PARTE III
Por
Carlos Alejandro Lara Ugarte
Corresponde mencionar
que, desde los seis ejes de datos expuestos anteriormente y las conclusiones
emitidas, recogemos evidencias de que el paro cívico por el Censo 2023 es solo una
etapa más, planificada por un proyecto de poder local camachista, que considera
viable una ruta separatista.
Igualmente se
evidencia que existe en el sector popular, conformada por campesinos,
interculturales, mujeres organizadas, obreros, indígenas, profesionales de la
clase media, universitarios, gremialistas, transportistas y sectores
empresariales progresistas, una franca oposición al paro cívico y contra
cualquier aventura separatista; a este grupo se incluyen gobiernos autónomos
municipales afines al MAS.
Veamos ahora un séptimo
eje de datos, datos analíticos para tomar en cuenta en el conflicto por la
fecha del Censo de Población y Vivienda. Los datos sobre acontecimiento pasados
y actuales nos muestran la existencia de una ruta separatista que se acomoda al
llamado mediático de avanzar con otras etapas y más movilizaciones regionales
(Caprichosas como las llama el Gobierno, pero intencionales sería más correcto)
que finalmente desemboquen en una movilización con el discurso y la incitación
al interior del núcleo de la sociedad cruceña para la conformación de una
República Federal.
Este llamado e
incitación social por la República Federal sustentado desde la violencia
callejera, el racismo y anticomunismo, está carente de argumentación y fundamentación
ideológica; su carencia efectiva se proyecta a nivel nacional con el apoyo de
operadores y activistas del antimasismo y el neofascismo conservador de
alcaldes opositores y supuestos defensores de la democracia (CONADE), además de
las representaciones políticas conservadoras en la Asamblea Legislativa
Plurinacional y otras instituciones
El camachismo
cruceño evidenció en sus discursos e intervenciones mediáticas el objetivo de separar
a Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia. Toda la tramoya que está armando
Camacho tiene la orientación y tutela de poderes transnacionales y por lo mismo
se juega a la posibilidad de arrastrar en este camino a representaciones
cívicas de Potosí y otros. Principalmente por el tema del Litio y tierras raras.
Las movilizaciones
violentas tienen pasos y rutas institucionales desde el Gobierno Autónomo
Departamental, por lo que se estructura desde redes de instancias neofascistas con
capacidad en la toma de decisiones departamentales e incidencia en el ámbito nacional,
y la instalación de un régimen de miedo y violencia permanente con cronogramas y
mecanismos de desgaste y desestabilización al Gobierno Central.
El camachismo,
después de tomar el control y manejo del Gobierno Autónomo Departamental, en
las elecciones de octubre de 2021, fundió este control con la Unión Juvenil
Cruceñista y desde esta lógica asumió de manera pronta el control del Comité
Cívico, y ahora desde el paro cívico y la responsabilidad asignada por Camacho
– no por el cabildo - al Comité Interinstitucional impulsor del Censo, lo que está
haciendo con la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, es convertirla en su
brazo operativo y darle rostro académico a las movilizaciones callejeras
violentas y a la propaganda mediática de las redes sociales
La figura de la
ruta separatista y de cooptación institucional está por demás clara, y si no se
toman medidas urgentes y recaudos institucionales, igualmente seguirá su
intento por asumir el control de gobiernos autónomos municipales del área
metropolitana, lógicamente desde el terror y la movilización violenta de sus
“legionarios fascistas”
Es necesario sumar
a los hechos mencionados, esto que ya se conoce y que muy débilmente la Justicia
lo está controlando. La Unión Juvenil Cruceñista está organizando células
violentas en algunos departamentos del Estado Plurinacional, entre los que se
anota a la Resistencia Juvenil Kochala, la Resistencia Juvenil Paceña, los
espartanos de ADEPCOCA en los yungas y otras que operan a partir de las movilizaciones
del 2019 al 2020. Son desde estas instancias organizadas que se busca el
control interno de los gobiernos departamentales y municipales en sus ámbitos
locales y regionales, al igual que en los territorios con autonomías indígenas.
Octavo eje de
datos que insinúan acciones separatistas y el protectorado Norteamericano.
Puede que las movilizaciones y la intransigencia por no dar fin a estas
movilizaciones violentas tengan por finalidad propiciar un Golpe de Estado,
semejante al del 2019, pero en definitiva, corresponde hacerse una pregunta en
caso de Golpe de Estado ¿Cuáles serían los ajustes para que en corto tiempo no
se retome a la democracia y se enjuicie a sus autores y promotores? Lo ocurrido
el 2019 mostró que ninguna interrupción del proceso democrático es sostenible
por lo que cualquier nuevo intento disruptivo es más coherente explicarlo
evidenciando el proyecto separatista y la consecuente generación de un
protectorado Norteamericano; protectorado que el movimiento popular revolucionario
evitó materializarlo durante el proceso constituyente.
Recordemos que
durante el proceso constituyente las movilizaciones violentas con rótulo de la
demanda autonómica departamental tuvo como componente violento un intento
separatista incitando a la guerra civil a fin de generar en Santa Cruz la intervención
militar de fuerzas extranjeras y en consecuencia un Protectorado Norteamericano,
en razón a un supuesto olvido y abandono del nivel central al departamento cruceño;
pues lo que está pasando es precisamente esto, sus características son
similares, son más próximas a la de un Golpe de Estado en similitud al 2019.
Noveno eje de
datos: La movilización popular del proceso de cambio y la revolución
democrática y cultural esta reactivada para contrarrestar, o el golpe de Estado
o las acciones separatistas, decimos activadas porque se constata la acción
comprometida con el proceso de cambio y la Constitución Política del Estado, de
obreros, juntas de vecinos, transporte, comunidades interculturales y
campesinas de la Chiquitanía y de los municipios de San Julián, Yapacaní, cuatro
cañadas, pailón y otros.
En Santa Cruz, en
el presente existe una movilización activa de respuesta inmediata a las
acciones del bloque cívico y opositor; cualitativamente diferente al 2019, pero
semejante a las que impulsaron y defendieron el Proceso Constituyente.
Recordemos que los grupos de defensa del MAS, hoy denominados Reserva Moral, la
Universidad Popular Andrés Ibáñez en el Plan Tres Mil, el Comité Cívico
Popular, las organizaciones juveniles, gremialistas y otros colectivos de
mujeres organizadas, indígenas, profesionales, juventudes urbanas y
provinciales entre otros se opusieron al proyecto separatista entre el 2006 y
2010, y generaron resistencia y en consecuencia la aprobación de la
Constitución Política del Estado el 2009.
Con todo lo
anterior corresponde sumar más conclusiones:
El movimiento de
acción violenta y callejera ha sido concebido por el camachismo para ejecutarse
en las características de un enfrentamiento intergubernamental e
intersectorial; es decir enfrentamiento verbal y perverso entre el Gobierno
Central y el Gobierno Autónomo Departamental y enfrentamiento callejeros y
violentos entre sectores de la sociedad civil, que pueden ser entre transportistas
y campesinos, comerciantes contra activistas cívico y entre otros.
Las indagaciones
primarias muestran que gran parte de sus aliados del interior rechazan el
proyecto Federal, por lo que inevitablemente llevará al camachismo a llamarlos
traidores y funcionales al gobierno central.
Las movilizaciones
por el Censo son manipuladas por los cívicos para evitar cualquier
justificación a su resolución pronta o a su gestión pacífica. Se manipula ante
la prensa y se interactúa en las calles y redes sociales para cerrar cualquier
opción de negociación o mediación, por lo que se debe decir que la protesta
cívica está condicionada a una suspensión temporal o a una continuidad; si se
determina como fecha del empadronamiento censal para el 2023 es un triunfo para
el gobernador, la Unión Juvenil Cruceñista y los Cívicos, y en consecuencia a
corto plazo se activan los próximos pasos de protesta violenta con otros
pretextos pero con los mismos fines; si se determina la fecha del
empadronamiento censal para el 2024, desde la Unión Juvenil Cruceñista y la
Gobernación, se identificarán traidores y estas instancias harán el llamado a
la desobediencia civil.
Como en el periodo
constituyente, ya es evidente que el impulso y defensa del Censo con consenso y las garantías para vivir en democracia y en
unidad del pueblo boliviano sólo será garantizado por la acción revolucionaria
del bloque popular que actualmente se opone al Paro Cívico
Por
responsabilidad, debemos asumir que todas las vías a la pacificación y la
concertación, generada desde el gobierno central deben considerar lo expuesto,
en tanto exista una posibilidad real de diálogo y pacificación, pero sobre todo
en cuanto logre allanar el camino que intentan cerrar perversamente Luis Fernando
Camacho y Rómulo Calvo.
La
Paz, 5 de noviembre de 2022
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