Buscar lo que necesito

martes, 22 de noviembre de 2022

PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA -PARTE VII

 PARTE VII

 Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Ya para ir completando esta serie de escritos, especulativos y de análisis de la conflictividad social en el marco de la demanda y el derecho a la protesta es necesario tomar en cuenta un eje amplio de datos.

Este eje amplio de datos que refieren a circunstancias deliberativas con diseños estatales territoriales, poblacionales y constitucionales ocurridas durante el proceso constituyente.

Los datos dan cuenta las razones por las que el discurso federalista en Santa Cruz, (En Potosí con otros matices ideológicos), concibió a las autonomías, como modelo de construcción institucional para superar las barreras del centralismo sin agredir en su esencia la unidad estatal del pueblo boliviano, pero superando las relaciones que sustentaron la república colonialista, neoliberal y de dependencia.

De hecho, el proceso deliberativo al interior de la Asamblea Constituyente y del pueblo, en asambleas territoriales, cabildos y otros eventos de socialización y opinión del proceso constituyente, llevó a coincidir en la necesidad de generar una constitución que permita establecer marcos legales para extinguir las viejas miradas excluyentes y discriminadoras, racistas, coloniales y de ciega subordinación al poder extranjero.

Pero también en este debate se evidencio que el proyecto de la autonomía departamental cruceña en la mirada de sus expositores reproducía el centralismo colonial, neoliberal, excluyente frente a los pueblos indígenas y las provincias, además de una apertura al libre mercado y economía capitalista, que por cierto conculcaba los derechos fundamentales que se estaban incorporando en la Constitución Política del Estado desde la Asamblea Constituyente. En ese entendido las provincias y los pueblos indígenas impulsaron y lucharon por las autonomías municipales, las regionales y las Indígenas Originarias Campesinas.

El Estado unitario con autonomías no es un regalo de las élites políticas; es por el contrario una victoria del pueblo boliviano movilizado y organizado desde una agenda de lucha. Las autonomías en su implementación como todos lo saben es de años y de permanente continuidad, pero debe quedar claro que ningún proceso autonómico puede ser concebido si se mantiene las bases estructurales de la República colonial, es decir si no se transforma las relaciones de explotación, de pongueaje, realiones patriarcales y si no se trabaja por superar las grandes desigualdades sociales y territoriales.

Pero también hay otro campo que el discurso radical federalista llevó a la mesa deliberativa, y es que las regiones deliberaron visiones de país desde una nueva división política territorial, esto en razón a su continuidad territorial y afinidades socioeconómicas, es así que una posible federalización debía definir las unidades federativas, y desde las provincias y regiones y pueblos indígenas se desestimó que sean los departamentos concebidos como unidades federativas

El tiempo y las circunstancias que afrontó el proceso constituyente fue determinante, y muchos temas no fueron totalmente agotados, y que probablemente muchos constituyentes, líderesas y líderes saben el alto nivel de complejidad que lleva una nueva división política, sobre todo por el pendiente que dejo la Asamblea con la propuesta de creación de nuevos departamentos, que para el caso de Santa Cruz se dio desde la region Chiquitana, la Guaraní o de los valles y la de Norte. En esa posibilidad, desde estas regiones se planteó propuestas a la Asamblea Constituyente de creación de nuevos departamentos. Ocurrieron casos semejantes en otros departamentos.

Entonces el debate de las autonomías regionales y la creación de nuevos departamentos es un tema pendiente, que por su naturaleza la Constitución Política del Estado puede absorberlas en el marco legal y constitucional, pero es tema de alta prioridad que mientras los gobiernos autónomos no trabajen por la superación de las relaciones de desigualdad, discriminación, racismo y colonialismo, se seguirá culpando al centralismo y dejando rondar compleja y violenta cara del separatismo.

Consideraciones finales

El conflicto actual por el Censo 2023 en el que está inmerso la institucionalidad del Estado Plurinacional y la población, viene abriendo temas que la Asamblea Constituyente no los ignoró, pero consideró que por su alta complejidad demandaba madurez y sentido crítico de la realidad geopolítica y social, dada su larga historia desfavorable y débil vinculación territorial y socialcomunitaria.

El conflicto ha reflotado la vieja mirada republicana frente a la plurinacionalidad del Estado Boliviano. La mirada perversa del republicanismo liberal y neoliberal de los dos siglos pasados, es contraria a la mirada que hoy se tiene y se fue construyendo desde las políticas de integración nacional y consolidación de unidades socioeconómicas de desarrollo económico y humano.

Finalmente corresponde considerar que en el pueblo la humildad enaltece el orgullo y viceversa si se actúa con madurez y buena fe, en un amplio marco de racionalidad y empatía. En el caso del conflicto por el Censo 2023 la razón nos expone a gritos que esta se realizará el 2024, pero el orgullo demanda el 2023 y la humildad es atropellada por la inmadurez y la mala fe.

Sin embargo a todo hay algo o muchas cosa que no cuadra en este paro cívico. De alguna manera algunos pasajes reflejados por la prensa y las redes sociales me recuerda a lo reflejado en la película “Apocalipsis ahora” dirigida por Francis Ford Coppola.

 

La Paz, 22 de noviembre de 2022

 

PD. Fin de esta serie de escritos 

 

domingo, 20 de noviembre de 2022

PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA -PARTE VI

 PARTE VI

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

A 30 días del Paro Cívico en Santa Cruz, en contra del Gobierno Nacional, en el marco de la demanda del Censo 2023 se conoce que desde una intermitente gestión pacífica de la conflictividad, el 11 de noviembre del presente año se promulgó el Decreto Supremo 4824, con lo que se estableció fecha de realización del censo para el 23 de marzo de 2024. Sin embargo, este decreto  no fue la respuesta esperada por la Unión Juvenil Cruceñistas y en esa medida la rutina del conflicto en el departamento de Santa Cruz sigue violentándose desde agresiones físicas y verbales, manifestaciones racistas y discursos conspirativos al orden constitucional del Estaco Plurinacional, principalmente materializados por la Unión Juvenil Cruceñistas y ciudadanos que se enlazan a estos desde redes sociales y medios de comunicación masiva afines.

Desde la apreciación anterior y en continuidad metodológica de las cinco partes anteriores, un décimo quinto eje de datos, para el análisis los tomamos de cuatro momentos  del discurso y posicionamiento cívico ligado al Decreto Supremo 4824.

El primer  momento lo referimos a las determinaciones con fachada de preguntas emitidas por el presidente cívico Rómulo Calvo, transmitido en diferido al cabildo cruceño; en este primer momento se evidenció la aceptación a la fecha definida por el DS 4824, y si bien no se propuso la suspensión inmediata del paro cívico de manera expresa, se esperaba que esto fuese implícitamente considerado por los asistentes, bajo la salida airosa de diluir la radicalidad del paro en el transcurso de 72 horas, sin embargo la acción violenta y de rechazo por parte de la UJC fue manifiesta y nuevamente se apropió de las decisiones del cabildo, dejando sin opinión ni otra opción deliberativa a los presentes.

El segundo momento inmediatamente posterior  al anterior  lo referimos a la visita que recibió Rómulo Calvo en las inmediaciones de su domicilio, donde los que aceptaron la propuesta cívica le daban su respaldo y lo consideraban pertinente, es decir que no formaban parte de la posición radical del bloque unionista que atacó la testera principal del cabildo, instalado en el primer anillo y la Av. Banzer.

En este momento el presidente cívico, desde los balcones de su domicilio  agradeció a la concurrencia por el apoyo y su intervención centrándose en aclarar el punto dos; punto donde se propone convocar a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.

Este punto fue instrumentalizado en los cinco puntos para mantener las consignas del Federalismo y veladamente sostener e impulsar en los puntos de bloqueos y las movilizaciones callejeras la difusión abierta de las tendencias separatistas, racistas, anticomunistas y excluyentes. 

El tercer momento se da con la llegada de un grupo de radicales de la UJC, a las casa del presidente cívico, y que en cierta manera ya estaba bajo el cuidado de quienes llegaron primero. Los medios alternativos (No las redes televisivas), reflejaron estos momentos dando cuenta de intercambios de opiniones violentas, donde las divergencias circunstanciales del bloque cívico podían haber desembocado en agresiones físicas. Finalmente los pedidos de explicación se diluyeron canalizando los desacuerdos con propuestas de violencia y pedidos de renuncia hacia Alcalde Municipal Jhonny Fernández. Sin duda una manipulación hábil para no exponer al presidente cívico a la acción violenta de sus propios mandos o grupos de choque.

El cuarto momento es prolongado y de ajustes a los otros 4 puntos planteados en el Cabildo del 12 de noviembre y que en realidad se funde en uno solo, y cuyo objeto principal radica en exponer una narrativa de triunfo a lo que fue la salida más pacífica y en cierta manera concertada en el conflicto.

Veamos ahora un décimo sexto eje datos que claramente exponen la distorsión y abuso del derecho a la protesta en la demanda cívica a beneficio del afán federalista o separatistas.

La demanda social en el marco del derecho a la protesta, desde el paro cívico, en su relación institucional entre cívicos y gobiernos, ha quedado desestructurado; la lógica de relacionamiento interinstitucional, en la atención a la demanda cívica ya no es un tema de derecho a la protesta, y en contra-sentido se ha convertido en una demanda de la población afectada y vulnerada en sus derechos por la acción violenta en razón a recurrentes saqueos, agresiones, atropellos y violencia callejera desarrollada por los cívicos movilizados.

El paro cívico, violento en su manifestación e implementación, afecta a sectores vulnerables y a los derechos fundamentales de pueblos indígenas de la región, comunidades quechuas, aymaras, tupiguaranies y otras,  a las que el Estado a través de sus instituciones del nivel central y de los niveles autonómicas las está ignorando y no se le está dando la atención pertinente, urgente  y adecuada, ajustados a normativa en vigencia y garantías constitucionales.

En este campo de datos también se puede constatar que el movimiento cívico cruceño tiene un campo de intervención violenta y de chantaje hacia sus homólogos departamentales, y esto está claro en el punto 4 donde anuncian asumir por cuenta y responsabilidad propia sus reivindicaciones. Acá es evidente que se intenta comprometer a otros departamentos al afán federalista y adhesión a su proyecto separatista.

Conclusiones pertinentes

Las nuevas líneas de demandas expuestas en los cinco puntos de consulta al cabildo de noviembre no son de competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo, unas requieren atención en el Órgano Legislativo, otras en el Ministerio Público entre otras.

Las preguntas emitidas por el Presidente Cívico empezaban con ¿Están todos de acuerdo? Sin embargo se vio manifestaciones de rechazo y protesta a las preguntas, que por cierto no tuvieron respuestas contundentes ni la deliberación oportuna, por lo que podemos concluir que el evento no da la legitimidad, menos legalidad a las acciones de violencia y vulneración de derechos que se está ejerciendo a nombre de la demanda por el censo 2024.

Los cívicos movilizados ahora atacan y humillan a quienes buscan pasar los puntos de bloqueo, sean estos conductores de ambulancias, profesionales en salud, policías, bomberos,  o transeúntes asiduos u ocasionales, y también con aparato paramilitar se desplazan a atacar comercios y centros de abastecimiento, en acciones que por su implicancias se constituyen en delitos. Con el producto de los saqueos en los puntos de bloqueo se ostenta gula y se da protección con la exposición de armas de fuego, armas blancas, bates y explosivos. 

Finalmente concluir que el paro cívico además de tener componentes de alta perturbación social, política y económica, está contribuyendo a la agrupación del lumpen y propiciando su organización y protección, con consecuencia que lógicamente serán incontrolables para la misma policía y las instituciones garantes del derecho ciudadano. Lamentablemente el paro cívico ha puesto en prioridad la organización del lumpen y la delincuencia a cambio de la educación, salud, deporte, ciencia, desarrollo económico y otras instancias socioeconómicas.

La Paz, 20 de noviembre de 2022

sábado, 12 de noviembre de 2022

PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA - PARTE V

 

PARTE V

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

En pocas horas más se realizará el cabildo cruceño para determinar el curso del conflicto por la fecha del Censo; en los hechos se tendría que suponer que en el Cabildo se pondrá en consideración el Decreto supremo 4824 que garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda el sábado 23 de marzo de 2024, y en el mismo se establece que en base a resultados preliminares de población del Censo, se realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre de 2024.

En continuidad al décimo cuarto eje de datos, el mismo que se tocó en la parte cuarta de esta serie de opiniones y análisis, y conocidas algunas posturas manifiestas y difundidas indiscriminadamente en las redes sociales y también con cierta prudencia en los medios de comunicación nacional, resumimos lo pertinente y necesario para abordar escuetamente algunas consideraciones y conclusiones. 

En internet, y los medios de comunicación, la mayor parte de la noticias refirieron a la Conferencia de Prensa emitida por el Presidente del Estado Plurinacional el día viernes11 de noviembre, en horas de la noche (23.30) y en consecuencia las opiniones diversas emitidas por instancias que protagonizan el Conflicto y encabezan la gestión, la protesta y la demanda.

Antes de la promulgación del Decreto Supremo, en horas de la tarde del viernes se registró hechos violentos donde la Juventud Cruceñista  al grito de “Independencia – Federalismo - Separatismos”  amenazó el orden estatal constituido, quemó sedes campesinas, saqueo la sede de los trabajadores y el mercado del Abasto y el Plan 3000, entre otros actos violentos y delincuenciales.

Posteriormente en su página web (Unión Juvenil Cruceñista) se publicó pronunciamientos justifican y ratifican lo anterior, sumando en el pronunciamiento escrito, estrategias y rutas críticas con contenido conspirativo y de amenazas a la institucionalidad estatal y privada. El objeto de este pronunciamiento es probablemente el de incidir en las decisiones del Cabildo de este domingo 12 de noviembre; por un lado llevando a la ciudadanía asistente y movilizada a la radicalización del Paro Cívico y por otro amenazando a las instituciones públicas y privadas para paralizar actividades y someterse a las decisiones del Cabildo y al mando paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista.

En todo caso la tendencia departamental y mayoritaria de opinión ciudadana por suspensión al paro está presente y es evidente, pero también de muchas maneras esta opinión está parcialmente embargada por el temor, el terror, el chantaje  y la amenaza unionista. En todo caso, por ahora, no es necesario (hasta después del Cabildo) dar más vueltas especulativas sobre lo que ocurrirá a partir de esta noche, sin embargo será esta noche, la noche en que deberán definirse  desde el Estado Plurinacional roles y estrategias en la administración de la conflictividad social, la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales y constitucionales, individuales y colectivos  que deben ser garantizados por las instituciones públicas del Estado Plurinacional.

Consideración adicional al punto:

A raíz de lo acontecido en la conflictividad social desde el 2010 se debe atender seriamente y con carácter de seguridad del Estado (Velando por las poblaciones más vulnerables),  las demandas regionales y la problemática pendiente en el marco del pacto social constituyente sustentado por lo unitario, social de derecho y con autonomías departamentales, municipales, regionales, indígenas y descentralización administrativa, y pluralismo democrático, jurídico, económico y cultural.

Llama la atención la determinación del Gobernador Camacho para  movilizar  equipos ligados a la acción de emergencia desde el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental COED. Esto nunca se lo hizo en los Cabildos. Se podría pensar que existe el propósito de incidir en determinaciones radicales y llamamientos que supongan acciones que violenten la seguridad pública y el orden constitucional. La población no tendría que prestarse, si cabe el término, en razón a los daños, que ocurrirán innecesariamente desde más actos de violencia, delincuencia organizada y vulneración de derechos. 

Conclusión:

La respuesta gubernamental a la demanda del bloque cívico gobernación y rectorado de la UAGRM, desde el Decreto Supremo 4824 emana de la Constitución Política del Estado y sentencias constitucionales referidas al tema.

Aún queda pendiente otros puntos como demandas colaterales, pero que al tener alcance nacional, necesariamente deberán ser tratados en el marco de la Gestión Pacífica de la Conflictividad, fundamentalmente aplicando mecanismos de prevención  que contengan mayor información y socialización oportuna y activa,  tendientes a mantener la concertación nacional. 

La Paz, 12 de noviembre de 2022

viernes, 11 de noviembre de 2022

PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA - PARTE IV

 

PARTE IV

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Lo que se ve a la fecha, es decir a 21 días del paro cívico es la reacción de poblaciones vulnerables, ciudadanos y organizaciones económicas y productivas que fueron afectadas negativamente por la medida de presión.

Veamos un décimo eje de datos, datos que refieren a derechos constitucionales vulnerados en razón a la falta de garantías por parte de las instancia competentes; mencionamos algunos que fueron  conocidos por las redes sociales y los medios de comunicación.

Se evidencio que mujeres y menores en situación de violencia familiar no fueron protegidas menos auxiliadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), ni por la Defensoría Niña, Niño, Adolescencia (DNA), dependientes dcl Gobierno Autónomo Municipal y menos por instancias del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Igualmente estas instancias tampoco dieron protección y atención  oportuna a mujeres violadas durante las jornadas de bloqueos.

No se garantizó el Derecho a la Protesta del Pueblo Ayoreo y de otras comunidades y sectores vulnerables. No se conoce la intervención oportuna del Servicio de Políticas Sociales (SEDEPOS), dependiente de la Gobernación Cruceña en casos de auxilio a poblaciones vulnerables. Se desatendió la lucha contra la trata y tráfico de personas, las campañas y atención a casos de violencia hacia la mujer, de Personas Adultas Mayores, de Personas Con Discapacidad y otras.

 El acoso y violencia política contra las autoridades electas mujeres fueron públicas y manifiestas, no solo a través de la consigna de muerte civil, sino por propias presiones al interior de las instituciones del Gobierno Departamental y organizaciones políticas; intervenir en estos casos es competencia del Tribunal Departamental Electoral, del Ministerio Público y por su puesto de las comisiones de Ética de las instancias de los gobiernos autónomos, pero no se conoce intervención alguna.

Las instancias competentes no dieron protección a las instituciones privadas, particulares y públicas de Defensa de los Derechos Humanos y Defensa de la Sociedad.

Se vulneró el derecho a la educación de niños, niña, adolecente, el derecho al acceso a la salud oportuna y eficiente de personas con enfermedades de base y otras.

Las instancias competentes no garantizaron el trabajo de la prensa, de los servicios de salud, de servicios financieros, servicios educativos y de formación académica y otros.

De manera general la institucionalidad Estatal, y en gran parte el Gobierno Autónomo Departamental,  no garantizó el derecho al trabajo y la actividad económica, la salud, la libre transitabilidad, la libertad de expresión, la identidad cultural, seguridad pública, los derechos del migrante, de las mujeres, de los estudiantes, derechos culturales, de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y otros derechos Humanos y Derechos Constitucionales.

Veamos un décimo primer eje de datos; esos datos que están ligados a la vulneración de derechos,  pero que se constituyen en delitos, ocurrido de manera evidente y en cierta manera perversamente azuzados por la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico, la Universidad Gabriel Rene Moreno y otras instancias afines al Paro Cívico.

Desde los dos anteriores ejes de datos constatamos que la conflictividad y acción violenta y delictiva de grupos organizados, principalmente de la Unión Juvenil Cruceñistas ha rebasado la institucionalidad garante de los derechos humanos, tomando el control de espacios urbanos y control ciudadano en base al temor, convirtiendo la ciudad de Santa Cruz y del mismo departamento en un espacio de alta inseguridad ciudadana, vulneración y violación de derechos humanos.

 Décimo segundo eje de datos, los que refieren a resultados de las mesas técnicas realizadas en Trinidad. Desde la vocería del Gobierno Central y el Comité Interinstitucional impulsor del Censo, se constata que la determinación del Censo para abril o mayo del 2024 es aceptada por estas dos instancias. Esta aceptación se sustenta en el acorte de fechas para la realización del Censo, en cierta medida solicitada por el Comité Interinstitucional y  propuesta como punto de mediación por el Ministerio de la Presidencia.

Está por demás decirlo pero el resultado de las mesas técnicas y las anteriores mesas de diálogo acercaron a puntos de interés común a las partes que asumieron las responsabilidades correspondientes de negociar, mediar y analizar lo concerniente al conflicto y la viabilidad del censo en los tiempos más reducidos.

Décimo tercer eje de datos, mismos que se puede anotar desde los enfrentamientos de hoy, viernes 11 de noviembre: La marcha convocada por organizaciones de la sociedad civil, compuesta por organizaciones productivas, gremialistas, transportistas, estudiantes, campesinas, indígenas,  defensoras de derechos humanos y otras, puso en vitrina abierta la acumulación creciente del malestar  generalizado por los efectos del Paro Cívico, pero también puso en manifiesto la capacidad operativa y organización de la Unión Juvenil Cruceñista como instancia de acción violenta y brazo operativo del Comité Cívico, la quema de la sede de campesinos y otras organizaciones evidencia además su carácter fascista y antipopular.

También es la muestra de una Policía que en cierta manera, si bien no fue totalmente rebasada, en el término correcto de su acción y de garante de la seguridad ciudadana, tuvo que moverse entre el control de la zona y las retiradas preventivas mediante el uso proporcional de fuerzas y en resguardo al derecho a la protesta de la marcha contra el Paro Cívico y los propios bloqueadores.

Décimo cuarto eje de datos en el que se refiere al nuevo cabildo de la cruceñidad. Lo más probable es que, para este cabildo, no se  demande la presencia del Tribunal Departamental Electoral (TDE) a través del Sistema de Fortalecimiento de la Democracia Intercultural (SIFDE), esto en razón a la improvisación del mismo y el tiempo que se requiere  para gestionar la formalidad que corresponde.

De los pronunciamientos y seguimiento a  las declaraciones mediáticas del Rector, se recibe el mensaje de aceptar el censo para el 2024 en los términos que se estableció, sobre todo porque se consiguió los objetivos trazados y centrados en las movilizaciones y medidas de presión, esto es la redistribución de recursos en razón a datos generados por el censo, las representaciones en las Elecciones Nacionales del 2025 y el pacto fiscal, sin entrar en más detalles.

Por parte de declaraciones del Cívico y del Gobernador se recoge el mensaje de radicalizar las medidas de presión y extender la violencia hacia otros departamentos mientras no se decida cambiar la fecha del Censo para el 2023.

Los que se ve ahora es que en el bloque interinstitucional no cabe una tercera posición; o se levanta el paro cívico o se radicaliza, y esto lo debe decidir el Cabildo del domingo, ahora al frente se tiene la alta complejidad para los convocantes sobre todo para plantear el mecanismos que se usará en la argumentación y objeto del cabildo, para presentar la consulta y posteriormente validar la posible respuesta de afirmación o negación a continuar con las medidas de presión y acciones de violencia.

Se puede en cierta medida suponer que si la argumentación fundamental queda en responsabilidad del Rector de la UAGRM, se esté incidiendo por la suspensión del paro cívico, pero si se deja a la vocería del Comité Cívico se incida a la radicalización. Eso lo sabremos al principio del Cabildo.

Consideraciones.

Si el conflicto por el Censo lo vemos como una disputa de dos contrarios y los comparamos con un juego de ajedrez, vemos que el Gobierno Central está proponiendo “Tablas” es decir un empate. Corresponde al Comité Interinstitucional aceptar o negar el ofrecimiento de este empate.

El Gobierno central ha puesto en jaque, al camachismo y la Unión Juvenil Cruceñistas; el bloque camachista, y en particular Luis Fernando Camacho puede ir a disputar una final perdida a solo objeto de justificar su arrogancia y enfrentar su ego dañado. Puede “patear el tablero” y pasar de la demanda del Censo al discurso del afán federalista o separatista, lógicamente sacrificando fichas y su propia libertad de acción.

El Gobierno central al poner en jaque al camachismo tiene la obligación de actuar de manera reflexiva ante las posibles respuestas del bloque violento liderado por Camacho y Calvo, sobre todo considerando el conjunto de las variables para llevar el conflicto a una situación de “Tablas”, que por principio democrático corresponde a una situación de Derecho y Gestión pacífica de la Conflictividad, retomando la Cultura de Paz como principio de diálogo y concertación. Lógicamente separando el derecho de los actos delictivos. 

Conclusión

Ante las repetidas escenas de alta violencia y perversidad racial y cultural, la alta vulneración de Derechos y el aumento de frecuencia de los actos delictivos, concluimos que la suspensión del paro cívico, además de ser una necesidad es ya un sentimiento y exigencia de las mayoritario afectadas, generalizada a la población expectante y de consenso implícito intergubernativo,  independientemente de las posiciones dura y radicales que puede expresarse desde la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico.

 

La Paz, 11 de noviembre de 2022

 

 

sábado, 5 de noviembre de 2022

PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA - PARTE III

 

 PARTE III

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Corresponde mencionar que, desde los seis ejes de datos expuestos anteriormente y las conclusiones emitidas, recogemos evidencias de que el paro cívico por el Censo 2023 es solo una etapa más, planificada por un proyecto de poder local camachista, que considera viable una ruta separatista.

Igualmente se evidencia que existe en el sector popular, conformada por campesinos, interculturales, mujeres organizadas, obreros, indígenas, profesionales de la clase media, universitarios, gremialistas, transportistas y sectores empresariales progresistas, una franca oposición al paro cívico y contra cualquier aventura separatista; a este grupo se incluyen gobiernos autónomos municipales afines al MAS.

Veamos ahora un séptimo eje de datos, datos analíticos para tomar en cuenta en el conflicto por la fecha del Censo de Población y Vivienda. Los datos sobre acontecimiento pasados y actuales nos muestran la existencia de una ruta separatista que se acomoda al llamado mediático de avanzar con otras etapas y más movilizaciones regionales (Caprichosas como las llama el Gobierno, pero intencionales sería más correcto) que finalmente desemboquen en una movilización con el discurso y la incitación al interior del núcleo de la sociedad cruceña para la conformación de una República Federal.

Este llamado e incitación social por la República Federal sustentado desde la violencia callejera, el racismo y anticomunismo, está carente de argumentación y fundamentación ideológica; su carencia efectiva se proyecta a nivel nacional con el apoyo de operadores y activistas del antimasismo y el neofascismo conservador de alcaldes opositores y supuestos defensores de la democracia (CONADE), además de las representaciones políticas conservadoras en la Asamblea Legislativa Plurinacional y otras instituciones

El camachismo cruceño evidenció en sus discursos e intervenciones mediáticas el objetivo de separar a Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia. Toda la tramoya que está armando Camacho tiene la orientación y tutela de poderes transnacionales y por lo mismo se juega a la posibilidad de arrastrar en este camino a representaciones cívicas de Potosí y otros. Principalmente por el tema del Litio y tierras raras.

Las movilizaciones violentas tienen pasos y rutas institucionales desde el Gobierno Autónomo Departamental, por lo que se estructura desde redes de instancias neofascistas con capacidad en la toma de decisiones departamentales e incidencia en el ámbito nacional, y la instalación de un régimen de miedo y violencia permanente con cronogramas y mecanismos de desgaste y desestabilización al Gobierno Central.

El camachismo, después de tomar el control y manejo del Gobierno Autónomo Departamental, en las elecciones de octubre de 2021, fundió este control con la Unión Juvenil Cruceñista y desde esta lógica asumió de manera pronta el control del Comité Cívico, y ahora desde el paro cívico y la responsabilidad asignada por Camacho – no por el cabildo - al Comité Interinstitucional impulsor del Censo, lo que está haciendo con la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, es convertirla en su brazo operativo y darle rostro académico a las movilizaciones callejeras violentas y a la propaganda mediática de las redes sociales

La figura de la ruta separatista y de cooptación institucional está por demás clara, y si no se toman medidas urgentes y recaudos institucionales, igualmente seguirá su intento por asumir el control de gobiernos autónomos municipales del área metropolitana, lógicamente desde el terror y la movilización violenta de sus “legionarios fascistas”

Es necesario sumar a los hechos mencionados, esto que ya se conoce y que muy débilmente la Justicia lo está controlando. La Unión Juvenil Cruceñista está organizando células violentas en algunos departamentos del Estado Plurinacional, entre los que se anota a la Resistencia Juvenil Kochala, la Resistencia Juvenil Paceña, los espartanos de ADEPCOCA en los yungas y otras que operan a partir de las movilizaciones del 2019 al 2020. Son desde estas instancias organizadas que se busca el control interno de los gobiernos departamentales y municipales en sus ámbitos locales y regionales, al igual que en los territorios con autonomías indígenas.

Octavo eje de datos que insinúan acciones separatistas y el protectorado Norteamericano. Puede que las movilizaciones y la intransigencia por no dar fin a estas movilizaciones violentas tengan por finalidad propiciar un Golpe de Estado, semejante al del 2019, pero en definitiva, corresponde hacerse una pregunta en caso de Golpe de Estado ¿Cuáles serían los ajustes para que en corto tiempo no se retome a la democracia y se enjuicie a sus autores y promotores? Lo ocurrido el 2019 mostró que ninguna interrupción del proceso democrático es sostenible por lo que cualquier nuevo intento disruptivo es más coherente explicarlo evidenciando el proyecto separatista y la consecuente generación de un protectorado Norteamericano; protectorado que el movimiento popular revolucionario evitó materializarlo durante el proceso constituyente.

Recordemos que durante el proceso constituyente las movilizaciones violentas con rótulo de la demanda autonómica departamental tuvo como componente violento un intento separatista incitando a la guerra civil a fin de generar en Santa Cruz la intervención militar de fuerzas extranjeras y en consecuencia un Protectorado Norteamericano, en razón a un supuesto olvido y abandono del nivel central al departamento cruceño; pues lo que está pasando es precisamente esto, sus características son similares, son más próximas a la de un Golpe de Estado en similitud al 2019.

Noveno eje de datos: La movilización popular del proceso de cambio y la revolución democrática y cultural esta reactivada para contrarrestar, o el golpe de Estado o las acciones separatistas, decimos activadas porque se constata la acción comprometida con el proceso de cambio y la Constitución Política del Estado, de obreros, juntas de vecinos, transporte, comunidades interculturales y campesinas de la Chiquitanía y de los municipios de San Julián, Yapacaní, cuatro cañadas, pailón y otros.

En Santa Cruz, en el presente existe una movilización activa de respuesta inmediata a las acciones del bloque cívico y opositor; cualitativamente diferente al 2019, pero semejante a las que impulsaron y defendieron el Proceso Constituyente. Recordemos que los grupos de defensa del MAS, hoy denominados Reserva Moral, la Universidad Popular Andrés Ibáñez en el Plan Tres Mil, el Comité Cívico Popular, las organizaciones juveniles, gremialistas y otros colectivos de mujeres organizadas, indígenas, profesionales, juventudes urbanas y provinciales entre otros se opusieron al proyecto separatista entre el 2006 y 2010, y generaron resistencia y en consecuencia la aprobación de la Constitución Política del Estado el 2009.

Con todo lo anterior corresponde sumar más conclusiones:

El movimiento de acción violenta y callejera ha sido concebido por el camachismo para ejecutarse en las características de un enfrentamiento intergubernamental e intersectorial; es decir enfrentamiento verbal y perverso entre el Gobierno Central y el Gobierno Autónomo Departamental y enfrentamiento callejeros y violentos entre sectores de la sociedad civil, que pueden ser entre transportistas y campesinos, comerciantes contra activistas cívico y entre otros.

Las indagaciones primarias muestran que gran parte de sus aliados del interior rechazan el proyecto Federal, por lo que inevitablemente llevará al camachismo a llamarlos traidores y funcionales al gobierno central.  

Las movilizaciones por el Censo son manipuladas por los cívicos para evitar cualquier justificación a su resolución pronta o a su gestión pacífica. Se manipula ante la prensa y se interactúa en las calles y redes sociales para cerrar cualquier opción de negociación o mediación, por lo que se debe decir que la protesta cívica está condicionada a una suspensión temporal o a una continuidad; si se determina como fecha del empadronamiento censal para el 2023 es un triunfo para el gobernador, la Unión Juvenil Cruceñista y los Cívicos, y en consecuencia a corto plazo se activan los próximos pasos de protesta violenta con otros pretextos pero con los mismos fines; si se determina la fecha del empadronamiento censal para el 2024, desde la Unión Juvenil Cruceñista y la Gobernación, se identificarán traidores y estas instancias harán el llamado a la desobediencia civil.

Como en el periodo constituyente, ya es evidente que el impulso y defensa del Censo con consenso y las garantías para vivir en democracia y en unidad del pueblo boliviano sólo será garantizado por la acción revolucionaria del bloque popular que actualmente se opone al Paro Cívico

Por responsabilidad, debemos asumir que todas las vías a la pacificación y la concertación, generada desde el gobierno central deben considerar lo expuesto, en tanto exista una posibilidad real de diálogo y pacificación, pero sobre todo en cuanto logre allanar el camino que intentan cerrar perversamente Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo.

La Paz, 5 de noviembre de 2022

 

 

 

viernes, 4 de noviembre de 2022

PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA - PARTE II

 


PARTE II

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

En esta segunda parte recalcamos la hipótesis de que “El Paro Cívico y el Cerco en el departamento de Santa Cruz representan estratégicamente hablando, la reapertura de la lucha callejera con alcance institucional - departamental del proyecto de República Federal en contra del Estado Plurinacional Unitario, Social de Derecho y con Autonomías

De nuevo veremos tres ejes de datos pero ahora poniendo énfasis en el alcance institucional – departamental del proyecto de República Federal. Veamos:

Un cuarto eje de datos necesariamente buscamos en las redes sociales y en la producción  académica,  hechos históricos relevantes de una ruta de movilización social Federal que nos remite a 1875 .

La lucha Federal de Andrés Ibáñez es conocida, no solo por los libros de historia sino también por el relato y transmisión verbal de activistas políticos de la izquierda cruceña contemporánea. Recordar y contextualizar a los igualitarios de Andrés Ibáñez y la  acción armada de 1875, es reivindicar la lucha de los pobres, excluidos y marginados durante la República. Esto que se llamó revolución igualitaria significó la organización de una Junta de Gobierno Federal en Santa Cruz y su administración durante cinco meses que finalmente fue reprimido y empujado hacia Chiquitos para que en 1877 Andrés Ibáñez fuera fusilado durante el gobierno de Hilarión Daza.

Es también conocido que durante el periodo mencionado, el oriente boliviano desde su representación asambleísta asumió la causa Federalista de manera que el 1890 los representantes del Beni en la Asamblea Nacional votaron a favor del sistema Federal para Bolivia. Lo que vino después de Ibáñez y la Asamblea Nacional son los acontecimiento de la Guerra Federal a finales de siglo XIX durante el gobierno de José Manuel Pando y que termina con su asesinato.

De ese periodo a la fecha como punto de referencia del federalismo en Santa Cruz hay que mencionar al Movimiento Federalista Democrático de los años 80 fundado por Carlos Valverde Barbery, pero fue un federalismo sustentado para defenser y sostener los intereses de la oligarquía terrateniente e industrial  cruceña, y sin alejarse de la tutela paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista.

Ideológicamente y en cuanto a visión de país, el federalismo planteado por la revolución igualitaria de 1875 fue totalmente contrapuesta al federalismo de 1980. Este último no fue sostenible y migró a planteamientos autonomistas.

Quinto eje de datos que posesionan demandas de autonomías departamentales. El planteamiento y la argumentación de las autonomías departamentales son mas objetivas que las federalists y no subjetivas en extremo. Y en ese sentido las respuestas y logros del proyecto autonómico son manifiestos a mediano plazo y consolidados con la nueva Constitución Política del Estado.

Con el proceso constituyente y el nuevo pacto social se avanzó con las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas originarias campesinas, y se sentaron las bases para ir superando las miradas coloniales que se dan aun desde el andinocentrismo y el centralismo político - administrativo.

El Sexto eje de datos refiere a la invisibilidad o el silencio de la vocería federalista en las filas cívicas, de la Unión Juvenil Cruceñista y el camachismo del gobierno autónomo departamental, siendo lo más probable que no exista una línea formada desde lo académico y las luchas sociales contemporáneas. El discurso federalista se presenta en el camachsimo como cuña a los eslogan  de ataque al socialismo, comunismo, centralismo y la visión andina.

A este eje sumamos datos que reflejan el mínimo y ningún interés académico en las universidades públicas y privadas de la región por incorporar estudios, investigaciones o ensayos sobre el federalismo, y por lo mismo inexistente ilustración académica a la población.

Con lo anterior se puede ir concluyendo que:

Este paro cívico y las movilizaciones que vengan a futuro  tendrán el afán de imponer un discurso federalista ficticio con uso de la fuerza y la violencia ejercida en las calles y las instituciones desde la Unión Juvenil Cruceñistas con una finalidad expresa. Los hechos están mostrando la instrumentalización de una lógica de poder fascista y finalidad expresa que radica en controlar y manipular el dominio económico e influencia política a las dos logias cruceñas más influyentes y poderosas de la sociedad cruceña además de una tercera que también opera regionalmente.

El federalismo cruceño actual, como instancia discursiva de movilización violenta se liga a los intereses transnacionales y el intento de poner los intereses económicos y políticos imperiales por encima de los intereses nacionales desde la generación de crisis y desestabilización política, sin importar los daños que se ocasionen a la economía de la región y del  Estado Plurinacional.

El paro cívico con afán federalista no pasa de ser una consiga política y planteamiento marginal sobre todo frente a la vía concertada y mirada responsable y de gestión pública que se propician desde el diseño de las autonomías en su pluralidad planteada, sin embargo lo que debe preocupar es la connotación fascista del afán federalista.  

El rebalse político, del discurso federalista busca darle contenido a un paro cívico insostenible, es decir que es la ilegitimidad velada para aglutinar y tener a su mando a los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad cruceña  y a los exponentes del racismo, pongeaje rural y explotación capitalista.

Finalmente, está claro que el terror fascista ya se instaló en el departamento cruceño y se lo hizo con mirada camachsita y complicidad de operadores y alianzas sectoriales y autoridades de otros departamentos, todo en el marco del Censo 2023.

Y en criterio de fatalidad corresponde  decir que las pérdidas económicas para los grupos de poder y las economías son sentidas y ante ello la pregunta que dejamos pendiente es sobre el rol asignado y cómo está jugando sus cartas la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno en esta tramoya política y asenso de la violencia fascista.  

paramos  acá  con esta segunda parte.  

La Paz, 4 de noviembre de 2022

jueves, 3 de noviembre de 2022

PARO CIVICO EN EL AFAN FEDERALISTA - PARTE I

 


PARTE I

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

El Paro Cívico y el Cerco en el departamento de Santa Cruz presentan estratégicamente hablando, la reapertura de la lucha callejera con alcance institucional - departamental del proyecto de República Federal en contra del Estado Plurinacional Unitario, Social de Derecho y con Autonomías. La demanda de una nueva redistribución de recursos y ajustes numéricos a la representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde el paro cívico no es el factor de fondo para los cívicos y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), pero curiosamente o ciegamente lo es para el  Gobierno Central. Bueno, veamos

A partir de esta hipótesis planteada en el párrafo anterior veremos algunas particularidades del paro cívico, desde una mirada táctica estratégica, pero recurriendo para su argumentación a situaciones o escenarios más próximos, hechos históricos y clichés más difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales.

El escrito intentamos publicarlo en tres partes, esta será la primera parte de la publicación y empezamos abordando desde tres ejes de datos y unas primeras conclusiones. 

Un primer eje de datos a considerar es el recurso de fortalecimiento y aglutinamiento de fuerzas sociales desde el trabajo de masas por parte de las instituciones expositoras de la demanda; este recurso se lo realiza y se sustenta con el llamamiento permanente a la “ciudadanía cruceña” para resistir una supuesta invasión de personas del occidente boliviano y la intervención de la Policía Nacional en protección de los “invasores” y no de los cruceños. Este llamado es realizado abiertamente desde las redes sociales, los medios de comunicación, y orgánicamente desde el Comité Cívico,  la Unión Juvenil Cruceñista, las instituciones dependientes del Gobierno Autónomo Departamental, instituciones cooperativas, fraternidades, universidades, iglesia católica, evangelista y otras.

El segundo eje de datos identificados en curso es la organización de “cruceños de la clase media para abajo y para arriba e hijos de Kollas nacidos en Santa Cruz y amantes de la tierra  que les vio nacer y les dio la oportunidad de crecer”; este trabajo tiene el fin de consolidar el apoyo y el reposicionamiento de las acciones de la Unión Juvenil Cruceñistas y del Gobierno Autónomo Departamental. Objetivamente es expuesto como la lucha por un modelo económico cruceño que por lo mismo tiene aceptación social, pero con cierta resistencia cuando se lo liga al Modelo de República Federal. Por ello el trabajo de cooptación desde mecanismos abiertos se lo hace de manera gradual y velada. Los grupos sociales o colectivos con más frutos de este trabajo radican en ciudadanos afiliados a organizaciones cuyos dirigentes asumieron acuerdos y convenios sectoriales con el Gobierno Autónomo Departamental y el Comité Cívico. Entre estas organizaciones están la de algunos sindicatos de transportistas, miembros de la jerarquía eclesial, pastores de la  iglesia evangélica, dirigentes gremialistas, juntas vecinales, medios de comunicación y otros.  Nos limitamos por ahora a instancias locales.

El tercer eje de datos refiere a la estructuración de un aparato elitista Paramilitar en el mando del Comité Cívico Pro Intereses de Santa Cruz. La Unión Juvenil Cruceñista se constituye en ese aparato político y para militar  del Comité Cívico y actualmente también del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que, como brazo paramilitar, está encargado de las luchas callejeras, desbloqueos, bloqueos de carreteras y del adoctrinamiento, reclutamiento y preparación militar.

 La UJC fue fundado en 1957 y sus miembros son adoctrinados con la ideología, fascista, falangista, nacionalista, ultraconservadora y anticomunista.  La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) considera a la Unión Juvenil Cruceñista como un grupo paramilitar, fundamentalmente violento y racista.

Desde este tercer eje de datos corresponde hacer notar que, a diferencia de la gestión de Rubén Costas, ex gobernador del GAD, quien en muchas  oportunidades fue atacado y fetichizado como traidor de la causa cruceña por la Unión Juvenil Cruceñista, la gestión de Fernando Camacho en el campo de la conflictividad social y reivindicativa del federalismo se apoya y se sustenta en la acción y la estructura paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñistas  y el resguardo social de la estructura y discurso del Comité Cívico. Lo que se está viendo es que la mayoría de las instancias del GAD, a excepción de algunas que trabajan directamente con los derechos humanos, están siendo administradas o dirigidas desde el Comité Cívico pro intereses de Santa Cruz, a las que tácticamente se suman el Comité Cívico Femenino y los Comités Cívicos Provinciales, pero fundamentalmente instrumentalizadas por la UJC.

De todo lo anterior lo primero que debe concluirse es que lo menos que hace o hará la Unión Juvenil Cruceñistas es dialogar con los oponente o adversarios políticos, menos con los masistas, comunisatas e indígenas, no lo hará con el gobierno central salvo que se trate de gestionar bajas acaecidas durante los enfrentamientos callejeros y/o institucionales. Lo que logramos deducir de manera apodíctica es que la UJC no es una instancias de conciliación, ni siquiera esto lo concibe como vía de atención a la demanda social, su espacio de crecimiento y consolidación paramilitar está en las luchas callejeras, manifestaciones violentas y discursos incendiarios contra el Estado Plurinacional y todo lo que esto representa.

A lo anterior se nos viene a la mente aquello que hace pocos días dijo el gobernador Camacho, haciendo referencia a la renuncia de Evo Morales, que él no era Evo Morales para renunciar, al respecto, el sentido común, siempre llevó a concluir que Evo Morales renuncio para pacificar el país; y con esta declaración lo que expone Camacho es que, podemos estar matándonos en Santa Cruz, pero el continuará en gestión durante “esta matanza” desde el Gobierno Autónomo Departamental y con lo que supone la acción paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista.

Continuaremos con la segunda parte de esta escrito.

La Paz, 3 de noviembre de 2022

martes, 1 de noviembre de 2022

ESCRUTANDO ENIGMAS AL CONFLICTO POR LA FECHA DEL CENSO

 


Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Dos preguntas que “Valen un Potosí” responder desde la opinión pública.

¿Qué esperan lograr en los próximos días el gobernador y el presidente cívico negándose a levantar el paro sin la derogación del Decreto Supremo 4760?

¿Qué esperan los del INE y el Gobierno central para los próximos días manteniendo sin fecha negociada la realización del Censo para el 2023?

Bueno a continuación lanzamos algunas consideraciones que puedan ayudar o complicar la generación de respuestas en el marco de la gobernabilidad democrática, demanda social, derecho a la protesta, derechos constitucionales y gestión pública.

·           Suspender o dar cuarto intermedio al paro cívico sin que haya sido abrogado el DS 4760, es uin replanteo del cabildo, y en consecuencia, tanto cívico cruceño como gobernador, caerían heridos por sable propio, y claro la amenazante muerte civil estaría rondando en su entorno de poder. De todas maneras es una posibilidad a la que muchos sectores corporativos y de su entorno, además de sus aliados locales del paro cívico lo están empujando, desde argumentos de  seguridad jurídica. Para estos sectores el paro cívico en los términos de demanda y protesta ya no es una opción de beneficio a corto ni mediano plazo.  

·           Cambiar fecha de la realización del censo es abrogar el Decreto Supremo 4760, y observar la profesionalidad de los informes técnicos del INE y las recomendaciones del  Viceministerio de Autonomías. Se podría suponer que primaron fechas políticas más que fechas técnicas, sin embargo se superó esta disyuntiva y el conflicto se encamina a definir fechas técnicas.

·           El cabildo del 30 de septiembre del 2022 se hizo manteniendo el calor triunfalista de las movilizaciones del 2019 y las movilizaciones principalmente en Potosí y Santa Cruz  que llevaron a la abrogación de la Ley 1386 de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

·           En el cabildo de septiembre último gran parte de la población asistente lo hizo sin información objetiva o con solo la información unilateral e incompleta sobre las razones que determinaron el cambio de fecha del Censo. Ante esta apreciación tiene sentido exigir, y sobre todo por la participación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) que los cabildos se realicen en similitud a un proceso de Consulta Previa, es decir que los cabildos sean instancias de deliberación en los marcos de la buena fe, libre e informada previamente.  Lamentablemente el proceso de información y socialización, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y los técnicos del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo se dieron posteriores a las determinaciones del cabildo, además sin considerar que de por medio existía el acuerdo de actores del ámbito nacional, municipal, departamental, regional e Indígena Originario, pero sobre todo sin poner en contexto real sobre otros mecanismos de protesta legal y pacífica para revertir normativa promulgada o solo sancionada.

·           El paro cívico, a estas alturas del conflcito es percibido como medida que perjudica y vulnera derechos económicos, sociales y culturales de una gran parte de la población cruceña económicamente activa, con afectación directa a la economía familiar y con incidencia al costo de vida. Acá radica  el fundamento más objetivo para movilizarse en contra del paro cívico indefinido. Pero también es cierto que se puede seguir impulsándola y mantenerla activo el paro cívico con la premisa de que los beneficios para la región y el departamento serán reales después del Censo. Es claro que para una salida acordada y para la resolución del conflicto como elemento de presión y de urgencia social, una percepción pesa más que la otra.

·           Los acuerdos preferenciales de los mandos cívicos, del Gobierno Autónomo Departamental  y el Comité Interinstitucional, con las empresas privadas del área industrial, comercial y agropecuaria descubren intereses y alianzas coyunturales, que a opiniones de quienes se oponen al paro cívico no es justo, ni responden al trato igualitario de sacrificio voluntario o forzado,  por restricción de derechos. Y a opinión de quienes mantienen estas alianzas se trata de  garantizar la producción y el funcionamiento de las empresas. Al exteriorizar opiniones sobre el tema es prudente mencionar que el aparato productivo no funciona si sus redes de comercialización, distribución, consumo y administración están restringidas y que además de la industria operan también la producción campesina, los pequeños artesanos, las empresa estratégicas públicas,  los informales, las entidades comerciales y financieras, la banca privada, los arrendatarios y las instituciones de servicios, entre otras tantas.

·           Los movimientos sociales y sectores vulnerables, ante las secuelas económicas y sociales de la administración estatal de los finales del 19 y finales del 20 y las gestiones del actual gobierno se  adhieren en confianza a las políticas públicas actuales y en esa medida manifiestan públicamente  apoyo político.   

Con estos ejes de provocación al debate nos aventuramos a especular un poco más  con la intención de acercarnos a posibles respuestas planteadas al inicio del presente escrito.

·           Acaso el Gobernador Camacho y el Cívico Calvo esperan que las movilizaciones y marchas que se acercan al centro de la ciudad de Santa Cruz sean contrarrestadas  por las Unión Juvenil Cruceñista y los vecinos movilizados. Si esto lo plantea como posibilidad es que en definitivamente está jugando al enfrentamiento entre civiles y lógicamente con resultados impredecibles. A esa posibilidad siempre existirá la exhortación a que las instancias de seguridad intervengan en el marco de competencias que garanticen la paz social y la pacífica convivencia desde una gestión apropiada del conflicto.

·           Al Gobernador y al Cívico les toca comandar una situación distinta a la del 2019, ya que las acciones de violencia, ahora se están dando en territorio cruceño y no en La Paz, y si el objeto de la movilización con el paro cívico fue llevar la conflictividad hacia la sede del Gobierno, pues no lo lograron. En todo caso el conflicto ya se posicionó en territorio departamental cruceño y los daños más sentidos impactarán en la economía cruceña y estos impactos serán directamente proporcionales y en progresión aritmética a los días que continúe el paro cívico.

·           Está en marcha otra oportunidad de diálogo, y la población ya demanda una tregua inmediata para no ahondar más este tema altamente politizados.  El feriado de Todo Santos marca una oportunidad que puede ser aprovechada para marcar tregua.

Desde la exposición anterior y las preguntas gatilladoras que lanzamos al principio del texto, vemos que solo las partes, sus operadores directos, consejeros y analistas saben lo que se busca y lo que puede considerarse negociable.

Una mesa de diálogo dirigida por expertos en el tema de mediación de conflictos sociales y políticos  puede ayudar a resolver esto que tiene característica de  enigma múltiple y que está expuesto a plena luz del día y en la boca de la opinión pública.

Igualmente un resultado positivo puede darse desde una apertura a actos y proyecciones sinceras y amistosas en las mesas técnicas y de diálogo, con renovación de algunos operadores del diálogo, no de todos pero si de algunos.

La Paz, 1ro de noviembre de 2022