“FUE MI PADRE…” VERDAD O MENTIRA

 Por Carlos Lara

“Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido,…” (CPE, Artículo 144)

“La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, …”  (CPE. Artículo 251)

En noviembre del 2019 el Estado Plurinacional de Bolivia vivió eventos de alta violencia y de inestabilidad institucional donde las instancias del Estado Plurinacional llamadas a conservar la seguridad y la estabilidad del Estado, la defensa de la sociedad y la conservación del orden público  se vieron revueltas en disputas de orden político en contra del Órgano Ejecutivo Nacional.

Las dos instancias estatales; con competencias y atribuciones para actuar en situaciones como las que se vivió  la primera quincena de noviembre del pasado año, actuaron a decir de Fernando Camacho desde un acuerdo privado cerrado por su padre.

“Fue mi padre quien cerró con los militares… igualmente con los policías” dijo Camacho en su círculo político e hizo referencias a compromisos expuesto en el acuerdo. (Se cree que un punto del acuerdo se cumplió con la designación de Fernando López como Ministro de Defensa; el resto se supone de orden económico y distribución de mandos institucionales).

Curiosamente ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional se manifestaron de manera oficial, desmintiendo la afirmación de Camacho, y decimos desmintiendo porque es lo que corresponde hacerlo por el Honor de ambas instituciones, no haberlo hecho hasta la fecha es aceptar, para vergüenza ajena, que los mandos superiores y mandos medios de las Fuerza Armadas y la Policía funcionaron como instancias privadas de seguridad y al servicio de quien les pagó más y por ende, suponer que su rol durante los conflictos dejaron de ser constitucionales.

En consecuencia, … el silencio de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, como referencia política, da el mérito de la caída del Gobierno de Evo Morales a Fernando Camacho, sin que esto en los hechos mismos sea una verdad, sobre todo si los hechos tienen indicios que hacen suponer que fueron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional conjuntamente con el movimientos cívico cruceño quienes derrocaron al gobierno en noviembre del 2019 y quienes, además sostienen el actual gobierno de transición.   

Por lo anterior las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben una explicación a la población, y lo deben en razón al curso de las elecciones del 18 de octubre. Mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no desmientan la afirmación de Camacho, el temor a una nueva acción para derrocar al nuevo Gobierno en caso de que sea el MAS el partido el ganador de las próximas elecciones, estará latente.

Lo menos que queremos los bolivianos para nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es su silencio cómplice de la efímera vanagloria política.    

Santa Cruz, 23 de septiembre de 2020.     

SOBRE BESTIAS HUMANAS Y CIUDADANÍA

 

SOBRE BESTIAS HUMANAS Y CIUDADANÍA

“Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos. Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta” ¿Qué pretende el Presidente cívico cruceño Rómulo Calvo al organizar de esta forma una serie de conceptos aplaudidos y aceptados por la Asamblea de la Cruceñidad?  

Buscando explicación de la manera más ingenua y racional al discurso de Calvo se podría aclarar que ninguna bestia puede ser llamada humana, y que ningún humano puede ser llamado bestia. Igualmente si la Constitución Política del Estado dice que la ciudanía se adquiere con solo nacer en territorio boliviano o de padres bolivianos en caso de nacer en el extranjero es claro que nadie deja de ser ciudadano boliviano por actos diversos que realice, menos dejar de ser llamado ciudadano, a menos que se dé una renuncia a esta ciudadanía por parte interesada.

Seguimos explicándonos de manera ingenua y ahora en derecho sobre el discurso del cívico, “Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagaran esta afrenta”. Esto ya  es difícil de explicar objetivamente, pero si nos vamos hacia el campo de la metáfora; nos vemos en la idea de imaginar a la tierra, o Madre Tierra abriendo los brazos a un pequeño agricultor o a un agroindustrial. Nos imaginamos la bondadosa Madre Tierra dando a los humanos lo necesario de ella para producir riqueza, pero por alguna razón estos “seres” que reciben el favor de la Madre Tierra la ofenden, estos que la ofenden, según el cívico  son los Colonos, Para acercarnos a la realidad desde la metáfora acordemos que los colonos son aquellas personas que se naturalizan en un país donde no nacieron o no son originarios del mismo. Entonces no son colonos quienes son fundantes del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir que siempre será un exabrupto  jurídico llamar colono a un Ayoreo, aymara, araona, baure, chiquitano, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré u otro miembro de una nación o pueblo indígena originario campesino que haya nacido en territorio boliviano. En cambio podría ser colonos quienes se naturalizaron como bolivianos habiendo nacido en Italia, Francia, Croacia, Yugoslavia, Brasil u otro territorio extranjero.

 

Aclaración necesaria:

En la Doctrina del Estado Plurinacional de Bolivia la Madre Tierra tiene derechos frente a la acción humana; y el ciudadano y los pueblos son sujetos de derechos y garantía constitucionales ante la abstracción de la organización estatal y sus instituciones. Mirando a la inversa la Constitución Política del Estado proclama derechos y garantía para todos los ciudadanos bolivianos en igualdad y sin discriminación de ninguna naturaleza; igualmente dignifica la vida y la naturaleza.

Conclusión

Con lo anterior solo cabe concluir que las declaraciones del cívico cruceño no fue lo que racionalmente se puede entender como acción de civismo y menos de correspondencia en derecho y garantía.

Finalmente es por demás evidente que el contenido discursivo del señor Rómulo Calvo no se sustenta en los principios constitucionales expuestos en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado; unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,  complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Y por último, la cita del discurso en mención es éticamente reprochable y racionalmente inconsistente.  

Santa Cruz, 13 de agosto de 2020

JUEGO ELECTORAL EN EL CAMINO AL PODER

 Cuando no hay mucho que decir en tanto ya lo dice la Constitución Política del Estado corresponde a la población y la ciudadanía esperar el adecuado cumplimiento de mandatos constitucionales por parte de los Órganos de Poder del Estado y las instituciones y, a estos últimos no jugar a cálculos políticos en el manejo inconstitucional de la cosa pública.

Igualmente cuando la población ejerce cálculos políticos y los hace en el marco de la Constitución Política del Estado, corresponde a las instituciones generar certidumbre y dar las garantías necesarias en derecho y ejercicio de ciudadanía, sean para quienes están en calidad de electores,  de elegidos o finalmente de ciudadano o comunidad de derecho político establecido en la CPE.  

Visto el comportamiento político desde la lupa de la Constitución Política del Estado los procesos electorales a nivel nacional y niveles autonómicos es lo más terminado que tenemos, es lo que se pudo normar en los últimos años, sobre todo en la determinación de tiempos, responsabilidades, asignación de recursos, transparencia, publicación de empiezos, finales, resultados y otros indicadores y variables que se puede citar como ejemplo para entender que otros procesos de mediano alcance también lo necesitarían.  

Si de algo nos pudimos apreciarnos los  bolivianos con la nueva constitución política del Estado y la lucha del pueblos boliviano es de haber sentado bases para el fortalecimiento de la vida democrática plural e intercultural, dando sustento real a la convivencia política desde la democracia directa y participativa, la democracia representativa, la democracia comunitaria y junto a esto instancias institucionales para  resolver conflictos desde la concertación a través de mecanismos creados para tal fin, entre los que citamos el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, junto a mecanismos deliberativos como el cabildo y la asambleas.

Sin embargo y en contra ruta con lo anterior hoy nos vemos ante una realidad de enfrentamiento e incertidumbre política electoral en razón a que los Órganos de Poder del Estado Plurinacional desconocen el avance jurídico en el ejercicio democrático y ejercicio de mandos estatales y, de manera particular el Ejecutivo actual centrado en cuatro o cinco ministerios, interesadamente y sin medir consecuencias se niega a concebir viable la normativa emergida de la democracia plural e intercultural y los mecanismos de concertación establecidos en la Constitución Política del Estado.

No es prudente entonces para la coyuntura actual inviabilizar un momento profundo de la democracia desde el lamento enfermizo de contraponer la democracia a la salud, o insistir en ver  erróneamente el mal donde no lo hubo, es decir ver a la normativa electoral en vigencia como causa de una supuesta desproporcionalidad representativa en los órganos de poder, o finalmente ver las elecciones nacionales en calidad de perdedores o percatarse de ello, y en razón a ello negarlas o evitar su realización. Y decimos que no es prudente por que las tres opciones mostradas nos están alejando de objetivos comunes y en contra-sentido de lo que se espera lograr desde la mirada honesta y sincera de la democracia plural e intercultural. 

Polarizar la vida democrática del país: juego del poder

No es necesario dar vueltas para explicar la polarización política en el país, pero lo que muchos no pueden ver es que esta polarización tiene solo una salida, independientemente del grado de violencia en las que se debata el actual conflicto.

Y esta salida única es la realización de las elecciones nacionales en el menor tiempo posible. Es decir que el juego ya empezó y termina con la realización de las elecciones, mientras a unos les interesa hacer hasta lo imposible para que este juego dure el mayor tiempo posible a otros les interesa su resolución inmediata.

Los movimientos sociales y sectores populares le pusieron tiempo a la duración del juego, es decir hasta el 6 de septiembre, sin embargo el 18 de octubre propuesto por el órgano electoral y el ejecutivo no es un tiempo real para finalizar el juego, es más bien un tiempo más  para que el juego no termine y se extienda hacia otras fechas y momentos favorables que a corto plazo no se visibiliza. Es esto la incertidumbre del accionar político.

Desde lo anterior se pone en claro que polarizar el conflicto político tiene la finalidad de alargar tiempos para su realización, acortar tiempos necesarios entre el inicio de campaña y la realización de las elecciones; así, si el conflicto se alarga no habrá tiempo para nuevo empadronamiento, no habrá tiempo para campañas y en ese sentido en razón a tiempos y plazos obligatorio las elecciones tendría que darse en otra fecha más allá del 18 de octubre. Pero además a lo que se está apuntando es a una nueva convocatoria en razón a que muchos partidos ya quedaron fuera de contienda antes de iniciarse la campaña electoral, unos por voluntad propia, otros por la realidad electoral analizada desde su curso diario y la correlación de fuerzas.  

Esto de jugar al alargue se ha puesto interesante pero lo que no está contando el Tribunal Electoral es que los sectores movilizados han puesto fecha y si no se resuelve esto hasta antes del 18 y, peor aún  a que se vean forzados a mover la fecha del 18 de octubre a noviembre o cosas parecidas  lo único que salvará la vida democrática es un nuevo ejecutivo devenido del conflicto antes de las elecciones nacionales.  Esto es en el peor de los casos y lo más sangriento que pueda darse un golpe civil policiaco miliar y el más democrático una sucesión constitucional para que en tres meses se pueda volver a la vida democrática.

La cancha está marcada para el nuevo ejecutivo y por lo descrito arriba, las elecciones se realizan antes del 18 de octubre o se negocia para que así sea o a mediano plazo es una junta policiaca militar, con sus consecuencias internacionales e internas adversas, o es la Asamblea Legislativa Plurinacional quien ocupara las funciones del nuevo Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Nota. El Presidente del Órgano Electoral dijo que no recibió aún el desembolso de parte del ejecutivo para la realización de las elecciones, eso hace ver que el dinero no hay y por tanto las elecciones tienen que esperar a que haya dinero… eso es una mala jugada, perversa y fuera de toda regla.

Santa Cruz, 10 de agosto de 2020