Cuando no hay mucho que decir en tanto ya lo dice la Constitución Política del Estado corresponde a la población y la ciudadanía esperar el adecuado cumplimiento de mandatos constitucionales por parte de los Órganos de Poder del Estado y las instituciones y, a estos últimos no jugar a cálculos políticos en el manejo inconstitucional de la cosa pública.
Igualmente cuando la población ejerce cálculos políticos y los hace en el
marco de la Constitución Política del Estado, corresponde a las instituciones
generar certidumbre y dar las garantías necesarias en derecho y ejercicio de
ciudadanía, sean para quienes están en calidad de electores, de elegidos o finalmente de ciudadano o
comunidad de derecho político establecido en la CPE.
Visto el comportamiento político desde la lupa de la Constitución Política
del Estado los procesos electorales a nivel nacional y niveles autonómicos es
lo más terminado que tenemos, es lo que se pudo normar en los últimos años,
sobre todo en la determinación de tiempos, responsabilidades, asignación de
recursos, transparencia, publicación de empiezos, finales, resultados y otros
indicadores y variables que se puede citar como ejemplo para entender que otros
procesos de mediano alcance también lo necesitarían.
Si de algo nos pudimos apreciarnos los bolivianos con la nueva constitución política
del Estado y la lucha del pueblos boliviano es de haber sentado bases para el
fortalecimiento de la vida democrática plural e intercultural, dando sustento
real a la convivencia política desde la democracia directa y participativa, la
democracia representativa, la democracia comunitaria y junto a esto instancias
institucionales para resolver conflictos
desde la concertación a través de mecanismos creados para tal fin, entre los
que citamos el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria
de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, junto a mecanismos
deliberativos como el cabildo y la asambleas.
Sin embargo y en contra ruta con lo anterior hoy nos vemos ante una
realidad de enfrentamiento e incertidumbre política electoral en razón a que
los Órganos de Poder del Estado Plurinacional desconocen el avance jurídico en
el ejercicio democrático y ejercicio de mandos estatales y, de manera
particular el Ejecutivo actual centrado en cuatro o cinco ministerios,
interesadamente y sin medir consecuencias se niega a concebir viable la
normativa emergida de la democracia plural e intercultural y los mecanismos de
concertación establecidos en la Constitución Política del Estado.
No es prudente entonces para la coyuntura actual inviabilizar un momento profundo
de la democracia desde el lamento enfermizo de contraponer la democracia a la
salud, o insistir en ver erróneamente el
mal donde no lo hubo, es decir ver a la normativa electoral en vigencia como
causa de una supuesta desproporcionalidad representativa en los órganos de
poder, o finalmente ver las elecciones nacionales en calidad de perdedores o
percatarse de ello, y en razón a ello negarlas o evitar su realización. Y
decimos que no es prudente por que las tres opciones mostradas nos están alejando
de objetivos comunes y en contra-sentido de lo que se espera lograr desde la
mirada honesta y sincera de la democracia plural e intercultural.
Polarizar la vida
democrática del país: juego del poder
No es necesario dar vueltas para explicar la polarización política en el
país, pero lo que muchos no pueden ver es que esta polarización tiene solo una
salida, independientemente del grado de violencia en las que se debata el
actual conflicto.
Y esta salida única es la realización de las elecciones nacionales en el
menor tiempo posible. Es decir que el juego ya empezó y termina con la
realización de las elecciones, mientras a unos les interesa hacer hasta lo
imposible para que este juego dure el mayor tiempo posible a otros les interesa
su resolución inmediata.
Los movimientos sociales y sectores populares le pusieron tiempo a la
duración del juego, es decir hasta el 6 de septiembre, sin embargo el 18 de
octubre propuesto por el órgano electoral y el ejecutivo no es un tiempo real
para finalizar el juego, es más bien un tiempo más para que el juego no termine y se extienda
hacia otras fechas y momentos favorables que a corto plazo no se visibiliza. Es
esto la incertidumbre del accionar político.
Desde lo anterior se pone en claro que polarizar el conflicto político
tiene la finalidad de alargar tiempos para su realización, acortar tiempos
necesarios entre el inicio de campaña y la realización de las elecciones; así, si
el conflicto se alarga no habrá tiempo para nuevo empadronamiento, no habrá
tiempo para campañas y en ese sentido en razón a tiempos y plazos obligatorio
las elecciones tendría que darse en otra fecha más allá del 18 de octubre. Pero
además a lo que se está apuntando es a una nueva convocatoria en razón a que
muchos partidos ya quedaron fuera de contienda antes de iniciarse la campaña electoral,
unos por voluntad propia, otros por la realidad electoral analizada desde su
curso diario y la correlación de fuerzas.
Esto de jugar al alargue se ha puesto interesante pero lo que no está
contando el Tribunal Electoral es que los sectores movilizados han puesto fecha
y si no se resuelve esto hasta antes del 18 y, peor aún a que se vean forzados a mover la fecha del 18
de octubre a noviembre o cosas parecidas lo único que salvará la vida democrática es un
nuevo ejecutivo devenido del conflicto antes de las elecciones nacionales. Esto es en el peor de los casos y lo más
sangriento que pueda darse un golpe civil policiaco miliar y el más democrático
una sucesión constitucional para que en tres meses se pueda volver a la vida
democrática.
La cancha está marcada para el nuevo ejecutivo y por lo descrito arriba,
las elecciones se realizan antes del 18 de octubre o se negocia para que así
sea o a mediano plazo es una junta policiaca militar, con sus consecuencias
internacionales e internas adversas, o es la Asamblea Legislativa Plurinacional
quien ocupara las funciones del nuevo Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional
de Bolivia.
Nota. El Presidente del Órgano Electoral dijo
que no recibió aún el desembolso de parte del ejecutivo para la realización de
las elecciones, eso hace ver que el dinero no hay y por tanto las elecciones
tienen que esperar a que haya dinero… eso es una mala jugada, perversa y fuera
de toda regla.
Santa Cruz, 10 de agosto de 2020
