro oficialismo (Oficialismo departamental), se acomodan interesadamente a las medidas de presión de los movimientos sociales, para potenciarlas pero al mismo tiempo para debilitar la institucionalidad.

Estado social de Derecho

La polarización de la demanda social y la gestión pública, si bien responde predominantemente a necesidades reales de sectores corporativos, productivos debemos considerar también que existen demandas sociales que tienen que entenderse como demanda social- comunitaria explicita o mandato constitucional cuya finalidad en tanto consumidores de servicios y mercancía diversa, radica en superar los viejos paradigmas que materializaron en el pasado las conductas, actitudes, políticas excluyentes y las relaciones de dominación de discriminación, marginalidad y otras.

La institucionalidad del nivel central y autonómica medianamente encaran con objetividad esta polaridad para dar respuestas reales, pertinentes y acordes a las demandas sociales concernientes al prevenir, atender y sancionar de manera concreta, de oficio o a solicitud expresa los casos de vulneración, violación o transgresión de los derechos Humanos.

Su omisión en la atención a la demanda social desde argumentos marcados por la polarización política en el campo de la gestión Pública vulnera Derechos Humanos y en consecuencia  genera responsabilidad

Entonces el mandato constitucional - que se expresa en el texto constitucional, a favor de los derechos humanos, es decir a favor de poblaciones vulnerables, son contaminadas por la dinámica de la conflictividad y atención a la demanda social en los términos de dominación y control político, esto con mayor énfasis en el presente quinquenio  – pues está siendo desatendido y arrastrando a acciones sistemáticas e intencionadas de sectores conservadores, y operadores institucionales que reproducen la lógica del funcionario enfrentado al opositor para intencionalmente promover y descalificar los avances y todas las conquista desde el Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural.

Formato único de atención

A manera de crítica es posible anotar que la institucionalidad del nivel central y de los niveles autonómicos han asumido un formato único de atención de la demanda social obviando  protocolos a favor de los sectores vulnerables en situación de demanda movilizada o con medidas de presión precisamente en ajuste a la lógica de oficialismo – opositor – alianzas, lógicamente con el agravante de otros factores de notoria discriminación que no son considerados en el presente análisis, sobre todos aquellos que están arraigados en las instituciones y que en realidad son prácticas vulneradoras de derechos históricamente cuestionadas pero nunca resueltos o superados o encarados responsablemente.

Finalmente tomando en cuenta que en el mencionado formato único de atención a la demanda social o a la atención ciudadana en las instituciones del nivel central y autonómicas entre otras se vulnera derechos y, en razón a que prima el criterio y perfil excluyente, sumado al criterio partidario o político, toda intervención tiende a obviar normativa específica y evadir mandatos constitucionales en su atención; que en razón de descargo puede aducirse desconocimiento, pero que en un proceso de alta polaridad política no puede dejar de entenderse de una sistemática acción de desgaste al opositor y sus aliados y ganar espacios en el ámbito de la función pública y adhesiones partidistas de la sociedad civil organizada.  

Ir al centro que equilibre la polaridad.

Ir al centro de la polaridad podría entenderse como aquello de plantear la demanda social de una manera racional, en los términos de la posibilidad material y política, o atender la demanda social de manera prolija en el ámbito de competencias y atribuciones institucionales.

Pero también podría entenderse como aquello de equilibrar dos polaridades o moverse con cierta solvencia ética y racionalmente entre las dos polaridades políticas.

Y una tercera opción es que estas polaridades se vayan difuminando en el marco del ejercicio competencia pleno de las instituciones públicas en apego a catálogo de los derechos constitucionales que emanan de la norma suprema del Estado Plurinacional de Bolivia y la guarda constitucional de la doctrina del Estado Plurinacional.

Esta tercera opción podría entenderse viable y razonable si la acción institucional y de la sociedad civil se proyecta en el preámbulo de la CPE y de manera concreta en el tercer párrafo que a letra nos induce a coexistir en  “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos”

 Santa Cruz, 4 agosto de 2024.