MONOPOLIO EN EL DERECHO A LA PROTESTA
Por: Carlos Alejandro Lara Ugarte
El conflicto centralizado en el
departamento de Santa Cruz, por la fecha del Censo Nacional de Población y
Vivienda, abre muchas aristas de análisis, de las cuales iremos tocando algunas
de ellas a lo largo de esta semana, y de acuerdo a los insumos recolectados del
conflicto, desde lo que se da por conocido públicamente y los acontecimientos
que puedan en intensión de antecedente de verdad relativa corroborarse
recurriendo, en la medida de necesidades, a mayor información generada en los
últimos años con sistematización correspondiente.
Como antecedente que pueda servir
al presente análisis, anotamos el criterio vertido en muchas oportunidades que
tocó analizar los conflictos cívicos en Santa Cruz, y es aquello referido
a que la protesta social en sus formas
de bloqueos de carreteras, desalojos rurales,
y movilizaciones urbanas fueron monopolizadas por el movimiento cívico
cruceño departamental y provincial, principalmente en la chiquitanía y el norte
cruceño. Esto es que de muchas manera la protesta social en Santa Cruz, (área
urbana y rural) es legítima sólo desde el aval cívico, es decir que el
movimiento cívico a través de sus operadores juveniles pueden interferir,
intervenir o negociar demandas e intereses expuestos en movilizaciones
pronunciamientos y otra formas de acción en derecho dentro el territorio
departamental.
Sobre el tema, no es exagerado
decir que la estructura cívica departamental tiene la capacidad de monopolizar
la protesta social departamental en tanto sus actores, sus relaciones y
estatuto son parte indisoluble y casi hegemónica en el pasado más inmediato; de
un sistema operativo reivindicativo, político, cultural, económico y social,
fortalecido desde las décadas de los 60 del siglo pasado, esto en razón a una
agenda regional consistente y sostenible como lucha social de largo y mediano
alcance.
Ahora el caso es que la agenda
regional trazado desde el movimiento
cívico en las décadas del 60, desde la incidencia de la Unión Juvenil
Cruceñista bajo el liderazgo de Carlos Valverde Barbery y otros de la época y posteriores a ellos, en
parte se viene cumpliendo y ejecutando de manera acelerada considerando tiempos
políticos. En el tema de la lucha por regalías hidrocarburíferas y propuesta integradoras, caminera y
desarrollista en tanto polo de desarrollo industrial, se tiene camino recorrido
de manera óptima y próspera.
El tema político y visión de
Estado el proyecto de República Federativa es un pendiente para la Unión
Juvenil Cruceñista y si bien pasaron por intentos violentos y discursivos,
durante el proceso constituyente, la Nación Camba como intento regional
independentista basado en la propuesta de un Estado Federal quedó en segundo
plano, temporalmente asumiendo un predominio de preferencia nacional que avanzó
con las autonomías departamentales, municipales, regionales e Indígenas
Originarias Campesinas como punto de consenso y pacto social constituyente.
Es prudente y lícito aclarar que
la Unión Juvenil Cruceñista desde sus inicios fue siempre anti centralista y
con fuerte influencia y adoctrinamiento partidista de la Falange Socialista
Boliviana de tendencia franquista en sus mecanismos de organización política
pero con miradas a un Estado Federal, que en momentos más radicales enarboló
propuestas separatistas o independentistas.
Con un poco más de recuento
analítico de la historia de los periodos de gobiernos militares Barrientos,
Ovando, Banzer, García y civiles como Paz Estensoro, Paz Zamora, Siles, Mesa
entre otros, todos con la mirada
dominante de gobierno unitario y centralista dotaron de legitimidad
movilizadora a las demandas y protestas integrales cívicas cruceñas, pero en
ese proceso la dinámica sociopolítica y territorial activó las variables
migratorias y el crecimiento y mayor inversión a la industria, para
cumplimiento de la agenda cívica cruceña de los 60, y que bajo el criterio de
cumplimiento y de desarrollo capitalistas, tanto poblacional como industrial se
fueron dando bases y condiciones materiales objetivas y subjetivas primordiales
de ejercicio y conformación de un proyecto de poder político regional cruceño.
Saltando más detalles históricos,
el caso es que la migración interna hacia Santa Cruz y los nuevos asentamientos
humanos consolidaron el proyecto industrial
y el desarrollo de la agroindustria, con el apoyo económico del Estado y
el respaldo a la propiedad que nunca fue afectada por la Reforma Agraria.
Y volviendo a la exposición del
monopolio de la protesta social ejercido por el Comité Cívico y la acción de la
Unión Juvenil Cruceñista, este monopolio desde la mirada de proyecto federal
entró en franca disputa con los movimiento sociales, que en el correr del
presente siglo asumieron protagonismo en el campo económico, político y social,
pero con una mirada distinta y en base al Estado Unitario social de derecho. En
muchos casos son estas dos miradas o visones que subjetivamente interactúan en
las alianzas y disidencias de las protestas sociales. Es por demás recordar los
hechos recientes de des-bloqueos, contra-demandas y contra-movilizaciones
realizados por los jóvenes de la Unión Cruceñistas en contra de comunidades
interculturales, campesinas, indígenas originarias, organizaciones obreras,
vecinales y ciudadanos en disenso con la Unión Juvenil y también los intentos en
la lógica contraria.
Ahora lo que vivimos, es la
acción de protesta de estos grupos emergentes en la propuesta social que en
cierta manera fueron y son aun vetados y
castigados por el civismo cruceño en su derecho, sobre todo si desde las
protestas se exponen demanda a los grupos de poder local, incluyendo la
gobernación y municipios.
Para ir concluyendo evidenciamos
que el conflicto por la fecha del censo, en su arista de análisis de la
movilización de nuevos actores (Movimientos sociales y organizaciones obreras,
gremialistas y vecinales) denota que estos nuevos actores sociales demandan
mayor participación política e incidencia real en las decisiones del gobierno
autónomo departamental y, autonomía de
decisión y respeto a los derechos de protesta hasta ahora monopolizados por el Comité
Cívico Pro intereses de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista.
Las nueva movilizaciones y los
niveles de enfrentamiento que se den entre los cívicos y movimientos sociales
son resultado de una proceso de democratización y lucha de dos visiones de
poder regional en los que el Estado a través de sus diversas instancias deben
generar respuestas de gestión pacífica a la conflictividad en el marco de sus
competencias, atribuciones y garante de derechos constitucionales.
Finalmente, considerar que a lo
anterior se suma la percepción de que, la violencia generada y la situación de
alta conflictividad en Santa Cruz radica en la postura intransigente de quien
fue miembro de la Unión Juvenil Cruceñista, que en razón a lo que se dijo más
arriba, es orgánico en el mandato de un proyecto Federal y anticentralista.
En realidad, el actual Gobernador
de Santa Cruz es activista y vocero orgánico de un proyecto truncado en la
Asamblea Constituyente y que busca expandirse en otros departamento para
superar la posición de estancamiento en la que quedó
Al momento queda claro que la
protesta social ya no está solo en manos y anuencia del Comité Cívico, de hecho
hay otros sectores que lo asumen como derecho constitucional y los hacen en
demanda contra el brazo institucionalizado del poder autonómico departamental,
y de manera legítima contra al Comité Cívico Pro Intereses de Santa Cruz. .
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por los comentarios