PARTE IV
Por
Carlos Alejandro Lara Ugarte
Lo que se ve a la
fecha, es decir a 21 días del paro cívico es la reacción de poblaciones
vulnerables, ciudadanos y organizaciones económicas y productivas que fueron
afectadas negativamente por la medida de presión.
Veamos un décimo
eje de datos, datos que refieren a derechos constitucionales vulnerados en
razón a la falta de garantías por parte de las instancia competentes;
mencionamos algunos que fueron conocidos
por las redes sociales y los medios de comunicación.
Se evidencio que
mujeres y menores en situación de violencia familiar no fueron protegidas menos
auxiliadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), ni por
la Defensoría Niña, Niño, Adolescencia (DNA), dependientes dcl Gobierno
Autónomo Municipal y menos por instancias del Gobierno Departamental de Santa
Cruz. Igualmente estas instancias tampoco dieron protección y atención oportuna a mujeres violadas durante las
jornadas de bloqueos.
No se garantizó el
Derecho a la Protesta del Pueblo Ayoreo y de otras comunidades y sectores
vulnerables. No se conoce la intervención oportuna del Servicio de Políticas
Sociales (SEDEPOS), dependiente de la Gobernación Cruceña en casos de auxilio a
poblaciones vulnerables. Se desatendió la lucha contra la trata y tráfico de
personas, las campañas y atención a casos de violencia hacia la mujer, de
Personas Adultas Mayores, de Personas Con Discapacidad y otras.
El acoso y violencia política contra las
autoridades electas mujeres fueron públicas y manifiestas, no solo a través de
la consigna de muerte civil, sino por propias presiones al interior de las
instituciones del Gobierno Departamental y organizaciones políticas; intervenir
en estos casos es competencia del Tribunal Departamental Electoral, del
Ministerio Público y por su puesto de las comisiones de Ética de las instancias
de los gobiernos autónomos, pero no se conoce intervención alguna.
Las instancias
competentes no dieron protección a las instituciones privadas, particulares y
públicas de Defensa de los Derechos Humanos y Defensa de la Sociedad.
Se vulneró el
derecho a la educación de niños, niña, adolecente, el derecho al acceso a la
salud oportuna y eficiente de personas con enfermedades de base y otras.
Las instancias
competentes no garantizaron el trabajo de la prensa, de los servicios de salud,
de servicios financieros, servicios educativos y de formación académica y
otros.
De manera general
la institucionalidad Estatal, y en gran parte el Gobierno Autónomo
Departamental, no garantizó el derecho
al trabajo y la actividad económica, la salud, la libre transitabilidad, la
libertad de expresión, la identidad cultural, seguridad pública, los derechos
del migrante, de las mujeres, de los estudiantes, derechos culturales, de los
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y otros derechos Humanos y Derechos
Constitucionales.
Veamos un décimo
primer eje de datos; esos datos que están ligados a la vulneración de
derechos, pero que se constituyen en
delitos, ocurrido de manera evidente y en cierta manera perversamente azuzados por
la Unión Juvenil Cruceñista, el Comité Cívico, la Universidad Gabriel Rene
Moreno y otras instancias afines al Paro Cívico.
Desde los dos
anteriores ejes de datos constatamos que la conflictividad y acción violenta y
delictiva de grupos organizados, principalmente de la Unión Juvenil Cruceñistas
ha rebasado la institucionalidad garante de los derechos humanos, tomando el
control de espacios urbanos y control ciudadano en base al temor, convirtiendo
la ciudad de Santa Cruz y del mismo departamento en un espacio de alta
inseguridad ciudadana, vulneración y violación de derechos humanos.
Décimo segundo eje de datos, los que refieren
a resultados de las mesas técnicas realizadas en Trinidad. Desde la vocería del
Gobierno Central y el Comité Interinstitucional impulsor del Censo, se constata
que la determinación del Censo para abril o mayo del 2024 es aceptada por estas
dos instancias. Esta aceptación se sustenta en el acorte de fechas para la
realización del Censo, en cierta medida solicitada por el Comité
Interinstitucional y propuesta como
punto de mediación por el Ministerio de la Presidencia.
Está por demás
decirlo pero el resultado de las mesas técnicas y las anteriores mesas de
diálogo acercaron a puntos de interés común a las partes que asumieron las
responsabilidades correspondientes de negociar, mediar y analizar lo
concerniente al conflicto y la viabilidad del censo en los tiempos más
reducidos.
Décimo tercer eje
de datos, mismos que se puede anotar desde los enfrentamientos de hoy, viernes
11 de noviembre: La marcha convocada por organizaciones de la sociedad civil,
compuesta por organizaciones productivas, gremialistas, transportistas,
estudiantes, campesinas, indígenas,
defensoras de derechos humanos y otras, puso en vitrina abierta la
acumulación creciente del malestar
generalizado por los efectos del Paro Cívico, pero también puso en
manifiesto la capacidad operativa y organización de la Unión Juvenil Cruceñista
como instancia de acción violenta y brazo operativo del Comité Cívico, la quema
de la sede de campesinos y otras organizaciones evidencia además su carácter
fascista y antipopular.
También es la
muestra de una Policía que en cierta manera, si bien no fue totalmente rebasada,
en el término correcto de su acción y de garante de la seguridad ciudadana,
tuvo que moverse entre el control de la zona y las retiradas preventivas
mediante el uso proporcional de fuerzas y en resguardo al derecho a la protesta
de la marcha contra el Paro Cívico y los propios bloqueadores.
Décimo cuarto eje
de datos en el que se refiere al nuevo cabildo de la cruceñidad. Lo más
probable es que, para este cabildo, no se
demande la presencia del Tribunal Departamental Electoral (TDE) a través
del Sistema de Fortalecimiento de la Democracia Intercultural (SIFDE), esto en
razón a la improvisación del mismo y el tiempo que se requiere para gestionar la formalidad que corresponde.
De los
pronunciamientos y seguimiento a las
declaraciones mediáticas del Rector, se recibe el mensaje de aceptar el censo
para el 2024 en los términos que se estableció, sobre todo porque se consiguió
los objetivos trazados y centrados en las movilizaciones y medidas de presión,
esto es la redistribución de recursos en razón a datos generados por el censo,
las representaciones en las Elecciones Nacionales del 2025 y el pacto fiscal,
sin entrar en más detalles.
Por parte de
declaraciones del Cívico y del Gobernador se recoge el mensaje de radicalizar
las medidas de presión y extender la violencia hacia otros departamentos
mientras no se decida cambiar la fecha del Censo para el 2023.
Los que se ve
ahora es que en el bloque interinstitucional no cabe una tercera posición; o se
levanta el paro cívico o se radicaliza, y esto lo debe decidir el Cabildo del
domingo, ahora al frente se tiene la alta complejidad para los convocantes
sobre todo para plantear el mecanismos que se usará en la argumentación y
objeto del cabildo, para presentar la consulta y posteriormente validar la
posible respuesta de afirmación o negación a continuar con las medidas de
presión y acciones de violencia.
Se puede en cierta
medida suponer que si la argumentación fundamental queda en responsabilidad del
Rector de la UAGRM, se esté incidiendo por la suspensión del paro cívico, pero
si se deja a la vocería del Comité Cívico se incida a la radicalización. Eso lo
sabremos al principio del Cabildo.
Consideraciones.
Si el conflicto
por el Censo lo vemos como una disputa de dos contrarios y los comparamos con
un juego de ajedrez, vemos que el Gobierno Central está proponiendo “Tablas” es
decir un empate. Corresponde al Comité Interinstitucional aceptar o negar el
ofrecimiento de este empate.
El Gobierno
central ha puesto en jaque, al camachismo y la Unión Juvenil Cruceñistas; el
bloque camachista, y en particular Luis Fernando Camacho puede ir a disputar
una final perdida a solo objeto de justificar su arrogancia y enfrentar su ego
dañado. Puede “patear el tablero” y pasar de la demanda del Censo al discurso
del afán federalista o separatista, lógicamente sacrificando fichas y su propia
libertad de acción.
El Gobierno
central al poner en jaque al camachismo tiene la obligación de actuar de manera
reflexiva ante las posibles respuestas del bloque violento liderado por Camacho
y Calvo, sobre todo considerando el conjunto de las variables para llevar el
conflicto a una situación de “Tablas”, que por principio democrático
corresponde a una situación de Derecho y Gestión pacífica de la Conflictividad,
retomando la Cultura de Paz como principio de diálogo y concertación.
Lógicamente separando el derecho de los actos delictivos.
Conclusión
Ante las repetidas
escenas de alta violencia y perversidad racial y cultural, la alta vulneración
de Derechos y el aumento de frecuencia de los actos delictivos, concluimos que
la suspensión del paro cívico, además de ser una necesidad es ya un sentimiento
y exigencia de las mayoritario afectadas, generalizada a la población
expectante y de consenso implícito intergubernativo, independientemente de las posiciones dura y
radicales que puede expresarse desde la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité
Cívico.
La
Paz, 11 de noviembre de 2022
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