ETERNAMENTE EXCLUYENTES
La oposición al gobierno de Evo Morales (Cívicos cruceños y prefectura) desde una serie de pasos mediáticos jugaron su última carta para inducir a la población hacia el NO en la consulta para aprobar o no la nueva Constitución Política del Estado.
Con la utilización de propaganda solicitada y difusión alternativa en las calles (Volantes, pancartas y otros) lograron que en los medios de comunicación masiva se debata consignas en alusión a supuestos antagónicos: Dios y Evo. Para ilustrar este antagonismo contraponen la imagen de Cristo en actitud esperanzadora y la imagen de Evo Morales con la indumentaria del Inca durante la posesión (como el primer presidente indígena) en el templo de Kalasasaya en la población del Tihuanaco.
En los volantes se afirma que la propuesta constitucional abre las puertas (extraña preocupación) a la legalización del aborto y al matrimonio homosexual. Pero también se presentan como luchadores democráticos y cruzados heroicos cuando vaticinan persecución política y confiscación de bienes de los cristianos y de los creyentes en Dios después de la aprobación del nuevo texto constitucional. A manera de síntesis de todas estas afirmaciones se oponen al “desalojo de Dios” de la República Boliviana desde la consigna del “No a la constitución masista”.
Sin embargo quién lea la propuesta constitucional no encontrará un solo artículo que sirva de sostén racional y positivo para concluir que desde el proyecto constitucional se esté sometiendo a consulta o veredicto final la decisión del pueblo para decir si o no a las preocupaciones planteadas anteriormente.
La intención del presente escrito no es poner en discusión la existencia o no de Dios, o de cuestionar la fe hacia Dios e íconos sacros o religiosos de los creyentes, es más bien descubrir el proyecto de exclusión y de conculcación de derechos a los oprimidos y sectores marginados hasta ahora por parte de una clase dominante que se resiste tenazmente a los cambios.
Sobre la legalización del aborto ningún entendido en la materia ignora que es un tema que por mucho tiempo ha estado y estará debatiéndose entre la postura de corrientes conservadoras y las demandas de sectores liberales y activistas feministas de la sociedad y que (necesariamente) deberá ser tratado a lo largo del desarrollo y evolución histórica de la sociedad desde el derecho consuetudinario y sacro y la jurisprudencia (Derecho positivo) nacional e internacional. El aborto (en el marco de todo principio humano y de desarrollo social constituida en Estado) se convierte en problema (socioeconómico y cultural) que la institucionalidad del Estado no puede evadir, pero que a la cual (solo por desacreditar el texto constitucional) la oposición quiere restarle importancia real deslindando (ocasionalmente e interesadamente) responsabilidades desde la distorsión del problema para repuntar políticamente asumiendo un moralismo dual y una ética ficticia tendiente a reconstruir viejas superestructuras de dominación estatal (que nada tiene que ver con el reino celestial cristiano o el misterio de la resurrección)
El artículo 66 de la nueva Constitución Política del Estado (al cual la oposición alude) expresa la garantía constitucional para que las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Es esto acaso legalizar el aborto o abrir las puertas al aborto? ¿Es ir contra Dios?
Lo que la oposición realmente objeta de la nueva constitución es la incorporación de los “Derechos Sexuales y Reproductivos” en el constitucionalismo e induce (con fines políticos) a los “beatos y beatas” opositores y seguidores del Comité Cívico y la prefectura cruceña a proponerles que estos derechos (sexuales y reproductivos) sigan moviéndose en el ámbito de la censura religiosa con objeto de seguir ocultando la “verdad” y la realidad al mejor estilo del medioevo. Para desgracia de la oposición la sociedad y las concepciones sobre la vida han evolucionado (también la iglesia) dejando a la inquisición y al Estado monárquico en la postrimerías negras de la historia como obstáculo y experiencia superada por la civilización. La iglesia (como institución) desde ningún Estado soberano y liberal intenta ya en constituirse en un oráculo de derechos constitucionales (y menos bajo el auspicio de una oposición que la utiliza) Y lógicamente sobre los volantes y el spot, la representación oficial de la iglesia católica en Bolivia expreso su rechazo y negó cualquier vínculo al tema planteado por los opositores y autores de la mencionada campaña contra la constitución.
Y volviendo al tema del aborto; el aborto no está legalizado en la actual constitución y tampoco estará legalizado después de la aprobación de la propuesta, y es que la solución al problema del aborto (porque en verdad es un grave problema) no se encuentra en su legalización o no, sin embargo es claro que empeora paulatinamente si desde el constitucionalismo se desconoce los derechos sexuales y reproductivos del los hombre y las mujeres, en ese sentido el artículo 66 a la propuesta ayuda a afrontar y prevenir institucionalmente el embarazo no deseado para disminuir la frecuencia de abortos practicados y abre (ahora si) un puerta a la necesidad de una educación sobre los derechos sexuales y reproductivos.
El siguiente dato es ilustrador. En un reportaje de Full TV en la Maternidad “Percy Boland” de la ciudad de Santa Cruz, el director Dr. Raúl Hevia estimaba que atienden trece abortos provocados; por día (aunque este número según los expertos debe ser multiplicado por 10). En el mismo hospital se estima treinta y dos nacimientos entre parto normal y con cesárea por día. Estamos hablando de una tercera parte de abortos provocados frente a los niños y niñas nacidos vivos.
No queremos escudriñar mucho estos datos, pero es inevitable concluir rápidamente que la educación sexual y reproductiva en el ámbito de un Estado con religión oficial no ha optimizado y preparado adecuadamente a la mujer y al hombre boliviano en el goce y la plenitud sexual y reproductiva y es posible que tampoco lo haga sin una religión oficial, pero se hace evidente que garantizando los derechos sexuales y reproductivos se prepara una base constitucional para abordar la educación sexual sin trabas y prejuicios de una corriente extremadamente conservadora e inquisidora. Reafirmamos que sería extremadamente inocente creer que liberar al Estado de una religión oficial sea la solución al aborto, sin embargo garantizar los derechos sexuales y reproductivos (lo repetimos) siempre será un paso positivo que ayude a encarar el complejo problema del aborto y abordarlo institucionalmente desde la educación regular y la alternativa. Las garantías a los derechos mencionados no pueden ser negados o satanizados desde la opinión callejera y menos utilizarlos (acoplando un sentimiento de fe) para desgastar el proceso de cambio propuesto desde la Asamblea Constituyente. Esto es simplemente perversidad o fijación obsesiva de la oposición.
Con una parte de los anteriores argumentos es factible introducirnos a tocar el otro complejo tema de Matrimonio entre homosexuales y que de ninguna manera los menciona la propuesta de la NCPE, pero si los que se oponen al texto constitucional.
La propuesta constitucional establece el matrimonio ligado a los derechos de las familias y sin perturbar el derecho individual o colectivo. “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye en un vínculo jurídico y se basa en la igualdad de derecho y deberes de los cónyuges” (Artículo 63 de la NCPE)
El matrimonio entre homosexuales es inexistente en la jurisprudencia propuesta y analizadas (la supuesta legalización) desde la lógica opositora nos encontramos con rasgos parecidos al de su reticencia al aborto. Los opositores se apoyan en el artículo donde se dice que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta constitución, sin distinción alguna” (Artículo 14). En el inciso dos del artículo continúa “El estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género…” (Las negritas son nuestras)
La oposición quiere dejar sin derechos a los homosexuales y lo peor presentarlos en la constitución como parias, es decir considerarlos ciudadanos sin derechos ya no solo sexuales y reproductivos, sino religiosos.
La crítica al matrimonio homosexual es sencillamente una actitud más de exclusión (junto a otras tantas) de las fuerzas conservadoras y reaccionarias que se oponen al nuevo texto constitucional. Se dieron cuenta que ahora los indígenas, originarios y campesinos juntota otros sectores están incluidos en el nuevo Estado boliviano y buscan nuevas víctimas sociales.
De poder y políticamente hablando, el Comité Cívico y la prefectura cruceña junto a sus aliados en los otros ocho departamentos quieren parar o detener la suma y el aporte al SI de sectores que por años fueron excluidos de los beneficios del Estado y de la protección de éste, por ello recurren a proteger (ya no ha ganar) su voto duro. Definitivamente es claro que no pueden detener el crecimiento (lento pero seguro) del Si en Santa Cruz y su última carta para este periodo es utilizar a Dios aun esto les cueste una fuerte observación de parte de la jerarquía eclesial y de la población crítica y racionalmente creyente.
Recordando que la institución matrimonial esta reservada solo a una mujer y un hombre en matrimonio, el Estado desde el concepto de ciudadanía y el derecho individual constitucionalizado (no como resultado de un contrato jurídico como es el matrimonio) no excluye a grupos humanos de los derechos constitucionales, en él por ninguna razón se puede excluir de alguno de ellos a los homosexuales, así como no puede hacerlo con los ancianos, las mujeres, las personas con discapacidades, los pandilleros, los privados de libertad, etc., todos los ciudadanos bolivianos deben gozar la protección del Estado en el ejercicio de sus derechos y garantías individuales.
Ahora en cuanto a la persecución política y la confiscación de bienes el temor solo, puede ser manifiesto en los grupos de poder y las logias que quieren eternizarse excluyendo y discriminando, sin ser sancionados y entrar a regimenes de una prohibición constititucionalizada. Igualmente sólo una minoría privilegiada por otros gobiernos puede temer a la confiscación de “sus bienes” y solo en la medida en que estos hayan sido adquiridos o acumulados de manera ilegal o por medio de la apropiación indebida de bienes fiscales, pero y jamás porque son cristianos emprendedores y respetuosos de la ley.
Toda esta campaña no hace más que mostrarnos una clase política que no quiere vivir la rica experiencia de la igualdad ante la Ley en un Estado social de derecho democrático y plural.
Estamos frente a una oposición eternamente excluyente, que quiere solamente “eternizar la exclusión y la discriminación” manteniendo el status quo vigente.
Con la utilización de propaganda solicitada y difusión alternativa en las calles (Volantes, pancartas y otros) lograron que en los medios de comunicación masiva se debata consignas en alusión a supuestos antagónicos: Dios y Evo. Para ilustrar este antagonismo contraponen la imagen de Cristo en actitud esperanzadora y la imagen de Evo Morales con la indumentaria del Inca durante la posesión (como el primer presidente indígena) en el templo de Kalasasaya en la población del Tihuanaco.
En los volantes se afirma que la propuesta constitucional abre las puertas (extraña preocupación) a la legalización del aborto y al matrimonio homosexual. Pero también se presentan como luchadores democráticos y cruzados heroicos cuando vaticinan persecución política y confiscación de bienes de los cristianos y de los creyentes en Dios después de la aprobación del nuevo texto constitucional. A manera de síntesis de todas estas afirmaciones se oponen al “desalojo de Dios” de la República Boliviana desde la consigna del “No a la constitución masista”.
Sin embargo quién lea la propuesta constitucional no encontrará un solo artículo que sirva de sostén racional y positivo para concluir que desde el proyecto constitucional se esté sometiendo a consulta o veredicto final la decisión del pueblo para decir si o no a las preocupaciones planteadas anteriormente.
La intención del presente escrito no es poner en discusión la existencia o no de Dios, o de cuestionar la fe hacia Dios e íconos sacros o religiosos de los creyentes, es más bien descubrir el proyecto de exclusión y de conculcación de derechos a los oprimidos y sectores marginados hasta ahora por parte de una clase dominante que se resiste tenazmente a los cambios.
Sobre la legalización del aborto ningún entendido en la materia ignora que es un tema que por mucho tiempo ha estado y estará debatiéndose entre la postura de corrientes conservadoras y las demandas de sectores liberales y activistas feministas de la sociedad y que (necesariamente) deberá ser tratado a lo largo del desarrollo y evolución histórica de la sociedad desde el derecho consuetudinario y sacro y la jurisprudencia (Derecho positivo) nacional e internacional. El aborto (en el marco de todo principio humano y de desarrollo social constituida en Estado) se convierte en problema (socioeconómico y cultural) que la institucionalidad del Estado no puede evadir, pero que a la cual (solo por desacreditar el texto constitucional) la oposición quiere restarle importancia real deslindando (ocasionalmente e interesadamente) responsabilidades desde la distorsión del problema para repuntar políticamente asumiendo un moralismo dual y una ética ficticia tendiente a reconstruir viejas superestructuras de dominación estatal (que nada tiene que ver con el reino celestial cristiano o el misterio de la resurrección)
El artículo 66 de la nueva Constitución Política del Estado (al cual la oposición alude) expresa la garantía constitucional para que las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Es esto acaso legalizar el aborto o abrir las puertas al aborto? ¿Es ir contra Dios?
Lo que la oposición realmente objeta de la nueva constitución es la incorporación de los “Derechos Sexuales y Reproductivos” en el constitucionalismo e induce (con fines políticos) a los “beatos y beatas” opositores y seguidores del Comité Cívico y la prefectura cruceña a proponerles que estos derechos (sexuales y reproductivos) sigan moviéndose en el ámbito de la censura religiosa con objeto de seguir ocultando la “verdad” y la realidad al mejor estilo del medioevo. Para desgracia de la oposición la sociedad y las concepciones sobre la vida han evolucionado (también la iglesia) dejando a la inquisición y al Estado monárquico en la postrimerías negras de la historia como obstáculo y experiencia superada por la civilización. La iglesia (como institución) desde ningún Estado soberano y liberal intenta ya en constituirse en un oráculo de derechos constitucionales (y menos bajo el auspicio de una oposición que la utiliza) Y lógicamente sobre los volantes y el spot, la representación oficial de la iglesia católica en Bolivia expreso su rechazo y negó cualquier vínculo al tema planteado por los opositores y autores de la mencionada campaña contra la constitución.
Y volviendo al tema del aborto; el aborto no está legalizado en la actual constitución y tampoco estará legalizado después de la aprobación de la propuesta, y es que la solución al problema del aborto (porque en verdad es un grave problema) no se encuentra en su legalización o no, sin embargo es claro que empeora paulatinamente si desde el constitucionalismo se desconoce los derechos sexuales y reproductivos del los hombre y las mujeres, en ese sentido el artículo 66 a la propuesta ayuda a afrontar y prevenir institucionalmente el embarazo no deseado para disminuir la frecuencia de abortos practicados y abre (ahora si) un puerta a la necesidad de una educación sobre los derechos sexuales y reproductivos.
El siguiente dato es ilustrador. En un reportaje de Full TV en la Maternidad “Percy Boland” de la ciudad de Santa Cruz, el director Dr. Raúl Hevia estimaba que atienden trece abortos provocados; por día (aunque este número según los expertos debe ser multiplicado por 10). En el mismo hospital se estima treinta y dos nacimientos entre parto normal y con cesárea por día. Estamos hablando de una tercera parte de abortos provocados frente a los niños y niñas nacidos vivos.
No queremos escudriñar mucho estos datos, pero es inevitable concluir rápidamente que la educación sexual y reproductiva en el ámbito de un Estado con religión oficial no ha optimizado y preparado adecuadamente a la mujer y al hombre boliviano en el goce y la plenitud sexual y reproductiva y es posible que tampoco lo haga sin una religión oficial, pero se hace evidente que garantizando los derechos sexuales y reproductivos se prepara una base constitucional para abordar la educación sexual sin trabas y prejuicios de una corriente extremadamente conservadora e inquisidora. Reafirmamos que sería extremadamente inocente creer que liberar al Estado de una religión oficial sea la solución al aborto, sin embargo garantizar los derechos sexuales y reproductivos (lo repetimos) siempre será un paso positivo que ayude a encarar el complejo problema del aborto y abordarlo institucionalmente desde la educación regular y la alternativa. Las garantías a los derechos mencionados no pueden ser negados o satanizados desde la opinión callejera y menos utilizarlos (acoplando un sentimiento de fe) para desgastar el proceso de cambio propuesto desde la Asamblea Constituyente. Esto es simplemente perversidad o fijación obsesiva de la oposición.
Con una parte de los anteriores argumentos es factible introducirnos a tocar el otro complejo tema de Matrimonio entre homosexuales y que de ninguna manera los menciona la propuesta de la NCPE, pero si los que se oponen al texto constitucional.
La propuesta constitucional establece el matrimonio ligado a los derechos de las familias y sin perturbar el derecho individual o colectivo. “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye en un vínculo jurídico y se basa en la igualdad de derecho y deberes de los cónyuges” (Artículo 63 de la NCPE)
El matrimonio entre homosexuales es inexistente en la jurisprudencia propuesta y analizadas (la supuesta legalización) desde la lógica opositora nos encontramos con rasgos parecidos al de su reticencia al aborto. Los opositores se apoyan en el artículo donde se dice que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta constitución, sin distinción alguna” (Artículo 14). En el inciso dos del artículo continúa “El estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género…” (Las negritas son nuestras)
La oposición quiere dejar sin derechos a los homosexuales y lo peor presentarlos en la constitución como parias, es decir considerarlos ciudadanos sin derechos ya no solo sexuales y reproductivos, sino religiosos.
La crítica al matrimonio homosexual es sencillamente una actitud más de exclusión (junto a otras tantas) de las fuerzas conservadoras y reaccionarias que se oponen al nuevo texto constitucional. Se dieron cuenta que ahora los indígenas, originarios y campesinos juntota otros sectores están incluidos en el nuevo Estado boliviano y buscan nuevas víctimas sociales.
De poder y políticamente hablando, el Comité Cívico y la prefectura cruceña junto a sus aliados en los otros ocho departamentos quieren parar o detener la suma y el aporte al SI de sectores que por años fueron excluidos de los beneficios del Estado y de la protección de éste, por ello recurren a proteger (ya no ha ganar) su voto duro. Definitivamente es claro que no pueden detener el crecimiento (lento pero seguro) del Si en Santa Cruz y su última carta para este periodo es utilizar a Dios aun esto les cueste una fuerte observación de parte de la jerarquía eclesial y de la población crítica y racionalmente creyente.
Recordando que la institución matrimonial esta reservada solo a una mujer y un hombre en matrimonio, el Estado desde el concepto de ciudadanía y el derecho individual constitucionalizado (no como resultado de un contrato jurídico como es el matrimonio) no excluye a grupos humanos de los derechos constitucionales, en él por ninguna razón se puede excluir de alguno de ellos a los homosexuales, así como no puede hacerlo con los ancianos, las mujeres, las personas con discapacidades, los pandilleros, los privados de libertad, etc., todos los ciudadanos bolivianos deben gozar la protección del Estado en el ejercicio de sus derechos y garantías individuales.
Ahora en cuanto a la persecución política y la confiscación de bienes el temor solo, puede ser manifiesto en los grupos de poder y las logias que quieren eternizarse excluyendo y discriminando, sin ser sancionados y entrar a regimenes de una prohibición constititucionalizada. Igualmente sólo una minoría privilegiada por otros gobiernos puede temer a la confiscación de “sus bienes” y solo en la medida en que estos hayan sido adquiridos o acumulados de manera ilegal o por medio de la apropiación indebida de bienes fiscales, pero y jamás porque son cristianos emprendedores y respetuosos de la ley.
Toda esta campaña no hace más que mostrarnos una clase política que no quiere vivir la rica experiencia de la igualdad ante la Ley en un Estado social de derecho democrático y plural.
Estamos frente a una oposición eternamente excluyente, que quiere solamente “eternizar la exclusión y la discriminación” manteniendo el status quo vigente.
Santa Cruz, 20 de enero de 2009
