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jueves, 13 de diciembre de 2018

CARLOS MESA ES TODO CONTRASENTIDO


Por Carlos Alejandro Lara Ugarte
Comentarios en torno al páramo mental de Carlos Mesa. 

Carlos Mesa afirma: “Desterrar completamente esto de izquierda, centro y derecha”. (1)
 
En correspondencia tendría que, desterrar al Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), el partido que lo cobija y lo catapulta como candidato a las primarias el 2019.
Carlos Mesa Afirma: “Respaldamos lo que representa la defensa sobre el 21 de febrero…. Tiene que ver con la conciencia de un derecho democrático a la protesta… no respaldamos ninguna acción de carácter violenta… El 21 de febrero no es un día específico ni está centrado en este momento y en esta circunstancia”

Correspondientemente la defensa del 21 de febrero está descontextualiza (Según Mesa), sin embargo sigue llamando a la movilización. En síntesis, es consciente de su derecho a la protesta pero aparenta no tener consciencia de los propósitos fascistas de las mismas. Justifica la agresión contra el edificio del TSE afirmando que estaba vacío (sic, “abandonado”).  
  
Carlos Mesa en miras a las elecciones nacionales afirma: “El 27 de octubre será un momento fundamental de la aplicación de los principios que plantea el 21 de febrero”.
Todo el discurso mesista es proselitismo puro dirigido a ganar el voto opositor del 27 de octubre del 2019 (Elecciones Nacionales), apelando a una sarta de mentiras dirigidas a crédulos movilizados por el 21 de febrero,  al grado de construir un dispositivo de absurdos mediáticos  del  21F   (¿Nueva doctrina democrática constitucional?) 

Carlos Mesa: “…La Ley de Organizaciones ciudadanas establece que hay que cumplir…”
Y ¿cuál es esa Ley de “Organizaciones Ciudadanas”?. Inconscientemente Mesa pretende que  los ciudadanos nos veamos compelidos a organizarnos mediante una Ley, al estilo de los tiempos de dictadura militar cuando el régimen Banzerista, García Mesista y otros proscribieron los sindicatos e impusieron el servicio civil obligatorio y los interventores políticos.
Otra más de Carlos Mesa “No hay un padrón electoral biométrico  para los partidos políticos.  Miles de miles  de miles de compatriotas han descubierto que su inscripción ha sido tergiversada…. El tribunal Constitucional tiene la obligación de hacer una depuración que no hizo…” 

Aclaración necesaria: Los datos del  biométrico que registra la militancia de los ciudadanos a partidos políticos, está a disposición de todos los ciudadanos y los formularios de observaciones o modificación también los están. Lo grave es que Carlos Mesa quiere asignar al Tribunal Constitucional  la obligación de una supuesta depuración que no hizo el Tribunal Supremo Electoral. Esto denota sus vacíos en el conocimiento del aparato institucional, sus competencias y  atribuciones, en el marco del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia.

C.M: “No podemos seguir con un rentismo que le está haciendo profundo daño al País”.
Lo que inequívocamente propone Carlos Mesa,  es eliminar los bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Azurduy, personas con discapacidad entre otros. Está claro que para el mesismo,  no son prioridad  el interés de las clases más necesitadas y vulnerables.
El país es para él (Carlos Mesa) son las élites de poder, la Casa Blanca y el Fondo Monetario Internacional. 

Más del expresidente: Construcción del poder a partir del Poder Legislativo… buscar una mayoría absoluta… El poder  (ejecutivo) es el encargado por el pueblo para el manejo de las cosas del Estado, que tiene un brazo fundamental de vinculación…  con el poder legislativo”.
Para empezar, si presume conocer la CPE debió referirse al Poder Público ejercido en razón a la estructura y organización funcional (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que es lo dispuesto en la CPE. En esa línea es evidente que las palabras de Mesa esgrime un absurdo,  en franco desafío a la CPE. Lo que  propone el expresidente es hacer del “Poder” ejecutivo y legislativo una sola instancia de construcción del poder de su organización política, vincular un Poder Ejecutivo  y un Poder Legislativo para transitarlos de ninguna parte a ningún lado.  (No lo dice pero se entiende que es a su voluntad).

La confusión o desconocimiento en marcha: “…le digan al presidente, si el  Presidente quiere meter la mano en el Poder Judicial, “Presidente no sé si usted se ha dado cuenta con quien está hablando, está usted hablando con el Fiscal General… no con un empleado de la administración pública” 

Mesa que lejos está de entender, desmenuzar o diferenciar entre los órganos funcionales del Estado con los de Defensa de la Sociedad.  Para empezar un Fiscal General es Servidor Público   del Ministerio Público (Defensa de la Sociedad) y no del Órgano Judicial, y en segundo lugar habría que preguntarle a qué se refiere cuando hacer  referencia a empleado de la administración pública, y si se refiere a Servidor Público entonces ya la cosa es grave, estaría pensando que el Fiscal General no es parte de los servidores públicos y son empleados privados.  

Más torpezas: “En el campo de desarrollo económico dice: Incentivar, promover la iniciativa ciudadana, la iniciativa empresarial y la iniciativa privada

En todo caso debió hablar de cuatro formas de organización económica. Es claro que lo menos que le interesa al liberal mesa es promover, incentivar y proteger la empresa pública, es decir los emprendimientos estatales, esto supone que tiene en mente la privatización de las empresas públicas y dejar al Estado sin recursos para solventar los bonos y proyectos de desarrollo productivo. Las empresas comunitarias y cooperativas ni siquiera existen en su discurso. Hecho que muestra su enorme distancia de la Bolivia profunda, de la que no tiene el rostro de empresas, corporaciones, transnacionales u oligopolios.

De manera general la entrevista solo sirvió para que Carlos Mesa muestre ser el ciudadano  liviano, improvisado, petulante y embaucador,  sin un conocimiento serio de la Nueva Constitución Política del Estado. En suma, Mesa: promotor de concepciones económicas falibles, políticas fantasmas  bajo una manida concepción colonialista y ajena al interés de las mayorías nacionales. 

Cursos de constitucionalismo, paralelos a los de la lengua aimara no le vendrían nada mal, al menos para perder dignamente en las elecciones nacionales y llenar con algo el páramo mental que lo adorna.  


viernes, 30 de noviembre de 2018

ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE TEMAS MINEROS


Por: Carlos Alejandro Lara y Edwin Guzmán

¿Qué decir ante la especulación mediática interesada en torno a la normativa minera y a la historia del desarrollo minero en Bolivia? 

Veamos un caso concreto a guisa de ejemplo: el artículo de opinión de Rafael Puente titulado escabrosamente “La desgracia creciente de la minería”, publicado en Página Siete.  (https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2018/11/30/la-desgracia-creciente-de-la-mineria-201658.html)

Puente arranca con una afirmación temeraria: “Ya la Ley de Minería que promulgó el actual gobierno era la peor ley minera de nuestra historia (Simón Patiño habría estado chocho con ella)”
Para empezar, nuestro ex cura levantisco,  en la pretensión de desvalorizar la Ley 535 de Minería y Metalurgia,  dirigiendo su ataque al gobierno desde la Ley 845, de manera absurda da a entender que a Simón Patiño se le cerraba y se le controlaba espacios de exploración y explotación de minerales, además del uso de agua. Esta falacia, ni él mismo la debe creer, y es reflejo de un esfuerzo seudo-intelectual para cooptar lectores ingenuos y desinformados, respecto a un tema delicado y que lo menos exige es demagogia.  

Entre la realidad de los pasivos ambientales y el conocimiento técnico de su problemática hay, por lo visto un “puente” roto: los pasivos ambientales históricos que dejaron los barones del Estaño y el consiguiente daño a la naturaleza y la economía nacional es una deuda que, con creces, la estamos pagando todos los bolivianos.
Además con esta afirmación a ritmo de letanía, el miembro de CUECA, se pone en evidencia como poco conocedor de algo que en el fondo defiende: el viejo Código de minería (1777) de Sánchez de Lozada. Con el mismo,  Sánchez de Lozada y otros miembros de la tribu de oligarcas mineros, hicieron lo que todo el pueblo sabe: explotación irresponsable, monopolio de los excedentes mineros y evasión impositiva, sin respetar los derechos propietarios, menos las áreas protegidas y claro, sobre licencias  y normativa ambiental, con las nefastas repercusiones de un país manejado al antojo neoliberal.  

Otra afirmación de Puente que, curiosamente no cita una fuente responsable, señala textualmente: “Nos acabamos de enterar de que el Presidente Evo se ha puesto de acuerdo con las cooperativas mineras en modificar la Ley 845 para que dichas cooperativas puedan explotar áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras de cuencas fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO)”
Si fuese cierto lo que afirma nuestro partisano de hábitos, el tema no tendría que tratarse desde la Ley 845 sino pensar en  modificar primero la CPE, la Ley 535 de Minería y Metalurgia, la Ley 1333  de Medio Ambiente y otros tantos decretos reglamentarios. ¡Qué trabajo pantagruélico se le busca dar el Presidente Evo, trastrocar toda la normativa vigente del país!
La Ley 845 no trata para nada el tema de derechos mineros de explotación en áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras de cuencas fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO), estimado padre.  

Las afirmaciones de Rafo, dignas de aparecer en textos de literatura distópica, parece  que buscan afectar las relaciones existentes entre el sistema cooperativo minero y el Gobierno.  
Este recurso mediático –al parecer- no solo busca ser utilizado  para estigmatizar a un sector productivo reconocido por la CPE como son las cooperativas mineras, sino con todas las organizaciones sociales insuflando un obscuro Leviatán, a objeto de generar desorientación  y caos desde una flamante teología de la mentira y la especulación. Cuánta similitud con esos torpedos irresponsables disparados anónima y cobardemente por las redes,  en los que no priman los argumentos, fuentes, justificación y dos dedos de frente. En suma, mala política.  
  
Para mejor información de la ciudadanía
Aspectos que mínimamente debe conocer Rafael Puente y la ciudadanía desinformada es la que resumimos a continuación, y que tiene como fuente fidedigna la información la vertida por los protagonistas de las reuniones Gobierno-Cooperativas:   
·       En las reuniones Cooperativas - Gobierno se abordó temas concernientes al sistema cooperativo, como la Ley 845, las áreas para las cooperativas mineras y la adecuación de las cooperativas a nuevos contratos.
·       La cooperativas mineras priorizan la modificación a la Ley 845, sobre el tema de la reversión minera (referida a la extinción de derechos mineros)
·       Según el representante de FECMABOL, René Butrón, en el encuentro con el Presidente,  sobre el Impuesto Único Minero, la comercialización de oro en el mercado interno y externo, áreas protegidas y forestales, medioambiente y exploración de nuevas áreas mineras. El dirigente anunció  que su sector se reunirá con los ministros de Minería, Medio Ambiente y Economía en los siguientes días para continuar con el debate de propuestas para mejorar la aplicación de la norma (no modificación de la norma, y el consiguiente respeto a la normativa vigente sobre áreas protegidas)
·      El tema central que engloba el medio ambiente, tienen que ver con la desburocratización de los trámites, es decir reducir los tiempos en la otorgación de Licencias ambientales, la elaboración y revisión de Manifiestos Ambientales, Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y otros instrumentos de Regulación Ambiental.
Como siempre insistimos en que antes de atacar al Gobierno dentro la temática minera en general, es ético disponer de la información fidedigna y pertinente, evitando especular a ciegas, presumiendo asumir de expertos en un campo productivo que requiere conocimiento e información técnica y jurídica confiable.