A LA LUZ Y SOMBRA DE LA DEMANDA SOCIAL

Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte

Al sondear las posibles proyecciones políticas de las movilizaciones protagonizadas por diferentes sectores (Obreros, profesionales, pueblos y organizaciones indígenas); se detecta una emergente estructura o red política organizada desde sets televisivos y cabinas radiales al mando de directores de noticias y conductores de revistas informativas. Se trata de una red política ideológicamente heterogénea, conformada por activistas de diversa naturaleza - entre ellos intelectuales disidentes del Movimiento Al Socialismo, analistas políticos partidarios de la oposición, expositores del indigenismo y del indianismo, expositores del obrerismo salarialista y ambientalistas con trayectoria de oposición crítica y oposición dura al Gobierno Central que introducen en el ámbito mediático ejes discursivos y clichés antigubernamentales en amplia semejanza a la línea discursiva manejada por aquella vieja estructura de Poder republicano que se opuso a la Asamblea Constituyente y que aún permanecen activados bajo la inspiración de residuales normativas derivadas de la abrogada Constitución Política del Estado. Son de alguna manera una colectividad amorfa que no responden a ninguna lógica de jerarquía institucional u orgánica y en más de los casos individualidades ajenas al disfrute directo de la conquista de las reivindicaciones de los sectores en conflicto, sin que por ello se niegue la realización y trazo de propósitos comunes.

En consecuencia se percibe que a la dinámica política del conflicto y la atención a la demanda social se suma, (con un protagonismo eminentemente mediático), una colectividad política auspiciada y seleccionada desde las cabinas de los medios de comunicación cuya característica utilitaria a fines desestabilizadores es ser presentada sin rótulo alguno de una ideología hegemónica de naturaleza clasista, indigenista o populista. Esta colectividad, que intervienen de manera parcializada desde la gestión de directores de noticas y revistas informativas, responden a intereses transnacionales ligados a propósitos de dominio del Imperio Norteamericano y de la burguesía más conservadora de Bolivia; y para desarrollare y multiplicarse parcializan sus opiniones a favor de sectores movilizados sin entrar en análisis serios y pasando por alto consideraciones necesarias que expliquen  la sostenibilidad de las demandas o la factibilidad de ser atendidos favorablemente en función a los recursos que ofrece el Estado Plurinacional.

Concretamente, el accionar y el discurso de esta red opositora, y su agenda en particular, viene marcada desde los medios de comunicación bajo dos líneas de acción estratégica y una sola ruta lógica. Una línea de acción consiste en manejar la noticia y el análisis del conflicto y la demanda social como herramienta de interferencia al afianzamiento y fortalecimiento de toda relación positiva entre las mayorías populares y el Gobierno Central y la otra en promover el desgaste y liderazgo del presidente Evo Morales a objeto motivar en la oposición parlamentaria y nuevos liderazgos en sectores movilizados, la conformación al menos de una incipiente estructura política con sostenibilidad para afrontar con mayores perspectivas la carrera electoralista para las elecciones nacionales del 2014.

La lógica de intervención de esta particular estructuración coyuntural en la diversidad opositora se centra en manejar ideas contrapuestas al proceso de cambio para llegar a la opinión pública y desvirtuar la atención que da la institucionalidad estatal a la demanda social. Así desde el principio dialectico de la contradicción a toda gestión y opinión del Gobierno se le busca su contrario. Esto es dialectico, no hay duda, pero para casos que la realidad nos pone al frente, la disidencia se equivoca al interpretar la realidad asumiendo metodología dialéctica al tiempo de alterar el natural comportamiento y relacionamiento de los contrarios y forzando los principios fundamentales de la Dialéctica de la naturaleza y del materialismo histórico. Y es que la demanda social no enfrenta a su contradicción en la atención institucional, pero erróneamente la oposición así quiere interpretarla.

Los opositores usando el principio de acción y reacción buscan contrarios sin analizar en muchos casos que ese contrario expuesto mediáticamente es precisamente el objeto o postura que ha sido superada, que ha sido negada por la nueva situación. Por ese lado la oposición mediática mas retrógrada para ilustrar su oposición al gobierno y objetivar intereses antagónicos al proceso revolucionario que se desarrolla en el Estado Plurinacional expone como contrario a la nueva constitución, la vieja constitución, sin considerar que la vieja constitución fue negada por la nueva y que la implementación de esta nueva empezó a desarrollarse desde sus fundamentos positivos y filosóficos. La implementación y ejecución del constitucionalismo está tomando su sentido de desarrollo de manera paralela al desarrollo de la sociedad en la superación de sus contradicciones secundarias y en el entendimiento de sus antagonismos. Negar este hecho es un acto de perversidad política o de insensibilidad a acontecimientos de transformación institucional profunda. El Estado Plurinacional ha negado al Estado – Nación, y es en esa lógica un Estado superior y más desarrollado.

 Así, entre otros puntos está en curso la imposición de una forma de organización económica Plural para negar la exclusividad de la organización económica privada, y esa ruta marca lógica y argumento racional coherente para concluir y trabajar políticamente en la negación de la vieja organización económica y predominancia económica y política de las tradicionales castas y clases sociales.

Es así que a diferencia de sociedades organizadas en Estados que consolidaron el Poder de una clase, es decir Estados donde se conformaron institucionalidad sólida y sin márgenes de transformación significativa es decir cumplieron las tareas trazadas por la revolución democrática burguesa, en Bolivia el proceso de transformación institucional y de relacionamiento de la sociedad con el Estado está expuesta a grandes transformaciones, con márgenes marcados por el derecho de los ciudadanos. Estas transformaciones por razones diversas no se está dando de manera plena y sujeta al consenso, como algunos analistas y asambleístas supusieron que se daría; coyunturalmente la institucionalidad en el Estado Plurinacional se transforma desde la conflictividad generada por la demanda social y la atención, bajo la influencia de prejuicios y concepciones dogmáticas y liberales, es decir que las transformaciones institucionales se realiza en el ejercicio de la vieja concepción represiva y coercitiva del Estado, pero dando pasos, para superar esta perversidad natural de toda organización estatal, dando paso a la promoción de una mayor participación social y sobre todo creando una defensa también cualitativa al proceso y cambio iniciado con la promulgación de la Constitución Política del Estado.

Por lo anterior es que el Gobierno desde las medidas económicas y políticas asumidas seguirá siendo la referencia real del cambio y la revolución (en parte impulsando las tareas inconclusas de la revolución burguesa y en parte adentrándose a la revolución democrática y popular), a diferencia aquella red política y fuerzas opositoras que por ahora - por mas radical de izquierda o de derecha que sea - representará oposición al cambio y a toda revolución y por ello impulsores directos o indirectos del proyecto restaurador de la retrógrada burguesía nacional y transnacional y de los intereses imperialistas.

Es importante mencionar a manera de aclarar tendencias y posturas políticas que La movilización de la Central Obrera Boliviana no es entendida por la opinión púbica como acción revolucionaria ni de cambio, menos la de los universitarios, los profesores, transportistas, médicos y por cierto tampoco la de los indígenas que vienen realizando la novena marcha. Ninguna de ellas, en la magnitud que la hace el Gobierno, reivindica dignidad y soberanía, una alternativa de poder popular, la liberación de la economía nacional frente a las transnacionales, regulación del mercado a partir de la acción de las empresas de propiedad del Estado y las alianza regional antiimperialista. Esta es la realidad que se debe considerar en política para exponer de manera lógica el tema de las contradicciones y la posición y proyección política del Gobierno y los sectores sociales movilizados.

La perversidad opositora en el análisis de la demanda social

Para el caso de la demanda social y la institucionalidad estatal, como hipótesis de debe plantear que mientras exista el Estado; es decir, en tanto las sociedad este organizada en Estado; existirá la demanda social. La abolición de la demanda social vendrá con la negación del Estado, cuando la organización social pueda satisfacer sus necesidades desde el trabajo y transformación de la materia a fin de darle un valor de uso sin proveerle un valor de cambio, inevitablemente la demanda social desaparecerá sólo cuando el producto del trabajo humano no se transforme en mercancía. La demanda social no será parte de la construcción o solidificación de la institucionalidad estatal cuando el trabajo social necesario sea resultado de una planificación y organización social que lleve a la satisfacción material y espiritual de las necesidades de la sociedad.

Es en esta concepción teórica de desarrollo de la sociedad y del Estado que se debe entender, interpretar, atender y superar la demanda social. sin embargo la oposición perversamente cree que la demanda social debía desaparecer en la gestión del Gobierno de Evo Morales o al momento de haber asumido el desafío de transformar la realidad estatal desde otros parámetros a los de la vieja estructura de poder. Desde un mínimo esfuerzo mental se puede concluir que esta manera perversa de interpretar la demanda social es distorsionada e interesada y por lo mismo de imposible sostenibilidad. Muchos opinadores que son parte de la red mediática y manifestantes no se cansan de gritar que el cambio se ha estancado, así desde estribillos callejeros repiten “Evo decía que todo cambiaría; mentira, mentira la misma porquería”. Al someter estos estribillos a la razón y el análisis lógico, se nota que es una más de tantas otras consignas opositoras que buscan el desgaste de Evo, y de ninguna manera una conclusión que lleve a la necesidad imperiosa de orientar la gestión social y la atención a la demanda desde miradas antagónicas a la actual.

Igualmente está claro que la única posición antagónica de atención a la demanda social fue la vieja forma de gestión, aquella que sustentaba la vieja constitución y que se sostenía desde la exclusión de las mayorías y de la conculcación de derechos constitucionales. Aquella vieja forma está en proceso de superación desde sus partes, no desde su totalidad ni en miras a su absoluta desaparición, por ello la atención a la demanda social aún esta impregnada de contradicciones internas secundarias y por muchos años más será la manera mas importante y cercana para la sociedad de entender las contradicciones y las transformaciones que se pude generar desde un Estado cuya lógica de soberanía y de mandante radica en la sociedad y no es sus gobernantes.

Interpretaciones y conclusiones particulares del momento histórico.

Sobre la atención a la demanda social, la red política mediática interesadamente estructuró una batería de opiniones parcializadas al ámbito económico y político transmitiendo a la opinión pública el supuesto de que la administración pública del Estado Plurinacional, al contar con recursos muy por encima de los que se contó en periodos pasados puede disponer de estos para atender favorablemente todo la demanda de aumento salarial en la fidelidad misma con las que el sindicalismo plantea en sus pliegos petitorios; mas de mil dólares de salario mínimo. Esto más que una propuesta racionalmente planteada parece una consigna antigubernamental y movilizadora de sueños y esperanzas irrealizables a plazo inmediato.

Es productivo no dejar pasar por alto el darse por enterados que, solo por poner un ejemplo, las demandas o pliegos petitorios de la COB, históricamente han sido redactadas y socializadas acompañada de líneas estratégicas para organizar a la clase obrera, donde las medidas de presión durante regímenes democráticos fueron ejecutadas para arrancar beneficios postergados a la administración estatal y al poder empresarial privado pero siempre con la premisa de que no hay Estado o empresa privada alguna que llegue a satisfacer las necesidades reales de la clase obrera o de otro sector de las mayorías; entendemos que ni siquiera un Estado Obrero – Popular hipotéticamente definido podría hacerlo, por razones propias de la dinámica que genera la lucha de clases y las luchas libertarias contra estructuras económicas y sociales de estados imperialistas.

La Central Obrera Boliviana al acometer contra las determinaciones del Estado Plurinacional y plantear la gestión de la demanda social y demanda salarial con los mismos criterios con los que lo hizo ante los Golpe militares, en periodos de dictaduras militares o periodos democráticos de los gobiernos civiles (Paz Estensoro, Paz Zamora, Banzer, Quiroga y Mesa) se autolimita a ver una infinidad de diferencias entre anteriores gobiernos y el actual, diferencias que son importantes desplazarlas a la acción reivindicativa y la acción estratégica de los trabajadores. Ahora bien, es claro que existen similitudes y que existirán por muchos años, pero la razón principal de estas similitudes deviene de la naturaleza de la organización estatal, a la que toda gestión gubernamental debe someterse, es decir a la similitud que la legalidad estatal establece.

La Central Obrera Boliviana en virtud a su componente político, necesario para el avance de los objetivos universales de la clase obrera y el bloque popular revolucionario, y la sociedad en su conjunto, también con su accionar político se desarrolla en un periodo estatal político fuertemente marcado por miradas dirigidas a la Construcción del Estado Plurinacional en la visión establecida por la Constitución Política del Estado, más que en apego a un proyecto de clase. Es en ese ámbito constitucional que tendría que analizarse e interpretar la realidad socio económico y política del Estado. De ninguna manera será productivo un análisis al margen de ella, de la construcción institucional del Estado sobre todo si se toca la coyuntura propiciada por la demanda social. Concretamente, la visión del nuevo constitucionalismo hace que la demanda social deba ser analizada con criterios e indicadores que midan la superación de las contradicciones generadas por la miseria, la exclusión, la soberanía, la baja participación democrática de las mayorías, la dependencia económica y la superación de la forma de organización económica privada. Esto no por capricho sino porque el proceso de cambio definitivamente ha puesto en curso el desafío de superar las contradicciones Estado - Sociedad y que la institucionalidad del viejo Estado no la hizo y ni siquiera pudo entenderla adecuadamente.

Esta descripción genérica, más que una pauta de análisis, se puede entender como una base conceptual para interpretar la coyuntura, la orientación y accionar político - reivindicativo de los movimientos sociales y la gestión del Gobierno en la atención a la demanda social, todo en interacción con un conglomerado híbrido de individualidades y estructuras económicas corporativas opositoras y disidente al Gobierno y el MAS.

De ninguna manera se debe suponer que las contradicciones de clase, con el actual Gobierno, han sido superadas o que la lucha en función a ella quedó postergada. Lo claro es que se tiene al frente dos situaciones en conformación de niveles de antagonismo y de rutas irreconciliables; por un lado, la construcción institucional del Estado Plurinacional en apego a las visión constitucional asumida por fuerzas revolucionarias y fieles al proceso de cambio; y por otro, una ruta que va del caos a la reorganización de un bloque opositor híbrido, a la sombra de fuerzas conservadoras y reaccionarias con capacidad coyuntural de capitalizar el descontento social y la solidaridad a las movilizaciones indígenas, que de alguna manera puede desembocar en la estructuración de una opción política de los viejos grupos y castas dominantes o de una burguesa nacional al servicio de los intereses transnacionales y del Imperio Norteamericano. Esto último orientado y viabilizado, se decía mas arriba, desde una red política mediática.

Percepción sobre la acción política opositora

El proceso democrático por los que ha debido pasar el parto de la CPE, además de las batallas libradas por las fuerzas revolucionarias contra los tradicionales grupos de poder, hasta antes de la promulgación de la nueva CPE, si es bien cierto que ha despojado al pueblo boliviano de toda ingenuidad política y de servilismo a elites partidistas, no es menos cierto, que acontecimientos posteriores a la promulgación de la CPE también ha permitido que las fuerzas reaccionarias replanteen su accionar político, se acomoden y recuperen posiciones aprovechando “errores” en las decisiones y acciones políticas del MAS y en la debilidad de una oportuna atención y adecuada administración del conflicto generado por casos particulares de la demanda social de naturaleza compleja y de imposible satisfacción inmediata.

También se ve en la coyuntura el accionar de un sector intelectual, de disidentes de las clase medias, campesinas e indígenas que fueron militantes del MAS o funcionarios del Gobierno convertidos a independientes en muchos casos y en otros convencidos de una filiación política de corrientes que abarcan desde viejas organizaciones liberales y socialdemócratas hasta tradicionales obrerismos independientes y trotskistas, todos con el común de tener “corazones sensibles” por las movilizaciones indígenas, y actitudes críticas a las respuestas y gestión gubernamental bajo particularidades específicas.

Las particulares movilizaciones y opiniones de apoyo a las movilizaciones indígenas y las reivindicaciones obreras y populares propagandizadas y difundidas por los medios de comunicación, más el interés político de la oposición por sabotear toda alternativa de solución y acuerdo entre el Gobierno y movilizados, ponen en evidencia el perverso intento de la reacción por crear una incipiente ruta de desgaste del Estado Plurinacional y un complejo mecanismo de reorganización de fuerzas reaccionarias desde estructuras interinstitucionales y liderazgo generados en el descontento social.

No es casual y espontáneo la conformación de comités interinstitucionales en las movilizaciones contra alcaldes afines al MAS, ni la aparición de grupos de vigilia y comités de apoyo a las movilizaciones reivindicativas de compleja atención, por ello no es aventurero concluir que esta en curso la estructuración de la oposición a partir de estas manifestaciones, y con la plena certeza del hecho anterior descrito entender la politización partidaria o derechización del “apolítico”, curiosamente en complicidad no intencional ¿o tal vez sí) de ex aliados del MAS y de organizaciones sindicalistas y corporativas con compromiso ajenos al del Estado.

Entonces, el apoyo, la vigilia y opinión crítica como mecanismos parta enfrentar a la gestión gubernamental podría explicar el interés “patriótico” de la oposición y la disidencia gubernamental si para el caso al menos existiese una propuesta de solución a la demanda social o mínimamente tuviesen en mano un proyecto real de desarrollo alternativo y propio aun sea profundamente liberal; es decir si contaran con una propuesta que no se limite a cuestionar solamente la viabilidad de las medidas que el gobierno está dando a una economía de naturaleza extractiva de recursos naturales, y explicaran que en el campo de Política Económica desde la forma económica extractiva heredada de la República colonial y liberal la forma en que el Estado Plurinacional puede proyectarse a superar la negra etapa, planteando objetivamente explorar y avanzar con la industrialización y transformación de la materia prima y sobre todo entrar a una Revolución Productiva Comunitaria para establecer nuevos emprendimientos hacia el desarrollo económico social y de servicios.

En definitiva, desde lo expuesto queda concluir parcialmente que para la reacción, la coyuntura es favorable a sus intereses de desgaste del gobierno pero que no está ante mancos. Para el Gobierno la coyuntura es el desafío para profundizar el cambio y mostrarle a la oposición y fuerzas reaccionarias que no hay lugar para ellos si no se someten al proyecto de transformación emprendida desde la visión constitucional, a la forma de organización economía comunitaria, estatal y cooperativa en contraposición a la economía privada.

La sombra de la unidad indígena y la luz de su polarización.

De manera general, en el propósito de estructurar redes interactivas opositoras a la gestión del presidente Evo Morales y su Gabinete, la dinámica opositora de las fuerzas reaccionarias y corrientes neoliberales, han encontrado en la reivindicación a la novena marcha indígena el mecanismo para aglutinar voluntades individuales y colectivas dispersas afines; bien para ellos pero mal para el avance de las autonomías y el proyecto constitucional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesino. Decimos mal para los PIOC porque en la oposición no se construye el ejercicio constitucional de los gobiernos IOC. En la oposición se vive la marcha solo en tanto le permite usar como palanca mediática para exculparse políticamente por su falta de trabajo propositivo y creación de institucionalidad impulsora de transformaciones profundas en el proceso de cambio.

Pero es importante ahora desmenuzar la viabilidad o no de alianzas coyunturales y estratégicas. Con el tema IOC la dirigencia de la COB, por su naturaleza estructural orgánica aún está lejos de conformar alianzas sólidas y unitarias con los pueblos indígenas, e incluso es factible pensar que no es la ruta mas adecuada para fortalecer la estrategia clasista de la COB. La COB Podría utilizar la novena marcha indígena para sumar o sumarse coyunturalmente a la oposición pero por ahora no para potenciar un proyecto de clase. De hecho existen posiciones antagónicas entre la COB y la CIDOB, mientras la COB aglutina a organizaciones sindicales que existen en tanto son parte de una economía extractiva de materia prima, los mineros y petroleros principalmente, la CIDOB se muestran como contrarios a toda actividad extractiva y en defensa y equilibrio ecológico. Los fabriles son organizaciones de trabajadores que transforman la materia prima, trabajadores de la industria que en su proceso de transformación las mas dependen de maquinaria que arroja desechos contaminantes al medio ambiente, entonces a primera vista ambas organizaciones la COB y la CIDOB responden en ese aspecto a intereses totalmente contrapuestos.

Al respecto algún interesado en darle otra mirada a esto diría que la interpretación integral y sistémica se da incluyendo a los dueños de las fábricas y titulares de las concesionarios de cuadrículas para la explotación minera, la respuesta es si, pero sin descuidar que son estos mismos empresarios los que están ligados a asociaciones que extraen madera con el aval de las centrales indígenas y que son la que sostienen la organizaciones indígenas mediante regalías y otros beneficios que están establecidas en normativas correspondiente. El caso de cooperativas mineras reviste una particular interpretación, al ser comunarios indígenas cooperativistas los mismos que intervienen en la depredación y extracción de recursos naturales para beneficio privado.

Pero si seguimos, ahora partiendo de la CIDOB, es decir proyectando alianzas estratégicas, lo que nos muestra los últimos acontecimientos es que difícilmente, sobre todo por la forma en que la CIDOB está encarando la marcha, sumará adeptos a su causa mas allá de los que lo hizo entre enero y mayo del presente año. Las razones se deben a la contradicción puesta en debate entre desarrollismo y medioambientalismo.

Lo ocurrido en San Ignacio de Moxos, cuando sus pobladores no dejaron a los marchistas entrar ni pasar por la zona urbana, responde a afiliaciones de esta naturaleza, un sector representativo y organizado de San Ignacio de Moxos y comunidades aledañas comparten la visión del desarrollismo y por ende con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. El desarrollismo, por así decirlo, es una tendencia en expansión entre las poblaciones indígenas que habitan y rodean el TIPNIS, mientras que los medioambientalistas se defienden y resisten, en cantidad mas reducido comparado con la octava marcha y con tendencia a seguir disminuyendo en número, incluido sus activistas urbanos.

El apoyo económico y logístico que recibe la marcha está igualmente disminuido y sus operadores y difusores urbanos no están logrando con facilidad el compromiso y apoyo institucional en las ciudades y las zonas urbanas del eje. Los partidos de oposición ahora se limitan a tirar líneas pero de ninguna manera a activar espacios de apoyo significativo, una de las razones es que sus dirigentes, Adolfo Chávez y otros no son confiables debido a los compromisos con Rubén Costas y esto viene agravado desde la fractura interna de los verdes y oposiciones duras de otras corrientes políticas en proceso de conformación o de crecimiento, es el caso del Movimiento Sin Miedo. Políticamente al MSM ya no le es capitalizable apoyar incondicionalmente a la marcha indígena y por eso mismo su apoyo deberá ser acordado y condicionado en niveles de filiación y acuerdos electorales. Su apoyo es más discursivo que material y la marcha definitivamente continuará si hay apoyo material a cambio de discursos y manifestaciones de apoyo moral.

El otro problema o contradicción que la marcha de la CIDOB se ha ido ganando gratis y tiene que enfrentarlo es el rechazo de las comunidades interculturales y campesinas, las contradicción radica en la titulación y saneamiento de la tierra como propiedad individual o colectiva versus el saneamiento y titulación cono Territorios Comunitarios de Origen TCOs. Esta contradicción se traduce al Instituto Nacional de Reforma Agraria en cuanto toca determinar la titulación de tierras para el trabajo y producción agrícola versus territorios para la caza, pesca y libre hábitat con la naturaleza (Esto en caso de convertir las TCOs en territorios intangibles).

La CIDOB definitivamente está pasando un momento adverso como para seguir encarando estoicamente su problemática y suponer que puede dar un nuevo golpe duro al Gobierno como el que le propinó al finalizar la octava marcha. Razones sobran para afirmar los anterior, una es que se está moviendo entre organizaciones movilizadas en su contra y ya no sólo de apoyo a las gestión gubernamental, dos, que se tiene al Órgano Ejecutivo y Legislativo advertido y con una Ley que respalda la Consulta Previa, es decir que asume la responsabilidad de propiciar el ejercicio de la consulta a las naciones y pueblos IOC, tres que la marcha se les está poniendo pesada y lenta y aumentaran las dificultades con el frío del invierno, cuatro, la participación de niños y bebes en la marcha no sólo les quita flexibilidad sino que el rechazo de las organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos de la niñez, finalmente algunos puntos con los que se rellenó la plataforma para comprometer a los guaraníes y otros pueblos ya están siendo atendidos por las instancias del ejecutivo hace mas de un año y otros están en proceso de atención.

A manera de recuento recordemos que la octava marcha indígena encabezada por la CIDOB arrancó al Órgano Legislativo Plurinacional una ley que estableció la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS. Otra marcha, la del CONISUR y comunidades del TIPNIS impulsó al mismo Legislativo a promulgar una Ley de Consulta a los pueblos y comunidades habitantes del TIPNIS. Esta dicotomía normativa compromete de muchas maneras la aplicación justa del Convenio 169 de la OIT y del conjunto normativo de leyes que reconocen el Derecho a la Consulta previa e informada de los Pueblos y Naciones Indígenas Originario Campesino.

En cuanto a la primera Ley, la Ley 180 es cuestionable y hasta perverso establecer un Territorio Indígena como intangible, más sin una Consulta previa e informada. Una ley que convierte un territorio habitado por comunidades indígenas, por nativos o por colonizadores en intangible, lleva a considerar implícitamente a sus habitantes en ciudadanos sin derecho a la consulta, y socialmente se los encapsula en paradigmas ambientalistas que se aplican a políticas de preservación de la vida silvestre y no de desarrollo integral que es lo que corresponde cuando en un espacio territorial se encuentran comunidades y organizaciones sociales partes de un Estado.

Hasta ahora son más las voces de las comunidades y pueblos del TIPNIS que hablan a favor de una consulta y menos las que manifiestan su apoyo a la intangibilidad expuesta en la Ley 180. Pero también hay voces de activistas medioambientalistas y colectivos urbanos que puño en alto defienden la intangibilidad del Tipnis. Un porcentaje alto, sino todos, levantan la voz y el puño con el propósito de desgastar la gestión pública del Gobierno y sin entender las necesidades reales de los pueblos y naciones Indígenas de los llanos; sin siquiera entender que más allá de la defensa de la madre tierra está la consolidación de las comunidades como parte del Estado Plurinacional y con ello de sus entidades que en medio de sus usos y costumbres deben desarrollarse en armonía con la madre tierra y con el desarrollo integral de las comunidades vecinas; intuyendo apenas que desde el accionar y la organización socio política y económica deben consolidar sus entidades con facultades gubernativas y desarrollar mecanismos de relacionamiento con el conjunto social y la institucionalidad estatal. No al margen del Estado Plurinacional, no por ahora ya que solo en este Estado puede levantarse y mirar un mundo de iguales en cuanto a derechos.

Así entendemos que el respeto al derecho a la consulta es ya un tema ampliamente difundido y entendido en sus principios básicos tanto en la dirección de los Pueblos IOC como en las instancias gubernamentales; el caso es ahora construir y consolidar la institucionalidad con competencias constitucionales para ejercer el derecho a la consulta y establecer el bloque de leyes y reglamentación que vaya a consolidar el tema de la consulta previa, informada y de buena fe, al tiempo de ir estableciendo y conformando, desde el derecho a la consulta y principalmente de los derechos constitucionales de los Pueblos y Naciones Indígenas Originario Campesino , los gobiernos Indígenas y sus instituciones con facultades gubernativas.

La carencia de Órganos Autónomos son las actuales debilidades, y seguirán siendo a posterior si la CIDOB quiere manejar el destino de los Pueblos y Naciones Indígenas de la Amazonía, llanos y el chaco boliviano. Lo que se quiere decir es que mientras no se conformen y constituyan los Órganos de los Gobiernos IOC la dirigencia de la CIBOB seguirá asumiendo la responsabilidad de orientar las demandas de los comunarios del TIPNIS, cosa que tendría que superarse y dejar que sean las mismas organizaciones del lugar las que proyecten su organización de acuerdo a lo que CPE y la LMAD les permite y en cierta manera les exige; avanzar para constituirse en Territorio IOC autónomo y estructurar su Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y sus entidades de administración de justicia, esto sin duda que deberá ser con las participación de los del CONISUR y el conjunto de comunidades que habitan en el TIPNIS y otras aledañas. El censo de septiembre dará más argumentos sobre todo al contabilizar que existen más de 1000 habitantes en el TIPNIS.

Para terminar debemos decir que la CIDOB debe dejar de ser instrumento de disociación de las comunidades y adentrarse en entender de manera correcta la constitución de los Gobiernos Autónomos Indígenas para ir en el camino del Autogobierno y la autogestión IOC. Esta construcción no debe darse desde el enfrentamiento con la institucionalidad estatal sino en plena alianza y acuerdo, ya que es desde el Gobierno Central que se logrará asignación, transferencia y delegación de competencias y recursos.

La Paz, 13 de mayo de 2012