ESCRUTANDO ENIGMAS AL CONFLICTO POR LA FECHA DEL CENSO

 

Por Carlos Alejandro Lara Ugarte

Dos preguntas que “Valen un Potosí” responder desde la opinión pública.

¿Qué esperan lograr en los próximos días el gobernador y el presidente cívico negándose a levantar el paro sin la derogación del Decreto Supremo 4760?

¿Qué esperan los del INE y el Gobierno central para los próximos días manteniendo sin fecha negociada la realización del Censo para el 2023?

Bueno a continuación lanzamos algunas consideraciones que puedan ayudar o complicar la generación de respuestas en el marco de la gobernabilidad democrática, demanda social, derecho a la protesta, derechos constitucionales y gestión pública.

·           Suspender o dar cuarto intermedio al paro cívico sin que haya sido abrogado el DS 4760, es uin replanteo del cabildo, y en consecuencia, tanto cívico cruceño como gobernador, caerían heridos por sable propio, y claro la amenazante muerte civil estaría rondando en su entorno de poder. De todas maneras es una posibilidad a la que muchos sectores corporativos y de su entorno, además de sus aliados locales del paro cívico lo están empujando, desde argumentos de  seguridad jurídica. Para estos sectores el paro cívico en los términos de demanda y protesta ya no es una opción de beneficio a corto ni mediano plazo.  

·           Cambiar fecha de la realización del censo es abrogar el Decreto Supremo 4760, y observar la profesionalidad de los informes técnicos del INE y las recomendaciones del  Viceministerio de Autonomías. Se podría suponer que primaron fechas políticas más que fechas técnicas, sin embargo se superó esta disyuntiva y el conflicto se encamina a definir fechas técnicas.

·           El cabildo del 30 de septiembre del 2022 se hizo manteniendo el calor triunfalista de las movilizaciones del 2019 y las movilizaciones principalmente en Potosí y Santa Cruz  que llevaron a la abrogación de la Ley 1386 de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

·           En el cabildo de septiembre último gran parte de la población asistente lo hizo sin información objetiva o con solo la información unilateral e incompleta sobre las razones que determinaron el cambio de fecha del Censo. Ante esta apreciación tiene sentido exigir, y sobre todo por la participación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) que los cabildos se realicen en similitud a un proceso de Consulta Previa, es decir que los cabildos sean instancias de deliberación en los marcos de la buena fe, libre e informada previamente.  Lamentablemente el proceso de información y socialización, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y los técnicos del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo se dieron posteriores a las determinaciones del cabildo, además sin considerar que de por medio existía el acuerdo de actores del ámbito nacional, municipal, departamental, regional e Indígena Originario, pero sobre todo sin poner en contexto real sobre otros mecanismos de protesta legal y pacífica para revertir normativa promulgada o solo sancionada.

·           El paro cívico, a estas alturas del conflcito es percibido como medida que perjudica y vulnera derechos económicos, sociales y culturales de una gran parte de la población cruceña económicamente activa, con afectación directa a la economía familiar y con incidencia al costo de vida. Acá radica  el fundamento más objetivo para movilizarse en contra del paro cívico indefinido. Pero también es cierto que se puede seguir impulsándola y mantenerla activo el paro cívico con la premisa de que los beneficios para la región y el departamento serán reales después del Censo. Es claro que para una salida acordada y para la resolución del conflicto como elemento de presión y de urgencia social, una percepción pesa más que la otra.

·           Los acuerdos preferenciales de los mandos cívicos, del Gobierno Autónomo Departamental  y el Comité Interinstitucional, con las empresas privadas del área industrial, comercial y agropecuaria descubren intereses y alianzas coyunturales, que a opiniones de quienes se oponen al paro cívico no es justo, ni responden al trato igualitario de sacrificio voluntario o forzado,  por restricción de derechos. Y a opinión de quienes mantienen estas alianzas se trata de  garantizar la producción y el funcionamiento de las empresas. Al exteriorizar opiniones sobre el tema es prudente mencionar que el aparato productivo no funciona si sus redes de comercialización, distribución, consumo y administración están restringidas y que además de la industria operan también la producción campesina, los pequeños artesanos, las empresa estratégicas públicas,  los informales, las entidades comerciales y financieras, la banca privada, los arrendatarios y las instituciones de servicios, entre otras tantas.

·           Los movimientos sociales y sectores vulnerables, ante las secuelas económicas y sociales de la administración estatal de los finales del 19 y finales del 20 y las gestiones del actual gobierno se  adhieren en confianza a las políticas públicas actuales y en esa medida manifiestan públicamente  apoyo político.   

Con estos ejes de provocación al debate nos aventuramos a especular un poco más  con la intención de acercarnos a posibles respuestas planteadas al inicio del presente escrito.

·           Acaso el Gobernador Camacho y el Cívico Calvo esperan que las movilizaciones y marchas que se acercan al centro de la ciudad de Santa Cruz sean contrarrestadas  por las Unión Juvenil Cruceñista y los vecinos movilizados. Si esto lo plantea como posibilidad es que en definitivamente está jugando al enfrentamiento entre civiles y lógicamente con resultados impredecibles. A esa posibilidad siempre existirá la exhortación a que las instancias de seguridad intervengan en el marco de competencias que garanticen la paz social y la pacífica convivencia desde una gestión apropiada del conflicto.

·           Al Gobernador y al Cívico les toca comandar una situación distinta a la del 2019, ya que las acciones de violencia, ahora se están dando en territorio cruceño y no en La Paz, y si el objeto de la movilización con el paro cívico fue llevar la conflictividad hacia la sede del Gobierno, pues no lo lograron. En todo caso el conflicto ya se posicionó en territorio departamental cruceño y los daños más sentidos impactarán en la economía cruceña y estos impactos serán directamente proporcionales y en progresión aritmética a los días que continúe el paro cívico.

·           Está en marcha otra oportunidad de diálogo, y la población ya demanda una tregua inmediata para no ahondar más este tema altamente politizados.  El feriado de Todo Santos marca una oportunidad que puede ser aprovechada para marcar tregua.

Desde la exposición anterior y las preguntas gatilladoras que lanzamos al principio del texto, vemos que solo las partes, sus operadores directos, consejeros y analistas saben lo que se busca y lo que puede considerarse negociable.

Una mesa de diálogo dirigida por expertos en el tema de mediación de conflictos sociales y políticos  puede ayudar a resolver esto que tiene característica de  enigma múltiple y que está expuesto a plena luz del día y en la boca de la opinión pública.

Igualmente un resultado positivo puede darse desde una apertura a actos y proyecciones sinceras y amistosas en las mesas técnicas y de diálogo, con renovación de algunos operadores del diálogo, no de todos pero si de algunos.

La Paz, 1ro de noviembre de 2022