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martes, 23 de octubre de 2007

Consideraciones Reflexivas a Manera de Evaluar el Proceso Cosntituyente

CONSIDERACIONES REFLEXIVAS A MANERA DE EVALUAR EL PROCESO CONSTITUYENTE

Por Carlos A. Lara Ugarte [i]

¿Los bolivianos queremos una nueva Constitución Política del Estado?
Sería una locura llevar esta pregunta a un referéndum, pero me parece acertado hacerlo en escenarios apropiados para reflexionar individualmente o de manera colectiva.
La reflexión para que tenga sentido, en la actual coyuntura principalmente, debe llegar con fuerza a las instituciones, a los líderes y a las personas movilizadas con impacto político; en otras palabras la reflexión deben hacerla los cívicos, los líderes de partidos políticos, los miembros de los poderes constituidos, los dirigentes de los movimientos sociales, los directores de programas radiales y televisivos, los trabajadores y asociaciones de la prensa, los líderes de opinión y otros que han propiciado la creación de la Asamblea Constituyente y de los que ahora los han llevado a un receso.
Si volvemos a leer la pregunta inicial es probable que mas de los dos tercios de la población lleguemos a concluir que es necesario reformar o cambiar la actual Constitución Política del Estado, claro que pondríamos nuestros peros, pero al fin de cuentas aceptaríamos modificarla. Sin embargo, ¡Siempre hay un sin embargo! a estas alturas del conflicto, cada uno de nosotros ya no quiere ser un número más que suma la opción de querer el cambio de la constitución, de hecho ya es una demanda incorporarse al debate constituyente y ser también parte de las opiniones ya sea desde nuestras organizaciones o instituciones, o finalmente en la opinión familiar o reflexión personal.
La asamblea constituyente a avanzado y a dejado de ser aquella propuesta y acción estatal que muy pocos se interesaban o muy pocos la comprendían desde su misma significancia o repercusión política inmediata.
La Asamblea Constituyente está en proceso de socialización y en creación de nuevos imaginarios, por ello debemos reflexionar, no en el marco de un número estadístico, sino en el pleno sentido de nuestros atributos de pensar, intencionar nuestros actos, deliberar, concertar, desarrollarnos material y espiritualmente y sobre todo bajo la premisa de constituirnos voluntariamente en una nación o entidad colectiva con una visión compartida. Ante esto, será adecuado motivarnos en base a una pregunta o preguntas claves que nos puedan llevar a descubrir nuestras necesidades y las necesidades de los otros, nuestras expectativas y las expectativas de los otros, nuestras esperanzas depositadas en la constituyente y las esperanzas de los otros, simplificando: la reflexión debe llevarnos a procesos de empatía colectiva.
Toda pregunta de motivación al tema o de reflexión nos debe encaminar a un proceso constituyente desde la continuidad de la norma establecida o desde la posibilidad de encaminarla a una reingeniería con el fin de potenciarla y no debilitarla. Esa determinación tendría que acordarse en los próximos días, no dejarla en términos extremadamente ambiguos. En torno a estos dos puntos es precisamente todo lo que se argumentará y se tratará de mostrar en el presente trabajo, ya que de la respuesta que se tenga sobre el dilema es que se podrá sacar las conclusiones que vayan a afirmar el colapso del proceso constituyente o potenciar la apertura creativa de una asamblea fortalecida y renovada.
Hasta ahora, todo parece marchar y seguir la estrategia de la continuidad de la norma establecida o la vía de la concertación con sustento jurídico. Esta opción está llevando a los protagonistas e instancias de mediación o facilitación del conflicto a manejar el mismo con un sentido de hermetismo justificable y fundado en sus temores por efecto de los roces discursivos, en las diferencias ideológicas y diversidad de intereses expuestos en la constituyente. Sin embargo, es evidente que se avanza y cada día hay un nuevo resultado. En esta estrategia es cuestionable y por ello necesita altos niveles de confiabilidad y honestidad, debido al desgaste de los enfoques operativos que ponen énfasis en la búsqueda de soluciones pragmáticas y en base a pactos políticos. Esta manera de enfocar la continuidad del proceso puede ayudar a evadir o desviar el rumbo del conflicto, paliando la totalidad del proceso y dando margen adecuado de acción a corto plazo, pero es en última instancia un enfoque coyuntural y de corto plazo, completamente inestable, mas si tenemos como antecedentes al presente proceso de diálogo la violencia callejera y mediática vivida en los días anteriores al receso de la Asamblea Constituyente.
La otra mirada estratégica es el de la reingeniería. En este enfoque, la reflexión nos debe llevar a determinar con cierta precisión los puntos que están interfiriendo el proceso constituyente y los puntos que nos traerá más desencuentro que encuentro, además de aquellos peldaños jurídicos y de legitimidad que soportaran toda la carga del trabajo de reingeniería.
Y siempre pensando en la premisa inicial que es la de cambiar la actual constitución política del estado y potenciar el proceso constituyente, nos acercamos a analizar el proceso mismo.
Si queremos hacer transformaciones profundas a la Asamblea Constituyente, identifiquemos primeramente aspectos relevantes de la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Este es el primer soporte jurídico del proceso constituyente
Entendamos que la Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente de manera contundente fracturó la supremacía de la Constitución Política del Estado y fue el principio ideal para desmitificar la predominancia de la democracia liberal representativa en la Constitución Política. Esto inestabilizó la democracia liberal desde su misma base y principios, y por ellos se constituye en una estocada certera a los sectores conservadores. De eso ya no debe caber duda. Muchos no quisieron verlo así, pero ahora los hechos son evidentes. A estas alturas ya no es posible negar que la Constitución Política del Estado es albergue y protector de su sepulturero.
Ahora con esta certeza de por medio, mas las anteriores apreciaciones mencionadas mas arriba, es prudente partir de la idea de que la nueva visión jurídica, económica y social de Bolivia es indisoluble de la Asamblea Constituyente, aún la nueva constitución política esté en su etapa de gestación. Es decir que la visión estructural y constructiva de país, solo es posible en el marco de la Asamblea Constituyente.
Acoplando más experiencia a las ideas anteriores, recordemos que la asamblea constituyente responde a una agenda de pacificación a fuertes movilizaciones de obreros, campesinos, juntas vecinales y otros sectores, y nace de movilizaciones permanentes de los pueblos originarios del oriente boliviano. La asamblea se desarrolló en medio de especulaciones teóricas de intelectuales y se posesionó en sectores urbanos como una opción alternativa para crear instrumentos jurídicos que elimine la alta corrupción, mejorar cualitativamente la participación política, reconocer la formas ancestrales de práctica democrática, valorar la dignidad nacional, plantear principio y valores comunitarios, reorganizar la administración estatal en base a autonomías departamentales y territoriales y otras tantas opciones que desde la misma asamblea constituyente se fueron visualizando, incluyendo la capitalidad plena.
Estas especulaciones y preferencias opcionales existentes y manifiestas a través de los últimos años ya están posesionadas en la sociedad boliviana, suficiente argumento para afirmar que toda nueva tarea no puede borrar, clausurar o ignorar la asamblea constituyente: es imposible. El país, bajo nuevos cánones y proyectos hasta ayer marginados, se está constituyendo de manera continua y acelerada y ante las objeciones interpuestas por sectores conservadores y defensores de la democracia liberal, se va imponiendo respuestas creativas y con alta capacidad de triunfo, eficacia y eficiencia. Es acá donde en definitiva podemos hablar de una reingeniería como forma de superar su eventual estancamiento e inseguridad.
La asamblea debe salir de su estancamiento y su inseguridad jurídica en torno a la legalidad y legitimidad. . Necesita entrar una nueva etapa de manera airosa y convincente ante las mayorías, y ante la totalidad superando el estancamiento alimentado por la vía de las demandas conflictivas y de alto impacto regional, y revalorizando su rol transformador que le ayuda a superar la inseguridad que le ha propiciado el poder constituido, en especial el legislativo, no solo en la ley de modificación a la Ley de convocatoria a la Asambleas, sino desde mucho antes.
Bueno veamos de manera global donde se han dejado puntos débiles en el proceso. No vamos a analizar todo, pero partiendo de la ley especial de convocatoria podremos encaminar toda nuestra batería de análisis y proyecciones de la asamblea constituyente.
Ya muchos críticos han bombardeado bastante con lo que la ley especial de convocatoria debía haber dicho y lo que no debía haberse escrito. En eso creo que vale compartir con muchos críticos, pero lo haremos exponiendo una serie de hechos que dejaron una exagerada ambigüedad. Así por ejemplo; La Ley de convocatoria a la Asamblea podía haber aclarado en el artículo 2º si la Asamblea era originaria o derivada, por todo lo que se espera ahora es claro que debía haberse ahondado en algunas características en torno a una asamblea originaria. Esto para empezar hubiese significado un ahorro de tiempo y desgaste del cónclave. Lo mismo decimos para los dos tercios y la mayoría absoluta. Con esos dos puntos definidos para no dar opciones a dos o mas interpretaciones, antes de saber los resultados de la elección de los constituyentes las cosas se hubiesen simplificado o al menos los problemas hubiesen empezado mas antes y tener tiempo a resolverlos con mas cuidado. Lo mismo podemos decir de la capitalidad plena, aunque este posiblemente ya en las discusiones de las comisiones podía haberse incluido o desecharlo definitivamente.
Dos cosas ocurrieron en la redacción de la ley especial de convocatoria.: Los líderes políticos en el poder ejecutivo y legislativo y los cívicos no pudieron predecir las variantes y visualizar los cambios y exigencias a las que llevaría una asamblea constituyente o presionados por los desacuerdo políticos y los límites de tiempo para la promulgación de la ley de convocatoria, concertaron en un proyecto sin mas miras que resolver un problema cortoplacista cuando en verdad demandaba mas cuidado y mayor compenetración del tema. Demandaba mayor análisis.
Cuando decimos mayor análisis, es posible echarle la culpa a una población que presiona y pone plazos, pero no debe quitar responsabilidades a quienes manejan el estado y las instituciones sino supieron utilizar herramientas e instrumentos científicos para medir y aproximar el curso de los nuevos acontecimientos y sobre todo los que derivarían de la Asamblea Constituyente. El futuro casi siempre es ambiguo, pero muy rara vez impredecible, al menos en tiempos cortos.
No se puede negar los esfuerzos hechos por los líderes de partidos, cívicos y otros. Sin duda hubo sus intersticios en los procesos de concertación y de pactos políticos, pero ellos, de alguna manera no debían complicar y oscurecer más el proceso constituyente cuando, al contrario su labor es resarcir los daños.
Con está experiencia nos parece que se debe ir ahora pensando en opciones mas meditadas y dejar a un lado los pactos políticos que presiones el accionar de la asamblea, a cambio optar críticamente por caminos que lleven al proceso Constituyente a emerger con soluciones y actitudes comprometidas con el cambio y las transformaciones sociales desde su medio de concertación y deliberación. Pues es necesario compenetrarse de una vez por toda en el proceso constituyente para deslindar temores y aceptar concientemente que la asamblea constituyente es independiente de los poderes constituidos y que necesita de muchos cuidados y atenciones, más que de agresiones, pues la asamblea tiene que empezar a caminar sola. El único pacto que tiene sentido es el de dejarlos resolver los problemas sin presiones, sin intromisiones y sin paternalismos denigrantes.
Y ahora, ya no para reprochar, sino para tener claramente identificado a que nos referimos cuando en esta última afirmación hablamos de intromisión y paternalismo denigrante. La intromisión del poder legislativo esta presente y expuesto en la ley especial de modificación a la ley de convocatoria a la asamblea constituyente, sobre todo en lo que se refiere a la redacción de las preguntas a presentarse en el referéndum dirimidor. Esto definitivamente no debía existir. “Un padre haciendo la tarea del hijo opa” eso es lo que representa el hecho y ese el paternalismo denigrante que vestido de contenidos discursivos y de opiniones de la existencia de “Constituyentes sin conocimiento o analfabetos” buscan ahora su rédito mas inmediato: hacerse cargo de la redacción del nuevo texto constitucional o realizar las modificaciones que puedan concertarse en una democracia pactada.
Y esta idea también nos lleva a otro punto que ha desgastado a la Asamblea Constituyente, la influencia y la presión que el poder ejecutivo a empleado hacia los constituyentes de la bancada del MAS y la influencia con alta carga ideológica conservadora y de sabotaje a la Asamblea Constituyente por parte de los constituyentes de PODEMOS, UN y MNR. Y tampoco se libra de esta intromisión el poder judicial, primero con el caso de Jorge Lazarte y posteriormente con el caso de la capitalidad plena.
¿Es acaso ahora necesario seguir bajo esta lógica de intervención en el asamblea Constituyente? Bueno si sigue así no esperemos más que su colapso, o encaminarla al maquiavélico y denigrante traspaso de responsabilidades al poder legislativo.
Pero sigamos valorando el proceso, lamentablemente la Asamblea Constituyente tuvo que absorber todos los males y todo el desprestigio de los poderes constituidos, mucha gente pensó que se trataban de nuevos diputados, y así se pasó toda la carga negativa de los diputados a la asamblea constituyente, pero no solo de los diputados, sino toda la lucha ideológica y sus diferencias entre la oposición y el oficialismo fueron traspuestas a través del debate y la deliberación. En esas circunstancias no lo quisieron entender, pero para la asamblea era necesario deshacerse de ese estigma y no lo hicieron de la amanera apropiada.
Consecuencia de este hecho y en base a una evaluación de la correlación de fuerzas, en la redacción del reglamento de debates, a los constituyentes les costo declararse en Asamblea Originaria y reconocerse por encima de los poderes constituidos, en teoría después de mucha brega lo logró, pero en la práctica nunca lo asumió. Es lacerante evaluar el tiempo que llevo construir el nuevo instrumento institucional del Estado y la magnitud de las diferencias y desacuerdos causadas y ahondadas en los debates. Ahora, es claro que en puntos aparentemente irrelevantes políticamente hablando, no encontraron obstáculos para independizarse, incluso de su cordón umbilical (La ley de convocatoria) con aparentes contradicciones. Lo que a continuación mencionamos no nos lleva a nada relevante pero nos permite ver la carencia de un trabajo fino en el reglamento de debates. Por ejemplo desde el reglamento de debates se otorgan el derecho a que “Las y los Constituyentes, en ejercicio de sus funciones, percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será fijada en el Presupuesto Anual de la Asamblea Constituyente”.(Art 82º - Inc.-d) refiriéndose a la remuneración, pero mas abajo en el artículo 91º del reglamento de debates se expone que “Las y los Constituyentes percibirán una remuneración mensual similar a la de un Diputado Nacional” que es lo que precisamente manda la ley de convocatoria.
De esta manera de redactar o de enfocar un reglamento de debates se pueden sacar varias conclusiones, pero no nos interesa tal como lo dijimos arriba. Lo que nos interesa resaltar es que los propios constituyentes se atuvieron a debatir problemas conflictivos mas que a preparar un ambiente de encuentro y concientización de la realidad nacional y internacional, de las necesidades de transformación y del rol de los nuevos actores políticos y empaparse de la problemática nacional. .
Los hechos y las deliberaciones en plenarias ponen en evidencia que la Asamblea, durante la deliberación del reglamento de debates quiso resolver el viejo problema de la izquierda y la derecha a nivel nacional. Quiso resolverlos en unos cuantos días lo que no se pudo hacer ni con la caída del muro de Berlín y la Perestroika. Las bancadas se atrincheraron en dogmas y desde allá petardearon sin medida ni gloria. Si algo bueno podía dar este clon de la cámara baja, hubiese sido que se convierta en un cernidero de problemas y un clasificador de opciones y alternativas de solución, pero no fue así, y por el contrario solo definió campos de batalla y una guerra de posiciones concertadas.
Con todo ello se avanzó en merced al empuje de los movimientos sociales, los pueblos indígenas y sectores urbanos interesados. Lamentablemente el empuje no fue mediatizado y trabajado por la Asamblea Constituyente de manera adecuada, entre sus descuidos está haber dejado que todo ocurra al libre albedrío, sin constituirse en un conductor y acopiador eficiente y eficaz de propuestas.
Hoy el debate se están centrando en tres o cuatro puntos, pero eso no quiere decir que otros ya hayan sido salvados, No eso no, después de esos tres o cuatro se vienen los restantes. ¿Cómo serán tratados los subsiguientes temas de alto disenso? Estratégicamente y por formalidad acordada en el reglamento de debates, son las comisiones mixtas donde se deben depositar las esperanzas. No es posible que sean trasladados fuera del recinto asambleísta, sino ¿Para qué el reglamento de debates?
Lo que se debe cuidar es el de no seguir debilitando funcionalmente y operativamente a las comisiones mixtas, comisiones especiales, comisión de coordinación cuando está establecido que a partir de la sistematización, después de la recepción de propuestas de la ciudadanía la próxima etapa altamente técnica y cuyo laboratorio de trabajo, si queremos así llamarlo, debe desarrollarse por los comités y en especial por la comisión de Concordancia y Estilo del Nuevo texto de la Constitución Política del Estado. Estas comisiones deben trabajar sobre insumos claros, concertaciones y acuerdos. No es posible que estas comisiones desperdicien su potencial acordado en el ámbito procedimental y la asamblea de más argumentos a los poderes constituidos y a las instituciones de corte liberal para suplantarlos. Opción que ya se viene tejiendo a través de los medios de comunicación, después de que los diputados, en definitiva se metiesen a ser los salvadores de la Asamblea Constituyente con la mentada ley de reforma a la Ley de Convocatoria. Definitivamente lo que hicieron los padres de la patria fue complicar el trabajo de los Comités y por ende de la asamblea cosntituynete. La Ley solo debía haberse abocado a ampliar el funcionamiento de la asamblea y nada más, talvez hasta un año, dos o tres, pero no entrometerse.
Ahora acumulemos más elementos para evaluar y salir de la crisis.
Hasta ahora, una de las comisiones que debía constituirse en el eje guía para el conjunto de las 20 comisiones y además tendría que haber sido la “Guía” de las comisiones mixtas y los comités, es la Comisión Visión de País. El informe de esta comisión no ha sido recibido de manera formal y aprobada por la directiva tal como exige la ley de reforma a la convocatoria.
En el presente escrito hacemos referencia al reglamento de debates debido a que un primer punto a tratarse el 8 de octubre, fecha de reiniciación de la plenarias, tendrá que ser la reformulación del reglamento de debates en virtud a la ley de reforma a la ley de convocatoria. Un segundo punto será la aprobación del informe y el debate en plenaria de los informes de la comisión Visión de País, y solo entonces se puede esperar que la Asamblea tome un mejor rumbo, lógicamente si se logran consensos en torno a los informes de Visión de país, que en realidad se la debe considerar la parte dogmática y eje constitucional.
¿Será prudente empezar a discutir nuevos temas cuando no se haya concertado el Estado Plurinacional? Tal ves no sea lo mas prudente, pero con los interese creados por fuera de la asamblea es posible; los nuevos pactos y acuerdos políticos abren esa posibilidad. Si este planteamiento se lanza al referéndum dirimidor, lo que se estará haciendo es establecer dos categorías para aglutinar dos grandes bloques de preguntas dirimidoras que en los hechos significarán dos constituciones. Primer desastre para la Asamblea Constituyente. Esto ya pesaría y en definitiva mostraría la chatura de la oposición y de la vanguardia ideológica cruceña. ¿Por qué tal afirmación? Sencillo, por que una de las mayores demandas históricas de los líderes cruceños radica en el Estado Federal. Lo hizo Andrés Ibáñez y lo demandaron los cívicos del 50. Las autonomías son hijos de esta demanda. Pues de todas las propuestas existentes en la asamblea constituyente la que más se acerca a las demandas cruceñas se plasman en la propuesta del Estado Plurinacional.
Increpando esta posibilidad, es decir salvando el disenso del Estado Plurinacional, nos animamos a listar algunas consideraciones técnica a tomar en cuenta, puede haber otras sin duda, pero tenemos razones para enfatizar las siguientes:
Primero, se debe seguir la línea marcada por la Ley especial de convocatoria, apoyándose en la ley de reforma a la ley especial de convocatoria solo para el caso de su ampliación y dejar a un lado la intromisión del poder legislativo y judicial.
Segundo, Preocuparse por revisar las contradicciones operativas en el reglamento de debates, poniendo en segundo plano las diferencias ideológicas.
Tercero; Enfatizar en la necesidad y obligatoriedad de presentar a la población un solo texto constitucional, no uno por mayoría y otro por minoría.
Cuarto: La figura del referéndum dirimidor es alentadora, pero solo si previamente se logra consenso en Visión de país y el Estado Plurinacional.
Quinto: La redacción de las preguntas dirimidoras deben ser redactadas en la Asamblea Constituyente. (Posiblemente en un comité concertación y uno de concordancia y estilo) y el poder legislativo tiene que proponerse dejar de entrometerse mas en la redacción del nuevo texto constitucional.
Sexto: Lo poderes constituidos deben limitarse a garantizar la continuidad de la Asamblea Constituyente y junto a las instituciones promover la deliberación sin presiones externas de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es soberana, (pero lamentablemente parece no haberse aun “destetado”) y de una buena vez debe dejar de trabajar subordinándose a los poderes del estado y a las instituciones.
Sobre este último punto seamos críticos, y tengamos la capacidad de autoevaluarnos no solo los representantes de los poderes constituidos, sino las instituciones y la población en general. Un recuento del proceso no debe dar pautas de reflexión.
Cuando en la década del 1990 adelante se iban tejiendo la idea de la asamblea constituyente los pueblos indígenas del oriente boliviano parecían los únicos interesados y constructores de imaginarios colectivos en el ámbito de proceso constituyente. Posteriormente se dibujó el proyecto en propuestas institucionales y en muchos intelectuales, hasta convertirse incluso en propuestas proselitistas entre los pueblos indígenas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos. La ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y su instauración fue, como dice el reglamento de debates “ un acontecimiento político extraordinario” que “emerge de la crisis del Estado, deviene de las luchas sociales y se instala por mandato popular”.(Art. 1º).
Interpretando la realidad, las leyes y el contenido del artículo 1º, La Asamblea Constituyente tuvo un principio y tienen que tener un final. Pero debe ser de la forma en la que ya está escrito, es decir como la escritura determina cuando le dio vida y como la escritura determina que muera cuando cumpla su mandato, que es el mandato del soberano. La Asamblea Constituyente es parte de un proceso de transformación social, económica y política que existe, como todo proceso con altibajos y entremeses fluctuosos, entre momentos de alta conciencia y momentos de extrema apatía.
Quienes han podido hacer un seguimiento cercano de parte del proceso, por lo menos en Santa Cruz, y posiblemente en otros departamentos, puede darse cuenta que la maduración o evolución del proceso constituyente ha sido diferenciada en el campo y en la ciudad; en mayo del 2006, etapa pre-constituyente, los movimientos sociales con ascendencia campesina, indígena, originaria, mostraron mas interés y mayor participación que los sectores urbanos organizados. De sectores quechuas, aymaras, guaranies, chiquitanos y otras instancias organizadas de las naciones y pueblos originarios venían las propuestas mas variadas en diversos ejes temáticos, y no solo en el campo de las autonomías. El sector urbano fue representado en esta etapa propositiva por movimientos cívicos e instituciones y corporaciones agropecuarias El movimiento obrero lo hizo muy débilmente. Las ONGs desde los rubros específicos participaron, sobre todo con propuestas de sectores involucrados en la conservación y protección del medio ambiente y con propuestas de sectores vulnerables como son los niños, mujeres y personas de la tercera edad. Las visiones universitarias como tal, no estuvieron a la vanguardia de ninguna propuesta que vaya más allá de la autonomía departamental. La iglesia participó a través de la PASOC y los sectores intelectuales se limitaron a posturas mediáticas, salvo trabajo elaborados en torno a la propuesta Autonómica, era de esperar debido a la fuerza que le imprimía el referéndum vinculante. Entre los hechos más relevantes.
La etapa constituyente en sí, con el debate de la asamblea originaria y los dos tercios, se difundió y de esa manera se fortaleció el proceso, pero se debilitaron sus formas de debate, sus componentes ideológicos y sus recursos técnicos y operativos. Por este lado atacaron los sectores conservadores; atacando de la mejor manera a la “Dictadura de izquierda originaria” y defender la democracia citadina. Los bueno es que ya la población interesada en el proceso constituyente se fue ampliando o en apoyo o en rechazo. La Asamblea Constituyente, por fin encontró el rumbo que debía haberse dado desde un principio.
En Santa Cruz, y en otros departamentos, las audiencias públicas y los foros territoriales motivaron a la población a presentar propuestas y participar de manera acordada en el proceso constituyente, lamentablemente por las peleas de los dos tercios, la asamblea originaria y el debate de posturas en contra la izquierda comunista y el referéndum vinculante, los foros territoriales se convirtieron en espacios físicos del violencia políticas entre los movimientos sociales y los comités cívicos, entre sectores citadinos que se sentían desplazados del proceso y sectores indígenas que asentaban posiciones. En mayo o junio del 2007 los medios de comunicación se apropian del debate constituyente, pero no para hacer aportes significativos, sino para resaltar y magnificar los problemas y las divergencias.
En este periodo, llama la atención, como sectores universitarios asumen la defensa de la democracia, sin haber participado activamente y propositivamente en etapas anteriores. Desde su trinchera de defensa de la autonomía universitaria y en alianza con la defensa de la capitalidad plena mostraron más problemas que soluciones. Estos sectores significativamente estuvieron los primeros momentos ajenos al proceso constituyente y se incorporan de manera relevante pateando las puertas del proceso constituyente. Cuando debían haber expuesto propuestas no lo hicieron, cuando tuvieron que defenderse lo hicieron y cuando empezaron a querer destruir la asamblea constituyente no pudieron. Sin embargo todo va muy bien hasta ahora, nada que justifique una guerra sin cuartel a la Asamblea Constituyente. No hay razones pues.
La razón se impone, y la correlación de fuerzas y de enfrentamientos callejeros es en realidad ya una correlación de propuestas, esta transposición de lo pasional a lo racional significa que muchas acciones ya están incorporadas en la menoría del pueblo; significan aportes a la lucha por las transformaciones sociales, económicas y políticas. La movilizaciones de Sucre, al igual que las anteriores, aquellas de febrero y octubre están selladas en la historia de la asamblea constituyente. La huelga de hambre demandando los dos tercios, los cabildos, los paros cívicos y otras ya están gravadas en la historia como hechos que potencian el proceso constituyente en Bolivia. Es probable que se estén pensando en mas acciones y nuevas propuestas, la historia de Bolivia se ha construido de esa manera y por muchos años mas seguirá ese rumbo, pero siempre es prudente una tregua, siempre ha habido una. Una para dar tiempo a que “la carga se acomode un poco”
Es bueno creer que el proceso constituyente ha madurado, dando como primeros resultados la incorporación de una mayoría de la población en el debate y en la problemática. Ha madurado, porque nos ofrece la oportunidad de pensar sobre una etapa concluida y ponernos al frente otras más, anexándonos un amplio listado de problemas complejos y problemas de fácil abordaje.
Estamos frente a problemas claramente definidos y frente a desafíos sociales que afrontar, nos toca una etapa interesante, establecer que tanto estamos capacitados y dispuestos a soñar con un estado de naciones diversas pujante y dispuesto a construir nuestra soberanía en nuevas condiciones y bajo los nuevos imaginarios colectivos contribuyendo a la unidad en diversidad y desarrollándonos en base a principios y valores compartidos. Ahora ya nadie puede decir que desconoce el desafío y nadie debe escapar del mismo; y sobre todo nadie puede excluirse adrede del presente y menos dejarse excluir.
Confiemos en los constituyentes y confiemos en que hemos hecho todo lo necesario. Es tiempo de darnos una oportunidad cambiando algunas reglas de juego.


Santa Cruz, 26 de septiembre de 2007

[i] REPAC – Santa Cruz

lunes, 22 de octubre de 2007

Visiones y diseño de competencias autonómicas

VISIONES EN EL DISEÑO DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Desde los acuerdos logrados por la Comisión Política Suprapartidaria y las observaciones de las organizaciones indígenas, en el oriente boliviano sobre las autonomías, se puede trazar una ruta de lectura crítica a las dos propuestas redactadas por la comisión de autonomía de la Asamblea Constituyente para llegar a encontrar sus contradicciones y similitudes
De antemano, por la necesidad coyuntural, la lectura del informe de la comisión se la hace con la idea de encontrar, en las dos propuestas, principios contrapuestos, es de suponer que esto se exprese de manera clara debido a los disensos expuesto a lo largo del debate en la comisión de autonomías y reflejado en los medios de comunicación masiva. Sin embargo es bueno suponer la posibilidad de lo contrario para no caer en apresuramiento y en lo posible dejar a un lado fuertes prejuicios, así buscar, encontrar y trabajar en torno a un punto común. Ese punto ya se encuentra en los Estatutos autonómicos. Pues, ambas propuestas conciben el que las autonomías deben estar normados por un Estatuto de autonomías o Carta magna. Una similitud legal con la Ley Orgánica de Municipalidades dentro un Estado Unitario.
Para la propuesta de las mayorías en la Comisión (MAS y Aliados), ésta redacción tendría que ser regulada por una ley única donde cada entidad territorial autónoma tenga un estatuto o carta magna, redactada por mandato delegado a una Asamblea Autonómica Estatutaria compuesta por asambleístas elegidos por voto directo, universal y secreto con aprobación de los 2/3 en la asamblea y en un referéndum vinculante a la Asamblea Legislativa para su aprobación como ley de la República, en otras palabras el soberano delega responsabilidades por voto universal a un grupo de ciudadanos que trabajen con la redacción de los estatutos autononómicos y de allá se deleguen competencias a los óranos legislativos y ejecutivos departamentales, municipales, territoriales e indígenas.
En la propuesta de las minorías se consideran a los estatutos una cualidad esencial de las autonomías, esto se entiende como una cualidad esencial de la institucionalidad existente’ en los departamentos donde ganó el SI a las autonomías, y cuya función es garantizar un estatuto a través de la Asamblea Legislativa Departamental que después de redactarla pueda ser remitido para su control al Tribunal Constitucional, sometido a un referéndum (mayoría absoluta) y remitido posteriormente al Congreso Nacional para su homologación. En todo caso se trata de una construcción estatutaria apoyado en la institucionalidad existente en los lugares de mas fuerte oposición al gobierno. Esto en definitiva marca el conflicto con las propuestas de las mayorías, pero también nos da las pautas sobre los puntos en disenso que deben tratar en el debate de las autonomías. De hecho ya lo estamos viviendo ante los acuerdos llegados en el comité político suprapartidario en los temas de autonomías territoriales fundamentalmente y las observaciones de la CIDOB.
Lo inevitable de ver en las propuestas autonómicas es la existencia de tres visiones en el campo de la delegación de competencias. La primera responde a una visión de competencias y atribuciones delegadas por el Estado y los poderes constituidos, la otra es la delegación de competencias a una asamblea departamental por parte de las instituciones departamentales para elaborar el estatuto autonómico departamental con atribuciones de autodelegarse competencias en los poderes ejecutivos y poderes legislativos departamentales y la tercera se puntea mas abajo.
Desde un recuento de situaciones y secuencias políticas manifestadas en el departamento de Santa Cruz se concluye que la construcción de gobiernos autónomos desde la visión de autodelegación de competencias es sustentado por una red institucional fuerte y homogénea, que tiene como consigan de presión y defensa la Autonomía de Facto.
La militarización del aeropuerto de Viru Viru y la respuesta institucional de Santa Cruz es por demás elocuente en muchos aspectos, y sobre todo, es una alerta sobre el nivel de responsabilidad con el que se debe llegar a los acuerdos en la Asamblea Constituyente.
Tres preguntas a manera de alternativas nacen ahora ¿Los poderes centrales se someten a las instituciones departamentales, las instituciones se someten a los poderes centrales o tanto poderes centrales e instituciones se someten a un orden constituido y reglamentado desde la Constitución Política del Estado?
Lo último parece lo más coherente y recatado. Y en esa mirada es de suponer que también será recatado en un futuro imediato no buscar que los estatutos autonómicos sean una autodelegación de competencias en el marco del diseño del poder departamental, pero que tampoco sean una imposición que contradiga la riqueza de la institucionalidad construida hasta ahora. Ni para mas arriba ni para mas abajo.
¿Y que de las competencias hacia las autonomías indígenas y territoriales? Por un lado las autonomías departamentales interpelan al centralismo encarnándolo en el poder ejecutivo y legislativo, no lo hacen con el poder judicial. Pues así plantean la creación de competencias para una instancia ejecutiva y otra legislativa, esta última, el órgano legislativo, ya es una ampliación a la autonomía consultada en el referéndum autonómico vinculante. De hecho el referéndum vinculante solo hace referencia a la delegación de competencias al poder ejecutivo departamental. El proceso ha mostrado su propia ambigüedad y por ello plantea nuevos desafíos a la sociedad y los líderes para ir aclarando y resolviéndolo en base a los nuevos signos y mensajes que la dinámica social aporta desde sus movilizaciones, demandas y sobre todo desde una lectura de la realidad económica social y política acorde a los nuevos cambios y nuevas expectativas.
En ello, la autonomía territorial y autonomía indígena no puede ser un apéndice de los poderes constituidos y menos de la institucionalidad departamental. Los pueblos originarios en definitiva no son una institución ni un poder constituido en el marco de la democracia liberal, no son cooperativas, no son movimientos sindicales y tampoco son colonizadores. Al interior de ellas pueden darse estas formas de organización, pero no se las puede reducir a esos niveles de organización social, con esto decimos que tampoco se los puede reducir a la calidad de municipios.
Los pueblos indígenas son naciones originarias que han existido antes de la colonia, antes de la republica y son sociedades o civilizaciones constituidas pero no reconocidas por el estado Boliviano como componente en igualdad de condiciones y derechos dentro distribución administrativa y territorial. En parte esto lo reconoce la propuesta del MAS, pero no deja de proyectar a las autonomías territoriales e indígenas desde una mirada que asemeja a la mirada de municipio indígena. En definitiva, los pueblos y naciones indígenas no se las debe ver como instituciones liberales
Por ello la autonomía territorial e indígena debe ser discutida e incluida en los consensos de la Asamblea Constituyente, adicionando al discurso otros elementos ¿Cuáles?
Una primera y fundamental es la apertura a nuevas fronteras y criterios en la organización social. Esto es dejar abierto en la constitución esta construcción y no cerrarla. Para ello no es suficiente constitucionalizar el convenio169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, sino dar un camino de certidumbre a los pueblos y naciones originarias de que no serán absorbidos por las sociedades asentadas en las metrópolis urbanas y el Estado no interferirá su desarrollo diseñado para manejar y perfeccionar sus propias normas, costumbres, administrando sus recursos naturales, desarrollando los procesos educativos, económicos y sociales acordes a sus necesidades de crecimiento y por cierto con mecanismos y estructuras de poderes constituidos desde sus visiones propias.
Esta es, en definitiva una tercera manera de demandar el ejercicio de la autonomía y la posibilidad de trabajar en los estatutos autonómicos. Claro está que no encierran argumentos para definir socialmente una autonomía de facto, y tampoco muestran un sometimiento al poder central desde la alianza estratégica formado con el partido en función de gobierno. Pero, si la Asamblea hace oídos sordos a la visión y a las condiciones en las que las naciones y pueblos indígenas quieren participar del nuevo pacto social, tendremos una sociedad urbana que siga atacando la lengua originaria, las costumbres y valores, en otras palabras y por usar un concepto mas aglutinador de estas barbaridades sociales, tendremos a comunidades indígenas en proceso de neocoloniación permanente y donde la respuesta mas inmediata se la defina en el marco de estrategias de resistencia o estrategias de sometimiento; eso en política se llama violencia.
Para resumir, los consensos en el tema de autonomías están madurando y con ello los temores a divisiones o fragmentaciones territoriales tienen que superarse desde el encuentro de las miradas de autonomía que ya se plantearon, por ahora ya no es necesario inventar mas y por el contrario es menester concretizar con criterios de unidad en los ámbitos de nuestra diversidad, tratando creativamente de que todos se sientan incluidos y nadie excluido.


Santa Cruz, 22 de octubre de 2007