DEL VOTO ÚTIL AL PACTO, Y DEL PACTO AL FASCISMO REPUBLICANO.

 Los últimos acontecimientos cercanos al día de las elecciones nacionales, puso al descubierto la estratagema de un “Pacto a Puerta Cerrada” realizado entre corrientes neoliberales, conservadoras y fascistas. Este pacto se dio mucho antes de la renuncia de Añez a la candidatura presidencial.

El pacto se traduce en el compromiso de las partes para administrar la cosa pública, es decir el Estado desde los intereses particulares de sectores cívicos, políticos, agroindustriales, élites policiales y mandos militares, con el apoyo del activismo clase-mediero y racista de urbes y universidades.

Es por demás decirlo pero, materializar el pacto, parte de declarar a Carlos Mesa vencedor de las elecciones nacionales, antes del día de votación promoviendo análisis e hipotéticos resultados que respalden el discurso mediático de su victoria. De hecho ya estamos a un día o dos para que Carlos Mesa se declare ganador de las elecciones, esto lógicamente si el pacto se materializa y uno de ellos no se desmarca, es decir si Camacho no se desmarca y sigue el plan de acuerdo a lo pactado.

Con la renuncia de Camacho y Pumari a la candidatura presidencial y vicepresidencial, el círculo se cerraría y el plan en esta etapa daría por cumplido. La opinión Pública declararía desde los medios de comunicación a Carlos Mesa vencedor en Primera Vuelta, induciendo hipotéticos resultados electorales con fuerza de movilización electoral en caso de una victoria del MAS. Las elecciones no serían nada más que un procedimiento bajo la amenaza del pacto cívico, policial, militar y partidista, para justificar resultados emitidos desde el software electoral

Hábil jugada de la corriente neoliberal y fascista boliviana, muy bien dirigida y bien camuflada. La unión de estos grupos ya se habría dado hace más de dos meses pero, restaba superar el problema de ese dicho que “hay sumas que restan”. En tema entonces no se planteó como una alianza de fuerzas antimasistas o la mentada unidad, sino como un proceso natural de suma de votos y renuncia racional de candidatos con menos posibilidades.

Mesa desde el Pacto a Puerta Cerrada  acuerda acompañar en su Gestión a la derecha más recalcitrante y racista de Bolivia y, para desencanto de sus adeptos intelectuales, académicos y clase-medieros, estos ya son parte de los planes y propósitos de las logias de poder. Es curioso y lo cierto es que desde la audiencia de debates y peleas callejeras disfrazadas de moral cívica no se intuyó este “Pacto a Puerta Cerrada” y menos se cuestionó.

Pero, hay algo que aún pone nervioso al pacto neoliberal y fascista, ese algo se llama ambición desmedida y desleal en Camacho y Pumari. Ellos ya están en tercer lugar y si bien pueden cumplir el pacto con las cuotas de poder ofrecidas para esta etapa, no descartan  tanto Camacho como Pumari jugarse a un mejor posicionamiento a futuro con representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aspecto que las otras alianzas ya renunciaron.  

Veamos que tanto puede la voz del imperio para intervenir y definir esto a través de Reyes Villa, Rodríguez, Quiroga,  Murillo, Marinkovich, Valverde y los otros; todos pidiendo a gritos de radio, televisión y Redes Sociales la renuncia de Camacho, y el domingo sabremos que tanto pudieron en verdad haber manipulado las visiones neoliberales y fascista induciendo la decisión del voto en la fragilidad ideológica de la clase media urbana y la irracionalidad del activismo racista.

Camacho participa en las elecciones el software  de victoria electoral para Carlos Mesa no aplicaría en la primera vuelta; si Camacho renuncia antes del jueves el Software de la segundad vuelta aplica en la primera. 

Santa Cruz, 13 de octubre de 2020Si

“FUE MI PADRE…” VERDAD O MENTIRA

 Por Carlos Lara

“Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido,…” (CPE, Artículo 144)

“La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, …”  (CPE. Artículo 251)

En noviembre del 2019 el Estado Plurinacional de Bolivia vivió eventos de alta violencia y de inestabilidad institucional donde las instancias del Estado Plurinacional llamadas a conservar la seguridad y la estabilidad del Estado, la defensa de la sociedad y la conservación del orden público  se vieron revueltas en disputas de orden político en contra del Órgano Ejecutivo Nacional.

Las dos instancias estatales; con competencias y atribuciones para actuar en situaciones como las que se vivió  la primera quincena de noviembre del pasado año, actuaron a decir de Fernando Camacho desde un acuerdo privado cerrado por su padre.

“Fue mi padre quien cerró con los militares… igualmente con los policías” dijo Camacho en su círculo político e hizo referencias a compromisos expuesto en el acuerdo. (Se cree que un punto del acuerdo se cumplió con la designación de Fernando López como Ministro de Defensa; el resto se supone de orden económico y distribución de mandos institucionales).

Curiosamente ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional se manifestaron de manera oficial, desmintiendo la afirmación de Camacho, y decimos desmintiendo porque es lo que corresponde hacerlo por el Honor de ambas instituciones, no haberlo hecho hasta la fecha es aceptar, para vergüenza ajena, que los mandos superiores y mandos medios de las Fuerza Armadas y la Policía funcionaron como instancias privadas de seguridad y al servicio de quien les pagó más y por ende, suponer que su rol durante los conflictos dejaron de ser constitucionales.

En consecuencia, … el silencio de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, como referencia política, da el mérito de la caída del Gobierno de Evo Morales a Fernando Camacho, sin que esto en los hechos mismos sea una verdad, sobre todo si los hechos tienen indicios que hacen suponer que fueron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional conjuntamente con el movimientos cívico cruceño quienes derrocaron al gobierno en noviembre del 2019 y quienes, además sostienen el actual gobierno de transición.   

Por lo anterior las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben una explicación a la población, y lo deben en razón al curso de las elecciones del 18 de octubre. Mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no desmientan la afirmación de Camacho, el temor a una nueva acción para derrocar al nuevo Gobierno en caso de que sea el MAS el partido el ganador de las próximas elecciones, estará latente.

Lo menos que queremos los bolivianos para nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es su silencio cómplice de la efímera vanagloria política.    

Santa Cruz, 23 de septiembre de 2020.     

SOBRE BESTIAS HUMANAS Y CIUDADANÍA

 

SOBRE BESTIAS HUMANAS Y CIUDADANÍA

“Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos. Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta” ¿Qué pretende el Presidente cívico cruceño Rómulo Calvo al organizar de esta forma una serie de conceptos aplaudidos y aceptados por la Asamblea de la Cruceñidad?  

Buscando explicación de la manera más ingenua y racional al discurso de Calvo se podría aclarar que ninguna bestia puede ser llamada humana, y que ningún humano puede ser llamado bestia. Igualmente si la Constitución Política del Estado dice que la ciudanía se adquiere con solo nacer en territorio boliviano o de padres bolivianos en caso de nacer en el extranjero es claro que nadie deja de ser ciudadano boliviano por actos diversos que realice, menos dejar de ser llamado ciudadano, a menos que se dé una renuncia a esta ciudadanía por parte interesada.

Seguimos explicándonos de manera ingenua y ahora en derecho sobre el discurso del cívico, “Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagaran esta afrenta”. Esto ya  es difícil de explicar objetivamente, pero si nos vamos hacia el campo de la metáfora; nos vemos en la idea de imaginar a la tierra, o Madre Tierra abriendo los brazos a un pequeño agricultor o a un agroindustrial. Nos imaginamos la bondadosa Madre Tierra dando a los humanos lo necesario de ella para producir riqueza, pero por alguna razón estos “seres” que reciben el favor de la Madre Tierra la ofenden, estos que la ofenden, según el cívico  son los Colonos, Para acercarnos a la realidad desde la metáfora acordemos que los colonos son aquellas personas que se naturalizan en un país donde no nacieron o no son originarios del mismo. Entonces no son colonos quienes son fundantes del Estado Plurinacional de Bolivia, es decir que siempre será un exabrupto  jurídico llamar colono a un Ayoreo, aymara, araona, baure, chiquitano, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré u otro miembro de una nación o pueblo indígena originario campesino que haya nacido en territorio boliviano. En cambio podría ser colonos quienes se naturalizaron como bolivianos habiendo nacido en Italia, Francia, Croacia, Yugoslavia, Brasil u otro territorio extranjero.

 

Aclaración necesaria:

En la Doctrina del Estado Plurinacional de Bolivia la Madre Tierra tiene derechos frente a la acción humana; y el ciudadano y los pueblos son sujetos de derechos y garantía constitucionales ante la abstracción de la organización estatal y sus instituciones. Mirando a la inversa la Constitución Política del Estado proclama derechos y garantía para todos los ciudadanos bolivianos en igualdad y sin discriminación de ninguna naturaleza; igualmente dignifica la vida y la naturaleza.

Conclusión

Con lo anterior solo cabe concluir que las declaraciones del cívico cruceño no fue lo que racionalmente se puede entender como acción de civismo y menos de correspondencia en derecho y garantía.

Finalmente es por demás evidente que el contenido discursivo del señor Rómulo Calvo no se sustenta en los principios constitucionales expuestos en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado; unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,  complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Y por último, la cita del discurso en mención es éticamente reprochable y racionalmente inconsistente.  

Santa Cruz, 13 de agosto de 2020

JUEGO ELECTORAL EN EL CAMINO AL PODER

 Cuando no hay mucho que decir en tanto ya lo dice la Constitución Política del Estado corresponde a la población y la ciudadanía esperar el adecuado cumplimiento de mandatos constitucionales por parte de los Órganos de Poder del Estado y las instituciones y, a estos últimos no jugar a cálculos políticos en el manejo inconstitucional de la cosa pública.

Igualmente cuando la población ejerce cálculos políticos y los hace en el marco de la Constitución Política del Estado, corresponde a las instituciones generar certidumbre y dar las garantías necesarias en derecho y ejercicio de ciudadanía, sean para quienes están en calidad de electores,  de elegidos o finalmente de ciudadano o comunidad de derecho político establecido en la CPE.  

Visto el comportamiento político desde la lupa de la Constitución Política del Estado los procesos electorales a nivel nacional y niveles autonómicos es lo más terminado que tenemos, es lo que se pudo normar en los últimos años, sobre todo en la determinación de tiempos, responsabilidades, asignación de recursos, transparencia, publicación de empiezos, finales, resultados y otros indicadores y variables que se puede citar como ejemplo para entender que otros procesos de mediano alcance también lo necesitarían.  

Si de algo nos pudimos apreciarnos los  bolivianos con la nueva constitución política del Estado y la lucha del pueblos boliviano es de haber sentado bases para el fortalecimiento de la vida democrática plural e intercultural, dando sustento real a la convivencia política desde la democracia directa y participativa, la democracia representativa, la democracia comunitaria y junto a esto instancias institucionales para  resolver conflictos desde la concertación a través de mecanismos creados para tal fin, entre los que citamos el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, junto a mecanismos deliberativos como el cabildo y la asambleas.

Sin embargo y en contra ruta con lo anterior hoy nos vemos ante una realidad de enfrentamiento e incertidumbre política electoral en razón a que los Órganos de Poder del Estado Plurinacional desconocen el avance jurídico en el ejercicio democrático y ejercicio de mandos estatales y, de manera particular el Ejecutivo actual centrado en cuatro o cinco ministerios, interesadamente y sin medir consecuencias se niega a concebir viable la normativa emergida de la democracia plural e intercultural y los mecanismos de concertación establecidos en la Constitución Política del Estado.

No es prudente entonces para la coyuntura actual inviabilizar un momento profundo de la democracia desde el lamento enfermizo de contraponer la democracia a la salud, o insistir en ver  erróneamente el mal donde no lo hubo, es decir ver a la normativa electoral en vigencia como causa de una supuesta desproporcionalidad representativa en los órganos de poder, o finalmente ver las elecciones nacionales en calidad de perdedores o percatarse de ello, y en razón a ello negarlas o evitar su realización. Y decimos que no es prudente por que las tres opciones mostradas nos están alejando de objetivos comunes y en contra-sentido de lo que se espera lograr desde la mirada honesta y sincera de la democracia plural e intercultural. 

Polarizar la vida democrática del país: juego del poder

No es necesario dar vueltas para explicar la polarización política en el país, pero lo que muchos no pueden ver es que esta polarización tiene solo una salida, independientemente del grado de violencia en las que se debata el actual conflicto.

Y esta salida única es la realización de las elecciones nacionales en el menor tiempo posible. Es decir que el juego ya empezó y termina con la realización de las elecciones, mientras a unos les interesa hacer hasta lo imposible para que este juego dure el mayor tiempo posible a otros les interesa su resolución inmediata.

Los movimientos sociales y sectores populares le pusieron tiempo a la duración del juego, es decir hasta el 6 de septiembre, sin embargo el 18 de octubre propuesto por el órgano electoral y el ejecutivo no es un tiempo real para finalizar el juego, es más bien un tiempo más  para que el juego no termine y se extienda hacia otras fechas y momentos favorables que a corto plazo no se visibiliza. Es esto la incertidumbre del accionar político.

Desde lo anterior se pone en claro que polarizar el conflicto político tiene la finalidad de alargar tiempos para su realización, acortar tiempos necesarios entre el inicio de campaña y la realización de las elecciones; así, si el conflicto se alarga no habrá tiempo para nuevo empadronamiento, no habrá tiempo para campañas y en ese sentido en razón a tiempos y plazos obligatorio las elecciones tendría que darse en otra fecha más allá del 18 de octubre. Pero además a lo que se está apuntando es a una nueva convocatoria en razón a que muchos partidos ya quedaron fuera de contienda antes de iniciarse la campaña electoral, unos por voluntad propia, otros por la realidad electoral analizada desde su curso diario y la correlación de fuerzas.  

Esto de jugar al alargue se ha puesto interesante pero lo que no está contando el Tribunal Electoral es que los sectores movilizados han puesto fecha y si no se resuelve esto hasta antes del 18 y, peor aún  a que se vean forzados a mover la fecha del 18 de octubre a noviembre o cosas parecidas  lo único que salvará la vida democrática es un nuevo ejecutivo devenido del conflicto antes de las elecciones nacionales.  Esto es en el peor de los casos y lo más sangriento que pueda darse un golpe civil policiaco miliar y el más democrático una sucesión constitucional para que en tres meses se pueda volver a la vida democrática.

La cancha está marcada para el nuevo ejecutivo y por lo descrito arriba, las elecciones se realizan antes del 18 de octubre o se negocia para que así sea o a mediano plazo es una junta policiaca militar, con sus consecuencias internacionales e internas adversas, o es la Asamblea Legislativa Plurinacional quien ocupara las funciones del nuevo Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Nota. El Presidente del Órgano Electoral dijo que no recibió aún el desembolso de parte del ejecutivo para la realización de las elecciones, eso hace ver que el dinero no hay y por tanto las elecciones tienen que esperar a que haya dinero… eso es una mala jugada, perversa y fuera de toda regla.

Santa Cruz, 10 de agosto de 2020

ULTIMÁTUM DEL RÉGIMEN CÍVICO – POLICIACO – MILITAR

 En el discurso o manifestó político de Jeanine Áñez, la presidente interina conminó al Tribunal Supremo Electoral que deje de cambiar fechas, “Al Tribunal Electoral le pido …. Sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones. Mover las fechas de las elecciones a libre antojo causa incertidumbre y además causa movilizaciones e inestabilidad política en el país”.

Esto en sí misma es la postura pública manifiesta de la determinación del equipo de Añez que establece su posición en el actual conflicto, es decir evidencia una postura cerrada y contraria a todo sano criterio  de negociación y respeto por la vida. Para el equipo ejecutivo la fecha de las elecciones ya no puede ser el 6 de septiembre, es decir que una vez tomada la decisión de postergarla no se puede volver atrás.

Pero tampoco el ejecutivo de Añez dará un paso atrás ya que para potenciar la postura  lo hace con un ultimátum a la COB y a los sectores movilizados. El ejecutivo conminó a que levanten los bloqueos o que si no lo hace serán las Fuerza Armadas y la Policía los que lo hagan. 

En estos puntos, constatan que lo que se está haciendo desde el ejecutivo es preparar a la Policía y Fuerzas Armadas para enfrentamientos desmedidos con sectores movilizados, y buscar aprobación en los sectores cívicos departamentales o regionales que tradicionalmente son apoyo político de sectores que históricamente excluyeron y discriminaros a pueblos indígenas, sectores obreros y campesinos, y lógicamente opositores radicales al Movimiento Al Socialismos.   

El argumento de dejar pasar ambulancias y oxígeno para intervenir y descalificar los bloqueos es de por lo más inconsistente, primero porque en los bloqueos se conoce que la COB instruyó dejar pasar ambulancias y camiones con  oxígenos y su cumplimiento ya se muestra en varios puntos de bloqueo, y segundo porque si este fuese  el objetivo supremo del ejecutivo, tendría que haber propuesto al Tribunal Supremo Electoral la atención a la demanda de los movilizados y la negociación ininterrumpida hasta lograr un acuerdo, sin embargo la postura del ejecutivo es la misma que asume el Tribunal Supremo Electoral después de la postergación, es decir postergar las elecciones para el 18 de octubre sin dar la certeza de que este sea la última de postergación. Por ahora lo del pico más alto de contagio en las fechas de elección nacional ya no son objeto de manejo mediático por parte del ejecutivo y este centra su mirada en la represión de los sectores movilizados.

Conclusiones:

1.       Tanto la pandemia  por el COVID 19, como la represión desmedida ha generado muertes, pero si lo de Senkata, Sacaba y Ovejuyo no significaron para Jeanine Áñez y los ministros de defensa y gobierno  enseñanzas sobre los que es reprimir a movilizados desde dos mandos subordinados a un equipo interinstitucional con orientación represiva y ajustados a un solo plano de violencia de odio y resentimiento, entonces lo único que se puede esperar es la tristeza realidad que solo traen las tragedia.

2.       El Órgano Ejecutivo lo menos que muestra es racionalidad y respeto por las instituciones del Estado Plurinacional; el afán permanente de desconocer a la Asamblea Legislativa, y enfrentar a ella con la población además de presionar al Tribunal Supremo Electoral y a instancias de Defensa de la Sociedad crea alta incertidumbre y vulneración de Derechos Humanos.

3.       Las Elecciones nacionales están lejos de ser medianamente favorables a las corrientes oficialistas lo que en definitiva los está llevando a extrema posturas tendientes a la negación de derechos constitucionales, inviabilizar la democratización del país y el uso de la violencia desde la acción policiaca – cívica y militar.

4.       El ejecutivo actual teme afrontar una situación postelectoral en razón a que las instituciones en un marco de legitimidad y legalidad actuará contra la gestión ilegal y corrupta de algunos ministerios y todos los excesos de poder ejercidos tanto por las policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios.

5.       Las demandas de los movilizados ya no son solo la fecha de las elecciones, sino que ya se sumaron la renuncia de la Presidenta Jeanine  Añez lo que hace que el conflicto sea más complejo negociarlo, pero no imposible. Si el tema es priorizar la vida, esta solo es posible atendiendo y negociando las demandas  de los sectores movilizados y de ninguna manera con el uso de violencia desmedidas por parte de la Policía y la Fuerzas Armadas.

Santa Cruz, 07 de agosto de 2020

 

 

REARTICULAR LA NEGADA MEDIA LUNA

Por: El Braka

La posesión por parte de Jeanine Añez a Branko Marinkovic Jovicevic, como Ministro de Planificación del Desarrollo demanda a verlo como línea política más que como línea de desarrollo planificado de la economía nacional.

Como un recuento rápido, recordemos que Marincovic, junto a Rubén Costas impulsó durante el primer quinquenio del presente siglo movilizaciones contra la designación directa de prefectos por parte del gobierno central en el marco de la vieja Constitución Política del Estado, oponiéndose a que desde La Paz, sede de Gobierno, sean estos elegidos. Igualmente participó a la cabeza de las movilizaciones cívico prefecturales buscando derrocar al Gobierno de Evo Morales y expulsar del Departamento de Santa Cruz a ciudadanos bolivianos de origen quechua y/o aimara, todo esto con el manejo simbólico de construcciones socio políticas de la “Nación Camba”.

Las manifestaciones que resultaron del manejo movilizador y simbólico si bien no configuraron con el tiempo una identidad sólida en la mayoría poblacional de Santa Cruz, por su composición pluricultural y diversidad socio económica resultado del fenómeno migratorio, es claro que  tuvo la fuerza para mantener vivó un espíritu de identidad regional y de rechazo con ribetes de racismo anti occidental institucionalizado y arraigado desde la manifestación cívica religiosa.

Branco Marincovic, tanto en el proceso constituyente, como en el proceso de construcción de los gobiernos autónomos departamentales mantuvo siempre una actitud radical y de oposición a toda concertación entre el nivel central y el nivel departamental. No racionalizó de manera positiva los acercamientos institucionales del occidente con el oriente.

El actual ministro de Planificación en su actividad política mostró siempre oposición a la nueva Constitución Política del Estado y al proyecto de Estado Plurinacional, desde esta mirada logró conformar el bloque de cívicos de hasta cinco departamentos a la cabeza de Santa Cruz autodenominándose la “Media Luna” este manejo manifiesto en la exclusión y discriminación estuvo siempre centrado contra los pueblos de origen quechua y aimara, pero también se fueron en contra de  pueblos indígenas de la región del Oriente Boliviano, principalmente cuando se opusieron de manera radical a la construcción de las autonomías indígenas. 

Con el perfil de liderazgo creado al interior de los movimientos cívicos prefecturales, desde el proyecto de la Media Luna se estableció líneas de acción separatista, líneas dirigidas a desmembrar Bolivia y plantear incluso proyectos separatistas y hasta anexionistas a la República del Brasil.  

Si bien un recuento de hechos podría referir con más certeza el perfil político, socio cultural y económico que encarna Marinkovic, no es menos cierto que desde este perfil ya podemos intuir lo que la señora Jeanine Añez busca generar al nombrar al incluir en su gabinete a Branco Marinkovic.

En realidad a Branco Marinkovic se lo incluye en el Gabinete, no porque sea necesario en la planificación del desarrollo nacional en sí mismo, el cargo de ministro en el área de planificación es determinación circunstancial, lo que se busca con su designación es re-direccionar las acciones del Órgano Ejecutivo; que él, es decir el ex cívico, viejo e histórico opositor al MAS esté en el Órgano Ejecutivo, como paradigma simbólico y con gente más afín proyecte política dura, con peso específico en la región de Santa Cruz.

Está por demás claro que, el manejo mediático y político de la Pandemia del COVD 19  ya no es suficiente y eficaz para justificar la postergación de la elecciones nacionales y es en razón de ello que el actual conflicto el gobierno lo está regionalizando e intentando darle significancia política a viejas diferencias regionales y de desarrollo económico. El ejecutivo a la cabeza de López, Murilllo y ahora Marinkovic buscan expandir el conflicto hacia la sociedad civil y junto a ello el apoyo y compromiso político de la agroindustria cruceña y del bloque neoliberal nacional, al igual que de las logias cruceñas y movimiento cívico de la olvidad “media luna”.

Santa Cruz, 05 de agosto

 

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: MEDICINA NATURAL Y ANCESTRAL, Y LA CUARENTENA POR EL COVID 19

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

La coyuntura en temas de salud muestra dos miradas generales de opinión y de intervención que en hechos prácticos pueden ser complementarias pero que la dinámica política y sus tiempos los enfrenta al grado de mostrarlos de sus tópicos irreconciliables.

Por razones de análisis es necesario agrupar componente de la dos miradas, un primer grupo de interacción social e institucional en las contradicciones generadas y no resueltas aún: el tema del uso del dióxido de cloro en la prevención y tratamiento de personas infectadas por el COVID 19 y el tema en el usos de la medicina tradicional en la prevención y atención de persona contagiadas por el COVID 19.

En el segundo grupo se puede poner el tema de la distancia social y la cuarentena en sus diferentes modalidades rígida, media o moderada aplicadas en la estrategia de minimizar la propagación del COVID 19 y el tema de actores de intervención en las políticas de intervención para evitar la propagación.

Lo que se pretende en el presente artículo es mostrar, desde la cotidianidad aspectos que ponen en duda e incertidumbre a los  mecanismos, situaciones y comportamiento del órgano Ejecutivo en el respeto y el cumplimiento de las garantías hacia el ámbito de los derechos constitucionales y derechos humanos.  

A primera instancia identificamos el siguiente marco legal al que mínimamente debe regirse y ajustarse el Ministerio de salud  para establecer acciones específicas en la lucha contra el COVID 19.

Desde el artículo 9 de la Constitución Política del Estado en el  numeral 5 se dice que son fines y funciones esenciales del Estado Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Y en artículo 18 amplia el principio de inclusión reforzando la no discriminación ni exclusión alguna en el acceso a la salud; “II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”

Y un punto para análisis del tema corresponde citar el numeral 9 del  artículo 30  de la CPE  sobre  la nación y pueblo indígena originario campesino donde se escribe que entre otros tantos derechos  está “…que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados”

Finalmente exponer en resumen narrativo la Sección II de la CPE sobre el Derecho a la Salud y la Seguridad Social que establece sus implementación institucional desde el Gobierno Nacional y gobiernos autónomos para garantizar la atención universal y políticas estatales y acciones de regulación de servicios públicos  y privados, prestación ininterrumpida, participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión del sistema público de salud.

Antes de iniciar el análisis propuesto transcribimos la cita en extenso del artículo 42 de la CPE “I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos. II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio”

Contradicciones identificadas en el análisis

Primera contradicción: agresión a la medicina tradicional y prácticas ancestrales.

Las noticias sobre los primeros casos del COVID 19 datan de la segunda quincena del mes de marzo, y la medida del Órgano Ejecutivo refiere a la tercera semana con la declaratoria Estado de emergencia sanitaria por COVID-19, cuyo objetivo principal fue el de evitar la propagación del virus. Esta declaratoria y todas las medidas posteriores asumidas para evitar la propagación en un balance actual no cumplieron su objetivo referido para el tema de la salud.

De manera paralela a las medidas de aislamiento social del ejecutivo, la opinión pública de la ciudadanía y sectores escépticos a la información vertidas por los medios y el gobierno plantearon fortalezas naturales y ancestrales de inmunidad biológica al virus.

Estos grupos escépticos a las medidas de cuarentena resaltaron la alimentación y las propiedades de la quinua, del chuño, de la papa, del maíz, la oca, el camote, el cañahue, la cebada esto por el lado del occidentes más hacia los valles, los llanos orientales y hasta a nivel nacional resaltaron como alternativas de tratamiento ante el contagio, el aloe vera, el ajo, los mates de jengibre, manzanilla, hojas de acerola, matico, cola de caballo, tila, diente de león y otros. Igualmente se plantearon terapias basadas en fricciones e inhalación de vapores de hojas de eucalipto, metas diversas y otras.

Estas referencias presentadas a lo largo de los últimos cuatro meses tienen su propia historia en el logro de la prevención y el tratamiento del COVID 19, y todas son de buen augurio y con los resultados en el marco de las expectativas de gran parte de la población.

En el marco de lo mencionado en párrafo anterior la prevención, atención y hasta curación del coronavirus tiene el antecedente y protocolo ancestral transmitido de generación en generación, tiene la historia clínica  de curas que nuestros pueblos indígenas, nuestros abuelos y tantos otras personas con formación y sin formación académica aplicaron por miles de años en lo resfríos, en el tratamiento de desajustes gastrointestinal, dolores muscular, calambres y cefaleas, eczemas, inflamación de encías, heridas y sinusitis, diarreas vómitos, preventivos a disfunciones  cardiovasculares entre otros cientos de problemas, enfermedades y dolencias.

Esta medicina es la que la Constitución Política del Estado manda a sus autoridades para que se las proteja, la promuevan y garanticen el respeto, uso, investigación y práctica, pero al contrario lo que se hace y se promueve desde el ejecutivo nacional es burlarse, restarle valor, perseguir y encarcelar a sus portavoces y divulgadores. Esto es a simple vista inconstitucional y en su ejercicio vulnera derechos naturales y constitucionales. Se está penalizando las prácticas de la medicina natural y ancestral.

Segunda contradicción: El deterioro de la salud pública y lucro desmedido no es dar prioridad a la vida y la salud

La cuarentena se dio a fin de dar un tiempo necesario al ejecutivo y potenciar el sistema de salud destinando recursos importantes y necesarios para activar un sistema de salud preventiva de atención y curativa del CODID 19. A más de cuatro meses este hecho no se ha visto materializado y por el contrario lo que se ha dado es el debilitamiento del sistema de salud nacional y el colapso del sistema hospitalario.

Es probable que de por medio, la sociedad pueda recurrir a encontrar entre las causas a la situación de colapso del sistema hospitalarios a la corrupción en la compra de respiradores, importación de insumos de bioseguridad y medicamentos pero, al margen de cualquier criterio que considere la corrupción, ya es casi innegable que la gestión administrativa y las acciones operativas por parte del órgano ejecutivo en ningún momento potenciaron el sistema de salud pública y menos el  sistema de salud en términos generales.

Está de por más evidente que el sistema hospitalario colapsó, pero lo preocupante es que el sistema hospitalario fue disminuido en su capacidad de atención a patologías ajenas  COVID 19. Se evidencia descuido en la atención de personas embarazadas, diabéticas, problemas cardiacos, traumatología, gastrointestinales entre otras, y el statu quo de medicina interna, es decir que toda atención integral del enfermo, el diagnóstico y el tratamiento enfermedades que afectan a órganos y sistemas internos, y la prevención están descuidadas y sin seguimiento y control por parte del Estado.

El sistema privado de salud y comercialización de medicamentos no está bajo control del Estado y en ese entendido el servicio de la salud y la industria e importación de medicamentos son las actividades más lucrativas de los últimos meses, y los es además por ser una de las pocas actividades liberadas de todo control y represión estatal.

La Salud pública vista desde el ejecutivo actualmente no garantiza condiciones de vida y trabajo; restringe la capacidad laboral y disminuye la expectativa de vida. Las medidas de represión como eje estratégico en la intervención en la prevención del COVID 19  está lejos de  constituirse en políticas coherentes y medidas estatales, económica, socio educativas, médico-sanitarias para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades, está lejos de ser una medida que garantice la disminución de la mortalidad y morbilidad, en realidad, está lejos de ser política que priorice la vida.

El dilema del Dióxido de cloro

Las propiedades de uso y consumo de minerales en medicina terapéutica y curativa son tan antiguos como las mismas antiguas civilizaciones y estudios médicos expuestos.

La sociedad moderna recurre igualmente a ellos en su alimentación cotidiana y en casos particulares para fortalecer el sistema inmunológico y regular funciones de órganos del cuerpo humano.   

El caso es que mientras el Ejecutivo desde el ministerio de salud no solo lo prohíbe, sino que lo sataniza, el legislativo considera legal y necesaria su producción.

Los testimonios generales dan cuenta de las virtudes y la efectividad en el tratamiento y la prevención del COVID 19, pero el caso es que el ejecutivo se propone encarcelar  a quienes promuevan el consumo.

Asumir un punto de vista contrario al uso del Dióxido de cloro pone al ejecutivo y al Ministro de Salud Interino en el dilema de defender la vida exclusivamente desde la cuarentena y la terapia intensiva o darle una real importancia a la medicina tradicional, preventiva y curativa.    

Superación de las contradicciones; desde la participación ciudadana y responsabilidad institucional. 

En muchos centros hospitalarios y gobiernos autónomos, principalmente de provincias no capitales del departamento la crisis sanitaria está medianamente sino debidamente gestionada y se constituye en una oportunidad para superar las limitaciones con las que se enfrentaba antes de la pandemia.

La participación ciudadana, las medidas de presión y movilizaciones,  ajustadas a las necesidades de mejorar y recibir atención del sistema de salud pública han proyectado la inversión  mediana en infraestructura, la dotación de ítems y ajustes administrativos en el uso de recursos económicos.

Desde la participación ciudadana y decisiones transmitidas por redes sociales, en reuniones comunitarias e intercambio; el tema preventivo se ha fortalecido  con prácticas de medicina natural, cambios de hábitos de alimentación y fortalecimiento del sistema inmunológico desde alimentación alternativa.

La sociedad civil y comunidades rurales han creado su propio tratamiento y protocolo casero desde los aspectos de la medicina preventiva, consumo diario de mates a cambio de coca cola y otras gaseosas, inhalaciones de vapores a cambio de fármacos expectorantes y Antitusígenos,  comidas caseras y familiarmente balanceada a cambio de comida chatarra; de fortaleciendo su sistema inmune desde la alimentación sana y rica en alimentos con propiedades antioxidantes, antipiréticas, anticoagulantes y contra cólicos, y medicina natural y  alternativa, liberalización de vida en altos centros con carga viral sin eximirse del contacto social; manteniendo las relaciones cotidianas sin aislamiento traumático en comunidad de bajo contagio.

Se trata en sí de protocolos caseros de vida cotidiana en la prevención del COVID 19 y en el camino de una vida saludable y natural. 

Conclusión necesaria

Son vastos los testimonios de curaciones del COVID 19 mediante la medicina natural y el uso del Dióxido de cloro, por lo que cerrar los ojos a esta realidad no lleva más que a negar el apoyo que siempre ha sido la medicina natural para para medicina clínica

No se ve como medida racional burlarse, mofarse y negar el valor preventivo y terapéutico de la medicina natural y la medicina tradicional

Lo importante en la prevención del COVID 19 de resolver la gestión de la salud desde el mandato constitucional es decir entender la calidad de vida y la vida sana desde su componentes de superación de la pobreza extrema y media, medicina preventiva fundamentalmente desde la participación comunitaria y ciudadana, atención y curación, estos últimos desde la red y estructura de salud pública.

Es necesario que la cabeza del sector en temas de salud y principalmente en tiempos de COVID 19 vuelva al Ministerio de Salud y no  siga de facto con los Ministerios de Gobierno, Defensa y Presidencia.

El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

Finalmente frente al colapso del sistema hospitalario es claro que las patologías consideradas con alto índice de morbilidad hoy se vean aumentadas, en estas condiciones una peritonitis o una infección intestinal, o una diarrea crónica al no tener centro de atención es extremadamente mortal.

Santa Cruz, 4 de agosto de 2020

 

¿BOLIVIA AL BORDE DE UNA CONVULSIÓN?

Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte

La determinación del Cabildo realizado en El Alto ayer 28 de julio del presente, amerita ensayar un campo especulativo poniendo en contraparte la gestión del conflicto del Órgano Ejecutivo para fundamentar posibles desenlaces de la conflictividad que puede generarse por las postergación de las elecciones nacionales en  Bolivia y poner a Bolivia al borde de una convulsión y violencia social contra del Gobierno central y con consecuencias en los Órganos del Estado y Gobiernos Autónomos.

En las próximas semanas sabremos si no dialogar y dejar de atender la conflictividad generadas desde la postergación de las elecciones es un Romerazo o Añenazo con sabor a Mamertazo, o simplemente un caso más de cientos de demandas sociales no atendidas por el Gobierno.

Contextualización institucional en la conflictividad popular.

Los conflictos políticos y sociales en razón a las elecciones nacionales de octubre de 2019 tuvieron un curso enmarcadas en la gestión institucional de los órganos de poder estatal en sus diversas instancias, esto por un lado; y por otro los conflictos se dieron en razón a las demandas y acciones ciudadanas en sus diversas manifestaciones y niveles de violencia creciente y decreciente. Esto es lo que caracterizó la conflictividad de los 14 años que le tocó gobernar a Evo Morales; las instituciones hacían gestión en el marco de sus competencias y atribuciones y los sectores demandantes presentaban propuestas, gestionaban ante instancias competentes y frente al incumplimiento y negligencia ejecutiva, administrativa u operativa las medidas de presión asumían su espacio en la lucha y demanda democrática y concertada finalmente.

No es exagerado afirmar que en la mirada del conflicto durante los 14 años se fue construyendo gobernabilidad y gobernanza, donde los sectores populares, obreros y campesinos lograron cierto nivel de confort, ajunto  al empoderamiento  social en las reglas de una democracia participativa, representativa y directa.  

Para la organizaciones sociales y el movimiento obrero, el ejercicio del diálogo, el debate, la concertación y la acción no se ajustan a reglas estatales ni a Derecho Positivo, es más bien un Derecho Natural dialéctico que se nutre de sus contradicciones internas y secundarias, ante esta determinación clasista e histórica  durante los últimos años que la COB acompañó la gestión estatal la COB no pudo nutrirse desde sus contradicciones internas y optó hacer política desde las contradicciones de la administración del Estado. Esa es la Lógica y dialéctica que entendió y transmitió el gobierno de Evo Morales, para avanzar con el proceso de cambio y la Revolución Democrática y Cultural, para esto fue propósito necesario fundir el proyecto de la COB a la de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y de los sectores populares componentes matrices del pacto de Unidad, en razón a los nuevos preceptos constitucionales nacido y creado en la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución Política del Estado.

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional es el marco de desarrollo económico político y social que marca el Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural. Gobernados y gobernantes entendieron siempre esto, y en la medida en que se fue profundizando el Cambio y la Revolución también se fue fortaleciendo el contra-cambio y la contra-revolución política y por ende el apoyo a la gestión estatal y el rechazo al mismo, al grado de promover, en el sector de rechazo, en la reacción, la negación del Estado Plurinacional enarbolando el retorno a la institucionalidad y proyecto de país y nación única de la vieja República Boliviana.

Haciendo referencia a las leyes de la naturaleza y al materialismo histórico sabemos que restaurar el pasado es imposible y menos restaurar la vieja institucionalidad de la vieja República Boliviana; imposibilidad que no determina en sí misma la negación de la acción reaccionaria con la fuerza del viejo poder y fortalecido por nuevos agentes, realidades y necesidades políticas, económicas y sociales que exige el nuevo orden mundial.

Desde este eje de exposición no es complejo explicar la caída de Evo Morales y al mismo tiempo predecir la caída del régimen policiaco-militar a la cabeza del gobierno civil transitorio.

Caída de Evo Morales

Del 20 de octubre a la primera semana de noviembre el órgano ejecutivo del Gobierno de Evo Morales se mantuvo compacto, pero dos de las instituciones más representativas del  ministerio de Defensa y de Gobierno, en sus mandos superiores para estas fechas ya habría sido cooptado por corrientes opositoras; Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este hecho es de conocimiento público.

Ahora nos preguntamos  qué papel jugaron las fuerzas armadas y la policía nacional fracturando el régimen de Evo Morales y desmarcándose del Estado Plurinacional en adhesión a la vieja República Boliviana y a las fuerzas de la reacción y representantes del neoliberalismo. Sin duda que no fueron en líneas del mandato constitucional y, en consecuencia sus acciones fueron acciones políticas para tomar el mando del órgano ejecutivo del país. En el momento de la renuncia de Evo Morales estas dos instancias institucionales no solo abandonaron la responsabilidad el mantener el orden público y la seguridad nacional, ante la convulsión social y la injerencia de intereses transnacionales como a la fecha ya están identificados, sino que asumieron protagonismos y asumieron atribuciones del Órgano legislativo del Estado Plurinacional  posicionando un mandato presidencial no elegido por voto popular ni designado en sucesión constitucional de Derecho. Este momento maraca es el principio de la parcial desinstitucionalización del estado Plurinacional y replanteo de la lucha obrero campesino y popular.

La lucha obrero campesino y popular contra las Fuerza Armadas y la Policía Nacional

La demanda y medidas de presión implementadas por sectores obreros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana; la de los campesinos lideradas por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la de los Pueblos Originarios e Indígenas aglutinados por el Consejo Nacional de Ayllus y Marca de Q´ollasuyo y la CIDOB, y otros sectores populares aglutinados en Juntas Vecinales y Auto-convocados tienen la plena certeza y conocimiento de que al frente están dos instancias armadas de represión y opresión a quienes tienen que enfrentar. Este Bloque Popular Revolucionario se encuentra con el discurso radical y propositivo en la acción violenta y revolucionaria que recuerdan las gloriosas jornadas de lucha, de mineros, campesinos, estudiantes y clase medias revolucionarias  a la cabeza de la COB en tiempos de Juan Lechín Oquendo, Genaro Flores y otros líderes que derrotaron a la “Bota Militar” desde el bloqueo de carreteras, las movilizaciones y la huelga general indefinida.  Pero también los nuevos liderazgos campesinos y de pueblos originarios tendrán el propósito de no interrumpir el avance de transformación institucional propuesto a favor de los pueblos indígenas en objeto político de consolidar el proyecto de Nación y autodeterminación propia truncada aun antes de la caída de Evo Morales.

Disfunción institucional del Órgano Ejecutivo en el Estado Plurinacional.   

Con el posicionamiento de un nuevo Órgano Ejecutivo posterior a la caída de Evo Morales, los ministerios fueron expuestos a cambios de servidores públicos y en esa medida los proyectos que se implementaban en favor de la sociedad civil fueron truncados, pese a que en los acuerdos de pacificación entre el Gobierno y el Pacto de Unidad, la COB y Juntas Vecinales explícitamente acordaron continuarlos. De la misma manera el potencial de la estructura del Órgano Ejecutivo fue reducida quitando ministerios que sostenían la superestructura  del Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural.

De igual manera el carácter de planificación y ejes centrales de los ministerios en cuanto a cabezas de sector fueron reducidos a casi nada, centrando la gestión del Estado en seis ministerios: el de Relaciones Exteriores, el de Gobierno, de Defensa, de Salud, de la Presidencia y de Economía.    

Sobre estos cinco ministerios están las responsabilidades sustanciales del Órgano Ejecutivo actual, y en ese entendido la asignación de recursos y fortalecimiento  son dirigidos a fortalecer la acción de estos ministerios y mantener una situación de pandemia y de conflicto social.

En estas generalidades es claro ver que la demanda social se topa ante una situación de disfuncionalidad institucional del Órgano Ejecutivo y en consecuencia ante el cierre de gestión a favor de las necesidades de las organizaciones sociales, sectores organizados, trabajadores, campesinos y Pueblos y Naciones Indígenas Originaria Campesina. Pero esto también empieza a cerrar las posibilidades de apoyo estatal a emprendimientos  de la Pequeña y mediana industria, a generar situación complicadas al sector bancario, industrial y comercial.

Es la disfuncionalidad que ha sesgado toda relación, ya toda gestión está supeditada a las seis instancias ministeriales sin competencia específica  para atender el amplio campo de la demanda social y Gestión Pública, y es así que se sale de control del Órgano Ejecutivo la regulación y el control del comercio farmacéutico, la atención médica y sus costos, la política impositiva, el calendario escolar y el disfrute mismo de la vida en sus más amplio sentido del Vivir Bien.  Y en este último concepto, el de vivir bien que radica la prueba más latente de que el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional  no solo intenta neutralizar el Proceso de Cambio y la Revolución Democrática y Cultural, sino también el principio fundante de la Constitución Política del Estado; El Vivir Bien.  

Gestión de la conflictividad. 

 La disfunción del Órgano Ejecutivo, potenciando la negligencia por la obsesión de Arturo Murillo, Fernando López, Iván Ärias, Yerko Núñez, Karen Logaric y Jeanine  Áñez de ver a Evo Morales en toda demanda social, son aspectos que descubren la nula voluntad de gestión pública a favor de los sectores mayoritarios, que en los hechos mismos solo pueden circundar la gestión inefectiva del Estado.

La historia de Bolivia se ilustra por gestiones que en sus años de vida los sectores excluidos, necesitados y abandonados no fueron favorecidos por el sector público menos por el privado, esta ilustración fue cambiada desde el Proceso de Cambio, la Revolución Democrática y Cultural, el Vivir Bien y la transformación, desburocratización, descentralización y modernización institucional marcada desde la Constitución Política del Estado. Las mayorías no pueden ir en contra todo esto y menos dejar que siga ocurriendo de la manera más caótica, por ello el reordenamiento institucional desde unas nuevas elecciones nacionales es una opción, si estas elecciones no ocurren en marcos y tiempos establecidos constitucionalmente el conflicto y su ascenso a niveles de violencia es inminente, y las consecuencias impredecibles.

Corresponde que al menos a estas alturas el Órgano Ejecutivo entienda la Gestión del Conflicto y descarte el enfrentamiento del pueblo con las Fuerzas Armadas y la Policía donde la proyección será de la victoria de obreros campesinos, naciones originarias y clases medias revolucionarias. Será victoria pírrica, pero victoria desde la acción violenta a la que los oprimidos y explotados de Bolivia.

Si el Órgano Ejecutivo aún no ha entendido el carácter de la violencia de obreros campesinos naciones originarias y clase medias revolucionarias, al menos que consulten con sus aliados de CONADE para que los ilustren y no cometan el error de postergar las elecciones y sostenerla con el uso de la fuerza policiaca militar.

Romerazso o Añerazo con sabor a mamertazo           

Finalmente solo recordar el Órgano Ejecutivo y al Órgano Electoral  que con resultados y decisiones populares no es conveniente jugar. En la revolución del 52 los historiadores saben que las cosas que gatillaron el levantamiento fue una mala decisión de coyuntura.   

 Santa Cruz, 29 de julio de 2020

GOBIERNO VS. DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte

Durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año y el primer trimestre del presente, activistas reaccionarios y neoliberales  entre ellos ex Defensores del Pueblo, funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y otros conocidos como “pititas” y motoqueros se propusieron cerrar y tomar la Defensoría del Pueblo con la finalidad de anular e inviabilizar toda acción legal en Defensa de los Derechos Humanos y la denuncia internacional de vulneración de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia. En las ciudades de La Paz y Cochabamba los “pititas y grupos civiles armados  cercaron las entradas a las oficinas de la Defensoría del Pueblo e interfiriendo acciones defensoriales a favor del ciudadano peticionario. Pero no lo lograron.

De manera similar diputados que hoy fungen  de oficialistas no atinaron en plantear la vía correcta para designar una nueva Defensora o nuevo Defensor del Pueblo, ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional en mérito a la defensa de los Derechos Humanos ratifique a la Dra. Nadia Cruz como Defensora del Pueblo, posibilidad a la que no quisieron exponerse.

De hecho la única vía segura que aparentemente aplica el gobierno transitorio son la de intervenir las instituciones, porque así lo hicieron con el ejecutivo, lo hicieron con instituciones descentralizadas, con la Procuraduría y la Contraloría, y lo hicieron con SEDES y no conformes para prorrogar el mando del Estado  buscan cerrar la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Para el caso, en favor de la Defensoría del Pueblo no solo en Bolivia sino en otros países donde existen Defensorías, no procede las intervenciones y es que estas instituciones están protegidas por resoluciones y recomendaciones de organizaciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa; y si el Gobierno de Bolivia considera ignorar las resoluciones y recomendaciones puede verse ante  efectos y consecuencias significativas que afecten el derecho internacional y el derecho de los pueblos y naciones, entendiendo que las  resoluciones y recomendaciones son portadoras de autoridad moral y política.

Lo mejor que puede hacer el gobierno en este periodo de transición es empezar a respetar la vida institucional, sus formas y mecanismos de autonomía coordinación e independencia, en tanto sean constitucionales y de derecho, esto para no verse enfrentada a la sociedad y a quienes consideran sus derechos vulnerados.

Con lo anterior es prudente advertir que intervenir a la fuerza y desestructurar instituciones de defensa de la sociedad cuando está consolidada es desestructurar el Estado de Derecho y eso es sinónimo de convulsión social.

Santa Cruz, 24 de julio de 2020