PARA AVANZAR DESDE LA NUEVA AGENDA

PARA AVANZAR DESDE LA NUEVA AGENDA

(Primera Parte)

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

En el presente escrito se exponen consideraciones para tomar en cuenta en la Nueva Agenda, no es un trabajo de crítica al Gobierno y a la gestión en si misma, es mas bien un trabajo que describe y analiza una realidad concreta desde lo aportado por la gestión de Gobierno en los últimos años, las proyecciones ideológicas en la sociedad y las desviaciones que pueden identificarse y señalarse al Estado al concebir una ruta particular sobre el Vivir Bien y la Revolución Democrática y Cultural.

El centro de análisis y descripción viene de la demanda social y la relación del Gobierno con las organizaciones sociales, estamentos organizados y ciudadanía en general, y desde la respuesta institucional del Estado Plurinacional. Así, primeras determinaciones coyunturales muestran que al atender las movilizaciones y demandas de sectores sociales, estamentos sindicalizados, productores, comerciantes, exportadores, importadores, representaciones cívicas y otros, el Gobierno Central se enfrenta al reto de asumir la responsabilidad de revertir las movilizaciones y medidas de presión para llevarlas hacia mesas de diálogo y concertaciones sectoriales y regionales, al tiempo de recuperar y establecer nuevas formas de comunicación y dialogo para disminuir y evitar nuevas medidas que generen disconformidad en la ciudadanía (Bloqueos de caminos y carreteras, cierres de válvulas de distribución de agua potable, tomas de instituciones, destrozos de retenes y otras). También es tarea del Gobierno estar persuadido que la represión y la coacción legal son medidas extremas cuando se trata de imponer e implementar políticas de Estado, sobre todo cuando algunas de éstas no cuentan con el respaldo popular ni la consulta previa, o cuando las demandas responden a compromisos asumidos y no cumplidos por el Gobierno.

Por su lado la ciudadanía y los movimientos sociales si no asumen el criterio de seguir procedimientos establecidos y conductos regulares para exponer y avanzar en la elaboración y gestión de sus demandas, difícilmente comprenderá que toda atención favorable está en función a los recursos humanos, económicos y legales, tiempos y otros que disponga el Estado, que unas en ese sentido son de inmediata solución y otros de mediano y largo plazo, y que todos finalmente responden a líneas estratégica de desarrollo político, económico, social y fundamentalmente ideológico.

Pero al no estar guiado el proceso por lo ideológico, es claro entonces que la demanda social será dispersa en tanto son de naturaleza dispersa los intereses de los movimientos sociales y la ciudadanía, de manera que todo el peso de esta dispersión debe recaer sobre el Estado, con el agravante que desde el Estado no se encara de manera adecuada la formación, la educación y la aplicación de una ideología de cambio y de revolución, sobre todo centrando un interés supremo y del cual puedan desprenderse los interese sectoriales y particulares, intereses de cada región y organización laboral, académica o cívica.

Sin estar al margen de lo expuesto en el párrafo anterior y en su aplicación misma, frente al conflicto y la demanda social, el “Poder Público” desde sus instituciones, vagamente muestran la fortaleza necesaria para posicionar entre las organizaciones sociales y la opinión ciudadana el rumbo que toma la construcción del Estado Plurinacional (si es que hay uno de consenso y de aplicación universal dentro el Estado), y en respuesta a éste hecho la intelectualidad y sectores tradicionales de lucha anticapitalista reclaman o promueven rutas para introducirse a la Gestión Pública y desarrollar cambios estructurales en el Estado Plurinacional, limitando su accionar en críticas a través de redes sociales y otros medios de comunicación y difusión, pero que en muchos casos no responden o superan algunas o muchas de las ambigüedades que el proceso de cambio ha generado en su implementación estatal.

De manera general en el momento histórico que afronta el Estado Plurinacional se hace imperante replantear mecanismos y formas de organización estatal que encumbrando principios ideológicos revolucionarios pueda generar viabilidad a transformaciones políticas, económicas y sociales también revolucionarias, para superar formas y relaciones de producción precapitalista aun ejercitadas sin ser tocadas y combatidas abiertamente por las instancias del Estado Plurinacional (Relaciones servidumbrales, mas de 10 horas de trabajo, empleos al margen de la Ley de Trabajo, y otras) y avanzar con la industrialización que potencie fundamentalmente la organización económica comunitaria de manera paralela a la de la forma de organización económica estatal.

El momento político y económico que enriquece el proceso de cambio viene del ímpetu con el que se inicio la gestión de Evo Morales principalmente de la “Nacionalización” de los hidrocarburos, de la Refundación de COMIBOL, de la recuperación de ENTEL y otras que conforman el eje de desarrollo económico y de generación de recursos con destino a la gestión económica y social del gobierno. Pero también hay componentes económicos, ideológicos y políticos que interfieren, ponen trabas o revierte el ímpetu inicial del proceso de cambio. Veamos la forma en que se estructura o posterga el proceso de transformación del Estado Plurinacional desde campos económico, político, ideológico e institucional.

La organización económica estatal principalmente está constituida y proyectada por la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a cargo de YPFB y empresas transnacionales y por la Empresa de telecomunicaciones ENTEL entre las más rentables y generadoras de recursos para distribuirlos como regalías y en beneficios sociales (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y otros). En el orden de capacidad generadora de recursos le sigue la Corporación Minera de Bolivia y Bolivia de Aviación, que entre sus logros mas importantes son dar seguridad laboral a trabajadores mineros en COMIBOL y en el caso BoA, establecer soberanía e identidad empresarial competitiva en el transporte aéreo de pasajeros. Se tiene en vías de desarrollo y de cumplimiento de objetivos empresariales a la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), la Empresa Boliviana del Oro (EBO), Lácteosbol, Cartónbol, la Planta de Cítricos y la Empresa de Palmitos que desde la voz del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, generan recursos que no sólo van a cubrir el monto invertido por el Gobierno, sino que apuntan a generar más recursos en el mediano plazo y que se espera pasen a manos de sindicatos en un futuro bajo responsabilidad de las organizaciones sociales.

Con la generalidad expuesta sobre la línea estatal en materia de desarrollo económico y proyección de desarrollo industrial existe la necesidad de interpretar o conocer la relación que se establece en el campo político y económico entre el Poder Público, la sociedad civil, los movimientos sociales, trabajadores y la empresa privada, ya que es finalmente en las relaciones donde se generan conflictos, demandas y acuerdos que compliquen o consoliden situaciones de gobernabilidad.

Asumiendo iniciativas nuevas dentro la gestión del MAS y el aparato estatal, los sectores económicos y políticos afines al desarrollo neoliberal e imperialista actúan generando mecanismos y rutas de producción de mercancías y comercio capitalista, reubicando ante la opinión pública y sectores productivos la vigencia de viejas formas de relación y de explotación productiva en la predominancia del Capital sobre el trabajo; pero también re-posicionando la opción de restar importancia a la forma de organización económica estatal.

El presente año a caracterizado a la acción de la burguesía, a diferencia de otros años, en optar por el apego circunstancial a las leyes y activar una inteligente manera de aprovechar el conflicto entre los movimientos sociales y el gobierno, no apoyándolos abiertamente pero sacando ventaja, para poner en resguardo sus intereses desde el apoyo de los sectores laborales a la subvención de hidrocarburos, preferencias arancelarias en importación, seguridad jurídica, oposición a proyecto de nacionalización y otros que finalmente llevan a la burguesía a superar temores que se había dado al inicio de la gestión del Gobierno de Evo Morales, desde el cliché de ser un gobierno comunista, cliché con el que se lo había atacado durante el proceso constituyente. Así, la acción política de los grupos de poder, apoyados por la prensa más reaccionaria ha propiciado que el Poder Público se incline a favor de ellos y asuma posturas contrarias e ilógicas para un Gobierno de corte populista al descalificar las demandas y liderazgos del sector popular.

Pero, no solo es la acción política mediática o encubierta en demandas sociales, sino que es también considerable y significativa la presencia de estos sectores y de voceros de la burguesía industrial y agropecuaria en el Órgano Ejecutivo, de manera que el Poder Público es ya en cierta manera el instrumento de reproducción del capital privado y las relaciones de explotación. Esto se da en la lógica de un novedoso relacionamiento y co-gobernabilidad encubierta en campos diversos de intervención (Administración, ejecución, legislación y gestión estatal).

Mientras, a diferencias de dicha co-gobernabilidad, la relación de los Órganos del Estado con sectores populares y laborales portadores de corrientes ideológicas revolucionarias o simplemente críticas y negadoras a viejas formas de explotación de la mano de obra, se establecen por lógica dialéctica en un solo campo de intervención (Administración del Estado) desde dos instancias estructurales dentro el esquema funcional del Estado Plurinacional (Gobernados y Gobernantes); visto así las movilizaciones populares en contra de la gestión del Gobierno denotan precisamente la crisis de relación entre la Administración y la Ideología; la administración estatal que en si misma es única en cuanto determinación constitucional y la ideología que se muestra dinámica y en constante lucha de contrarios.

Hasta acá ya hay elementos para concluir que si las movilizaciones en contra la administración del Estado se da desde de sectores revolucionarios y la vanguardia obrera, entonces es porque la administración del Estado toma un rumbo a favor de su contrario. Fuese distinto si, del sector revolucionario, el Estado acopiase propuestas, sugerencias y aportes para tomarlos en cuenta y adecuarlos a las líneas estratégicas de gestión, entonces se tendría que pensar en un Estado en proceso revolucionario y en la reversión del conflicto. Esta es una de las máximas que se debe considerar para intervenir en la nueva agenda convocada para diciembre y enero por el Gobierno Central.

Ahora manteniendo la referencia directa a la elaboración de la nueva agenda, anunciada por el presidente Evo Morales el pasado 12 de octubre, la descripción anterior viene a razón de intentar mostrar su necesidad considerándolo oportuno y prudente dado el tiempo transcurrido desde la atención a la agenda de octubre y lo que falta para terminar la presente gestión 2010-2015, además de considerar que se debe en la nueva agenda avanzar desde una previa evaluación de los avances y atención a las críticas de la ciudadanía en general y de sectores comprometidos con el proceso de cambio sobre la gestión de los diferentes ministerios y sobre el mismo presidente Evo Morales.

Sin embargo la convocatoria se mostraría inoportuna e improductiva si, desde el ejecutivo, se quiere solamente crear un espacio amplio de legitimación de Políticas Públicas o para explicar logros económicos de naturaleza capitalista y una supuesta proyección socialista esperando desmovilizar a sectores movilizados en contra la gestión gubernamental sin tener la amplitud y predisposición de tomar en cuenta las sugerencias y soluciones alternativas que ofrezcan y presenten los sectores de izquierda, organizaciones sociales que son parte del Pacto de Unidad, del Conalcan (Consejo Nacional para el Cambio) y por cierto de los sectores productivos que se esfuerzan por lograr la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo industrial entre otros.

Por ello se puede decir que la Agenda de diciembre, como medio necesario para profundizar la democracia y participación responde a una particular coyuntura, pero una coyuntura que no sólo marca ejes temáticos sobre los que se debe trabajar, sino exige plasmar el reclamo de tener a la mano información significativa sobre el proceso revolucionario que quiere trazarse y sobre la memoria histórica de los conflictos desde la implementación de gestión gubernamental y de la demanda social.

Institucionalidad y gestión económica - política

De manera general se constata que en el campo de la institucionalidad, los Órganos del Estado Plurinacional y de los niveles autonómicos presentan síntomas y rasgos prevalentes de insuficiencia administrativa para atender favorablemente las demandas, exigencias y gestiones emprendidas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, lo que lleva a la necesidad de replantear y ejercitar nuevas opciones de relacionamiento con la sociedad desde el diseño y ejecución de la estructura institucional estatal y autonómica. Igualmente un rápido diagnóstico evidencia una débil e insignificante relación administrativa entre el Nivel Central y los niveles autonómicos, en muchos casos hasta en franco e intencional enfrentamiento.

Para el caso, la población y las organizaciones sociales, y por supuesto las instancias de organización productiva aún desconocen las instancias de coordinación entre el nivel central de Gobierno y los gobiernos autónomos de manera que se desconoce una parte fundamental de la ruta, creada en la Ley Marco de Autonomías, para superar las diferencias entre estos niveles de gobierno y la ruta que debe tener la atención a las demanda social y la superación de conflictos de distintas índole. Desde los gobiernos autónomos se debe explicar las razones del extremo retraso en la elaboración de los Estatutos y las Cartas Orgánicas y la falta de coordinación con el nivel central. Al respecto lamentablemente lo único que viene a percibirse son los conflictos de gobernabilidad entre las instancias legislativas y ejecutivas de los gobiernos autónomos, y los problemas de límites territoriales.

Así, sin ser un eje en si mismo, y mas bien entendido como un tema transversal de agenda, se plantea la urgente necesidad de centrarse a evaluar y establecer nuevos paradigmas en la construcción institucional, ya que el paradigma de construir hegemonía y predominio institucional de arriba hacia abajo para crear condiciones de gobernabilidad se ha visto insuficiente e incongruente al atender las demandas y los conflictos de naturaleza económica, social, territorial y normativa. El tema parece ser más tratable desde la ampliación de participación de la sociedad civil y la democratización de las instituciones en los niveles autonómicos y el nivel central asumiendo sin temores las formas democráticas establecidas en la CPE (Participación positivada desde los cabildos y consultas, elecciones generales, respeto a los usos y costumbres de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesina, cumplimiento vertical a los procesos de designación de autoridades, acatamiento de la Ley por parte de la sociedad y autoridades entre otros aspectos).

En el campo de desarrollo económico, es notoria en la Gestión Pública la necesidad de potenciar y ampliar una ruta de desarrollo que vaya a superar o complementar la economía de desarrollo extractivo por una economía de desarrollo industrial y transformador de la materia prima. Esto último en los hechos políticos iría a superar la contracción actual para ir hacia nuevas opciones en la creación de fuentes laborales, eliminación de viejas formas de explotación laboral y visualización de la ideología de cambio en su componente revolucionaria y fundamento básico del Estado Plurinacional en el camino de la Revolución Democrática y Cultural.

Los inconvenientes en la gestión social y política que tiene que afrontar la actual administración del Estado es que - al concebir como eje fundamental de desarrollo económico la línea extractiva de recursos naturales; de gas natural y petróleo principalmente - asumen la responsabilidad directa de solventar las necesidades económicas y sociales de sus pobladores, en virtud a la naturaleza constitucional sobre la propiedad de los recursos y las empresas hidrocarburíferas estatales. Todo hace ver que el objetivo principal de las empresas estatales hidrocarburíferas es generar recursos económicos para distribuirlos entre la población y los gobiernos autónomos y de ninguna manera generar nuevas fuentes laborales o instancias de transformación industrial de la materia prima, aunque teóricamente así sea.

Las empresas estatales no generaron en los últimos años un aumento significativo de fuentes de trabajo, pero si recursos económicos, por ello es justificable y predecible que la población direccione su demanda hacia mayores regalías, subvenciones e ingresos por concepto del IDH, y dejen en segundo plano su demanda por mayores fuentes de trabajo, estabilidad laboral y diversificación de la producción industrial a cargo de la institucionalidad del Gobierno Central. Es decir que al generar recursos desde la las actividades de explotación y comercialización de los hidrocarburos, el Estado asume fatalmente la carga de la disminución de los índices de pobreza desde la distribución de estos recursos, olvidando o descuidando industrializar el proceso de transformaciones económicas y la creación de fuentes laborales.

Entonces lo que se percibe es que la generación de fuentes de trabajo, en la permisividad del Estado, es asumida por la empresa privada y por emprendimientos comerciales y productivos individuales y familiares, ante ello la demanda de préstamos y créditos aumenta, lo que hace que las entidades financiera y empresas bancarias disminuyan la mora y aumente la población crediticia convirtiendo a este rubro en el más lucrativo y sea la más rentable y sea, además desde donde se genere mejores utilidades. Es evidente que no hay una política de Estado para generar nuevos empleos más que aquellos que se dé desde el emprendimiento privado y la organización familiar, pero al que el Estado no deja de considerarlo como potenciales contribuyentes para aumentar los recursos del Tesoro General, ante lo cual lógicamente la resistencia de sectores de comerciantes, transporte y micro empresa fundamentalmente, se convierten en los protectores de la Banca Privada.

El emprendimiento privado al buscar lucro y generar ganancias a favor particular, no se ajusta de ninguna manera a objetivos de transformación estructural del Estado y a los objetivos de la forma de organización estatal, y ni siquiera se muestra como complementario. Lo contradictorio es que mientras el Estado protege y solventa al capital privado este no hace nada por potenciar la economía estatal, salvo aprovecharse de ella. (La subvención a los hidrocarburos y el costo preferencial de la energía eléctrica son ejemplo claros). El capital privado usa los recursos económicos e institucionales del Estado, cuando puede, lo hace a favor de sus fines económicos particulares; y persuade al Estado si afecta sus intereses (No lo combate por lo que se decía mas arriba). El diseño y la implementación de la organización económica privada, queda claro que, está protegido por las instancias estatales y sin embargo de manera desleal la gran empresa industrial y comercial legalmente establecida insinúa inseguridad jurídica, tal vez solo como pretexto pero desprestigiando hábilmente al Gobierno. Pero esta insinuación es en realidad un mecanismo de presión política y se da en un apoyo implícito a la política administrativa del gobierno, pero no a la forma de organización de economía estatal.

La supuesta inseguridad jurídica es el mejor argumento que ha construido la burguesía asentada en Bolivia, para evadir la competencia y recibir del Estado trato preferencial en materia de créditos y políticas impositivas y salariales. Desde la supuesta inseguridad se hace que capitales de otros países no sean invertidos por temor a también supuestas expropiaciones o nacionalizaciones, que lamentablemente el Gobierno anuncia pero no los realiza y no lo realizará a mediano plazo, al grado que más parece un discurso político para amedrentar opositores radicales o vagamente reposicionar ideología socialista.

Esto al mismo tiempo hace que las inversiones preferentemente sean pequeñas y se concreticen en el comercio informal, en pequeños talleres artesanales, en contrabando, transporte y construcción. Se trata de ejercitar desde la Banca Privada emprendimientos de baja magnitud y de alcance a una media de recursos económicos privados que prosperen o se hundan (En ambos casos el banquero gana, no pierde). El Estado en su rol de gestor de fuentes de trabajo se acopla a esta línea de acción ejercitada por la Banca Privada, sencillamente porque se traduce en la utilización de mano de obra temporal, descuidando la seguridad y estabilidad laboral. Estos emprendimientos, si bien reducen los índices del desempleo, los más están al margen de toda normativa en materia de seguridad laboral, servicio social y de salud. El estado tendría que regular este campo económico no sólo en el campo impositivo como quiere e intenta hacerlo sino regularizarlo para desnaturalizarla de toda forma de explotación y relación servidumbral. De otra forma no se avanza con el Vivir Bien.

Visión política sobre la seguridad y soberanía alimentaria.

La seguridad y soberanía alimentaria ha concurrido en el ámbito económico como política estatal a partir de la actual Constitución Política del Estado. Hasta antes se concebía en el ámbito de la iniciativa económica privada individual y empresarial ejecutada principalmente desde la producción agropecuaria y del comercio informal, seguramente lejos de entenderse y desarrollarse como política de Estado. En este entendido la vieja República Boliviana y sus administradores enquistaron la seguridad alimentaria en voluntades políticas para gestionar mercados y donaciones de países desarrollados, muy lejos de cualquier principio de soberanía. Hasta hace pocos años se recibía arroz, aceite comestible y harina donada además de otros alimentos y no se establecían mecanismos para producir a escala nacional alimentos de primera necesidad. Hoy a fuerza de nuevos propósitos estatales la soberanía alimentaria es entendida como una Política de Estado y es en ese sentido tema fundamental de la nueva agenda.

La crisis económica del capitalismo mundial posiciona la idea de una crisis alimentaria a nivel mundial y con ella como respuesta se establece en el Estado Plurinacional boliviano la necesidad de minimizar los efectos de esta crisis y prepararse para afrontarla creando condiciones materiales y organizativas. Pero más allá de prepararse para afronta una crisis alimentaria se tiene que entender que la soberanía alimentaria es el eje central del “Vivir Bien”, principio supremo del Estado Plurinacional, de manera que sea o no latente la crisis alimentaria mundial es responsabilidad del Estado caminar hacia la soberanía alimentaria; esto a grandes rasgos es ir reduciendo la tendencia de importar alimentos que se producen y pueden producirse en territorio nacional.

La Soberanía alimentaria además exige la accesibilidad del conjunto de la población de manera que no sea la ganancia y rentabilidad en si misma la que marque el eje de la producción agrícola y pecuaria, aunque su industrialización tenga, en última instancia, ese sentido.

El desafío que el Estado tiene que afrontar es producir y subvencionar o buscar mecanismos para que la intervención del Estado en la producción y comercialización o distribución no favorezcan a los comerciantes y especuladores, claro si logra controlar e impulsar producción suficiente y necesaria.

El problema de la especulación y la imposibilidad de controlarlo en el mercado viene a raíz de haber dejado crecer desmesuradamente al comercio informal y no haber establecido los mecanismos de relacionamiento y de control, o en definitiva de no haber creado desde el Estado condiciones favorables para hacer crecer a EMAPA lo suficiente como para cubrir el mercado de alimentos básicos de la canasta familiar. Una respuesta a este caso es posible a mediano plazo a condición de crear políticas de producción y distribución comunitaria. Es importante que empresarialmente se puedan anteponer el principio de distribución, tomando en cuenta costo de producción, traslado y comercialización.

Relacionando el tema de los recursos generados por YPFB y ENTEL con la seguridad alimentaria, el Estado debe desarrollar instancias institucionales que prioricen la planificación de producción de alimentos hacia la distribución más que planificar instancias de captación de recursos para distribuirlos en bonos. Lo que demandaría nuevos desafíos y mayores demandas en el campo productivo, una opción es seguir con el acopio de alimentos y disponer de infraestructura de guardado y conservación. (Silos, almacenes y otros), pero es insuficiente sin una estrategia de Soberanía Alimentaria.

Nuevos compromisos y rutas de participación en la gestión social.

La preocupación de las instancias de gobierno central y autonómico y la sociedad organizada centra la responsabilidad de la atención y gestión social en la disponibilidad de recursos generados y captados por la administración del Estado Plurinacional y mínimamente en el apoyo con recursos externos.

Para el caso del Estado, los recursos que se dispone tienden a ser insuficientes con el correr de los años dadas el aumento de las demandas y crecimiento de la población en sectores beneficiarios (Adultos mayores, mujeres en periodo de gestación, niños de centros educativos del sistema público, personas no videntes y otros), pero al mismo tiempo por la falta de gestión para ejecutar los recursos y crear nuevas fuentes de captación.

En este sentido la administración estatal tendrá que descentralizar la responsabilidad de la atención a la Gestión Social hacia la Empresa Privada.

La empresa privada se beneficia de los precios subvencionados de los hidrocarburos, de la energía eléctrica, del agua potable y consumo de alimentos, es decir que se benefician en partida superior a la que lo hace un ciudadano común, por lo mismo las responsabilidad asumida por YPFB, ENTEL, COMIBOL, BoA y otras empresas estatales deberían compartirse en una dimensión de pluralidad con la Empresa Privada.

Aparentemente el cumplimiento de deberes y obligaciones de la Empresa Privada estarían traducidas en el cumplimiento de compromiso tributarios, pago de salarios a sus trabajadores, aportes al seguro médico y social de los trabajadores y otros, pero el proceso revolucionario que se implementa desde la Constitución Política del Estado y la Revolución Democrática Cultural exige aporte a la comunidad o distribución social de sus ganancias. Las ganancias de afiliados a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y principalmente de empresas transnacionales que operan en territorio boliviano deben tener un componente asignado para beneficio social y esto es que se debe traducir en la construcción y administración de centros de formación técnica o humanística o aportes a administración y construcción de centros de salud o Residencias geriátricas, centros de rehabilitación de jóvenes u otros, administrados, apoyados y financiados por estos.

Se trata en si de descargar parte de las responsabilidades a los fondos captados por el Estado a las empresas privadas bajo el control de los gobiernos locales.

Experiencias sobre aspectos parecidos se vivió en el periodo del Gobierno de Juan José Torres cuando se obligó a que las instituciones religiosas presten sus instalaciones y corran con los gastos para apoyar en la educación primaria y secundaria, semejante actitud debe ser tomada por la Revolución Democrática y Cultural. Por poner un ejemplo extremo pero no imposible, las universidades privadas tendría que ser gratuitas y financiadas por la Empresa Privada como aporte a la comunidad. Solo así se podrá ir comprendiendo el papel del capital privado en el actual proceso revolucionario y las formas plurales de organización económica en su principio de complementariedad. No se trata de expropiar o estatizar, sino de hacer que el Estado no tenga toda la carga de responsabilidad económica sobre la educación y la salud.

Antes de concluir con esta primera parte de consideraciones se recalca que el Vivir Bien es responsabilidad de todos al igual que la solución y el tratamiento a la demanda social y la solución de los conflictos. La falencia del Gobierno hasta ahora es haber creído que todo se puede desde un voto mayoritario y el liderazgo de Evo Morales, en otras palabras creer que todo lo tiene que hacer el Poder Público restándole responsabilidades a las iniciativas y empresas privadas. Finalmente es la sociedad la que tiene que construir el nuevo Estado Plurinacional y por ello el Gobierno debe escuchar impulsar nuevas iniciativas políticas y económicas e imponer las de carácter social.

La Paz, 30 de noviembre de 2011

CONSTRUCCION SOCIAL DEL ESTADO BOLIVIANO

LIBRO: CONSTRUCCION SOCIAL DEL ESTADO BOLIVIANO

CIDOB Y GOBIERNO: MUCHO POR ANDAR

CIDOB Y GOBIERNO: MUCHO POR ANDAR

Al final de la VIII marcha de la CIDOB y luego de acuerdos y consensos con el Gobierno, se superó la etapa crítica del conflicto; adelante, los protagonistas directos e indirectos cuentan con hechos y experiencias favorables para evaluarlas y potenciarlas. Pueden igualmente cuantificar fuerzas propias y consolidar alianzas cualitativas con sectores de movimientos sociales y organizaciones políticas pero por sobre todo tienen la oportunidad, tal vez la última, de sentarse frente a frente (como aliados del proceso de cambio y forjadores de la construcción del Estado Plurinacional) y replantear políticas de Estado y dejar de enfrascarse en logros lectorales, supuestas victorias estratégicas, pasajeros acuerdos coyunturales o firmas de convenios meramente reivindicativos.

A partir de lo que pasó en lo que se denominó “El Conflicto del TIPNIS”, corresponde al Órgano Ejecutivo y la CIDOB evaluar resultados desde el entendimiento y ejercicio del Derecho Constitucional de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, los avances legales de los que se dispone para ejercerlos, planificar Gestión Pública y lógicamente establecer agenda en lo mucho que falta andar en materia legal.

En ese cometido dos aseveraciones y dos interrogantes generales sobre el conflicto tendrían que confluir para explicar más logros de la Marcha del TIPNIS y la negociación correspondiente.

La primera aseveración es que la marcha y la plataforma de demandas pusieron en evidencia el camino irrenunciable emprendido por la CIDOB para consolidar el Estado Plurinacional. Esto colateralmente debe entenderse que las divergencias con el Gobierno y la represión en Chaparina no demuestra en si misma algún supuesto intento fallido del Estado Plurinacional como quieren hacerlo ver algunos analistas opositores al gobierno.

En lo último se incluye una serie de apreciaciones políticas que buscan aún entremezclar el apoyo de sectores urbanos de la ciudadanía a la VIII Marcha indígena con la supuesta baja de popularidad de Evo Morales o la forzada idea sobre la ilegitimidad de las elecciones pasadas para elegir autoridades del Órgano Judicial. Lo que sale claro de este conjunto de posturas es la evidencia de que la oposición y las fuerzas conservadoras desconocen el proceso de inclusión y ampliación en la participación democrática abierta en el proceso desde la participación de los pueblos IOC, en la que la CIDOB como institución reconocida legalmente, toma parte, y de la que los pueblos IOC de tierras altas y tierras bajas son protagonistas y aliados, tal vez, con diferencias circunstanciales, pero mientra en el Estado no se cambie la CPE y el Gobierno no argumente que el proceso de construcción institucional del Estado Plurinacional es un intento fallido, la alianza es latente y el avance continuo.

El apoyo de los sectores diversos y plurales hacia la Marcha de la CIDOB, definitivamente fortalece el proceso de cambio que se desarrolla en el Estado Plurinacional, claro que con el aditamento fuertemente crítico a los Órganos de Poder Público y conductores del Estado, en ese sentido se hace inconsistente hacer referencia a supuestas elaboraciones estratégicas para afrontar el conflicto y predeterminar la victoria o derrota de parte del oficialismo o la oposición. El conflicto del TIPNIS no fue una batalla electoral entre oficialistas y opositores y menos un combate político militar de dos bandos, fue simplemente una demanda por el respeto a derechos constitucionales y su solución fue dada en ese sentido. Inventarse otros matices es improductivo y solo se lo hace para negar alguna pérdida, perdida que todo conflicto reivindicativo conlleva.

La segunda aseveración establece que al ajustarse la demanda de la marcha al decreto que declara el Isiboro Sécure como Parque Nacional, se autolimita el ejercicio de las entidades indígenas por lo que necesariamente para superarla se plantea la necesidad de nuevas normativa sancionada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ejercer el derecho de la autodeterminación y el Derecho a contar con Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino, con facultades legislativas, ejecutivas y jurídicas. Estas facultades no se pueden ejercer en un Parque Nacional, sino en un Territorio Indígena Originario Campesino. Así lo establece la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Entonces queda claro que sólo desde la instalación de un Gobierno Indígena Originario Campesino en un ámbito territorial, también Indígena Originario Campesino establecido legalmente se tendrá titularidad de Competencias Exclusivas, Concurrentes y Compartidas, no antes y menos desde la sola directiva o razón jurídica de la CIDOB. La proyección política de los pueblos IOC no puede limitarse a la Consulta Previa, y aunque es una conquista para protegerse de políticas gubernamentales y privadas contra su hábitat, de ninguna manera es la instancia mas desarrollada para ejercer derechos plenos consagrados en la CPE, sobre todo en cuanto a derechos colectivos y políticos se refiere

Ahora ante las dos aseveraciones en reacción vienes dos interrogantes, la primera interrogante plantea la incertidumbre de asumir el desafío revolucionario tomando en cuenta componentes sociales revolucionarios y comunitarios, o mantener la vía actual aprovechando el renovado capitalismo privado y estatal que se vislumbra en virtud a la política de explotación de recursos naturales y políticas impositivas exitosas pero opacada por la carencia de una política de desarrollo capitalista industrial. Esta contraposición se traduce igualmente al seno mismo de la sociedad ya que las organizaciones urbanas, movimientos sociales, el movimiento obrero y los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, no definen si adscribirse a tareas revolucionarias o a la lógica capitalista, al de la propiedad privada y la de mercado.

Sin embargo se percibe cierta inclinación por lo segundo de manera que el carácter reivindicativo de las demandas profundizarán la contradicción Capital Trabajo desgastando en consecuencia todas la estructura de Poder Político del MAS y del Gobierno. Y así cuanto más tiempo ejerzan el poder gubernamental, mayor será el desgaste, aún se tenga magistrales recaudaciones en razón a políticas impositivas o visiones integracionistas desde el desarrollo vial. Es lógico entonces que la máquina de poder del 2005 se pone en situación de riesgo y deterioro, y se cierra a nuevas miradas y gestiones emprendedoras de alianza con estamentos revolucionarios de la sociedad. Esto en definitiva propicia la recomposición de la oposición.

De la primera viene la segunda interrogante y es preguntarse si las fuerzas conservadoras y restauradoras del viejo Estado establecieron su rumbo y su recomposición con fuerza propia, a pulmón propio, trabajo, principios y fundamentos ideológicos, o se recompone adjunto al momento que los Órganos del Estado Plurinacional 1.- optan por el desarrollo del capitalismo y la economía de mercado; 2.- consolidan la propiedad privada de la tierra, a cambio de la comunitaria; 3.- se someten al libre mercado y potencian a la burguesía financiera, 4.- no planifican ni racionalizan la expansión de su frontera agrícola y 5.- se estructuran en instrumento político con la presencia de viejos operadores del sistema neoliberal.

Es probable que en la recomposición de las corrientes conservadoras haya algo de ambas, pero está completamente claro que su impulso temporal los obtienen de las medidas económicas, políticas impositivas y desatención a la demanda social, y que lo único que falta es que el gobierno dicte un decreto de nivelación de los hidrocarburos para prepararle todo el camino y entregarles el Poder en bandeja de plata.

Finalmente, para retomar lo que se decía al empezar el escrito, corresponde al Gobierno y sus aliados sentarse frente a frente para definir políticas de Estado y establecer nuevos parámetros de la demanda social en el marco de la superación del conflicto y lógicamente continuar con la implementación del Estado Plurinacional con Autonomías.

La Paz, 10 de noviembre de 2011

DATOS CUALITATIVOS PARA ENTENDER LA CRISIS POLÍTICA Y LA NUEVA AGENDA

La protesta y las medidas de presión a raíz de las demandas sociales no atendidas o evadidas por instancias del Poder Público, al igual que la gestión en si misma, aportan a la coyuntura datos cualitativos relevantes en el desarrollo de la teoría y la opinión política; así por ejemplo ponen en evidencia la crisis en la relación política de los aliados del proceso de cambio con el Gobierno del Estado Plurinacional; datos que al exponerlo a observaciones sistemáticas dibuja superficialmente una confusa perspectiva de cambio revolucionario en la gestión pública, cuando subjetivamente se las compara y coteja con imaginarios de colectivos revolucionarios en el marco de la legitimidad y legalidad que proporciona la Constitución Política del Estado para generar cambios estructurales institucionales; o datos que llevan a  valorar objetivamente los niveles de corrupción y exclusión en los que se desarrolló la relación de la sociedad con las instituciones republicanas  antes del 2006 poniendo en evidencia, ante la sociedad, el avance y certeza democrática del Gobierno y su gestión actual.

Se habla en consecuencia de dos bloques de datos evidentemente ciertos, una que viene de las permanentes críticas que se hace a la gestión pública de parte de corrientes de izquierda (Mayor participación ciudadana, compromiso político ideológico del gabinete y funcionarios públicos, legislación revolucionaria, etc.), y otra que busca un mejor perfil desde la relativización de la gestión actual posicionándola como una “Mejor Gestión” (Apoyo a los sectores productivos,  aumento de las reservas nacionales, participación de las mujeres en el ejecutivo, bonos, etc.), comparada con las gestiones que antecedieron a Evo Morales.  

Son entonces estos dos aspectos los que matizan y sobre los que se viene estructurando el debate para medir y dar juicios a la gestión pública y el posicionamiento político del Gobierno y los movimientos sociales. Son estos dos aspectos los que deben tomarse en cuenta para encarar la “Nueva Agenda” que anunció el miércoles 12 del presente el presidente Evo Morales.

Los protagonistas que de manera indirecta o en cuestión de participación generan la necesidad de una Nueva Agenda son los movimientos sociales, instituciones, y organizaciones políticas que estuvieron o aún están inmersos en las transformaciones que se establecieron a partir de la Asamblea Constituyente. Los otros, empresarios capitalistas, sectores reaccionarios y pro imperialistas, no cuentan por ahora en planes de transformación institucional, aunque agazapados construyan canales para envenenar la relación del Gobierno y sus aliados naturales. Definitivamente, en el marco de la construcción institucional y el proceso de cambio, después de la concentración a favor del cambio, la propuesta y la determinación de votar en blanco o anular el voto en las elecciones judiciales no cuentan políticamente. Las masas congregadas en la Plaza Villarroel posicionaron la intrascendencia de toda negativa a la realización de las elecciones de autoridades judiciales.

Con esta apreciación perceptiva, en miras a encarar una fase preparatoria para la elaboración de la Nueva Agenda y en la proyección de mantener la adhesión de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos a la revolución social y transformación institucional se trata de mostrar como lícito y orientador, para el proceso de cambio, todo aquello que venga en consecuencia positiva de tres hechos o situaciones interconectadas y manifiestas al interior de los datos cualitativos; tres puntos inducidos de hechos concretos y evidenciados en el debate público y deducido de generalidades teóricas de comportamiento político.

El primero es que la sociedad en correspondencia a su rol transformador retome su consecuencia  propositiva desde nuevos imaginarios revolucionarios y de intervención en la opinión y emisión de juicios a la gestión pública con objeto de orientar la atención favorable de la demanda social, al tiempo de que el poder público en su papel canalizador y ejecutor de la demanda social tenga la voluntad y capacidad de adecuar sus mecanismos de consulta y recepción de la propuesta social.

Segundo, al constatar que a la sociedad plural es a quien le corresponde cuestionar críticamente la tendencia del Órgano Legislativo Plurinacional por la promulgación continua y mantenimiento de normativas generosas con el viejo constitucionalismo liberal; plantear la readecuación de la actividad legislativa confiando en la viabilidad de la transformación revolucionaria a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la transformación institucional.

Y tercero, suponer viable el hecho de que los estamentos de dirección política del Órgano Ejecutivo puedan desviar el afrontamiento del conflicto generado en la demanda social asumiendo que el momento conflictivo de coyuntura no se genera en la contradicción de antagónicos al Estado Plurinacional, sino en el marco de contradicciones constitucionales secundarias y en la que la acción de las fuerzas reaccionarias aprovechan para desgastar al Gobierno.

Ante lo anterior corresponde responsablemente poner en consideración elementos objetivos directos y deducidos que llevaron a sustenten las afirmaciones anteriores.

La coyuntura ya nos ha proporcionado datos sobre los protagonistas y el lugar que ocupa la sociedad y el Estado al igual que el carácter de las reivindicaciones de naturaleza política, económica y social en el proceso de cambio revolucionario. Así al asumir la generalidad de que las transformaciones estructurales en un Estado se dan con el tiempo y en proporción directa a la participación conciente y cualitativa de la ciudadanía (en ejercicio de derechos), reconocemos implícitamente que cualquier retardo e indiferencia vendrán del alejamiento o del débil aporte de la sociedad hacia los objetivos buscados en el Estado representado o viceversa; que el Estado representado en sus instituciones de gestión y administración no considera constitucional y lícito el impulso y motor revolucionario de la sociedad o que la sociedad se opone a la acción y dirección revolucionaria del Poder Público.  

Igualmente es ya un dato para la Nueva Agenda que una confusa ideología  aplicada a la gestión económica y política enfrenta al Gobierno central con sus aliados en extremos jurídicos constitucionales; en un extremo lo que, por derecho constitucional, se hace lícito, en razón a que se cuenta con un Estado constituido por poderes cuya gestión pública la definen corrientes plurales y contradictorias mas que complementarias, y en otro extremo, en razón a que la sociedad  constructora de imaginarios revolucionarios se relaciona con otros contrarios ideológicos, por un lado estamentos productivos y mercantiles ajenos a toda transformación de naturaleza revolucionaria y por otro actores impulsores de la superación de las fases capitalistas de desarrollo económico y político. Vista así; gestión y administración pública en contradicciones y, sociedad en actividad estratégica política y productiva también en contradicción, pone a toda demanda social en la antesala del conflicto y la movilización permanente.

Estos hechos concretos y objetivamente puestos en situaciones de análisis explican por qué la demanda social en un proceso de transformación institucional es implícitamente un conflicto en desarrollo, no solo por la propensión a ajustes desde la medida de presión de los demandantes sino por la inevitable presencia de la contrademanda improvisada u organizada por parte de la misma sociedad y al interior de aliados naturales.

Desde los datos cualitativos se entiende con mucha mas facilidad las marchas y contramarchas, huelgas y contrahuelgas, bloqueos y contrabloqueos, propuestas y contrapropuestas  que demandan a la gestión pública la necesidad de  constituir sus órganos de poder en instancias racionales de elaboración teórica y de síntesis  en marcos plurales jurídicas sustentadas en la Constitución Política del Estado y normativa en vigencia.

Al parecer, la propuesta de una “Nueva Agenda” responde a reconocer que hasta ahora la iniciativa del Ejecutivo y del Legislativo no están constituyéndose en la síntesis de lo que la sociedad en sus contradicciones propone como bienestar colectivo y en superación del interés individual por el interés colectivo, y en reconocer que la “Nueva Agenda” es una iniciativa necesaria gubernamental para elaborar planes de desarrollo y de integración  en base a la consulta, el diagnóstico y la planificación participativa.

Y es que la sociedad, en sus contradicciones busca nuevos protagonismos y mayores repuestas que expliquen las proyecciones económicas y políticas por parte del Poder Público, entendiendo que el Poder Público a la fecha no marca claramente la tendencia predominante en el marco constitucional del pluralismo económico y político o simplemente ya lo marcó y la gestión intencionalmente se dirige en contra de los intereses de una parte de sus aliados económicos y políticos, y a favor de la otra parte. Si fuese ese el camino tomado por el Gobierno, la gestión pública se debilitará y entonces las fuerzas reaccionarias y conservadoras entrarán en actividad, se aglutinarán y se reorganizarán y con razón se dirá en las esferas del Cambio que la derecha y el imperio ataca y lógicamente habrá condiciones para hacerlo, para destruir lo avanzado o reconstituir un nuevo ciclo en el proceso de cambio. Esto es posible por las alianzas que fuerzas políticas y estamentos económicos vienen configurando al margen del control del Conalcan (Consejo Nacional para el Cambio) y del Pacto de Unidad conformado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Indígenas Campesina Originarias de Bolivia, la Confederación de Comunidades Interculturales y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo .  

En general, lo que podemos ver adelante son una serie de gritos desesperados de las fuerzas reaccionarias en caso de llegar a la elaboración de una Nueva Agenda en plena participación del Gobierno y sus aliados nacidos en la Asamblea Constituyente o, en cambio una etapa de ruptura entre estos si el Gobierno individualiza una agenda en extremos paradigmáticos de desarrollo y poder.

La crisis política en la relación de poder público y la sociedad civil, principalmente del Gobierno central con sus aliados llegó a su final, adelante se tiene o la ruptura o el afianzamiento de la alianza. 

El 12 de octubre en la Plaza Villarroel, cerca de un cuarto millón de militantes del cambio, principalmente mineros y campesinos mostraron a Evo Morales que el Gobierno cuenta con bases obreras y campesinas para profundizar el proceso de cambio lo que sin duda se debe interpretar que desde la “Nueva Agenda” se entroncará al Proceso Constituyente la visión Obrera en la construcción del Poder Obrero – Campesino en el Estado Plurinacional.

Finalmente a manera de reflexión concluir que un Plan Nacional de Desarrollo, que priorice el desarrollo capitalista lleva el germen de la ruptura del Gobierno y sus aliados obreros, campesinos y clases medias revolucionarias.

La Paz, 14 de octubre de 2011

ECONOMÍA COMUNITARIA Y PLURAL

ECONOMIA COMUNITARIA Y PLURAL

Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte

Las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa son formas que la institucionalidad estatal por mandato constitucional debe considerarlas en cualquier diseño de modelo de economía plural.

La Constitución Política del Estado contiene la normativa básica sobre la economía plural y sobre los fines de cada una de la cuatro formas de organización económica, sin embargo a mas de dos años de su implementación el proceso de desarrollo económico del Estado Plurinacional avanza bajo modelos liberales asumidos por la vieja institucionalidad y en casos particulares con algunas reestructuraciones que no dejan de darle continuidad a las tradicionales concepciones de producción capitalista y sin crear los recursos teóricos y conceptuales que orienten un nuevo modelo de desarrollo económico en función a las cuatro formas de organización económica ya sea en unidad de complementariedad o en su unidad contradictoria.

La realidad económica y la percepción de viejas forma de relacionamiento laboral empujan a ver teóricamente en Bolivia un modelo de producción capitalista que por sus implicancias genera en el sector de los trabajadores acciones de protesta con demandas de aumentos salariales y accesibilidad al vivir bien y en sectores organizados económicamente, en oposición al gobierno, reclamos por la inseguridad jurídica y una supuesta falta de una acertada política económica de desarrollo. Sin embargo a esta acción y demanda, la reacción y respuesta gubernamentales y empresarial es de respaldo a la economía de mercado y acumulación de capital. Esta determinante en la interacción entre sectores de empleados y empleadores hace que las formas clásicas de enfrentamiento y relacionamiento entre capital y trabajo desarrollen procesos económicos y políticos favorables a los grupos de poder organizados en rubros financieros, comerciales y agroindustriales, además de las tendencias favorables para las empresas extractivas de recursos naturales no renovables administrado por el Estado. Es entonces evidente las razones por la que al frente no se vislumbre indicios o indicadores que hagan ver o suponer la preocupación del Gobierno central y de los Gobiernos Autónomos por implementar relaciones y mecanismos de organización económica comunitaria y organización económica social como alternativas de modelos de desarrollo distinto al del capitalismo dependiente.

Traducido al tema institucional y de planificación la realidad es que autoridades nacionales y locales se mueven en un alto grado de omisión institucional para empezar a organizar el modelo de economía plural, se percibe que voluntariamente prefieren abstraer todo impulso e iniciativa al debate en el Órgano Legislativo y Órgano Ejecutivo sobre la estructuración jurídica y principista de la economía plural, asumiendo que el modelo económico está regido por el mercado y las relaciones capitalistas de producción, y en razón a ello los órganos del Estado apuntan el desarrollo económico de manera pragmática en unos casos y en otros recurriendo a las recomendaciones de organismos financiero y comerciales internacionales. Muestra de ello son las proyecciones económicas favorables preponderantemente al sector financiero y comercial y las últimas medidas de orden salarial y monetaria tomadas por el Ministerio de Economía y Finanza Públicas en función a los recursos del Tesoro General y las proyecciones inflacionarias. Está claro que el índice inflacionario y los millones de las reservas nacionales no son los indicadores apropiados para medir el “Vivir Bien” de los bolivianos, aunque si son indicadores macroeconómicos que buscan la aceptación en las esferas del Banco Internacional de Desarrollo BID y del Fondo Monetario Internacional FMI. En definitiva el proceso de cambio en Bolivia demanda medir el vivir bien desde indicadores de cuánto come el ciudadano y no cuánto cuesta su comida, cuanto tiene de acceso a una educación y salud de calidad y no cuánto de los recursos del Tesoro General de dispone a la educación y salud entre otros.

Resumiendo las percepciones sobre las políticas económicas impulsadas por el Gobierno, es inevitable pensar que los acontecimientos económicos y proyecciones de crecimiento positivo en le marco de la economía de mercado vienen hasta ahora inviabilizando el análisis serio y desarrollo teórico particular de la organización económica comunitaria en tanto componente de la economía plural y parte jurídica de la organización económica del Estado Plurinacional.

El crecimiento del Producto Interno Bruto y el superávit en las finanzas públicas inclinan al favor de la organización económica privada y estatal toda mirada de desarrollo, pero no dicen absolutamente nada del crecimiento o no de la economía comunitaria ya que esta, la economía comunitaria se postra en el “anonimato” porque los resultados de la economía que debía medirse con indicadores del “vivir bien” se mide con indicadores macroeconómicos, se percibe que el Gobierno apoya y promueve el proceso de desarrollo económico considerando el liderazgo de la organización estatal y privada, y en menor grado la cooperativa; y sin incidencia alguna en la organización económica comunitaria y social.

La economía comunitaria en la actualidad y por mandato constitucional demanda desarrollarse en proyección y superación de los niveles empíricos de la economía plural (presentada como forma de organización económica estatal), hacia el campo de la economía en tanto ciencia y modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de alimentación, vestimenta, seguridad y vivienda, transporte, comunicación entre otros; sólo en esa medida tiene sentido explorar connotaciones y características de la economía comunitaria en el contexto de las cuatro formas de la economía plural del Estado Plurinacional. La economía comunitaria no es un proyecto económico en manos del Estado o de una Organización No Gubernamental estatal cuya finalidad se limite al logró de la soberanía o seguridad alimentaria, ni es un procedimiento de articulación del mercado; es más bien la forma de organización que debe ir suplantando y extinguiendo toda otra forma de organización económica liberal o capitalista y desde ella desmitificar el monopolio de pensamiento mercantil. Así bajo la mirada de organización económica comunitaria se irá prediciendo connotaciones políticas de lo que las diversas visiones conllevan en el proceso de cambio.

En el siguiente acápite se presenta aspectos puntuales que se deben tomar en cuenta antes de entrar al debate y exploración de la organización económica comunitaria y plural.

Las cuatro formas de la economía plural

Cuatro son las formas de economía que el constitucionalismo boliviano considera legal desarrollarlas para crear bienes, estas pueden sintetizarse por un lado en ideas consideradas relativamente dominantes y de aceptación en el marco general de conceptos construidos desde la práctica laboral de los obreros, el trabajo de los campesinos y la producción de bienes por productores urbanos pequeños, medianos y grandes, y por otro en la realización del productos en las esferas del mercado.

A continuación se menciona esta generalidad:

1.    La economía estatal en sus antecedentes y manifestaciones inmediatas lo ubicamos en etapas particulares del desarrollo de producción capitalista, del desarrollo de relaciones de explotación y la lucha de intereses nacionales con los intereses transnacionales, entre otros. Es la forma de economía que se desarrolló y se planteó como alternativa a la economía privada en gobiernos de corte socialista; y en periodos de crisis de los esquemas de gobiernos liberales, la economía estatal como hijo de la crisis liberal se convierte en antagónico de la economía privada ante esquemas de gobiernos y economías neoliberales. Una economía neoliberal o privatizadora es la negación de la economía estatal (esto quedó mostrado el 1985 con la privatización de las empresas estatales y la implementación del decreto supremo 21060 en el gobierno de Víctor paz Estensoro); y la ruta viceversa tendría que negar al neoliberalismo en el campo económico, es decir que bajo la dialéctica de los contrarios el estatizar la economía significaría la negación a todo neoliberalismo económico, pero por la fuerza con la que el neoliberalismo en 1985 atacó a la estructura de la economía estatal y la economía privada liberal, se contaminó el sistema liberal al grado que una restauración del viejo sistema liberal agredido en sus pilares básicos por el proceso de cambio que viene dándose por el proceso de construcción institucional del nuevo Estado no permite que la intelectualidad estudiosa pueda diferenciar el viejo liberalismo con el mimetizado neoliberalismo, menos entonces podrá encontrar las vías económicas que superen el viejo sistema liberal.

2.    La economía social cooperativa tiene necesariamente dos connotaciones que deben ser abiertamente discutidas, una entendida en la amplitud de la organización social económica y la otra en los ámbitos especificados por la teoría del cooperativismo. El cooperativismos tiene sus orígenes en la era de la Revolución Industrial en Inglaterra y sus raíces principistas en el sistema liberal y más que una forma de economía estatal en Bolivia fue en el pasado una forma de organización y asociación de intereses y capitales individuales invertidos para responder a fines comunes de sus miembros, con relevantes variantes en la categoría de propiedad. Para el proceso de cambio la cooperativa significa acercarse a diferenciar con claridad la propiedad colectiva y social de la propiedad individual en la riqueza democratizadora que encierra cualquier proceso productivo en base a la propiedad colectiva. Esto es posiblemente la razón por la que las formas de asociación cooperativa tuvieron emprendimientos satisfactorios en la línea de los servicios más que en los productivos y por los cuales en muchos casos fueron intervenidos por instancias estatales y absorbidas por capitales privados en algunos otros casos. La forma económica cooperativa fue defendida a ultranza por los grupos de poder y la corriente del institucionalismo autonomista en el oriente boliviano a raíz de las amenazas del Gobierno de intervenir las cooperativas de agua, electricidad y teléfonos en virtud a su negativa de someterse al control social.

La organización económica social debe darse en las organizaciones y movimientos sociales fundamentalmente al igual que en los sindicatos campesinos, de comunidades interculturales y otros. Una organización económica social no es si misma una cooperativa y sin duda que sus sustentos en la economía política deben construirse en el ámbito contrario al liberalismo y lógicamente neoliberalismo.

3.    La economía privada es más conocida y diversificada entre las cuatro formas de organización económica que constituyen la economía plural. La economía privada deviene de la propiedad privada que aparece paralelo al desarrollo del Estado y en negación a la “no propiedad” de bienes de producción y la tierra. Es conocida la importancia que el sistema liberal imprimió a la propiedad privada, la herencia y la libertad asociativa y con ello al emprendimiento privado y la propiedad de las fuerzas productivas como base de la economía privada. Los sistemas económicos neoliberales se caracterizan por el amplio y libre desarrollo de la economía privada aún a desmedro de cualquier otra forma económica.

4.    La economía comunitaria en sus orígenes como forma dominante de producción social puede históricamente ubicarse en comunidades anteriores a la consolidación del Estado como modelo de organización económica social. Por la naturaleza agraria de las comunidades pre estatales resaltamos el carácter de la propiedad comunitaria de la tierra o la “no propiedad de la tierra” entendiendo que la no propiedad de la tierra está fuera de todo atributo mercantil y que recupera su natural estado de bien para usufructo a favor de la colectividad sin fines de lucro. La economía comunitaria es la forma de economía que funcionalmente debe desarrollarse y potenciarse para sustentar la base de una organización social productiva ajena a relaciones de explotación de la mamo de obra y de las formas alternativas a las de la producción neoliberal o liberal.

Una primera idea que salta a la vista es que tres de las formas económicas de la economías plural responden a construcciones del modelo liberal y economía de mercado a diferencia de la economía comunitaria que en si misma no tiene un desarrollo sostenible a lo largo de las historia de las sociedades organizadas en Estado. La organización economía social cooperativa tiene un componente de cambio en la organización económica social y un viejo componente restaurador del sistema en la organización de economía cooperativa.

Apreciaciones políticas sobre la organización económica del Estado Plurinacional.

Descriptivamente es menester reconocer la importancia de contar con un Título en la CPE dedicado a la Organización Económica del Estado con las generalidades de las cuatro formas de organización de la economía plural, sin embargo la normativa constitucional no es lo suficiente amplia y precisa en sus conceptos. Desde la cotidiana dinámica económica se establece un acuerdo implícito al juego en el mercado en abierta competencia interna entre el emprendimiento estatal y el privado, obviando la creación de una ruta jurídica coactiva a favor de la organización económica comunitaria y social cooperativa y que actúe sobre las instancias competentes del área económica y productiva obligando a cumplir el mandato constitucional a mediano y largo plazo; sobre todo como organización económica estratégica del “vivir bien”.

La coyuntura en ese sentido demanda la necesidad de un tratado oficial de desarrollo teórico alternativo y creativo aplicable en el Órgano Ejecutivo con objeto de marcar ruta en el desarrollo de la economía plural ubicando funcionalmente las cuatro formas de la economía, esto para tomar parte activa en la economía desde un modelo de economía comunitaria y social y romper con el monopolio del dogmatismo teórico de regulación de los precios por el mercado y del sistema de desarrollo económico mercantil y financiero boliviano.

Ante la carencia de una legislación que encamine y proyecte a la economía comunitaria de manera estratégica, lo que se devela hasta ahora es que la regulación de precios es trazada en las calles de manera que la práctica política de los actores económicos cuando ejercen presión para conseguir una demanda particular ente el gobierno, hace suya esta responsabilidad enraizando el modo de producción capitalista que en términos constitucionales significa negar vías jurídicas que ayuden a la transformación orientada desde la normativa en vigencia.

El Gobierno, como siempre, cuando las determinaciones política y ahora económicas las toman loa actores en las calles, no puede conducir nada, ni recurriendo a la represión. Esta realidad mas de una vez a puesto al gobierno en problemas, y en el caso de las demandas de implementación de política económica estatales el gobierno - en cuanto a la aplicación de principios sobre la regulación de precios en productos de primera necesidad - no ha ido más allá de improvisadas intensiones para finalmente someter sus productos con precios regulados al imperio mercantil de la oferta y la demanda.

Oferta, demanda, subvención y regulación de precios

Uno de los ejes con los que se caracterizó al neoliberalismo en el mundo globalizado es la supresión del rol regulador del Estado en las finanzas y el comercio, es decir que un componente del neoliberalismo se pone en manifiesto en Bolivia cuando desde políticas públicas y normativa jurídica el Estado no interfiere el proceso financiero y comercial del interés de capitales transnacionales y por el contrario ayuda a este proceso a asentarse. El DS 21060 consideró este aspecto en una de sus finalidades y en los hechos mas concretos significó que los precios de toda mercancía podían fluctuar en la lógica mercantil de la oferta y la demanda y en palabras de Carlos Marx “la oferta y la demanda no regulan más que las oscilaciones pasajeras de los precios en el mercado”, esto significa que desde la oferta y la demanda se puede explicar por que el precio de un artículo en el mercado sube por encima de su valor o por el contrario baja pero de ninguna manera explicar y menos determinar el precio de una mercancía. Lo que puede hacer la oferta y la demanda al entrar en equilibrio, y libre de cualquier especulación, es encontrar el precio real de un mercancía, en todo caso solo puede encontrar un precio real en el mercado y no el precio determinado por el proceso y costo de producción en si mismo. El precio de una mercancía que descubre la oferta y la demanda en situación de equilibrio parte de un proceso de cálculo virtual que reconoce el esfuerzo productivo y finalmente de manera real determina el valor de una mercancía sustentado en los costos de comercialización y traslado del punto de producción al centro de comercialización entre otros costos de menor importancia como la conservación y cuidados dependiendo de la naturaleza de la mercancía.

Como ejemplo para acercarse mas a explicaciones sobre el comportamiento de la oferta y la demanda en la economía boliviana respecto a la regulación del precio de una mercancía se puede recurrir a la determinación del precio de los hidrocarburos en el momento que se elevó en el mercado en aproximadamente el 80 % con el Decreto Supremo 0748 de diciembre de 2010, decreto que después de movilizaciones populares en su contra fue abrogado por el Gobierno central. Curiosamente un nuevo precio después del aumento de los hidrocarburos lo impuso de manera directa una situación de conflicto y no la oferta y la demanda.

Volviendo al tema, con el aumento del precio a los hidrocarburos desde el DS 0748 se buscó explicar en primera instancia la necesidad de anular el déficit de 380 millones de dólares del año 2010 comparado con la subvención del año 2008 y en segunda la necesidad de incrementar la producción de líquidos en el país incentivando a las empresas de exploración a explotar más petróleo y por ende aumentar la producción de derivados como el diesel y la gasolina.

En el fondo se puede ver que estas explicaciones no tenían nada que ver con la regulación del precio de los hidrocarburos por el mercado a través de la oferta y la demanda, pero desde la oferta y la demanda el Gobierno explicó el aumento recurriendo al precio internacional principalmente al precio de los hidrocarburos en los países vecinos. Al caso viene dos preguntas: ¿Actuó el mercado como regulador del precio de los hidrocarburos o por el contrario el Estado es la instancia de regulación de precios en función a factores de tipos social y político?

Cuando el Estado a través de YPFB cuenta con el monopolio de la producción y comercialización de los hidrocarburos en el mercado interno no queda mas que concluir que es YPFB quien tendría la capacidad de determinar el precio de los hidrocarburos en función a criterios de costo y de ganancia, a decir de cualquier empresario se debe tener un estudio y un seguimiento a los costos y ganancias y con ello determinar el precio, pero si nos remitimos a los aumentos en los precios de los hidrocarburos encontramos que dicho aumento corresponde a las alícuotas establecidas a partir de costos de transporte y comercialización y no así a un estudio sobre los costos de producción, hasta ahora no se conoce cuanto cuesta la producción de un barril de petróleo o de un litro de gasolina, pero se conoce supuestamente el costo de su transporte y comercialización que se traduce en las alícuotas establecidas a los hidrocarburos, lo que hace complicado definir hacia donde se dirige la subvención y en caso de hacerlo a donde se le quita, si a la producción, refinación, exploración o comercialización.

En la opinión pública los bonos Juancito Pinto y el Bono Dignidad para estudiantes de primaria de Unidades Educativas del sistema público y para el universo de personas de la tercera edad registradas respectivamente se otorga desde las ganancias generadas por la venta de los hidrocarburos, lo que supone ganancia e ingresos positivos. Ahora si la venta de los hidrocarburos genera ganancias, ¿Cómo se genera las pérdidas en la subvención del mismo producto? La explicación lógica es que la subvención no es tal y mas bien se trata de inversión en alguna etapa de la producción, posiblemente en la etapa más débil. La comercialización en el mercado interno de diesel y gasolina producido en Bolivia es rentable y genera altas ganancias, de eso no debe haber duda incluso es posible que genere ganancias para aumentar el ahorro interno y las reservas nacionales.

Pero entonces lo que ocurre cuando se hace referencia a la subvención, es que por la insuficiencia de producción para la demanda interna, se compra gasolina y diesel a países a un precio mayor al precio establecido por los costos de producción, transporte y comercialización que realiza YPFB para el mercado interno, si es así por qué no se invierte en refinerías para elevar la producción de diesel y gasolina y satisfacer la demanda interna, para que en función a las leyes y principios de la competencia, la oferta y la demanda YPFB incluso pueda terminar con la competencia y obligue a las empresas petroleras a bajar el precio de la gasolina y el diesel. Todo hace ver que, a).- cómo el mercado nacional es tan reducido comparado con el mercado en los países vecinos, su influencia en el mercado regional con cantidades necesarias producidas para satisfacer la demanda para el mercado nacional y algún excedente para el mercado vecino es insignificante y sin gravitación alguna. Y lo será no por el ámbito reducido del mercado que dispone YPFB sino porque YPFB es productor para el mercado interno de un producto que genera ganancias en sus ventas, pero al mismo tiempo es comercializador a pérdida del diesel y gasolina que no puede producir para la demanda interna, y lo compra de Brasil o la Argentina, b) que el precio lo determina el costo a nivel internacional del petróleo y YPFB no cuenta con el petróleo suficiente para refinar y producir gasolina y diesel con costos que le permitan tener ganancias y no verse en la necesidad de compra y venderlo a precio subvencionado, lo que en definitiva llevaría a la conclusión de que los pozos petróleo son insuficiente y se debe invertir mas en exploración y explotación de petróleo, y c).- que cuando se habla de mercado energético no se puede ajustar a las reglas convencionales del mercado de la oferta y la demanda sino de necesidades de desarrollo productivo y distribución de bienes para satisfacción común.

Lo que demandaría la lógica del mercado es copar la demanda o jugar con lo que se tiene a costa de pérdidas constantes para cerrar la empresa y dejar que la ciudadanía compre a precio de mercado. La subvención altera esta lógica y distorsiona toda regulación en los precios.

Distorsión de la oferta y la demanda en el caso de la regulación de precios

Una primera distorsión que genera la subvención es que no habiendo competencia interna se quiera suponer un mercado que regule el precio de los hidrocarburos desde oferta y la demanda, es ilógico concebirla en este caso como ley aplicable en el campo económico si el monopolio o el control de la exploración, explotación, traslado y comercialización lo tiene la empresa estatal YPFB.

A YPFB y al Estado plurinacional le toca ver que la gasolina, el gas natural, el diesel mas otros productos derivados son parte de un proceso que idealmente debe desarrollarse en el ámbito de la organización económica social sino comunitaria, recuperando valores y principios que la CPE establece para el vivir bien y dejando a un lado el criterio de que el precio de los hidrocarburos los determina el mercado.

Los países desarrollados saben que no es el mercado de la oferta y la demanda que en rigidez determina el precio del petróleo, talvez la fluctuación, pero el precio se determina desde el poder y hegemonía de las potencias económicas – militares. Las guerras por el petróleo responden a esta necesidad. Así el precio del petróleo y de los principales energéticos es sustancialmente diferente en su determinación a lo que sería para el azúcar, el maíz o soya frente. El precio del petróleo esta determinado por la tenencia, el control y el flujo que este puede tener en función a necesidades de dominio económico – militar y posicionamiento geopolítico internacional. Esto ocurrirá siempre con cualquier mercancía que sea de demanda universal.

Así como los principios newtonianos son válidos en un rango donde la masa se mantiene constante para velocidades menores a la de la luz, entonces también los principios de la oferta y la demanda tienen sus límites no solo políticos, sino también en la particularización o universalización de las demanda.

Para seguir explorando el tema de la regulación, la demanda y oferta en Bolivia y el proceso de cambio se puede tomar otro ejemplo; el tema de la producción, traslado y comercialización del azúcar. Para el caso el Gobierno a través de EMAPA no tuvo el monopolio y menos el control de la producción, trasporte y comercialización; en términos económicos actuó como otra empresa en competencia con la Empresa Privada y desde esta posición desventajosa en el mercado y ventajosa en tanto Institución estatal, quiso regular el precio del azúcar rompiendo la lógica de la oferta y la demanda en el mercado. Las preferencias de exportación que por decreto gozada EMAPA y las trabas interpuestas a la Empresa Privada no fueron herramientas eficaces para controlar el precio del azúcar y menos regularla de manera sostenible. Todo intento fue inútil y el resultado a mas de desgastar la gestión política y económica del Gobierno central, después de más de dos meses de especulación y agio con el azúcar, donde se supuso el ocultamiento del azúcar no solo de parte de comerciantes sino del la propia empresa estatal, se resolvió las colas de compradores y la carencia liberando el precio del azúcar al mercado. Después de mas de 30 días de conflicto y presión de productores y comerciantes en las calles, EMAPA torció la mano. Los comerciantes mayoristas y minoristas finalmente determinaron parámetros y ajustaron el precio del azúcar desde la oferta y la demanda que en los hechos significó la negación del rol regularizador del Estado, algo semejante pasó con el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda que frente al aumento de pasajes por el transporte público se vio imposibilitado de regular y optó por deslindar parte de su responsabilidad a los gobiernos autónomos municipales y departamentales pese a que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización le asigna la responsabilidad de establecer parámetros reales para el costo de pasajes.

Vemos que las leyes que permiten la fluctuación de los precios de la mercancía esta expuesta a las condiciones que la relación Estado y sociedad determina y en ese caso el precio no fluctúa solamente por la acción de las leyes mercantiles de la manera pura como se la muestra en teoría, sino que aparecen dos contrarios que se pelean no por el mercado, sino por el poder y la competencia reguladora.

Para el caso del pan de batalla el precio fue consensuado entre representantes del Gobierno y de la asociación de panificadores, el precio del pan cuya elaboración y componentes es subvencionada no es un mérito de la función regularizadora del Gobierno, ya que, como se dijo mas arriba la subvención distorsiona el mercado sobre todo si lo que se quiere como Estado es regular el precio final al consumidor.

Un precio acordado por dos partes, en este caso panificadores y Gobierno reconocen implícitamente que se están moviendo por la regulación del mercado ya que los ajustes de precios se hace en función del precio de la harina en el mercado con la salvedad que el Gobierno paga una parte y otra los panificadores, pero en función a la ganancia esperada por los panificadores y de la cual no se beneficia el Estado, ni siquiera a través de los impuestos que pueda generar la actividad económica.

El caso de EMAPA junto la crisis de la producción del cemento debe ser analizada desde la viabilidad de la producción y las ganancias que generará a toda empresa estatal luego que en su comercialización el precio inevitablemente tendrá la fluctuación que el juego en el mercado impone a través de la oferta y la demanda.

Estos hechos junto a otros de menor impacto público en el presente año dice claramente que el mercado puede regular fluctuaciones de los precios de los productos de primera necesidad abstrayendo la diversidad de los procesos productivos, de comercialización y transporte, y que la política por el control de precios que supuestamente maneja el Gobierno es improvisada e imprecisa. Con estos ejemplos queda claro que el mercado de la oferta y la demanda no se mueve de manera regular y con resultados predecibles cómo muchos economistas liberales en función de gobierno y en oposición quieren hacer ver, el mercado no regula el precio de las mercancías ya que desconoce cualquier subvención y proceso productivo.

Por otro lado si el estado se adhiere a la lógica económica competitiva desde el rol de empresa, es viable en la etapa de producción en virtud a disponer de capital pero en la comercialización no tiene frutos más allá de distorsionar la regulación de los precios en el mercado de la oferta y la demanda. El Estado en estas condiciones no regula los precios de las mercancías pero si se somete a la presión de sectores que se enfrentan para respaldar el libre desarrollo del la oferta y la demanda.

Como primera conclusión sobre el tema se debe empezar a manejar la idea de que el mercado no es la única etapa final del proceso que va de la producción al consumo; que la economía social y comunitaria está en la tarea de desarrollar una nueva forma de llegar al consumidor, que la subvención es una política social que responde a necesidades sociales y no de mercado y que finalmente el agua y la energía no son mercancías sino bienes de uso y consumo, pero que el capitalismo y el imperialismo los enajena en función a su intereses de dominación y hegemonía política, económica y militar.

Dialéctica de la lucha de clases en la normativa de la economía plural.

Con argumentos que van desde el ámbito político, económico y hasta religioso las posiciones que tienden a esclarecer teóricamente la economía plural, sin pruebas reales ante la ausencia de procesos sistematizados y evaluados, se puede ir afirmando que un conjunto de opiniones desembocan en el criterio general de que la economía plural es un sistema de desarrollo productivo puestas en práctica aun de manera empírica, partiendo de especificaciones funcionales constitucionalizadas de cada una de las cuatro formas de la economía plural hacia el desarrollo normativo estatal transitorio.

Así que las cuatro formas de organización económica al ser evaluadas como etapas de un proceso o como formas de distinta finalidad se tendrá que bifurcar en dos miradas, uno como un proceso de desarrollo económico fundamentado en los diversos complementarios donde una forma es menos sin la otras y una de ellas es mas con las otras, y otra como el desarrolla normativo y argumental en torno a cuatro formas económicas en antagonismo en el proceso de iguales y contrarios donde una de las formas económicas debe cobrar predominancia sobre las otras para, como dice la CPE, mejorar la vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. En general  para abordar las miradas sobre la economía plural y en particular de la organización económica comunitaria se debe empezar por mostrar partes fundamentales de la normativa constitucional en el tema.

Implícitamente la CPE para organizar la economía plural la disgrega en dos grupos; el primer conformado por la economía estatal y la privada, el segundo por la comunitaria y la social cooperativa. En esa lógica desaparece la igualdad jurídica y es remplazada por una organización económica jerarquizada que va de lo fundamental y estratégico a lo complementario y secundario. En el artículo 309 de la CPE se descubre lo estratégico y fundamental de la organización económica estatal sobre las formas comunitarias y social cuando dice que esta “cumplirá el objetivo de administrar los servicios básicos de agua potable, y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas”; el lineamiento puede traducirse en otros rubros productivos y no sólo el de servicios.

Además de la organización estatal hay espacio estratégico reservado por la CPE a la organización de la economía privada que reconocida y protegida por el Estado pueda contribuir al desarrollo económico, social y fortalecimiento de la independencia económica del país sin acumular poder tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado.

La idea central, al margen de las imprecisiones y uso de términos de manera imprecisa en la CPE, es que la economía plural en la mirada del actual Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo del Estado Plurinacional es la organización económica que impulsa formas estratégicas de organización económica estatal y privada y como complemento a estas, de manera secundaria impulsar formas de organización económica comunitaria y economía social. Esta mirada refuerza toda economía de mercado debilitando roles reguladores del Estado poniendo en riesgo el desarrollo de emprendimientos colectivos de la organización económica comunitaria y social.

¿Cómo entendemos la economía comunitaria? Al buscar la viabilidad de una organización económica comunitaria y social en el Estado Plurinacional es prudente hacerlo considerando su antagonismo con toda formas de organización económica privada y no desde su rol de complementariedad, dicho de otra manera , la forma de organización económica privada tiene en la forma de organización comunitaria y social su principal antagónico si se considera no solo la organización económica en su ámbito productivo, sino en la conformación de nuevas formas de relacionamiento de intercambio de productos o de la distribución de bienes. Se trata de buscar en la organización económica comunitaria el eslabón que permita relacionar la organización comunitaria en su fase de organización productiva con la organización económica de intercambio, que remplace la lógica del mercado y de la oferta y la demanda.

Aclarando la idea expuesta en el párrafo anterior nos encontramos con pensadores marxistas que proponen organizaciones productivas alternativas a la empresa privada, cuya realización de su producto o mercancía finalmente no la apartan de todo el pensamiento y lógica mercantil. Esta visión limitante hace que desde el espectro de las transformaciones económicas no se distingan las vías racionales que sustenten la viabilidad de la organización económica comunitaria y social. Por ejemplo el proceso de estatización de la economía estratégica del Estado Boliviano muestra un camino de organización productiva que enfrenta y disputa hegemonía a la organización económica privada nacional pero al entrar al campo de la realización de la mercadería, su producto terminado lo somete inevitablemente al mercado de la oferta y la demanda, con operadores mercantilizados y hasta en relaciones laborales de explotación, lo que finalmente muestra a la oferta y demanda como la indestructible forma de regulación de precios, y a la producción capitalista como la única forma viable de producción para salir del subdesarrollo. Esto lo palpamos con la producción cooperativa de minerales, en prestación de servicios, productos de agrupaciones productivas comunitarias y lógicamente toda la producción estatal y privada.

Frente a todo ello la Organización económica comunitaria debe producir bienes para distribuir o intercambiarlo; no para llevarlo al mercado, solo en esa medida se puede entender que la organización económica comunitaria y social sea entendida en el antagonismo de la lucha de clases

La organización económica comunitaria debe negar el rol regulador del mercado en tanto no debe ser productora de mercancías sino de bienes y servicios en la mirada del vivir bien.

El Estado a través de su organización institucionalizada en concordancia con la producción generada desde la economía estatal puede jugar un rol regularizador desde la mediación mercantilizada, es decir establecer precios desde indicadores de accesibilidad y de necesidad del vivir bien.

El sistema plural debe empezar a explora desde la organización económica comunitaria y social las formas y contenidos de relacionamiento económico que suplante las formas asalariadas de producción, la explotación de la fuerza laboral y la acumulación y concentración del capital en pocas manos.

Pero no solo explorar desde las formas y contenidos de la organización económica comunitaria, sino desde las cotidianas demandas de propiedad de la tierra y los medios de producción y el aporte del sistema financiero a la producción nacional a través de préstamos al emprendimiento individual, el potenciamiento de la pequeña y mediana empresa, por poner algunos ejemplos.

Disfunciones con la organización económica comunitaria.

Para introducirse al campo normativo de la organización económica plural se tendrá que debatir en el parlamento y legislar los temas de desarrollo, agrario, industrial, comercialización entre otros. Existe el criterio en sectores afines al gobierno que la organización económica comunitaria tiene un alcance rural y que este debe responder a la seguridad y soberanía alimentaria, pero eso no debe ser así, ya que la organización económica comunitaria debe abarcar el conjunto productivo del Estado plurinacional.

Se tiene muchos ejemplos para analizar la viabilidad de la Organización Económica Comunitaria al igual que ejemplos para ilustrar disfunciones entre el concepto que se pueda construir para el desarrollo de la economía comunitaria en un contexto de impulso a la economía estatal que compite con la economía privada. En este contexto competitivo se está confundiendo la organización económica comunitaria con a).- el impulso de proyectos productivos de organizaciones sociales y organizaciones campesinas que requieren el apoyo del gobierno, b).- con el emprendimiento estatal en la industria y c).- con el control de precios y subvención en productos específicos.

Por ejemplo; en referencia a la propiedad y el saneamiento de tierras ejecutado por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria INRA se tiene al frente una legislación que no vas allá de la titulación de la propiedad agraria individual que fomenta la organización económica privada y convierte a la tierra en mercancía. La propiedad de la tierra de pequeños productores agrarios, de los viejos terratenientes o empresarios agroindustriales desde el trabajo jurídico del INRA se convierte en mercancía que es utilizada para especular y desarrollar operaciones financieras. La propiedad de la tierra desde el saneamiento y titulación se ajusta entonces a la categoría de propiedad liberal y de uso en la forma de producción capitalista.

Para el caso de la producción agraria la organización de la economía comunitaria no debe concebir a la tierra categoría alguna de propiedad; ni individual ni colectiva, esto en el sentido de que la tierra debe ser trabajada para beneficio común y desde su capacidad de uso, de producción social y comunitaria. La tierra para la economía comunitaria debe tener un valor de uso, no de cambio, no sometido al mercado de la oferta y la demanda. Sin propiedad individual o colectiva de la tierra se incorporará en la organización económica comunitaria la racionalidad de la producción; la planificación en función a necesidades y no en función a ganancias; el cuidado al medio ambiente, el uso de tecnología apropiada y mecanismos creativos para cumplir nuevos fines de distribución y sacar el producto definitivamente del ciclo de producción capitalista, que como se decía mas arriba supone la exploración de nuevas formas y mecanismos de llegada al consumidor desde la etapa productiva sin llegar al mercado de la oferta y la demanda. En los términos que impone la legislación sobre la propiedad privada o colectiva de la tierra, el desarrollo productivo solo puede darse para fomentar e impulsar la organización económica privada, cooperativa o estatal pero no para desarrollar la organización económica comunitaria.

En el tema industrial el impulso a la economía estatal en competencia con la empresa privada se da con ejemplos de la fábrica de cartón (Cartonbol), la procesadora de lácteos (Lactosbol), la fábrica de papeles (Papelbol) y otras empresas estatales de reciente creación. Se trata de empresas pequeñas inspiradas en la competitividad productiva y la disputa de mercado con la empresa privada, pero su creación no es para ser empresas productivas comunitarias, sostenibles y sin fines de lucro, eso no se da, y por ser pequeñas empresas existe la gran probabilidad de sucumbir ante el poder de la empresa privada nacional o transnacional, esto debido a la falta de políticas de regulación de la competencia entre empresas y por falta de un tratado económico serio que enfoque la transformación del modelo de organización económica capitalistas hacia la organización económica plural. La economía plural desde el impulso de pequeñas empresas industriales estatales se verá en grades dificultades si se busca que desde la organización económica estatal se pueda fortalecerse la competencia con la empresa privada nacional o transnacional.

En el tema de comercialización con EMAPA se tiene que en razón jurídica de Empresa de Apoyo a la Producción Agraria se introdujo a competir en el área de comercialización generando efectos negativos en el sector productivo privado haciendo que la producción sea insuficiente y se tenga que recurrir a la importación de azúcar. Erróneamente se atacó competitivamente a sectores productivos desde la comercialización, paralizando el proceso productivo y fortaleciendo el proceso de comercialización, el Estado podría haber tenido otro resultado si la competencia la hubiese desarrollado desde una empresa productora de azúcar y no desde una instancia de comercialización que finalmente terminó en apertura a la importación y no de fomento a la producción. Hoy se intenta enmendar este error desde acuerdos con la empresa privada y pequeños productores de caña a condición de producir azúcar a precio preestablecido antes de la producción, esto de nuevo no tendrá efectos positivos debido a que la batalla por el precio del azúcar fue ganada por los pequeños y medianos comerciantes que impusieron a la empresa privada y al Estado su preferencia por el mercado de la oferta y la demanda que incluye el contrabando y la importación legal. El Ministerio de Desarrollo Económico y Desarrollo Plural cae una vez mas en improvisaciones de organización económica y confunde y enfrenta a la producción planificada con la comercialización regulada, la proyección de costos con la imposición de precios. En meses se verá si bajar el precio del azúcar de 9 Bs. a 6 Bs. es posible sin movilizaciones gremialistas y sin ocultamiento y especulación que ocasione una nueva situación de conflicto. Determinar el precio del azúcar sin pasar por el mercado de la oferta y la demanda sería posible si la producción del azúcar sería monopolizada por la empresa estatal, que no es el caso, y con el Ingenio en Buenaventura no matará a la empresa privada para tener dicho monopolio.

Por hora queda una ruta que explorar y esa es el de la organización económica comunitaria con el presupuesto de que es ella la que rescata el principio constitucional del vivir bien.

La Paz, 10 de mayo de 2011