PARTE VI
Por
Carlos Alejandro Lara Ugarte
A 30 días del Paro
Cívico en Santa Cruz, en contra del Gobierno Nacional, en el marco de la
demanda del Censo 2023 se conoce que desde una intermitente gestión pacífica de
la conflictividad, el 11 de noviembre del presente año se promulgó el Decreto
Supremo 4824, con lo que se estableció fecha de realización del censo para el
23 de marzo de 2024. Sin embargo, este decreto
no fue la respuesta esperada por la Unión Juvenil Cruceñistas y en esa
medida la rutina del conflicto en el departamento de Santa Cruz sigue
violentándose desde agresiones físicas y verbales, manifestaciones racistas y
discursos conspirativos al orden constitucional del Estaco Plurinacional,
principalmente materializados por la Unión Juvenil Cruceñistas y ciudadanos que
se enlazan a estos desde redes sociales y medios de comunicación masiva afines.
Desde la
apreciación anterior y en continuidad metodológica de las cinco partes
anteriores, un décimo quinto eje de datos, para el análisis los tomamos de
cuatro momentos del discurso y
posicionamiento cívico ligado al Decreto Supremo 4824.
El primer momento lo referimos a las determinaciones
con fachada de preguntas emitidas por el presidente cívico Rómulo Calvo,
transmitido en diferido al cabildo cruceño; en este primer momento se evidenció
la aceptación a la fecha definida por el DS 4824, y si bien no se propuso la
suspensión inmediata del paro cívico de manera expresa, se esperaba que esto
fuese implícitamente considerado por los asistentes, bajo la salida airosa de
diluir la radicalidad del paro en el transcurso de 72 horas, sin embargo la
acción violenta y de rechazo por parte de la UJC fue manifiesta y nuevamente se
apropió de las decisiones del cabildo, dejando sin opinión ni otra opción
deliberativa a los presentes.
El segundo momento
inmediatamente posterior al
anterior lo referimos a la visita que
recibió Rómulo Calvo en las inmediaciones de su domicilio, donde los que
aceptaron la propuesta cívica le daban su respaldo y lo consideraban
pertinente, es decir que no formaban parte de la posición radical del bloque
unionista que atacó la testera principal del cabildo, instalado en el primer
anillo y la Av. Banzer.
En este momento el
presidente cívico, desde los balcones de su domicilio agradeció a la concurrencia por el apoyo y su
intervención centrándose en aclarar el punto dos; punto donde se propone
convocar a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrático,
revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.
Este punto fue
instrumentalizado en los cinco puntos para mantener las consignas del
Federalismo y veladamente sostener e impulsar en los puntos de bloqueos y las
movilizaciones callejeras la difusión abierta de las tendencias separatistas,
racistas, anticomunistas y excluyentes.
El tercer momento
se da con la llegada de un grupo de radicales de la UJC, a las casa del
presidente cívico, y que en cierta manera ya estaba bajo el cuidado de quienes
llegaron primero. Los medios alternativos (No las redes televisivas),
reflejaron estos momentos dando cuenta de intercambios de opiniones violentas,
donde las divergencias circunstanciales del bloque cívico podían haber
desembocado en agresiones físicas. Finalmente los pedidos de explicación se
diluyeron canalizando los desacuerdos con propuestas de violencia y pedidos de
renuncia hacia Alcalde Municipal Jhonny Fernández. Sin duda una manipulación
hábil para no exponer al presidente cívico a la acción violenta de sus propios
mandos o grupos de choque.
El cuarto momento
es prolongado y de ajustes a los otros 4 puntos planteados en el Cabildo del 12
de noviembre y que en realidad se funde en uno solo, y cuyo objeto principal
radica en exponer una narrativa de triunfo a lo que fue la salida más pacífica
y en cierta manera concertada en el conflicto.
Veamos ahora un
décimo sexto eje datos que claramente exponen la distorsión y abuso del derecho
a la protesta en la demanda cívica a beneficio del afán federalista o
separatistas.
La demanda social
en el marco del derecho a la protesta, desde el paro cívico, en su relación
institucional entre cívicos y gobiernos, ha quedado desestructurado; la lógica
de relacionamiento interinstitucional, en la atención a la demanda cívica ya no
es un tema de derecho a la protesta, y en contra-sentido se ha convertido en
una demanda de la población afectada y vulnerada en sus derechos por la acción
violenta en razón a recurrentes saqueos, agresiones, atropellos y violencia
callejera desarrollada por los cívicos movilizados.
El paro cívico,
violento en su manifestación e implementación, afecta a sectores vulnerables y
a los derechos fundamentales de pueblos indígenas de la región, comunidades
quechuas, aymaras, tupiguaranies y otras,
a las que el Estado a través de sus instituciones del nivel central y de
los niveles autonómicas las está ignorando y no se le está dando la atención
pertinente, urgente y adecuada,
ajustados a normativa en vigencia y garantías constitucionales.
En este campo de
datos también se puede constatar que el movimiento cívico cruceño tiene un
campo de intervención violenta y de chantaje hacia sus homólogos
departamentales, y esto está claro en el punto 4 donde anuncian asumir por
cuenta y responsabilidad propia sus reivindicaciones. Acá es evidente que se
intenta comprometer a otros departamentos al afán federalista y adhesión a su
proyecto separatista.
Conclusiones pertinentes
Las nuevas líneas
de demandas expuestas en los cinco puntos de consulta al cabildo de noviembre
no son de competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo, unas requieren atención
en el Órgano Legislativo, otras en el Ministerio Público entre otras.
Las preguntas
emitidas por el Presidente Cívico empezaban con ¿Están todos de acuerdo?
Sin embargo se vio manifestaciones de rechazo y protesta a las preguntas, que
por cierto no tuvieron respuestas contundentes ni la deliberación oportuna, por
lo que podemos concluir que el evento no da la legitimidad, menos legalidad a
las acciones de violencia y vulneración de derechos que se está ejerciendo a
nombre de la demanda por el censo 2024.
Los cívicos
movilizados ahora atacan y humillan a quienes buscan pasar los puntos de
bloqueo, sean estos conductores de ambulancias, profesionales en salud,
policías, bomberos, o transeúntes
asiduos u ocasionales, y también con aparato paramilitar se desplazan a atacar
comercios y centros de abastecimiento, en acciones que por su implicancias se
constituyen en delitos. Con el producto de los saqueos en los puntos de bloqueo
se ostenta gula y se da protección con la exposición de armas de fuego, armas
blancas, bates y explosivos.
Finalmente
concluir que el paro cívico además de tener componentes de alta perturbación
social, política y económica, está contribuyendo a la agrupación del lumpen y
propiciando su organización y protección, con consecuencia que lógicamente
serán incontrolables para la misma policía y las instituciones garantes del
derecho ciudadano. Lamentablemente el paro cívico ha puesto en prioridad la
organización del lumpen y la delincuencia a cambio de la educación, salud,
deporte, ciencia, desarrollo económico y otras instancias socioeconómicas.
La
Paz, 20 de noviembre de 2022
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por los comentarios