Por: Carlos Alejandro Lara
Ugarte
Durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año y el primer
trimestre del presente, activistas reaccionarios y neoliberales entre ellos ex Defensores del Pueblo,
funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y otros conocidos como
“pititas” y motoqueros se propusieron cerrar y tomar la Defensoría del Pueblo
con la finalidad de anular e inviabilizar toda acción legal en Defensa de los
Derechos Humanos y la denuncia internacional de vulneración de los Derechos
Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia. En las ciudades de La Paz y
Cochabamba los “pititas y grupos civiles armados cercaron las entradas a las oficinas de la
Defensoría del Pueblo e interfiriendo acciones defensoriales a favor del ciudadano
peticionario. Pero no lo lograron.
De manera similar diputados que hoy fungen
de oficialistas no atinaron en plantear la vía correcta para designar
una nueva Defensora o nuevo Defensor del Pueblo, ante la posibilidad de que la
Asamblea Legislativa Plurinacional en mérito a la defensa de los Derechos
Humanos ratifique a la Dra. Nadia Cruz como Defensora del Pueblo, posibilidad a
la que no quisieron exponerse.
De hecho la única vía segura que aparentemente aplica el gobierno
transitorio son la de intervenir las instituciones, porque así lo hicieron con
el ejecutivo, lo hicieron con instituciones descentralizadas, con la
Procuraduría y la Contraloría, y lo hicieron con SEDES y no conformes para
prorrogar el mando del Estado buscan cerrar
la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Para el caso,
en favor de la Defensoría del Pueblo no solo en Bolivia sino en otros países
donde existen Defensorías, no procede las intervenciones y es que estas
instituciones están protegidas por resoluciones y recomendaciones de organizaciones
internacionales como la ONU y el Consejo de Europa; y si el Gobierno de Bolivia
considera ignorar las resoluciones y recomendaciones puede verse ante efectos y consecuencias significativas que
afecten el derecho internacional y el derecho de los pueblos y naciones,
entendiendo que las resoluciones y
recomendaciones son portadoras de autoridad moral y política.
Lo mejor que puede
hacer el gobierno en este periodo de transición es empezar a respetar la vida
institucional, sus formas y mecanismos de autonomía coordinación e
independencia, en tanto sean constitucionales y de derecho, esto para no verse
enfrentada a la sociedad y a quienes consideran sus derechos vulnerados.
Con lo anterior es
prudente advertir que intervenir a la fuerza y desestructurar instituciones de
defensa de la sociedad cuando está consolidada es desestructurar el Estado de
Derecho y eso es sinónimo de convulsión social.
Santa Cruz, 24 de julio de 2020
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