CONNOTACIONES AL REFERÉNDUM SOBRE LA SUBVENCIÓN DE CARBURANTES

 

Por Carlos A, Alejandro Lara Ugarte

En el presente ensayo priorizamos el análisis desde el componente político y de la conflictividad social.

En la actual situación de conflictividad y demanda social, unas tantas  organizaciones sindicales, asociaciones, cámaras de profesionales, confederaciones empresariales y otras instancias de la sociedad organizada con fines de desarrollo productivo y de servicios han emitido duros   reclamos sobre el insuficiente aprovisionamiento de carburantes como el diésel y la gasolina, estos reclamos se han hecho recurrente y casi permanentes, y en muchos casos han derivado en medidas de presión como bloqueos de carreteras y pronunciamientos corporativos de renuncia de ministros.

La respuesta conocida ante reclamos y demandas emergente supone para la opinión pública la evidente falta de una oportuna gestión pública por parte de las instancias competentes del Órgano Ejecutivo, pero tal hecho es negado y a cambio se recurre a culpas mediáticas centradas en justificativos de naturaleza especulativa, se culpa a los consumidores y usuarios.

El gobierno parece estar convencido de que su gestión está atravesando solo inconvenientes logísticos en la distribución y comercialización de estos carburantes, y en esa lógica y Fe no ajusta sus respuestas mediáticas a la percepción de la población, ni hace mención de manera franca y directa al insuficiente presupuesto e insostenibilidad para continuar con la subvención de carburantes, si fuese el caso.

En esa línea prefiere mostrar su fortaleza de Estado Social de Derecho y en este campo, puede que así sea, pero, si ese fuese la finalidad no debiera estar ensayando salidas mediáticas improvisadas al grado de que para atender la conflictividad de otro sector productivo oferta cierta subvención como el ocurrido recientemente frente a los productores lecheros. Así enarbola la política de subvenciones para que el precio de la leche y sus derivados lleguen al consumidor final sin aumento en el precio ofertado por los productores.

Sin duda, estas ofertas puede hacerlo, de manera indiscriminada si lo considera beneficioso para administrar la prevención del conflicto, pero su materialización, dadas las condiciones de crisis será seguramente a condición de no subvencionar otros productos de la canasta familiar que en cierta medida crearon y lograron implementar mecanismos evasivos a todo control y regulación estatal, estableciendo un precio normalizado por la economía de libre mercado; como ejemplo hacemos referencia al arroz, azúcar, frijol, maíz y otros. El arroz en esta gestión duplicó su precio al consumidor, al azúcar subió en un 40% y los otros productos, como el tomate, papá y otras verduras, fluctúan en un rango de entre el 20 y 100% si es que no; es más.

A mirada casi global solo queda reflexionar sobre la efectividad de las medidas regulatorias que implementa el gobierno, esto en razón a que no se ve resultados y por el contrario se ve desidia y apatía en este campo, explícitamente es claro que la demanda de los sectores que ostentan el libre mercado y van contra toda la economía comunitaria y de precios justos, está ganando terreno en la Gestión Pública.

Poco a poco se está desmontando el Proceso de Cambio y La Revolución Democrática y Cultural; el pluralismo económico abre la competencia y promueve una brecha entre la forma estatal de organización económica y la organización privada, la complementariedad de estas dos formad de organización económica va en contra- ruta al imaginario social construido en los años comprendidos entre el 2005 - 2019 y el Proceso Constituyente.

Pues es de por más evidente que las propuestas de Referéndum van a romper los candados de seguridad que se puso en la Constitución Política del Estado, y ataca en sus bases. Lo que se está buscando con un referéndum es ignorar los artículos constitucionales que dan el protagonismo competencial al Estado en tanto responsable fundamental del Vivir Bien y la transformación social en favor de las grandes mayorías.

Lo que está pasando ahora es que quieren poner en el imaginario de las mayorías más vulnerables económicamente, el espectro de quitar la subvención para que con este argumento se emita criterio legal afirmando que escucha a pueblo y que son ellas las que no quieren subvención, que ellas se inclinan hacia una economía de libre mercado; se está induciendo a construir una opinión de que el Estado en un pésimo administrador de las riquezas naturales y del producto del trabajo. Este perverso camino que se quiere dar, puede ser la antesala de los próximos referéndums, aquellos que seguramente irán con la pregunta de qué si el pueblo quiere que se privaticen las empresas públicas, en razón a que son deficitarias.

Eso no es gobernar escuchando al pueblo, esto es gobernar asumiendo el proyecto neoliberal y restaurador del viejo Estado colonial.

Entonces el referéndum por la subvención, puede que no esté planteado como un fin en sí mismo y por ende a ojos de un análisis dialéctico se asuma como un medio para desmontar la base socio-económica del Estado Plurinacional, social de Derecho y Comunitario con pluralismo económico.

Para concebir medianamente la certeza de lo expuesto, su evidencia aparece a diario en los medios de comunicación y redes sociales desde las voces de los capitales transnacionales a través de sus sucursales nacionales. Todos ellos ansían el monopolio de las empresas estratégicas productivas, y con ese propósito han trabajado mediáticamente en la injerencia institucional llevando a las empresas públicas estratégicas al desgaste ante los ojos de la opinión pública, y en la medida de lograr este desgate puedan propiciar su debacle, capitalizarla y privatizarla comprando acciones a precio de gallina muerta; en los hechos quieren un Gobierno como el de Víctor Paz, Banzer Suarez y Jaime Paz Zamora,

Tendencia preferencial a la subvención de hidrocarburos

Ante un hipotético referéndum para quitar o suspender la subvención a los hidrocarburos los ciudadanos mayores de 18 años cumplidos hasta en día en que se realice el hipotético referéndum tomarán una decisión inducida por criterios corporativizados, políticos y/o estrictamente personales,

Para las decisiones personales la elección se ajustará a ser valoradas desde los acontecimientos que en los últimos meses debilitaron el fortalecimiento y potenciamiento del Estado Plurinacional, es decir que la valoración por el Sí o por el No, estará expuesto al manejo mediático de las filas en los surtidores, las movilizaciones y bloqueos en exigencia a la venta y abastecimiento regular según demandas temporales o periodos de alto consumo de Diésel. En cambio, un análisis y determinación con criterios corporativos primará en quienes sean miembros de sectores que se benefician directamente con la subvención de los carburantes; es el caso de transportistas, choferes, agroproductores, industrias, entre otros. 

Eso en cuanto a la preferencia, pero en aproximaciones al trasfondo de convocar al referéndum sobre la subvención de los hidrocarburos puede verse este, como una vía para evitar el conflicto social que deviene de una necesidad imperante para el Gobierno, es decir que consideren como línea estratégica de acción pública y necesidad urgente suspender la subvención, pero teme al conflicto social, ya de hacerlo tendría que mantener dicha medida y no dar vuelta atrás como ocurrió en diciembre del 2010.

El 26 de diciembre del 2010 el gobierno mediante Decreto Supremo 748 elevó el precio de la gasolina a 6.47 Bs; en litro de diésel a 6.80, manteniendo el precio del gas licuado del petróleo y el gas natural vehicular. La larga fila en los surtidores se generalizó, el autotransporte convocó a una huelga general, se pronosticó y se dio alza de precios, se criticó duramente esta medida desde la Central Obrera Boliviana catalogándola de neoliberal, se incrementó la tarifa de transporte en un 100% y se suspendieron las salidas de las terminales, la preocupación por efectos inflacionarios se evidenció desde las movilizaciones ciudadanas y organizaciones sociales, desde acciones violenta se destruyeron casetas de retenes viales. Ante las protestas y acciones de violencia popular el Decreto Supremos 748 fue abrogado a 5 días de su promulgación.

Entre los resultados de este intento por alzar los precios de los carburantes, el gobierno tuvo su desgaste político y los precios de los productos de la canasta familiar no retornaron a los de antes del “Gasolinazo” (Fue así como de denominó al D.S. 748)

¿Al respecto de la convocatoria a referéndum, es esta reacción la que se quiere evitar? Suponemos que sí. Y considerando que la respuesta sea favorable a la suspensión de la subvención, se debe tener claro que el resultado de un referéndum no quita el derecho a la protesta de las minorías, más aún en situaciones de alza de precios y desborde inflacionario. Pues es razonable pensar en una escalada de disconformidad que generará la suspensión de la subvención, más si nos movemos con el supuesto de las reacciones del 2010 y asimilamos circunstancias.

Y qué pasará si la respuesta es a favor de mantener la subvención, entonces ¿Acaso se quiere esa respuesta como justificativo para crear una nueva política impositiva o aumentos impositivos?

¿O tratarse de crear un caparazón de protección a la subvención ante las exigencias y críticas al modelo productivo social comunitario?  

Recordemos que el retiro de la subvención podría viabilizar la argumentación sobre la incorporación de capitales privados en parte de la cadena productiva de hidrocarburos, pero en todo caso bajo el supuesto del NO o el SI con seguridad se anotará la pregunta de que si se está de acuerdo con conceder a los capitales privados la comercialización o la importación de carburantes.

Quien tenga un criterio sobre la conflictividad social y sobre lo que la suspensión de la subvención conlleva, no puede dejar pasar por alto suponer que el referéndum no se limitará a hacer una sola pregunta, sino que serán al menos cinco y que a partir de las contradicciones que de esta emanen se podrá elaborar una ley que suplante el acto constitucional de reforma por la vía establecida en el artículo 411.

Técnicamente hablando, esta vía planteada desde el Ejecutivo es ajena a la vía que se genera desde el artículo 411 de la CPE y en ese entendido, el Pacto Social acordado en el proceso constituyente, es desportillado por interés propio y en esa medida expuesto, por necesidad urgente a una reforma parcial de la CPE, que al menos se espera sea por la vía constitucional.

Definitivamente es prudente asumir que la convocatoria a un referéndum por la suspensión de la subvención es jugar con material altamente inflamables. Lo contrario vendría de una razonable estrategia gubernativa orillando a la sociedad civil y las instituciones a una situación de alta complejidad y por lo mismo con única salida desde medidas de excepción o renuncia.

 

Santa Cruz, 16 de agosto de 2024,